Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. LUIS MANUEL UGARTE OTERINO.
PRIMERO. - Pretensión ejercitada.
DON Bartolomé, ejercita prensión declarativa de nulidad de resolución del TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID, SALA PRIMERA, de 30 de junio de 2020, que desestimó la reclamación NUM000 frente a la resolución que desestimó el recurso de reposición formulado contra acuerdo de liquidación provisional nº NUM001, dictada por la AEAT en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2012.
SEGUNDO. -Actuación impugnada.
La resolución de TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE MADRID, de 30 de junio de 2020, desestimó la reclamación NUM000 de DON Bartolomé frente a la resolución que desestimó el recurso de reposición formulado contra acuerdo de liquidación provisional nº NUM001, dictada por la AEAT en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2012, de la que se extraen las siguientes consideraciones:
Sobre las notificaciones efectuadas
- La propuesta de liquidación de 30 de mayo de 2017 se intentó notificar el 7 de junio de 2017 a las 10:35 horas y el día siguiente a las 18:15 horas, no constando la recepción por el obligado tributario.
- El error en la resolución de recurso de reposición, en que se indica que el primer intento se efectuó el 7 de agosto 2017, no produce indefensión ni anula el acto, pues el mismo se evidencia del acuse de recibo unido al expediente.
- El obligado tributario presentó nueva documentación y alegaciones el 12 de junio de 2017, realizándose posteriormente sendos intentos infructuosos de notificación los días jueves 29 de junio de 2017 a las 11:05 horas y lunes 3 de julio de 2017 a las 17:30 horas.
- La notificación mediante publicación de edicto en el Boletín Oficial del Estado se efectuó el 21 de julio 7 de 2017, entendiéndose notificada la propuesta el 8 de agosto de 2017.
Sobre el cálculo de las ganancias patrimoniales
- El artículo 37.1.b) de la LIRPF establece la forma de cálculo de las ganancias por la venta de acciones o participaciones a falta de prueba de que el valor de venta fuera el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado.
- La mercantil Inhisa Hidráulica, S.A. se constituyó en 1.999 con un capital constituido por 10.000 acciones de 6,010121 €, de las que D. Lucio suscribió 9.500 acciones y el reclamante las 500 restantes, desembolsando el 25% del nominal.
- D. Lucio vendió sus acciones al reclamante en año 2002, por 18.030,36 €
- En algún momento intermedio el reclamante vendió 7.000 acciones de las adquiridas a D. Lucio en el 2.002, que el mismo recompró en el año 2009 a Dña. Ariadna a través de la Sociedad Butaint, S.L., de la que era Administrador único.
- La Sociedad Butaint, S.L. vendió al reclamante por escritura de 23 de diciembre de 2011, las mismas 7.000 acciones por su valor nominal íntegramente desembolsado, pues según resulta de la misma, el mismo año 2011 se había hecho efectivo el abono del 75% del dividendo pasivo pendiente, sin haberse inscrito en el Registro Mercantil.
- Las 7.000 acciones adquiridas a la Sociedad Butaint, S.L., tienen un valor de adquisición equivalente al valor nominal de las acciones según se deriva de la escritura de compraventa del año 2011.
- Las 2.500 acciones números 7.001 a 9.500 se han de valorar en la proporción correspondiente, al haber sido adquiridas por el 25% del capital desembolsado en 2002 más el dividendo pasivo satisfecho en 2011.
- Las 500 acciones adquiridas en la constitución de la sociedad y que están íntegramente desembolsadas desde 2011, números 9.501 a 10.000, adquiridas en la constitución de la Sociedad Inhisa Hidráulica, S.A., no fueron objeto de transmisión en el año 2012.
- De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley del IRPF, el valor de adquisición es mayor del considerado por el órgano gestor y por el reclamante, que puestos a determinar la ganancia patrimonial utilizaron el valor nominal de las participaciones transmitidas.
- Se observa de las cuentas anuales de los ejercicios 2009 a 2011 la existencia de un error, tanto material como aritmético, del órgano gestor en la aplicación de los datos utilizados para determinar el valor de transmisión de las acciones.
- El dictamen pericial aportado por el reclamante incurrió en el mismo error en cuanto al valor de adquisición y además no constituye prueba suficiente del valor de trasmisión pues su argumentación básica descansa en el resultado de las cuentas anuales del año 2011 sobre la base de una reversión de una provisión que constaba a corto plazo en las cuentas de los años 2009 y 2010, sin aportar una valoración efectiva de las acciones.
- En aplicación del principio de la reformatio in peius no se modifica la regularización efectuada de las ganancias patrimoniales a pesar de que el valor de adquisición de las acciones resulta mayor y se aprecia error aritmético en la determinación del valor de transmisión.
TERCERO. - Motivos de la impugnación.
Se extraen las siguientes consideraciones de la demanda, relativas a la liquidación tributaria impugnada, en que la recurrente funda su pretensión:
Sobre la nulidad de la letra e) del artículo 217 de la LGT del procedimiento por falta de notificación de la propuesta de liquidación.
- La liquidación provisional practicada se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido pues no se ha efectuado la notificación de la propuesta de liquidación que permite realizar las aclaraciones o justificaciones necesarias para la liquidación del impuesto.
- Las alegaciones del 12 de junio de 2017 no tienen nada que ver con el traslado para alegaciones de la propuesta de liquidación, sino que responden a un estado anterior del procedimiento.
- Consta la representación otorgada el 24 de abril de 2017 a favor de Don Amador, designando su propio domicilio para recibir todo tipo de comunicaciones, por no procedía la realización de notificación edictal.
Sobre el cálculo de las ganancias patrimoniales
- No se aplica la presunción legal del artículo 37 de la LIRPF pues de acuerdo con el informe pericial aportado el valor de transmisión que supone una ganancia patrimonial, tratándose de una operación entre partes independientes, es el que tiene en cuenta el valor nominal como valor de transmisión.
- El informe pericial observa que el valor que resulta de capitalizar los beneficios de los tres últimos ejercicios supone una rentabilidad anual superior al 2000 %, lo que es imposible en condiciones normales de mercado, máximo si tenemos en cuenta que los ejercicios 2011 y 2012 fueron se vieron afectados por la crisis económica.
- Según el mismo informe, el beneficio del ejercicio 2011 en el concepto de revisión contratos contempla trabajos de suministro y montaje de tres nuevos conjuntos de desagües de fondo de la Presa de la Central Hidráulica de Susqueda, encuadrada en la unidad de Producción Hidráulica de Ebro Pirineos.
- Se incrementó el beneficio en 446.384,67 € al revertirse la provisión que restaba, a pesar de que el 75% de dicho importe no se había devengado todavía, es decir se imputaron 334.788,50 € al ejercicio 2011 que eran imputables al ejercicio 2012, tal y como se desprende del documento de cierre económico de la obra firmado entre Endesa y la empresa Grupo Inhisa, en fecha 12 de diciembre.
- Retrocediendo el ingreso generado por el asiento de reversión en el importe de 334.788,50 € en el ejercicio de 2011, resultaba un beneficio medio de menos (-) 55.591,77 €, lo que se traduce en una pérdida en dicho importe.
- Al cierre del ejercicio 2011 la compañía tenía un patrimonio neto negativo de menos (-) 193.727,45 €, siendo su capital social de 60.101,21 €, por lo que estaba incursa en causa de disolución.
- La resolución del TEAR incorpora nuevos argumentos que nada tienen que ver con la resolución administrativa impugnada, lo que de por sí es motivo de nulidad, dado que no ha existido trámite de oposición a los mismos.
CUARTO. - Oposición a la pretensión.
La ABOGACÍA DEL ESTADO interesa la desestimación del recurso, por apreciar que la actuación administrativa en cuestión resulta conforme a derecho, atendiendo a sus propias consideraciones.
QUINTO. - Sobre las notificaciones efectuadas.
Sobre la eficacia de las notificaciones en el ámbito tributario podemos seguir los razonamientos de nuestra sentencia de 17 de enero próximo pasado, dictada en el recurso 2252/2021:
[...]
La doctrina del TS sobre la eficacia de las notificaciones aparece recogida en la STS, Contencioso sección 2 de 25 de marzo de 2021, recurso 6099/2019 (ROJ: STS 1117/2021 ) en los siguientes términos (subrayado añadido):
Reiteradamente se ha pronunciado esta Sala sobre la eficacia de las notificaciones, resultando ilustrativas las sentencias de 26 de mayo de 2011 (rec. cas. núm. 5423/2008 ), 19 de enero de 2012 (rec. cas. núm. 4954/2009 ), 22 de septiembre 2011 (rec. cas. núm. 2807/2008 ) y 6 de octubre de 2011 (rec. cas. núm. 3007/2007 ), que condensan toda la doctrina sobre las notificaciones, afirmando la primera de ellas lo siguiente:
"Por ello, consideramos necesario realizar una serie de consideraciones con relación a la eficacia de las notificaciones tributarias antes de analizar las circunstancias del caso.
Con carácter general, y, por lo tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia.
Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie de parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con un cierto grado de homogeneidad en su tratamiento. La existencia de un número considerable de pronunciamientos de esta Sala aconseja realizar un esfuerzo sistematizador que permita, sin olvidar el necesario análisis del caso, incorporar criterios interpretativos a la hora de abordar su tratamiento.
El punto de partida de esta labor no puede ser otro que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, reconocer que los actos de notificación " cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes" ( STC 155/1989, de 5 de octubre , FJ 2); teniendo la "finalidad material de llevar al conocimiento" de sus destinatarios los actos y resoluciones "al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva" sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE ( STC 59/1998, de 16 de marzo , FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 ; 55/2003, de 24 de marzo , FJ 2).
Y aunque el grueso de la doctrina constitucional sobre la incidencia que tienen las notificaciones defectuosamente practicadas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva se ha forjado en el ámbito del proceso judicial, el propio máximo intérprete de la Constitución ha puesto de relieve que existen determinados supuestos en los que este derecho puede verse afectado en el ámbito del procedimiento administrativo, supuestos en los que la doctrina sentada en relación con los actos de comunicación procesal practicados por los órganos judiciales resultará aplicable mutatis mutandis a las notificaciones de los actos y resoluciones efectuadas por la Administración. Así sucede, en particular: a) cuando el vicio en la notificación haya dificultado gravemente o impedido al interesado el acceso al proceso; b) cuando falte la notificación personal del inicio de la vía de apremio, aunque se haya podido impugnar la liquidación tributaria; y c) cuando en el ámbito de un procedimiento sancionador no se haya emplazado al interesado, causándole indefensión, pese a que podía ser localizado a partir de los datos que obraban en el expediente [ SSTC 291/2000, de 30 de noviembre, FFJJ 3, 4 y 5; 54/2003, de 24 de marzo, FJ 3 ; 113/2006, de 5 de abril, FFJJ 5 y 6; y 111/2006, de 5 de abril , FFJJ 4 y 5].
Una vez reconocida la aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito del procedimiento administrativo, resulta necesario poner de manifiesto que es doctrina del Tribunal Constitucional que, en materia de notificaciones, únicamente lesiona el art. 24 de la CE la llamada indefensión material y no la formal, impidiendo "el cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la resolución en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico frente a dicha resolución" ( SSTC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 3 ; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2 ; y 113/2001, de 7 de mayo , FJ 3), con el "consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados" [ SSTC 155/1988, FJ 4; 112/1989, FJ 2; 91/2000, de 30 de marzo; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2; 19/2004, de 23 de febrero; y 130/2006, de 24 de abril, FJ 6. En igual sentido Sentencias de esta Sala de 25 de octubre de 1996 (rec. apel. núm. 13199/1991), FD Cuarto ; y de 22 de marzo de 1997 (rec. de apel. núm. 12960/1991), FD Segundo].
Lo anterior implica, básicamente, en lo que aquí interesa, que si, pese a los vicios de cualquier gravedad en la notificación, puede afirmarse que el interesado llegó a conocer el acto o resolución por cualquier medio - y, por lo tanto, pudo defenderse frente al mismo -, o no lo hizo exclusivamente por su negligencia o mala fe, no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales, dado el principio antiformalista y el principio general de buena fe que rigen en esta materia [ SSTC 101/1990, de 4 de junio, FJ1 ; 126/1996, de 9 de julio, FJ 2 ; 34/2001, de 12 de febrero, FJ 2 ; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 ; 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2 ; y 43/2006, de 13 de febrero , FJ 2].
Igual doctrina se contiene en distintos pronunciamientos de esta Sala. En particular, hemos aclarado que el rigor procedimental en materia de notificaciones " no tiene su razón de ser en exagerado formulismo, sino en constituir una pieza clave para la proscripción de la indefensión y la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva que consagran el Art. 24 de la Constitución " [ Sentencias de 25 de febrero de 1998 (rec. apel. núm. 11658/1991), FD Primero ; de 6 de junio de 2006 (rec. cas. núm. 2522/2001), FD Tercero ; de 12 de abril de 2007 (rec. cas. núm. 2427/2002), FD Tercero ; y de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. núm. 5565/2006 ), FD Cuarto]; hemos afirmado que las exigencias formales " sólo se justifican en el sentido y en la medida en que cumplan una finalidad" ( Sentencia de 6 de junio de 2006 , cit., FD Tercero); hemos dicho que "todos los mecanismos y garantías con que las leyes procesales o procedimentales rodean los actos de comunicación" entre el órgano y las partes " no tienen otra finalidad o razón de ser que la de asegurar que, en la realidad, se ha producido aquella participación de conocimiento, o que, en la ficción jurídica, se ha producido en determinadas circunstancias o no se ha producido" [ Sentencia de 25 de febrero de 1998 , cit., FD Primero]; hemos destacado que " el objeto de toda notificación administrativa y de las formalidades de que ha de estar revestida, para tener validez, es el de garantizar que el contenido del acto, en este supuesto de la liquidación tributaria, llegue a conocimiento del obligado" [ Sentencia de 7 de octubre de 1996 (rec. cas. núm. 7982/1990 ), FD Segundo]; hemos declarado que "[l]os requisitos formales de las notificaciones, que las diferentes normas invocadas establecen, tienen por finalidad garantizar que el contenido del acto administrativo llegue cabalmente a conocimiento del interesado y que incluya los medios y plazos de impugnación, de forma que, cuando ese fin está cumplido, pierden las referidas formalidades su razón de ser y cualesquiera que sean otras consecuencias que pudieran producir su inobservancia (responsabilidad del funcionario, por ejemplo), lo que no puede causar es la anulación de la notificación misma pues resultaría absurdo convertir el medio (el requisito garante de que la notificación se produce) en fin de si mismo" [ Sentencia de 2 de junio de 2003 (rec. cas. núm. 5572 /1998 ), FD Tercero]; y, en fin, hemos dejado claro que " lo relevante, pues, no es tanto que se cumplan las previsiones legales sobre cómo se llevan a efecto las notificaciones, sino el hecho de que los administrados lleguen a tener conocimiento de ellas", de manera que " cuando se discute acerca del cumplimiento de las formalidades legales, sobre el cómo han de hacerse las notificaciones, lo decisivo no es que se cumplan esas previsiones legales, sino que efectivamente el sujeto pasivo tenga o haya podido tener conocimiento efectivo del acto notificado" [ Sentencia de 7 de mayo de 2009 (rec, cas. núm. 7637/2005 ), FD Cuarto].
En otros términos, "y como viene señalando el Tribunal Constitucional " n[i] toda deficiencia en la práctica de la notificación implica necesariamente una vulneración del art. 24.1 CE " ni, al contrario, " una notificación correctamente practicada en el plano formal" supone que se alcance " la finalidad que le es propia", es decir, que respete las garantías constitucionales que dicho precepto establece [ SSTC 126/1991, FJ 5 ; 290/1993, FJ 4 ; 149/1998, FJ 3 ; y 78/1999, de 26 de abril , FJ 2], lo que sucedería, por ejemplo, en aquellos casos en los que la Administración no indaga suficientemente sobre el verdadero domicilio del interesado antes de acudir a la notificación edictal, o habiéndose notificado el acto a un tercero respetando los requisitos establecidos en la Ley, se prueba que el tercero no entregó la comunicación al interesado" [ Sentencia de 16 de diciembre de 2010 (rec. cas. núm. 3943/2007 ), FD Tercero].
Por la misma razón, no cabe alegar indefensión material cuando el interesado colaboró en su producción [ ATC 403/1989, de 17 de julio , FJ 3; Sentencias de este Tribunal de 14 de enero de 2008 (rec. cas. núm. 3253/2002), FD Sexto ; y de 10 de enero de 2008 (rec. cas. núm. 3466/2002 ), FD Cuarto], ni, desde luego, cuando ha rehusado personalmente las notificaciones ( SSTC 68/1986, de 27 de mayo, FJ 3 ; y 93/1992, de 11 de junio , FJ 4).
...
Debemos recordar al respecto que el Tribunal Constitucional ha establecido que no cabe que el interesado alegue que la notificación se produjo en un lugar o con persona improcedente cuando recibió sin problemas y sin reparo alguno otras recogidas en el mismo sitio o por la misma persona [ STC 155/1989, de 5 de octubre , FJ 3; ATC 89/2004, de 22 de marzo , FJ 3; ATC 387/2005, de 13 de noviembre , FJ 3; Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004 (rec. cas. en interés de ley núm. 70/2003), FD Cuarto; de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. núm. 5565/2006), FD Cuarto; y de 22 de marzo de 1997 (rec. de apelación. núm. 12960/1991), FD Segundo].
Y como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2011, dictada en el recurso de casación número 5423/2008 "...Con relación a la diligencia que ha de demostrar el obligado tributario, se ha dicho que corresponde a los obligados tributarios realizar todas las actuaciones necesarias dirigidas a procurar la recepción de las comunicaciones enviadas por la Administración tributaria, y, en particular, " declarar el domicilio fiscal para facilitar una fluida comunicación con las Administraciones Tributarias" [ Sentencia de 12 de diciembre de 1997 (rec. cas. núm. cas. en interés de ley 6561/1996), FD Octavo].
Esta Sala ha puesto especial énfasis en el deber de los obligados tributarios de comunicar su domicilio y los cambios en el mismo. En particular, se ha afirmado con rotundidad que, en la medida en que la carga de fijar y comunicar el domicilio " recae normativamente sobre el sujeto pasivo ", " si tal obligado tributario no cumple con la citada carga, el potencial cambio real de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se presente la oportuna declaración tributaria". (Subrayado añadido).
A las notificaciones en el ámbito tributario se refieren los siguientes artículos de la Ley General Tributaria:
[...]
Artículo 109 Notificaciones en materia tributaria
El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.
Artículo 110 Lugar de práctica de las notificaciones
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
Artículo 111 Personas legitimadas para recibir las notificaciones
1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.
2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma.
Artículo 112 Notificación por comparecencia
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial del Estado".
La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.
2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta Sección.
Como observa la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 513/2019, de 11 de abril de 2019, Recurso 2112/2017, la sentencia dictada por la misma Sala y Sección, el 5 de mayo de 2011 (casación núm.5671/2011 ), efectúa una sistematización sobre la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los casos en los que se debe o no se debe dar validez a las notificaciones, en los siguientes términos:
[...]
... tras destacar que se trata de una materia ciertamente casuística pero en la que se pueden establecer ciertos parámetros que permitan abordar esta materia con una cierta homogeneidad en su tratamiento.
Algunas de las ideas principales que se destacan en orden a esa meta de homogeneidad se pueden resumir en lo siguiente:
- La notificación tiene una suma relevancia para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses que se quieran hacer valer frente a una determinada actuación administrativa.
- La función principal de la notificación es precisamente dar a conocer al interesado el acto que incida en su esfera de derechos o intereses.
Lo que acaba de afirmarse pone bien de manifiesto que lo relevante para decidir la validez o no de una notificación será que, a través de ella, el destinatario de la misma haya tenido un real conocimiento del acto notificado.
- Las consecuencias finales de lo que antecede serán básicamente estas dos: que la regularidad formal de la notificación no será suficiente para su validez si el notificado no tuvo conocimiento real del acto que había de comunicársele; y, paralelamente, que los incumplimientos de las formalidades establecidas no serán obstáculo para admitir la validez de la notificación si ha quedado debidamente acreditado que su destinatario tuvo un real conocimiento del acto comunicado.
Con base en las anteriores ideas se subraya la necesidad de diferenciar situaciones y sentar respecto de ellas algunos criterios; una diferenciación que principalmente conduce a lo que continúa:
- Notificaciones que respetan todas las formalidades establecidas: en ellas debe de partirse de la presunción iuris tantum de que el acto ha llegado tempestivamente a conocimiento del interesado; pero podrán enervarse en los casos en los que se haya acreditado suficientemente lo contrario.
- Notificaciones de que han desconocido formalidades de carácter sustancial (entre las que deben incluirse las practicadas, a través de un tercero, en un lugar distinto al domicilio del interesado: en estas ha de presumirse que el acto no llegó a conocimiento tempestivo del interesado y le causó indefensión; pero esta presunción admite prueba en contrario cuya carga recae sobre la Administración, una prueba que habrá de considerarse cumplida cuando se acredite suficientemente que el acto llegó a conocimiento del interesado.
- Notificaciones que quebrantan formalidades de carácter secundario: en las mismas habrá de partir de la presunción de que él acto ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado.
Al presente, como resulta del expediente, la propuesta de liquidación, de 30 de mayo de 2017, se intentó notificar al actor el 7 de junio de 2017, a las 10:35 horas, y el día siguiente, a las 18:15 horas, no constando la recepción, repitiéndose el intento el jueves, 29 de junio de 2017, a las 11:05 horas, y el lunes, 3 de julio de 2017, a las 17:30 horas, que resultaron asimismo infructuosas, tras lo que se procedió la notificación mediante publicación de edicto en el Boletín Oficial del Estado el 21 de julio 7 de 2017, entendiéndose notificada la propuesta el 8 de agosto de 2017.
Ahora bien no se tuvo en cuenta, antes de practicar la notificación edictal, que el actor había otorgado su representación el 24 de abril de 2017 a favor de Don Amador, designando su propio domicilio para recibir todo tipo de comunicaciones.
Es cierto que el representante del obligado tributario presentó nueva documentación y alegaciones el 12 de junio de 2017, pero que tenía que ver con el requerimiento inicial de documentación y no con la propuesta de liquidación.
Puede entenderse de lo expuesto que se ha podido irrogar indefensión material al interesado, de conformidad con la doctrina expuesta del Tribunal Constitucional en relación con el art. 24 de la CE, en la medida que la falta de notificación de la propuesta de liquidación le impidió tener conocimiento de ella y, por lo tanto, defenderse.
Consecuencia de todo ello es que se aprecie la anulabilidad de la liquidación provisional practicada de conformidad con el art. 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, - ... el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados - y no la nulidad de pleno derecho, tal como entiende la parte actora, por concurrir el supuesto del artículo 217.1 e) de la LGT - e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello... .-, lo que no es el caso, lo que no impide la estimación en lo fundamental de la demanda.
SEXTO.- Sobre las costas.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer a la demandada las costas del recurso, que se fijan en 2.000€, de conformidad con su número cuatro.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.
