Sentencia Contencioso-Administrativo 352/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1131/2022 de 12 de junio del 2023

PRIMERO - El presente procedimiento tiene por objeto la resolución de la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 26 de julio de 2021 por la que se acuerda desestimar su petición de la dispensa total solicitada por la Sra. Carmen, para realizar los exámenes CCSE y DELE A2 - prueba de acreditación de dominio del español como lengua extranjera ( dele ) y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de ESPAÑA (CCSE)- obligatorios a efectos de solicitar la nacionalidad española acordándose la revocación de la resolución recurrida y la concesión de la dispensa solicitada, sin necesidad de la adaptación que se le concede en el expediente número NUM000 por la que no se accede a la dispensa de los exámenes DELE y CCSE en la solicitud de nacionalidad española por residencia, sino solo a su adaptación para personas que no saben leer ni escribir ; y consecuentemente que se le dé la concesión de la dispensa solicitada.

Para la resolución del presente recurso ha de partirse de la exposición de los siguientes antecedentes fácticos:

1º.-La actora doña Carmen residente de larga duración solicitó en fecha 5 de noviembre de 2019 la nacionalidad española pero sin los exámenes DELE y CCSE, por analfabetismo total en lengua materna y española. Aporta acta notarial de manifestación de dos testigos sobre su analfabetismo y solicita dispensa para sus exámenes según el artículo 9.2 de la CE y artículo 10 de la Orden JUS/1625/2016.

Que tal y como consta en el expediente administrativo, en fecha 05/11/2019 la demandante formuló solicitud de dispensa para la realización de los exámenes CCSE y DELE en el procedimiento de nacionalidad española por residencia, dada su condición de analfabeta, y todo ello al amparo del artículo 10.5 de la Orden JUS/1625/2016.

2º- Recibida tal petición y examinada la documentación acreditativa adjunta, la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió el 26/07/2021 denegar la dispensa de realización de las pruebas referidas por no concurrir en la persona interesada circunstancias que lo justifique. Y conceder la autorización de pruebas adaptadas para personas que no saben leer ni escribir.

3º.- Contra la anterior resolución, el interesada interpuso este recurso contencioso solicitando le sea concedida la dispensa total de realizar las mencionadas pruebas.

La recurrente aduce, en sustancia, el cumplimiento por su parte de los requisitos del art. 10.5 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española, en lo atinente a la dispensa de los mismos por haber acreditado en su opinión no saber leer ni escribir y no haber tenido escolarización ni en Marruecos ni aquí en España.

Sus motivos se pueden resumir así:

----Es decir, especifica que conforme a la normativa vigente al momento de la solicitud, no se formuló una solicitud de autorización para la realización adaptada de los exámenes DELE y CCSE, sino lo que se solicitó fue la DISPENSA total de dichas pruebas, y todo ello dado que la actora alega que no se encuentra en disposición de poder afrontarlas dado su nulo bagaje cultural, sin que ello sea óbice para que se encuentre perfectamente integrada en la sociedad española.

--Que se aportó Acta Notarial de Manifestaciones, refrendado igualmente por dos testigos acreditando que la actora no sabe leer ni escribir. Todo ello hace que siendo su intención obtener la Nacionalidad Española, le es imposible prepararse para la realización de los exámenes DELE y CCSE, habida cuenta las serias dificultades de aprendizaje que le supone el hecho de ser analfabeta total, no pudiendo leer ni escribir, tanto en su lengua materna como en castellano. Nunca ha sido escolarizada, ni tan siquiera en su infancia.

----Como medio de prueba para acreditar que se halla ante una situación de analfabetismo total, se aportó el referido Acta de Manifestaciones otorgada en Santomera el 24 de octubre de 2019, ante el Notario Don Pedro Solana Hernández, con número de protocolo 2148 por dos testigos donde manifestaban que la actora no sabía leer ni escribir. Además esos testigos declaran conocerle desde hace al menos dos años y su situación de analfabetismo total, que no se leer ni escribir pero que entiende el español (páginas del expediente administrativo).

----En este sentido, debe destacarse el hecho de que la demandante fue criada en Marruecos, un país donde se produce un claro trato de discriminación a las mujeres, lo que hizo que ni siquiera pudiera ser escolarizada, debiendo todo ello ser valorado a la hora de la concesión de la dispensa solicitada.

----- En este caso, de hacérsele el examen adaptado, sería posible que no respondiera alguna pregunta sobre España o que no la contestara acertadamente debido a su escaso nivel cultural en general, no solo respecto a España, ya que por las circunstancias personales de su país no ha tenido la oportunidad de estudiar y de formarse culturalmente, pero ello no implica que no se encuentre perfectamente integrada en la sociedad española. No en vano lleva residiendo en España de forma legal desde el año 2001 (tal y como consta en el expediente administrativo), habiendo estado trabajado desde entonces, estando toda su familia en España y conociendo en las mismas la realidad social y cultural de este país. Así las cosas, le constan m ás de 8 años cotizados en la seguridad social, contando con trabajo estable como empleada del hogar desde hace el año 2017 (se adjunta Informe de Vida Laboral como Documento n° 1, recibos de cobro de su salario como empleada del hogar como Documento n° 2 y contrato de trabajo como Documento n° 3).

----Asimismo, no consta en el expediente ninguna nota desfavorable, no teniendo la actora ni antecedentes penales ni policiales, ni en España ni en su país de origen, por lo que además del tiempo de residencia y la integración en España, por lo que se cumple el requisito de buena conducta cívica.

---- Pese a todo ello, estando perfectamente acreditado que la actora es analfabeta, siendo de un país donde se discrimina a las mujeres desde la infancia y no habiendo podido acceder a la escolarización, lo que procedía era la concesión de la dispensa de la realización de los exámenes DELE y CCSE para la concesión de la nacionalidad española por residencia, y no la mera autorización para la realización de las pruebas adaptadas.

----- Que la resolución recurrida infringe el art. 10.5 de la Orden JUS/1625/2016 : " De acuerdo con su normativa específica, el Instituto Cervantes ofrecerá actuaciones especiales en la administración de las pruebas DELE y CCSE para las personas con discapacidad, de modo que dispongan de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan concurrir en condiciones de igualdad efectiva. Las personas que no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje podrán solicitar la dispensa de estas pruebas al Ministerio de Justicia que, a la vista de las circunstancias particulares y las pruebas aportadas, resolverá motivadamente. Igualmente, podrá dispensarse de dichas pruebas a los solicitantes que hayan estado escolarizados en España y superado la educación secundaria obligatoria. Ambos extremos deberán acreditarse mediante la oportuna documentación incorporada al expediente".

-----Igualmente, se produce la infracción del art. 22 del Código Civil en relación con el art. 14.6 de Ley Orgánica 3/2007 : " A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acci6n positiva".

----En el presente caso tenemos que la solicitud de dispensa la formula una mujer de Marruecos, país donde las mujeres sufren de discriminación respecto de los hombres, por lo que no ha tenido oportunidad de acudir a la escuela ni formarse, por lo que ningún sentido tiene que se le exijan, para probar su integración en España, la realizaci6n de estas pruebas, si quiera adaptadas, por lo cierto es que no podrá superarla dada sus concretas circunstancias personales, y ello a pesar de estar perfectamente integrada en España.

------- Termina diciendo que en este sentido se ha pronunciado también la reciente Sentencia nº 1521/2021, de 17 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En resumen, se alza ahora la recurrente contra la resolución indicada aduciendo, en esencia, que ha quedado suficientemente probado que es analfabeta, por lo que debe dispensársele totalmente de la realización de tales pruebas, y, sin más trámite, concederle directamente la nacionalidad por residencia.

Y en conclusiones vuelve a alegar que la solicitud de dispensa la formula una mujer de Marruecos, país donde las mujeres sufren de discriminación respecto de los hombres, no habiendo tenido oportunidad de acudir a la escuela ni formarse, por lo que ningún sentido tiene que se le exijan, para probar su integración en España, la realización de estas pruebas, si quiera adaptadas, por lo cierto es que no podrá superarla dada sus concretas circunstancias personales, y ello a pesar de estar perfectamente integrada en España.

El Abogado del Estado, por el contrario, solicita la confirmación de las resoluciones recurridas, tras analizar y motivar la adecuación a Derecho de las resoluciones impugnadas.

Aduce que:

---- La actora solicita la dispensa de esas pruebas, que, recordemos, sirven para acreditar el cumplimiento de los requisitos del art. 22.4 CC (buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española) sin acreditar especiales circunstancias que así lo recomienden.

---- El analfabetismo deducido por la recurrente tanto en árabe como en español no ha sido probado. Sin perjuicio de que esta Abogacía entienda que la acreditación del analfabetismo de una persona por no haber sido objeto de escolarización es una potestad que corresponde única y exclusivamente a las Autoridades competentes del país de origen de aquella - nunca al propio interesado - , puede afirmarse de manera inconcusa que el acta de manifestaciones aportada carece de los efectos probatorios pretendidos por la sencilla razón de que la fe notarial propia del acta se extiende solo , y de conformidad con los artículos 17 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 y 198.1 del Reglamento notarial, a la constatación del hecho - manifestación realizada -, y nunca a la veracidad o realidad del hecho manifestado. Con todo, si atendemos a su contenido queda acreditado que el mismo está perfectamente capacitado para hacer frente a las pruebas con las adaptaciones necesarias ya que la propia actora reconoce comprender perfectamente el español. Es por tanto capaz de expresarse verbalmente o de pura palabra en nuestro idioma.

---- En cualquier caso, aun cuando la actora hubiere probado su analfabetismo ( quod non), el analfabetismo aducido tampoco sería obstáculo que impidiera acreditar su integración en la cultura y sociedad española, toda vez que residiendo aquella desde hace más de 21 años en territorio nacional, si no es capaz de poder demostrar, sin necesidad de examen escrito, que por sus vivencias conoce al menos de palabra nuestra lengua, sociedad y cultura, es porque efectivamente no ha querido integrarse en España, y que, por tanto, no es merecedor de la nacionalidad, al no cumplir con el requisitos esencial fijado para su obtención .

---- A lo anterior debe añadirse que el recurrente tampoco aporta en ningún momento dictamen médico que acredite el padecimiento de un deterioro cognitivo que pruebe sus dificultades para someterse a esas pruebas aun con las debidas adaptaciones a su aducido analfabetismo.

----- En definitiva, lo que pretende el actor es que la nacionalidad española le sea otorgada directamente sin acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley ( art. 22.4 CC), y sin que concurran circunstancias que hagan aconsejable la dispensa de las pruebas que acreditan el cumplimiento de dichas circunstancias.

SEGUNDO .- El presente recurso contencioso se interpone contra la Resolución de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 26 de julio de 2021 por la que se acuerda desestimar su petición de la dispensa total solicitada por la Sra. Carmen, para realizar los exámenes CCSE y DELE A2 - prueba de acreditación de dominio del español como lengua extranjera ( dele ) y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de ESPAÑA (CCSE)- obligatorios a efectos de solicitar la nacionalidad española acordándose la revocación de la resolución recurrida y la concesión de la dispensa solicitada, sin necesidad de la adaptación que se le concede expresamente en el expediente número NUM000 por la que no se accede a la dispensa de los exámenes DELE y CCSE en la solicitud de nacionalidad española por residencia, sino a hacer las previstas por el INSTITUTO CERVANTES para la prueba de acreditación de dominio del español como lengua extranjera (DELE) y la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de ESPANA (CCSE) pero de forma adaptada y prevista por el Instituto Cervantes para las personas que no saben leer ni escribir.

La cuestión planteada en el recurso se centra en determinar si quien hoy recurre acredita que concurren en su persona circunstancias que le imposibilitan la realización de las pruebas mencionadas ni siquiera con adaptación, y, sin embargo, se halla suficientemente integrada en la sociedad española en los términos que exige el artículo 22.4 del Código Civil .

El artículo 22 del Código Civil dispone en su apartado 4 que "El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española".

La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, objetivó la apreciación del grado de integración en la sociedad española vinculándolo a la superación de dos pruebas administradas por el Instituto Cervantes. Así, su disposición final séptima establece que:

"La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas".

" La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba.

"En la segunda prueba se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas.

"Dichas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente."

"Estarán exentos de la superación de las pruebas mencionadas los menores de dieciocho años y las personas con capacidad modificada judicialmente".

Esta previsión fue desarrollada en el Real Decreto 1004/2016, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Bajo la rúbrica "Pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española", su artículo 6 regula detalladamente las condiciones en que deberán ser diseñadas y administradas las pruebas y establece también las personas que están dispensadas o exentas de la realización de las pruebas sin necesidad de formalizar solicitud. Tales colectivos son quienes hayan obtenido con anterioridad un diploma de español como lengua extranjera ( DELE ), como mínimo del nivel A2, los nacionales de países iberoamericanos, los menores de 18 años y las personas con capacidad modificada judicialmente (vid. art. 5.2 a. 2a del Reglamento citado).

Finalmente, la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia dispone en su artículo 10.5 que:

" De acuerdo con su normativa específica, el Instituto Cervantes ofrecerá actuaciones especiales en la administración de las pruebas DELE y CCSE para las personas con discapacidad, de modo que dispongan de los apoyos y de los ajustes razonables que les permitan concurrir en condiciones de igualdad efectiva.

Las personas que no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje podrán solicitar la dispensa de estas pruebas al Ministerio de Justicia que, a la vista de las circunstancias particulares y las pruebas aportadas, resolverá motivadamente. Igualmente, podrá dispensarse de dichas pruebas a los solicitantes que hayan estado escolarizados en España y superado la educación secundaria obligatoria. Ambos extremos deberán acreditarse mediante la oportuna documentación incorporada al expediente".

TERCERO. - El Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias, entre otras la de 23/09/2009, señala que el desconocimiento del idioma castellano se traduce en una evidente falta de integración, lo que conlleva la imposibilidad de tener una relación mínima con los miembros de la sociedad con la que se convive. Pues se basa en que el conocimiento del idioma para entender y hacerse entender en el país del que se pretende adquirir la nacionalidad, es un elemento revelador y significativo al ser el vehículo de comunicación entre las personas, además de una obligación recogida en el artículo 3.1 de la Constitución .

Pero como dicen varias Sentencias de la Audiencia Nacional como las de 12/12/2008 y 03/03/2009, la integración social en España no solo depende del conocimiento del idioma en su expresión oral, pues la incapacidad para comunicarse por medios escritos en el idioma oficial del que pretende ser nacional implica un importante grado de aislamiento y marginación incompatibles con la debida integración en la sociedad española

Es necesario reconocer que la alfabetización es, por tanto, un factor esencial de integración en la sociedad que recibe a la persona migrante y, si bien puede ser comprensible que personas de cierta edad tengan especiales dificultades para aprender a leer y escribir, una persona joven que no padece discapacidad alguna y pretende integrarse en la sociedad española y, más aún, adquirir su nacionalidad, como es el caso, debe comenzar por adquirir la habilidad de lectoescritura que le permita participar plenamente en la sociedad española y acceder a su mercado laboral.

No se puede olvidar tampoco que España ha librado desde hace años una batalla contra el analfabetismo y son muchos los recursos puestos a disposición de todas las personas, nacionales o extranjeras, por administraciones regionales, locales o las ONG para que puedan aprender a leer y escribir. Y concretamente en el caso de los extranjeros, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social configura la educación en su artículo 9 como un derecho y en su apartado 3 se establece que los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social.

CUARTO. -Aplicando la normativa y la jurisprudencia expuestas en el ordinal previo al caso concreto, a la vista de la prueba admitida y practicada, debidamente valorada en su conjunto, hemos de desestimar el presente recurso por los siguientes argumentos:

--- Porque la actora ni siquiera acompañó un certificado del Ministerio del Interior del Reino de Marruecos que acreditase que no ha estado escolarizada en esa comunidad, ni siquiera acredita no haber estado escolarizada en España. También aporta contrato de trabajo indefinido de empleada de hogar familiar, y vida laboral y nóminas, asi como acta notarial de dos testigos.

---- Porque también ha acompañado acta de manifestaciones notariales de fecha 24 de octubre de 2019, ante el Notario don PEDRO SOLANA HERNANDEZ, donde indican dos testigos el mismo punto, es decir que nunca ha estado escolarizada en su país, Y QUE ENTIENDE EL ESPAÑOL PERO NO LO SABE NI ESCRIBIR NI LEER. Pero es de advertir que el acta del notario solo contiene una mera declaración jurada, id est, una manifestación verbal de la recurrente y de sus testigos, que refieren que ella no sabe ni leer ni escribir y que no ha realizado estudios ni en Marruecos ni aquí. Aunque entiende el español.

Por ello, de tal modo, el notario no da fe del hecho del analfabetismo de la recurrente, sino de que ésta y sus testigos han manifestado que en concreto ella lo es, lo que es de todo punto distinto..., pero que la administración no considera por si mismas acreditativas del requisito legal. Máxime en vista del hecho de que la demandante que ahora tiene 43 años de edad, reside en España desde hace más de 20 años.

----- Porque en cualquier caso, aun cuando la actora hubiere probado su analfabetismo ( quod non ) y no estuviere realizando un curso de alfabetización, el analfabetismo aducido tampoco sería obstáculo que impidiera acreditar su integración en la cultura y sociedad española, toda vez que residiendo aquella desde hace más de 20 años en territorio nacional, si no es capaz de poder demostrar, sin necesidad de examen escrito, que por sus vivencias conoce al menos de palabra nuestra lengua, sociedad y cultura, es porque efectivamente no ha querido integrarse en España, y que, por tanto, no es merecedora de la nacionalidad española, al no cumplir con el requisito esencial fijado para su obtención.

------ Resumiendo, en el caso que nos ocupa, la persona interesada manifiesta que es analfabeta por no saber leer ni escribir. Pero tras el examen conjunto de toda la documentación disponible y de las alegaciones efectuadas, es preciso destacar que se trata de una persona relativamente joven y con facultades y disponibilidad suficientes como para aprender nuestro idioma tanto a nivel oral como escrito, sin que su condición de analfabeta le impida acceder a los diferentes módulos formativos que ofrecen los poderes públicos, ONG's y entidades privadas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En efecto, como ya se apuntó en las resoluciones ahora impugnadas el idioma es el vehículo esencial de comunicación y el primer factor para lograr una adecuada integración en la sociedad de la que se pretende formar parte. Por lo que en principio el manejo del español oral y escrito es imprescindible para una persona joven, sin discapacidad y que puede y debe acceder al mercado laboral para ser un miembro activo de la sociedad y en plano de igualdad con el resto de los españoles.

------ En definitiva, teniendo en cuenta su edad y el tiempo que lleva en España, no se aprecia que concurran en la persona interesada circunstancias que permitan dispensarle de la realización de las pruebas administradas por el Instituto Cervantes a las que nos venimos refiriendo , sobre todo cuando además en la resolución de 26 de julio de 2021, recurrida, se le ha autorizado expresamente a realizar pruebas adaptadas PREVISTAS POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA PRUEBA DE ACREDITACION DE DOMINIO DEL ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) Y LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE ESPANA (CCSE) SOLICITADA POR Carmen con la necesaria adaptación para personas analfabetas.

----- Así pues, dada la prueba aportada por la parte recurrente, el presente recurso no ha de ser estimado, puesto que además el Instituto Cervantes ha diseñado una forma de realizar las pruebas, para personas que no saben leer ni escribir o con dificultades de aprendizaje , y con las necesarias adaptaciones, con lo que concedida esta posibilidad a la ahora recurrente , se tiene por cumplida la previsión contenida en el precitado artículo 10.5 de la Orden JUS/1625/2016, que permite adaptar las pruebas a sus circunstancias personales, adaptación que al parecer se ofrece y vehiculiza además en la propia Resolución recurrida ( Fº Dº 6º de la misma) e instrucciones que acompañan a la instancia en el modelo oficial correspondiente.

En el mismo sentido, por último, se ha fallado sobre la misma materia en el mismo sentido por esta Sala y Sección en los recursos 460/22 y 777/22 (sentencia de 12.01.23 -ROJ 263) y por la sentencia SAN, Sección 7ª, del 03 de noviembre de 2022 (PO 483/20 - ROJ 5416).

----- En el caso de autos, la recurrente refiere que no fue al colegio y que es analfabeta, en lengua marroquí; pero ello no le impide, como refiere el Abogado del Estado, el haber aprendido nuestro idioma y poder hablarlo en cierto modo...,pero ella solo reconoce en el acta notarial que lo entiende sin más.

De todas formas el Ministerio ha estimado, parcialmente, su solicitud y le permite realizar las pruebas adaptadas para personas que no saben leer ni escribir; lo que elude las dificultades inherentes a su condición de persona analfabeta; ya que las pruebas se realizarán, inequívocamente, de forma verbal.

---- Debe recordarse por último que el interés general de la sociedad española es que quienes acceden a la nacionalidad española por residencia acrediten un conocimiento suficiente de nuestro idioma y prueben que son personas están debidamente integradas en nuestra sociedad y costumbres; acreditación, que, solo cabrá excepcionar en casos extremos y habrá de ser objeto de una interpretación restrictiva.

Por tanto, la conclusión es que en este caso la resolución acordando una adaptación de las pruebas a la situación de discapacidad acreditada del recurrente es conforme con el ordenamiento jurídico.

QUINTO.- Todo lo expuesto conlleva el decaimiento de las pretensiones de la parte recurrente y la correspondiente desestimación del presente recurso, sin que los motivos secundarios aducidos en la demanda provoquen modificación del citado parecer, al tratarse de motivos que, o bien han resultado tácitamente desestimados a la luz de lo expuesto ut supra , o bien son accesorios, y necesariamente decaen como consecuencia de la desestimación del principal, debidamente resuelto y cuya suerte siguen, sin que ello conlleve incongruencia omisiva de trascendencia constitucional alguna, ante la reiterada e invariada jurisprudencia constitucional que establece que una resolución judicial incurre en incongruencia omisiva "cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" (por todas, STC 25/2012, de 27 de febrero , FJ 3) .

SEXTO - En materia de costas, ha lugar a imponerlas a la recurrente DOÑA Carmen , en aplicación del criterio del vencimiento transcrito en el art. 139 LJCA hasta el límite de 500 euros en todos los conceptos.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.