Sentencia Contencioso-Administrativo 814/2023 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 192/2023 de 08 de noviembre del 2023

PRIMERO: Objeto de impugnación y pretensiones articuladas.-

Don Florentino impugna la resolución de 22 de diciembre de 2022 por la que se convoca el proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso, para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración Xeral de la Comunidad Autónoma Galicia y en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración Xeral de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo NUM000, y para el ingreso en las categorías NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006 del grupo II de personal laboral de la Xunta de Galicia y personal laboral propio del Cixtec (grupo II), publicada en el DOG número 244 de 26 de diciembre de 2022.

Las pretensiones articuladas se contienen en el suplico de la demanda en el que se solicita:

1º Que se declare contrario a Derecho y nulo el párrafo quinto de la resolución impugnada en lo referente a la convocatoria de las plazas afectadas por la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, obligando a la Administración demandada a que, en cumplimiento de la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo único, proceda a llevar a cabo la convocatoria mediante el sistema estipulado en la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo único.

2º Declare la nulidad de los topes máximos establecidos en los puntos III.1.1 y III.1.2 a), eliminando los topes máximos en la baremación de los méritos e instando a la Xunta de Galicia a establecer un sistema de ponderación.

En definitiva, el demandante pretende que el proceso selectivo a que se refiere la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo único, sea objeto de convocatoria independiente, y no se puedan incluir las plazas a que se refiere dicha disposición en el proceso selectivo derivado de la Ley 20/2021.

SEGUNDO: Alegaciones del actor en la demanda.-

El demandante alega que accedió a su puesto de trabajo con fecha 16 de octubre de 1989, mediante un proceso selectivo por oposición de libre concurrencia convocado por el antiguo Instituto Nacional de Empleo, y con efectos de 1 de enero de 1998 fue transferido a la Xunta de Galicia conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1375/1997, de 29 de agosto, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de las funciones y servicios en materia de gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, empleo y formación.

Se añade en la demanda que este personal estaba incluido en el Plan de Empleo del Instituto Nacional de Empleo (BOE de 23 de junio de 1995) y en la Orden de 12 de mayo de 1997 de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales se aplicaron en vía administrativa los efectos de las sentencias del Tribunal Supremo de 10 y 30 de diciembre de 1996, en las que se determinó, con efectos administrativos desde la fecha de contratación, el carácter indefinido y no fijo de la relación jurídica del personal laboral que aparece relacionado en el anexo de dicha Orden, en el que figura el actor, y por resolución de 24 de julio de 1997 de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales se reconoció al personal mencionado los mismos derechos que al personal laboral fijo.

Alega el actor que la calificación de este personal transferido por el INEM en el Real Decreto 1375/1997, entre los que él se encuentra, no es de personal temporal, y de hecho estima que resulta contraria a Derecho, no sólo con las Órdenes y resoluciones antes mencionadas, sino también con la sentencia de 30 de abril de 1999 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, por el que se anula un determinado punto del RD 1375/1997, en lo que respecta a la calificación del puesto de trabajo de la recurrente (distinta del actor de este litigio) como contratada laboral temporal, determinando que la misma debe figurar como interina no fija, cuestión que tiene efectos extensivos al resto del personal. A mayores, alega que el actor tiene su propia sentencia (de 30 de abril de 1997 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia), en la que también se declara su fijeza laboral y se mantiene la relación laboral como por tiempo indefinido.

Continúa exponiendo la demanda que, como consecuencia de todo lo anterior, el V convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia establece en su disposición transitoria 10ª, primera parte, que

" El personal que, con efectos anteriores al 7-10-1996, tuviese reconocida la condición de indefinido en su relación laboral por sentencia judicial firme o por resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales del 24-7-1997 en virtud de las previsiones contenidas en el plan de empleo del Inem así como aquel que tenga una antigüedad con anterioridad al 1-7-1998 en la presentación de servicios para la Xunta de Galicia en virtud de sentencia judicial que reconozca su condición de personal laboral indefinido, o fuese contratado directamente por la Xunta de Galicia bajo la modalidad de obra o servicio determinado, para la realización de programas o servicios de carácter estructural, o aquel otro integrado por transferencia tendrá los mismos derechos que el personal laboral fijo.

La Administración, en el plazo de doce meses creará, de ser el caso, dichos puestos de trabajo en las distintas RPT de la Xunta de Galicia y posteriormente convocará un proceso selectivo mediante concurso al cual tendrá la obligación de concurrir el personal a que se hace referencia en el punto anterior.

Dicho concurso respetará los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y en el se valorará preferentemente la antigüedad y los cursos de formación y perfeccionamiento en la categoría y procesos selectivos superados. Los que lo superen adquirirán la condición de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia".

Afirma el demandante que en esa norma se establece un deber para la Administración de regularizar dichos puestos de trabajo en un plazo determinado mediante un sistema de concurso de méritos, el cual no fue convocado por la inacción de la Xunta de Galicia; sin embargo sí fueron convocados hasta en dos ocasiones los procesos selectivos para la consolidación de los puestos que ocupaba el personal afectado por la segunda parte de la disposición transitoria 10ª (aquellos con una antigüedad posterior al 30 de junio de 1998).

Añade el actor que las plazas afectadas por la transitoria 10ª, primera parte, ocupadas por el personal transferido en el ámbito del trabajo o empleo y la formación, nunca estuvieron vacantes y la relación jurídica de este personal es fija o indefinida con carácter a extinguir, no temporal.

Por último, se argumenta que cualquier proceso de funcionarización obligatoria de este personal debería de realizarse en las Escalas Técnicas y Superior de Orientación Laboral, y no en las de los cuerpos de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En consecuencia, considera contraria a Derecho la inclusión de las plazas de la disposición transitoria 10ª, primera parte, del convenio colectivo, en la convocatoria impugnada.

TERCERO: Examen del primer motivo de impugnación: inclusión en la convocatoria de las plazas de la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo.-

Se prevé en el párrafo quinto de la convocatoria impugnada:

" Se incluyen en la convocatoria las plazas afectadas por la disposición transitoria décima, primera parte del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, y figuran recogidas en el anexo I de la Resolución de 2 de enero de 2011, publicada en el DOG núm. 4, de 7 de enero, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 30 de diciembre de 2010, por la que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de los departamentos de la Administración de la Xunta de Galicia referentes a los procesos de consolidación de la disposición transitoria décima del V Convenio colectivo único del personal laboral de la Xunta de Galicia".

En definitiva, el demandante pretende que el proceso selectivo a que se refiere la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo único, sea objeto de convocatoria independiente, y no se puedan incluir las plazas a que se refiere dicha disposición en el proceso selectivo derivado de la Ley 20/2021.

Es cierto que en la sentencia de 30 de abril de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se reconoce la condición de personal laboral indefinido no fijo del señor Florentino, pero también lo es que resulta incontrovertido que el actor se encuadra en el ámbito de la disposición transitoria 10ª, primera parte, del V convenio colectivo. Una vez que no se pone en duda ese encuadramiento tampoco cabe poner en cuestión que en esa transitoria se impone a la Administración una doble actuación sucesiva: 1º Crear los puestos de trabajo en las distintas RPT de la Xunta de Galicia, y 2º Posteriormente convocar un proceso selectivo mediante concurso, al cual tendrá la obligación de concurrir el personal a que se hace referencia en el punto anterior, entre el que se halla el recurrente.

Para ese concurso se establecen asimismo una seria de condicionantes cuales son: 1º Que se respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y 2º Que se valoren preferentemente la antigüedad y los cursos de formación y perfeccionamiento en la categoría y procesos selectivos superados. Y una vez cumplidas esas exigencias quienes superen el concurso adquirirán la condición de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia. Se trata, pues, de un proceso de consolidación de empleo temporal.

Pues bien, por resolución de 2 de enero de 2011 se ordenó la publicación del acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 30 de diciembre de 2010, por el que se aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo de los departamentos de la Administración de la Xunta de Galicia referentes a los procesos de consolidación de la disposición transitoria décima del V Convenio colectivo único del personal laboral de la Xunta de Galicia (DOG de 7 de enero), es decir, con ella se cumplió la primera fase de las antes previstas. Ello es lo exigido en la transitoria 10ª del convenio colectivo, al margen de la creación de las escalas técnicas y superior de orientación laboral en la Ley 7/2019, de 23 de diciembre, por lo que tampoco es acogible la argumentación del demandante relativa a que cualquier proceso de funcionarización obligatoria de este personal debería realizarse en estas escalas y no en las de los cuerpos de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Una vez que se ha cumplido con la primera fase, con la convocatoria que ahora se impugna se cumple con la segunda fase, porque se convoca un concurso de méritos al que puede acudir el actor para la consolidación de su empleo, por lo que se acata la exigencia de la propia transitoria 10ª.

El demandante pone en duda que las plazas afectadas por la primera parte de la disposición transitoria 10ª del convenio colectivo, puedan ser incluidas en la convocatoria del proceso extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021.

Sin embargo, las plazas que prevé la primera parte de la transitoria 10ª del convenio colectivo tienen encuadre en la disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en la cual se dispone:

" Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP , por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma".

La disposición adicional 8ª de la propia Ley 20/2021 añade:

" Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016".

El encuadre de las plazas que prevé la primera parte de la transitoria 10ª del convenio colectivo en esas adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021 se deriva de que: 1º Se trata en uno y otro caso de plazas de naturaleza estructural, dotadas presupuestariamente y que han estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, 2º En ambos casos se prevé que la convocatoria sea por el sistema de concurso, y 3ª Han de respetarse en ambos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por tanto, es conforme a Derecho la inclusión de las plazas de la primera parte de la transitoria 10ª del convenio colectivo en la convocatoria impugnada.

Hay una razón añadida para la misma conclusión, y es que la transitoria 10ª no prevé que se trate de un proceso selectivo específico e independiente, lo que deja abierta la posibilidad de que las plazas de la transitoria 10ª se incluyan en la convocatoria derivada del proceso de consolidación de la adicional 6ª de la Ley 20/2021. No se puede deducir que el proceso selectivo haya de ser independiente y autónomo, y mucho menos restringido al personal del primer párrafo de la transitoria 10ª, pues de hecho en él se han de respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El demandante incide en que su condición es de laboral indefinido no fijo, pero ello no impide que para ser personal fijo haya de superar un proceso selectivo bajo el sistema de concurso, con respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, tal como se deduce de la propia transitoria 10ª, y ese proceso es precisamente el incluido en la convocatoria que ahora se impugna.

También alega el actor que las plazas afectadas por la transitoria 10ª, primera parte, ocupadas por el personal transferido en el ámbito del trabajo o empleo y la formación, nunca estuvieron vacantes, pero si bien se analiza, ello no es óbice para la inclusión en una convocatoria al amparo de la adicional 6ª de la Ley 20/2021 porque en esta sólo se exige que sean plazas estructurales, que estén dotadas presupuestariamente y que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. En todo caso, la resolución relevante a efectos de conocer la nomenclatura y situación de las plazas es la de 2 de enero de 2011, no la de 14 de septiembre de 1998 (DOG de 22 de septiembre), que se aporta por el demandante. Y en aquélla no se indica la condición de vacantes de las oficinas de empleo de A Coruña.

Por consiguiente, no puede prosperar este primer motivo de impugnación, porque no se aprecia que la inclusión producida en la convocatoria sea contraria a la disposición transitoria 10ª del convenio colectivo, y tampoco existe base para considerar que tiene lugar una discriminación, vulneradora de los artículos 14 y 23 de la Constitución española, por el hecho de que para el personal afectado por la segunda parte de aquella transitoria se haya convocado el procedimiento establecido en la misma, porque se trata de dos procesos selectivos con sistemas diferentes (el de la segunda parte es por concurso oposición) y regulaciones distintas (el de la segunda parte se halla en la Orden de 22 de noviembre de 2019) que no constituyen comparación homogénea.

CUARTO: Examen del segundo motivo de impugnación: limitación en la baremación de méritos.-

El segundo motivo de impugnación se funda en la alegación de que carece de sentido la limitación de la valoración de méritos a 100 puntos y establecer topes máximos entre la experiencia profesional y otros méritos que se lleva a cabo en el procedimiento de acceso de carácter excepcional de la disposición transitoria 10ª del convenio colectivo.

Argumenta el demandante que establecer los topes en los méritos tiene su razón de ser en los procedimientos selectivos por concurso-oposición, al confluir dos sistemas de evaluación diferente, justificándose el tope de los méritos en no desvirtuar la fase de oposición, y que topar el tiempo de servicios prestados en la categoría y la formación sin justificación resulta arbitrario, además de resultar incompatible con los principios de mérito y capacidad, teniendo en cuenta que la Administración tiene información sobre los méritos de las personas candidatas.

Los apartados de la convocatoria que se refieren a la valoración de méritos, y cuya nulidad se postula, son el III.1.1 y el III.1.2.a de la convocatoria, que tienen el siguiente contenido:

" III. Proceso selectivo.

Fase de concurso.

La valoración de los méritos tendrá una puntuación máxima de 100 puntos.

La fase de concurso consistirá en la valoración de méritos a las personas aspirantes que acreditaron el nivel de conocimiento de la lengua gallega requerido o superaron la prueba.

III.1. Méritos a valorar:

III.1.1. Experiencia profesional, un máximo de setenta (70) puntos.

a) Experiencia profesional acreditada en la Administración convocante, en la propia escala o categoría profesional a la que se opta o en la escala o categoría profesional equivalente, a razón de 0,30 puntos por mes trabajado con vinculación temporal hasta un máximo de 70 puntos....

b) Experiencia profesional acreditada, en cualquier otra Administración distinta de la Administración convocante en la propia escala o categoría profesional a la que se opta o en la escala o categoría profesional equivalente, siempre que se incluya dentro del mismo grupo de titulación, a razón de 0,125 puntos por mes trabajado con vinculación temporal hasta un máximo de 70 puntos....

III.1.2. Otros méritos, hasta un máximo de 30 puntos.

a) Formación, un máximo de diecisiete puntos y medio (17,5) puntos.

Cursos de formación. Se valorarán los cursos de formación recibidos, convocados, organizados o impartidos por la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP); por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); por las escuelas oficiales de formación similares de las restantes comunidades autónomas; por la Academia Gallega de Seguridad Pública; por la Escuela Gallega de Administración Sanitaria (Fegas); por la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (Acis); cursos impartidos en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas; cursos impartidos por las organizaciones sindicales que estuvieran homologados por la EGAP; cursos acreditados por el INEM; cursos acreditados por las consellerías de la Xunta de Galicia o de las entidades que figuran en el anexo V de la presente convocatoria; cursos impartidos por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, y cursos impartidos por universidades.

Para cada curso de duración igual o superior a 8 horas lectivas, se valorará con 0,040 puntos cada hora de formación, hasta un máximo de 4 puntos por curso. La puntuación máxima de este apartado será 17,5 puntos".

Por tanto, el actor se muestra disconforme con los topes de 70 puntos a la experiencia profesional y 17.5 puntos sobre 100, pero realmente no se menciona ningún apoyo normativo para respaldar esa discrepancia, más allá de tacharlos de arbitrarios e incompatibles con los principios de mérito y capacidad.

Tampoco puede prosperar este segundo motivo de impugnación, en primer lugar porque existe un apoyo normativo para deferir a la Administración la potestad de regular la determinación de los méritos a valorar en las bases de las convocatorias de los procesos de estabilización de empleo temporal derivados de la Ley 20/2021, y en segundo lugar porque el no establecimiento de los topes máximos en todos los méritos a valorar iría en contra de los principios constitucionales de acceso al empleo público.

El apoyo normativo para la determinación y configuración de los méritos a valorar se contiene en los artículos 2 y 6 de la Ley 5/2022, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia, que tienen el siguiente contenido:

El apartado 1 del artículo 2 de dicha norma legal, referido específicamente a los principios aplicables en los procesos derivados de la Ley 20/2021, como el de este litigio, dispone:

" 1. Los procesos de estabilización de empleo temporal derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público indicados en el artículo 1 se regirán por los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad establecidos en la indicada ley, teniendo en cuenta, asimismo, la finalidad de estabilización del empleo temporal derivada de ella".

Por su parte, el apartado 3 del mismo precepto establece:

" 3. En la configuración de los procedimientos selectivos y en la concreción de las bases de las convocatorias, de los requisitos que establezcan, pruebas a realizar y determinación de los méritos a valorar, la Administración autonómica y las entidades de su sector público, cumpliendo las previsiones que se recogen en esta ley, podrán optar discrecionalmente por las opciones que consideren más acordes con los principios indicados en este artículo, buscando, en particular, la adecuación objetiva y proporcionada con las funciones y tareas concretas a desarrollar por el correspondiente cuerpo, escala o categoría de personal, tal y como estuvieren determinadas en las correspondientes normas o convenio colectivo aplicable".

Por su parte, el artículo 6, bajo el epígrafe del cómputo de los servicios prestados en las convocatorias derivadas de la oferta pública de empleo extraordinaria, prevé, en sus apartados 1, 3 y 5:

" 1. En las bases de las convocatorias, la Administración autonómica y entidades de su sector público, teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad y de adecuación con las funciones y tareas concretas a desarrollar por el correspondiente cuerpo, escala o categoría de personal, valorarán en todo caso los servicios prestados en las administraciones públicas o entidades del sector público en el indicado cuerpo, escala o categoría profesional objeto de la convocatoria, como personal funcionario interino o como personal laboral temporal o reconocido como indefinido no fijo, al ser manifestación de la aptitud o capacidad para desarrollar las correspondientes funciones....

3. La concreta ponderación atribuida en la convocatoria a los servicios prestados en la Administración y sector público dentro del conjunto de méritos valorados deberá ser proporcionada, atendiendo a la finalidad de estabilización del empleo público temporal recogida en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y en esta ley y en su regulación, por lo que no será el único mérito a valorar, ni debe tener tal relevancia en el conjunto del proceso selectivo que, de forma discriminatoria, excluya del acceso a la función pública a personas que no puedan acreditar la indicada prestación de servicios.

5. En los procesos selectivos que deban desarrollarse, por imperativo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante el sistema de concurso, teniendo en cuenta su finalidad de estabilización del empleo temporal de larga duración, el carácter excepcional del sistema establecido por la citada ley y su realización por una sola vez, la valoración de los servicios prestados en la Administración o sector público será también mayoritaria.

En estos casos de utilización del sistema de concurso, además de los servicios prestados y otros méritos que puedan establecer las convocatorias, se valorará como mérito en todo caso, como manifestación de los principios de mérito y capacidad, la acreditación por los aspirantes de haber superado pruebas o ejercicios para el acceso al correspondiente cuerpo, escala o categoría objeto de la convocatoria en la administración convocante".

En estas normas queda de manifiesto que se considera competencia de la Administración, dentro de su potestad de autoorganización, la confección de las bases de los procesos selectivos, y dentro de ellas la evaluación de los méritos que se consideren más adecuados, sin que el recurrente haya sido capaz de especificar alguna norma que pudiera haber sido incumplida al establecer los topes máximos que ahora se critican.

Al margen de lo anterior, la introducción de esos topes máximos, no sólo en los apartados de experiencia y formación, sino también en los demás valorables, deriva de los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia que, como propios del acceso al empleo público ( artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución española), han de regir en este proceso selectivo, permitiendo la participación real y efectiva de personas candidatas con méritos dispares pero asimismo válidos, sin restricción únicamente a la experiencia y a la formación, pues con ello se reduciría injustificadamente la posibilidad real de participar en condiciones de igualdad. Es decir, si rigen aquellos principios ha de posibilitarse la participación de personas ajenas que puedan presentar méritos distintos, de modo que si no se topasen los méritos de experiencia y formación se obstaculizaría extraordinariamente esa participación de otros ciudadanos con méritos distintos hasta el punto de excluir la concurrencia de terceros.

En este sentido ha sido expresiva la sentencia del Tribunal Constitucional 86/2016, de 28 de abril, cuando en su fundamento de derecho cuarto critica una desmesurada valoración de los servicios previos prestados, argumentando:

" Por último, en cuanto a la previa valoración de los servicios prestados a la Administración, como dijimos en la STC 111/2014, de 26 de junio , FJ 5, "este Tribunal ha reconocido que 'la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados' [ SSTC 67/1989, de 18 de abril, FJ 3 , y 107/2003, de 2 de junio , FJ 5 b)]. Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el 'límite de lo tolerable' [ SSTC 67/1989, FFJJ 3 y 4; 185/1994, FJ 6 , y 73/1998 , FJ 3 b)]. Por ello dijimos en la STC 38/2004, de 11 de marzo , que serían admisibles unas pruebas de acceso a la función pública de personal laboral fijo 'cuya excepcionalidad cabría entender que consistiría en la previsión de que se valorasen los servicios efectivos prestados como personal laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal condición, pero que no quedaría excluida de raíz la concurrencia de otras personas que no hubieran prestado aquel tipo de servicios' (fundamento jurídico 4; en el mismo sentido, ATC 68/2012, de 17 de abril , FJ 3)".

Como ya dijimos en la sentencia de esta Sala de 21 de junio de 2023 (procedimiento ordinario 79/2020):

" Lo que parece pretender la parte recurrente es que el proceso de consolidación se convoque de manera aislada o cerrada, de modo que sólo pueda participar el personal indefinido no fijo, con exclusión de cualesquiera otros ciudadanos, pero resulta evidente que ello no es posible porque iría en contra de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, consagrados en los artículos 23.2 y 103 de la Constitución española , en relación con los artículos 1 y 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido del Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y con los artículos 3 y 49 de la Ley 2/2015, de 29 de abril , del empleo público de Galicia. Por lo demás, tanto la disposición transitoria 14ª del DL 1/2008 como la disposición transitoria 4ª del EBEP exigen la convocatoria de los procesos de consolidación como procesos abiertos y en concurrencia competitiva, presididos por los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo ilustrativa en ese sentido la remisión al artículo 61 del EBEP ".

Por tanto, el respeto de los principios constitucionales de acceso al empleo público exige la fijación de unos topes máximos en los méritos a valorar, sobre todo en la experiencia previa.

Por todo cuanto queda argumentado procede la desestimación del recurso interpuesto.

QUINTO: Costas procesales.-

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de imponerse las costas al recurrente, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones, y no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.4 LJ, se fija en 1.500 euros la cantidad máxima, en concepto de defensa y representación de la Administración demandada, en función del trabajo y esfuerzo desplegado para dar respuesta a los motivos de impugnación esgrimidos.