Sentencia Contencioso-Administrativo 11/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 386/2021 de 13 de marzo del 2023

PRIMERO. - Constituye el objeto de este recurso el Acuerdo adoptado por el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid en el Expediente NUM000 de fecha de 30 de junio de 2021 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del Jurado Territorial de Expropiación (JTE) adoptada en sesión celebrada 22 de abril de 2021, por la que se fijó el Justiprecio de la finca NUM001 del proyecto de Expropiación 1517 PIEZA DE VALORACION PARA DETERMINACION JUSTIPRECIO - ÁMBITO U.E.3 PAU - 1, OLIVAR DE LA HINOJOSA, LA SOLANA DEL CÁNTARO, en el municipio de Madrid.

Los datos de que parte la resolución del Jurado Territorial de 22 de abril de 2021 son los siguientes:

Se trata de una finca ubicada en Suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados o con condiciones de desarrollo.

Finca nº NUM002 del Registro de la Propiedad nº 33 de Madrid.

Superficie total: 13.695,00 m2

Superficie expropiada: 12.242,50 m2

Planeamiento: Plan General de Ordenación Urbana

Desarrollo: PAU 1 PP1 API 21.06

Uso característico: Terciario

Aprovechamiento: 0,135600 m2c/m2s

Coeficiente corrector: 0,900000 (resultante de las cesiones urbanísticas, del aprovechamiento materializado u otra situación singularizada)

Finca destinada a zona verde básica.

La valoración del proyecto de expropiación es de 711.411,68 €, valor al que hay que añadir el 5% de afección, lo que da un valor total de 746.982,26 €. Para el suelo se establece un valor unitario Vus de 58,11 €/m2. Se valora el suelo en situación de urbano no consolidado de conformidad con el RDL 7/2015 mediante método residual aplicando una edificabilidad de 330.000 uas (ud de aprovechamiento) 0,076347 ua/m2 del API 21.06 = a 0,076347 m2/m2 referida al 90 % del aprovechamiento. Partiendo de un valor de venta de 3.199,36 €/m2 y un coste de construcción de 1.190 €/m2, descontando costes de urbanización 17,91 €/m2.

El expropiado propuso un valor unitario para el suelo de 2.234,13 €/m2, según valoración como suelo urbano consolidado mediante método residual aplicando la edificabilidad de 2,07 m2/m2 a partir de un precio de venta de 3.471 €/m2 y un coste de construcción de 1.400 €/m2. Solicitando un importe total de 28.718.903,36€, incluido el 5% de afección.

El Jurado establece como fecha de inicio del expediente de expropiación el 21 de octubre de 1997 , fecha correspondiente a la aprobación del PGOUM- 97.

La fecha de inicio de la Pieza Individualizada de Valoración es la de 13 de agosto de 2020, que corresponde a la fecha de presentación de la hoja de aprecio del expropiado ya que se trata de una pieza tramitada por tasación individual.

El Jurado valora la finca según su localización en un terreno urbanísticamente clasificado por el planeamiento general equivalente a urbano consolidado/en situación de urbanizado de conformidad con el RDL 7/2015, artículo 37.1, mediante método residual considerando la superficie y edificabilidad del sector.

La valoración según dicho método se materializa partiendo del precio de venta referido al uso y tipología característicos correspondientes al terreno expropiado, próximo al propuesto por el Ayuntamiento de Madrid a través de los precios muestreados y los publicados por la Comunidad de Madrid para determinar las Bases Imponibles en los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones para el ámbito propio de la actuación.

El valor buscado suelo se obtiene mediante el método residual estático. El valor de repercusión así obtenido se ha aplicado al 100% de la edificabilidad resultante del planeamiento, descontando los costes financieros y de gestión.

Resultando un valor de repercusión de 1.071,91 €/m2 y aplicando el valor resultante al aprovechamiento atribuido al afectado 90% (0,1356 m2/m2) se obtiene el correspondiente valor unitario para el suelo Vbu = 112,88 €/m2, que aplicado a la superficie afectada de 12.242,50 m2, da un valor total de 1.381.933,40 €, más el 5% de afección 69.096,67 €, con lo que el justiprecio asciende a 1.451.030,07€

Con fecha 26 de mayo de 2021 los expropiados representados por D. Ángel María Baselga Coto interponen recurso de reposición contra la anterior resolución del JTEF en el que muestran su disconformidad con la misma, y mantienen sus pretensiones en cuanto al importe de su hoja de aprecio. Y por lo tanto en base a ello solicitan que sea revisada. Alegando que:

1) Se trata de la obtención de un suelo en situación de urbanizado (suelo urbano consolidado) calificado como zona verde con el planeamiento, la gestión y la urbanización ejecutada al 100% al menos desde el año 2003.

2) Cuando se aprobó el Plan General lo contempló incluido en el API 21.06, ámbito que está totalmente ejecutado.

3) No tiene atribuida edificabilidad ni uso privado por el Planeamiento y no se encuentra en ningún supuesto de renovación o reforma, por lo que le es de aplicación el artículo 37.1. segundo párrafo RDL 7/2015. Para determinar la edificabilidad, habrá de estarse a lo establecido en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Valoraciones aprobado por el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.

4) El Jurado no determina ningún ámbito espacial homogéneo para determinar la edificabilidad y repercute un aprovechamiento de 0,13 m2/m2 que supuestamente se corresponde al PAU 1 Olivar de la Hinojosa de 1985.

Al traslado el Ayuntamiento de Madrid formula alegaciones. Discrepa con lo manifestado por los recurrentes en lo que respecta a la consideración del suelo como urbano consolidado. Considera que se trata de Suelo Urbano en su categoría de suelo urbano no consolidado de conformidad con lo dispuesto en el Plan General de Madrid del 97 (PGOUM-97) y lo establecido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). No se trata de una actuación aislada, ya que la finca no se encuentra dentro de ninguna AUC (Áreas de suelo urbano consolidado), sino en un API (Área de Planeamiento Específico) cuyas determinaciones son las correspondientes al planeamiento antecedente, el PAU-1. La finca se encontraba dentro de una actuación de reparto de cargas y beneficios, como finca nº NUM001 del proyecto de expropiación de la UE-3 del PAU-1 "Olivar de la Hinojosa". Por tanto, es de aplicación el 10% de cesión.

Aunque la finca se encuentra en suelo en situación de urbanizado según la vigente Ley del suelo y urbano según el PGOUM-97, este no se equipara exclusivamente a suelo urbano consolidado, sino que también se equipara a suelo urbano no consolidado, como es el presente caso.

En cuanto al aprovechamiento el Ayuntamiento de Madrid señala que, de conformidad con la Memoria del planeamiento aprobado del PAU-1, el aprovechamiento medio que hay que aplicar es el considerado en todo el ámbito del mismo por considerarse una unidad autosuficiente en sí misma. Y es de 0,076347 m2/m2. Todo ello se establece en las páginas 107 y 108 de la memoria del PAU-1 aprobado definitivamente.

El JTEF resuelve sobre estas alegaciones en los siguientes términos:

"... El JTE fija, como el beneficiario, que la clasificación del suelo es de urbanizable y en consecuencia, su desarrollo urbanístico se vincula a un plan parcial.

El ámbito espacial homogéneo, perteneció a un área de suelo urbanizable no programado, que comprendía tres sectores, en uno de los mismos se encuentra la finca afectada.

Por consiguiente se trata de un área sometido a operaciones de equidistribución de beneficios y cargas, y con cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento urbanístico resultante.

Y es sobre la superficie del sector PP-1 la que el JTE ha considerado el ámbito espacial homogéneo.

Por todo lo anteriormente aclarado, al no aportar otra documentación acreditativa que justifique la modificación del justiprecio en la resolución dictada, el recurso formulado SE DESESTIMA."

SEGUNDO. -Motivos de la impugnación.

El recurrente AYUNTAMIENTO DE MADRID funda su pretensión en las consideraciones de su demanda, con apoyo en la Jurisprudencia que cita, que podemos extractar de la siguiente manera:

La resolución del Jurado Territorial incrementa la hoja de valoración de la Administración un 94,25%. Incremento que deriva de la aplicación de criterios que podrían considerarse como errores fácticos unos y jurídicos otros, ya que se trata de Suelo Urbano en su categoría de suelo urbano no consolidado; no nos hallamos ante una actuación aislada; la finca se encuentra dentro de una actuación de reparto de cargas y beneficios, como finca nº NUM001 del proyecto de expropiación de la UE-3 del PAU-1 "Olivar de la Hinojosa"; el aprovechamiento medio que hay que aplicar es el considerado en todo el ámbito del PAU-1, 0,076347 m2/m2; y deben descontarse del valor del suelo los costes y gastos pendientes. Reitera la Hoja de Aprecio emitida por el Servicio de Gestión del Suelo Público de fecha 18 de septiembre de 2020.

Concluye solicitando que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:

"... por la que estimando en todas sus partes el presente recurso declare nula, anule o revoque la de fecha 22 de abril de 2021, tramitada en el expediente nº NUM003, en el que se fija como justiprecio de los bienes y derechos expropiados, correspondientes a la pieza de valoración 06/PV00082.2/2020, finca n° NUM001 del proyecto de expropiación "1517 - "PIEZA DE VALORACION PARA DETERMINACION JUSTIPRECIO - ÁMBITO U.E.3 PAU-I, OLIVAR DE LA HINOJOSA ", incluido el 5% de afección, el importe total de 1.451.030,07 Euros (Un millón, cuatrocientos cincuenta y un mil treinta euros con siete céntimos), más los intereses legales a que se refieren los artículos 52 , 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa , en cuanto sean aplicables.

Declarando la conformidad a derecho de la valoración realizada por el Ayuntamiento de Madrid en su hoja de aprecio de fecha 18 de septiembre de 2020"

Los recurrentes titulares expropiados solicitan en la demanda que se dicte sentencia anulando los citados acuerdos recurridos por no ser ajustados a Derecho, que realice los siguientes pronunciamientos:

"1. Declare que el justiprecio a percibir es el determinado por esta parte en su hoja de aprecio, o subsidiariamente el que resulte de la tasación pericial contradictoria.

2. Igualmente, que se declare la procedencia de los intereses de demora que legalmente devengados.

3. Por último, declare igualmente la imposición de las costas procesales a las Administraciones demandadas."

Formulan, en síntesis, las siguientes consideraciones:

* La finca objeto de expropiación es suelo urbano consolidado. En julio de 2020, fecha de inicio del expediente de justiprecio, el suelo está completamente urbanizado y no está incluido en ningún ámbito de reforma o renovación urbanística. A dicha fecha el API 21.06 Campo de las Naciones es un ámbito de suelo urbano del PGOU de 1997 totalmente ejecutado.

* El suelo está incluido en una zona verde que no tiene asignada edificabilidad ni uso privado por el Plan General y habrá de estarse a la edificabilidad media y uso mayoritario del ámbito espacial en el que se ha incluido.

* El uso mayoritario del ámbito espacial homogéneo establecido (Recinto Ferial) es el uso terciario oficinas. La edificabilidad repercutida por el Jurado es muy inferior a las atribuidas anteriormente en otros expedientes correspondientes al mismo ámbito que van desde 0,45 m2/m2 a 0,77 m2/m2.

* No procede el descuento del 10% de cesión (inaplicable en el suelo urbano consolidado) y de gastos de urbanización (el ámbito está totalmente ejecutado) que el Ayuntamiento y el Jurado realizan en sus respectivas valoraciones.

TERCERO. - Oposición a la pretensión.

El Letrado de la COMUNIDAD DE MADRID, en la representación que ostenta, se ha opuesto a la pretensión ejercitada por los fundamentos de su contestación, en la que interesa la confirmación de la resolución recurrida por sus propios razonamientos que son ajustados a Derecho. Alegando, en esencia, la presunción de validez y acierto del acuerdo del Jurado.

CUARTO. - Presunción de acierto de las resoluciones de los Jurados de Expropiación Forzosa.

Las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, según constante doctrina jurisprudencial, están revestidas de una especial presunción de acierto, atendido el carácter técnico y autonomía de origen de los miembros que forman dicho órgano administrativo - Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2.009-.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo manifiesta que las resoluciones de los Jurados de Expropiación deben ser contempladas y enjuiciadas con el crédito y autoridad que derivan de su imparcialidad, independencia y objetividad, así como de la competencia y preparación técnica de sus componentes, quienes combinan el conocimiento del derecho con el de la realidad económica en la que de distintas maneras participan.

Esa presunción "iuris tantum" de acierto y veracidad de las resoluciones del Jurado, en lo que afecta a las valoraciones efectuadas, puede ser enervada cuando en el proceso contencioso-administrativo se acredite que aquellas decisiones tasadoras incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluida la consistente en no corresponder el justiprecio asignado a los bienes y derechos expropiados con su valor real, para lo que el instrumento más idóneo al efecto es la prueba pericial cuyo objeto, como es sabido, es aportar al Tribunal datos sobre la apreciación de algún hecho de influencia en el pleito respecto del que conocimientos científicos, artísticos o prácticos sean necesarios, o al menos muy convenientes, para debatir con éxito cuestiones de dicha naturaleza.

QUINTO. - Determinación del justiprecio. Valoración de la finca expropiada.

En el aspecto procedimental de la expropiación se debe atender a lo dispuesto por el artículo 26 de la LEF:

1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse.

2. A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El expediente será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a varias personas, o cuando varios bienes constituyan una unidad económica.

En cuanto a la valoración del suelo, el artículo 34.1 b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone que las valoraciones del suelo se rigen por lo dispuesto en la misma cuando tengan por objeto la fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive.

Su artículo 37.1 se refiere a la valoración en el suelo urbanizado que no esté edificado, cual es el caso, en los siguientes términos:

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual estático.

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

En desarrollo del régimen legal, se dictó el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, que dedica los artículos 19 y siguientes a la valoración en situación de suelo urbanizado.

Deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 20 a 22 del Reglamento para la valoración en situación de suelo urbanizado que no esté edificado, o en el que la edificación existente o en curso de ejecución sea ilegal o se encuentre en situación de ruina física.

El artículo 20 señala:

Artículo 20 Determinación del uso y edificabilidad de referencia del suelo urbanizado no edificado a efectos de valoración

1. Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

2. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, se tomará la edificabilidad media ponderada del ámbito espacial en el que se integren.

3. Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media, así definida en el artículo siguiente, y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. A tales efectos, se entiende por ámbito espacial homogéneo, la zona de suelo urbanizado que, de conformidad con el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, disponga de unos concretos parámetros jurídico-urbanísticos que permitan identificarla de manera diferenciada por usos y tipologías edificatorias con respecto a otras zonas de suelo urbanizado, y que posibilita la aplicación de una normativa propia para su desarrollo .

Varias son las cuestiones que se plantean en relación con la valoración del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa que se impugna en este recurso, a las que se dará respuesta por su orden lógico.

Sobre la calificación del suelo.

Partiendo de que todas las partes califican el suelo como urbanizado en la terminología del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los recurrentes pretenden que se declare que nos encontramos ante un suelo urbano consolidado, con el proceso de urbanización y gestión totalmente finalizado y ejecutado, en lo que viene a sostener se trata de una "actuación aislada en Campo de las Naciones". El Jurado y el Ayuntamiento de Madrid sostienen que el suelo pertenece a la categoría de urbano no consolidado.

La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid dispone:

Artículo 14. Suelo urbano.

1. Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que, formando parte de una trama urbana, cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que sean solares por ser aptos para la edificación o construcción y estar completamente urbanizados, estando pavimentadas las calzadas y soladas y encintadas las aceras de las vías urbanas municipales a que den frente y contando, como mínimo, con los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y alumbrado público conectados a las correspondientes redes públicas.

b) Que cuenten con urbanización idónea para la edificación o construcción a que deba otorgar soporte y realizada en grado suficiente, que proporcione, en todo caso, acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

c) Que estén ocupados por la edificación o construcción al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezca el planeamiento urbanístico.

d) Que estén urbanizados en ejecución del planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

2. El planeamiento general diferenciará en el suelo urbano, cuando proceda, todas o alguna de las siguientes categorías primarias:

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares, así como las parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a las de edificación o construcción.

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas.

3. Reglamentariamente se concretarán los criterios para valorar adecuadamente el grado de urbanización y de consolidación de los terrenos para la clasificación como suelo urbano, así como los criterios que sean de aplicación, en su caso, para distinguir entre las dos categorías establecidas.

Pues bien, la finca afectada se integra en el ámbito del Área de Planeamiento Incorporado API 21.06 - CAMPO DE LAS NACIONES, del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).

Dicho ámbito, junto con el API 21.09 (Sector III Olivar de la Hinojosa) y el APE 21.10 (Recinto del Parque Ferial Juan Carlos I) proviene del Plan de Actuación Urbanística PAU.1 Olivar de la Hinojosa y del PP.1 del PAU.1 Olivar de la Hinojosa por el que se modifican las dos parcelas triangulares asignadas a dotaciones que pasan a tener uso de servicios terciarios con una edificabilidad conjunta total de 32.733 m2. La asignación por parcela de la edificabilidad se haría mediante estudio de detalle con las condiciones de forma y uso que establece el Plan Parcial y cumplimiento de las servidumbres aeronáuticas. La parcela que ocupa el Palacio Municipal de Congresos se califica de servicio público singular. Se modifica la conexión viaria desde la prolongación de la Gran Vía de Hortaleza con la autopista A10 que deberá definirse de forma compatible con la organización interna de la ampliación del Recinto Ferial.

La finca es un terreno sin edificar situado en el barrio de Valdefuentes delimitado por la carretera M-11, el tendido ferroviario que une la Estación de Chamartín con San Fernando de Henares y la calle Ariadna, dirección catastral.

Actualmente constituye un parque metropolitano denominado "Bosque de los Abrazos Perdidos", conformado por zonas ajardinadas, calles peatonales de paseo con zonas de esparcimiento y espacio de juegos infantiles.

El informe de parte que se adjunta a la Hoja de aprecio de los recurrentes valora el suelo como urbano consolidado partiendo de la información del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e infraestructura correspondiente al año 2006 obtenida de la web municipal, de la que deduce que el ámbito del API 21.06 está completamente urbanizado.

El perito judicial expresa en su informe que "el ámbito ya se encontraba desarrollado y urbanizado con notable anterioridad a la fecha de la valoración, 13 de agosto de 2020, contando desde entonces con los servicios urbanos y sistemas generales en funcionamiento."

No concreta este apartado en el informe y a las aclaraciones solicitadas por el Ayuntamiento señala:

"La porción de terreno objeto del presente informe y afecta a la expropiación, se integra en el ámbito del Área de Planeamiento Incorporado API 21.06 - CAMPO DE LAS NACIONES, del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).

Dicho ámbito, junto con el API.21.09 (Sector III Olivar de la Hinojosa) y el APE.21.10 (Recinto del Parque Ferial Juan Carlos I) proviene del Plan de Actuación Urbanística PAU.1 Olivar de la Hinojosa.

Los ámbitos procedentes de aquel Plan de Actuación Urbanística son los actualmente recogidos en el planeamiento en vigor como Áreas de Planeamiento Incorporado y Áreas de Planeamiento Específico.

Dichos ámbitos, siempre bajo la consideración de las informaciones disponibles para la redacción de nuestro informe, se encuentran con sus urbanizaciones completamente finalizadas y en funcionamiento desde hace varios años, y con sus parcelas resultantes y finalistas edificadas en su totalidad.

Es en el sentido de lo anterior el motivo por el que se indica en nuestro informe la ubicación del terreno valorado en un entorno consolidado urbanísticamente, sin perjuicio de que existan cargas urbanización pendientes o hitos sin finalizar, extremo que desconocemos, si bien es cierto que los servicios técnicos municipales no han puesto de manifiesto dicha circunstancia en ninguno de los documentos consultados.

Incluso el parque público que se localiza sobre los terrenos entre los que se integra el valorado se encuentra totalmente urbanizado en la fecha de la visita cursada a los efectos del presente informe.

La consultas realizadas a las ortofotos disponibles en el Nomenclátor Oficial y Callejero de la Comunidad de Madrid, nos han permitido comprobar que ya en los años 90 se encontraban los ámbitos ya urbanizados, con el recinto ferial IFEMA en funcionamiento, así como el resto de las edificaciones del API 21.06, así como el Parque Juan Carlos I, y ya desde año 2003, con prácticamente la totalidad de las edificaciones en el API 21.09."

El perito no desarrolla las informaciones disponibles a las que alude en su informe y parece referirse, más que a la situación de la parcela en cuestión a la fecha de la valoración del terreno, a la situación del entorno, en el que incluye el API 21.09 y el APE 21.10. Alude también a la situación actual de la parcela, parque urbano, situación que carece de relevancia a los efectos de la valoración que se impugna.

Finalmente admite desconocer si existen cargas pendientes de urbanización o hitos sin finalizar.

Con estos datos y a la vista de los planos existentes y fotografías que se adjuntan al informe de los expropiados unido a su Hoja de aprecio en el expediente administrativo (folios 19 y 22) y al informe pericial (pág. 13), es evidente que la finca en cuestión no puede ser calificada como suelo urbano consolidado dado que no consta acreditado que contase con todos los elementos expresados en el artículo 14.1 de la Ley 9/2001. Lo que nos lleva a su calificación como suelo urbano no consolidado que define el artículo 14.2 b) y que es la recogida en la valoración del Jurado.

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2011, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Recurso 3408/2007 " El suelo urbano es un concepto reglado y ajeno a la potestad discrecional de planeamiento [por todas, STS de 27 de noviembre de 2003 (recurso de casación nº 984/1999 )] que parte de la concurrencia sobre el terreno de condiciones físicas tasadas: Acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar consolidado por la edificación en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística. Por ello el planificador no puede clasificar como urbano un suelo que carezca de esos servicios urbanísticos y debe clasificarlo como urbano en el caso de que los tenga. Pero todo ello siempre y cuando dichos servicios resulten de dimensiones adecuadas para los usos previstos en el planeamiento y la parcela en cuestión se integre dentro de la " malla urbana "de la ciudad. [ Sentencias de esta Sala y Sección de 1 de febrero de 2011 ( Casación 5526/2006), de 21 de enero de 2011 ( Casación 6388/2006), de 20 de julio de 2010 ( Casación 2215/2006), de 22 de marzo de 2005 ( recurso de casación nº 2941/2002 ) y de 17 de julio de 2007 ( Casación 7985/2003 ), por citar sólo algunas de las más recientes]."

El artículo 14.2 b) de la Ley 9/2001 define el suelo urbano no consolidado como el integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, la precisada de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas.

En este sentido en el informe pericial judicial se señala "... la finca objeto de informe está incluida en el Plan de actuación Urbanística PAU.1 "Olivar de la Hinojosa", entre cuyos objetivos, figura el de cubrir el grave déficit de espacios libres de recreo y expansión del Este de la ciudad y los municipios colindantes del Área Metropolitana con la preparación de más de 340 Has de parque urbano."

Es correcta pues la valoración como suelo urbano no consolidado que requiere actuaciones de reforma, renovación o dotación, y en situación de urbanizado, según la vigente Ley del suelo, con la correspondiente equidistribución de beneficios y cargas, consideración está en la que coinciden el Ayuntamiento y el Jurado Territorial de Expropiación.

Sobre la edificabilidad del suelo expropiado.

Según el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para la valoración del suelo urbanizado que no esté edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física, se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

El JTEP utiliza como ámbito espacial homogéneo, dado que la parcela pertenecía a un área de suelo urbanizable no programado que comprendía tres sectores, en uno de los cuales se encuentra la finca afectada, la superficie de ese sector y repercute su aprovechamiento del 0,13 m2/m2. Este criterio no ha sido desvirtuado ni por el Ayuntamiento que pretende aplicar el aprovechamiento del PAU 1 en el planeamiento precedente, 0,076347 m2/m2, ni por los expropiados que incluyen sectores heterogéneos en el ámbito que definen en la demanda como "Recinto Ferial" (pg. 21), con un aprovechamiento medio de 2,07 m2c/m2s en el dictamen unido al expediente (folios 34 y 35).

Tampoco se acepta el obtenido por el informe pericial judicial que no responde a una edificabilidad media de un ámbito espacial homogéneo de conformidad el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, porque para determinar la edificabilidad media acude a parcelas de ámbitos diferentes, como el API 21.09 o el APE 21.10, con el argumento, en las aclaraciones que realiza a solicitud del Ayuntamiento, de tratarse de ámbitos "con la misma procedencia" en alusión a que proceden también, como el API 21.06, del PAU-1 Olivar de la Hinojosa. Tomando en consideración solo parcelas edificadas con aprovechamientos lucrativos y con uso terciario industrial. Lo que no responde al criterio legal de homogenización del artículo 37.

Por otra parte, el Jurado fija un valor en venta de 3.200 €/m2, que es prácticamente el mismo que se fija en el informe pericial judicial (3.210 €/m2).

Por ello procede confirmar la valoración del Jurado que goza de presunción de acierto que no ha sido desvirtuada y desestimar los recursos interpuestos.

SEXTO. - Sobre las costas

De conformidad con el criterio de vencimiento objetivo consagrado en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas de los recursos interpuestos a los recurrentes.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho precepto, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de estas o hasta una cifra máxima" y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, por todos los conceptos, ha de satisfacer a la parte contraria cada una de las condenadas al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 2.000 euros, más la cantidad que en concepto de IVA corresponda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación