Sentencia Militar 26/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 21/2025 de 10 de julio del 2025

PRIMERO.-1. La parte recurrente formula el que denomina motivo «PRIMERO» -realmente único, pues no es seguido por ningún otro ordinal- de su recurso de casación al amparo del artículo 849.1º de la LECrim, si bien agolpa en dicho motivo infracciones de preceptos de legalidad ordinaria con infracciones de preceptos y derechos constitucionales. En concreto, denuncia «infracción del artículo 4 en relación con el 12 de la LOCOJM 4/1987 en relación con el artículo 44.1 por indebida aplicación y los arts., 1 inciso primero, 6.1, 8 y 9.1 del CPM, y todo ello en relación con el art., 24 de la CE, por considerar que se ha vulnerado, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia, en relación con los arts. 117.3, 4 y 5 de la C.E.».

Señala en el «extracto» del motivo que «hemos presentado declinatoria de jurisdicción por falta de competencia por razón de la materia, ya que, venimos manifestando desde el inicio (escritos, cuestión de prejudicialidad no penal), que estamos en un procedimiento administrativo de baja temporal para el servicio, no apto para el servicio, por lo que, el soldado Demetrio no puede desempeñar las funciones propias de su especialidad y destino, cumpliendo rigurosamente con la normativa sobre las bajas temporales para el servicio» [sic], así como que «resulta preceptivo que por el órgano competente, en este caso la jurisdicción civil para resolver prejudicialidad no penal, en este caso administrativa, y se dicte resolución en los términos expuestos, es decir, si el soldado Demetrio ha incumplido o no la normativa sobre bajas temporales para el servicio, y si, en aplicación del art., 6.3 de la inst 1/2013 en relación con la ley 41/2002, al disponer que el interesado dará su consentimiento o no para acudir al botiquín, resultando excesivo que, por decidir al amparo de dicha norma, se vea avocado a un proceso penal para solventar dicha cuestión» [sic].

Entre los argumentos que, en el «Desarrollo del motivo», aduce la parte recurrente para defender su tesis, se encuentran: el carácter ilegal, a su juicio, de la orden de acudir al botiquín de la unidad recibida por el Soldado Demetrio y emitida por el Teniente Coronel, sin que cumpla los requisitos del concepto de orden; la inexistencia en nuestro ordenamiento de «un deber de obediencia debida»; la ausencia de dolo en la actuación del referido soldado, o la falta de competencia objetiva de la jurisdicción militar por razón de la materia.

2. La Excma. Fiscalía Togada solicita la inadmisión, y en su defecto, la desestimación del recurso de casación, con íntegra confirmación de la resolución recurrida, con base en las argumentaciones -que suscribe y reproduce- utilizadas tanto por el Juzgado Togado Militar Territorial núm. 41 como por el Tribunal Militar Territorial Cuarto al resolver sobre las sucesivas peticiones y recursos formulados ante ellos por el hoy recurrente instando el planteamiento de cuestión prejudicial administrativa y el artículo de previo y especial pronunciamiento de declinatoria de jurisdicción.

SEGUNDO.-1. La complejidad que refleja el recurso de casación formulado por la representación procesal del Soldado D. Demetrio, encuentra su contrapunto en el objeto único del presente recurso -que no es otro que el auto del Tribunal Militar Territorial Cuarto, de fecha 5 de marzo de 2025 en el que se acordó rechazar y no haber lugar a la declinatoria de jurisdicción formulada por el Letrado defensor del referido soldado en el Sumario nº 41/07/24-, el momento procesal en el que nos encontramos -una vez formuladas las conclusiones provisionales por la acusación pública y antes de presentar las suyas el defensor del acusado- y la propia regulación legal del artículo de previo y especial pronunciamiento bajo el concepto de declinatoria de jurisdicción -contenida en los artículos 286 a 292 de la Ley Orgánica Procesal Militar-. Parámetros a los que debemos ajustarnos al emitir nuestra resolución y que nos impiden, en contra de lo que propugna el recurrente, entrar a valorar, o bien el ejercicio de la acción penal por la Fiscalía Jurídico Militar en las Diligencias Previas núm. 41/02/24 y en el Sumario núm. 41/07/24, así como las resoluciones judiciales que han adquirido firmeza, o bien la concurrencia o no en los hechos, hasta ahora meramente indiciarios, de los elementos constitutivos del tipo penal previsto y penado en el artículo 44 del Código Penal Militar.

Resulta palmario que las tareas de determinar si existió, o no, un mandato con características de orden militar, si fue legal, si fue cumplido o si concurrió dolo -elementos sobre cuya negación construye la parte recurrente la argumentación en la que sustenta la falta de competencia de la jurisdicción militar para el conocimiento de los hechos- constituyen, junto con la determinación de los hechos probados a la luz de las pruebas practicadas con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, cometidos propios del enjuiciamiento, momento procesal en el que todavía no nos encontramos ni puede esta Sala ensayar suplantando al órgano que legalmente lo tiene atribuido.

2. Nuestro análisis hemos de centrarlo, pues, en determinar si la resolución objeto del recurso de casación ha vulnerado, o no, alguno de los preceptos o derechos fundamentales cuya infracción le atribuye la parte recurrente, partiendo para ello de las certezas jurídicas que en el momento procesal actual dimanan del Sumario núm. 41/07/24, esto es, que el hoy recurrente, mediante resolución judicial firme, se encuentra procesado por la presunta comisión de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 44 del Código Penal Militar y que, en conclusiones provisionales, ha sido acusado por el Ministerio Público de la comisión, en concepto de autor, de ese mismo delito.

Una vez leído detenidamente el referido auto, dictado en las actuaciones por el Tribunal Militar Territorial Cuarto el 5 de marzo de 2025, la Sala no aprecia que vulnere en forma alguna los derechos fundamentales invocados en masa por el recurrente -«el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia»-. Antes al contrario, dicho auto destaca por su esmero en salvaguardar los derechos fundamentales del acusado y la imparcialidad del Tribunal que ha de juzgarlo.

Sin perjuicio de dar aquí enteramente por reproducido el referido auto, reproducimos a continuación algunos de sus razonamientos, demostrativos de nuestra anterior valoración:

«Tercero.-Aun resultando lo pretendido por la representación letrada del soldado D. Demetrio manifiestamente carente de fundamento, en aras de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva, procederemos a proporcionar una respuesta motivada en derecho sobre el fondo del asunto planteado, que no es sino pronunciarnos sobre la competencia de la jurisdicción militar, y en concreto de este órgano judicial, para el conocimiento de los hechos imputados a dicho soldado por el Fiscal jurídico militar, consistentes en la supuesta desatención a la comparecencia que se le habría ordenado en el Servicio de Sanidad de su Unidad con motivo de la tramitación de su baja para el servicio, hechos que, a juicio del Ministerio Público, a la vista de su escrito de conclusiones provisionales, integrarían el tipo penal de desobediencia, previsto y penado en el artículo 44 del Código Penal Militar (CPM).

Afirmaba así la STC 60/1991, de 14 de marzo en relación a la extensión y límites en materia penal de la jurisdicción militar, y se reitera en la reciente STC 128/2024, de 22 de octubre, que "[c]omo jurisdicción especial penal, la jurisdicción militar ha de reducir su ámbito al conocimiento de delitos que puedan ser calificados como de estrictamente castrenses, concepto que ha de ponerse en necesaria conexión con la naturaleza del delito cometido: con el bien jurídico o los intereses protegidos por la norma penal, que han de ser estrictamente militares, en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas y de los medios puestos a su disposición para cumplir esa misión ( arts. 8 y 30 CE ); con el carácter militar de las obligaciones o deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito, y, en general, con que el sujeto activo del delito sea considerado uti miles, por lo que la condición militar del sujeto al que se imputa el delito ha de ser también un elemento relevante para definir el concepto de lo estrictamente castrense".

Pues bien, tal y como esta Sala señaló en su auto de 27 de noviembre de 2024, y cuyas consideraciones ahora damos por reproducidas, frente a lo que afirma la representación letrada del procesado al plantear el presente incidente, el proceso penal del que actualmente conoce este órgano judicial militar no tiene por objeto determinar el cumplimiento o no por parte del interesado de la normativa administrativa sobre las bajas temporales para el servicio, ni tiene por finalidad revisar la aplicación que de la misma efectúe la Administración militar, sino dilucidar si la presunta incomparecencia del ahora procesado (militar en servicio activo en el momento de los hechos) ante los requerimientos que supuestamente se le habrían efectuado en su Unidad alcanzan a colmar un ilícito contemplado en el Código Penal Militar, concretamente, un presunto delito de desobediencia ( art. 44 CPM), delito de cuya naturaleza propia del ámbito estrictamente castrense no podemos dudar, de la misma forma que resulta palmario el carácter militar de las obligaciones o deberes cuyo incumplimiento se tipifica en dicho ilícito penal, al tutelar la disciplina como principio básico de la organización militar que resulta esencial para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar las misiones atribuidas constitucionalmente ( art. 8 CE) , por lo que, a la vista del art. 12.1 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en conexión con el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y a la luz de la doctrina constitucional reflejada, resulta innegable la competencia .de la jurisdicción militar para el enjuiciamiento de los hechos que el Ministerio Fiscal imputa al procesado, lo que debe hacer decaer asimismo las quejas sobre vulneración de derechos fundamentales que se han invocado.

Cuarto.-Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la competencia para ver y fallar el Sumario nº 41/07/24 corresponde a la jurisdicción militar y en concreto a este órgano judicial, por lo que no cabe sino rechazar íntegramente y declarar no haber lugar a la declinatoria de jurisdicción planteada por la Defensa y resolver el presente artículo de previo y especial pronunciamiento propuesto por dicha parte en sentido desestimatorio de las pretensiones de la misma, debiendo darse nuevo traslado del procedimiento a la Defensa para que formule su escrito de conclusiones provisionales, conforme dispone el artículo 292 de la Ley Procesal Militar».

Los anteriores razonamientos ofrecen a las partes procesales una explicación clara, lógica, razonada y fundada en Derecho de los motivos que llevan al Tribunal de instancia a rechazar la declinatoria de jurisdicción planteada por el defensor del acusado, sin que esta Sala aprecie en dichos razonamientos arbitrariedad, ausencia de racionalidad o error, dando, por ello, plena satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva del hoy recurrente, aunque no acepte su pretensión. Y ello, porque, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, lo que forma parte del contenido básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, común a ambas partes procesales, son los derechos de acceso a la jurisdicción, a obtener una resolución fundada en Derecho y a que esa resolución sea motivada, esto es, que la misma contenga una explicación suficiente para llegar a la decisión que adopte, decisión que podrá ser favorable o adversa a la pretensión ejercitada (entre otras muchas, SSTC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3; 151/2001, de 2 de julio, FJ 5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4, así como SSTS, 5ª, núm. 91/2022, de 19 de octubre, y 32/2024, de 18 de julio).

Los mencionados razonamientos del Tribunal de instancia son igualmente respetuosos con el derecho de las partes a un proceso con todas las garantías y con el derecho del acusado a la presunción de inocencia, pues no introducen juicio de valor alguno del propio Tribunal sobre la veracidad de los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales ni sobre la participación culpable en ellos del acusado. Lo que no pueden, es ocultar la realidad procesal existente en el momento en el que se dicta el auto, cuyo último hito, tras el procesamiento y la aprobación de la conclusión del sumario mediante sendos autos ya firmes, es el ejercicio formal -en conclusiones provisionales- de acusación por el Ministerio Fiscal contra el hoy recurrente; realidad procesal de la que inevitablemente debe partir el Tribunal de instancia, y también nosotros, a la hora de decidir lo procedente sobre la declinatoria de jurisdicción planteada por el actor.

Y siguiendo ese mismo razonamiento, resulta que el delito por el que fue procesado y del que igualmente ha sido acusado el Soldado D. Demetrio no es otro que el de desobediencia tipificado en el artículo 44 del Código Penal Militar, lo que sin duda alguna determina la competencia de la jurisdicción militar para su conocimiento y enjuiciamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.1 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar -En tiempo de paz, la jurisdicción militar será competente en materia penal para conocer de los siguientes delitos y faltas: 1. Los comprendidos en el Código Penal Militar.[...]-,16 de la misma ley -La jurisdicción que conozca de un procedimiento conocerá asimismo de todas sus incidencias-y 9.1 del vigente Código Penal Militar, aprobado por la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre -Son delitos militares las acciones u omisiones dolosas o imprudentes previstas en el Libro Segundo de este Código-.

Curiosamente, son, precisamente, los artículos de las expresadas leyes orgánicas citados como vulnerados por el recurrente los que determinan la competencia de la jurisdicción militar, de forma que tanto si los hechos que narra el Ministerio Fiscal fueran ciertos y se acreditara en ellos la concurrencia de todos los elementos del tipo previsto en el artículo 44 del Código Penal Militar, como si no ocurriera así, la competente para enjuiciarlos sería la jurisdicción militar, con previsible resultado condenatorio en el primer caso y absolutorio en el segundo.

En cuanto al juez predeterminado por la ley, determina el artículo 3 de la citada ley de competencia y organización de la jurisdicción militar que Todo órgano judicial militar, en el ámbito de su competencia, será Juez ordinario predeterminado por la Ley,disponiendo su artículo 45.1 que El Tribunal Militar Territorial conocerá: 1. De los procedimientos por delito de la competencia de la jurisdicción militar cometidos en su territorio y no reservados a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ni al Tribunal Militar Central.

En el caso examinado, al ser el acusado Soldado y haberse producido el hecho por el que formula acusación el Ministerio Fiscal en la Base "General Morillo" radicada en Pontevedra, la competencia para su conocimiento y enjuiciamiento corresponde al Tribunal Militar Territorial Cuarto, de conformidad con lo dispuesto en los referidos artículos, en conexión con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar, siendo por tanto dicho Tribunal el juez ordinario predeterminado por la ley.

Por todas las razones expuestas, junto con las expresadas por el Tribunal de instancia en el auto impugnado y las aducidas por el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición, que compartimos, la Sala no aprecia que el referido auto vulnere los preceptos constitucionales y legales que cita la parte recurrente ni los derechos fundamentales que ésta invoca, procediendo, en consecuencia, la íntegra desestimación del presente recurso de casación.

TERCERO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.