Sentencia Contencioso-Administrativo 436/2023 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 798/2020 de 19 de julio del 2023

PRIMERO.- Dirige la actora el presente recurso contencioso-administrativo, como ha quedado expuesto, contra la resolución de la Presidencia de la CHS de 13 de octubre de 2020, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Fulgencio contra la resolución del expediente NUM000, iniciado por la recurrente, solicitando autorización temporal de aprovechamiento de recursos hídricos para regadíos y usos agrarios de 100.000 m³ procedentes de la desalinizadora de Valdelentisco, al amparo del artículo 6 del RD 356/2015, de 8 de mayo, prorrogado hasta el próximo 30 de septiembre de 2019 en virtud del Real Decreto 1210/2018, de 28 de septiembre.

Señala la resolución recurrida que en el referido expediente se dictó resolución con fecha 26 de mayo de 2020, en la que se acuerda denegar al recurrente el aprovechamiento temporal de recursos hídricos, para regadíos y usos agrarios, solicitado procedentes de la Desalinizadora de Valdelentisco.

La resolución impugnada, respecto a la alegación del recurrente referente a que las parcelas declaradas están en riego desde antes del 21/08/1998, por lo que se consideran regadío consolidado, y que en estas circunstancias según el interesado, esta superficie no tendría la consideración de nuevo regadío y estaría amparada por el artículo 6 del Real Decreto de sequía en el que se indica que el destino sería la atención de usos y demandas existentes, y que se ha incurrido en errores que le ha provocado indefensión, señala que los criterios seguidos para la tramitación de estas autorizaciones temporales (en este caso NUM000) no guardan relación alguna con los criterios que la legislación vigente establece para la tramitación de las concesiones, ni son aplicables los informes que han sido emitidos en otros procedimientos administrativos, cuyo objeto es totalmente distinto al que nos ocupa.

Tras explicar la finalidad del RD 356/2015, señala que otorga al Presidente de la CHS potestad discrecional para establecer los criterios a seguir en la tramitación de las autorizaciones temporales, que aseguren una correcta gestión y distribución de estos recursos. Para el presente año hidrológico, ante la gran cantidad de solicitudes recibidas y, con objeto de atender el mayor número posible de peticiones, se adoptaron de forma general los criterios que detalla la CHS en su resolución.

La superficie declarada por D. Fulgencio como zona de riego con las aguas desaladas solicitadas en el expediente de referencia NUM000 no dispone de ningún derecho previo de riego reconocido por este Organismo, por lo que no es necesario el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica sobre compatibilidad de la petición con el Plan de cuenca.

El hecho de que la zona de riego, tal y como indica el recurrente, existiera con anterioridad a la entrada en vigor al Plan Hidrológico de cuenca del año 1998 como regadío consolidado o caracterizado, no significa que haya sido reconocida por parte de este Organismo el derecho a riego de la misma. Por tanto, la superficie en cuestión no dispone ningún derecho previo de riego reconocido por parte de este Organismo.

Además, en relación con lo anterior, el artículo 33 de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, establece los criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas. En concreto, en el apartado 3, del citado artículo, se indican los usos a los que podrán asignarse los nuevos recursos externos generados, entre los cuales se encuentran las aguas subterráneas (apartado c), los regadíos consolidados (apartado d) y la redotación de regadíos (apartado e).

En lo que respecta a la atención de los distintos usos mediante recursos procedentes de desalinización, se establece una distinción de prioridades, considerando que los usos indicados en el art. 33.3 (entre los que se encuentran las aguas subterráneas, los regadíos consolidados y la redotación de regadíos) prevalecen sobre los regadíos caracterizados, contemplados en el artículo 33.4, en el que además se indica expresamente que "en ningún caso podrán destinarse los recursos desalinizados a generar regadíos nuevos o a ampliar los actuales".

En relación con lo anterior, según lo establecido en el art. 33.2 de la Normativa del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, no se podrán otorgar concesiones o autorizaciones de aguas que impliquen la generación de nuevos regadíos o áreas de demanda.

En cuanto a que se ha incurrido en un cúmulo de errores sustanciales de procedimiento que han provocado una auténtica situación de indefensión legal, indicando, además que se ha confundido discrecionalidad con la arbitrariedad, se emite la resolución recurrida al informe dictado por Comisaría de Aguas de 10 de agosto de 2020, que trascribe, y que concluye que durante la tramitación del presente expediente, no se ha producido ningún error en el procedimiento, ni tampoco en la aplicación de la legislación vigente relacionada, que haya provocado la indefensión del interesado..."

Y en cuanto a la alegación del recurrente referente a que dispone de un acuerdo con Acuamed para el suministro del agua desalada de Valdelentisco, así como de facturas de consumo de dichas aguas emitidas por esa Sociedad Estatal, por lo que la zona de riego declarada se constituye como una demanda existente, señala la resolución recurrida que según el art. 52 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que el derecho al uso privativo de las aguas se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa, en ningún caso puede obtenerse a través de convenios o acuerdos formalizados con otras entidades, ya sean públicas o privadas. Y en este mismo sentido, el art. 59.1 del citado texto legal establece que todo uso privativo de aguas requiere de concesión administrativa.

De todo lo cual concluye que actualmente, el recurrente no dispone de concesión administrativa de aguas de la desaladora de Valdelentisco y, por tanto, no es titular de ningún derecho que ampare el uso privativo que, según manifiesta, realiza de estas aguas.

SEGUNDO.- La parte actora, tras exponer los hechos y el iter administrativo seguido hasta la solicitud denegada, así como los antecedentes referidos a la publicación del Decreto de Sequía y su prórroga, funda su recurso en los siguientes motivos:

1.- La actuación administrativa seguida por CHS vulnera el trámite seguido ante su actuación por vía de hecho.

Basa dicho motivo en que el acto impugnado no alcanza a cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, ya que aplicando la resolución recaída en el expediente NUM000 de forma continuada en el tiempo hasta la resolución del expediente concesional que lleva más de ocho años sin resolver, y que a fecha actual está acumulado en el expediente NUM001, viene a privarle de la posibilidad de mantener su derecho concesional al privarle de caudales y obligándole a dejar sin explotar parcelas al carecer de los aportes de caudales de aguas desaladas de Valdelentisco; las citadas parcelas quedarían inutilizadas, ante el corte de los caudales que vienen a cubrir los caudales deficitarios obligando a la perdida absoluta del arbolado existente.

Prueba de la viabilidad de otorgar al recurrente el debido título habilitante, ya fuere concesional durante 25 años o temporal al amparo de loe Decreto de Sequía, es que ha estado amparada de título habilitante para los caudales procedentes de la Desalinizadora de Valdelentisco por 100.000 m3/año solicitados y una superficie de 30,06 ha. al amparo del RD 356/2015, de 8 de mayo, prorrogado por el RD 335/2016, de 23 de septiembre con referencia al RD 1210/2018, de 28 de septiembre ahora discutido. Manifiesta que nos encontramos ante un expediente concreto de concesión de aguas cuyo titular dispone de informe de la Oficina de Planificación Hidrológica, sin que exista ningún argumento ni motivo para no otorgar la conexión temporal. Por lo que entiende que procede estimar el presente recurso, anulando el acto administrativo impugnado dejándolo sin efecto, manteniendo los parámetros del expediente temporal NUM000.

2.- Vulneración de la doctrina al ir la propia CHS contra sus propios actos, al resolver de manera contraria y arbitraria el RD 1210/2018, de 28 de septiembre.

Invoca que el otorgamiento de la autorización con carácter temporal y utilización y aplicación de agua desalada procedente de Valdelentisco con un volumen total de 100.000 m3/año al amparo del art. 6 del RD 356/2015, de 8 de mayo, prorrogado por el Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, con referencia al Real Decreto 1210/2018, de 28 de septiembre ahora discutido, dispone de conformidad al suministro por parte de ACUAMED por 100.000 m3/año solicitados y una superficie de las 30,06 ha. aludiendo a la doctrina de los actos propios. Cita al respecto la STC 73/1988, de 21 de abril.

Se extiende en una amplia disertación sobre la doctrina de los actos propios, con diversas citas jurisprudenciales al respecto.

3.- Vulneración del principio de confianza legítima.

Se está anulando de facto una autorización que en el normal discurrir debería haberse admitido, reconocido y prorrogado, al obviar que el RD 1210/2018, de 28 de septiembre viene a prorrogar una situación de necesidad de caudales, como así se anuncia en fecha 29 de septiembre de 2018, mediante publicación en el BOE con núm. 236, por el que se prorroga la situación de sequía declarada para el ámbito territorial de la CHS por el RD 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la CHS y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Reitera que se solicitó la prorroga manteniendo mismos caudales, mismo perímetro y titular que hasta la fecha venía aportándose por Acuamed con el visto bueno de la CHS.

Destaca, además de lo anterior, que está amparado por un convenio por parte de ACUAMED, y bajo ese paraguas la propia CHS ha permitido la creación de un derecho adquirido "tramitación concesional", permitiendo el aporte de caudales debido a una infradotación. Y su cese supone un resultado desproporcionado y lesivo en la aplicación de la norma, que no puede dar lugar situaciones absurdas, (y ello, en aplicación, del principio de confianza legítima) ( STSJ n.º 208/1999 de Canarias (Las Palmas), Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 5 de febrero de 1999, rec. n.º 222/1997; del TSJ de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, de 23 de febrero de 2009 n.º 144/2009, rec. n.º 26/2005; STSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, n.º 161/2010, de 8 de abril de 2010, rec. n.º 241/2010).

Considera también de aplicación el principio de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, proclamado en el art. 9.3 CE, obviando que de un plumazo y sin tener en cuenta los expedientes temporales resueltos y autorizados, además de los concesionales sin resolver por parte de la propia CHS desde hace una década; y ahora resuelve denegando aporte de caudales de la Desaladora de Valdelentisco, objetivamente sin justificación por ninguna situación de peligro o de grave necesidad de interés público, puesto que sabe y le consta que el agua de la Desaladora se ha venido utilizando por el recurrente desde hace años -acreditado con las facturas de suministro aportadas-, sin que se haya producido ninguna alteración, afección o daño al dominio público hidráulico.

El comportamiento del recurrente está amparado y protegido por dos hechos irrefutables e incontrovertibles. En primer lugar, aceptaron las condiciones de una oferta pública de suministro de agua, cumpliendo con todos sus requisitos y condiciones incluida la aportación de un aval para garantizar el precio del suministro y cualesquiera otras que la mercantil ha dispuesto, incluso han pagado el derecho de acometida. Dicho suministro tenía su fundamento en la convicción de que el agua desalinizada era una reserva demanial a favor del Estado por tratarse de un recurso nuevo de la cuenca del Segura que gestionaba la Sociedad Pública Estatal constituida al efecto en un modo de gestión directa. En segundo lugar, cuando se cambió de criterio y se pensó por parte de la Administración que lo que procedía era una concesión para el uso, el recurrente presentó la correspondiente solicitud manteniendo el uso anterior, por lo que era una simple legalización de la situación anterior, y se encuentra que transcurre el plazo legal para ello y no sólo no se produce esa legalización obvia, sino que además, mediante Decreto de Sequía, se viene a prorrogar no reconociéndole un derecho de riego acreditado, con la mera finalidad de dejar en una situación de completa pérdida y ante la imposibilidad de continuar ante la expectativa de concesión a 25 años

Destaca finalmente que las desaladoras de agua del mar de la cuenca del Segura están declaradas de interés general.

En cuanto a los actos propios de la administración "sancionadora" (sic) señala que la CHS ha tramitado los expedientes concesionales NUM002 y NUM001 que viene a acumular. Por tanto, que se hayan superado con creces el plazo de 18 meses para la tramitación y no se haya otorgado concesión alguna, deja en situación de inseguridad jurídica a todos los usuarios de regadío.

El aprovechamiento de esta infraestructura hidráulica está autorizada por el Consejo de Ministros, por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Medio Ambiente (hoy Ministerio de Agricultura), por la Secretaría de Estado de Aguas, por la Dirección General del Agua, por el Patrimonio del Estado y encomendada a la mercantil estatal, Administración Institucional del Estado, dentro de un Convenio de Gestión Directa con el Ministerio de Medio Ambiente, por tanto cualquier administrado puede presumir que el origen del agua desalada es lícito y que su aprovechamiento es legítimo, tanto para los consumidores finales, como para la propia Administración General del Estado.

Esta apariencia de buen derecho se ve reforzada por el mero transcurso del tiempo y el consentimiento del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General del Patrimonio y la propia CHS.

Añade que las Administraciones Públicas deben someterse a los principios del art. 3 y art. 4 de la Ley 40/2015. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

TERCERO.- La Administración demandada se opone al recurso rechazando en primer lugar la alegación sobre la vía de hecho y la falta de motivación, partiendo para ello de la STC 160/1991, de 18 de julio, que define la vía de hecho como "una pura actuación material" no amparada siquiera aparentemente por una cobertura jurídica. Entiende el Abogado del Estado que el acto recurrido ha sido dictado por órgano competente, y concede una autorización temporal con arreglo al art. 6 del RD 356/2015. La Presidencia de la CHS, al amparo de las facultades conferidas y siguiendo el criterio fijado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica, para la emisión de su informe sobre control previo de autorización, ex art. 6.1. del Real Decreto que nos ocupa, al cual está adscrito, con el fin de atender el mayor número de peticiones recibidas, considera requisito indispensable para el otorgamiento de la autorización de aprovechamiento temporal de aguas desaladas que la superficie solicitada disponga de derechos previos reconocidos por el Organismo de Cuenca y debidamente inscritos en el Registro de Aguas.

Y ello en el marco de las previsiones contenidas en el conjunto de disposiciones que conforman la legislación de aguas española pues, el art. 33 de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21, aprobado por RD 1/2016, de 8 de enero, de obligado cumplimiento para la CHS, establece los criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas. En concreto, en el apartado 3 del citado artículo se indican los usos a los que podrán asignarse los nuevos recursos externos generados, entre los cuales se encuentran las aguas subterráneas (apartado c), los regadíos consolidados (apartado d) y la redotación de regadíos (apartado e).

En lo que respecta a la atención de los distintos usos mediante recursos procedentes de desalinización, se establece una distinción de prioridades, considerando que los usos indicados en el art. 33.3 (entre los que se encuentran las aguas subterráneas, los regadíos consolidados y la redotación de regadíos) prevalecen sobre los regadíos caracterizados, contemplados en el art. 33.4, en el que además se indica expresamente que "en ningún caso podrán destinarse los recursos desalinizados a generar regadíos nuevos o a ampliar los actuales."

En relación con lo anterior, según lo establecido en el art. 33.2 de la Normativa del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, no se podrán otorgar concesiones o autorizaciones de aguas que impliquen la generación de nuevos regadíos o áreas de demanda y ello justifica que la concesión de agua desalinizada, aunque sea de forma provisional o temporal, debe limitarse a los supuestos en los que se acrediten derechos previos con el fin de garantizar que no van destinados a generar nuevos regadíos.

En el presente caso, las parcelas catastrales declaradas como zona de riego no disponen de derechos previos de riego inscritos en el Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas de la cuenca. De hecho, no consta que haya sido solicitado ningún expediente de regularización de regadío consolidado a nombre del actor, tramitación que ha de seguirse inexcusablemente para poder proceder a la posible regularización de un regadío en base a su carácter consolidado.

En consecuencia, habida cuenta de que el actor no dispone de derechos de riego reconocidos por parte de este Organismo en el momento de la petición, la resolución impugnada es conforme a derecho. a derecho. Nótese que dichas parcelas han sido objeto de denuncias por uso privativo de aguas para regadío, careciendo de concesión, al menos en los años 2002 y 2007, como indica el informe n.º 53/2017 de 6 de noviembre de 2017, incluido en el Doc. 05 del EA, no impugnado de contrario.

Entiende que no concurre vía de hecho en el actuar del Organismo de cuenca, y se remite a la sentencia de esta Sala n.º 307/21, de 26 de mayo de 2021 dictada en el recurso número 1199/2019, de la que reproduce parte de su contenido.

Considera además que la resolución recurrida está debidamente motivada habida cuenta que menciona la normativa que fundamenta la denegación de la autorización temporal solicitada, cual es el RD 356/2015, el art. 6 que atribuye al Presidente de la CHS la competencia para resolver acerca de estas autorizaciones y expone los criterios aplicados para resolver las solicitudes formuladas. Además, ha dado respuesta a las alegaciones de la parte en el trámite de audiencia, acerca de si la parcela tenía o no derechos de riego reconocidos o que, en su caso, deba considerarse como regadío consolidado.

Sobre el principio de confianza legítima, se remite a las STS de 15 de abril de 2002, rec. de casación núm. 77/1997, y de 4 de junio de 2001 o 16 de diciembre de 2004, de lo que concluye que no puede pretender el actor la inaplicación del ordenamiento jurídico con fundamento en que el recurrente dispone de un convenio regulador de suministro de agua desalinizada procedentes de la Desalinizadora de Valdelentisco con ACUAMED desde antes de 2015, pues el mismo supedita su vigencia al otorgamiento de concesión o autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En este sentido, recuerda que, por disposición legal, las aguas procedentes de la desalación forman parte del dominio público hidráulico ( art. 2 del RDLeg. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) y, por tanto, debe someterse al régimen general de planificación y autorización previsto en las normas ( art. 52 y 59 de la Ley de Aguas), sin que pueda confundirse la concesión para la construcción y explotación de la desalinizadora con la autorización que precisa el usuario final que va a hacer un uso privativo de esa agua desalada, autorización o concesión que solo puede otorgar el organismo de cuenca que ostenta la competencia para ello y que nunca podría ser sustituida por un convenio con la empresa estatal creada para la construcción, explotación y gestión de la Planta desalinizadora de Valdelentisco.

En definitiva, como de forma reiterada ha venido manteniendo la Sala del TSJ de Murcia, (sentencia 303/21 de 26 de mayo de 2021, dictada en el procedimiento ordinario 769/2019) la disponibilidad de agua procedente de la desalinización, el suministro de la misma por la Sociedad que se ocupa de su gestión, o la suscripción de un convenio para su adquisición, no eximen al usuario de la obligación de obtener la correspondiente concesión administrativa que le autorice el uso privativo del agua, que solo podrá otorgar el Organismo de cuenca con competencia en la materia. En esta misma línea se ha pronunciado la sentencia de la Sala del TSJ de Murcia n.º 307/21, de fecha 26 de mayo de 2021 dictada en el recurso número 1199/2019.

CUARTO. - Constan en el expediente administrativo y en la prueba practicada los siguientes datos que resultan relevantes para la resolución del presente recurso:

- En fecha 29 de julio de 2016 tuvo entrada en la CHS una solicitud del recurrente para la autorización temporal de un volumen de 100.000 m³/año de aguas desalinizadas de la Desaladora de Valdelentisco para uso agrícola de 30,06 ha en el TM de Fuente Álamo (Murcia). Dicha solicitud dio lugar al inicio del expediente NUM000, y estaba relacionada con el expediente concesional NUM002 iniciado a instancia del recurrente.

- El 19 de julio de 2019 se dicta propuesta de resolución que denegaba la autorización temporal solicitada por no disponer de esos derechos previos reconocidos, concediéndole el trámite de audiencia. El recurrente presentó alegaciones el 5 de agosto de 2019 en las que exponía que los regadíos no solo son caracterizados, sino que ya existían antes del 21 de agosto de 1998, y que se servía desde hacía años del agua suministrada por Acuamed en virtud del convenio. Y reclamaba el derecho sobre el uso del agua a la Administración como reconocimiento en forma de regularización del uso consolidado por acreditar su existencia con anterioridad al 1 de agosto de 1998; habiéndosele originado una situación de indefensión legal y material por la arbitrariedad y falta de motivación de la resolución.

- El 26 de mayo de 2020 se dictó Resolución por la Presidencia de la CHS por la que se denegaba el aprovechamiento temporal solicitado. Y contra la misma se interpuso recurso de reposición cuya resolución desestimatoria constituye el objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo.

QU INTO. - Como ha señalado esta Sala en supuestos semejantes al que aquí nos ocupa, como en la sentencia 216/22, de 11 de abril (rec. 649/2020) ya firme, con carácter general debemos poner de manifiesto que, conforme al art. 13 del RDLeg. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, tras proclamar, en su apartado primero, que " la actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico...", añade, en su apartado tercero, que " las concesiones de aguas desaladas se otorgarán por la Administración General del Estado en el caso de que dichas aguas se destinen a su uso en una demarcación hidrográfica intercomunitaria."

Dicho precepto debemos ponerlo en relación con el art. 59.1 de este mismo Texto Refundido, según el cual " todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa".

De lo anterior cabe deducir que, al formar parte el agua desalada del dominio público hidráulico, el uso privativo de estas aguas está sometido al régimen de la concesión administrativa.

La solicitud de agua desalada que nos ocupa corresponde a una autorización provisional, no definitiva, que reclamó la parte, al amparo del RD 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de este Organismo y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos y cuyos efectos se prorrogaron hasta el 30 de septiembre de 2019, en virtud del RD 1210/2018, de 8 de septiembre.

En dicho Real Decreto, en su art. 2, se establecían las atribuciones de la Junta de Gobierno de la Confederación en esta situación de sequía, entre ellas, la de reducir las dotaciones en el suministro de agua de aquellos aprovechamientos que se vean afectados por la falta de recursos y que sean precisas para racionalizar la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos, modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, modificar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en la normativa del plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por RD 595/2014, de 11 de julio, para lo cual contemplaba, en su art. 3, un procedimiento específico para la aplicación de estas.

Asimismo, en su art. 6.1 y en relación con el agua desalada, se facultaba al Presidente de la Confederación para que pudiera autorizar con carácter temporal y durante la vigencia del presente Real Decreto, la utilización y aplicación de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar, siempre que medie la conformidad del titular de la instalación y no se encuentren asignados o no se prevea su utilización inmediata, con destino a la atención de los usos y demandas existentes, la cual estará sometida al control previo de la Dirección General del Agua en aquellos casos en que el otorgamiento de su concesión sea competencia del Ministerio, por referirse a instalaciones de desalación que tengan el carácter de obras de interés general del Estado.

El procedimiento a través del cual se tramitarían estas sería el previsto en el art. 3, lo cual implicaba, que se iniciaría de oficio, informe de la Comisaría de Aguas, audiencia a los interesados y aprobación de la propuesta, que debía ser motivada por el Presidente, aunque en todo caso, al tratarse de aguas procedentes de la Desaladora de Valdelentisco y tratarse de instalaciones de desalación que tenían el carácter de obras de interés general, se sometía al control de la Dirección General del Agua.

En este caso, a la vista del iter procedimental expresado, observamos que esta solicitud formulada por el ahora recurrente se adoptó por quien era competente, el Presidente de la Confederación, y tras seguir los trámites que se contemplaban, al emitir informe de conformidad Acuamed, como titular de la instalación y la Comisaría de Aguas y Oficina de Planificación, así como de la Dirección General del Agua.

La parte actora parte del error de considerar que, en virtud del convenio suscrito con Acuamed, tiene derecho a que se le suministre un volumen anual de 100.000 m3 de agua para riego procedentes de la desaladora de agua del mar de Valdelentisco, y, en consecuencia, al no concederle ahora cantidad alguna se actúa por la Administración en contra de sus propios actos. Sin embargo, la parte recurrente era conocedora de que el convenio suscrito con Acuamed no sustituía la necesidad de obtener la preceptiva concesión para el uso privativo del agua desalada, y precisamente por ello, solicitó la concesión de aguas procedentes de la desaladora de Valdelentisco, con un volumen de 100.000 m3, con destino a 30,06 ha (expediente NUM002).

Esta cuestión ya ha sido examinada y resuelta por esta misma Sala y Sección, entre otras, por la sentencia 133/21, de 9 de marzo (PO 233/2019), en cuyo fundamento de derecho séptimo textualmente señalábamos:

Alega la actora, en definitiva, la innecesaridad de obtener autorización para la utilización del agua procedente de la desalinizadora, por considerar que dicha concesión ya existe porque la concesión que habilita el aprovechamiento del agua desalada es la otorgada a las Sociedades Estatales que tienen encomendada la construcción y explotación de las obras hidráulicas, en este caso la planta desaladora de Valdelentisco, conforme a lo dispuesto en los artículos 132 y ss. de la Ley de Aguas , y en todo caso entraría en juego lo dispuesto en el artículo 62 de la misma Ley , de tal manera que nos encontraríamos ante una concesión en régimen de servicio público.

En definitiva, considera la parte recurrente que la empresa Estatal que tiene encomendada la construcción y explotación de la planta desaladora goza también de una concesión para el uso del agua que produce y que puede disponer de ella libremente.

Tal alegación no puede tener favorable acogida desde el momento en el que, por disposición legal, las aguas procedentes de la desalación forman parte del dominio público hidráulico ( art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 ) y, por tanto, debe someterse al régimen general de planificación y autorización previsto en la norma; y en este sentido, el artículo 52 de la Ley de Aguas dispone de forma contundente que "el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa", y el artículo 59 del mismo texto legal establece que "todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa"; sin que pueda confundirse la concesión para la construcción y explotación de la desalinizadora con la autorización que precisa el usuario final que va a hacer un uso privativo de ese agua desalada; autorización o concesión que solo puede otorgar el órgano que ostenta la competencia para ello y que nunca podría ser sustituida por un convenio con la empresa estatal creada para la construcción, explotación y gestión de la Planta desalinizadora de Valdelentisco (AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A.).

Un requisito indispensable de toda concesión para agua de riego, como es la que nos ocupa, es la determinación de la superficie a la que va a ir destinada, y resulta evidente que cuando se otorgó la contratación, explotación y gestión de la planta desalinizadora a la empresa Estatal, no se determinó concretamente las superficies que iban a ser regadas, por lo que nunca podría considerarse una concesión habilitante para el uso privativo de aguas por parte de los regantes, ni la sociedad estatal puede sustituir al Organismo de cuenca o al Ministerio en la determinación de los particulares que ostentan esos derechos.

En definitiva, como de forma reiterada ha venido manteniendo esta Sala, entre otras, en Sentencia 492/16, de 20 de junio (Rec. 392/14 ), 493/16, de 20 de junio (Rec. 412/14), 252/16, de 23 de marzo (Rec. 366/14) y la sentencia 1000/16, de 27 de diciembre (Rec. 258/15 ), la disponibilidad de agua procedente de la desalinización, el suministro de la misma por la sociedad que se ocupa de su gestión, o la suscripción de un convenio para su adquisición, no eximen al usuario de la obligación de obtener la correspondiente concesión administrativa que le autorice el uso privativo del agua.

Cualquier uso privativo de aguas no incluido en el artículo 54 -y el uso del agua de la desaladora lo es- requiere concesión administrativa, la cual se otorgará, según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal, siendo su otorgamiento discrecional y debiendo motivarse las resoluciones que serán adoptadas en función del interés público.

En este caso, el demandante no había obtenido, a través del procedimiento establecido, una concesión; e insistimos en que el convenio suscrito estaba vinculado a la obtención de esa autorización o concesión, sin que constara que tuviera ese derecho de forma definitiva. De ahí que en absoluto la resolución recurrida suprima caudales que tuviera otorgados con anterioridad.

La actora, en la superficie solicitada, no dispone de derechos de riego; por tanto, debe rechazarse también la alegada vulneración del principio de confianza legítima, por cuanto, insistimos, el recurrente no tenía reconocido respecto de las parcelas que nos ocupan, una concesión administrativa para riego del caudal que solicita.

SEXTO. - Sobre la motivación de la resolución impugnada.

Al respecto debemos destacar que el deber de motivación no es sino una exigencia de los arts. 9.3, 103.1 y 106.1 de la Constitución Española de 1978 y que de forma específica recoge el art. 35.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al establecer que " serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, ... i) los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa".

Dicha motivación, no requiere, por tanto, que sea exhaustiva y completa referencia fáctica y jurídica del proceso conformador de la voluntad administrativa, pero sí tiene por finalidad, en todo caso, de un lado, dar a conocer al destinatario de los mismos las razones, concretas y precisas aunque no exhaustivas, de la decisión administrativa adoptada, para que con tal conocimiento, la parte pueda impugnarla ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez -esta es la segunda finalidad-, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Y, en este caso, esta doble finalidad se cumple, en la medida que no solo se invocó la normativa sobre la cual se resolvía la autorización temporal, que no era otra que el RD 356/2015, sino que también mencionaba el art. 6 que atribuía al Presidente de la CHS la competencia para resolver acerca de estas autorizaciones; y exponía cuáles eran los criterios aplicados para resolver acerca de las solicitudes formuladas.

La denegación de caudales no es caprichosa y arbitraria, sino que viene determinada por los informes obrantes en el expediente de los que resulta que la superficie sobre la que solicita aguas procedentes de la Desaladora no tiene derechos previos de riego.

Es preciso recordar que la Disposición adicional segunda del RD 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la CHS y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, dispone la subordinación de las medidas que puedan adoptarse al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura y, como señala el Abogado del Estado, el art. 33 de la Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21, aprobado por RD 1/2016, de 8 de enero, establece los criterios generales para la utilización de las aguas superficiales y subterráneas; y en su apartado 3 se indican los usos a los que podrán asignarse los nuevos recursos externos generados, entre los cuales se encuentran las aguas subterráneas (apartado c), los regadíos consolidados (apartado d) y la redotación de regadíos (apartado e).

En lo que respecta a la atención de los distintos usos mediante recursos procedentes de desalinización, se establece una distinción de prioridades, considerando que los usos indicados en el art. 33.3 (entre los que se encuentran las aguas subterráneas, los regadíos consolidados y la redotación de regadíos) prevalecen sobre los regadíos caracterizados, contemplados en el art. 33.4, en el que además se indica expresamente que " en ningún caso podrán destinarse los recursos desalinizados a generar regadíos nuevos o a ampliar los actuales."

En definitiva, según lo establecido en el art. 33.2 de la Normativa del Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, no se podrán otorgar concesiones o autorizaciones de aguas que impliquen la generación de nuevos regadíos o áreas de demanda y ello justifica que la autorización del aprovechamiento de agua desalinizada, aunque sea de forma provisional o temporal, como es el caso, debe limitarse a los supuestos en los que se acrediten derechos previos con el fin de garantizar que no van destinados a generar nuevos regadíos.

Por tanto, no puede decirse que la resolución impugnada incurra en arbitrariedad, pues, como señala la Administración, la tramitación de estas autorizaciones temporales no guarda relación con los criterios que la legislación establece para la tramitación de las concesiones ni son aplicables los informes emitidos en otros procedimientos administrativos diferentes.

SÉPTIMO. - En razón de todo ello, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo, por ser conforme a derecho, en lo aquí discutido, la resolución recurrida; sin que haya lugar a expresa imposición de costas atendiendo a la complejidad del supuesto que nos ocupa, de acuerdo con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,