Sentencia Contencioso-Administrativo 133/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 550/2022 de 08 de marzo del 2023

PRIMERO.- Constituyen el objeto del presente procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, la siguiente actuación administrativa:

1.-Resolución de 9 de mayo de 2022 de la Directora del Centro Para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia( DIRECCION002) dependiente de la Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo Largo de la Vida, del Ministerio de Educación y Formación Profesional que denegó el ajuste razonable solicitado de realización de examen de forma online por parte del actor.

2.-Resoluciones de fecha 12 de mayo de 2022 de DIRECCION002 desestimando las reclamaciones interpuestas contra las calificaciones de la tercera evaluación y evaluación final en cuanto a las asignaturas de Historia de España, Historia del Arte y Matemáticas

3.-Resolución de la Directora del DIRECCION002 de 13 de mayo de 2022, conteniendo medidas para la realización de exámenes de Sixto para realización de convocatoria extraordinaria de segundo curso de bachillerato.

Como se dijo, el debate puede resumirse sintéticamente en que el recurrente entiende que al habérsele denegado la posibilidad de realizar online los exámenes de la tercera evaluación del curso escolar 2021-2022, ha sido objeto de una discriminación, por razón de su discapacidad; lo que ha violado su derecho a la educación ( artículos 14 y 27 de la CE, respectivamente).

SEGUNDO.- La sentencia de 16 de febrero de 2001 de la Sec. 8ª, de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, establece que: " en primer término, conviene recordar, que el cauce procesal elegido por el recurrente para el ejercicio de su pretensión impugnatoria es el especial establecido en los artículos 114 y ss. de la LJCA , destinado única y exclusivamente, a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución . Quedan, por consiguiente, fuera de esta vía, preferente y sumaria, cuantas cuestiones afecten a la mera legalidad ordinaria jurídico-administrativa del acto impugnado, en la medida que no implique, al propio tiempo, vulneración de los precitados derechos. Partiendo de este presupuesto y ciñéndonos al estricto ámbito de esta apelación, la Sala habrá de limitar su actuación jurisdiccional a determinar sí el acto impugnado incide negativamente o vulnera los -citados derechos".

El artículo 121.2 de la LJ establece que " La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo". En la exposición de motivos de la actual LJ se alude a las importantes variaciones sobre la normativa vigente para corregir el deterioro a que se había visto abocado el anterior procedimiento de protección de dichos Derechos. La actual Ley pretende superar, por tanto, la rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales por entender que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos; ahora bien, sí el desarrollo de éste proceso se aproxima demasiado al análisis de la legalidad ordinaria, el resultado -el aumento del número de procesos tramitados por este procedimiento- puede ser contrario al objetivo que pretende el legislador, por lo que hay que buscar un equilibrio entre ambas posibilidades. La doctrina que interpreta la actual regulación del citado proceso establece que parece superada la antigua imposibilidad a examinar en el presente procedimiento cuestiones de hecho.

En el presente procedimiento no cabe discutir cuestiones de legalidad ordinaria ( STS 27 de noviembre 1992 y 6 de abril de 1993), " que no se puede utilizar el proceso especial cuando para determinar la vulneración de un derecho fundamental, es preciso, previamente, emitir un juicio de legalidad ordinaria" ( STS 15-12-92, entre otras), y que " no existe inconveniente para que se pronuncie una decisión de inadmisión, incluso en sentencia, cuando es evidente sin más complejos análisis que un determinado conflicto no afecta a un derecho fundamental, tutelable por el cauce especial de la Ley 62/78".

TERCERO.- Como refiere el Abogado del Estado, desde el primer momento en que el recurrente se matriculó en el DIRECCION002, para cursar el primer curso del Bachillerato, ya se evaluó sus necesidades educativas especiales, adoptando las medidas adaptativas que sita en su demanda, y que se han reproducido en el antecedente de hecho Cuarto de la presente resolución.

Dichas medidas se han ofrecido, por parte de la Administración, en todo momento, tanto para los exámenes en la Sede de Berlín, DIRECCION006 o DIRECCION003; como se acredita en la propia resolución, que se impugna, en primer lugar, la de 9 de mayo de 2022, de la Directora del DIRECCION002; excepción hecha de la obligatoriedad de realizar las pruebas presencialmente, denegando la solicitud de examen online.

Ahora bien, en la presente resolución habrá de analizarse si los ajustes solicitados por el recurrente eran razonables, proporcionados y adecuados; lo que implicará la estimación, total o parcial del recurso; o si por el contrario suponían una carga desproporcionada o indebida para el Estado; en cuyo caso, se habrá de desestimar la demanda.

CUARTO.- Sobre la normativa nacional e internacional sobre la proscripción de desigualdad de trato por razón de discapacidad.

Se denuncia violación del artículo 14 de la CE, en tanto al recurrente se le ha obligado a examinarse, presencialmente, de la tercera evaluación del segundo curso de bachillerato, de igual forma que el resto de los alumnos; lo que implicaría ser objeto de una discriminación por razón de su discapacidad; lo que implicaría la quiebra del derecho a la educación, inclusiva, del artículo 27 de la CE.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 3/2018, de 22 de enero de 2018, recurso de amparo nº 2699/2016, resume la doctrina en orden a la importancia de realizar ajustes razonables, para garantizar la integración real de las personas con discapacidad y la efectividad de sus Derechos; reconociendo la importancia que tienen, la normativa y los convenios internacionales, en orden a la interpretación de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, como se recoge en el artículo 10.2 de la misma; dicha sentencia recoge:

"... La doctrina de este Tribunal Constitucional también ha reconocido que el padecimiento de una discapacidad constituye una circunstancia personal a la que protege el art. 14 CE , contra cualquier forma de discriminación:

a) Así, la STC 269/1994, de 3 de octubre (EDJ 1994/9202), en relación con la discapacidad física, declara en su FJ 4 que: "La discriminación, tal como es prohibida por el art. 14 de la Constitución , impide la adopción de tratamientos globalmente entorpecedores de la igualdad de trato o de oportunidades de ciertos grupos de sujetos, teniendo dicho tratamiento su origen en la concurrencia en aquéllos de una serie de factores diferenciadores que expresamente el legislador considera prohibidos, por vulnerar la dignidad humana. No siendo cerrado el elenco de factores diferenciales enunciado en el art. 14 C.E ., es claro que la minusvalía física puede constituir una causa real de discriminación".Y señala que las medidas que se instrumentan para procurar la igualdad de oportunidades y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas de acción positiva, tiene una estrecha conexión "genéricamente, con el mandato contenido en el art. 9.2 C.E . (EDL 1978/3879), y, específicamente, con su plasmación en el art. 49 C.E ".

Este último precepto señala que: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Con alcance a todas las situaciones de discapacidad (física o psíquica), la STC 10/2014, de 27 de enero , FJ 4 (EDJ 2014/3981), precisa que ha de estarse al marco normativo específico del derecho que pretende ejercitar la persona en cada momento, puesto en relación con "el art. 14 CE (EDL 1978/3879) que prohíbe 'discriminación alguna' por 'cualquier circunstancia o condición personal' y el art. 49 CE (EDL 1978/3879) que, sin reconocer derechos fundamentales, sí ordena a los poderes públicos realizar una política de integración de los discapacitados. Estos preceptos, como este Tribunal ha venido afirmando desde la temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre , FJ 4 (EDJ 1981/38), han de ser interpretados, en virtud del art. 10.2 CE , a la luz de lo dispuesto en los tratados internacionales que España haya celebrado sobre la materia".

También destacando la importancia del art. 49 CE (EDL 1978/3879), recuerda recientemente la STC 18/2017, de 2 de febrero , FJ 3 (EDJ 2017/5560), que: "de manera más específica para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, el art. 49 CE exige también a los poderes públicos que les ampare 'especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos'...".

b) La aplicación de la cláusula del art. 10.2 CE , nos lleva a otorgar especial relevancia a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 (instrumento de ratificación de 23 de noviembre de 2007, BOE núm. 96 del 21 de abril de 2008, entrada en vigor el 3 de mayo de 2008). A los efectos que aquí importa destacar, la Convención protege en su art. 1 a todos aquellos quienes "tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".Y proscribe de inmediato en su art. 2 la "discriminación por motivo de discapacidad ", ante "cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables"; señalando el art. 5.3 que los Estados partes "adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables".

Por tanto, según el Convenio existe discriminación por razón de la discapacidad tanto si se acredita un propósito de causar perjuicio a la persona por el mero hecho de ser discapacitada, como si se constata que se ha producido un resultado (el "efecto", en palabras del art. 2) debido a la acción de un responsable, que causa la "distinción, exclusión o restricción" de alguno de los derechos de quién es discapacitado, sin que tenga que concurrir la afectación de ninguna otra circunstancia personal.

De allí, la importancia que la propia Convención confiere a quien tiene a su cargo el evitar esas barreras restrictivas, de emplear los "ajustes razonables" que eviten el resultado discriminatorio, esto es, "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales" (art. 2).

Al menos dos Sentencias de este Tribunal se han referido a la necesidad de adoptar "ajustes razonables" con base en la Convención de diciembre de 2006, aunque a propósito de supuestos distintos de aquel que aquí se plantea:

(i) la STC 10/2014, de 27 de enero (EDJ 2014/3981), antes citada, acerca del derecho a una educación inclusiva para personas con discapacidad, que no dé lugar a su sujeción a un régimen de educación especial excepto cuando la adopción de "ajustes razonables" en el régimen ordinario no resultare suficiente (FFJJ 4 y 6); y

(ii) la STC 77/2014, de 22 de mayo , FJ 2 (EDJ 2014/83470), sobre la salvaguarda del derecho de defensa del presunto discapacitado psíquico durante la instrucción penal, debiendo agotar al efecto el juez las diligencias necesarias (ajuste del procedimiento ex art. 13.1 de la Convención ONU) para poder determinar, previo reconocimiento médico, su nivel de comprensión del procedimiento abierto en su contra y las consecuencias que le puede deparar el ponerse al margen de él y ser juzgado en ausencia, al cumplirse los requisitos legales para ello.

La propia Convención, en lo que interesa a este recurso de amparo, en fin, prevé en su art. 25 que los Estados partes: "Impedirán que se niegue, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud (...) por motivos de discapacidad" (apartado "f").

c) El modelo de protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad previsto en el citado Convenio de la ONU, ha sido trasladado a nuestro ordenamiento interno por el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (EDL 2013/226664), "por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social" (cuya Exposición de Motivos hace referencia a dicho Convenio). A partir de una definición similar de la discapacidad en el art. 4 (aunque emplea el término "previsiblemente permanente", en vez de "a largo plazo" de la Convención, y reconoce en todo caso como tal, a la que haya sido reconocida en un "grado igual o superior al 33 por ciento", como sucede por cierto con el demandante de este amparo), se consagra también el principio de no discriminación por razón de la discapacidad (art. 3.a), sea directa como indirecta [art. 2 c) y d)], así como la exigencia a las autoridades para la adopción de "los ajustes razonables" que se requieran [arts. 2.m) y 66].

Y a los efectos de este amparo, se garantiza entre otros el derecho a la salud, que incluye "la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva" (art. 10.1); disponiendo que las Administraciones públicas "prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación sanitaria general y sectorial vigente" (art. 10.2).

d) Por su parte, en la Sentencia de 30 de abril de 2009, asunto Glor contra Suiza, §80, el TEDH ha declarado que el principio de no discriminación consagrado en el art. 14 CEDH (EDL 1979/3822) se refiere también a los discapacitados, a través de la cláusula final de dicho precepto, incluyéndolo dentro de los grupos que considera como "particularmente vulnerables" (también SSTEDH de 22 de marzo de 2016, asunto Guberina contra Croacia, §73 ; y 23 de marzo de 2017, asunto A.-M.V . contra Finlandia, § 73). A tal efecto, reconoce como fuente para la interpretación de las garantías del CEDH de 1950, a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad ( STEDH de 23 de marzo de 2017, asunto A.-M.V. contra Finlandia , cit., §74), y toma también de ella la exigencia a los Estados partes para que adopten los "ajustes razonables" que resulten necesarios para evitar la discriminación ( STEDH de 23 de febrero de 2016, asunto Çam contra Turquía , §§ 65 y 69).

e) En lo que concierne al derecho de la Unión Europea, el ya citado art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales incluye también a la discapacidad como uno de los factores expresos de protección contra discriminaciones, mientras que el art. 26 "reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas" a beneficiarse de medidas para su integración. Por su parte, la Decisión 2010/48/CE , del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 (EDL 2009/306752), "relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad", ha integrado esta última en el ordenamiento de la Unión.

Como resultado, el propio TJUE, a propósito del planteamiento de cuestiones prejudiciales sobre la Directiva 2000/78/CE (EDL 2000/90175) ya citada, viene utilizando la Convención de la ONU de 2006 como fuente interpretativa del derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad en el trabajo, haciendo suyo el concepto de discapacidad que trae ésta: SSTJUE de 11 de abril de 2013, C-335/11 (EDJ 2013/37147 ) y C-337/11 acumulados, asunto HK Danmark y otros contra HK Danmark y otros, FFJJ 37 a 41, 47 y 93; de 18 de marzo de 2014, Gran Sala, C-363/12 , asunto Z. contra A Government department and the Board of management of a community school, FFJJ 76 y 77 (si bien ésta precisa, en el FJ 90, que la Convención de la ONU no es por sí solo un parámetro de validez de la Directiva 2000/78/CE (EDL 2000/90175), pero "debe ser interpretada en la medida de lo posible de conformidad con esta Convención"); 18 de diciembre de 2014, C-354/13 , asunto Fag og Arbejde (FOA) contra Kommunernes Landsforening (KL), FFJJ 53, 54, 64 y 65; 1 de diciembre de 2016, C-395/15 , asunto Mohamed Daouidi contra Bootes Plus, S.L. y Otros, FFJJ 42 a 45, y la de 9 de marzo de 2017, C-406/15 , asunto Petya Milkova contra Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen control, FJ 36.

f) Finalmente, no cabe olvidar que las situaciones de discriminación pueden afectar de manera simultánea a más de un derecho humano, lo que se conoce con el nombre de "discriminación múltiple". Los supuestos más frecuentes se refieren al sexo y al origen étnico, y/o a la condición de inmigrante de los afectados, pero desde luego no cabe descartar otras combinaciones posibles. De estas situaciones advierte el Preámbulo apartado p) y el art. 6.1 de la citada Convención de la ONU de diciembre de 2006, y a nivel institucional lo ha hecho también la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, por sus siglas en inglés) en su informe de febrero de 2011 presentado al Parlamento europeo (EU- MIDIS 05-2010: "Enquête de l'union européenne sur les minorités et la discrimination"), así como en el más reciente de 2017 ("Informe sobre los derechos fundamentales", apartado 2 "Igualdad y no discriminación", Opinión 2.4).

Aunque sin utilizar esta denominación formal, se conocen al menos dos casos de discriminación múltiple enjuiciados por el TEDH y que han supuesto la declaración de haberse vulnerado el CEDH de 1950: las Sentencias de 24 de julio de 2012, asunto B.S. contra España (discriminación por el origen étnico y ser mujer, vulneración de los arts. 3 y 14 del Convenio, por no investigar eficientemente una denuncia de maltrato policial); y 25 de julio de 2017, asunto Carvalho Pinto de Sousa Morais contra Portugal (discriminación por sexo y edad: reducción indebida de la cuantía indemnizatoria por daños en intervención ginecológica, al tratarse de una mujer de 50 años de edad, vulneración de los arts. 14 y 8 de la Convención)".

El propio Comité de la ONU, sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado del seguimiento de la aplicación de la Convención de 13 de diciembre de 2006, por parte de los Estados signatarios, en su Dictamen nº 6, de 2018, señala:

" ...23. Los ajustes razonables son una parte intrínseca de la obligación, de cumplimiento inmediato, de no discriminar en el contexto de la discapacidad... Algunos ejemplos de ajustes razonables son hacer que la información y las instalaciones existentes sean accesibles para una persona con discapacidad; modificar los equipos; reorganizar las actividades; cambiar la programación de las tareas; adaptar el material didáctico y las estrategias de enseñanza de los planes de estudio; adaptar los procedimientos médicos; o permitir el acceso a personal de apoyo sin imponer cargas desproporcionadas o indebidas...

b) Al ser una obligación ex nunc, los ajustes razonables, deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera acceder a situaciones o entornos no accesibles, o quiera ejercer sus derechos...

La obligación de realizar ajustes razonables es una obligación reactiva individualizada, que debe atenderse desde el momento en que se recibe una solicitud de ajustes. Los ajustes razonables exigen que el garante de los derechos entable un diálogo con la persona con discapacidad. Es importante señalar que la obligación de proporcionar ajustes razonables no se limita a situaciones en que una persona con discapacidad haya pedido un ajuste o en que se pueda demostrar que el garante de los derechos en cuestión era consciente de que esa persona tenía una discapacidad. También se aplica cuando el posible garante de los derechos debería haberse dado cuenta de que la persona en cuestión tenía una discapacidad que tal vez obligara a realizar ajustes para que esta pudiera superar obstáculos al ejercicio de sus derechos.

25. La obligación de realizar ajustes razonables de conformidad con los artículos 2 y 5 de la Convención puede dividirse en dos partes: la primera impone una obligación jurídica positiva de proporcionar ajustes razonables, que constituyen una modificación o adaptación que sea necesaria y adecuada, cuando se requiera en un caso particular para garantizar el goce o ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad. La segunda parte asegura que los ajustes requeridos no impongan una carga desproporcionada o indebida al garante de los derechos. a) "Ajustes razonables" es un único término y "razonables" no debe interpretarse erróneamente como una cláusula de excepción; el concepto de "razonabilidad" no debería considerarse un elemento calificativo o modificador de la obligación. No es un medio de evaluar los costos del ajuste ni la disponibilidad de recursos -esto se hace en una etapa posterior, cuando se estima la "carga desproporcionada o indebida". Por el contrario, la razonabilidad de un ajuste hace referencia a su pertinencia, idoneidad y eficacia para la persona con discapacidad. Por tanto, un ajuste es razonable si logra el objetivo (o los objetivos) para el que se realiza y si está diseñado para satisfacer los requerimientos de la persona con discapacidad; b) La "carga desproporcionada o indebida" debe entenderse como un concepto único que establece los límites de la obligación de proporcionar ajustes razonables. Ambos términos deben considerarse sinónimos, ya que se refieren a la misma idea: que la solicitud de ajustes razonables tendrá como límite una posible carga excesiva o injustificable para la parte que debe atenderla...".

QUINTO.- Aplicación al caso concreto.

Primeramente, el Abogado del Estado, refiere que ninguno de los informes aportados por el recurrente, exigen que se examine "on line" de sus asignaturas.

A este respeto, hay que responder negativamente; ya que, se ha aportado un informe, de 13 de abril de 2022, del psiquiatra Dr. Gonzalo, en el que se recoge que trata al actor desde diciembre de 2021, y que ha sufrido una reagudización clínica, y que no recomienda desplazamientos, que son factores de descompensación.

Igualmente, el informe psicopedagógico del Instituto DIRECCION007, que se aportó con el escrito de interposición, de 28 de mayo de 2022, recomienda mantener el formato online de sus pruebas de evaluación, puesto que ha demostrado ser un procedimiento válido para conseguir su progresión académica; desaconsejando el cambio de rutinas, para no desajustar su comportamiento y motivaciones (por ser un paciente con DIRECCION001); y continúa recomendando que el recurrente utilice un ordenador para sus tareas y exámenes (puesto que es el medio que ha venido utilizando desde hace años), con mayor flexibilidad horaria para los exámenes, preferentemente un día por examen o grandes pausas entre exámenes, si los realiza el mismo día; con disponibilidad de acceso a un cuarto de baño lo más cerca posible del lugar de realización de las pruebas.

Por lo tanto, esta Sala reputa que ofrecer al recurrente la posibilidad de examinarse online (lo que implica, necesariamente la utilización de un ordenador) es un ajuste razonable, que ha sido preterido por la Administración.

No cabe admitir la justificación de la Administración de haber cambiado, por la evolución favorable de la Pandemia, la metodología de los exámenes para todos los alumnos matriculados; puesto que ello, supone, prescindir y obviar las circunstancias personales del recurrente; quien, como se recoge en la antedicha sentencia del TC nº 3/2018, ha de ser objeto de un tratamiento individualizado, acorde con sus particulares circunstancias; y no someterle a la misma forma de evaluación que el resto de los alumnos, que no tendrán necesidades especiales.

Pero, ha de concluirse, con el Abogado del Estado que, un examen on line no ofrece suficientes garantías de veracidad; para lo que será preciso que se adopten medidas correctoras (posible interferencia de terceras personas que le hagan el examen o le insinúen respuestas). Pero ello, por los avances de la Ciencia, puede ser corregido por simples medidas precautorias; cual será, que durante la realización de los exámenes, el recurrente habrá de tener conectada, en todo momento, la cámara del ordenador, para que pueda realizarse un control, a distancia, de que es él quien, realmente, realiza los exámenes y desechar interferencias de terceras personas.

La única cuestión que impediría la estimación del recurso, y el reconocimiento del derecho a examinarse de forma telemática sería que supusiera una carga desproporcionada o indebida para el DIRECCION002; pero, ha de concluirse que no es tal, dado que, durante los últimos años, durante la Pandemia, se han venido realizando, de forma generalizada, exámenes online; y, su plataforma educativa está diseñada para volcar a una plataforma informática todos los contendido y los alumnos no tienen interacción con los docentes. Por ello, el estimar el presente recurso no implicará una carga desproporcionada o excesiva para la Administración.

El presente recurso ha de ser estimado; ya que, el recurrente fue objeto de una violación de sus derechos fundamentales de los artículos 14 y 27 de la CE, al negársele la posibilidad de realizar, en modalidad online, los exámenes de la segunda evaluación el Curso de Bachillerato (2021-2022); lo que supuso que no se presentara a los exámenes de dicha evaluación, como a los exámenes extraordinarios ulteriores.

Sin que las medidas correctoras ofrecidas por la Administración, para el caso de realizarse los exámenes de forma presencial, obvien la violación de aquellos derechos fundamentales; ya que, no pueden calificarse como un ajuste razonable, por razón de su discapacidad.

El presente recurso ha de ser estimado, en cuanto a la pretensión principal; si bien con el ajuste que se indicará en el fallo de la presente resolución, relativo a deber activar la cámara web del ordenador, desde el que se realicen las pruebas, para comprobar que sea el recurrente quien realiza la prueba, como que no recibe indicaciones o sugerencias de terceros.

SEXTO.- Pese a estimarse el presente recurso, no se realizará pronunciamiento en costas; puesto que, la cuestión es jurídicamente muy compleja, como se desprende de los anteriores razonamientos; y, sin que pueda prescindirse de los intentos de la demandada de ofrecer ajustes por su especial situación, así como buscar sedes alternativas y próximas al lugar de residencia ( artículo 139.1 LJCA).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.