Sentencia Contencioso-Administrativo 590/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1170/2023 de 02 de julio del 2024

PRIMERO.-La sentencia apelada desestima el recurso contencioso formulado por los apelantes arriba reseñados contra el acuerdo nº 880/2022, de 29 de julio 2022, de la Junta de Gobierno Local de Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, que resolvió alegaciones y aprobó definitivamente la cuenta de liquidación relativa a la reparcelación económica del ámbito de la unidad de ejecución compuesta por las urbanizaciones " DIRECCION000 y DIRECCION001" del PGOU de las Rozas de Madrid, en la que queda reflejada la distribución definitiva de gastos de urbanización y se establece la "cuota final que procede exigir a cada finca de resultado".

En la indicada resolución judicial se recoge como antecedentes de hecho no cuestionados los siguientes y necesarios exponer para resolver las cuestionas litigiosas objeto del recurso:

-Con fecha 29 e julio de 2008, la Junta de Gobierno Local, aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación Económica y el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución.

-El 14 de septiembre de 2012, la Junta de Gobierno Local, adjudica el contrato de ejecución de las obras de Urbanización a la Empresa CORSAN CORVIAN CONSTRUCCIONES S.A.

-Con fecha 6 de abril de 2015, se firma acta de recepción de la urbanización.

-El 1 de diciembre de 2017, la Junta de Gobierno Local, aprueba la medición general de las obras de Urbanización " DIRECCION000 y DIRECCION001".

-El 7 de junio de 2019, finalizado el procedimiento por imposición de penalidades al contratista por retraso en la ejecución de las obras, fue aprobada la certificación final y liquidación de las obras.

-Con fecha 27 de marzo de 2020, la Junta de Gobierno aprueba inicialmente la cuenta de liquidación definitiva relativa a la Reparcelación Económica del ámbito de la Unidad de Ejecución compuesta por las Urbanizaciones DIRECCION000 y Coruña.

- Por acuerdo nº 880/2022, de 29 de julio de 2022 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, se aprobó definitivamente la cuenta de liquidación definitiva relativa a la Reparcelación Económica de la Unidad de Ejecución que nos ocupa.

Este acuerdo se notificó a los recurrentes el 29 de agosto de 2022 y es el objeto del presente recurso contencioso administrativo.

Se especifica en la sentencia que los motivos de impugnación del acuerdo recurrido esgrimidos por la parta actora son: prescripción de la cuota de urbanización por transcurso del plazo de 5 años; subsidiariamente, caducidad del expediente de liquidación definitiva de la cuota de urbanización.

Se destaca en primer lugar: "Ahora bien, debemos distinguir dos conceptos diferenciados:

-el primero la acción de la Administración para liquidar la reparcelación, que tiene lugar mediante la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva, a la que se refiere el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), respecto de la que no cabe hablar de prescripción ni de caducidad, y

-el segundo al requerimiento de pago por dicha Administración a cada propietario de las cuotas individualizadas que resulten de la cuenta de liquidación definitiva una vez aprobada.

Siendo el plazo de prescripción a considerar respecto de la acción de la Administración para exigir el pago de las cuotas de urbanización el de quince/cinco años previsto para las acciones personales en el art. 1964 del Código Civil . El dies a quo es el de aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación tras la conclusión de la urbanización de la unidad reparcelable".

Se transcribe el artículo 128 del RGU y particulares de las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2020, rec. 942/2018, 11 de noviembre de 2020, rec. 1150/2019, 9 de junio de 2021, rec. 8354/2019 y 4-10-2021, rec. 2308/2020. Asimismo se transcribe la sentencia de la Sala Civil del tribunal Supremo de 20 de enero de 2020, rec. 6/2018.

Seguidamente, se aclara que la resolución impugnada aprueba definitivamente la liquidación de la reparcelación económica en cuestión quedando recogida la distribución definitiva de gastos de urbanización, constando informe elaborado por el ingeniero de caminos municipal de 6 de marzo de 2020 y anexo consistente en tabla de reparto de costes, pero en dicho acto no existe requerimiento de pago de las cuotas de urbanización, sólo la liquidación de esa reparcelación conforme al artículo 128.1 de la RGU.

Concluye en este punto: " La demora en la realización de la liquidación definitiva, respecto del plazo de cinco años desde el Acuerdo de reparcelación, del art. 128.1 RGU, produce, como dice el TS en la STS 09.06.2021 antes referida, los efectos propios del incumplimiento de los plazos en su caso establecidos o el retraso en la adopción de la resolución administrativa correspondiente, como resulta del actual art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común, de manera que solo determina la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, lo que no es el caso, pues el art. 128 del RGU no atribuye tal naturaleza al plazo indicado en el mismo, como tampoco se establece en las normas estatales posteriores al RGU, como son artículo 16.1.a del TRLS- 2008, y después el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana , aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (artículos 7.1.b y 18.2 ).

Dicha demora, por lo tanto, es un mero defecto formal que no constituye causa de anulación del acto.

Por otro lado, la fecha de aprobación de la liquidación definitiva tiene relevancia para la exigencia de dichas cuotas de urbanización en cuanto vienen a determinar el dies a quo del cómputo del plazo para exigir el pago de las mismas (plazo para las acciones personales en el art. 1964 CC ).

Lo que nos lleva a desestimar la prescripción alegada".

Con relación al motivo alegado de forma subsidiaria de caducidad del expediente pues la actora entiende que en este caso es de aplicación el plazo de tres meses del artículo 21.3 de la Ley 39/2015, la sentencia de instancia, tras trascribir particulares de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2020, rec. 5674/2018, concluye que la fundamentación de la misma es aplicable al presente caso de autos "en relación con la aprobación definitiva de la liquidación definitiva relativa a la Reparcelación Económica del ámbito de la Unidad de Ejecución. Estamos ante un procedimiento iniciado de oficio y podemos considerarla como el ejercicio de una potestad administrativa "en general de intervención", pero no es posible considerar que la misma produce "efectos desfavorables o de gravamen", a los efectos del art. 25.1.b) Ley 39/2015 , pues el abono de las cantidades a pagar se corresponde a los beneficios obtenidos, así como el reparto proporcional de las cargas. La "equidistribución de beneficios y cargas" de la reparcelación impide considerar la misma, desde la racionalidad, como productora de "efectos desfavorables o de gravamen".

No habiendo la actora realizado alegaciones ni prueba en contrario.

Todo lo que nos lleva a desestimar el motivo de impugnación y, con ello, el recurso contencioso-administrativo".

SEGUNDO.-La parte apelante articula su recurso de apelación con base a los siguientes motivos que en resumen son:

1º.- La cuota de urbanización en este caso ha quedado prescrita a tenor del artículo 1964 del Código Civil. Según la STS de 25 de mayo de 2020 (recurso nº 942/2018), el plazo de prescripción aplicable a las cuotas de urbanización es el del artículo 1964 del Código Civil y se ha de computar desde la conclusión de las obras de urbanización según el artículo 128 del RGU. Sin embargo, la sentencia apelada, a criterio de dicha parte, incurre en error partiendo en primer lugar distinguiendo la acción de liquidación de la reparcelación y el requerimiento de pago de las cuotas individualizadas.

A tenor del artículo 128.1 del RGU la liquidación definitiva de las cuotas de urbanización se ha de realizar cuando concluya la urbanización de la unidad reparcelable y siempre se ha de hacer de forma definitiva en cinco años desde la aprobación de la reparcelación. La sentencia apelada dice que se ha de iniciar el plazo de la prescripción desde el requerimiento de pago de la cuota una vez aprobada la liquidación definitiva y no desde la finalización de la urbanización. A criterio de la parte, esta interpretación es errónea pues no se ajusta a la doctrina contenida en las propias sentencias del Tribunal Supremo invocadas en la sentencia y porque el plazo de prescripción habría de iniciarse desde el momento en que la administración cuenta con todos los elementos para liquidar definitivamente la cuota urbanística individualizada, es decir, desde la finalización de las obras de urbanización y su recepción formal. En este caso, la prescripción de las cuotas conforme al artículo 1964 del Código Civil se iniciaría con la recepción por parte del ayuntamiento de las obras de urbanización. Así se entiende de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2021, rec. 8354/2019).

En este concreto caso que se enjuicia en la presente unidad reparcelable, la recepción formal de las obras de urbanización se emitió el 6 de abril de 2015 (informe técnico al folio 41 y ss. del expediente). En ese momento, el ayuntamiento tiene conocimiento de las obras y ya contaba con elementos fácticos y técnicos para determinar la liquidación definitiva. Al ser una relación jurídica nacida entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, la acción de exigir las cuotas de urbanización prescribiría el 7 de octubre de 2020. La notificación de la aprobación definitiva de la cuenta de liquidación se notificó el 24 de agosto de 2022 (folios 1733 y 1734), por lo que conforme al artículo 1964 del Código Civil y la interpretación dada por la Sala Civil del Tribunal Supremo de la Ley 42/2015, en este caso la cuota de urbanización emitida estaría prescrita.

La aprobación inicial de la cuenta de liquidación definitiva de la reparcelación económica de la unidad de ejecución compuesta por las urbanizaciones " DIRECCION000 y DIRECCION001, de Las Rozas, de 27 de marzo de 2020, no tiene efectos interruptivos del plazo de prescripción pues no constituye una reclamación extrajudicial del acreedor y ello se deduce del propio contenido de la resolución (folio 322 del expediente). En resumen, las obras de urbanización se recepcionaron el 6 de abril de 2015 y la liquidación definitiva fue aprobada el 29 de julio de 2022, habiendo transcurrido el plazo de 5 años aplicable en este caso del artículo 1964 del Código Civil.

El ayuntamiento demandado se opone al recurso de apelación señalando, en primer lugar, que las cuotas de urbanización son un recurso que se genera por la actividad urbanística de los municipios y su pago es una obligación regulada por el RDL 7/2015, de 30 de octubre, recayendo tal obligación de pago en los propietarios de las fincas en que se ha ejecutado la actuación urbanística proyectada.

Sobre el plazo de prescripción a la obligación de pago a tenor de la doctrina jurisprudencial, es de aplicación el previsto en el artículo 1964 del Código Civil. El inicio del plazo sería el de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación que contiene la cuenta de liquidación provisional del proyecto con sus cuotas de urbanización correspondientes. En este caso, el 29 de julio de 2008 se adoptó por la Junta de Gobierno Local aprobar de forma definitiva el proyecto de reparcelación y el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución objeto de autos.

Como en este caso la aprobación de la reparcelación fue en 29 de julio de 2008, sería de aplicación el plazo de prescripción de 15 años de las acciones personales (pago de cuotas de urbanización) y no el de 5 años tras la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, del Código Civil. El inicio sería con esa aprobación sin perjuicio de que se haya o efectuado la liquidación de cuotas. Asimismo, esa fecha de inicio de la prescripción es cuando se ha aprobado definitivamente la liquidación de las cuotas de urbanización, que normalmente ocurre cuando las obras de urbanización han finalizado y en su caso liquidado. Por tanto, fue el 7 de junio de 2019 cuando finalizó el procedimiento de imposición de penalidades al contratista por retraso en la ejecución cuando fue aprobada la certificación final y la liquidación de las obras. Solo con la liquidación definitiva es cuando se determina la contribución de las cargas de urbanización que cada propietario debe efectuar una vez conocidos los costes reales de la actuación.

TERCERO.-Para un correcto examen de este recurso, se han de recordar los siguientes preceptos de aplicación al caso:

Artículo 128 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RGU):

"1. La liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuando se concluya la urbanización de la unidad reparcelable y, en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde el acuerdo aprobatorio de la reparcelación.

2. Tendrá exclusivamente efectos económicos y no podrá afectar a la titularidad real sobre los terrenos.

3. En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta:

a) Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan producido con posterioridad al acuerdo de reparcelación.

b) Los errores y omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo.

c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al mismo.

4. Si, con posterioridad a la liquidación definitiva, se produjeran nuevas resoluciones administrativas o judiciales, con efecto sobre los intereses económicos de los afectados, la ejecución de las mismas habrá de producirse en un expediente nuevo y distinto.

El artículo 129 de la misma norma dice: "La liquidación definitiva se redactará por la Administración actuante y será notificada, publicada, tramitada y aprobada en la misma forma que el proyecto de reparcelación".

Artículo 1964.2 del Código Civil: "Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan "(texto modificado por la disposición final 1 de la Ley 42/2015 , que en la disposición transitoria 5 dice: "El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley , se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil ".

Artículo 1939 del Código Civil : "La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para laprescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo"

Respecto a la aplicación de dicho término de prescripción a las cuotas de urbanización, recordar la sentencia del Tribunal Supremo invocada en la sentencia apelada de 9 de junio de 2021, rec. 8354/2019:

"SEGUNDO.- Planteado en estos términos el recurso, no le falta razón a la parte recurrida cuando pone de manifiesto la distinción entre la liquidación de las obligaciones derivadas de la urbanización y el plazo para la exigencia de las mismas, distinción que no resulta clara en las actuaciones y resoluciones de instancia e incluso en este recurso de casación, en cuanto se alude al plazo de prescripción de las obligaciones establecido en el art. 1964 del Código Civil como alternativa al plazo de la Administración para llevar a cabo la liquidación de las obras de urbanización a que se refieren el art. 128 del RGU y el art. 128 de la LOUA.

Estos últimos preceptos se refieren al procedimiento de urbanización y liquidación de las correspondientes actuaciones y, con tal carácter, las posibles demoras en su realización producen los efectos propios del incumplimiento de los plazos en su caso establecidos o el retraso en la adopción de la resolución administrativa correspondiente, como resulta del actual art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común, de manera que solo determina la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, lo que no es el caso, pues el art. 128 del RGU no atribuye tal naturaleza al plazo indicado en el mismo y el art. 128 de la LOUA ni siquiera establece plazo al respecto, como tampoco se establece en las normas estatales posteriores al RGU, como son artículo 16.1.a del TRLS- 2008, y después el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana , aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (artículos 7.1.b y 18.2 ).

Los referidos arts. 128 RGU y 128 de la Ley 7/2002 , en cuanto se refieren a la liquidación de las obras de urbanización y obligaciones de los propietarios, tienen relevancia para la exigencia de dichas obligaciones en cuanto vienen a determinar el dies a quo del cómputo del plazo para exigir el cumplimiento de las mismas, plazo que no se establece en dichas normas, como tampoco se establece en las normas urbanísticas estatales que se acaban de indicar, por lo que no cabe hablar de prescripción al respecto.

Ciertamente los términos en que se expresan las actuaciones y sentencias recurridas podrían inducir a confusión sobre el objeto de la controversia, lo que se refleja en el propio auto de admisión, pero si se examina de manera precisa la actuación administrativa impugnada y las pretensiones que se ejercitan en el proceso, puede concluirse que lo que se discute es la determinación del plazo para exigir por la Administración el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la urbanización.

Así, las resoluciones administrativas impugnadas no se limitan a la aprobación de la liquidación de las obras sino que incluyen el requerimiento de pago a los propietarios y lo que estos cuestionan, sustancialmente, es que les sea exigible el pago de tales obligaciones, y así se refleja en la sentencia de instancia cuando, planteada la inadmisibilidad por modificación de la pretensión, se señala que la pretensión principal consiste en que no se giren las cuotas complementarias de urbanización y, por otra parte, el pronunciamiento de las sentencias es de prescripción que, como tal, ha de entenderse referida a dichas cuotas u obligaciones urbanísticas, aun cuando hable de la liquidación practicada en las resoluciones administrativas.

Pues bien, así entendida la cuestión de interés casacional que se suscita en el auto de admisión, la determinación del plazo de prescripción deriva de la naturaleza de la obligación que se trata de hacer efectiva. Al respecto y como señalamos en sentencia de 15 de junio de 2020 , resulta significativo el criterio jurisprudencial, según el cual, las obligaciones urbanísticas no tienen naturaleza tributaria, como se indica en la sentencia de 31 de octubre de 2017 cuando reproduce la sentencia de 19 de enero de 2017 (rec. 1726/2015 ) según la cual: "de acuerdo con una constante jurisprudencia, la carga impuesta a los propietarios de los terrenos afectados por una actuación urbanística de sufragar los costes de urbanización es la contrapartida, junto con la de efectuar las cesiones de los terrenos que establece la Ley, para que aquellos puedan obtener los aprovechamientos inherentes a la condición de urbanas de las parcelas resultantes. Consecuentemente tales cargas deben considerase como compensación frente al beneficio obtenido".

Dicho criterio no hace sino reflejar la regulación y delimitación del derecho de propiedad por las normas urbanísticas, que determinan el contenido obligacional a que se sujeta el ejercicio del derecho en el ámbito urbanístico, en el cual, como dispone el art. 11 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana , aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, "el régimen de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística".

Se trata de obligaciones derivadas del ejercicio del derecho de propiedad en el ámbito de la función pública de ordenación territorial y urbanística llevada a cabo por la Administración en virtud de las facultades de planificación y ejecución que le atribuyen las normas sectoriales. Como dispone, en la actualidad, el art. 4 del referido TRLSRU de 2015, "la ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de este."

A tal efecto resultan significativos principios como la participación de la comunidad en las plusvalías generadas (art. 4 TR15), condicionamiento del derecho al cumplimiento de los deberes y levantamiento de las cargas urbanísticas ( art.11TR15) o distribución equitativa de beneficios y cargas ( art. 23 TR15), principios que son una constante en la legislación urbanística, caso del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 o la Ley 6/98, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, de la misma manera que es una constante en dicha legislación la determinación de las facultades, deberes y obligaciones urbanísticas en razón de la titularidad o propiedad del suelo, sin que la transmisión de las fincas modifique la situación del titular respecto de tales facultades, deberes y obligaciones, quedando subrogado el nuevo titular en los derechos y deberes urbanísticos del anterior propietario ( art. 21 Ley 6/98 ; art.27 TR15).

En consecuencia, la exigencia del cumplimiento de tales obligaciones se sujeta al régimen y procedimientos establecidos en dicha normativa sectorial, incluidos los plazos de prescripción que pudieran establecerse al efecto, sin que el hecho de que se produzca en el ámbito de una función pública, como la urbanística, permita, alterando su naturaleza, acudir al régimen establecido para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la legislación tributaria y presupuestaria, es decir, deudas tributarias y demás derechos de la Hacienda Pública sujetos al régimen de administración y gestión establecido en tales normas.

Ello justifica que, como se indica en las referidas sentencias, a falta de una previsión específica en la normativa urbanística sobre la prescripción de tales obligaciones haya de acudirse al plazo general de prescripción de las acciones personales, que no tengan señalado un término especial, establecido en el art. 1964 del Código Civil , de quince años, que se redujo a cinco años por la modificación efectuada por la disposición final 1 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre .

TERCERO.- Lo anteriormente expuesto permite dar respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, entendiendo que el plazo de prescripción a considerar respecto de la acción de la Administración para exigir el pago de las cuotas de urbanización es el de quince/cinco años previsto para las acciones personales en el art. 1964 del Código Civi ".l

Respecto a la aplicación del plazo de prescripción tras la modificación del citado artículo 1964 del Código Civil, se ha de reproducir también la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sec. 1ª, de 20 de enero de 2020, rec. 6/2018:

"3.- Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos lo previsto en su Disposición transitoria quinta con el art. 1939 CC , al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años:

(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC .

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC , no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC ."

CUARTO.-En esta segunda instancia, a tenor del contenido del recurso de apelación de los recurrentes y del de oposición al mismo del ayuntamiento demandado, la única cuestión que se plantea es si cuando se notifica el acuerdo impugnado, del que se deriva la correspondiente cuota de urbanización a pagar por los propietarios de la unidad de ejecución en cuestión, había prescrito o no esa acción de reclamación de dicha cuota por parte del ayuntamiento demandado aplicando el plazo de prescripción del artículo 1964, del Código Civil, a tenor de la doctrina expuesta en relación a dicho precepto y al 128 y concordantes del RGU.

La parte recurrente y apelante entiende que sí, porque, como se ha expuesto, la misma considera que el día de inicio del plazo es el 6 de abril de 2015, fecha de recepción de las obras de urbanización, de forma que en la fecha de notificación del acuerdo de aprobación de la liquidación definitiva (27 de julio de 2022) el 29 de agosto de 2022, ya había transcurrido el plazo legal de prescripción de 5 años aplicable en este caso porque a su entender hay que tener en cuenta que es una relación jurídica nacida entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015.

Sin embargo, coincide esta Sección con la tesis de la sentencia apelada a tenor de la normativa aplicable en este caso y la doctrina que la interpreta. Efectivamente, en este concreto caso la liquidación definitiva de la reparcelación es la aprobada en el acuerdo impugnado tras la definitiva recepción de la obra de urbanización con la certificación final de 7 de junio de 2019, y después de la primera de 6 de abril de 2015, en tanto que hubo retrasos por el contratista. A continuación, hubo la aprobación inicial de la liquidación el 27 de marzo de 2020, que notificada a los interesados, y tras alegaciones de estos que constan en las actuaciones, condujo al acto de aprobación definitiva de la cuenta de liquidación el 29 de julio de 2022, en la que consta el anexo del informe elaborado por el ingeniero de caminos municipal de 6 de marzo de 2020 donde se incluye el reparto de costes. Este último constituye la cuenta de liquidación definitiva relativa a la Reparcelación Económica del ámbito de la Unidad de Ejecución compuesta por las urbanizaciones " DIRECCION000 y DIRECCION001" de Las Rozas de Madrid y se redacta tras la completa terminación, recepción y liquidación de las obras de urbanización, que se ha llevado a cabo por el Ayuntamiento por el sistema de cooperación. Asimismo, recoge el desarrollo y antecedentes de la actuación del citado ámbito, desde la aprobación del proyecto de reparcelación económica con su cuenta de liquidación provisional hasta la propuesta de liquidación final, concretándose la cuota final que corresponde a cada una de las fincas de resultado, derivada de la diferencia entre la cuenta de liquidación provisional y la primera cuota girada sobre la misma y la realidad de los gastos realmente producidos para la efectiva ejecución y tramitación de las obras de urbanización, como se indica en ese documento.

En ese momento se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 128.1, en relación al 129, ambos del RGU, concretándose la cuota final a requerir a cada uno de los integrantes de la unidad de ejecución, es decir, del titular o titulares de las correspondientes fincas de resultado, tras la conclusión de las obras de urbanización. Incluso aceptando la tesis de la recurrente, la certificación final de las obras de urbanización se produjo el 7 de junio de 2019, por lo que tampoco la acción de requerimiento del pago de las cuotas hubiera prescrito. Pero, se reitera, la concreción final de esas cuotas a pagar por los propietarios de la unidad de ejecución tras la reparcelación económica, se produce con esa aprobación definitiva de la liquidación y es a partir de ese momento cuando se iniciaría el plazo de prescripción. Por lo que en este caso, tal acertadamente se resuelve en la sentencia apelada, no había prescrito la acción de exigencia de las cuotas de urbanización. En consecuencia, el presente recurso se ha de desestimar.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, las costas causadas en este procedimiento se han de imponer a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, y no apreciarse en este caso serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, de los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 2.000 €, más la que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.