Sentencia Militar 65/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 34/2022 de 10 de julio del 2023

PRIMERO.- 1. La Sentencia de 10 de junio de 2022 del Tribunal Militar Territorial Quinto, objeto del presente recurso de casación, condenó al recurrente, el Brigada del Ejército de Tierra D. Arcadio, a la pena de un año de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo (por evidente error material mecanográfico, en la Sentencia se dice " Activo") durante el tiempo de la condena, como autor de un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de trato a un subordinado de manera degradante o humillante, previsto y penado en el artículo 47 del Código Penal Militar.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, se le condenó a indemnizar al Cabo 1ª D. Bartolomé por los daños morales sufridos con la cantidad de 3.000 € (tres mil euros).

2. El recurso contiene tres alegaciones en las que se denuncia, respectivamente, quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo, error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho de presunción de inocencia, que analizaremos en este mismo orden.

SEGUNDO.- 1. Con el primer motivo de recurso, por quebrantamiento de forma y al amparo del artículo 851.1º de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurrente denuncia que en la Sentencia de instancia, en concreto, en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º del relato fáctico, se han consignado como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, implican la predeterminación del fallo.

En el desarrollo de este motivo el recurrente se limita a reproducir el primer párrafo del relato de hechos probados subrayando, cuando se relata que, a principios del año 2017, el recurrente comenzó a relacionarse con el Cabo 1º D. Bartolomé, la frase " de manera improcedente y vejatoria, menospreciándole a menudo".

Suponemos, cuando denuncia que también se ha producido predeterminación del fallo en los párrafos 2º, 3º y 4º, que el recurrente se refiere a las expresiones "... de forma improcedente y vejatoria, menospreciándole a menudo ..."; "... de forma excesiva e impropia, menospreciándole y calificándole de" inútil..." y "... evidentes faltas de respeto e insultos tales como " Cabo 1º de mierda, subnormal, inútil, ...".

2. En relación con este vicio in iudicando venimos reiteradamente recordando ( Sentencia de 30 de julio de 2018, en la que, a su vez, se citan las de 5 de noviembre de 2009, 30 de septiembre de 2011, 4 de noviembre de 2013 y 20 de marzo de 2015) que, "según afirma la Sala Segunda de este Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de enero de 2002 -R. 254/2000-, el quebrantamiento de forma que contempla el artículo 851.1º de la Ley penal rituaria "encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elemento fáctico de la sentencia penal, por un concepto jurídico, en cuanto significa una irrazonable anticipación conceptual de la subsunción jurídica que ha de realizarse lógica y cronológicamente después de tal exposición fáctica, pretendiendo así impedir el pre-juicio que, por su irrazonabilidad, es fuente de injusticia al traducir[se], además, en consecuencias perjudiciales para el afectado en cuanto generadoras de indefensión por coartar o aminorar las posibilidades negatorias de determinadas conductas y actuaciones no descritas en la resolución judicial que ha reemplazado el relato puro y aséptico del hecho por su significación", añadiendo que " una reiterada doctrina jurisprudencial ha recogido que la predeterminación del fallo requiere para su estimación: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado; b) Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan sólo para los juristas y no sean compartidas en el uso del le[n]guaje común; c) Que tengan valor causal respecto al fallo y d) Que suprimidos tales conceptos jurídicos dejen el hecho histórico sin base alguna -por todas, sentencia de 23 de diciembre de 1991-. La predeterminación del fallo precisa pues la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con virtualidad causal respecto al fallo". Y, por su parte, la Sentencia de dicha Sala Segunda de 10 de mayo de 2000 -R. 431/1999 P- dice que "la jurisprudencia consolidada de esta Sala define el alcance de la predeterminación del fallo como el empleo en la premisa histórica del mismo de expresiones técnicamente jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado, ajenas al lenguaje común, que sean causales en relación con el fallo, y que suprimidas dejen el hecho histórico vacío de contenido ( S.S.T.S., por citar las más recientes, 24/2, 28/3 o 15/4/2000)"".

En idéntico sentido, la Sentencia de la Sala de lo Penal de este Alto Tribunal de 28 de julio de 2009 -R. 2259/2008-, seguida por la de esta Sala de 20 de marzo de 2015, señala que se incurre en predeterminación del fallo "cuando el Tribunal incluye en la declaración de hechos probados conceptos que en la Ley se utilizan para describir el núcleo esencial del delito que se propone apreciar, lo que equivale en la elaboración lógica de la sentencia, a adelantar el "iudicium" formulándolo en el lugar del factum y sustituyendo, en definitiva la obligada narración de los hechos por una pura y simple calificación jurídica. Pero no hay, en el sentido propio de esta expresión, consignación de conceptos jurídicos predeterminantes cuando se relatan unos hechos susceptibles de ser calificados como delito pues ésta es precisamente la finalidad de la premisa menor del silogismo sentencial cuando es un fallo condenatorio: servir de base a una determinada calificación jurídica".

Y en la misma línea, esta Sala viene reiteradamente declarando ( Sentencias de 5 de noviembre de 2009, 30 de septiembre de 2011, 4 de noviembre de 2013 y 20 de marzo de 2015, siguiendo la de la Sala Segunda de este Tribunal Supremo de 4 de junio de 2008 -R. 2217/2007-) que "la predeterminación "sólo es apreciable cuando supone la utilización de conceptos que unitariamente describan una infracción delictiva, o de frases técnico-jurídicas que engloben la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado"".

Nuestra Sentencia de 11 de abril de 2005, seguida por las de 5 de noviembre de 2009, 16 de febrero y 30 de septiembre de 2011, 24 de septiembre y 4 de noviembre de 2013 y 20 de marzo de 2015, concreta las exigencias para la apreciación de este tipo de quebrantamiento, al señalar que "de conformidad con la doctrina de la Sala Segunda y de esta Sala (cfr., entre nuestras últimas Ss. las de 22.12.93; 18.11.00; 20.06.01; 10.06.02; 21.07.03; 04.11.03; 31.05.04; 11.10.04; 28.01.05) los requisitos para la apreciación de la denominada "predeterminación del fallo" consisten en que en la descripción del hecho por el Tribunal, éste se sustituye por su significación llegando a utilizarse conceptos jurídicos en el "factum" de la Sentencia que unitariamente describan una infracción delictiva, o bien frases o términos técnico-jurídicos, que engloben la definición de un concreto tipo punible, siempre que a través de la utilización o inclusión de estos conceptos se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado. Los criterios que justifican por tanto el expresado quebrantamiento de forma se derivan de la necesidad de separar "factum" e "iudicium" en la sentencia, de conformidad con las exigencias del art. 142 LECRim., en el que taxativamente quedan separados los apartados en que han de desarrollarse ambos. Se significa también en el estudio de la expresada "predeterminación", que las expresiones usadas no deben ser las propias del lenguaje común, sino las empleadas por los juristas y, por último, que las mismas han de tener un valor causal para el fallo, de suerte que su supresión deja el relato de hechos sin base alguna a efectos de la tipificación".

3. En el caso que nos ocupa, a ninguna de las expresiones a las que hemos hecho referencia en el primer punto de este Fundamento se le puede atribuir un carácter técnico jurídico expresivo de la esencia del tipo penal aplicado. Por el contrario, como señala la Fiscalía Togada, se trata de términos de uso común empleados por el Tribunal que no constituyen elementos valorativos sino meramente descriptivos de la situación, no apreciándose que

el Tribunal sentenciador haya deslizado ninguna valoración jurídica anticipatoria de la parte dispositiva de la resolución impugnada.

No cumpliéndose así los presupuestos para la apreciación del quebranto formal denunciado, procede la desestimación del motivo.

TERCERO.- 1. Con el segundo motivo de recurso, formulado al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurrente denuncia que el Tribunal de instancia ha incurrido en error en la apreciación de la prueba, en lo que se refiere a la valoración del "informe pericial aportado de parte firmado por D. Rodolfo".

En el desarrollo de este motivo el recurrente se limita a señalar que " El informe médico obrante en las actuaciones sumariales no ha sido interpretado en el único sentido en que debía serlo, lo que, además, coincide con lo manifestado en el acto de la vista por la misma víctima y los testigos" (sic).

2. En relación con este motivo por infracción de ley, esta Sala viene reiteradamente recordando que el mismo tiene por finalidad "la alteración por sustitución, adición o supresión de parte de la narración histórica que constituye el sustrato fáctico de la sentencia, cuando existan en la causa documentos dotados de virtualidad demostrativa del error evidente y palmario padecido por el Tribunal sentenciador, al consignar hechos diferentes a los que resultan acreditados por genuina prueba documental constituyendo una realidad tan patente y manifiesta que deje al alcance de la Sala de Casación verificarlo, en las mismas condiciones dela inmediación con que contó el Tribunal de instancia" ( Sentencia de 30 de marzo de 2022, en la que, a su vez, se citan las de 1 de junio de 2011, 17 de enero de 2006, 3 de marzo de 2020 y 13 de abril de 2021).

Y, de manera constante, venimos también declarando ( Sentencias de 30 de mayo y 15 de septiembre de 2022, en las que, a su vez, se citan las de 5 de marzo de 2020, 17 de julio de 2019, 10 de abril y 10 de septiembre de 2018, 13 de mayo de 2015, 29 de febrero de 2012, 16 de diciembre de 2.010 y 24 de noviembre de 2.009, entre otras muchas), que "la viabilidad de la vía de impugnación casacional utilizada ( error facti ), dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la Sentencia de instancia, se encuentra supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1º) Que el error se funde en una verdadera prueba documental y no en cualquiera otra. La razón de tal exclusión radica, precisamente, en que las pruebas personales, como la testifical y la de confesión, están sujetas a la valoración del Tribunal que con inmediación las percibe.

2º) Que dicho documento evidencie el error de algún dato o elemento fáctico de la Sentencia por su propio y literosuficiente poder demostrativodirecto, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o argumentaciones complejas. Del documento designado debe resultar, bien un dato fáctico contrario al reflejado por el Juzgador en el hecho probado, bien un hecho no incluido en la declaración fáctica.

3º) Que el documento no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba. Si así ocurriera, corresponde al Tribunal de instancia apreciar y valorar la prueba y formar libremente su convicción en los términos resultantes de la normativa procesal.

4º) Finalmente, que el error acreditado documentalmente sea relevante a los efectos de modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. Es decir, que el documento designado que acredita un hecho, en los términos señalados, debe tener relevancia en la subsunción, en el sentido de tener virtualidad para modificar la calificación jurídica de los hechos y, en consecuencia, el fallo de la Sentencia".

3. Por otra parte, en relación con los informes médico-periciales, como medios de prueba tendentes a acreditar de forma indubitada un hecho o circunstancia concreta, como así pretende el ahora recurrente, la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Sentencia 834/1.996, de 11 de Noviembre y 631/2.001, de 14 de Mayo, entre otras muchas) y de esta Sala Quinta (Sentencia de 16 de diciembre de 2010 , en la que, a su vez, se citan las de 30 de Enero de 2.009, de 22 de Febrero de 2.008, 15 de Julio de 2.004, 9 y 16 de Septiembre y 21 de Octubre de 2.005 y 6 de Octubre de 2.006) admite su virtualidad como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una Sentencia impugnada en casación cuando:

"a) Existiendo un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes, y no disponiendo el Tribunal de instancia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, la Sentencia haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de manera que se altere relevantemente su sentido originario.

b) Cuando contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

En ambos casos cabe estimar acreditado documentalmente el error del Tribunal. En el primero porque, asumiendo el informe, el texto documentado de éste permite demostrar que ha sido apreciado erróneamente al incorporarlo a los hechos probados de un modo que desvirtúa su contenido probatorio. En el segundo porque, al apartarse del resultado único o coincidente de los dictámenes periciales, sin otras pruebas que valorar y sin expresar razones que lo justifiquen, nos encontramos, como dice la Sentencia núm. 310/1.995, de 6 de Marzo de la Sala Segunda, ante un " discurso o razonamiento judicial que es contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia o de los criterios firmes del conocimiento científico".

4. De acuerdo con estos parámetros jurisprudenciales, el motivo debe ser desestimado pues, en el caso actual, el recurrente ni tan siquiera ha concretado extremo alguno de los hechos probados que se considere erróneo y cuya corrección se pretenda con el presente motivo, diseñado, como sabemos, para la modificación o complementación del relato fáctico.

En relación con este punto, la Sala viene insistiendo en que "es obligación del recurrente, además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del documento que acrediten claramente el error en el que se dice cayó el Tribunal, no siendo competencia de esta Sala de casación "adivinar" o buscar tales extremos" ( Sentencia de 19 de enero de 2022, que cita las de la sala Segunda de este Tribunal Supremo de 10 de octubre y 27 de diciembre de 2006).

A dicha obligación de individualización se debe añadir (como se indica en la citada Sentencia de 19 de enero de 2022) la de "consignar la redacción alternativa del factum sentencial que, a tenor del error que el documento que pretende literosuficiente demuestre, proponga".

Tampoco el recurrente ha formulado propuesta alternativa alguna del relato factico.

La falta del cumplimiento de los requisitos mínimos para la interposición de este motivo hace puramente retórica su formulación, procediendo, como ya hemos dicho, su desestimación.

CUARTO.- 1. Con el tercer y último motivo de recurso, formulado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción de precepto constitucional, el recurrente denuncia vulneración del derecho de presunción de inocencia.

En el desarrollo del motivo el recurrente, tras insistir en una errónea valoración de la prueba por parte del Tribunal de instancia, y tildarla de arbitraria e irrazonable, alega insuficiencia de la prueba de cargo y sostiene que no ha quedado acreditado que cometiera delito alguno.

2. En aplicación de una consolidada doctrina constitucional venimos reiteradamente recordando ( Sentencia de 5 de junio de 2018, en la que, a su vez, se citan las de 16 de enero de 2015, 25 de septiembre de 2013, 4 de diciembre de 2007, 11 de noviembre de 2009 y 12 de marzo de 2013, entre otras muchas) que la alegación de vulneración de la presunción de inocencia obliga al Tribunal de casación a comprobar si el Tribunal de instancia ha basado su convicción inculpatoria en una prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, que haya sido válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente apreciada (por todas, Sentencia de 7 de diciembre de 2010), lo que supone constatar que se observó la legalidad en la obtención de la prueba, que ésta se practicó en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo.

Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( Art. 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Lo que no se autoriza en sede casacional es la sustitución de la valoración efectuada por el Tribunal sentenciador de la prueba de cargo por otra nueva, sustituyendo, de esta manera, la convicción objetiva y razonable del órgano jurisdiccional por el criterio subjetivo e interesado de la parte recurrente ( Sentencia de esta Sala de 16 de marzo de 2012).

Consecuentemente lo que en esta vía casacional ha de determinarse es si ha existido o no un mínimo de actividad probatoria practicada con sujeción a la Ley,y por ello válida, de la que pueda deducirse lógica y racionalmente la culpabilidad del recurrente a los efectos de merecer el reproche que se combate, verificando si el proceso deductivo utilizado por el Tribunal de instancia a la hora de dar por probados una serie de hechos se ajusta o no a las reglas de la lógica y, por tanto, no es arbitrario.

No discutiéndose por el recurrente ni la validez de la obtención de la prueba ni su correcta práctica, lo que hemos de verificar, por tanto, es la suficiencia de la misma y la racionalidad de la inferencia realizada.

3. En aplicación de dicha doctrina al caso ahora enjuiciado, es claro que procede la desestimación del motivo.

En los detallados Fundamentos de la Convicción de la Sentencia impugnada el Tribunal de instancia justifica de manera separada y exhaustiva el extenso relato de hechos probados,

Así, señala expresamente que ha fundado su convicción en la declaración de la víctima, quien declaró, de forma coherente con lo manifestado en fase de instrucción, que el acusado le sometió a diversas vejaciones y menosprecios a partir del año 2017, lo que provocó en ella un sentimiento de humillación y una sensación de acoso continuo.

El Tribunal de instancia señala también, que la declaración de la víctima ha sido corroborada por numerosos testigos, concretamente por el Capitán Pedro Jesús, por el Teniente Pablo, por los Cabos 1º Jose Daniel y Martin y por la empleada civil Paloma.

Además de las testificales, el Tribunal contó con la prueba pericial emitida por el médico psiquiatra D. Rodolfo, que en su informe - debidamente ratificado en el acto de la vista- concluyó que la patología padecida por la víctima era compatible con una situación de acoso laboral.

Estas declaraciones no pueden ser revisadas por este Tribunal al carecer de la inmediación y la posibilidad de contradicción de que gozó el Tribunal de instancia. No nos corresponde efectuar una nueva valoración de las mismas, sino solo constatar que constituyen una prueba de cargo suficiente y que el Tribunal sentenciador las valora expresa y razonablemente.

Pues bien, el Tribunal a quorefiere de forma extensa en los referidos Fundamentos de la Convicción los motivos por los que otorga mayor credibilidad a unos testimonios respecto de otros, exponiendo de forma razonada y lógica los elementos sobre los que apoya su convicción de que los hechos sucedieron en la forma en que los relata.

Es claro, por tanto, que el Tribunal dispuso de prueba directa más que suficiente y que su valoración se adecuó a criterios de lógica y racionalidad, permitiendo concluir, a la vista de las abundantes y diversas declaraciones de los testigos, coherentes y coincidentes en lo fundamental, que los hechos ocurrieron en la forma en que fueron relatados, sin que pueda denunciarse que el Tribunal no atendió otros testimonios que no resultaban concluyentes pues es sabido que el Juzgador es soberano a la hora de otorgar mayor credibilidad a unas versiones que otras y que "el control casacional ha de limitarse a determinar la racionalidad de la valoración efectuada por el Tribunal de las pruebas que presenció sin que proceda, ahora, que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista encaje mejor a su propio y personal interés" ( Sentencia de esta Sala de 16 de Marzo de 2.012, entre otras muchas).

En definitiva, en el caso actual existe prueba de cargo, válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada por el Tribunal de instancia con argumentos explicitados que, en modo alguno, pueden tacharse de ilógicos, absurdos o inverosímiles, conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, por lo que carece de fundamento la denunciada violación del derecho a la presunción de inocencia, aquí desvirtuada por una prueba inequívocamente incriminadora.

Procede, en consecuencia, y como ya se ha expresado, la desestimación del motivo y del recurso.

QUINTO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987, de 15 de julio.