Sentencia Militar 27/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 8/2025 de 10 de julio del 2025

PRIMERO.-1. Es objeto del presente recurso de casación la sentencia núm. 23/24, dictada en fecha 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Militar Territorial Cuarto, en la que se condenó al Cabo del Ejército de Tierra D. Apolonio como autor responsable de un delito de abandono de destino, previsto y penado en el artículo 56.1 del Código Penal Militar, a la pena de cuatro meses de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por igual tiempo que el de la pena principal, sin exigencia de responsabilidad civil, cuya relación de hechos probados y fallo han sido transcritos en los anteriores antecedentes de hecho.

2. El recurso se articula en dos motivos, el primero de los cuales -según el propio orden de interposición- es planteado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española, mientras que el segundo aparece formulado por quebrantamiento de forma al cobijo de los apartados 1 y 3 del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) .

Analizaremos los motivos en el mismo orden con el que han sido formulados.

SEGUNDO.-1. Los argumentos en los que sustenta la representación procesal del recurrente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de su patrocinado, son, sintéticamente expuestos, los siguientes:

1.1. No consta en el procedimiento prueba alguna de que el Cabo Apolonio recibiera en su correo electrónico la notificación de su nuevo destino: «[a]sí en la Vista Oral mi representado indica que, en su cuenta de correo electrónico no ha recibido mensaje alguno e, incluso, ofrece su teléfono móvil para que puedan observar que no ha recibido el correo electrónico que le comunicaba dicho destino, prueba que es denegada»; siendo objetable la valoración probatoria que hace el Tribunal de instancia desde la perspectiva de la necesaria racionalidad y congruencia.

1.2. El principio de presunción de inocencia que se contempla en el artículo 24.2 de nuestra Constitución impone la carga de la prueba a la acusación, no a la defensa, siendo el investigado inocente hasta que exista una prueba de lo contrario. «No existe en el Acto del Juicio Oral ni en el procedimiento ninguna prueba de cargo que enerve dicho principio de presunción de inocencia, ni tan siquiera en la instrucción de la causa no hay prueba alguna que demuestre que el mensaje electrónico enviado a la cuenta de mi representado llegó efectivamente a dicha cuenta y no hubo ningún fallo ni en el servidor, ni en el dominio de la cuenta, ni en la aplicación informática».

Concluye que debe apreciarse la lesión del derecho a la presunción de inocencia y «casarse la sentencia dictada, dando lugar a la absolución de mi representado».

2. El Excmo. Sr. General Auditor Fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo basa su oposición al primer motivo del recurso en los párrafos que transcribe de los fundamentos de la convicción de la sentencia impugnada, de los que deduce que «el tribunal a quotuvo ocasión -y así lo hizo- de pronunciarse acerca de la alegación que ahora es objeto de este primer motivo del recurso de casación. Y se pronunció valorando las pruebas de las que a tal efecto disponía y que han sido citadas ut supra.Y tras efectuar su propia valoración, conforme a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, llega a la conclusión de que el interesado recibió la notificación en su correo electrónico e hizo caso omiso de ella», por lo que «no cabe afirmar que la decisión plasmada en la sentencia se haya adoptado en ausencia de prueba y, tampoco, que la valoración que de ella ha efectuado el tribunal de instancia se aparta de las reglas de la lógica».

Asimismo señala, a mayor abundamiento, que el Tribunal de instancia no sólo se ha basado en la prueba referida a la remisión del correo electrónico, sino que «también tuvo en cuenta que al ahora condenado se le llamó por teléfono el día 24 de abril de 2023, para decirle que estaba falto a lista de ordenanza y que si en veinticuatro horas no se presentaba se le incoaría un procedimiento penal, aviso del que fue consciente y al que hizo caso omiso hasta el día 3 de mayo de 2023 (esto es, nueve días después de la llamada), todo lo cual fue admitido por el propio inculpado en el acto de la vista».

TERCERO.-1. Como venimos recordando en recientes sentencias núms. 19/2024 de 18 de abril, 23/2024, de 29 de mayo, 46/2024, de 7 de noviembre, 7/2025, de 13 de marzo, y 24/2025, de 26 de junio, es doctrina reiterada de esta Sala, acogiendo doctrina del Tribunal Constitucional, en relación con el derecho fundamental a la presunción de inocencia y la revisión en casación de su posible vulneración, que «la presunción de inocencia se quebranta, únicamente, cuando se produce un verdadero vacío probatorio por ausencia de prueba incriminatoria o cuando la existente no pueda tenerse por válida y legítima, o, por último, cuando la prueba se hubiera valorado al margen de criterios lógicos y razonables. Es función del Tribunal de casación comprobar tales extremos, pero una vez verificado que la condena no recayó en situación de vacío probatorio, lo que está en la base del derecho a la presunción de inocencia, sino que se fundó en verdadera prueba de cargo o incriminatoria suficiente, válidamente obtenida, regularmente practicada y razonablemente valorada, no cabe sustituir el criterio objetivo y razonable del Tribunal sentenciador, que lo es también de los hechos, por otro subjetivo de parte interesada sobre cómo los mismos pudieron ocurrir, porque no se trata tanto de comparar alternativas hipotéticas como de contrastar la razonabilidad de lo declarado por el Tribunal de instancia -entre las más recientes, SSTS, 5ª, núms. 9/2019, de 7 de febrero, 79/2019, de 19 de junio, 44/2020, de 11 de junio, 80/2020, de 17 de noviembre, 69/2021, de 14 de julio, 82/2021, de 27 de septiembre, 43/2022, de 19 de mayo, 57/2022, de 20 de junio, 68/2022, de 13 de julio, 38/2023, de 11 de mayo y 95/2023, de 20 de diciembre-».

Y, al hilo de la relación entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reorecoge la STC 18/2021, de 15 de febrero, lo que sigue:

«[...] El art. 24.2 CE significa que se presume que los ciudadanos no son autores de hechos o conductas tipificadas como delito y que la prueba de la autoría y la prueba de la concurrencia de los elementos del tipo delictivo, corresponden a quienes, en el correspondiente proceso penal, asumen la condición de parte acusadora ( STC 105/1988, de 8 de junio, FJ 3). Como regla presuntiva supone que 'el acusado llega al juicio como inocente y solo puede salir de él como culpable si su primitiva condición es desvirtuada plenamente a partir de las pruebas aportadas por las acusaciones' ( SSTC 124/2001, de 4 de junio, FJ 9, y 145/2005, FJ 5). La presunción de inocencia es, por tanto, una presunción iuris tantumde ausencia de culpabilidad 'que determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que no es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria' ( STC 107/1983, de 29 de noviembre, FJ 2)".

[...] conforme a nuestra doctrina, la regla de juicio que impone el derecho a la presunción de inocencia es muy clara: "se configura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable" (entre muchas, las ya citadas SSTC 78/2013, FJ 2, y 185/2014, FJ 3). Exige, como presupuesto de una condena penal conforme con el art. 24.2 CE, la certeza sobre la culpabilidad del imputado, entendida como ausencia de duda razonable respecto a la concurrencia de todos aquellos extremos relevantes para la condena. En tal medida, la razonabilidad de las conclusiones del juzgador sobre el resultado de los medios de prueba, justificadas a través de la debida motivación, y su suficiencia para condenar son exigencias entrelazadas del derecho a la presunción de inocencia ( SSTC 268/2000, de 27 de noviembre, FJ 9, y 78/2013, FJ 2). La existencia de una duda razonable en términos objetivos (o mejor, intersubjetivos) implica una valoración probatoria deficiente y la ausencia de prueba de cargo suficiente y, en definitiva, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia [...] ( SSTC 8/2017, de 19 de enero, FFJJ 7 y 8; 10/2017, de 30 de enero, FJ 4; 85/2019, de 19 de junio, FJ 10, y STEDH de 16 de febrero de 2016 asunto Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni c. España, § 40)».

2. Consecuentemente, desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que en esta vía casacional ha de determinarse es si ha existido, o no, una actividad probatoria suficiente, practicada con sujeción a la ley, y por ello válida, de la que pueda deducirse lógica y racionalmente la culpabilidad del recurrente a los efectos de merecer el reproche que se combate, verificando si el proceso deductivo o inferencia realizada por el Tribunal de instancia, a la hora de dar por probados una serie de hechos, se ajusta o no a las reglas de la lógica, que es lo que pasamos a examinar.

La sentencia impugnada explica en sus fundamentos de la convicción los elementos de prueba y la valoración que, a partir de ellos, realiza el Tribunal de enjuiciamiento para llegar a los hechos que declara probados; fundamentos que damos íntegramente por reproducidos, sin perjuicio de las transcripciones parciales que realizaremos a continuación.

Según declara la sentencia impugnada en el párrafo segundo del hecho probado único:

«El día 27 de marzo de 2023, la Subdelegación de Defensa de Madrid, Unidad de la que dependía el cabo Apolonio, le comunicó a este el nuevo destino por medio de un correo electrónico que fue enviado a la dirección de correo electrónico, DIRECCION000, que dicho cabo había facilitado al Ministerio de Defensa al objeto de que le fueran practicadas las correspondientes notificaciones electrónicas».

Los elementos probatorios, junto a su valoración, en los que basa el Tribunal de enjuiciamiento la determinación del referido hecho probado, se explicitan en los fundamentos de la convicción del siguiente modo:

«Tal y como se desprende de los folios 5, 6 y 75 a 88 de autos, el día 27 de marzo de 2023, la Subdelegación de Defensa de Madrid, Unidad de la que dependía el cabo Apolonio, le notificó el nuevo destino al cabo Apolonio a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa, de manera que, una vez que el día 27 de marzo de 2023, a las 9:28 horas, se insertó en dicha sede electrónica la aludida notificación en la que figuraba un archivo electrónico, con la resolución de destino, automáticamente, se generó y envió un aviso de notificación en sede, a la dirección de correo electrónico, DIRECCION000, que dicho cabo había facilitado al Ministerio de Defensa al objeto de que le fueran realizadas las notificaciones por medios electrónicos (folio 77).

En el acto de la Vista, el inculpado reconoció el documento obrante al folio 77, y su firma en él, figurando en dicho documento sus datos personales y de contacto, y en particular, la dirección de correo electrónico que aquel proporcionó al Ministerio de Defensa, al objeto de que le fueran realizadas las correspondientes notificaciones electrónicas.

Pese a que el inculpado manifestó en el acto de la Vista no haber recibido en su correo electrónico el aviso de la notificación en sede electrónica del Ministerio de Defensa, comunicándole su nuevo destino, la Sala considera que, de los datos objetivos que se desprenden de los documentos obrantes a los folios 5, 6, y 75 a 88 de las actuaciones, se desprende que el envío al correo electrónico, que se genera de modo automatizado, fue correctamente remitido, y no fue atendido. Es más, no consta que el aviso remitido automáticamente al correo electrónico del cabo Apolonio, no hubiera sido adecuadamente emitido, ni existe razón alguna, más allá de la afirmación lógicamente parcial e interesada del inculpado, para suponer que este no lo recibió, sino todo lo contrario, es decir, que el inculpado recibió el aviso en su correo electrónico, de manera que, consciente y voluntariamente no accedió a la sede electrónica del Ministerio de Defensa para recibir la correspondiente notificación de su nuevo destino.

Por otra parte, el cabo Apolonio conocía que las notificaciones electrónicas por el Ministerio de Defensa se iban a realizar a través del procedimiento antes descrito, de notificación en sede, pues en el documento obrante al folio 77, suscrito por el inculpado, el 9 de enero de 2023, se indicó expresamente que:

"QUEDO ENTERADO DE QUE LAS NOTIFICACIONES QUE SE PUDIESEN PRACTICAR SERÁN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 14 DE LA LEY 39/2015 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y ARTÍCULO 43.1 DEL R.D. 203/2021. EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN PERMITIRÁ ACREDITAR LA FECHA Y HORA EN QUE SE PRODUZCA LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO DEL ACTO OBJETO DE NOTIFICACIÓN , ASÍ COMO LA DE ACCESO A SU CONTENIDO, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL LA NOTIFICACIÓN SE ENTENDERÁ PRACTICADA A TODOS LOS EFECTOS LEGALES".

El cabo Apolonio debió realizar su presentación en su nueva unidad de destino, "Tercio Viejo de Sicilia", el día 12 de abril de 2023 a lista de ordenanza, sin embargo, el citado cabo no llevó a efecto su presentación, siendo dado como falto a lista de ordenanza desde ese día (folios 7 a 10)».

A juicio de esta Sala, si bien los citados documentos prueban que el referido Cabo facilitó su correo electrónico adhiriéndose al sistema de notificaciones electrónicas implantado por el Ministerio de Defensa, en modo alguno acreditan que, como se afirma en el hecho probado, la Subdelegación de Defensa de Madrid, Unidad de la que dependía el cabo Apolonio, le comunicara a éste el nuevo destino por medio de un correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico que el mismo facilitó. Y ello por las siguientes razones:

1. El sistema de notificación electrónica implantado no consistía en la remisión directa de un correo electrónico al Cabo por la Subdelegación de Defensa comunicándole el nuevo destino, sino que, como se especifica al folio 75 del sumario, lo que recibe el interesado en su correo electrónico -en el caso de que se remita a la correcta dirección- es un aviso de «nueva comunicación/notificación como destinatario» procedente del organismo Subdelegaciones de Defensa, para cuya lectura, conocimiento y constancia de haber sido notificado se debe acceder a la sede electrónica central htpp://sede.defensa.gob.es.

2. Tanto en el citado documento y sus anexos -folios 75 a 88- como en los documentos obrantes a los folios 5 y 6 del sumario consta que fue remitido el aviso de comunicación/notificación al Cabo Apolonio el día 27 de marzo de 2023, poniéndola a su disposición, pero no consta ni la dirección de correo electrónico a la que fue remitido el referido aviso ni el correspondiente reporte de haber sido entregado y recibido el correo, figurando además en blanco, en lo que a dicho Cabo se refiere, los espacios correspondientes a las columnas «fecha de comparecencia», «Ticket comparecencia», «Ticket AGE comparecencia» y «Ver justificante» -folios 6 y 79-. Lo que hace que dichos documentos sean insuficientes para acreditar que el correo llegó a su destinatario y que, en definitiva, el inculpado hubiera tomado conocimiento de que se le había asignado un nuevo destino.

3. La incertidumbre que suscita la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de instancia adquiere todavía mayor relevancia a la vista de la incorrección de la dirección de correo electrónico al que, según se explicita tanto en el hecho probado como en los fundamentos de la convicción antes transcritos, fue enviada la comunicación del nuevo destino al Cabo Apolonio, toda vez que, por dos veces, se reseña en ellos la dirección « DIRECCION000», cuando la correcta y facilitada de puño y letra por dicho Cabo fue « DIRECCION000» -folio 77 del sumario-, siendo bien conocido que basta el error en una sola letra en la dirección de correo electrónico -en este caso la omisión de la letra r entre la h y la primera i- para que el correo electrónico no llegue a su destinatario.

Las anteriores razones nos llevan a considerar como vulneradora del derecho a la presunción de inocencia, por ilógica y desacertada, la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de instancia, según la cual «de los datos objetivos que se desprenden de los documentos obrantes a los folios 5, 6, y 75 a 88 de las actuaciones, se desprende que el envío al correo electrónico, que se genera de modo automatizado, fue correctamente remitido, y no fue atendido». Vulneración que resulta agravada por el aserto que, a continuación, introduce dicho Tribunal para reforzar su argumentación al afirmar que «Es más, no consta que el aviso remitido automáticamente al correo electrónico del cabo Apolonio, no hubiera sido adecuadamente emitido, ni existe razón alguna, más allá de la afirmación lógicamente parcial e interesada del inculpado, para suponer que este no lo recibió, sino todo lo contrario, es decir, que el inculpado recibió el aviso en su correo electrónico, de manera que, consciente y voluntariamente no accedió a la sede electrónica del Ministerio de Defensa para recibir la correspondiente notificación de su nuevo destino», toda vez que parte de una mera presunción -la recepción del aviso en el correo electrónico del Cabo-, basada, a su vez, en una inversión de la carga de la prueba, contrarias ambas al derecho a la presunción de inocencia que asiste al inculpado. No es éste, sino la acusación, quien puede y debe acreditar que el aviso de comunicación/notificación fue enviado a la dirección correcta y recibido en el servidor del correo electrónico del Cabo Apolonio, pues, entre otros extremos, le resultaría imposible al hoy recurrente demostrar que dicho correo fue remitido a una dirección electrónica incorrecta y que, por ello, no lo recibió.

No le falta razón, pues, a la representación procesal del recurrente cuando sustenta la vulneración del derecho a la presunción de inocencia de su patrocinado tanto en la inexistencia de prueba alguna en el procedimiento que acredite que el Cabo Apolonio recibiera en su correo electrónico la notificación de su nuevo destino como en la máxima, consustancial al mencionado derecho fundamental, conforme al cual la carga de la prueba de los hechos presuntamente delictivos y la participación culpable en ellos del inculpado corresponde a la acusación, no a la defensa, siendo el investigado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ello sin olvidar que, de acuerdo con la doctrina constitucional que más atrás expusimos, la regla de juicio que impone la presunción de inocencia exige, como presupuesto de una condena penal, la certeza sobre la culpabilidad del imputado, entendida como ausencia de duda razonable respecto a la concurrencia de todos aquellos extremos relevantes para la condena; certeza que no consideramos se pueda alcanzar en el presente caso a la vista de la prueba practicada.

4. Es verdad que, como señala el Ministerio Fiscal, el Tribunal de instancia no se basó sólo en la referida prueba relativa a la remisión del correo electrónico para fundamentar su convicción, sino que también tuvo en cuenta que al Cabo hoy recurrente se le llamó por teléfono el día 24 de abril de 2023, para decirle que estaba falto a lista de ordenanza y que si en veinticuatro horas no se presentaba se le incoaría un procedimiento penal, «aviso del que fue consciente y al que hizo caso omiso hasta el día 3 de mayo de 2023 (esto es, nueve días después de la llamada), todo lo cual fue admitido por el propio inculpado en el acto de la vista». Pero no es menos cierto que tal llamada no puede subsanar la falta de notificación del destino que se le había asignado, con las formalidades que previene el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Toda notificación... deberá contenerel texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos).Como tampoco puede eludir que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 b), en relación con el 8, del artículo 24 del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, el plazo del que disponía el Cabo Apolonio para incorporarse al destino asignado era el de diez días hábiles, en este caso contados desde que el afectado tiene conocimiento efectivo de la asignación del destino; razones por las que dicha llamada tampoco constituiría prueba de cargo suficiente para acreditar la concurrencia en la conducta del Cabo Apolonio del elemento normativo del tipo penal contemplado en el artículo 56.1 del vigente Código Penal Militar por el que fue acusado por el Ministerio Fiscal y condenado por el Tribunal de instancia, consistente en que la falta de presentación en el destino por más de tres días se produzca con incumplimiento de la normativa vigente.

En virtud de los anteriores razonamientos, debemos estimar el primer motivo del recurso y absolver al acusado en la segunda sentencia que hemos de dictar a continuación de ésta, por lo que no es preciso el análisis del segundo motivo del presente recurso de casación.

CUARTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.