Sentencia Contencioso-Administrativo 585/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1066/2021 de 23 de octubre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 25 de octubre de 2021 en el procedimiento nº 28-06468-2020 desestimatoria de la reclamación interpuesta contra el archivo de la solicitud de devolución de ingresos indebidos tramitada con el nº 45/812164.9/19 en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, acordada por la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid con fecha 8 de enero de 2020 en relación al expediente 2017 T 036373.

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis, lo siguiente.

Relata que la entidad en fecha 8 de septiembre de 2016, suscribió contrato de compraventa con la sociedad Negocio y Estilo de Vida, S.A., en liquidación y concurso en virtud del cual la administración concursal de ésta sociedad con aprobación del Juez, transmitió bajo condición suspensiva, libre de cargas y gravámenes y al corriente de pago, la licencia de Comunicación Audiovisual radiofónica en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia en la localidad de Aranjuez (frecuencia 103.2 MHz) otorgada según Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 27 de octubre de 2011. La transmisión estaba condicionada a que se obtuviera del órgano competente de la Comunidad de Madrid, la correspondiente autorización explícita de transmisión de la licencia, y dicha autorización se obtuvo con fecha 13 de febrero de 2017 mediante Acuerdo del Secretario General del Consejo de Gobierno. Resalta que no puede haber duda alguna de la realidad de la operación de la transmisión de la licencia porque la recurrente tras obtener la autorización de la CAM y abonar el precio a la vendedora, incluso pagó a también la propia CAM las correspondientes tasas para que fuera realizada la inscripción a su nombre, y viene abonando anualmente la tasa por reserva del uso privativo. Se abonó el precio de la compraventa, 250.000 euros mediante cheque bancario, cuya copia se aporta, y entendiéndose por error, que la transmisión de la licencia estaba sujeta al Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, con fecha 7 de abril de 2017 presentó autoliquidación en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales por el concepto de Concesiones Administrativas y otros conceptos, presentando el modelo 600 por el que ingresó un importe de 10.000 euros. Más tarde la CAM, en procedimiento de verificación de datos formuló requerimiento a la actora, por el que se le exigió presentar, copia del contrato celebrado, requerimiento que fue atendido por la entidad actora. Precisa que posteriormente y previa la realización de la oportuna consulta en fecha 12 de febrero de 2019, recibió de la Dirección General de Tributos, la respuesta a consulta vinculante V0274-19, sobre la inclusión o no de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el precio pactado por la compraventa de la licencia, respuesta que viene a confirmar la no sujeción al ITPAJD, que erróneamente fue liquidado, y a consecuencia de ello, la entidad formuló ante la CAM solicitud de devolución de ingresos indebidos. La solicitud dio lugar al expediente nº 45/812164.9/19 expediente de gestión 2017 T 036373, en el que se le efectuó como requerimiento que aportase original o copia cotejada de factura de compra de la licencia de comunicación audiovisual. Ante ello y como no poseía factura de compra, presentó contrato, cheque y autoliquidación presentada, pero la solicitud de devolución de ingresos indebidos fue archivada por no haber presentado el original o copia de la factura de compra para que surtiera los efectos necesarios en el procedimiento. Contra dicha Resolución se presentó reclamación económico-administrativa y contra la resolución desestimatoria, el presente recurso judicial.

El motivo impugnatorio es el consistente en que la operación de compraventa de la licencia está sujeta y no exenta de IVA y que la existencia de factura no es un requisito indispensable para proceder a la devolución de un ingreso indebido. Indica que no existe discusión entre las partes sobre que la operación onerosa en cuestión consistió en la compraventa de una licencia audiovisual entre Negocio y Estilo de Vida, S.A., en liquidación y concurso, por un precio de 250.000 euros, precio que fue abonado por la compradora mediante cheque bancario, y tampoco se discute que presentó modelo 600 por el concepto de concesiones administrativas y otros conceptos ingresando 10.000 euros. Resalta la consulta vinculante obrante en los folios 20 a 27 del EA, y que según se desprende del propio contrato, se están transmitiendo los derechos de la licencia, lo que supone la transmisión de un derecho de carácter empresarial entre personas jurídicas en el ejercicio de su actividad empresarial quedando de este modo, sujeta a IVA y no a ITPAJD (TEAC 22-02-96), como así se establece en el art. 7.5 del RDL 1/1993. La sujeción a IVA se ve demostrada por la Consulta Vinculante porque, aunque la misma resolvió si la cuota del Impuesto sobre el IVA que gravaba dicha transmisión se encontraba o no incluida en el precio pactado, es obvio que no se discute que la operación está sujeta a IVA, porque si no, sobraría el análisis de si se cumplían los requisitos para la deducibilidad de las cuotas. El TEARM analiza si hay o no repercusión del IVA, y si se cumple con los requisitos de factura, pero ello es erróneo porque lo que hay que analizar es la naturaleza de la operación de transmisión que es la que determina el Impuesto de sujeción. A ello se añade que la CAM no discute el hecho de que la operación esté sujeta y no exenta de IVA, por lo que la CAM acepta que no está sujeta a ITP y ello es un hecho no controvertido, y ello porque pide un justificante. Por el contrario, lo que niega la CAM es que se hayan aportado los justificantes necesarios para proceder a la devolución. Sin embargo, la existencia de factura, no es un requisito indispensable para proceder a la devolución, por lo que, habiéndose justificado el ingreso indebido por ITP, procede la devolución. Sostiene que la no aportación de la factura no impide que la recurrente tenga derecho a la devolución de ingresos indebidos y ello porque la normativa no exige la existencia de factura como requisito indispensable para que prosperase la solicitud de devolución. Reproduce los art. 17.1 y 2 RD 520/2005 y concluye que queda claro que entre los requisitos de dicho precepto, a los que el requerimiento de subsanación de la CAM, hacía mención, no consta estar en posesión de la factura de compra, sino de los documentos que acreditasen el derecho a la devolución, admitiendo cualquier otro medio de prueba y en el presente caso se aportaron diferentes medios de prueba como son, el contrato de compraventa, el posterior donde consta el pago mediante cheque bancario, la copita del cheque bancario, y el modelo 600 justificando el ingreso por el concepto de ITPyAJD. La solicitud de factura solo sería entendible si se estuviera solicitando la devolución del IVA, y tampoco resulta necesario acreditar la repercusión efectiva del IVA, pues lo que liquidó y pagó indebidamente es el ITP, y tampoco se está pretendiendo deducir el IVA. Reproduce el art. 106 LGT y resalta que ni la normativa del ITP, ni la normativa de la devolución de ingresos indebidos exige la existencia de factura del IVA, y que los documentos presentados eran suficientes para proceder a la devolución.

TERCERO.- El Abogado del Estado, solicita la desestimación del recurso por los siguientes argumentos.

Parte de que la resolución originaria recurrida se limita a archivar el procedimiento de solicitud de ingresos indebidos por falta de aportación de la documentación requerida. Tal y como recoge la CAM en la resolución recurrida, el RD 520/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la LGT, regula en sus artículos 14 y ss, los supuestos de devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, y el art. 126 y ss del RD 1065/2007, regula el procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución. Precisa que el art. 89.1) del RD 1065/2007, dispone que si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior, y los exigidos en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámites. En el apartado 3) del mismo artículo, se establece que cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hubieran sido atendidos en plazo, pero no se entendieran subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo. Así, dado que la parte actora no había subsanado el requerimiento, la solicitud fue archivada, actuación que se ajusta a Derecho.

Concluye reproduciendo parcialmente la Resolución del TEAR en cuanto a que no constando la aportación de ningún elemento probatorio concluyente al objeto de acreditar la repercusión efectiva del Impuesto sobre el Valor Añadido en la compraventa (tal y como había señalado la consulta vinculante), no procedía rectificar la autoliquidación ya que la estimación de la pretensión de la actora, rectificando la autoliquidación por ITP, sin acreditar la repercusión por el IVA, conllevaría que la operación realizada quedase sin tributar.

CUARTO.- La Comunidad de Madrid presentó escrito oponiéndose a la demanda.

Relata que el RD 520/2005, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la LGT, regula en sus artículos 14 y ss, los supuestos de devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, y el art. 126 y ss del RD 1065/2007, regula el procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución. Precisa que el art. 89.1) del RD 1065/2007, dispone que si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior, y los exigidos en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámites. En el apartado 3) del mismo artículo, se establece que cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hubieran sido atendidos en plazo, pero no se entendieran subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo. Así, dado que la parte actora no había subsanado el requerimiento, la solicitud fue archivada, actuación que se ajusta a Derecho.

Concluye reproduciendo parcialmente la Resolución del TEAR en cuanto a que la procedencia de rectificación no ha sido acreditada pues no consta aportado a la Administración tributaria ningún elemento probatorio concluyente que, en defecto de la preceptiva factura, permitiera acreditar la repercusión efectiva del IVA por la compraventa, máxime cuando la referida consulta vinculante, específicamente concerniente al presente caso, señala de modo expreso e inequívoco, que el contrato de compraventa intervenido por funcionario público al que hace referencia el consultante, no cumpliría los requisitos de contenido previstos en el art. 6 del Reglamento pro el que se regulan las obligaciones de facturación por lo que no tendría la consideración de documento justificativo a efectos de la deducción de las cuotas soportadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido ni será suficiente para entender cumplida la obligación de facturación impuesta por el art. 164.Uno.3º de la Ley 37/1992.

En todo lo demás se remite a las resoluciones administrativas y económico-administrativas.

QUINTO.- Procede examinar el motivo impugnatorio consistente, en el indebido archivo de la solicitud de devolución de ingresos indebidos.

Para analizar con precisión el acto impugnado, hay que partir de lo acaecido en el expediente administrativo, en relación con el procedimiento de devolución de ingresos indebidos cuya resolución de archivo aquí se recurre. El procedimiento se inició mediante modelo de "solicitud de devolución de ingresos indebidos", rellenada por la entidad en todos sus apartados, esto es, "datos del interesado", "datos del representante", "medio de notificación", "documentación a aportar" "medio elegido para efectuar la devolución", motivo de la solicitud, y justificación a través de las alegaciones, folio 6 y 7 EA. Así en dicho escrito de alegaciones que acompaña al impreso-modelo de solicitud, indica " Que esta parte con fecha 8 de septiembre de 2016 se suscribió "CONTRATO DE COMPRAVENTA" con la sociedad NEGOCIO Y ESTILO DE VIDA S.A. EN LIQUIDACIÓN Y CONCURSO en virtud del cual la administración concursal de ésta sociedad, con aprobación del Juez, transmitió bajo condición suspensiva, libre de cargas y gravámenes y al corriente de pago de todo tipo de gastos, tasas e impuestos, la Licencia de Comunicación Audiovisual radiofónica en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia en la localidad de Aranjuez (frecuencia 103.2 MHz) otorgada según Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 27 de octubre de 2011 (BOCM 03/42.497/11). La transmisión estaba condicionada a: "Que se obtenga del órgano competente de la Comunidad de Madrid, la correspondiente autorización explícita que permita la transmisión de la licencia audiovisual objeto de esta compraventa [...]". Dicha autorización fue obtenida con fecha 13 de febrero de 2017 mediante acuerdo del Secreto General del Consejo de Gobierno en virtud del cual se procedió "Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de una emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con modulación de frecuencia, ubicada en Aranjuez (103.2Mhz) cuyo titular es Negocio & Vida S.A. a favor de Difusión Herciana, S.L.". Se aporta copia del contrato (Documento 1). 29 Segundo.- Que con fecha 6 de abril del 2017 presentó y pagó modelo 600 por la autoliquidación en la modalidad de Transmisiones patrimoniales, concretamente por el concepto "CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS CONCEPTOS" la cantidad de 10.000,00 euros. Se aporta copia de la autoliquidación (Documento 2). Tercero. - Que, según se desprende del propio contrato, se está trasmitiendo los derechos de la licencia, lo que supone la transmisión de un derecho de carácter empresarial entre personas jurídicas en el ejercicio de su actividad empresarial, quedando de este modo sujeta a IVA y no a ITPAJD ( TEAC 22-22-96), como así se estable el art.7.5 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. "No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido." En este sentido, el artículo 7, número 9, de la Ley 37/1992 , establece que no están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido las concesiones y autorizaciones administrativas, con determinadas excepciones que no son relevantes a estos efectos, ya que el referido supuesto de no sujeción resulta aplicable al otorgamiento de concesiones o autorizaciones administrativas por los entes públicos que las efectúen, por no considerarse realizadas en el desarrollo por parte del ente público de una actividad empresarial o profesional, pero no resulta aplicable a las ulteriores transmisiones de dichas concesiones que los primeros o ulteriores adjudicatarios de las 30 mismas realicen como es el caso objeto de consulta, constituyendo, por tanto, una prestación de servicios sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Cuarto. - Que, no obstante en fecha 12 de febrero de 2019, recibimos de la Dirección General de Tributos, consulta vinculante V0274-19, solicitada por esta parte, sobre la inclusión o no de la cuota del Impuesto sobre el Valor añadido, en el precio pactado, que viene a confirmar la NO sujeción al ITPAJD, que erróneamente se ha liquidado. Se aporta copia de la consulta (Documento 3). Quinto. - Por todo lo anterior, conforme se establece en el artículo 32 de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, esta parte insta la devolución de 10.000,00 euros ingresados indebidamente", folios 28 a 31 EA .

La CAM frente a dicha solicitud emite requerimiento con el siguiente contenido "En el presente caso la solicitud por Vd. presentada no reúne los requisitos que señala el artículo 17.2 del Real Decreto 520/2005 por lo que se le requiere para que, conforme al artículo 2.2 del citado Real Decreto , en un plazo de diez días (los sábados no se computan como hábiles), subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se procederá al archivo de las actuaciones y le tendrá por no presentada la solicitud o escrito, - ORIGINAL o copia cotejada de la Factura de Compra de la licencia de comunicación Audiovisual Radiofónica en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia en la localidad de Aranjuez, según contrato de compraventa entre NEGOCIO Y ESTILO DE VIDA SA Y DIFUCIÓN HERCIANA SL".

El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa en su art. 17.2 aludido indica "2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud deberá dirigirse al órgano competente para resolver y, además de las menciones a que se refiere el artículo 2 de este reglamento, contendrá los siguientes datos: a) Justificación del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe. b) Declaración expresa del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución, de entre los señalados por la Administración competente". Debe entenderse que el requisito no cumplido que debía cumplirse con la presentación de la factura de compra, sería la "justificación del ingreso indebido, documentos que acrediten el derecho a la devolución".

Ante dicho requerimiento se presentó escrito por la entidad acompañando el contrato, cheque bancario y autoliquidación por ITP y se explica literalmente que " Por lo que entendemos que el contrato que fija el precio de la licencia firmado por ambas partes, la liquidación del modelo 600, así como el justificante de pago son más que 52 suficientes para acreditar el ingreso indebido, puesto que también lo fueron en su día para proceder a la liquidación e ingreso del referido Impuesto. IV. - Respecto a los medios de prueba, también hace referencia la propia Ley General Tributaria en su art.106.4 , que la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto a la existencia de las operaciones, sino que la misma puede ser sustituida por otros documentos". Concretamente en la demanda indica que no poseía la factura de compra porque no se emitió ninguna, ya que la compraventa se plasmó en el contrato en el que se fijó el precio.

El 8 de enero de 2020 la Administración emitió Resolución de archivo de la solicitud de devolución instada con la siguiente fundamentación " PRIMERO: El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (BOE de 27/05/2005), por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, regula en su artículos 14 y siguientes , los supuestos de devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria. Asimismo, el Real Derecho 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 05/09/2007), por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, regula en el artículo 126 y siguientes el procedimiento para la rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devolución. SEGUNDO: El artículo 89.1) del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio , por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, dispone que si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documento preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámites. En el apartado 3) del mismo artículo, determina que cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hayan sido atendidos en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo. En el caso presente, se ha atendido al requerimiento efectuado por esta Administración tributaria, pero no se han subsanado los defectos de la solicitud, dado que en contestación al citado requerimiento se aporta nuevamente la copia del contrato, fotocopia de la autoliquidación del modelo 600, siendo requisito imprescindible la presentación del original o copia cotejada de la Factura de Compra para que surta los efectos necesarios en este procedimiento".

Por lo tanto, la resolución es de archivo en aplicación del art. 89.1.f) del RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en relación con el art. 17.2 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (BOE de 27/05/2005), por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. En la Resolución del TEAR y en los escritos de contestación a la demanda, se sostiene además la procedencia de la Resolución de archivo por otro motivo consistente en que no se ha aportado a la Administración tributaria ningún elemento probatorio concluyente que, en defecto de la preceptiva factura permitiese acreditar la repercusión efectiva del Impuesto sobre el Valor Añadido por la compraventa, tal y como señala la Consulta Vinculante aportada.

El art 89.1 del RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, dispone "1. Si el documento de iniciación no reúne los requisitos que se señalan en los apartados 2 y 3 del artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la normativa específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite...3. Cuando los requerimientos de subsanación a que se refieren los apartados anteriores hayan sido atendidos en plazo pero no se entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse el archivo".

Con esta resolución de archivo se plantean dos aspectos, en primer lugar que la decisión adoptada parece responder no a una decisión de fondo sino una mera respuesta formal frente a un incumplimiento de requisitos formales. Efectivamente el precepto transcrito, art. 89.1, está pensando en incumplimiento de los datos básicos, procedimentales, así el art. 88.2 y 3 a los que se remite, indican " Artículo 88. Iniciación a instancia del obligado tributario. 2. Cuando el procedimiento se inicie mediante solicitud, esta deberá contener, al menos, los siguientes extremos: a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal del obligado tributario y, en su caso, del representante. b) Hechos, razones y petición en que se concrete la solicitud. c) Lugar, fecha y firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio válido en derecho. d) Órgano al que se dirige. 3. En el caso de que se actúe por medio de representante deberá aportarse la documentación acreditativa de la representación". Sin embargo, la Administración ha equiparado a dichos datos, la aportación del ORIGINAL o copia cotejada de la Factura de Compra de la licencia de comunicación Audiovisual Radiofónica en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia en la localidad de Aranjuez, según contrato de compraventa entre NEGOCIO Y ESTILO DE VIDA SA Y DIFUCIÓN HERCIANA SL, para un procedimiento de solicitud de ingresos indebidos por ingreso de un Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La respuesta a este requerimiento no puede ser el previsto en el art. 89.3 antes transcrito porque, la valoración de la existencia o no de la factura, excede de un mero control formal y lo que en realidad está efectuando el órgano administrativo es una valoración de fondo. La no aportación de un documento presupuesto de una solicitud, como los datos del solicitante, los datos del impuesto, el propio justificante del ingreso, pueden dar lugar a un requerimiento y su incumplimiento, a un mero archivo porque no exige valoración alguna por el órgano. Sin embargo, la no aportación de un documento de prueba de fondo sobre la procedencia o no del ingreso, no da lugar a un requerimiento, sino a una valoración para determinar si era o no procedente el pago de dicho impuesto y en su caso su devolución. Por lo tanto, consideramos improcedente la resolución de archivo con cita en dichos preceptos.

Pero incluso dicho carácter limitado de la Resolución al reducir su resolución a un aspecto meramente formal, parece reconocerlo el TEAR y posteriormente los escritos de contestación a la demanda, los cuales han incidido en un aspecto más material (no si se ha atendido o no un requerimiento), sino si existe prueba o no de la repercusión del IVA, lo cual en realidad centra el problema en si se abonó o no el IVA, reconociéndolo claramente la Abogacía del Estado con su frase "la estimación de las pretensiones de la actora, rectificando la autoliquidación por el ITP sin acreditar la repercusión por el IVA, conllevaría que la operación realizada quedase sin tributar". Sin embargo la parte actora considera que debe centrarse el fondo de una solicitud de devolución de ingresos indebidos por ingreso improcedente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la naturaleza tributaria de la operación, esto es, si la transmisión efectuada estaba o no sujeta al ITP, sosteniendo el reclamante que no estaba sujeta por lo previsto en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que dispone "1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: A) Las transmisiones onerosas por actos "inter vivos" de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas...5. No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente Título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido". Así puesto que no están sujetas al ITP aquellas operaciones sujetas al IVA afirma que la transmisión era una entrega de bienes sujeta a IVA al estar realizada por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. Sobre este aspecto en realidad nada dice la Administración, sino que se centra en afirmar que no hay prueba del pago del IVA, pero la prueba de pago de un Impuesto no determina que esté sujeto a dicho impuesto o no, o sujeto en consecuencia a otro, lo único que determinará es que se ha incumplido una obligación tributaria frente a la Administración correspondiente. Pero dicho incumplimiento del obligado tributario no habilita a otra Administración para cobrar otro Impuesto no procedente para dicha operación. Sobre este aspecto clave realmente, la Administración nada dice en sus resoluciones, y ciertamente la Consulta Vinculante aun cuando no resuelve la cuestión principal puesto que se refiere a la repercusión del IVA, lo cierto es que parte del presupuesto de que dicha operación está sujeta a IVA porque si no lo negaría categóricamente y tendría como punto de partida que el precio de la transmisión de una licencia audiovisual no puede incluir IVA per se.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta los términos del debate planteados en los que está acreditado el abono del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y la Administración se limita a archivar la solicitud de devolución por un supuesto defecto formal inexistente, procede estimar el recurso.

SEXTO.- En cuanto a las costas, dispone el art. 139.1 LJ, en la redacción dada por la Ley 37/2011, que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". Procede, por tanto, imponer las costas en este caso a las Administraciones demandadas. Y haciendo uso de la facultad que nos concede el art. 139.3 LJ, se fijan las costas en la cuantía máxima de 1.000 euros para cada Administración por los conceptos de honorarios profesionales y derechos arancelarios, excluido el IVA.