Sentencia Contencioso-Administrativo 68/2024 Tribunal Superior de Justicia de Navarra . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 58/2024 de 27 de marzo del 2024

PRIMERO.- Resolución recurrida y alegaciones de las partes en apelación.

La sentencia impugnada, nº 203/2.023, de 13 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pamplona, desestima el recurso interpuesto por el demandante contra la Resolución de fecha 28 de marzo de 2.023 de la Delegación del Gobierno en Navarra por la que se acuerda la expulsión del recurrente del territorio nacional con prohibición de entrada por un periodo de 8 años.

El Juez de instancia considera en el fundamento de derecho cuarto que:

"No concurren en el presente caso circunstancias que hagan dudar de la procedencia de la expulsión del recurrente, pues ningún arraigo suficiente de tipo familiar, social y laboral de entidad protegible demuestra. Y por otro lado no hay un estado de salud relevante a tener en cuenta y determinante en este caso para no poder ser procedente la expulsión decretada. Y además no tiene un procedimiento abierto en el que se discuta la autorización para residir. Irregularidad y carencia de permiso de residir o autorización de estancia en España que se ha acreditado.". Seguidamente, desarrolla con detalle las razones por las que ha de mantenerse la resolución recurrida. Concretamente, descarta la falta de motivación y la indefensión de la recurrente y hace mención, como ya hemos dicho, a que el actor no cuenta con autorización para residir en España y que no acredita arraigo familiar o social de entidad suficiente; que la residencia es del año 2.021 y que los cursos de formación no tienen la entidad pretendida por el apelante. En cuanto a las circunstancias negativas que concurren en el actor, hace referencia a la detención del recurrente por la comisión de un delito contra la libertad sexual y a la adopción por parte de la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra de medidas cautelares y, finalmente, que no hay arraigo laboral, familiar, cultural o social de digno de especial protección. Las anteriores circunstancias agravantes, concluye, impiden aplicar la sanción de multa.

En cuanto a la elección del procedimiento preferente de expulsión, afirma que es conforme a derecho, puesto que no se ha causado indefensión material al actor y que se acreditó el riesgo de incomparecencia dada la falta de pasaporte del actor en el momento de ser detenido.

Por todo ello, afirma el Juez "a quo", no concurriendo ninguno de los supuestos de excepción previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva de retorno, ni los del artículo 5, ni quepa la sustitución de la sanción de expulsión por multa, con referencia a doctrina de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo y de este Tribunal Superior de Justicia, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

La parte apelante alega como motivo de apelación la falta de proporcionalidad de la sanción de expulsión, por cuanto no constan circunstancias agravantes que amparen la expulsión conforme a la doctrina sentada por la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo en diversas sentencias, que cita. Así, alega que el recurrente ha estado identificado desde el primer momento, que no ha dejado de cumplir voluntariamente ninguna orden previa de salida, puesto que ninguna había tenido hasta el procedimiento actual; que no ha tratado de evitar o dificultar la expulsión, ni existe riesgo de incomparecencia, habiendo cumplido con las medidas cautelares impuestas por los órganos del orden penal. Que carece de antecedentes penales y que los policiales, no son suficientes para agravar su situación. Asimismo, el actor ha contado y facilitado en todo momento domicilio conocido y está empadronado. Además, se conoce el lugar donde cursa estudios. No cuenta con permiso de residencia, pero sí con arraigo social y académico.

No cabe acordar la expulsión, puesto que el actor percibe renta garantizada, que tiene una finalidad más allá de la mera subsistencia, puesto que cumple con las obligaciones y requisitos que la Ley Foral 15/2.006, de Renta Garantizada exige.

En cuanto a la detención policial, señala que está en fase de instrucción y que es la Administración quién debería averiguar cuál es el resultado de la misma y dejar constancia de ella en el expediente administrativo.

Por lo que respecta al arraigo laboral, no lo hay por cuanto no puede trabajar legalmente, si bien se está formando para, en su momento, poder optar a un empleo.

En cuanto a la duración del período de prohibición de retorno, señala el actor que la Administración no ha motivado el porqué de la duración de éste.

Por lo que respecta a la elección del procedimiento preferente de expulsión, señala que nunca ha habido riesgo de incomparecencia y fuga, puesto que siempre, tras su detención ha cumplido con las medidas cautelares impuestas, tiene domicilio conocido y el hecho de no portar pasaporte, pues se le había sustraído, ya fue denunciado y, además, dificulta la fuga. Asimismo, en la actualidad está retenido por la Brigada Provincial de Extranjería.

Finalmente, alega la necesidad de que " deba aceptarse la posibilidad de trabajar y residir en España a efectos de no cortar los lazos sociales, amistades y culturales." e invoca el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos.

Por todo ello, interesa la revocación de la sentencia de instancia, la de la resolución administrativa y, consecuentemente, que se deje sin efecto la orden de expulsión y prohibición de entrada en nuestro país.

La Abogacía del Estado se opone al recurso alegando la conformidad a Derecho de la sentencia recurrida.

Comienza por analizar la conformidad a derecho de la elección del procedimiento de expulsión preferente, puesto que el aquí apelante no constaba con la documentación acreditativa de su identidad, de manera que el pasaporte nunca se aportó en la vía administrativa, ni en la primera instancia judicial, imposibilitando conocer el lugar, momento y manera en que entró en España, así como conocer sus movimientos, entradas y salidas del territorio nacional. Además, el recurrente había sido detenido por un delito de agresión sexual por vía vaginal, de manera que no cabe entender que se trate de un simple antecedente policial. Asimismo, se adoptaron medidas cautelares en la causa. Todo ello supone que, en el momento de incoarse el procedimiento, estaba suficientemente justificada la elección del procedimiento preferente. A mayor abundamiento, alega la Abogacía del Estado, no se ha causado indefensión material al recurrente.

En cuanto al fondo del asunto, el actor no ha desvirtuado la existencia de una estancia irregular. No se conoce, en el momento de su detención cuando, ni por donde entró en el territorio nacional, ni su verdadera identidad. Tampoco consta que tenga otorgada, o en trámite, ninguna autorización de estancia o residencia en nuestro país

Es conforme a la nueva doctrina la expulsión, puesto que concurren varios hechos negativos, como son los ya señalados y haber sido detenido por un delito de agresión sexual con acceso carnal, habiéndose adoptado en la causa penal medidas cautelares.

No concurre ningún supuesto de excepción de los apartados 2 a 5 del artículo 6 de la Directiva y los hechos alegados, como el empadronamiento, o haber seguido cursos formativos, no son suficientes para enervar la resolución de expulsión.

Por ello solicita la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- Sobre la tramitación del procedimiento preferente

Esta Sala ha dictado numerosas sentencias en las que resolvemos acerca de los requisitos precisos para incoar, conforme a derecho, un procedimiento de expulsión como preferente. Traeremos como ejemplo la Sentencia nº 282/2.022, rollo de apelación 331/2.022, de 26 de octubre de 2.022, ( ROJ: STSJ NA 571/2022 - ECLI:ES:TSJNA:2022:571), fundamento de derecho segundo "(...) Respecto a la tramitación del procedimiento preferente para la imposición de la sanción al apelante, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social regula que el procedimiento preferente se aplica en una serie de supuestos en los que la expulsión se acuerde, como son los casos de los artículos 53.1.d ) y f ), 54.1.a ) y b ) y 57.2 de la misma, según se lee en el artículo 63.1, párrafo primero. Junto a esos supuestos en los que no hay duda de qué cauce procedimental debe seguirse, hay otros en los que cabe o no seguir esa tramitación preferente, dependiendo de las circunstancias concurrentes; son los supuestos del párrafo segundo, que se refieren a los casos del artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica, uno de los cuales es el de este proceso. En estos casos la procedencia o no del procedimiento preferente deriva de que concurra o no alguna de las siguientes circunstancias: "a) Riesgo de incomparecencia. - b) El extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos. - c) El extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional." Es decir, si cualquiera de esas circunstancias concurre, deberá seguirse -la norma dice "será aplicable" - el procedimiento preferente, en otro caso, deberá acudirse al ordinario.

El párrafo último del artículo 63.1 de la misma Ley Orgánica dice expresamente que, " En estos supuestos -los de la tramitación preferente- no cabrá la concesión del periodo de salida voluntaria", por lo que debe procederse a su ejecución, como explicita el artículo 63.7 de la Ley Orgánica, cuando dice "La ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se efectuará de forma inmediata". Además, cuando se sigue el procedimiento de tramitación preferente tampoco tendrá lugar la facultad de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión recogido en el art. 63 bis 2, según el cual, "La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución"; como consecuencia de ello, tampoco puede ser de aplicación lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 58.2 del mismo Texto Legal , conforme al que, "En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad competente no impondrá la prohibición de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitación de un expediente administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en las letras a ) y b) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, o revocará la prohibición de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsión".

Por tanto, la tramitación del procedimiento sancionador por las normas del procedimiento ordinario o del preferente determina, no sólo, la brevedad de los plazos en el procedimiento preferente, sino que conlleva otras consecuencias importantes para el interesado porque, como ya se ha señalado, en el caso de la tramitación por las normas del procedimiento ordinario debe concederse un plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero abandone el territorio nacional, de tal manera que no se impondrá la prohibición de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitación del expediente administrativo sancionador o se revocará la prohibición de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsión, mientras que en el procedimiento preferente no cabrá la concesión del periodo de salida voluntaria."

Pues bien, en este caso, tenemos que, según el Expediente Administrativo (E.A.), el recurrente en el momento de su detención estaba indocumentado, lo que supone que la Administración no pudo conocer de forma fidedigna su identidad, por donde, ni cuando había entrado en el territorio nacional. También hemos de señalar que el actor fue detenido como posible autor de un delito de agresión sexual con penetración y que por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona se acordó medida cautelar de prisión provisional, si bien fue revocada por auto de 27 de octubre de 2.022 de la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra que, no obstante, mantuvo diversas medidas cautelares, como la designación de un domicilio y teléfono móvil de contacto, la retención del pasaporte del recurrente y la consiguiente prohibición de salida del territorio nacional, la comparecencia ante el Juzgado de Guardia de Pamplona los lunes, miércoles y sábados y, finalmente, la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima del delito. De estos hechos, resulta la adecuación a derecho de la vía procedimental acordada por la Administración, en recta aplicación de la doctrina antes transcrita, puesto que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, el extranjero sí dificultó su expulsión, puesto que iba indocumentado y sí concurre un riesgo para el orden público, derivado de los hechos por los que está siendo investigado y de los que más adelante nos ocuparemos. Por otra parte, el recurrente ha formulado alegaciones, sin que se nos haya acreditado en que se le ha causado indefensión material, pues no es suficiente para poder apreciarla y obrar en consecuencia, la mera invocación de la indefensión.

TERCERO.- Sobre la vulneración del principio de proporcionalidad en la imposición de la sanción y la aplicación de las SSTS de 18 de septiembre de 2.023 .

En cuanto al fondo del asunto, recogemos en este fundamento la doctrina establecida en las recientes sentencias de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2.023, dictadas en recursos de casación 1.537 y 2.251/2.023, donde se examina la doctrina tanto de la misma Sala Tercera, como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uniendo a ella la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en materia de extranjería. En el fundamento de derecho séptimo de las sentencias se concluye que la sanción preferente en caso de situación irregular del extranjero es la de multa, por encima de la de expulsión. Así , "Por lo tanto y en relación con la pregunta casacional podemos anticipar que la sanción a imponer de forma preferente a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , es la de multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular. Así lo impone el art. 57 de la Ley de Extranjería que establece prima facie la sanción de multa a las infracciones graves, entre ellas la situación irregular, pero se permite sustituir dicha sanción de multa, en atención al principio de proporcionalidad, por la sanción de expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. Indudablemente dicho principio de proporcionalidad exige la concurrencia de circunstancias de agravación para imponer la sanción más grave de expulsión, frente a la sanción de multa. Esta última sanción, sin embargo, será preferente frente a la expulsión cuando no concurran circunstancias agravantes, como ya había señalado la jurisprudencia previa a la Directiva de 2008, y que hoy se mantiene vigente con fundamento en la propia Ley y Reglamento de Extranjería, después de la reforma de 2009, interpretados conforme a la Directiva de retorno y la jurisprudencia del TJUE. En definitiva, es preciso un juicio de ponderación basado en el principio de proporcionalidad para la elección entre una u otra sanción (multa o expulsión), sin que este mandato legal que así lo establece sea incompatible con el Derecho Europeo como acabamos de ver.

Este planteamiento que ahora se hace supone, no obstante, matizar la primera de las respuestas que se dio a la cuestión casacional en la STS de 17 de marzo de 2021, recurso 2870/2020 , sentencia que no pudo tener en cuenta la STJUE de 2022 por razones obvias temporales."

Sentado esto, procede tener en cuenta las circunstancias concretas del caso a la hora de determinar cuál es la sanción que, concretamente, se ha de imponer; multa o expulsión. Así, en el fundamento de derecho octavo, remitiéndose a la jurisprudencia de la Sala Tercera, se recogen una serie de circunstancias de agravación y otras que, por el contrario, no lo son, siempre de forma abierta. Así, "Dada la relevancia del juicio de proporcionalidad para la elección de la sanción a imponer a la infracción de encontrarse un extranjero irregularmente en territorio español ( art. 53.1. a) de la Ley de Extranjería ), conviene hacer recordatorio de las circunstancias que la jurisprudencia ha considerado de agravación para justificar la imposición de la sanción de expulsión y aquellas otras que ha estimado que no lo justifican.

Circunstancias de agravación.

Es cierto que es difícil establecer prima facie un catálogo cerrado de esas circunstancias agravantes, por la casuística existente, por lo que hemos señalado que será la motivación y el examen concreto de las circunstancias que concurren en cada caso cuando podrá justificarse, conforme al indicado principio de proporcionalidad, dicha decisión de imponer preferentemente la sanción de expulsión y no la de multa.

Profundizando sobre este último aspecto, la STS nº 732/2023, de 5 de junio, rec 3424/2022 , razona que los Tribunales, al revisar la resolución de expulsión, pueden revisar también el juicio de ponderación de las circunstancias que puedan justificar la orden de expulsión, conforme al material probatorio que obre en las actuaciones, tanto en el proceso como en su expediente.

No obstante, en cuanto a las concretas circunstancias que viene apreciando nuestra jurisprudencia y que permiten justificar, en base al principio de proporcionalidad, cuando procede decretar la expulsión, cabe enumerar no solo las expresamente referidas en la STS n º 366/2021, de 17 de marzo, rec. 2870/2020 , sino igualmente algunas otras que también han sido apreciadas por la jurisprudencia.

Ha de señalarse en primer lugar la de encontrarse el extranjero en situación irregular sin documentación alguna por la que pudiera ser identificado ( sentencia de 27 de mayo de 2008). En relación con este supuesto, la STS nº 1247/2022, de 5 de octubre, rec. 270/2022, ha precisado que: "la falta de documentación como circunstancia agravante ha de ponerse en relación con las dificultades para la correcta identificación del interesado, que impidan conocer su identidad, origen y demás circunstancias personales, comprometiendo la tramitación del procedimiento (...) como hemos razonado en la sentencia de 27 de abril de 2022 (rec. 2958/21), si bien la falta de una inicial presentación de documentación e identificación del interesado puede justificar la aplicación del procedimiento preferente, si con posterioridad se aporta y acredita la existencia de tal documentación desaparece como tal causa de agravación a efectos de la adopción de la decisión de expulsión".

Se añade a la situación de carecer de documentación, la circunstancia de ignorar por esa ausencia no solo los datos personales, sino la forma de entrada en territorio nacional ( sentencias de 26 de diciembre de 2007 ; 14 de junio de 2007 ; y de 5 de junio de 2007 ). En relación con esta circunstancia, lo cierto es la jurisprudencia también apreció como agravante únicamente la de ignorarse cuándo y por donde se efectuó la entrada en España, STS de 28 de febrero de 2007, recurso 10263/2003, ratificando este criterio la más reciente STS de 12 de enero de 2022, recurso 7746/2020 , -FD 3º párrafo penúltimo-.

También se ha venido considerando circunstancia de agravación no haber cumplimentado voluntariamente una orden previa de salida obligatoria ( sentencia de 22 de febrero de 2007 ). Esa misma consideración se atribuye a la constatación de que la residencia autorizada fue obtenida de manera fraudulenta, invocando una nacionalidad falsa ( STS de 8 de noviembre de 2007, rec. 2448/2004 ); relacionada con la cual, también se ha apreciado como agravante la de disponer de documentación identificativa falsa ( SSTS de 25 de octubre de 2007, rec. 2260/2004 , y de 27 de mayo de 2008, recurso 5853/2004 ).

Nuestra STS de 4 de octubre de 2007, recurso 2244/2004 , apreció la agravación al constar una prohibición de entrada.

En otras ocasiones ( STS nº 366/2021, de 17 de marzo, rec. 2870/2020 ) hemos utilizado, como criterio interpretativo, los supuestos a que se hace referencia en el artículo 63.1º, párrafo segundo, de la LOEX al regular el procedimiento preferente: Cuando el extranjero en situación irregular constituya "un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional", cuando es previsible que el extranjero en situación irregular, por las peculiaridades que se acrediten, trate de evitar o dificultar la expulsión, y cuando exista riesgo de incomparecencia. Ahora bien, no cabe concluir sin más que la incoación del procedimiento preferente por alguna de esas circunstancias sea por sí solo justificador de la proporcionalidad de la expulsión; se requiere, por el contrario, y como sucede con las restantes circunstancias o factores de agravación, su valoración individualizada y plenamente contrastada, en un procedimiento con plenas garantías, como tal circunstancia justificadora de la proporcionalidad de la expulsión.

La existencia de antecedentes penales también constituye una circunstancia de agravación que justifica la proporcionalidad de la medida de expulsión, y así se refleja en multitud de sentencias posteriores a la de 17 de marzo de 2021 , por ejemplo, en la STS nº 252/2022, de 28 de febrero, rec 7671/2020 , - FD 7º-; aunque, como precisa la STS nº 1247/2022, de 5 de octubre, rec 270/2022 , no basta una mera referencia genérica a su existencia, como seguidamente detallaremos.

Más específicamente, en relación con la cuestión de los antecedentes policiales, cabe precisar que la jurisprudencia ha experimentado una evolución: ciertamente ha habido sentencias de esta Sala que consideraron suficiente la mera constancia de antecedentes policiales, pero la STS de 29 de septiembre de 2006 (recurso 5450/2003 ) señaló un cambio de criterio, pues sostuvo el que posteriormente aparece mantenido a lo largo del tiempo -multitud de sentencias de 2007-, al decir: "(...) Si la Administración sancionadora quiere fundar en esas actuaciones policiales o judiciales la expulsión que decreta (en lugar de la multa) ha de averiguar cuál fue su resultado y dejar constancia de ello en el expediente administrativo, pues en otro caso seguirá siendo inmotivada la elección de la expulsión, que es lo que ocurre en el caso de autos.(...).", criterio que, como hemos visto, es el que actualmente se mantiene.

Respecto de la carencia de domicilio conocido aparece meramente enumerada entre las posibles circunstancias agravatorias o negativas en la STS nº 750/2021, de 27 de mayo, rec. 1739/2020, y otras posteriores que transcriben o recogen su contenido - entre otras, SSTS nº 12/2022, de 12 de enero, rec. 7746/2020, nº 65/2022, de 26 de enero, rec. 5003/2020, nº 161/2022, de 9 de febrero, rec. 5952/2020, ...-, sin que su posible apreciación como única circunstancia agravante justificadora de la expulsión haya sido objeto de un estudio en profundidad. Por contra, la STS nº 252/2022, de 28 de febrero, rec. 7671/2020 -FD 7º- parece rechazar que constituyan circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada las de que la recurrente "(...) se encontraba en nuestro país de forma irregular, sin haber regularizado su situación y sin haber obtenido prórroga de estancia o permiso de trabajo o residencia, careciendo de arraigo y de domicilio conocido (...)".

Circunstancias que no son de agravación.

Resulta relevante también reseñar distintos pronunciamientos jurisprudenciales que, de forma reciente, han precisado que algunas circunstancias aducidas por la Administración no pueden ser consideradas agravantes a efectos de justificar la proporcionalidad de la expulsión (especialmente, SSTS nº 208/2022, de 18 de febrero , 5883/2020 , y nº 528/2022, de 4 de mayo, rec. 3881/2021 , que se remite a la anterior).

En este sentido, el hecho de no haber constancia de haberse solicitado una prórroga de estancia o un permiso de residencia una vez transcurridos 90 días de permanencia en territorio español, no es circunstancia agravante. Tampoco es circunstancia de agravación la falta de constancia de tener arraigo familiar en España, pues de existir constituiría, más bien, un dato a valorar positivamente. La misma consideración tiene la no constancia de arraigo social aisladamente considerado o la falta de cobertura de la asistencia sanitaria.

Finalmente, nuestra jurisprudencia ha señalado que las circunstancias previstas en los artículos 5 y 6.2 a 5 (DECIR) de la Directiva 2008/115/CE no operan como criterios de ponderación o proporcionalidad ( STS nº 1363/2019, de 15 de octubre, rec. 1629/2018 ), ni puede confundirse su falta de concurrencia con la apreciación de circunstancias de agravación de la estancia irregular que justifiquen la sanción de expulsión ( STS nº 1247/2022, de 5 de octubre, recurso 270/2022 ), pues operan como excepciones a la ejecutividad de la medida de expulsión del extranjero en situación irregular, excepciones que han de apreciarse a través del procedimiento correspondiente ( SSTS nº 492/2022, de 27 de abril, recurso 2958/2021 ), nº 1125/2022, de 14 de septiembre, recurso 7218/2021 , y nº 1247/2022, de 5 de octubre, recurso 270/2022 )."

Añade, como ya hemos dicho, la reciente doctrina en la materia emanada por el Tribunal Constitucional, STC 47/2.023, de 10 de mayo, del Pleno del Tribunal, que declara expresamente " que la imposición de la sanción de expulsión sin la concurrencia de circunstancias de agravación infringe el derecho fundamental a la legalidad sancionadora."

Esta Sala también ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en la Sentencia nº 280/2.023, de 11 de octubre, rollo de apelación 335/2.023, fundamento de derecho tercero, donde se expone y se estudia la anterior doctrina.

CUARTO.- Aplicación de la anterior doctrina al caso de autos

En el caso que nos ocupa, de acuerdo con el expediente administrativo (E.A.) y la documental obrante en los autos, el actor fue detenido por la comisión de un delito de agresión sexual, que dio lugar a la incoación de diligencias penales por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona, habiéndose acordado la adopción de medidas cautelares, como ya hemos visto. Es decir, si bien no constan antecedentes penales, dicha detención policial, sus circunstancias y la apertura de diligencias judiciales, así como la adopción en el curso de las mismas de medidas cautelares, nos hace concluir que en el caso existe un hecho negativo o circunstancia agravante, con la relevancia que, seguidamente, veremos.

Además, Según consta en los autos, el actor estaba indocumentado, sin que fuera posible a las fuerzas del orden público determinar la identidad del aquí apelante, el lugar o puesto fronterizo por donde entró en el territorio nacional, ni desde cuando está en España. A este respecto, señalaremos que el actor denuncia en noviembre de 2.022 la pérdida o extravío del mismo ocurrido el uno de julio de 2.022, bien después de haber sido detenido en junio de 2.022. Tampoco consta la existencia de trámites para regularizar su situación.

En cuanto a la concesión de renta Garantizada, desde el uno de enero de 2.023, hasta el 31 de diciembre de 2.023, no es óbice para su expulsión, puesto que la misma, según la exposición de motivos de la Ley Foral 15/2.016, de 11 de noviembre, "tiene como finalidad garantizar como derecho subjetivo el acceso a unos recursos económicos adecuados y el acceso a unos servicios de inclusión social de calidad. Pretende así mismo, promover la inserción laboral de todas las personas que están en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo." De manera que se trata de una renta cuyo objetivo es evitar que el perceptor se encuentre en una situación objetiva de miseria y, si bien se hace mención a la inserción laboral, como se dice, no es de aplicación al recurrente que, en ningún caso podría incorporarse el mercado de trabajo, dada su situación de irregularidad, que no se discute. Por ello, con base en doctrina de esta Sala que, por su reiteración se obvia su cita, no cabe fundar en dicha percepción, la imposibilidad de dictar una resolución de expulsión o de retorno.

Por el contrario, se aporta certificado de empadronamiento en Pamplona y diversos certificados acreditativos de su formación académica y profesional que no suponen un arraigo cualificado.

Finalmente, en cuanto a la motivación para la prohibición de retorno de ocho años, la misma gravedad de los hechos que fundamentan la expulsión ampara la resolución administrativa.

Por todo lo expuesto, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada, confirmando íntegramente la misma.

QUINTO.- Costas Procesales.

Conforme a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede imponer a la parte apelante las costas causadas en esta apelación, al haberse desestimado el recurso.

En atención a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho expuestos, en nombre de Su Majestad El Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del Pueblo Español nos confiere la Constitución, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha adoptado el siguiente