Sentencia Militar 6/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 1/2025 de 12 de marzo del 2025

PRIMERO.-El Procurador de los Tribunales don Jorge Aparicio Casero, en nombre y representación del soldado del Ejército de Tierra don Jesús María, interpone recurso de casación frente a la sentencia nº 28/24 dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto con fecha 17 de octubre de 2024, en razón a los siguientes motivos: 1º) Por error en la apreciación de la prueba; 2º) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y del derecho a un proceso con todas las garantías; 3º) Por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva; 4º) Por vulneración del principio in dubio pro reo;5º) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

SEGUNDO.-En su primer motivo el recurrente lo interpone por error en la valoración de la prueba. Al respecto señala que el error «afecta tanto al análisis de la prueba practicada en el juicio oral como en la prueba documental obrante en autos».

El motivo no puede prosperar y ha de ser desestimado.

Es doctrina jurisprudencial de esta Sala reiterada que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

En su recurso, el recurrente no señala documento alguno, es más, al comenzar el desarrollo del motivo, dice que lo centra, por una parte, en «la prueba practicada en el juicio oral», y , por otra parte, como ya dijimos, el recurrente se refiere a «la prueba documental obrante en autos».

Al respecto conviene indicar, como señalamos, que las declaraciones no son documentos por lo que no cabe su análisis en un motivo en razón al art. 849.2 LECrim. En cuanto a su referencia a la documental, hemos de indicar que en el desarrollo del motivo no señala más que whatsapps, y al respecto dice: «la única prueba de naturaleza documental podrían ser los whatsapps que no fueron cotejados y que en todo caso, no indican que nos encontremos ante un delito de acoso».

Como se indicó, tales whatsapps no son prueba documental a los efectos del art. 849.2 LECrim. , pues no reúnen los requisitos antes indicados, ni el recurrente señala dónde estaría el error ni la modificación que de ellos se derivaría para el hecho probado, ni que ellos demuestren el error del juzgador sin contradicción con otros elementos probatorios.

TERCERO.-El segundo motivo se centra en la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la de un proceso con todas las garantías.

El motivo no puede prosperar y debe ser desestimado.

En este motivo en realidad el recurrente plantea dos motivos:

Por una parte, se encuentra la alegación relativa a la vulneración de la presunción de inocencia. Al respecto, el recurrente afirma «se discute la validez de la prueba del vídeo» y seguidamente que «si se hubiera admitido dicho vídeo». Pero, sin duda, es difícil discutir «la validez» de un vídeo cuando dicho vídeo no se ha admitido como prueba. Por otra parte, añade que «se discute la validez de los whatsapps», pero en modo alguno desarrolla tal afirmación.

Por otra parte, en cuanto a la alegación relativa a la vulneración de un proceso con todas las garantías, es preciso entender que la centra en que «no se ha tenido en cuenta en ningún momento la declaración de don Jesús María y se ha dado una valoración muy tangencial a la declaración del Sargento Juan».

Conviene indicar que se trata de dos cuestiones distintas, y no inciden sobre el derecho a un proceso con todas las garantías. Pues más bien se refieren al derecho a la tutela judicial efectiva o al de la presunción de inocencia (pues depende del enfoque de la queja concreta).

Sin embargo, fuere como fuere, no pueden prosperar por cuanto, el Tribunal de Instancia en los Fundamentos de la convicción ya indica que «tras el análisis detallado de las pruebas aportadas por las partes (...) y señaladamente en el acto de la vista»; y en el Fundamento jurídico primero se refiere «a la valoración de la prueba realizada por el Abogado del Estado y la Letrada de la defensa», y más adelante que considera que «el acervo probatorio que se practicó en la vista oral». En otras palabras, la sentencia se refiere en varios lugares a que ha tenido en cuenta la prueba que se ha realizado en el juicio oral; por consiguiente, ello incluye las declaraciones a que se ciñe el recurrente.

Por otra parte, en cuanto al derecho a la presunción de inocencia es preciso tener en cuenta los límites del recurso de casación al respecto. En efecto, pues en términos generales las cuestiones de hecho no tienen entrada en el recurso de casación, por lo que no es posible tener en cuenta alegaciones relativas a si la declaración de un testigo es más creíble que la de otro, o sobre si deben ser creídos los dichos de un testigo, por cuanto tal decisión corresponde por fuerza al Tribunal ante quien se ha desarrollado la prueba testifical; en otras palabras, y sucintamente, se trata de una consecuencia obligada del principio de inmediación. La valoración de la prueba testifical depende en gran medida de su percepción directa, por lo que determinar si era o no creíble es una tarea que corresponde -como hemos indicado- al Tribunal de instancia, en razón a la inmediación que existe entre la prueba y dicho Tribunal. Por ello, el criterio del Tribunal de instancia no puede ser sustituido por el del Tribunal de casación, salvo en lo que afecta a su estructura racional, es decir, en lo que supone que el Tribunal de instancia haya observado en su razonamiento al valorar las declaraciones testificales, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

La queja del recurrente no expone en qué manera el razonamiento del Tribunal de instancia ha transgredido las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Cuestión distinta es que el recurrente pretenda sustituir el criterio del Tribunal de instancia por el suyo propio, y le parezca poco creíble determinado testimonio, pero tal circunstancia, esto es, la credibilidad de un testigo, no es revisable en este recurso, pues depende de la inmediación con la prueba.

En este motivo, el recurrente, con una absoluta falta de orden (exigible en este recurso) se refiere al dolo, concretamente a su ausencia.

Al respecto es preciso señalar que el dolo supone el conocimiento de los elementos típicos del delito; en otras palabras el conocimiento del peligro concreto generado por la acción que realiza el autor. En el caso de autos, el recurrente durante un tiempo prolongado (desde marzo de 2022 hasta octubre de 2022), realizó una serie de acciones, relatadas en los hechos probados, con un claro contenido hostil y humillante solicitando favores de naturaleza sexual. Así, comenzó con comentarios de carácter sexual y solicitudes veladas de favores sexuales, llegando a ofrecerle dinero; en otra ocasión le dijo que tenía que llevar minifalda mientras manejaba un vehículo; también pidió a un compañero que le pasasen el vídeo para "pajearse" por la noche. Volvió a ofrecerle dinero, 50 euros, a cambio de favores sexuales. Realizó comentarios de carácter sexual como "qué buena está", "vaya culo" o sobre el aspecto que tendría en una determinada posición con una clara significación sexual. Intentaba hacerle regalos que la soldado siempre rechazaba. Constantemente intentaba mantenerse cerca de la soldado, procurando tocarla o agarrarle la mano, incluso apartando a los compañeros para ponerse a su lado. Enviaba mensajes al whatsapp privado (no al del grupo de whatsapp para asuntos laborales) enviando fotos o relativas a regalos que iba a hacerle; la soldado no contestaba y lo llegó a bloquear. La soldado le hizo saber que le molestaban tales conductas y le pidió al recurrente que la dejara en paz. Durante la realización de un ejercicio la intensidad y persistencia del acercamiento o contacto físico que el recurrente pretendía mantener llegó a un punto que finalmente la soldado, al no poder soportar más la situación, decidió poner los hechos en conocimiento de sus mandos.

Es fácil apreciar que tales acciones eran realizadas por el recurrente con pleno conocimiento de lo que hacía, por lo que no hay duda alguna sobre la existencia de dolo en la conducta del recurrente.

CUARTO.-En el tercer motivo el recurrente considera que ha existido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a tal efecto se remite a las razones aducidas en el motivo anterior de su recurso. En su desarrollo, únicamente, después de recoger la doctrina del Tribunal Constitucional, indica que en la sentencia de instancia existe «una motivación sesgada», sin mayor concreción y seguidamente considera desproporcionada la indemnización, también sin ninguna explicación ni precisión.

Al igual que el recurrente, nos remitimos a lo que ya dijimos, por lo que el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.-El cuarto motivo lo centra al recurrente en la vulneración del principio in dubio pro reo.En su desarrollo únicamente indica: «entendemos que existen dudas más que razonables para considerar autor al soldado» recurrente. No indica cuáles son las dudas y por qué.

El motivo no puede ser admitido y debe ser desestimado.

El principio de in dubio pro reoseñala que las dudas deben ser solventadas a favor del reo. Si el principio lo trasladamos a derecho, éste será aquél por el cual el reo tiene derecho a que las dudas que tenga el Tribunal sean resueltas en el sentido más favorable para él. En el presente caso el Tribunal no ha mostrado ninguna duda (tampoco el recurrente señala ninguna), por lo que no existe razón para pensar que tal derecho haya sido vulnerado.

SEXTO.-En el motivo quinto del recurso alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Al respecto, señala que, «en conclusión, si hacemos una valoración de todas las declaraciones efectuadas tanto en la instrucción de la causa como las vertidas durante el plenario, así como al resto de diligencias de investigación practicadas a lo largo del cauce del presente procedimiento de Sumario, podemos concluir que existe una insuficiente prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia atribuida al soldado Jesús María, siendo que ha quedado probada la inocencia del mismo».

Como ya señalamos, una pretensión como la indicada, relativa a la «valoración de todas las declaraciones efectuadas», excede de lo que es el ámbito del recurso de casación, pues tal examen requiere inmediación con la prueba.

Por consiguiente, nos remitimos a lo que al respecto ya dijimos anteriormente.

El motivo debe ser desestimado.

SÉPTIMO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987 de 15 de julio.