Sentencia Contencioso-Administrativo 307/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 236/2023 de 10 de mayo del 2024

PRIMERO.- Sentencia apelada

La sentencia apelada estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Juliana contra la actuación consistente en la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada formulado contra su exclusión de los Listados de reconocimiento del Nivel de Carrera Profesional al Personal de Gestión y Servicios del Grupo de Clasificación C2.

Para fundamento de su decisión, el Juzgador de instancia expuso los antecedentes que consideró necesarios y pasó a exponer la doctrina de esta Sala en relación con el reconocimiento del derecho a la carrera profesional para el personal que presta servicios en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud.

Reproduce en parte y glosa el contenido de una Sentencia de 4 de noviembre de 2020 y de otra posterior de fecha 20 de abril de 2021, relativa, ésta última, al derecho del personal estatutario temporal (interino y eventual) del SERMAS a que le sea reconocido el correspondiente nivel de carrera profesional cuando concurran los requisitos normativamente establecidos para ello y sin que pueda sufrir discriminación alguna por el mero hecho de estar vinculados a la Administración en virtud de una relación de empleo temporal.

Realizando su propia interpretación de lo razonado y resuelto en la última de las Sentencias citadas, el Juzgador de instancia pone de manifiesto que en el caso que resuelve " la razón por la que no se reconoció la carrera profesional a la actora es por no tener los cursos de formación requeridos, algo que reconoce la parte actora". Y citando una de sus propias Sentencias, contraria a la consideración de que no habiendo acreditado el interesado la formación necesaria para el reconocimiento de un concreto nivel de carrera profesional, decide que ha de aplicar lo que considera es el criterio de esta Sala (expresado en Sentencia de 8 de octubre de 2020, en el recurso de apelación 1638/2018) y estimar la demanda reconociendo el derecho de la recurrente a integrarse en el Nivel I de Carrera Profesional pese a no tener los créditos de formación suficientes para ello.

SEGUNDO.- Motivos impugnatorios de la parte apelante

Frente a dicha/o Sentencia se alza en este recurso de apelación el Letrado de la Comunidad de Madrid que articula, en esencia, su recurso en torno a un único motivo de impugnación basado en que, conforme al criterio de esta Sala y sección, entre otras en Sentencias (tres) de 28 de septiembre de 2022, dictadas en los Recursos de Apelación 932/2020, 666/2021 y 1563/2020, tal reconocimiento del nivel, careciendo de los méritos de formación necesarios, resulta contraria a Derecho.

TERCERO.- Oposición de la parte apelada

La parte apelada se ha opuesto al recurso solicitando la confirmación de la sentencia de instancia. Para ello, se remite a los Fundamentos de la Sentencia apelada no sin antes invocar la inadmisibilidad del recurso por razón de la insuficiente cuantía del mismo o, en su defecto, la desestimación del mismo al no contener una verdadera crítica jurídica a la Sentencia recurrida.

En todo caso, sobre la cuestión de fondo, niega la recurrente que sea cierto que no posea los créditos de formación necesarios, a tenor de lo que certificó el Presidente del Comité de Evaluación de su Centro en un documento conforme al cual habría reunido la actora 250 horas de formación en el año 2002; 300 horas en el año 2005 y otras 66 horas en el año 2018.

CUARTO.- Alcance del recurso de apelación

Para comenzar el examen y decisión de los motivos impugnatorios vertidos en el recurso de apelación habremos de recordar que este medio de impugnación de resoluciones judiciales tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento judicial recaído en primera instancia.

La jurisprudencia (entre otras muchas, las antiguas SSTS de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993) ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal ad quem la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere la individualización de los motivos opuestos a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Por tanto, el enjuiciamiento de esta Sala debe limitarse al estudio de los motivos alegados por la parte recurrente en el presente recurso de apelación, sin extender su enjuiciamiento a otros que fueron objeto de discusión y debate en la instancia.

En concreto y de fechas más recientes, es ilustrativa de esta doctrina jurisprudencial, entre otras muchas, la STS de 12 de enero de 2021 (Rec. Cas. 1832/2019) en la que el Alto Tribunal dice lo siguiente:

"Como establece el artículo 456 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , aplicado supletoriamente al proceso contencioso administrativo, el recurso de apelación, puede suponer un nuevo examen de las actuaciones realizadas por la sentencia dictada en primera instancia, de acuerdo con los motivos impugnatorios que se articulan en el mismo, lo que hace que este Tribunal de segunda instancia limite el conocimiento de lo litigioso al examen y valoración de sus motivos de apelación, sin que sea preciso un examen completo y por segunda vez de todo lo actuado en la instancia.

Efectivamente, el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones -por todas, SSTS 15 de junio y 22 de noviembre de 1997 , así como 23 de julio de 1998 - cuando era competente para conocer del antiguo recurso de apelación frente a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso de los Tribunal Superiores de Justicia, puso de manifiesto que el recurso de apelación ha de tender a hacer valer los motivos por los que una decisión jurisdiccional dictada en la instancia es jurídicamente vulnerable, en el marco de las pretensiones articuladas en el recurso de apelación. En dicha línea la STS del 15 de julio de 2009 señaló "(...) reiteramos la Jurisprudencia consolidada de esta Sala acerca de la naturaleza de la apelación que viene declarando que este recurso tiene por objeto depurar el resultado procesal obtenido con anterioridad, de suerte que el contenido del escrito de alegaciones de la parte apelante ha de consistir precisamente en una crítica de la sentencia impugnada, que sirva de fundamento a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en la primera instancia por otro distinto, siendo, por tanto, el recurso de apelación un remedio procesal que se concede a las partes para combatir aquellos fallos que se consideran contrarios a sus intereses, actuándose, a su través, una pretensión revocatoria que, como toda pretensión procesal, requiere la individualización de los motivos que le sirven de fundamento, a fin de que el Tribunal de apelación pueda examinarlos y pronunciarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que venga ejercitada", pues, según insiste la STS, "si bien el recurso de apelación traslada al Tribunal ad quem el total conocimiento del litigio, no está concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia ante un Tribunal de distinta jerarquía, sino como una revisión de la sentencia apelada tendente a depurar la resolución recaída en aquél, y, de ahí, la necesidad de motivar la pretensión de que la sentencia apelada sea sustituida por otra diferente, pues, aunque ante el Tribunal ad quem siga combatiéndose el mismo acto que se impugnaba ante el Tribunal a quo, lo que se recurre en apelación son, ciertamente, los pronunciamientos de éste último, y, por ello, y en consecuencia, el ignorar tales pronunciamientos y eludir todo análisis crítico en torno a los mismos debería conducir a la desestimación del recurso de apelación".

En aplicación de tal jurisprudencia pueden traerse a colación, entre otras, nuestra Sentencia de 21 de diciembre de 2016 (Rec. Apel. 666/2016), - citada en las más recientes de 23 de noviembre de 2017 (Rec. Apel. 364/2017) 22 de julio de 2019 (Rec. Apel. 206/2019) y 23 de abril de 2021 (Rec. Apel 566/2020)- en las que dijimos que

" No es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso. Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante por el Tribunal Supremo, que entre otras muchas, afirmó en la sentencia de 4 de mayo de 1998 que "las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el anterior artículo 100 LJCA , son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando el recurso de apelación transmite al Tribunal "ad quem" la plenitud de competencia para revisar y decidir sobre las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea prueba o cual sea otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción del escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal en primera instancia si se entiende que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico".

QUINTO.- Examen y decisión de las cuestiones controvertidas

1.- Nuestro análisis de los motivos impugnatorios vertidos en el recurso de apelación debe ir precedido, por evidentes razones de sistemática procesal, de la decisión sobre la posible inadmisibilidad del mismo por razón de su insuficiente cuantía.

En relación con ello, resulta de interés recordar que lo debatido en la instancia fue, en realidad, si era o no ajustado a Derecho que la Administración demandada hubiese denegado a la interesada el derecho al reconocimiento del nivel de carrera profesional, no propiamente si la percepción del complemento derivado de dicho nivel , menos aún su eventual cuantía, eran o no conforme a Derecho.

Siendo así lo anterior, la aducida inadmisibilidad del recurso por razón de la cuantía ha de ser rechazada en la medida en que la pretensión ejercitada en la demanda -dirigida a no ser discriminada por su relación de servicios temporal, a obtener el reconocimiento del derecho y, en última instancia, a que se le reconocieran también los efectos no sólo administrativos sino también económicos- no resulta evaluable económicamente en los términos previstos a tal efecto por el artículo 42 de la Ley Jurisdiccional.

2.- Resuelto lo anterior, para decidir la cuestión de fondo suscitada en esta apelación deberá recordarse de nuevo que los motivos impugnatorios vertidos en el escrito rector del proceso de instancia giraron, de modo exclusivo, sobre la prohibición de discriminación en la situación de la recurrente, por ser empleada pública temporal, en relación con otros empleados públicos fijos o de carrera, para el reconocimiento del derecho a la obtención del nivel de carrera profesional. En definitiva, sobre la posible infracción del artículo 14 de la Constitución así como de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio.

Teniendo en cuenta lo anterior, el recurso de apelación, ya se anuncia, ha de ser desestimado por las razones que se expondrán a continuación y que encuentran fundamento en numerosísimas Sentencias dictadas ya por esta Sala y Sección sobre la misma cuestión aquí debatida con base en la jurisprudencia también pronunciada al respecto. Puede citarse a modo de ejemplo de esta doctrina del Tribunal Supremo, entre otras bastante recientes, las STS de 29 de noviembre de 2022 (Rec. Cas. 2615/2021) en la que el Alto Tribunal da la siguiente respuesta a la cuestión casacional allí suscitada, estimando en consecuencia el recurso de casación y el contencioso administrativo de referencia:

"Debemos, por tanto, reiterar que el interés casacional reside, no en establecer si hay o no una discriminación en el acceso a la carrera profesional entre el personal estatutario interino y el personal estatutario eventual, sino en declarar que es discriminatorio para este último, en las circunstancias expuestas, su exclusión de dicho acceso frente al personal fijo por no concurrir razones objetivas, en el sentido de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/CE , que la justifiquen, como lo pone de manifiesto que se haya reconocido al personal estatutario temporal interino".

Situada la cuestión en estos términos, esta Sala y Sección, en Sentencia de 3 de mayo de 2023 (Rec. Apel. 676/2022) y también a través de la Sección de Apoyo a la misma (por ejemplo, en la Sentencia de 20 de febrero de 2023), y tras la resolución de un asunto similar en Pleno jurisdiccional de esta Sala al que se hará referencia, se ha pronunciado con base en las razones que sistematizamos en los razonamientos siguientes:

2.a) La carrera profesional del personal estatutario

El personal estatutario cuenta con un estatuto funcionarial especial, regulado en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud (EM) -en la redacción aplicable aquí por razones temporales-, que tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud como regulación específica del mismo; siéndole de aplicación supletoriamente el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se trata de una regulación especial para el personal de los servicios sanitarios que responde a la necesidad de adaptar el régimen jurídico del empleo público a las específicas características del ejercicio de las profesiones sanitarias y al servicio sanitario-asistencial, así como a las peculiaridades organizativas que presenta el sistema sanitario en su conjunto, materia competencial objeto de transferencia a las comunidades autónomas.

El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica en atención a función desarrollada, al nivel del título exigido para el ingreso y al tipo de nombramiento (art.5 EM)

De este modo, se puede distinguir el personal estatutario sanitario que desempeña el ejercicio de una profesión o especialidad sanitaria, del personal estatutario de gestión y servicios, que es aquel encargado de efectuar funciones de gestión o del desarrollo de profesiones que no tienen carácter sanitario (arts. 5 y 6 EM).

Asimismo, se diferencia el personal estatutario fijo (art. 8 EM) del personal estatutario temporal, pudiendo ser este último de interinidad (para el desempeño de una vacante), de carácter eventual (para la prestación de servicios de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, necesarios para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios, o complementarios de una reducción de jornada ordinaria) o de sustitución (para atender las funciones de personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza) atendiendo a si el desempeño de la profesión se ejerce con carácter permanente o temporal (art. 9 EM). Y ello, sin perjuicio de que al personal estatutario temporal le sea aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal estatutario fijo.

El personal estatutario goza del derecho a la carrera profesional en los términos que se exponen a continuación.

Las fuentes reguladoras estatales específicas de la carrera profesional, que presentan carácter básico y común respecto de los sistemas autonómicos de carrera profesional y a partir de las que el legislador autonómico establecerá la correspondiente regulación sobre la expresada carrera de su personal estatutario, son las siguientes (véase la STS de 25 de febrero de 2019, Rec. Cas. 4336/2017):

1º) Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad en el Sistema Nacional de Salud, que aborda la carrera profesional dentro del desarrollo profesional, junto con la formación continua y la evaluación de competencias (art.40). En concreto, se define la carrera profesional del siguiente modo:

1. La carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios.

2. El estatuto marco previsto en el art. 84 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contendrá la normativa básica aplicable al personal del Sistema Nacional de Salud, que será desarrollada por las comunidades autónomas. (art.41);

2º) la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, prescribe lo siguiente en el artículo 37 dentro de las normas generales sobre desarrollo profesional y su reconocimiento:

1. Se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios a que se refieren los arts. 6 y 7 de esta ley , consistente en el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios.

2. Sin perjuicio de las facultades y funciones para las que habilite el correspondiente título oficial, el reconocimiento del desarrollo profesional será público y con atribución expresa del grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son propias.

3. Podrán acceder voluntariamente al sistema de desarrollo profesional los profesionales que estén establecidos o presten sus servicios dentro del territorio del Estado.

Asimismo, el artículo 38 regula unos principios generales sobre el desarrollo profesional y el artículo 39, la homologación del reconocimiento de ese desarrollo. En coherencia y en esa misma línea, se prevé incluso que los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que presenten servicios por cuenta ajena establezcan un procedimiento para el reconocimiento del desarrollo profesional y la carrera de estos profesionales (art.38);

3º) El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, aprobado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre, (EM), establece los criterios generales de la carrera profesional en los siguientes términos en el artículo 40:

1. Las comunidades autónomas, previa negociación en las mesas correspondientes, establecerán, para el personal estatutario de sus servicios de salud, mecanismos de carrera profesional de acuerdo con lo establecido con carácter general en las normas aplicables al personal del resto de sus servicios públicos, de forma tal que se posibilite el derecho a la promoción de este personal conjuntamente con la mejor gestión de las instituciones sanitarias.

2. La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan sus servicios.

3. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud establecerá los principios y criterios generales de homologación de los sistemas de carrera profesional de los diferentes servicios de salud, a fin de garantizar el reconocimiento mutuo de los grados de la carrera, sus efectos profesionales y la libre circulación de dichos profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

4. Los criterios generales del sistema de desarrollo profesional recogidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias se acomodarán y adaptarán a las condiciones y características organizativas, sanitarias y asistenciales del servicio de salud o de cada uno de sus centros, sin detrimento de los derechos ya establecidos. Su repercusión en la carrera profesional se negociará en las mesas correspondientes.

En el artículo 80.2.h) se menciona como materia objeto de negociación el sistema de carrera profesional.

4º) El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone sobre el concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera que:

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto. (...)

Por su parte el artículo 17 EM en relación con la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, estipula que se articulará en un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso y que se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

Asimismo, el artículo 20.3 EM se refiere a que las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del Estatuto.

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que se integra el Servicio Madrileño de la Salud, son fuentes de valor normativo, a los efectos que hoy nos ocupan:

- El Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprobó el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006 alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las Organizaciones Sindicales presentes en la misma sobre Carrera Profesional de Licenciados Sanitarios (B.O.C.M. número 32 de 7 de febrero 2007).

- La Resolución de 24 de enero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario.

- El Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Administración Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y las organizaciones sindicales presentes en la misma con fecha 29 de noviembre de 2017, y se procede a la recuperación progresiva de la carrera profesional del personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud.

2.b) Ámbito subjetivo de aplicación de la carrera profesional: el personal estatutario temporal

Como ya se ha dicho, el personal estatutario temporal puede ser interino, eventual o sustituto.

A) Derecho a la carrera profesional del personal estatutario interino

El Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre Carrera Profesional de Licenciados Sanitarios, en su apartado 4, bajo el epígrafe "Ámbito de aplicación" se exige como requisito general, para el acceso a la carrera profesional del personal estatutario, tener un nombramiento de personal estatutario fijo.

No obstante, en la disposición adicional primera del Acuerdo, se admite la participación del personal estatutario interino, que no hubiera tenido la oportunidad de presentarse a los procesos de ingreso que debían ser convocados por la administración y por causa del incumplimiento de ésta, bajo una premisa concreta que describe del siguiente modo:

En caso de que la Administración, en un período de tres años consecutivos, a partir de la fecha de la firma de este Acuerdo, no convoque las pruebas selectivas derivadas de las ofertas de empleo público para alguna de las categorías señaladas en el ámbito de aplicación, el personal que ocupe las citadas plazas tendrá derecho a un complemento de carrera en cuantía similar al complemento de carrera que le correspondería por sus años de actividad profesional como personal interino y en las mismas condiciones que el personal que ostente la condición de fijo. Este derecho no será de aplicación en el supuesto de que se hubiere convocado proceso selectivo y el titular de la plaza no hubiera concurrido al mismo o no lo hubiera superado.

Por su parte en la Disposición Transitoria Segunda del meritado Acuerdo se señala:

" El personal con nombramiento interino, de las categorías citadas en el ámbito de aplicación, que ostente dicha condición a fecha de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, podrá solicitar el reconocimiento del nivel profesional en los mismos términos que el personal con nombramiento fijo. Dicho nivel solo tendrá efectos económicos una vez que obtenga la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría evaluada".

Estas previsiones se reproducen, a su vez, en la Resolución de 24 de enero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario

El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de consolidar doctrina en torno al derecho a la carrera profesional horizontal que ostenta el personal interino y así, podemos citar las sentencias dictadas con fechas 28 de mayo de 2020 (Rec. Cas. 4753/2018); 18 de febrero de 2020 (Rec. Cas. 4099/2017); 29 de octubre de 2019 (Rec. Cas. 2237/2017); 8 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 2751/2017); 6 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 5927/2017); 6 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 2595/2017); 25 de febrero de 2019 (Rec. Cas. 4336/2017; 21 de febrero de 2019 (Rec. Cas. 1805/2017; 18 de diciembre de 2018 (Rec. Cas. 3723/2017); 8 de marzo de 2017 (Rec. Cas. 93/2016), entre otras.

En estas sentencias, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se remite para resolver la cuestión controvertida, por un lado, a su propio precedente asentado en la sentencia dictada el 30 de junio de 2014 (Rec. Cas. 1846/2013), en la que ya afirmó que el personal interino no podía ser excluido de la carrera profesional y por otro, al auto dictado el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (Centeno Meléndez, asunto C-315/17).

En primer lugar, la sentencia de 30 de julio de 2014 admitió el derecho a la carrera profesional de los estatutarios interinos de larga duración con base: (i) en la sentencia del Tribunal Constitucional 203/2000, de 24 de julio , que considera que serían aquellos que mantienen con la Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años (fundamento de derecho 3º); (ii) en la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C- 177/2010 ), que al resolver una cuestión prejudicial en torno a la Directiva 1999/70/CE , exige que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables de un Estado miembro basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de duración determinada, a menos que razones objetivas justifiquen un trato diferente; (iii) y en la sentencia del Tribunal Constitucional 104/2004 que insiste, considerando también la Directiva 99/70/CE , en que "toda diferencia de tratamiento debe estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible con el art. 14 CE un tratamiento, ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida.

En segundo lugar, y tal como explica la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de diciembre de 2018 (Rec. Cas. 3723/2017) se parte de las consideraciones efectuadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su auto de 22 de marzo de 2018 (Centeno Meléndez, asunto C- 315/17), al resolver una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza en un procedimiento referido a la exclusión de la carrera profesional horizontal a una funcionaria interina de la Universidad Pública de Zaragoza. La sentencia anterior razona lo siguiente:

El TJUE, después de resaltar -punto 36- que decide por Auto con base en el artículo 99 de su Reglamento por considerar que la cuestión puede ser resuelta con base en decisiones anteriores ( auto de 21 de septiembre de 2016, Álvarez Santirso, C-631/15 , apartado 26, y jurisprudencia citada), y destacar -punto 40- que la situación de la funcionaria interina está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70 por tener un contrato de duración determinada durante un periodo superior a cinco años, afirma:

1º) que la participación en un sistema de carrera profesional y las consecuencias económicas derivadas de ella están incluidas en el concepto "condiciones de trabajo" de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Directiva 1999/70 referida al principio de no discriminación, ello (i) porque incorporando un principio de Derecho social de la Unión no puede ser interpretado de manera restrictiva; (ii) porque el criterio básico que debe utilizarse para ello es el del empleo, es decir, el de la relación de trabajo entre el trabajador y su empresario; (iii) porque el sistema de carrera diseñado por la Universidad tiene por objeto incentivar la progresión profesional y retribuir la calidad del trabajo, la experiencia y conocimientos adquiridos, y el cumplimiento de los fines y objetivos de la Universidad, reconociendo y tomando en cuenta, para ello, la actividad previa y los méritos contraídos en el desempeño profesional del personal; y, (iv) porque la circunstancia de que el sistema de carrera y sus consecuencias estuvieran ineludiblemente vinculados a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo no puede enervar la conclusión de que ese sistema presenta una vinculación con la relación de servicios entre un trabajador y su empleador -puntos 41 a 54-.

2º) que ante la evidente diferencia de trato que establece el sistema de carrera diseñado entre, por un lado, los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo y, por otro, los funcionarios interinos y el personal laboral temporal que prestan servicios en el marco de una relación de servicio de duración determinada, ello en la medida que excluye a los segundos de la carrera profesional horizontal que reserva para los primeros, será preciso examinar si la situación de unos y otros son comparables y si, en tal caso, existe una razón objetiva, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, que justifique la diferencia de trato observada. -puntos 55 a 76-. Y en el análisis de estas cuestiones, afirma:

a) que para la comparación entre ambos tipos de trabajadores habrá que partir (i) del concepto de "trabajador con contrato de duración indefinida comparable" de la cláusula 3, apartado 2, del Acuerdo Marco anexado a la Directiva 1999/70 , caracterizado por realizar un trabajo idéntico o similar en el mismo centro de trabajo y tomando en consideración su cualificación y las tareas que desempeña; (ii) de que para precisar si se realiza un trabajo idéntico o similar deberán comprobarse factores como los citados en las cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1 -naturaleza del trabajo, condiciones laborales y de formación-

b) que si de esa comparación resulta que el único elemento diferenciador es la naturaleza temporal de la relación que vincula al trabajador con su empleador, deberá comprobarse si existe causa objetiva para ello, estableciendo a tal fin los siguientes parámetros: (i) que el concepto de "razones objetivas" de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco de referencia, no permite justificarlo y apreciar la existencia de causa objetiva por el simple hecho de que la diferencia está apoyada en una norma nacional abstracta y general, como una ley o un convenio colectivo. Si eso fuera suficiente se privaría de contenido a los objetivos de la Directiva pues, en lugar de mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad, se perpetuaría el mantenimiento de la situación desfavorable unida a la contratación de duración determinada; (ii) el concepto "razón objetiva" requiere que la desigualdad de trato esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, a fin de verificar si responde a una necesidad auténtica que permita alcanzar el resultado perseguido y resultando indispensable para ello -en particular, la especial naturaleza de las tareas encomendadas al personal de duración determinada, las características inherentes a ellas, la consecución de objetivos legítimos de política social-".

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 2021 (Rec. Cas.. 2495/2019) concluye en coherencia con la doctrina que se ha venido dictando hasta el momento que " la carrera profesional horizontal forma parte de las condiciones de trabajo a que se refiere la cláusula 4ª del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE y que tiene acceso a ella el personal vinculado a la Administración por tiempo determinado que realiza las mismas funciones que el fijo de categoría comparable".

Estos pronunciamientos judiciales vienen referidos al derecho de carrera profesional de personal interino, en unos casos estatutario y en otros funcionarios, así como de personal laboral no fijo, tal como acontece en estos últimos casos en la STS de 6 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 2595/2017). Incluso la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha reconocido este derecho en relación con el personal laboral temporal en su sentencia de fecha 6 de marzo de 2019 (Rec. Cas. 8/2018).

B) Derecho a la carrera profesional del personal eventual o sustituto

Por lo que respecta al derecho a la carrera profesional del personal estatutario temporal eventual o sustituto, específicamente considerado, aunque el Tribunal Supremo ha venido reconociendo en los últimos pronunciamientos el derecho a la carrera profesional del personal estatutario temporal, sin efectuar distinción entre los interinos, eventuales y sustitutos, no encontramos una respuesta directa y concreta de nuestra jurisprudencia hasta la STS de 13 de julio de 2021 (Rec. Cas. 878/2020).

La sentencia afirma que entre los interinos y los eventuales del artículo 9 el Estatuto Marco, no median diferencias que justifiquen un tratamiento distinto en materia de carrera profesional, ni tampoco entre aquellos y el personal estatutario fijo, "una vez que sabemos que su respectiva debida temporalidad se ha transformado en una permanencia duradera efectiva desde la que ambos contribuyen a la prestación del servicio de salud", siéndoles plenamente aplicables la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco.

Por ello, concluye declarando que es discriminatorio para el personal estatutario eventual, en las circunstancias expuestas (la interesada, personal eventual, venía desempeñando la misma función como facultativo especialista en Rehabilitación en la misma Área y en el mismo hospital del Servicio Madrileño de Salud durante diez años cuando solicitó participar en el proceso de evaluación correspondiente al desarrollo profesional), su exclusión del acceso a la carrera profesional, frente al personal fijo por no concurrir razones objetivas, en el sentido de la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco que acompaña a la Directiva 1999/70/CE, que la justifiquen, como lo pone de manifiesto que se haya reconocido al personal estatutario temporal interino.

Con anterioridad, esta Sala se había pronunciado sobre la cuestión en Sentencia del Pleno de 20 de abril de 2021 (Rec. Apel. 670/2019) reconociendo el derecho a la carrera profesional de personal licenciado sanitario del Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS) con nombramiento de personal estatutario eventual y sustituto, en aplicación de la Directiva Comunitaria 1999/70/CE que desarrolla el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y la jurisprudencia que se ha dictado por parte del TJUE en torno a la cláusula 4, apartado 1 y el principio general del Derecho de la Unión Europea de no discriminación entre el personal fijo y el temporal que encierra ( Sentencias de 13 de septiembre de 2007, del Cerro Alonso, C-307/05 , aps. 37 y 38, de 23 de octubre de 2008, Impact, C-286/07, de 13 de marzo de 2014, Nierodzik, C-38/13, entre otras).

Del examen de esta jurisprudencia se extraen las siguientes conclusiones:

(i) El personal estatutario eventual o sustituto como personal de duración determinada está incluido en el ámbito subjetivo de aplicación del Acuerdo Marco, en cuanto la jurisprudencia del TJUE ha interpretado que el concepto de "trabajador con contrato de duración determinada" engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan, ni en atención al estatuto jurídico de cada empleado público en sus distintas categorías.

(ii) La participación en un sistema de carrera profesional y las consecuencias económicas derivadas de ella están incluidas en el concepto "condiciones de trabajo" de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Directiva 1999/70, referida al principio de no discriminación.

(iii) El personal estatutario eventual o sustituto y el personal estatutario fijo se encuentran en una situación comparable, pues desempeñan un trabajo idéntico, de modo que no existe ningún obstáculo para que el meritado derecho a la carrera profesional sea reconocido al personal licenciado sanitario con nombramiento de personal estatutario eventual o sustituto.

(iv) No existe una razón objetiva en lo que se refiere a la carrera profesional que permita justificar la existencia de un trato objetivo distinto entre el personal estatutario fijo y el personal estatutario temporal eventual o sustituto.

En consecuencia, en la sentencia del Pleno de la Sala se reconocía el derecho a la carrera profesional del personal estatutario o interino en los mismos términos que al personal estatutario fijo.

Conforme a lo expuesto ninguna distinción cabe hacer entre el personal estatutario fijo y el personal estatutario temporal -interino, eventual o sustituto- por lo que respecta al derecho a la carrera profesional, salvaguardándose así el principio de no discriminación entre el personal fijo y el temporal de la cláusula 4 del Acuerdo Marco incorporado a la citada Directiva 1999/70.

Esta Sala ha dictado múltiples sentencias en este sentido, favorable a las pretensiones de los recurrentes y contraria a la tesis sostenida por la Administración autonómica (por todas, Sentencia de esta Sección 8ª de 1 de diciembre de 2021, recurso 446/2020), de modo que los servicios prestados como personal eventual o sustituto también deben ser considerados a los efectos del reconocimiento de la carrera profesional.

Así se ha corroborado recientemente por el Tribunal Supremo al declarar la inadmisión de los recursos de casación presentados por la representación procesal del Servicio Madrileño de Salud contra numerosas sentencias de esta Sala que desestimaban otros tantos recursos de apelación, interpuestos por el Servicio Madrileño de Salud frente a sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo [entre otras muchas, Providencias del Tribunal Supremo de fecha 18 de mayo de 2022, dictadas en los Recursos de Casación 165/2022, 533/2022, 542/2022 y 850/2022)].

La inadmisión a trámite de los recursos de casación se acuerda, conforme a lo dispuesto en el artículo 90.4.d) LJCA, por pérdida sobrevenida de interés casacional, al haberse resuelto por el Tribunal Supremo las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la posible discriminación en el acceso a la carrera profesional en aquellos supuestos en los que no son valorados los servicios prestados como personal eventual o de sustitución, a efectos de adquisición de los niveles de carrera profesional [en este sentido, véanse las SSTS de 31 de marzo de 2022 (Rec. Cas. 142/2021), 13 de julio de 2021 (Rec. Cas. 878/2020) 16 de septiembre de 2021 (Rec. Cas. 5828/2019) y de 22 de abril de 2022 (Rec. Cas. 5781/2020), entre otras].

Como razona el Tribunal Supremo en tales Providencias, la inadmisión se sustenta en que es doctrina jurisprudencial que existe discriminación en aquellos supuestos en los que, una vez adquirida la condición de personal estatutario fijo, no son valorados, a efectos de adquisición de los niveles de carrera profesional, los servicios previos prestados como personal eventual o interino.

2.c) - La carrera profesional implantada en los Servicios de Salud de la Comunidad de Madrid

Antes de proceder al examen de la concreta cuestión controvertida en este recurso de apelación, convendrá recordar que la carrera profesional del personal estatutario de los servicios de salud -reconocido tanto al personal estatutario fijo como temporal- es el derecho de los profesionales sanitarios a progresar, que se materializa en el reconocimiento público, expreso y de forma individualizada del desarrollo profesional alcanzado en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de los objetivos asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus servicios; lo que conlleva la atribución expresa del grado alcanzado por cada profesional en el ejercicio del conjunto de funciones que le son propias.

Corresponde a las Comunidades Autónomas, previa negociación colectiva, establecer para este personal los mecanismos de carrera profesional, si bien habrá de sujetarse a los principios y criterios generales de homologación establecidos por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

Así, en la Comunidad de Madrid se alcanzó el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las Organizaciones Sindicales presentes en la misma sobre Carrera Profesional de Licenciados Sanitarios, aprobado por Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivos, en lo que se refiere a la carrera horizontal se concretan según su Preámbulo en "ser un elemento de motivación que muestre y valore el devenir de la vida profesional", en "reconocer la experiencia, el prestigio, competencia y responsabilidad profesional", y, en fin, en "constituir una herramienta de motivación y un pilar importante para la planificación y el desarrollo de las actividades de los profesionales". Este Acuerdo incorpora como Anexo I el modelo de carrera profesional de Licenciados Sanitarios de la Comunidad de Madrid, y como Anexo II el modelo de carrera profesional de Diplomados Sanitarios Estatutarios de la Comunidad de Madrid.

Este Acuerdo fue modificado por el Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Administración Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y las organizaciones sindicales presentes en la misma con fecha 29 de noviembre de 2017, y se procede a la recuperación progresiva de la carrera profesional del personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud.

Ese último Acuerdo modifica determinados apartados de los Anexos I y II de los modelos de carrera profesional de licenciados y diplomados sanitarios de la Comunidad de Madrid y sobre el modelo de carrera profesional para los profesionales estatutarios del área sanitaria de formación profesional y de gestión y servicios del personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud, que se incorpora como Anexo III a los modelos de carrera ya existentes y recogidos como Anexos I y II en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 25 de enero de 2007.

Ahora bien, la carrera profesional reconocida al personal Licenciado y Diplomado Sanitario se vio afectada por lo dispuesto en la sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, no siendo abonados los niveles I II y III, ni fueron reconocidos los nuevos niveles desde el año 2010 (Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010) hasta el año 2017 (Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017).

La Resolución de 24 de Enero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario fue dictada con el objeto impulsar la actuación de los Comités de Evaluación de Área con el fin de proceder a la evaluación de las solicitudes de niveles de carrera del personal estatutario incluido en el Acuerdo de 25 de enero de 2007, que se presentaran como consecuencia del proceso extraordinario de reconocimiento de niveles instrumentado, y aprobó un procedimiento excepcional para el reconocimiento de niveles de carrera profesional.

El ámbito de aplicación de la carrera profesional así configurada viene dado por: (i) las categorías profesionales de los licenciados sanitarios, previstas en el artículo 6 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se concretan en el apartado 4 del Acuerdo, Anexo I; (ii) las diferentes categorías profesionales de los diplomados sanitarios, previstas en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se concretan en el apartado 4 del Acuerdo, Anexo II, y (iii) los profesionales del área sanitaria de formación profesional, contemplados en el artículo 6.2.b) EM, y el personal estatutario de gestión y servicios, contemplado en el artículo 7 EM, que se concretan en el apartado 4 del Acuerdo, Anexo III.

La carrera profesional se condiciona a: (i) la acreditación documental de un determinado periodo de prestación de servicios requerido para cada nivel; (ii) la superación de la correspondiente evaluación mediante la acreditación de los méritos exigibles para cada nivel, y (iii) tener reconocido el nivel inmediatamente inferior.

La carrera profesional consta de los siguientes niveles: Nivel inicial, Nivel uno, Nivel dos, Nivel tres y Nivel cuatro.

El acceso al nivel inicial se realizará sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de permanencia en el sistema.

Sin embargo, el nivel inicial no ha sido aún desarrollado, por lo que el acceso al sistema de carrera profesional debe realizarse necesariamente por el nivel I, sin perjuicio del procedimiento excepcional para el reconocimiento de niveles de carrera profesional previsto en la Resolución de 24 de Enero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud (instrucción 6ª).

El reconocimiento de los niveles uno a cuatro requiere la superación de la correspondiente evaluación de méritos, y un tiempo de permanencia de cinco años en el nivel inmediatamente inferior.

Los diferentes factores a valorar en créditos en la evaluación son los siguientes: actividad asistencial, formación, actividad docente, actividad científica o investigación y participación y compromiso con la organización, requiriéndose un número mínimo de créditos para el acceso a cada nivel, si bien será necesario alcanzar al menos el 30 por 100 de la puntuación máxima prevista para el factor de actividad asistencial en cada nivel.

Con carácter general, las resoluciones de reconocimiento de nivel de carrera tendrán efectos económicos del día 1 de enero del año siguiente al que sean dictadas. No obstante, los diferentes Anexos I, II y III establecen la fecha de efectos económicos de la implantación de la carrera profesional en función del nivel reconocido y de colectivo profesional afectado, estableciéndose las cuantías asignadas al complemento de carrera para cada nivel, destinado a retribuir el nivel alcanzado en la carrera profesional.

2.c) El procedimiento excepcional de la Resolución de 24 de Enero de 2017 y la aplicación del "factor condición" al personal eventual y sustituto

La cuestión controvertida en la instancia consistía en determinar si la totalidad de los servicios prestados por la recurrente en la instancia como personal estatutario temporal, ya sea eventual, sustituto o interino, resultan computables a efectos del reconocimiento del nivel de carrera profesional que le corresponda, y si dicho cómputo en el procedimiento excepcional de reconocimiento, previsto en la Instrucción 6ª de la Resolución de 24 de enero de 2017, le permitiría acceder directamente al Nivel III, sin necesidad de ingresar previamente en el Nivel I y acreditar cinco años de integración efectiva en este nivel.

Asimismo, se plantea también si dicho recurrente, en su condición de interino, tiene derecho a los efectos económicos derivados del reconocimiento de nivel de carrera profesional o si, como sostiene la Administración, éstos sólo se producen una vez obtenga la condición de personal estatutario fijo.

Como se ha dicho, la Resolución de 24 de Enero de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de la Salud sobre Reactivación de los Comités de Evaluación de Área de Carrera Profesional del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario Estatutario fue dictada con el objeto impulsar la actuación de los Comités de Evaluación de Área con el fin de proceder a la evaluación de las solicitudes de niveles de carrera del personal estatutario incluido en el Acuerdo de 25 de enero de 2007, que se presentaran como consecuencia del proceso extraordinario de reconocimiento de niveles instrumentado.

Asimismo, esta Resolución aprobó un procedimiento excepcional para el reconocimiento de niveles de carrera profesional en el nivel que hubiera correspondido de no haberse suspendido la carrera profesional por las sucesivas Leyes Generales de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, siempre que se acreditaran tanto el tiempo de servicios prestados, como los méritos incluidos en el apartado 9 de los modelos de carrera exigidos para el nivel que se solicite -en desarrollo de apartado 11, punto 8, del Acuerdo de 25 de enero de 2007, sin cumplir el requisito de tiempo de permanencia en el nivel de carrera anterior-.

Consideraba la citada Resolución que la posibilidad excepcional que ofrecía el apartado 11 de los modelos de carrera profesional para licenciados y diplomados, en su punto 8, para reconocer un nivel de carrera sin cumplir el requisito de tiempo de permanencia en el anterior ante la concurrencia de razones objetivas que lo justificaran, podía encontrar fundamento en la situación generada por los años de suspensión de la carrera profesional previstos en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

De modo que esta Resolución, en su instrucción 6ª, prevé la posibilidad de acceder a dos niveles de carrera, sin necesidad de permanencia en el nivel anterior, pudiendo los profesionales optar al nivel que les hubiera correspondido en caso de haber podido solicitar carrera profesional desde el año 2009 hasta el año 2017.

Esta excepcionalidad, sin embargo, no permite inaplicar los requisitos exigibles, conforme al Acuerdo de 25 de enero de 2007, para el reconocimiento de la carrera profesional ni, por tanto, desconocer que el reconocimiento de nivel de carrera profesional por mera antigüedad sólo se aplicó, por una sola vez, por la entrada en vigor del repetido Acuerdo de enero de 2007, siendo, pues, de aplicación ahora, con la reactivación del proceso, lo dispuesto en otros apartados del Anexo del Acuerdo de 25 de enero de 2007.

Con tal base es preciso también recordar que el acceso al Sistema de Carrera se debe realizar, conforme al modelo aprobado por la Comunidad de Madrid, por el Nivel I. En consecuencia, la reactivación del proceso requería considerar que, para el reconocimiento de un Nivel de carrera, no sólo era preciso contar con la antigüedad necesaria, sino también la obtención de una evaluación favorable, que comprendiese la baremación de distintos aspectos contemplados, para cada nivel, en el Anexo 8 del Acuerdo de 25 de marzo de 2007. No se trata, pues, en la carrera profesional, sólo de la obtención de niveles sucesivos superiores por la mera permanencia por cinco años en el nivel inferior, sino también de la valoración de los factores exigibles para el acceso al nivel superior.

Por lo que respecta a los efectos administrativos del reconocimiento del nivel de carrera por este procedimiento excepcional, prevé el apartado c) de la instrucción 6ª de la Resolución de 24 de enero de 2017 que la fecha de real de efectos administrativos " debe coincidir con la fecha en que los interesados pudieron perfeccionar el nivel solicitado en el supuesto de que no hubiera sido suspendida la carrera en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid".

Por último, los efectos económicos de los niveles de carrera profesional reconocidos como consecuencia de la Resolución de 24 de enero de 2017 se encuentran condicionados por lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018, tal y como prevé su apartado tercero. De modo que sólo surtirán efectos económicos a partir de la entrada en vigor del Acuerdo del Consejo de Gobierno 31 de julio de 2018, que tuvo lugar en la fecha de su publicación en el BOCM el 23 de agosto de 2018.

Asimismo, con arreglo a lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 12/2017, en ningún caso pueden otorgarse efectos económicos retroactivos a los reconocimientos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo de 31 de julio de 2018. Los reconocimientos posteriores tendrán efectos económicos a partir de la eficacia de las resoluciones que establezcan los nuevos reconocimientos.

En todo caso, los efectos económicos de los reconocimientos de nivel de carrera profesional se encuentran condicionados y limitados por las disponibilidades existentes en la partida o partidas presupuestarias específicas que se habiliten al efecto en cada ejercicio económico.

Expuestas las características esenciales de este excepcional procedimiento de reconocimiento de niveles de carrera profesional, hemos de destacar ahora, tal y como se deduce con meridiana claridad de las consideraciones realizadas en los fundamentos de derecho anteriores, que no cabe hacer distinción alguna entre el personal estatutario fijo y el personal estatutario temporal -interino, eventual o sustituto- por lo que respecta al derecho a la carrera profesional.

Sobre la base de este presupuesto, no puede afirmarse que sólo desde el nombramiento de la persona interesada como personal interino entra en el ámbito de aplicación del Acuerdo de carrera profesional. Por el contrario, los servicios prestados como personal eventual o sustituto también deben ser considerados a los efectos del reconocimiento de la carrera profesional, por lo que el modelo de carrera profesional le resulta aplicable computando la totalidad de servicios así prestados.

Sentado lo anterior, debe resaltarse que la Resolución de 24 de enero de 2017 prevé la posibilidad de acceder a dos niveles de carrera, sin necesidad de permanencia en el nivel anterior, y ello debido al hecho de que la carrera profesional se mantuviera suspendida desde el año 2009 hasta el año 2017.

También ha de considerarse que, para clarificar la correcta aplicación de la Resolución de 24 de enero de 2017, la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, haciendo uso de las facultades conferidas por la Instrucción 10ª de la Resolución de 24 de enero de 2017 para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación homogénea en todas las gerencias de la carrera profesional, emitió una nota dirigida a los Comités de Evaluación, en la que, refiriéndose al personal estatutario fijo o interino sin nivel asignado en el proceso extraordinario del año 2007, consideraba que debía tenerse en cuenta como " factor condición" una serie de criterios a efectos de evaluación y reconocimiento de niveles:

a) Es requisito necesario para poder solicitar carrera profesional tener la condición de personal estatutario fijo o interino.

b) El personal licenciado y diplomado fijo o interino con anterioridad al 01-01-2013, que tenga acumulados 10 años de servicios prestados, podrá acceder al Nivel II de carrera profesional, siempre que se acrediten los méritos suficientes establecidos en los modelos de carrera profesional.

c) El personal licenciado y diplomado sanitario fijo con nombramiento posterior al 01-01-2013 que no haya sido interino anteriormente, o el personal licenciado y diplomado sanitario INTERINO con nombramiento posterior al 01-01-2013 solo podrá acceder al Nivel I de carrera profesional, siempre que se acrediten los méritos suficientes establecidos en los modelos de carrera profesional.

Pues bien, una primera consideración debe hacerse sobre estos criterios interpretativos y aplicativos respecto de la Resolución de 24 de enero de 2017 y el procedimiento excepcional para el reconocimiento de niveles de carrera profesional que contempla, y es que no cabe hacer distinción alguna entre el personal estatutario fijo y temporal a los efectos de su aplicación, ya sea personal interino, eventual o sustituto. De manera que todo el tiempo de prestación de servicios del personal estatutario fijo o temporal resulta computable a los efectos del reconocimiento del correspondiente nivel de la carrera profesional.

En segundo lugar, debe reconocerse que las reglas indicadas sobre el tránsito entre el mantenimiento del Nivel I en 2017 y el reconocimiento del Nivel II, resultan coherentes con el objetivo y fundamento del procedimiento excepcional de reconocimiento de niveles instaurado por la Resolución de 24 de enero de 2017.

Conforme a la instrucción 6ª de la Resolución de 24 de enero de 2017, cabe recordar que el acceso a la carrera profesional debe producirse siempre por el Nivel I (al no existir un nivel inicial o Nivel 0) si bien el personal fijo o temporal anterior a 1 de enero de 2013, con más de diez años de servicios, podría haber adquirido el Nivel I antes de tal fecha y acceder, por tener cinco años más y, acreditadamente, los méritos necesarios, al Nivel II, ya en el año 2017.

En efecto, si quien ostentara la condición de personal estatutario a fecha 1 de enero de 2013, tuviera acumulados diez años de servicios prestados a la fecha de solicitud del nivel de carrera en el procedimiento excepcional, de no haberse suspendido la carrera profesional, podría haber solicitado su integración en el Sistema de Carrera Profesional en el momento de su entrada en vigor con el Acuerdo de 25 de enero de 2007 -como muy tarde el 31 de diciembre de 2012-. De modo que se le hubiera integrado en el Nivel I, lo que le hubiera permitido acceder al Nivel II en 2017, al haber transcurrido entonces los cinco años de permanencia en el nivel inmediatamente inferior exigidos en el apartado 7 del Acuerdo.

Por el contrario, si el personal estatutario lo fuera con posterioridad al 01-01-2013, de no haberse suspendido la carrera profesional, sólo podría haber solicitado su integración en el Sistema de Carrera Profesional, como pronto, desde el 01-01- 2013 - y siempre que ésta fuese la fecha de su nombramiento-. De modo que se le hubiera integrado en el Nivel I y solo podría acceder al Nivel II en 2018, al haber transcurrido los cinco años de permanencia en el nivel inmediatamente inferior exigidos en el apartado 7 del Acuerdo. En consecuencia, mediante el procedimiento excepcional de la Resolución de 24 de enero de 2017 nunca habría podido acceder al Nivel II de carrera.

De ahí que debamos concluir que los criterios establecidos por Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS responden a la correcta interpretación y aplicación del procedimiento excepcional de reconocimiento de nivel de carrera profesional establecido en la instrucción 6ª de la Resolución de 24 de enero de 2017, eso sí, resultando computables la totalidad de los servicios prestados por como personal estatutario temporal, ya sea eventual, sustituto o interino, a efectos del reconocimiento del nivel de carrera profesional que le corresponda.

Por otro lado, el derecho a la carrera profesional está vinculado al reconocimiento de sus efectos económicos, pues tal como hemos señalado anteriormente la doctrina del TJUE ha venido afirmando que la participación en un sistema de carrera profesional y las consecuencias económicas derivadas de ella están incluidas en el concepto "condiciones de trabajo". Por ello, la diferenciación que hace la Administración entre "reconocimiento" e "integración" en el nivel de carrera profesional, equiparando éste último a los efectos económicos derivados de tal reconocimiento -y que le lleva a excluir los mismos a quien no tenga la condición de fijo- no puede ser aceptada pues no tiene sentido alguno privar al reconocimiento del derecho a la carrera profesional de una de sus principales consecuencias: los efectos económicos derivados de dicho reconocimiento; o lo que es lo mismo, no existe razón objetiva que permita justificar la exclusión de los efectos económicos del reconocimiento del derecho por la condición de interina de la solicitante.

SEXTO.- La decisión de la Sala

Aplicando la anterior doctrina a este caso, el recurso de apelación será desestimado ya que la recurrente en la instancia tenía derecho a ser integrada en el sistema de carrera profesional al ser contraria a Derecho su exclusión con base meramente en su condición de empleada pública temporal.

Recordemos que la demandante en la instancia era personal eventual e interino que prestaba servicios para el SERMAS con la categoría de Auxiliar Administrativo desde el 28 de junio de 2006 (eventual) y desde el 8 de agosto de 2019 (interina). Y recordemos también que, conforme al Certificado emitido en fecha 5 de octubre de 2022, por el Presidente titular del Comité de Evaluación de Personal de Gestión y Servicios del Grupo C2, con exclusión de algunos cursos no baremados al no cumplir los mismos los requisitos necesarios conforme a la normativa aplicable, se le reconocieron a la ahora apelada méritos de formación correspondientes a 250 horas en el año 2002, a 300 horas en el año 2005 y a 65 horas en el año 2018. Lo que determina que su exclusión de los Listados de reconocimiento del Nivel de Carrera Profesional se debiera exclusivamente a una circunstancia de temporalidad en su relación de servicios y no a la carencia de los méritos correspondientes a formación.

Siendo así lo anterior, aunque por razones distintas a la expresadas en la Sentencia de instancia, el reconocimiento del Nivel I de Carrera Profesional, y de los efectos económicos y administrativos correspondientes, era conforme a Derecho, por lo que el recurso de apelación, según lo anunciado y por lo aquí expuesto y razonado, tendrá que ser desestimado

SÉPTIMO.- Condena en costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, procede imponer las costas causadas en este recurso a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de mil euros, más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía fijada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,