Sentencia Militar 2/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 7/2025 de 21 de enero del 2026

PRIMERO.-La procuradora de los Tribunales Doña Marta Ureba Álvarez-Ossorio en nombre y representación del guardia civil Don Alexander, interpone recurso de casación frente a la sentencia núm. 24 de fecha 12 de mayo de 2025 dictada por el Tribunal Militar Central, en razón a las siguientes alegaciones: 1º) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia; 2º) Por vulneración del principio de legalidad; 3º) Por vulneración del derecho a la defensa; y, 4º) Por vulneración del principio de proporcionalidad en relación con la sanción impuesta.

SEGUNDO.-El primer motivo del recurso lo centra el recurrente en considerar que ha sido vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

El motivo debe ser desestimado.

El Tribunal de instancia con todo detalle relata las pruebas en que se ha basado para elaborar el relato de hechos probados. Se trata de varias, bastantes, declaraciones testificales conforme a las cuales el aquí recurrente se encontraba con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo. Por consiguiente, el Tribunal de instancia tuvo pruebas suficientes para considerar enervada la presunción de inocencia.

Al hilo de esta alegación, añade el recurrente que «del acervo probatorio existente se deduce (...) que la valoración efectuada en la resolución recurrida resulta claramente ilógica o arbitraria». Tal queja presupone que existió prueba, aunque la valoración no sea la que al recurrente le parece oportuna. Ahora bien, lo cierto es que el recurrente no expone de qué manera la valoración va contra las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. Al efecto, lo único que realiza es entresacar determinadas declaraciones, obviando otros pasajes de las declaraciones testificales obrantes en autos. Evidentemente, tal exposición no conduce, en modo alguno, a pensar que la valoración llevada a cabo por el Tribunal de instancia sea contraria a la lógica o arbitraria. Del conjunto probatorio existente la conclusión a que llega el Tribunal de instancia es racional, y no infringe las reglas de la lógica ni las máximas de la experiencia.

TERCERO.-En el segundo motivo del recurso, el recurrente estima que ha sido vulnerado el principio de legalidad, pues, a su juicio, resulta imposible subsumir los hechos imputados en el tipo sancionador «al no constar debidamente acreditado en el procedimiento instruido ni los elementos objetivos ni subjetivos del tipo».

El motivo debe ser desestimado.

El planteamiento del recurrente supone un argumento basado en que como no están acreditados los hechos no cabe la subsunción en el tipo sancionador, pero, tal argumento no considera la labor de subsunción, sino la falta de prueba. Vuelve, pues, a la cuestión del derecho a la presunción de inocencia y, al respecto, nos remitimos a lo que ya dijimos.

Ahora bien, en este motivo se refiere a que conforme a la jurisprudencia el tipo sancionador por el que ha sido sancionado exige que la conducta del sujeto activo tenga una proyección fuera del ámbito de la Institución. Y, añade que como han de tratarse de personas ajenas, a la Guardia civil, y aunque existían testigos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, «no se puede considerar que el comportamiento del recurrente haya afectado la imagen pública de la Guardia Civil, ya que todos los presentes eran miembros de fuerzas del orden público».

Pero, el argumento no es correcto, pues, lo que hemos mantenido es que el hecho debe tener trascendencia externa, esto es, que trascienda a personas ajenas a la Guardia Civil ( STS, 5ª, de 11 de septiembre de 2015). En el presente caso, no cabe duda del cumplimiento de este requisito, pues, varios de los testigos pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y, por consiguiente, no eran miembros del Instituto de la Guardia Civil. El hecho de que todos, sean Fuerzas de Seguridad nada tiene que ver, pues, por un lado, no pertenecen -como se dijo- a la Guardia Civil, y por otro lado, además de ser parte integrante del Cuerpo Nacional de Policía son, a su vez, parte de la sociedad. Por ello, el que el hecho trascendiera a miembros de la policía ha sido admitido por la jurisprudencia, así, en la STS, 5ª, 26/2023, de 12 de abril (policías del Cuerpo Nacional de Policía); la STS, 5ª, 120/2016, de 19 de octubre de 2016 (guardia de seguridad); la STS, 5ª, de fecha 11 de septiembre de 2015 (policía municipal), entre otras.

CUARTO.-La queja del tercer motivo del recurso se centra en la vulneración del derecho de defensa.

El motivo debe ser desestimado.

La cuestión la centra el recurrente en que en el expediente consta «una diligencia de reconocimiento, acompañada de fotografías y una descripción detallada de las salas de musculación y cardio de la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno, lugar donde ocurrieron los hechos que se consideran probados». Y, dicha diligencia «fue realizada sin que se notificara debidamente al recurrente».

La queja indicada se presenta en su aspecto puramente formal, pues, en modo alguno se le ha producido indefensión material al recurrente, dado que tal diligencia no ha sido tomada en consideración para elaborar el hecho probado.

QUINTO.-En el cuarto motivo del recurso, el recurrente considera vulnerado el principio de proporcionalidad.

El motivo debe ser desestimado.

El recurrente estima que en la sentencia recurrida se ha efectuado «una inadecuada interpretación sobre los criterios de graduación de la gravedad de la conducta y de la proporcionalidad de la sanción». Sin embargo, la sentencia de instancia expone claramente las razones que justifican y hacen proporcional la sanción teniendo en cuenta el hecho y la hoja de servicios del recurrente. En efecto, con precisión razona que debe tomarse en consideración «en primer lugar, la intencionalidad del recurrente y la circunstancia de que estuviese de servicio en el gimnasio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas e instrucciones que el mismo debía vigilar para su cumplimiento, por lo que supuso una grave perturbación del servicio y con ello del normal funcionamiento de la Administración y, en segundo lugar, la conducta incorrecta e irrespetuosa con el personal allí presente al bajarse los pantalones y enseñar el culo, conducta indigna de un guardia civil. Todo ello le hace merecedor de la sanción de perdida de haberes con suspensión de funciones en su máxima extensión.

Las recompensas y felicitaciones anotadas en la hoja de servicios del recurrente y la ausencia de sanciones penales y disciplinarias, contrariamente a lo apuntado por el recurrente se han tenido en cuenta en el momento de elección de la sanción al haberse descartado sanciones más gravosas como son la imposición de la sanción de suspensión de empleo de uno a tres meses y la pérdida de destino».

Así pues, no se ha transgredido el principio de prohibición de exceso, pues la sanción es imponible conforme a lo dispuesto en la ley (vertiente normativa) y en su graduación se tuvieron en cuenta las específicas circunstancias del caso, ponderando la gravedad de los hechos y la hoja de servicios del recurrente.

SEXTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la LO 4/1987 de 15 de julio.

PRIMERO.-La procuradora de los Tribunales Doña Marta Ureba Álvarez-Ossorio en nombre y representación del guardia civil Don Alexander, interpone recurso de casación frente a la sentencia núm. 24 de fecha 12 de mayo de 2025 dictada por el Tribunal Militar Central, en razón a las siguientes alegaciones: 1º) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia; 2º) Por vulneración del principio de legalidad; 3º) Por vulneración del derecho a la defensa; y, 4º) Por vulneración del principio de proporcionalidad en relación con la sanción impuesta.

SEGUNDO.-El primer motivo del recurso lo centra el recurrente en considerar que ha sido vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

El motivo debe ser desestimado.

El Tribunal de instancia con todo detalle relata las pruebas en que se ha basado para elaborar el relato de hechos probados. Se trata de varias, bastantes, declaraciones testificales conforme a las cuales el aquí recurrente se encontraba con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo. Por consiguiente, el Tribunal de instancia tuvo pruebas suficientes para considerar enervada la presunción de inocencia.

Al hilo de esta alegación, añade el recurrente que «del acervo probatorio existente se deduce (...) que la valoración efectuada en la resolución recurrida resulta claramente ilógica o arbitraria». Tal queja presupone que existió prueba, aunque la valoración no sea la que al recurrente le parece oportuna. Ahora bien, lo cierto es que el recurrente no expone de qué manera la valoración va contra las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. Al efecto, lo único que realiza es entresacar determinadas declaraciones, obviando otros pasajes de las declaraciones testificales obrantes en autos. Evidentemente, tal exposición no conduce, en modo alguno, a pensar que la valoración llevada a cabo por el Tribunal de instancia sea contraria a la lógica o arbitraria. Del conjunto probatorio existente la conclusión a que llega el Tribunal de instancia es racional, y no infringe las reglas de la lógica ni las máximas de la experiencia.

TERCERO.-En el segundo motivo del recurso, el recurrente estima que ha sido vulnerado el principio de legalidad, pues, a su juicio, resulta imposible subsumir los hechos imputados en el tipo sancionador «al no constar debidamente acreditado en el procedimiento instruido ni los elementos objetivos ni subjetivos del tipo».

El motivo debe ser desestimado.

El planteamiento del recurrente supone un argumento basado en que como no están acreditados los hechos no cabe la subsunción en el tipo sancionador, pero, tal argumento no considera la labor de subsunción, sino la falta de prueba. Vuelve, pues, a la cuestión del derecho a la presunción de inocencia y, al respecto, nos remitimos a lo que ya dijimos.

Ahora bien, en este motivo se refiere a que conforme a la jurisprudencia el tipo sancionador por el que ha sido sancionado exige que la conducta del sujeto activo tenga una proyección fuera del ámbito de la Institución. Y, añade que como han de tratarse de personas ajenas, a la Guardia civil, y aunque existían testigos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, «no se puede considerar que el comportamiento del recurrente haya afectado la imagen pública de la Guardia Civil, ya que todos los presentes eran miembros de fuerzas del orden público».

Pero, el argumento no es correcto, pues, lo que hemos mantenido es que el hecho debe tener trascendencia externa, esto es, que trascienda a personas ajenas a la Guardia Civil ( STS, 5ª, de 11 de septiembre de 2015). En el presente caso, no cabe duda del cumplimiento de este requisito, pues, varios de los testigos pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y, por consiguiente, no eran miembros del Instituto de la Guardia Civil. El hecho de que todos, sean Fuerzas de Seguridad nada tiene que ver, pues, por un lado, no pertenecen -como se dijo- a la Guardia Civil, y por otro lado, además de ser parte integrante del Cuerpo Nacional de Policía son, a su vez, parte de la sociedad. Por ello, el que el hecho trascendiera a miembros de la policía ha sido admitido por la jurisprudencia, así, en la STS, 5ª, 26/2023, de 12 de abril (policías del Cuerpo Nacional de Policía); la STS, 5ª, 120/2016, de 19 de octubre de 2016 (guardia de seguridad); la STS, 5ª, de fecha 11 de septiembre de 2015 (policía municipal), entre otras.

CUARTO.-La queja del tercer motivo del recurso se centra en la vulneración del derecho de defensa.

El motivo debe ser desestimado.

La cuestión la centra el recurrente en que en el expediente consta «una diligencia de reconocimiento, acompañada de fotografías y una descripción detallada de las salas de musculación y cardio de la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno, lugar donde ocurrieron los hechos que se consideran probados». Y, dicha diligencia «fue realizada sin que se notificara debidamente al recurrente».

La queja indicada se presenta en su aspecto puramente formal, pues, en modo alguno se le ha producido indefensión material al recurrente, dado que tal diligencia no ha sido tomada en consideración para elaborar el hecho probado.

QUINTO.-En el cuarto motivo del recurso, el recurrente considera vulnerado el principio de proporcionalidad.

El motivo debe ser desestimado.

El recurrente estima que en la sentencia recurrida se ha efectuado «una inadecuada interpretación sobre los criterios de graduación de la gravedad de la conducta y de la proporcionalidad de la sanción». Sin embargo, la sentencia de instancia expone claramente las razones que justifican y hacen proporcional la sanción teniendo en cuenta el hecho y la hoja de servicios del recurrente. En efecto, con precisión razona que debe tomarse en consideración «en primer lugar, la intencionalidad del recurrente y la circunstancia de que estuviese de servicio en el gimnasio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas e instrucciones que el mismo debía vigilar para su cumplimiento, por lo que supuso una grave perturbación del servicio y con ello del normal funcionamiento de la Administración y, en segundo lugar, la conducta incorrecta e irrespetuosa con el personal allí presente al bajarse los pantalones y enseñar el culo, conducta indigna de un guardia civil. Todo ello le hace merecedor de la sanción de perdida de haberes con suspensión de funciones en su máxima extensión.

Las recompensas y felicitaciones anotadas en la hoja de servicios del recurrente y la ausencia de sanciones penales y disciplinarias, contrariamente a lo apuntado por el recurrente se han tenido en cuenta en el momento de elección de la sanción al haberse descartado sanciones más gravosas como son la imposición de la sanción de suspensión de empleo de uno a tres meses y la pérdida de destino».

Así pues, no se ha transgredido el principio de prohibición de exceso, pues la sanción es imponible conforme a lo dispuesto en la ley (vertiente normativa) y en su graduación se tuvieron en cuenta las específicas circunstancias del caso, ponderando la gravedad de los hechos y la hoja de servicios del recurrente.

SEXTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la LO 4/1987 de 15 de julio.

PRIMERO.-La procuradora de los Tribunales Doña Marta Ureba Álvarez-Ossorio en nombre y representación del guardia civil Don Alexander, interpone recurso de casación frente a la sentencia núm. 24 de fecha 12 de mayo de 2025 dictada por el Tribunal Militar Central, en razón a las siguientes alegaciones: 1º) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia; 2º) Por vulneración del principio de legalidad; 3º) Por vulneración del derecho a la defensa; y, 4º) Por vulneración del principio de proporcionalidad en relación con la sanción impuesta.

SEGUNDO.-El primer motivo del recurso lo centra el recurrente en considerar que ha sido vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

El motivo debe ser desestimado.

El Tribunal de instancia con todo detalle relata las pruebas en que se ha basado para elaborar el relato de hechos probados. Se trata de varias, bastantes, declaraciones testificales conforme a las cuales el aquí recurrente se encontraba con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo. Por consiguiente, el Tribunal de instancia tuvo pruebas suficientes para considerar enervada la presunción de inocencia.

Al hilo de esta alegación, añade el recurrente que «del acervo probatorio existente se deduce (...) que la valoración efectuada en la resolución recurrida resulta claramente ilógica o arbitraria». Tal queja presupone que existió prueba, aunque la valoración no sea la que al recurrente le parece oportuna. Ahora bien, lo cierto es que el recurrente no expone de qué manera la valoración va contra las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. Al efecto, lo único que realiza es entresacar determinadas declaraciones, obviando otros pasajes de las declaraciones testificales obrantes en autos. Evidentemente, tal exposición no conduce, en modo alguno, a pensar que la valoración llevada a cabo por el Tribunal de instancia sea contraria a la lógica o arbitraria. Del conjunto probatorio existente la conclusión a que llega el Tribunal de instancia es racional, y no infringe las reglas de la lógica ni las máximas de la experiencia.

TERCERO.-En el segundo motivo del recurso, el recurrente estima que ha sido vulnerado el principio de legalidad, pues, a su juicio, resulta imposible subsumir los hechos imputados en el tipo sancionador «al no constar debidamente acreditado en el procedimiento instruido ni los elementos objetivos ni subjetivos del tipo».

El motivo debe ser desestimado.

El planteamiento del recurrente supone un argumento basado en que como no están acreditados los hechos no cabe la subsunción en el tipo sancionador, pero, tal argumento no considera la labor de subsunción, sino la falta de prueba. Vuelve, pues, a la cuestión del derecho a la presunción de inocencia y, al respecto, nos remitimos a lo que ya dijimos.

Ahora bien, en este motivo se refiere a que conforme a la jurisprudencia el tipo sancionador por el que ha sido sancionado exige que la conducta del sujeto activo tenga una proyección fuera del ámbito de la Institución. Y, añade que como han de tratarse de personas ajenas, a la Guardia civil, y aunque existían testigos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, «no se puede considerar que el comportamiento del recurrente haya afectado la imagen pública de la Guardia Civil, ya que todos los presentes eran miembros de fuerzas del orden público».

Pero, el argumento no es correcto, pues, lo que hemos mantenido es que el hecho debe tener trascendencia externa, esto es, que trascienda a personas ajenas a la Guardia Civil ( STS, 5ª, de 11 de septiembre de 2015). En el presente caso, no cabe duda del cumplimiento de este requisito, pues, varios de los testigos pertenecían al Cuerpo Nacional de Policía y, por consiguiente, no eran miembros del Instituto de la Guardia Civil. El hecho de que todos, sean Fuerzas de Seguridad nada tiene que ver, pues, por un lado, no pertenecen -como se dijo- a la Guardia Civil, y por otro lado, además de ser parte integrante del Cuerpo Nacional de Policía son, a su vez, parte de la sociedad. Por ello, el que el hecho trascendiera a miembros de la policía ha sido admitido por la jurisprudencia, así, en la STS, 5ª, 26/2023, de 12 de abril (policías del Cuerpo Nacional de Policía); la STS, 5ª, 120/2016, de 19 de octubre de 2016 (guardia de seguridad); la STS, 5ª, de fecha 11 de septiembre de 2015 (policía municipal), entre otras.

CUARTO.-La queja del tercer motivo del recurso se centra en la vulneración del derecho de defensa.

El motivo debe ser desestimado.

La cuestión la centra el recurrente en que en el expediente consta «una diligencia de reconocimiento, acompañada de fotografías y una descripción detallada de las salas de musculación y cardio de la Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno, lugar donde ocurrieron los hechos que se consideran probados». Y, dicha diligencia «fue realizada sin que se notificara debidamente al recurrente».

La queja indicada se presenta en su aspecto puramente formal, pues, en modo alguno se le ha producido indefensión material al recurrente, dado que tal diligencia no ha sido tomada en consideración para elaborar el hecho probado.

QUINTO.-En el cuarto motivo del recurso, el recurrente considera vulnerado el principio de proporcionalidad.

El motivo debe ser desestimado.

El recurrente estima que en la sentencia recurrida se ha efectuado «una inadecuada interpretación sobre los criterios de graduación de la gravedad de la conducta y de la proporcionalidad de la sanción». Sin embargo, la sentencia de instancia expone claramente las razones que justifican y hacen proporcional la sanción teniendo en cuenta el hecho y la hoja de servicios del recurrente. En efecto, con precisión razona que debe tomarse en consideración «en primer lugar, la intencionalidad del recurrente y la circunstancia de que estuviese de servicio en el gimnasio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas e instrucciones que el mismo debía vigilar para su cumplimiento, por lo que supuso una grave perturbación del servicio y con ello del normal funcionamiento de la Administración y, en segundo lugar, la conducta incorrecta e irrespetuosa con el personal allí presente al bajarse los pantalones y enseñar el culo, conducta indigna de un guardia civil. Todo ello le hace merecedor de la sanción de perdida de haberes con suspensión de funciones en su máxima extensión.

Las recompensas y felicitaciones anotadas en la hoja de servicios del recurrente y la ausencia de sanciones penales y disciplinarias, contrariamente a lo apuntado por el recurrente se han tenido en cuenta en el momento de elección de la sanción al haberse descartado sanciones más gravosas como son la imposición de la sanción de suspensión de empleo de uno a tres meses y la pérdida de destino».

Así pues, no se ha transgredido el principio de prohibición de exceso, pues la sanción es imponible conforme a lo dispuesto en la ley (vertiente normativa) y en su graduación se tuvieron en cuenta las específicas circunstancias del caso, ponderando la gravedad de los hechos y la hoja de servicios del recurrente.

SEXTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la LO 4/1987 de 15 de julio.