Sentencia Contencioso-Administrativo 215/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 206/2024 de 29 de abril del 2024

PRIMERO. Constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo la Resolución de 30 de septiembre de 2021, dictada por el Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace público el listado definitivo de aprobados en la fase de oposición, elevado por el tribunal calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 139 plazas de la categoría de policía, del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, por el sistema de oposición libre, convocadas por Resolución de la Delegación del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 21 de abril de 2017 (Boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid nº 7844, de 26 de abril de 2017).

SEGUNDO. - La sentencia apelada señala que

El presente asunto, referido a otros opositores, ha sido resuelto por varios juzgados de esta capital, y todos ellos en sentido desestimatorio. Dado el número de sentencias y el número de Juzgados que se han pronunciado, un elemental sentido de congruencia debe abocar a la asunción de lo expuesto en dichas sentencias, sin perjuicio de compartir el criterio que en ellos se mantienen.

En la sentencia del Juzgado nº 34 de 16 de diciembre de 2022, PA 348/2021 , se dice lo siguiente:

Sentado lo anterior, en el presente procedimiento, se cuestiona la actuación llevada cabo por el Tribunal Calificador del proceso selectivo en ejecución de la sentencia firme nº 199/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Madrid . Ha de recordarse que en el fallo de dicha sentencia se acordó retrotraer "las actuaciones a la fecha en que se produjo la modificación de la nota de corte, según el acuerdo adoptado en fecha 15-112017, manteniendo la nota de corte de 5,6 puntos, y conservando todos los trámites posteriores que no estén afectados por dicha anulación." Es decir, las actuaciones se retrotrajeron al momento de calificación del segundo ejercicio, consistente en la prueba de conocimientos e idioma, de tal manera que se fijaba como nota de corte para entender superada dicha prueba en 5,6 puntos, equivalente a 56 preguntas netas acertadas. Por tanto, esas 56 preguntas netas acertadas pasaban a tener una calificación de 5.

Dicho esto, visto el expediente administrativo, no cabe duda de que el Tribunal calificador dio debido cumplimiento al fallo de la sentencia. En efecto en su sesión celebrada el día 10 de marzo de 2021 se acordó la reactivación del proceso selectivo, y en ejecución de la citada sentencia, hizo lo único que podía hacer, esto es, aprobar a aquellos aspirantes que, en ese segundo ejercicio, hubieran obtenido entre 56,34 y 69 preguntas netas acertadas. Ha de insistirse en que la sentencia solo afectó a este segundo ejercicio. Pues bien, ninguna otra cosa podía hacer el Tribunal Calificador. En efecto, es evidente que todos aquellos aspirantes que, en su día, no hubieran obtenido 56,34 preguntas netas acertadas no estaban afectados por el fallo de la sentencia. Estos aspirantes seguían sin superar esta nueva nota de corte, y, por tanto, sin aprobar este segundo ejercicio. Y, respecto de aquellos aspirantes que, en su día, obtuvieron más de 69 preguntas netas acertadas, el resultado seguiría siendo el mismo ya que, estos aspirantes habían sido calificados y puntuados y, además, porque la sentencia en cuestión dispuso expresamente la conservación de todos los trámites posteriores que no estuvieran afectados por dicha anulación. El Tribunal Calificador debía respetar la relación de aspirantes aprobados. De haber actuado de otra forma hubiera infringido los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo resumida en su sentencia, de fecha 18 de marzo de 2019 (rec. 361/2019 ) que dice: "(...) Efectivamente, venimos afirmando que no cabe hacer caer sobre los aspirantes que han sido nombrados funcionarios o personal estatutario fijo tras superar el correspondiente proceso selectivo, la consecuencia de verse privados de esa condición como consecuencia de irregularidades en el procedimiento a las que son ajenos"

Se cita el Auto del TSJM de 13 de junio de 2022 que aclaró, a propósito de este asunto, que la actuación impugnada no se ha desarrollado en ejecución de sentencia, sino que se corresponde con otra fase del proceso selectivo. Y añade:

A partir de aquí, se cuestiona la decisión que el Tribunal Calificador adoptó a la hora de equiparar las notas de estos nuevos aspirantes, entre ellos, la de los recurrentes, con la nota obtenida por el último aspirante que había superado el proceso selectivo. El problema radica en que, en su día, cuando se fijó en 69 preguntas netas acertadas, esto es, en 6,9 puntos, esta nota de corte se correspondía con un 5 en la calificación del segundo ejercicio. Y sobre esa consideración fueron calificados todos los aspirantes. Al modificarse la nota de corte, que pasa de 6,9 a 5,6, esta modificación influye necesariamente en la calificación del ejercicio, por pura lógica matemática. Ahora 56 preguntas netas pasan a calificarse con un 5 en el segundo ejercicio. Por tanto, el Tribunal Calificador, tomando como punto de referencia al último de los aspirantes que superó el proceso selectivo, hizo un cálculo que denomina de equiparación, y que, en el fondo, lo que vino a hacer es ajustar las calificaciones con arreglo a la nueva nota de corte. Es evidente que la nueva de corte altera las calificaciones obtenidas por todos los aspirantes. Lo que hace el Tribunal Calificador es partir del último de los aspirantes que había superado el proceso selectivo. Sencillamente porque ese último aspirante marca el límite a partir del cual se entiende superado el proceso selectivo. Huelga decir que no cabe aprobar a más aspirantes que plazas convocadas. Si a ese último aspirante se le hubiera puntuado con arreglo a la nueva nota de corte, su calificación final en el proceso selectivo sería de 6,94 puntos. Por tanto, el Tribunal Calificador, con acierto, fija en ese 6,94 la puntuación a alcanzar para poder superar la fase de oposición. Y a la hora de fijar esa nueva nota de corte el Tribunal calificador actuó con arreglo a las bases de la convocatoria. Y es aquí donde entra en juego la discrecionalidad técnica del Tribunal calificador. Los recurrentes, sin embargo, pretenden valerse de una nota final de un aspirante -la de 6,17 puntos- que se fijó con arreglo a una nota de corte que fue anulada y sustituida por otra.

Tampoco vicia de nulidad el proceso selectivo el hecho de que la resolución impugnada, finalmente, haya aprobado a 13 aspirantes más de las plazas convocadas. Ello no significa, como pretenden los recurrentes, que se hubiera tenido que aprobar a los 239 aspirantes nuevos que superaron el segundo ejercicio, en ejecución de sentencia. Primero, porque el Tribunal solo puede proponer como aprobados con derecho a plaza a tantos como plazas convocadas. Y segundo, porque el hecho de que se hayan incrementado en 13 los aspirantes aprobados ello es, en ejecución de sentencia. Como dice la STS fecha 18 de marzo de 2019 , antes citada, "(...) En tales circunstancias, se ha considerado que exigencias de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y, también, de equidad, conducen a limitar las consecuencias de la apreciación de infracciones en el desenvolvimiento del proceso selectivo a aquellos que se vieron indebidamente excluidos del mismo. Así, lo hemos dicho en la sentencia nº 1695/2018, de 29 de noviembre (casación nº 385/2016 ) y en las que en ella se citan." Sin que ello suponga la creación de plaza alguna, sino la ejecución de una sentencia; y "nada tiene que ver con la oferta de empleo público" ( STS de 29 de septiembre de 2014 ).

Por lo demás, debe añadirse que los recurrentes han sido tratados de forma igual que al resto de los aspirantes. A lo que debe añadirse que, en este caso, sumadas sus notas de la fase de oposición, ninguno de ellos alcanzó los 6,94 puntos del último aspirante aprobado, por lo que ningún reproche merece la actuación administrativa impugnada. Ninguno de los dos recurrentes superó el proceso selectivo.

Cita finalmente la sentencia nº 641/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de los de Madrid, de fecha 7 de diciembre de 2022, dictada en los presentes autos de Procedimiento Abreviado nº 533/2021 que resuelve un recurso similar, a la qu un e puede añadirse las de 22 de diciembre de 2022 (Juzgado nº 3, PA 540/2021), 23 de diciembre de 2022 (Juzgado nº 5, PA 537/2021), 8 de noviembre de 2023 (Juzgado nº 24, PA 528/2021), 13 de febrero de 2023 (Juzgado nº 27, PA 548/2021), entre otras muchas.

TERCERO.- La representación de Salvador en su escrito interponiendo el recurso de apelación alega que el Tribunal Calificador no estaba habilitado ni por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid, ni por las Bases de la convocatoria, para establecer una nueva nota de corte distinta de las establecidas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1, y sin embargo lo hizo en su Acuerdo de 27 de mayo de 2021, mediante la ponderación que describe la sentencia y que consta en el expediente, cambiando por completo las notas de corte en el segundo ejercicio, transformando las notas de todos los aspirantes y exigiendo, además, que se obtuviera una nota final superior a la del último aspirante de los 139 ya aprobados.

Ello no se recogía en modo alguno en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid, de fecha 10 de junio de 2019, ni en la Sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la confirmó. Añade que no hay motivación discernible en el Acta de Tribunal Calificador de 27 de mayo de 2021 de cómo y con qué base se hace la ponderación de notas, sin que sea suficiente en modo alguno la hoja de cálculo sin razonamiento que figura en el expediente administrativo. Argumenta que la sentencia acoge acríticamente el razonamiento del tribunal calificador y convalida en la práctica el establecimiento de una nueva nota de corte no recogida en la sentencia judicial que se pretende ejecutar, ni en las Bases de la Convocatoria, convalidando además la ponderación al alza que hace el tribunal calificador de la nota de corte del segundo ejercicio, sin ningún apoyo tampoco en las mismas, y sin motivación discernible, estableciendo una nota de corte final para todo el proceso selectivo y no sólo para el segundo ejercicio, que fue el único pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid, de fecha 10 de junio de 2019.

La única aplicación correcta de lo establecido por la Sentencia del Juzgado la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid es entender que todos los aspirantes que han superado la nota de corte inicial, es decir, 5,6 puntos, y que por ello fueron declarados aptos en el segundo ejercicio de la fase de oposición en el acuerdo del Tribunal Calificador de fecha 18 de mayo de 2021, y han superado las pruebas posteriores, deben declararse aptos en la fase de oposición, ya que el número de plazas convocadas ha dejado de ser relevante para tal declaración, habiéndose declarado aptos 13 aspirantes además de los 139 ya aprobados con anterioridad.

Y, por tanto, al haber superado la nota de corte inicial, e incluso la nota del último de los 139 aspirantes originalmente aprobados, y por aplicación y ejecución correcta de lo ordenado en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, de fecha 10 de junio de 2019, y habiendo superado también las pruebas selectivas posteriores, debe ser declarado apto en la fase de oposición de las pruebas selectivas.

CUARTO. - La Letrado Consistorial del Ayuntamiento de Madrid en su escrito de oposición al recurso de apelación formulado de contrario opone que

(...) , El actor da a entender en su escrito de apelación que, en relación a la discrecionalidad técnica, se ha producido por el tribunal una infracción o aplicación errónea de las bases. En este sentido, debe señalarse que la interpretación y aplicación de las bases es una facultad del órgano de selección, sin que se aprecie que se hubiera producido indefensión o discriminación alguna, habiéndose producido las calificaciones de conformidad con las bases de la convocatoria, y en ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Madrid, aunque se vio obligada a aprobar a 13 personas más que las plazas convocadas en salvaguarda de los derechos de los aspirantes con la misma o superior puntuación, sin perjudicar a aquellos que obtuvieron una puntuación inferior.

Sentado lo anterior, en el presente procedimiento, se cuestiona la actuación llevada cabo por el Tribunal Calificador del proceso selectivo en ejecución de la sentencia firme nº 199/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Madrid . Ha de recordarse que en el fallo de dicha sentencia se acordó retrotraer "las actuaciones a la fecha en que se produjo la modificación de la nota de corte, según el acuerdo adoptado en fecha 15-11-2017, manteniendo la nota de corte de 5,6 puntos, y conservando todos los trámites posteriores que no estén afectados por dicha anulación."

Es decir, las actuaciones se retrotrajeron al momento de calificación del segundo ejercicio, consistente en la prueba de conocimientos e idioma, de tal manera que se fijaba como nota de corte para entender superada dicha prueba en 5,6 puntos, equivalente a 56 preguntas netas acertadas. Por tanto, esas 56 preguntas netas acertadas pasaban a tener una calificación de 5.

Dicho esto, a través del expediente administrativo, no cabe duda de que el Tribunal calificador dio debido cumplimiento al fallo de la sentencia. En efecto, en su sesión celebrada el día 10 de marzo de 2021 se acordó la reactivación del proceso selectivo, y en ejecución de la citada sentencia, hizo lo único que podía hacer, esto es, aprobar a aquellos aspirantes que, en ese segundo ejercicio, hubieran obtenido entre 56,34 y 69 preguntas netas acertadas. Ha de insistirse en que la sentencia solo afectó a este segundo ejercicio.

Pues bien, ninguna otra cosa podía hacer el Tribunal Calificador. En efecto, es evidente que todos aquellos aspirantes que, en su día, no hubieran obtenido 56,34 preguntas netas acertadas no estaban afectados por el fallo de la sentencia. Estos aspirantes seguían sin superar esta nueva nota de corte, y, por tanto, sin aprobar este segundo ejercicio. Y, respecto de aquellos aspirantes que, en su día, obtuvieron más de 69 preguntas netas acertadas, el resultado seguiría siendo el mismo ya que, estos aspirantes habían sido calificados y puntuados y, además, porque la sentencia en cuestión dispuso expresamente la conservación de todos los trámites posteriores que no estuvieran afectados por dicha anulación.

El Tribunal Calificador debía respetar la relación de aspirantes aprobados. De haber actuado de otra forma hubiera infringido los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo resumida en su sentencia, de fecha 18 de marzo de 2019 (rec. 361/2019 ) que dice:

"(...) Efectivamente, venimos afirmando que no cabe hacer caer sobre los aspirantes que han sido nombrados funcionarios o personal estatutario fijo tras superar el correspondiente proceso selectivo, la consecuencia de verse privados de esa condición como consecuencia de irregularidades en el procedimiento a las que son ajenos"

Debe señalarse que la interpretación y aplicación de las bases es una facultad del órgano de selección, sin que se aprecie que se hubiera producido indefensión o discriminación alguna, habiéndose producido las calificaciones de conformidad con las bases de la convocatoria, y en ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid anteriormente señalada, aunque se vio obligada a aprobar a 13 personas más que las plazas convocadas en salvaguarda de los derechos de los aspirantes con la misma o superior puntuación, sin perjudicar a aquellos que obtuvieron una puntuación inferior.

(...) De la documentación administrativa puede constatarse que efectivamente el Tribunal Calificador procedió a la retroacción de las actuaciones al momento de la calificación del segundo ejercicio consistente en la prueba de conocimientos y de idioma, en ejecución de la Sentencia nº 199/2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Madrid , señalándose como nota de corte para considerar superada la prueba la de 5,6 puntos que equivalía a 56 preguntas netas acertadas y por tanto, esas 56 preguntas netas acertadas pasaban a tener una calificación de 5

(...) El Tribunal no podía concluir no considerando aptos a ninguno de los 236 aspirantes que aprobaron todas las pruebas por tener ya aprobados a 139 aspirantes, lo que hubiera lesionado sus derechos y hubiera supuesto un incumplimiento de la sentencia. El Tribunal tampoco podía aprobar a todos los aspirantes del proceso de ejecución que aprobaron todas las pruebas, como ya vimos. La única posibilidad que cabía, en aras de salvaguardar los principios de igualdad, mérito y capacidad y dar cumplimiento a la sentencia que se ejecutaba era aprobar a todos los aspirantes que aprobaron con nota igual o superior al opositor que había aprobado con el último lugar, el 139, en el proceso selectivo. Aunque ello supuso aprobar a más personas (13) que las inicialmente convocadas (139).

(...) El tribunal calificador, una vez concluidas todas las pruebas, ha tomado como referencia la nota obtenida por el último de los aprobados en la fase del proceso selectivo, esto es, 6,17 puntos, procediendo a declarar aspirantes que han superado la fase de oposición, aquellos que, habiendo superado todos los ejercicios en fase de ejecución de sentencia, han superado o igualdad en puntuación al último de los 139.

La puntuación final ha sido calculada teniendo en cuenta la nota de 5,6 y no de 6,9 que fue la que sirvió para fijar la puntuación final de 6,17, por lo que era necesario volver a calcular la puntuación que correspondería a la calificación de 6,17 para una nota de corte establecida en la prueba de conocimientos de 5,6. Se trata de una simple adaptación matemática. Habiendo realizado los cálculos la nota final es de 6,94, siendo esta la nota del último de los 139 aprobados.

Lo acordado por el Tribunal no supone una nueva ponderación de notas, ni el establecimiento de una nueva nota de corte, sino una adaptación matemática. Las plazas convocadas eran 139 y ya habían sido aprobados antes de la firmeza de la sentencia que se ejecutaba 139 aspirantes. Por la conservación de actos fijada en el fallo de la misma sentencia esos 139 aprobados en resolución firme tuvieron que ser mantenidos

(...) Como puede observarse en el Excel que aportamos como documental en el acto de la vista y que también forma parte del expediente, concretamente folios 122 y 123, queda acreditado que D. Salvador no estuvo entre los 139 aspirantes aprobados. Teniendo en cuenta la nueva nota de corte establecida por sentencia se observa que el demandante obtiene un 6,35 y no consigue alcanzar los 6,94 exigidos para entender superado el proceso selectivo.

QUINTO. - La adecuada resolución de las cuestiones planteadas en esta apelación exige hacer una recapitulación de los antecedentes fácticos y jurídicos que han traído hasta la misma, en los siguientes términos:

El proceso selectivo que nos ocupa se convoca por Resolución de la Delegación del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 21 de abril de 2017 (Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid n º 7.844, de 26 de abril de 2017), para proveer 139 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, por turno libre, que contiene las Bases específicas de dicha convocatoria.

El punto de arranque del conflicto que trae a este recurso de apelación debe situarse en la sentencia de fecha 29 de junio de 2020, de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia nº 199/2019 de 10 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Madrid, en el procedimiento abreviado n.° 327/2018.

El fallo de dicha sentencia de instancia, confirmada en grado de apelación por la primeramente citada, disponía: "Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Filomena, contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid de fecha 18-4-2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo adoptado en fecha 24-11-2017 por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 139 plazas de la categoría de Policía Local del Cuerpo de Policía Local de dicho Ayuntamiento, por el que se desestimaron las alegaciones formuladas frente al acuerdo del mismo órgano de fecha 16-11-2017, por el que se publicó la relación provisional de aspirantes que habían superado la segunda prueba de la fase de oposición de dicho proceso selectivo, resoluciones administrativas que anulamos por no ser ajustadas a Derecho, debiendo retrotraerse todas las actuaciones a la fecha en que se produjo la modificación de la nota de corte, según el acuerdo adoptado en fecha 15-11-2017, manteniendo la nota de corte de 5,6 puntos, y conservando todos los trámites posteriores que no estén afectados por dicha anulación; con expresa imposición de las costas a la Administración demandada, que no podrán superar la cantidad de 300,00 euros para todos los conceptos".

Esta sentencia anula un Acuerdo del tribunal calificador de fecha 15-11-2017 por el cual, tras la apertura de las plicas, decidió elevar a 69 preguntas acertadas, equivalentes a 6,9 puntos, la nota de corte del primer ejercicio de la segunda prueba, que en anterior Acuerdo de 13-11-2017 había fijado en 56,34 preguntas acertadas, equivalentes a 5,6 puntos.

En ejecución de lo resuelto en dicha sentencia firme, el tribunal calificador de las pruebas selectivas, adoptó los siguientes Acuerdos, que aparecen en el expediente administrativo:

-En su sesión celebrada el día 10 de marzo de 2021, adoptó acuerdo de hacer pública la reactivación del proceso selectivo.

-En sesión de 17 de mayo de 2021, acordó publicar la lista de los aspirantes que "... habiendo obtenido entre 56.34 y 69 preguntas acertadas en el segundo ejercicio de la oposición, referido a la prueba de conocimiento, una vez ponderada la misma al 90% y sumada a ésta la prueba de inglés, (ponderada al 10%), y teniendo en cuenta la nueva nota de corte establecida por la citada sentencia en 5,6 puntos, han alcanzado 5 puntos", y que por ello son declarados aprobados en el segundo ejercicio, entre los cuales se encontraba la parte hoy apelante, a los efectos de ser convocados para la realización del tercer ejercicio de la oposición, consistente en las pruebas físicas. En consecuencia, en ejecución de la tantas veces citada sentencia, se retrotrajo el procedimiento sólo respecto de los 236 aspirantes indebidamente eliminados, cuya nota de la primera prueba del segundo ejercicio (conocimientos) se encontraba entre el 5,6 y el 6,9. Es importante precisar que la nota de corte de 5,6 puntos se aplica al ejercicio a) de la segunda prueba (conocimientos), de los dos que integran esa segunda prueba, regulada en la Base 3.1, pues así lo decidió el tribunal calificador en su sesión de 13-11-2017 y tal como recoge y convalida la sentencia firme del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. El resto de aspirantes con nota inferior a 5,6 en esa primera prueba del segundo ejercicio no se veían afectados por la nulidad declarada por la sentencia y quedaban excluidos del proceso selectivo. La lista de los 236 aspirantes a los que se declara aprobados en el segundo ejercicio aparece adjunta a dicho Acuerdo de 17 de mayo de 2021. Se les asigna una nueva nota, que es resultado de efectuar una ponderación que tiene en cuenta la nueva nota de corte establecida por la citada Sentencia en 5,6 y que ahora equivale a una calificación de "5", que era la que habilitaba para continuar en el proceso selectivo (Base 5.1). En ese sentido se pronuncia el Informe emitido a solicitud del tribunal calificador por la Subdirección General de Régimen Jurídico, Disciplinario e Incompatibilidades de Personal, que aparece en el expediente y cuyo criterio sigue el mismo tribunal calificador. Por lo tanto, esa nueva puntuación se establece asignando una puntuación de 5 (nota mínima exigida en la Base 5.1) a los que alcanzaron esa nota de corte de 5,6, que fue la originariamente señalada por el tribunal calificador y que la sentencia del Juzgado nº 1 finalmente convalidó. El 5 ya no queda fijado, pues, en 69 preguntas correctas, sino en 56,34 preguntas correctas.

De ahí resultan las nuevas puntuaciones que se asignan a los 236 aspirantes incluidos en esa lista, a los que, tras la citada sentencia firme, se considera aprobados con una nota mínima de 5, resultado de establecer para el ejercicio a) de la segunda prueba un corte en 56,34 presuntas, en lugar de hacerlo (como anteriormente) en 69. La parte ahora recurrente se ve beneficiada por ello y en el listado también aparece con una puntuación superior a 5 puntos en la prueba de conocimientos del apartado a) de la Base 3.1, a la que se suma la que obtuvo en el ejercicio b) de la segunda prueba que regula esa misma Base.

-En sesión de 27 de mayo de 2021, el tribunal calificador, "... dado que en virtud del fallo judicial sólo podrán declararse que han superado la fase de oposición aquellos aspirantes que habiendo superado todos los ejercicios, superen en puntuación al último de los 139 aspirantes que finalmente superaron el proceso selectivo...", acordó que "La puntuación a alcanzar para poder superar la fase de oposición deberá ser 6,94 que es la que corresponde al último de los aspirantes que superaron la misma, teniendo en cuenta la nueva nota de corte establecida por Sentencia judicial para la segunda prueba, que pasa de 6,9 a 5,6". En el expediente aparece el acta de dicha sesión y se incorpora a la misma un "cálculo de la equiparación de nota del último opositor que obtuvo plaza", en el que se pondera la nota que obtuvo ese último de los 139 aprobados en el primer ejercicio de la segunda prueba (conocimientos), sobre la base de una nota de corte de 6,9; para obtener la equivalencia de esa calificación sobre una nota de corte de 5,6, como obliga la sentencia firme. Sobre esa nueva nota ponderada, se adicionan las notas de las restantes pruebas: conocimientos de inglés y pruebas físicas. Tras aplicar los porcentajes de valoración que contemplan las Bases (90/10% en la segunda prueba; y 60/40% en las notas finales de la segunda y la tercera), el resultado es que a la nota final de 6,17 que obtuvo inicialmente como consecuencia de partirse de una nota de corte de 69 puntos en el primer ejercicio de la segunda prueba, corresponde una calificación equivalente de 6,94 puntos como resultado de reducir esa nota de corte a 56,34 puntos. Esta (6,94) es la nota de referencia para considerar aptos a todos los aspirantes que la superen al final del proceso selectivo, de entre los 236 adicionalmente aprobados en el segundo ejercicio; y ésta es la decisión es la que esencialmente se cuestiona en el recurso de apelación y a ella nos referiremos más adelante.

-También en Acuerdo de 27 de mayo de 2021, el tribunal acuerda convocar a los 236 aspirantes que han sido declarados aprobados en la segunda prueba del proceso selectivo en virtud de la sentencia judicial, para la realización del tercer ejercicio de la oposición (pruebas físicas).

-En sesión de 16 de junio de 2021 se acuerda publicar las notas obtenidas por los aspirantes en las pruebas físicas, constando que las han superado un total de 103 de ellos.

-Posteriormente aparecen las convocatorias para las pruebas de reconocimiento médico de esos 103 aspirantes y el listado de los que las superaron.

-Finalmente, en sesión de 23 de septiembre de 2021, el tribunal acuerda publicar el listado de 13 aspirantes a los que se declara aprobados en la fase de oposición, cuya nota final es igual o superior a 6,94 puntos, que es la que obtuvo el último de los 139 aspirantes inicialmente aprobados, tras la ponderación de la nota que inicialmente se le asignó. Entre esos 13 aprobados no se encuentra la parte aquí apelante, que obtuvo una nota final inferior a 6,94.

SEXTO. - Así relacionados los hechos origen de la controversia, es importante recalcar las concretas alegaciones en que se sostiene el recurso de apelación, que vienen enunciados en el apartado "motivos de apelación" del escrito de la parte apelante.

Es necesario recordar que el recurso de apelación no tiene como finalidad abrir un nuevo enjuiciamiento de la cuestión en las mismas condiciones que tuvo lugar en la primera instancia, sino depurar el resultado procesal obtenido en ella.

El escrito de alegaciones del apelante ( artículo 100.5 de Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa aplicable en virtud de la disposición transitoria tercera. 2, de la Ley 10/1992, de 30 abril de Medidas Urgentes de Reforma Procesal ha de consistir en una crítica de la sentencia impugnada que sirva de fundamento a la pretensión de sustitución de sus pronunciamientos por otros distintos.

El hecho de que la parte apelante no estime ajustada a derecho la decisión sobre la cuestión planteada contenida en la sentencia impugnada no autoriza a hacer caso omiso de ésta y a obligar al juez de apelación a un "novum iudicium", convirtiendo la apelación en una reiteración de la primera instancia.

Como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1.998 el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia - Sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993, etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.

Así pues, los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de abril y 14 de junio de 1991 , indican que el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la Sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la Sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación , de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quem del necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la Sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede "hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso".

La jurisprudencia (entre otras, muchas SSTS de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993) ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal ad quem la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere la individualización de los motivos opuestos a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo.

Sin embargo, el incumplimiento de dichos requisitos no constituye causa de inadmisión del recurso de apelación sino de desestimación

Por tanto, el enjuiciamiento de esta Sala debe limitarse al estudio de los concretos motivos alegados por la parte recurrente en el presente recurso de apelación, sin extender su enjuiciamiento a otros que fueron objeto de discusión y debate en la instancia, ni a otros que no sean estrictamente los planteados en el escrito de interposición del recurso de apelación.

SÉPTIMO.- El recurso de apelación, en dicho apartado "motivos de impugnación", recuerda la doctrina jurisprudencial sobre el valor de las bases de las convocatorias de procesos de selección de personal y anuncia que centrará su crítica a la sentencia en relación con el Acuerdo del tribunal calificador de 27 de mayo de 2021 (apartado segundo); relaciona los argumentos que se manejaron en la instancia (apartado tercero) y, tras exponerlos, centra su crítica a la sentencia de instancia (apartados cuarto a sexto) en los siguientes puntos, que resumimos así:

-La sentencia acoge acríticamente el razonamiento del tribunal calificador y convalida en la práctica el establecimiento de una nueva nota de corte para el proceso selectivo no recogida en la sentencia judicial que se pretende ejecutar, ni en las Bases de la Convocatoria.

-Se podría admitir que se exigiera, tras la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid, que hubiera que superar la nota final del último de los 139 aspirantes originalmente aprobados, es decir, 6.17 puntos, como pidió el representante sindical en el Tribunal Calificador en su reunión de fecha 27 de mayo de 2021, nota que superó ampliamente el recurrente, que obtuvo una puntuación superior a ese 6,17, pero no la nota de 6,94 puntos que ha fijado el tribunal.

-Se ha producido una vulneración grave de las Bases de la convocatoria, al crearse por el tribunal una nueva Base en su acuerdo de 27 de mayo de 2021, al aplicar con error evidente la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1, cuando en el mismo se determina que "la puntuación para poder superar la fase de oposición deberá ser 6.94 puntos". Ni en la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid, ni en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la confirmó, se dijo en modo alguno tal cosa.

-La única aplicación correcta de lo establecido por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid de 10 de junio de 2019 sería entender que todos los aspirantes que han superado la nota de corte inicial, es decir, 5,6 puntos, y que por ello fueron declarados aptos en el segundo ejercicio de la fase de oposición en el acuerdo del Tribunal Calificador de fecha 18 de mayo de 2021, y han superado las pruebas posteriores, deben declararse aptos en la fase de oposición, ya que el número de plazas convocadas ha dejado de ser relevante para tal declaración, habiéndose declarado aptos 13 aspirantes además de los 139 ya aprobados con anterioridad, por acuerdo del Tribunal Calificador de fecha treinta de septiembre de 2021.

El recurrente, al haber superado la nota de corte inicial, e incluso la nota del último de los 139 aspirantes originalmente aprobados, y por aplicación y ejecución correcta de lo ordenado en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid, de fecha 10 de junio de 2019, y habiendo superado también las pruebas selectivas posteriores, debe ser declarado apto en la fase de oposición.

OCTAVO.- El examen de todos esos alegatos de oposición y su contraste con el contenido de los razonamientos contenidos en la sentencia apelada, a la vista del contenido de las bases de la convocatoria y de la sentencia de fecha 29 de junio de 2020, de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la sentencia nº 199/2019 de 10 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Madrid, en el procedimiento abreviado n.° 327/2018, confirmada por la anterior, lleva a desestimar todos estos argumentos del recurso de apelación.

Muy al contrario de lo que se sostiene por la parte apelante, la sentencia apelada convalida el criterio del tribunal calificador con acertado sentido crítico del mismo. Ese criterio del tribunal calificador, no sólo no es contrario a los pronunciamientos de la sentencia del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid de 10 de junio de 2019, ni a las Bases de la convocatoria. Ese criterio del tribunal calificador, que convalida la sentencia apelada, es el único que puede aplicarse para cohonestar las reglas contenidas en dichas bases con lo ordenado en la mencionada sentencia ejecutoria.

La sentencia del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid es clara y sólo obligaba a una cosa: a que el tribunal calificador respete la nota de corte de 5,6 puntos, equivalente a 56,34 preguntas correctas, del primer ejercicio de la segunda prueba prevista en la Base 3.1.a) del proceso selectivo, que el propio tribunal calificador había establecido en su sesión de 13-11-2017; y a dejar sin efecto la nota de corte de 6,9 puntos, equivalente a 69 preguntas acertadas, que fijó en su reunión de 15-11-2017, posterior ya a la apertura de las plicas. No cambia nada más en el proceso selectivo. Esta modificación de la nota de corte de ese concreto ejercicio a 5,6 puntos debe de hacerse extensiva a todos los aspirantes que participaron y fueron calificados en ese segundo ejercicio en consideración a la anulada nota de 6.9 puntos. Por tanto, la nueva nota de corte debe aplicarse a todas las calificaciones sin excepción.

Eso incluye a los 139 que obtuvieron más de 6,9 puntos en ese ejercicio y que finalmente obtuvieron plaza; y a los 236 que, como la parte apelante, no alcanzaron el 6,9 en ese ejercicio y resultaron excluidos del proceso, pero si habían obtenido al menos un 5,6, resultado de acertar al menos 56,34 preguntas netas. A todos ellos se les debe evaluar de la misma manera y con el mismo criterio. Por lo tanto, a los que contestaron 56,34 preguntas netas y obtuvieron una puntuación de al menos 5,6 en ese ejercicio (caso de la parte apelante), que fue la fijada por el tribunal al amparo de la Base 5.1 en su párrafo segundo; y fue la convalidada por la sentencia firme del Juzgado nº 1 de Madrid, ha de reasignárseles una nueva puntuación, teniendo en cuenta que ahora ese 5,6 equivale a la calificación mínima de "5", que habilitaba para continuar en el proceso selectivo y así no quedar eliminados, de acuerdo con lo establecido en la misma Base 5.1. Pero también deben reasignarse o ponderarse las puntuaciones de todos los participantes, no sólo de esos 236, sino de todos, lo que incluye a los 139 que aprobaron y obtuvieron plaza. De lo contrario, se estarían aplicando dos criterios de calificación: uno, sobre una nota de corte de 6,9, a los que aprobaron inicialmente, por lo que sus notas serán más bajas; y otro, sobre una nota de corte inferior, de tan solo 5,6 puntos, a los 236 a los que tras la sentencia del Juzgado nº 1 se reintegra al proceso y se les permite realizar los subsiguientes ejercicios. No es posible aceptar ese doble rasero de calificación. Si hay algo que no dice la sentencia del Juzgado nº 1 es precisamente eso, que haya de aplicarse ese doble "standard" de calificación. El propio recurso de apelación reconoce que "...podría admitir que se exigiera, tras la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 1 de Madrid, que hubiera que superar la nota final del último de los 139 aspirantes originalmente aprobados...", lo que es buena prueba de todo cuanto exponemos; pero pretende, eso sí, que se haga sin tener en cuenta la sentencia del Juzgado nº 1 de Madrid, es decir, sin actualizar la calificación inicial de 6.17 puntos que inicialmente se le otorgó a ese último aprobado bajo la premisa de una calificación de "5" equivalente a 69 respuestas acertadas. Ello no supondría otra cosa, repetimos, que aplicar un doble "standard" de calificación a uno y a otro participante, muy beneficioso sin duda para el apelante, al que su calificación final, obtenida bajo el dispar criterio de asignar un "5" a 56,34 preguntas acertadas, le permitiría superar la nota de ese último aprobado, al que la nota se le calculó sobre una equivalencia a 5 de la nota 6,9. En consecuencia, el tribunal calificador acierta cuando "convierte" todas las notas que otorgó inicialmente y las transforma en las que hubieran correspondido a todos y a cada uno de los aspirantes, de haberse otorgado la calificación de 5 en el ejercicio de conocimiento a los que acertaron 56,34 preguntas netas, en lugar de las 69 que indebidamente exigió. Fijando el "5" en ese umbral de 5,6 puntos y reasignando las calificaciones desde ese listón mínimo, está dando cumplimiento en sus exactos términos a la sentencia del Juzgado nº 1. Sobre la base de esa nueva calificación del ejercicio de conocimiento, se adicionan las puntuaciones de los demás ejercicios a los que los hayan superado; y se aplican los porcentajes que establecen las bases, a fin de obtener la calificación final. Si todo esto se hubiera hecho así desde un principio, hubieran resultado aprobados los 139 aspirantes que hubieran obtenido las 139 mayores puntuaciones. Como quiera que ha habido que reactivar el proceso tras la sentencia del Juzgado nº 1, para dar entrada a los 236 que obtuvieron un 5,6 en el ejercicio de conocimiento y que habían sido indebidamente eliminados, cuando ya se había aprobado a 139, que no pueden ya ser removidos, la única solución posible para resolver el proceso selectivo conforme a las bases (concretamente a la Base 5.3) es aprobar a los aspirantes que superen la nota obtenida por el último de los 139 aprobados inicialmente, puesto que solo estos debieron haber resultado aprobados inicialmente.

Esto es lo que acordó el tribunal calificador en su sesión de 27 de mayo de 2021 que la parte apelante cuestiona. Esta es, sin embargo, la única decisión que permite acomodar lo que impone la sentencia del Juzgado nº 1, esto es, calificar el ejercicio de conocimiento desde el corte de 5,6; con lo dispuesto en la base 5.3, que obliga a aprobar a los opositores que obtengan las plazas más altas, únicamente hasta el máximo del número de plazas convocadas. El tribunal no ha desconocido la sentencia del Juzgado nº 1, ni ha "creado" ninguna base, como se dice en el recurso de apelación. Es esa Base 5.3 la que le obliga a aprobar a los que hayan obtenido más nota, por lo que ha tenido que establecer un orden de notas; y ha tenido que hacerlo como ordena la sentencia citada, desde la nota de corte de 5,6, por lo que ha tenido que reasignar notas a los participantes en el proceso: Pero no sólo a los 236 readmitidos tras la sentencia, que es lo que pretende indebidamente el recurso de apelación, sino a todos ellos, lo que comprende las calificaciones de los 139 inicialmente aprobados, que es la única manera de saber el orden de calificación correcto de todos los aspirantes. Naturalmente que, como se alega por la parte apelante, la sentencia del Juzgado nº 1 no dice que sólo pudieran superar el proceso selectivo los aspirantes que, habiendo superado todos los ejercicios, superen en puntuación al último de los aspirantes que finalmente superaron el proceso selectivo; ni que la puntuación para poder superar la fase de oposición deberá ser la que corresponde al último de los aspirantes que superaron la misma.

No lo puede decir, sencillamente porque tales cuestiones no fueron objeto de conocimiento en ese pleito, que se limitó a revisar la decisión del tribunal calificador de elevar la nota de corte del ejercicio de conocimiento. Por lo tanto, la sentencia de instancia acierta, cuando confirma este proceder del tribunal calificador, tal como explica en su fundamentación. En conclusión, deben ser desestimados todos los argumentos del recurso de apelación que se refieren al criterio observado por el tribunal calificador para obtener la equivalencia de notas del ejercicio de conocimientos de la segunda prueba, tras la aplicación de la nueva nota de corte establecida por la sentencia del Juzgado nº 1; y a entender aprobados a los aspirantes que obtuviesen una nota final superior a la del último de los 139 aspirantes inicialmente aprobados.

NOVENO. - Únicamente resta por analizar uno de los motivos de apelación que se contienen en el apartado así denominado del escrito de apelación de la parte apelante.

Se dice que no hay motivación discernible en el Acta de Tribunal Calificador de 27 de mayo de 2021 de cómo y con qué base se hace la ponderación de notas, sin que sea suficiente en modo alguno la hoja de cálculo sin razonamiento que figura en el folio 64 del expediente administrativo.

En definitiva, se alega la falta de motivación de la resolución recurrida en un punto muy concreto, pero sustancial: la expresión del principio, razón o criterio matemático que se ha observado para obtener la equivalencia entre las notas del primer ejercicio de la segunda prueba cuando la nota de corte equivalente a la calificación "5" era 6,9 (equivalente a 69 preguntas acertadas); y la nueva nota de corte del mismo ejercicio, que se ha de calcular con la equivalencia a "5" de 5,6 puntos, es decir, de 56,34 preguntas acertadas.

Efectivamente, tal como sostiene el recurso de apelación, en la resolución aquí impugnada, la de 30 de septiembre de 2021, no se hace explícito ese criterio de puntuación, ya que la misma se limita a hacer público el listado definitivo de aprobados en la fase de oposición, elevado por el tribunal calificador. Debemos tratar de encontrar esa explicación en actuaciones del tribunal calificador previas a la misma. Como ya hemos dicho, fue en la sesión de 27 de mayo de 2021, del tribunal calificador, cuando se decidió ejecutar el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid, declarando que únicamente superarían la fase de oposición aquellos aspirantes que habiendo superado todos los ejercicios, superasen en puntuación al último de los 139 aspirantes que finalmente superaron el proceso selectivo. En esta misma sesión se acordó que la puntuación a alcanzar para poder superar la fase de oposición debía ser 6,94, que es la que corresponde al último de los aspirantes que superaron la misma, teniendo en cuenta la nueva nota de corte establecida por Sentencia judicial para la segunda prueba, que pasa de 6,9 a 5,6. Sin embargo, en el Acta de la sesión no se explican las bases del "recálculo" que se hace de las notas del último de los 139 que aprobaron inicialmente la oposición, tras la nueva nota de corte establecida por la sentencia.

Sólo se dice (sic) que "... la nota obtenida por el último de los aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo fue 6,17 puntos..."; y que "... las operaciones matemáticas que figuran en la hoja Excel que acompaña a la presente acta arrojan el resultado de 6,94, que es la nota actualizada al fallo judicial y que ha de servir de referencia para superar la fase de oposición...".

Efectivamente, esa acta va acompañada de una hoja adjunta intitulada "cálculo de la equiparación de nota del último opositor que obtuvo plaza", en la que se pondera la nota de 4,61 que obtuvo ese último de los 139 aprobados en el primer ejercicio de la segunda prueba (conocimientos), sobre la base de una nota de corte de 6,9; y se fija la equivalencia de esa calificación sobre una nota de corte de 5,6, como obliga la sentencia firme, a 5,91. Sobre esa nueva nota ponderada, se adicionan las notas de las restantes pruebas: conocimientos de inglés y pruebas físicas.

Tras aplicar los porcentajes de valoración que contemplan las Bases (90/10% en la segunda prueba; y 60/40% en las notas finales de la segunda y la tercera), el resultado es que a la nota final de 6,17 que obtuvo inicialmente como consecuencia de partirse de una nota de corte de 69 puntos en el primer ejercicio de la segunda prueba, corresponde una calificación equivalente de 6,94 puntos como resultado de reducir esa nota de corte a 56,34 puntos. Esta (6,94) es la nota de referencia para considerar aptos a todos los aspirantes que la superen al final del proceso selectivo, de entre los 236 adicionalmente aprobados en el segundo ejercicio.

Sin embargo, ni el Acta, ni ese adjunto "cálculo de la equiparación de nota del último opositor que obtuvo plaza" explican qué fórmula, criterio o razón matemática se ha aplicado para obtener la equivalencia de la nota que ese último opositor aprobado obtuvo en el ejercicio comprometido y pasarla de 4,61 a 5,91. Sólo se dice que es el resultado que ofrece una hoja Excel, pero tampoco se dice qué parámetros se han introducido en esa hoja Excel para que realice el cálculo automático de las notas equivalentes. La parte apelante se queja, con razón, de que no puede saber qué fórmula o qué cálculo matemático se ha aplicado a la nota 4,61 de ese último opositor aprobado, sobre una base de 6,9 puntos equivalentes a un "5", para obtener la nueva de 5,91, resultado de asignar el "5" a 5,6 puntos. Del mismo modo, tampoco se sabe si el resultado final del cálculo de la nueva nota de aquel opositor es correcto; ni tampoco se puede saber si esa misma fórmula se ha aplicado de la misma manera a la parte apelante y si es correcta la puntuación que se le ha asignado a resultas de la misma, cualquiera que fuere.

Esa falta de explicación del criterio para recalcular las notas del ejercicio a) de la segunda prueba es una omisión sustancial, porque impide a la parte conocer la corrección del proceder administrativo en todos y cada uno de los extremos esenciales que hemos indicado. Es cierto que se refiere únicamente al criterio matemático empleado para realizar los cálculos pertinentes, pero no lo es menos que sin explicar ese criterio o procedimiento de cálculo se hurta al aspirante la posibilidad de controlar que los mismos son correctos, que se le han aplicado de la misma forma que a ese último aspirante aprobado y, paralelamente, se impide que el tribunal pueda realizar el control efectivo de esa misma corrección. No estamos ante un extremo que comprometa la discrecionalidad técnica del tribunal calificador. Era discrecional establecer el procedimiento para llevar a efecto la sentencia del Juzgado nº 1 de Madrid que modificó la nota de corte del segundo ejercicio; y ya hemos visto en el anterior fundamento jurídico que el tribunal calificador eligió la opción que se acomoda correctamente a las exigencias conjuntas de las Bases y de la propia sentencia. Pero, una vez elegido ese procedimiento de evaluación en su sesión de 27 de mayo de 2021, el tribunal se vinculó a aplicar una fórmula proporcional para recalcular las notas. Y la aplicación de esa regla matemática ya no es discrecional, por lo que exige que se haga claramente explícita la forma en que se ha aplicado ese criterio de "recalificación". Sólo de esa manera es posible controlar que su aplicación ha sido correcta.

En un asunto parecido, la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (sección 4ª) nº 471/2023, de 13 de abril de 2023, dictada en el Recurso de Casación 4104/2020 ( ROJ: STS 1388/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1388 ) recuerda: " Es verdad que el art. 35.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se remite a las bases de la convocatoria para regular el modo de motivar los actos que ponen fin a los procesos selectivos. Pero ello no puede interpretarse en el sentido de que, ante el silencio o la insuficiencia de las bases, la Administración no deba satisfacer ciertos requisitos mínimos en materia motivación. Tales son, sin duda alguna, los criterios de valoración empleados en el ámbito de la discrecionalidad técnica. Además, es importante que la motivación provenga del propio órgano técnico o tribunal calificador que ejerce la discrecionalidad técnica, así como que se deje constancia del sentido de las explicaciones o razones ofrecidas (...) Debe recordarse, en términos más generales, que la abundante jurisprudencia de esta Sala a propósito de la discrecionalidad técnica es constante al indicar que ésta cesa allí donde no hay verdadero margen de apreciación, con la consiguiente ampliación de la esfera de control por parte del órgano jurisdiccional. Véanse en este sentido, entro otras, las sentencias de esta Sala nº 184/2016, nº 1659/2017, nº 1701/2018 y nº 104/2019".

De forma aún más directa, en relación con la puntuación de los aspirantes, dice la la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, sección 6ª, nº 1433/2022, del 4 de noviembre de 2022, dictada en el Recurso de Casación 344/2021: ( ROJ: STS 3997/2022 - ECLI:ES:TS:2022:3997 ) "... no está de más recordar lo dicho por este Tribunal en incontables ocasiones, valga por todas la sentencia de 9 de mayo de 2014, rec. cas. 1188/2013 : "Cuando el art. 54.2 de la Ley 30/1992 dice que "...la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos... se realizarán de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias" no está diciendo que basta la simple puntuación no razonada para considerar que con solo ella el acto cumple la exigencia de motivación. El precepto legal no deja duda al respecto, cuando a continuación de la frase antes transcrita se dice "debiendo, en todo caso, quedar acreditado en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte". Cuando en un procedimiento administrativo se discute precisamente la motivación de la puntuación asignada, es carga que incumbe a la Administración, conforme a lo dispuesto en el último inciso del artículo 54.2 Ley 30/1992 antes transcrito, la de justificar que la puntuación discutida se ha ajustado a las bases. Y en cuanto a la incorrecta alusión a las bases hemos de aceptar la afirmación del recurrente de que "la Sentencia de instancia atribuye a la Base un contenido que no tiene". En efecto, dicha base solo regula el sistema de calificación y de puntuación; pero no la motivación de una y la otra cuando es objeto de impugnación, que es de lo que aquí se trata. ... No se trata, como dice la sentencia, de modo argumentalmente distorsionador del problema suscitado, de que "cada tribunal calificador emita para cada aspirante o alumno una resolución motivada que exprese pormenorizadamente la valoración de sus conocimientos llevada a cabo", sino de que, cuando un determinado aspirante cuestiona la fundamentación de la resolución que le declara no apto, la Administración deba expresar las razones que justifican la puntuación cuestionada; y eso es precisamente, y no lo que la sentencia dice, lo que sí es exigible según nuestra jurisprudencia sobre control de la discrecionalidad técnica, debiendo traer a colación las propias sentencias referidas por el demandante en el motivo, a cuya doctrina nos remitimos sin necesidad de reproducirla aquí".

En el caso de autos, la sentencia de instancia no ha valorado correctamente la ausencia de una explicación suficiente de la fórmula o razón matemática utilizada por el tribunal calificador, que se ha aplicado a la nota 4,61 del último opositor aprobado, sobre una base de 6,9 puntos equivalentes a un "5", para obtener la nueva de 5,91, resultado de asignar el "5" a 5,6 puntos. Precisamente por ello, tampoco se sabe si el resultado final del cálculo de la nueva nota de aquel opositor es correcto. Tampoco se puede saber si esa misma fórmula o razón matemática ha sido utilizada para obtener la equivalencia de la nota del ejercicio a) de la segunda prueba de la parte apelante y se ignora, consecuentemente, si es correcta la puntuación final que se le ha asignado a resultas de la misma, cualquiera que fuere.

La falta de motivación relativa a estos dos extremos esenciales obliga al recurso de apelación y revocar la sentencia apelada y estimar la demanda en este único punto y a un solo efecto: manteniendo a salvo todos los restantes criterios del tribunal calificador a que nos hemos referido en el anterior fundamento de derecho, debe retrotraerse el proceso selectivo al momento inmediatamente anterior al dictado de la resolución administrativa recurrida, a fin de que por el tribunal calificador se dicte nueva resolución en la que se subsane el déficit de motivación que se denuncia en el recurso de apelación y se expliquen los extremos que acabamos de indicar, tal y como se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia.

DÉCIMO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso en segunda instancia se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición. En el caso presente al estimarse el recurso no procede condena en costas en esta segunda instancia

Y respecto de las costas en primera instancia el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

Al estimarse parcialmente las pretensiones del actor, tampoco procede pronunciamiento alguno respecto de las costas de la primera por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad.

Vistas las disposiciones legales citadas

Fallo