Sentencia Contencioso-Administrativo 839/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1455/2021 de 20 de diciembre del 2023

PRIMERO .- Por DON Cesar, se recurre contra la Resolución de 13 de mayo de 2021 de la Directora de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación por la que se desestima el recurso de alzada dictada conforme al informe del Comité Asesor de 17 de septiembre de 2020, que decidió otorgar al actor valoración negativa para el tramo de evaluación solicitado, Tramos evaluados: 2003-2008, Campo 7.1: Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y Estudios de Género.

Demanda el recurrente que se declare la nulidad de la resolución impugnada y se le reconozca a mi mandante el tramo 2003-2008, el complemento específico de investigación correspondiente, más los intereses legales que legalmente le correspondan, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada, alegando en síntesis: (i) que la concesión de la pretensión se produjo por silencio administrativo positivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la Ley 39/2.015 y 26 del Real Decreto-Ley 8/2.011, por el transcurso de más de seis meses entre la solicitud de evaluación y la notificación de la resolución expresa denegatoria, que debe reputarse nula al contravenir lo establecido en el artículo 24.3.a) de la Ley 39/2.015 que impide que la Administración pueda desestimar expresamente solicitudes que han sido estimadas por silencio administrativo, con reseña de pronunciamientos judiciales al respecto; (ii) que se ha generado indefensión como consecuencia de la falta de motivación de las resoluciones impugnadas.

En el caso que nos ocupa es evidente que no han sido examinadas las aportaciones sometidas a evaluación, aportaciones 2 y 5.

A mayor abundamiento debe señalarse que las cinco aportaciones seleccionadas en el currículum vitae abreviado tienen calidad suficiente para obtener el reconocimiento del tramo de investigación solicitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1994.

Añade que el tramo de investigación solicitado se corresponde con el sexenio 2003- 2008. Si, como ha sucedido de acuerdo con lo indicado por el informe del Comité Asesor, la evaluación de ese tramo se ha realizado de acuerdo con los criterios publicados para la convocatoria 2019, en lugar de los criterios publicados para la convocatoria 2008 en la Resolución de 11 de noviembre de 2008 (BOE de 22 de noviembre de 2008) de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, habrá tenido un trato desigual respecto a los compañeros que para ese mismo tramo fueron evaluados con los criterios de esta última resolución.

SEGUNDO .- El Abogado del Estado, en defensa de la demandada Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación, insta la desestimación del recurso por los argumentos de su escrito de contestación, que giran en torno a la suficiente motivación administrativa de las valoraciones otorgadas a las aportaciones del recurrente sobre la base de los informes del Comité Asesor y a la operatividad de la discrecionalidad técnica de la ANECA.

TERCERO .- En orden a la resolución del recurso ha de partirse de las premisas que a continuación se exponen.

La "Transferencia de Conocimiento e Innovación" a que remite la resolución impugnada se fundamenta en los siguientes conceptos: a) Transmisión de conocimiento propio y especializado alcanzado tras una acreditada labor investigadora en el seno de una institución universitaria o centro de investigación, razón por la cual entre los requisitos para solicitar este sexenio se exige la acreditación de, al menos, un sexenio de investigación; b) Incorporación de valor con el conocimiento transferido a determinados agentes sociales o económicos que lo aprecian e integran en el desarrollo de su actividad; c) Reconocimiento del conocimiento transferido en beneficio de la institución universitaria o del centro de investigación (convenios, contratos, repercusión económica de la transferencia de conocimiento para la universidad, etc.); d) Relevancia e impacto social del conocimiento transferido.

De tales conceptos destaca que el conocimiento transferido (que no "transmitido", por ejemplo, a través de la docencia) sea consecuencia de la formación investigadora de quien lo transfiere, es decir, que se trate de un conocimiento propio del titular que lo ha adquirido, y fundado en una labor previa de docencia e investigación desarrollada en un centro universitario o de investigación. Es necesario, además, que se trate de un conocimiento especializado, fruto de una dilatada labor investigadora, y, por lo tanto, conocimiento adquirido en el campo propio al que dedica su quehacer docente e investigador el solicitante del sexenio.

Este entendimiento sobre la forma de transferir el conocimiento se deduce de los requisitos establecidos en la Resolución de 14 de Noviembre de 2.018 de la CNEAI que los regula, al describir los cuatro bloques en que se divide la transferencia del conocimiento científico: en primer lugar, a través de la formación de investigadores imposibles de formar si no es mediante el traslado a ellos de los conocimientos especializados alcanzados en los departamentos y centros de investigación; en segundo lugar, la transferencia a través del conocimiento propio por medio de instituciones, empresas, organismos, etc.; en tercer lugar, transferencia generadora de valor económico mediante contratos o convenios suscritos con agentes económicos en los que la institución universitaria está presente además del investigador universitario; y, por último, la transferencia generadora de valor social, fruto del conocimiento especializado en la rama del saber que ha servido para construir el bagaje del profesor universitario.

La valoración de todas estas modalidades de aportaciones de transferencia comporta la comprobación de una serie de indicios y requisitos que, según el tipo de actividad de que se trate, han de darse para que una contribución obtenga una valoración más o menos favorable: tipo de actividad, grado de participación de la persona solicitante, indicios de calidad, entidades colaboradoras o financiadores, número de personas beneficiadas, duración y cuantía económica del contrato o convenio, impacto económico o social de la actividad, resultados, etc. Criterios estos, todos ellos, que están debidamente formulados y publicados por la misma Resolución de 14 de noviembre de 2.018 de la CNEAI.

En suma, la valoración de un mérito requiere, en primer lugar, que este sea admisible como aportación de transferencia de conocimiento por reunir -como se ha indicado- los caracteres y requisitos propios de este tipo de aportaciones. Por otro lado, una vez admitida su condición de aportación de transferencia, su concreta valoración o puntuación no se realizará de manera automática, sino ponderando y teniendo en cuenta todos los factores e indicios de calidad a los que se ha hecho referencia. Ha de añadirse que en el momento de ser solicitado el sexenio de transferencia deben observarse los requisitos formales que permiten instar su petición, escogiendo aquellas cinco aportaciones que, seleccionadas por el propio peticionario del sexenio, pretende que se sometan a evaluación. La convocatoria deja al libre albedrío del solicitante el proceso de selección de las aportaciones, que lo hace de forma totalmente voluntaria y discrecional, de tal modo que solo es el criterio del solicitante quien, en un primer instante, determina qué aportaciones consideradas han sido contributivas al desarrollo y a la transmisión de conocimiento a la sociedad o susceptibles de haber generado valor económico para sí y para su Universidad o centro de investigación.

Y en última instancia, la evaluación de las aportaciones seleccionadas corresponde al Comité Técnico-Asesor designado a tales efectos, cuyos resultados hace suyos la CNEAI, debiéndose establecer, como paso previo a la valoración, si cada aportación es adecuada a la convocatoria, utiliza un medio de difusión apropiado y muestra responder a una línea de investigación coherente, sin que ello implique juicio alguno sobre su calidad intrínseca, sino la constatación de que se trata de una aportación evaluable, como así se señala en la letra F) de la antes reseñada Resolución de 14 de Noviembre de 2.018 de la CNEAI.

Con relación a la función evaluadora y en orden a fundamentar la puntuación concedida a cada aportación analizada, el Comité Asesor hace uso de los criterios específicos establecidos para cada tipo o modalidad de transferencia del conocimiento por la misma Resolución de la CNEAI, y su aplicación no constituye la única motivación, sino que es el reforzamiento que acompaña a otras razones explicativas de la evaluación. Así, con respecto a tales criterios, la Base 6ª del Anexo de la Resolución de 28 de noviembre de 2.018, que fija el procedimiento de evaluación tanto de la actividad investigadora como de la de transferencia de conocimiento (Base 1ª) determina: "6.1. En la evaluación se observarán los criterios generales establecidos en el artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 y en el artículo 7 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 5 de diciembre de 1994. 6.2. Los aludidos criterios generales se complementan con los criterios específicos establecidos, para cada uno de los campos de evaluación, en la Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación". Entre esos "criterios generales", a los que alude la Base transcrita y que son de general aplicación, el artículo 7 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 habla expresamente, entre otros muchos indicios, de la "relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación" o de que las aportaciones sean "fruto de la labor personal del solicitante".

CUARTO .- La alegación actora sobre la operatividad del silencio administrativo positivo debe ser rechazada sobre la base de la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de Abril de 2.021 (recurso de casación nº 4086/2.019):

"Abordando ya la cuestión litigiosa, esta Sala estima conveniente comenzar por el sentido del silencio en el procedimiento administrativo de evaluación de la actividad investigadora, destacando que no puede por menos de estar plenamente de acuerdo con las razones aducidas por la Abogada del Estado: ladisposición final 26ª de la Ley 22/2013es una norma legal en vigor; es una norma legal que modificó el sentido del silencio en este tipo de procedimiento administrativo, estableciendo que en adelante sea negativo; y, por ello mismo, es una norma legal que recoge una regla especial. Más aún, no tendría sentido, como muy razonablemente dice la Abogada del Estado, interpretar la derogación del anterior régimen del silencio operada por la mencionadadisposición final 26ª de la Ley 22/2013de tal manera que el sentido del silencio acabara siendo el mismo que antes de dicha derogación. Ello privaría a esta norma legal de cualquier efecto útil, transformándola en un enunciado vacío de significado jurídico.

Así las cosas, forzoso es concluir que el sentido del silencio en el procedimiento aquí examinado se rige por una lex specialis, que lo configura como negativo. El recurso de casación no puede, así, prosperar".

QUINTO .- La resolución del recurso pasa por analizar la justificación de las puntuaciones concedidas, lo que se contiene en el informe técnico que sirve de motivación a Resolución de 13 de mayo de 2021 y,

Aportación 1:

Medir y evaluar la excelencia de la investigación científica: retos y soluciones

El solicitante dice que se ha motivado que la aportación no ha sido publicada en una revista indexada en el JCR. Los criterios de evaluación señalan en el apartado 3.b) que se valorarán los artículos publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados "Scimago Journal Rank (SJR)". En este sentido, la revista en cuestión fue indexada en SJR a partir de 2011. Es correcta esa apreciación de que también se han valorar las aportaciones publicadas en revistas indexadas en el SJR en posiciones relevantes, aunque no necesariamente por un igual que las indexadas en el JCR. Ahora bien, la convocatoria precisa que se medirán atendiendo al año de su publicación. En este caso, 2006, en el que la revista no estaba indexada en el SJR. Por tanto, no puede ser avaluada con ese criterio. Además, si bien la aportación está publicada en la revista Scire como un artículo se trata de una comunicación presentada al congreso Ibersid 2005. X Encuentros internacionales sobre sistemas de Información y Documentación (Zaragoza, 2-4 noviembre 2005). Es decir, se trata de un proceeding publicado en una revista. A este respecto el apartado 6.b) de la convocatoria establece que las actas de congresos publicadas en revistas como proceedings no se tomarán en consideración. Sobre esta base, la solicitud no cumple con el criterio 5) de la convocatoria "Para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco aportaciones del currículum vitae abreviado deberán responder a los requisitos especificados en los apartados anteriores".

Finalmente, revisada la aportación la comisión no considera que tenga una calidad científica, metodológica o teórica suficiente para una evaluación mayor, ni observamos impacto científico en el área.

Primera Calificación: 1

Nueva Calificación: 1

Aportación 2:

Introducción al análisis de redes.

El solicitante no alega a la evaluación por la comisión de esta aportación.

Primera Calificación: 7

Nueva Calificación: 7

Aportación 3:

Estructura de las redes de colaboración científica entre las universidades españolas.

El solicitante dice que se ha motivado que la aportación no ha sido publicada en una revista indexada en el JCR. Los criterios de evaluación señalan en el apartado 3.b) que se valorarán los artículos publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados "Scimago Journal Rank (SJR)". En este sentido, la revista en cuestión fue indexada en SJR a partir de 2012 (realmente la indexación comienza en 2913). Es correcta esa apreciación de que también se han valorar las aportaciones publicadas en revistas indexadas en el SJR en posiciones relevantes, aunque no necesariamente por un igual que las indexadas en el JCR. Ahora bien, la convocatoria precisa que se medirán atendiendo al año de su publicación. En este caso, 2008, en el que la revista no estaba indexada en el SJR. Por tanto, no puede ser avaluada con ese criterio. Además, si bien la aportación está publicada en la revista Ibersid: Revista de sistemas de información y documentación como un artículo se trata de un "conference paper" presentado al congreso Ibersid 2008. XIII Encuentros Internacionales sobre sistemas de Información y Documentación IBERSID 2008 (Zaragoza, 1-3 noviembre 2008). Es decir, se trata de un proceeding publicado en una revista. A este respecto el apartado 6.b) de la convocatoria establece que las actas de congresos publicadas en revistas como proceedings no se tomarán en consideración. Sobre esta base, la solicitud no cumple con el criterio 5) de la convocatoria "Para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco aportaciones del currículum vitae abreviado deberán responder a los requisitos especificados en los apartados anteriores"

Finalmente, revisada la aportación la comisión no considera que tenga una calidad científica, metodológica o teórica suficiente para una evaluación mayor, ni observamos impacto científico en el área.

Primera Calificación: 1

Nueva Calificación: 1

Aportación 4:

Aportación: Impacto internacional de la investigación y la colaboración científica de las univ. de Cataluña

El solicitante alega que el Comité Asesor valora únicamente con 1 punto la aportación. El Comité razona que la aportación no ha sido publicada en una revista indexada en el JCR. Sin embargo, la revista en cuestión fue indexada en el JCR a partir de 2010. Revisada la indexación de la revista en el JCR, hallamos que efectivamente se indexó por primera vez en 2010, no estando, por tanto, indexada en el año de publicación de la aportación. Tampoco en el SJR en el que se inició la indexación en ese índice en 2009. En consecuencia, no se puede aplicar los criterios de evaluación 3.a) 0 3.b) que alega ya que sólo se pueden aplicar atendiendo al año de su publicación, 2008, que no estaba indexada la revista.

Finalmente, revisada la aportación la comisión no considera que tenga una calidad científica, metodológica o teórica suficiente para una evaluación positiva, y el impacto científico en el área es muy limitado (sólo 7 citas en la WoS desde 2008).

Primera Calificación: 1

Nueva Calificación: 3

Aportación 5:

Comparative analysis of university-government-enterprise co-authorship networks in three scientific.

El solicitante no alega a la evaluación por la comisión de esta aportación.

Primera Calificación:9

Nueva Calificación: 9

FINAL La comisión ha evaluado este recurso considerando tanto la calidad científica de las aportaciones presentadas como el impacto de las mismas en el área de Biblioteconomía y Documentación. A juicio de esta comisión, y como se motivado en la evaluación de cada aportación, las contribuciones propuestas no suponen una aportación suficiente en este ámbito de estudio y no alcanzan el umbral de excelencia que se requiere. La comisión constata, asimismo, que el tramo presentado no cumple con el criterio orientador para la obtención de una evaluación positiva en el área de Biblioteconomía y Documentación: al menos cuatro de las cinco aportaciones habrán de ser artículos publicados en revistas que cumplan los criterios de los apartados 3.a) o 3.b), y tres de esas cuatro al menos deberán haber aparecido en revistas situadas en el primer y segundo cuartil. Asimismo, tampoco se cumple con el criterio 5) "Para poder alcanzar una evaluación positiva, las cinco aportaciones del currículum vitae abreviado deberán responder a los requisitos especificados en los apartados anteriores", ya que 2 son proceedings.

A la luz de los contenidos de las aportaciones y del alcance e impacto científico de las mismas esta comisión ha decido mantener la evaluación negativa sobre el tramo presentado.

Primera Calificación: 3.8

Nueva Calificación: 4.2

La propia lectura de la resolución denota que no solo se recogen las puntuaciones otorgadas a cada uno de los trabajos sometidos a evaluación, sino que además explicita las razones justificativas de las correspondientes puntuaciones, dando respuesta a las alegaciones impugnatorias de la recurrente.

Nótese que en las alegaciones 2 y 5 el solicitante nada alega a la evaluación por la Comisión de estas aportaciones , manteniéndose en ambas la misma puntuación que tenía .

Por tanto, no cabe apreciar falta de motivación de la actuación administrativa impugnada porque consta suficientemente documentada en el expediente, y no ha generado indefensión sustancial del actor en la medida que tanto en vía administrativa como en sede procesal ha planteado alegaciones de fondo con relación a la valoración de sus méritos investigadores, y ha dispuesto de la oportunidad de articular los medios probatorios que hubiera tenido por conveniente, siendo cuestión distinta la virtualidad de los mismos a los efectos pretendidos por la vigencia y operatividad de la discrecionalidad técnica administrativa.

Tampoco se desprende error patente en el juicio técnico que exteriorizó al evaluar los trabajos cuestionados, por cuanto que la recurrente manifiesta un desacuerdo o discrepancia técnica en relación con las valoraciones y/o con las razones de las puntuaciones asignadas, pero sin acreditar objetiva y fehacientemente la incidencia relevante de errores técnicos inequívocos, evidentes e inaceptables.

Debe reiterase que la revisión del núcleo del juicio técnico del órgano de evaluación de la actividad investigadora sólo resulta jurídicamente procedente cuando se justifica un error de la entidad y características que acaban de expresarse, pues en ese singular caso esa gravísima equivocación sí merece una calificación jurídica, que no es otra que la arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución; y, paralelamente, ha de insistirse en que dicha revisión carece de justificación jurídica cuando, como aquí acontece, lo aportado son meras diferencias de criterios que solo demuestran ese margen de apreciación que, como ya se ha dicho, debe respetarse por ser legítimo. En definitiva, los criterios técnicos administrativos vienen avalados por asesores especialistas en la materia, sin que frente a los mismos quepa otorgar prevalencia a las opiniones interesadas de la parte actora por mucho que se ofrezcan documentadas, salvo que demuestre objetiva y fehacientemente la incidencia relevante de inequívocos y patentes errores técnicos que justifiquen la sustitución de la actuación del órgano evaluador que nos ocupa, que no es el caso.

Por ultimo en orden a las alegaciones relativas a la vulneración del principio de igualdad debemos recordar que conforme a la reiterada doctrina constitucional del Tribunal Constitucional se vulnera el principio de igualdad cuando dos situaciones iguales reciben un tratamiento distinto. No es el caso en el que no se trae a colación y prueba ningún elemento de comparación valido. Los Criterios para la evaluación no son sino los que están debidamente formulados y publicados por la Resolución de 14 de noviembre de 2.018 de la CNEAI que es la que corresponde a la Convocatoria de 2019.

Lo expuesto y razonado justifica la desestimación del recurso contencioso planteado.

SEXTO .- De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1.998, procede la imposición de las costas procesales a la parte actora por la total desestimación de su recurso, si bien como permite el apartado cuarto del mismo precepto (disposición final tercera.5 de la Ley Orgánica 7/2.015, de 21 de Julio, sobre modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial), se limita su cuantía a la suma de 1.000 € (más I.V.A.).

VISTOS los preceptos legales citados, y los demás de concordante y general aplicación.

Fallo