Sentencia Militar 23/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 13/2025 de 25 de junio del 2025

PRIMERO.-La procuradora de los Tribunales Doña María Luisa González García en nombre y representación del soldado del Ejército de Tierra Don Santiago interpone recurso de casación frente a la sentencia nº 58/24 de fecha 13 de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal Militar Territorial Segundo, en razón a los siguientes motivos: 1º) Por vulneración del art. 24.1 de la Constitución relativo a la tutela judicial efectiva; 2º) Por aplicación indebida del art. 77.2 del Código Penal Militar; y, 3º) Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 y 2 LECrim, por error en la valoración de las pruebas practicadas.

SEGUNDO.-Antes de nada es preciso determinar los límites del presente recurso de casación, pues, se trata de un recurso contra una sentencia absolutoria planteado por la acusación particular; el Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral retiró la acusación.

TERCERO.-Resulta muy complejo aceptar la legitimación del Ministerio Fiscal al interponer un recurso fundándolo en la violación de algún Derecho fundamental, pues en síntesis los Derechos fundamentales son derechos del individuo frente al Estado, viniendo éste obligado a su reconocimiento y defensa, y aceptar tal legitimación supone que es el Ministerio Fiscal el que los alega frente al individuo. En definitiva, el derecho fundamental se vuelve contra el individuo que sería o debería ser el titular del derecho o derechos fundamentales.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, no sin polémica y con cierta evolución, ha aceptado la legitimación del Ministerio Fiscal cuando fundamenta el recurso en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 5.1 de la LOPJ, debemos admitir la legitimación del recurso del Ministerio Fiscal en la medida en que se base en dicha vulneración.

Lo mismo ocurre en el caso de que quien ejercite el derecho fundamental sea un particular, al menos en relación con el derecho a la presunción de inocencia.

En el presente caso, es la acusación particular la que presenta el recurso de casación frente a la sentencia absolutoria dictada en la instancia.

Así pues, una cuestión es la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, otra, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, lo que tratándose de la acusación daría lugar a lo que se ha venido a denominar una presunción de inocencia invertida, lo cual no es posible. Por ello, debe deslindarse una vulneración de la otra y, examinarse, teniendo en cuenta la argumentación empleada, cual es en definitiva la esencia del recurso interpuesto.

La acusación particular motiva su recurso en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Es preciso concretar cuál es el contenido de este derecho fundamental. El contenido de este derecho es el siguiente:

a) El derecho de acceso a la jurisdicción, que comporta el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

b) El derecho a que esa resolución sea motivada. De manera que no basta con que exista una resolución, sino que es preciso que dicha resolución se motive; eso es, que explique las razones que la fundamenta.

c) El derecho a los recursos que estén establecidos en el sistema de enjuiciamiento penal.

d) El derecho al cumplimiento de la sentencia.

e) El derecho a un proceso con todas las garantías.

f) El derecho al respeto de todos los derechos fundamentales.

Ahora bien, en realidad, el derecho a la tutela judicial efectiva se constituye con el derecho al acceso a la jurisdicción que implica el derecho a obtener una resolución motivada en Derecho.

Los demás extremos que hemos enumerado proceden o están protegidos mediante otros derechos fundamentales, pero es habitual desgranar el derecho a la tutela judicial efectiva en la forma indicada.

Así pues, el derecho al que nos referimos se debe centrar en el acceso a la jurisdicción y en la obtención de una resolución motivada fundada en Derecho.

Ambos extremos han sido respetados al recurrente, pues, ha accedido a la jurisdicción y ha obtenido una resolución motivada en Derecho. La motivación de la sentencia de instancia es coherente, sin contradicción alguna y lógica; el que no le satisfaga, o no comparta el recurrente lo razonado en el auto recurrido, no significa que la resolución no se encuentre razonada.

El recurrente pretende encontrar la falta de motivación o su no razonabilidad en la valoración de la prueba.

En efecto, el recurrente se refiere a la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida, pero eso conduce directamente a la denominada presunción de inocencia invertida, ámbito que le está vedado a la acusación particular. Debemos insistir en que la cuestión de la credibilidad del testimonio (en la causa existían diversas testificales, pericial) o la falta de ello, en relación con unos u otros testigos lleva directamente, como dijimos, a la presunción de inocencia invertida. Por ello, el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª de 11 de julio de 2003, señala «cuando la sentencia absolutoria se basa en la falta de credibilidad de los testigos, la vía de la tutela judicial efectiva alegada por la acusación no permite modificar los hechos probados»; lo que en otras palabras significa y, así en relación con el presente caso, que el recurso excede de los límites en cuyo marco se encuentra legitimada la acusación particular para ampararse en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y se adentra en el terreno de la presunción de inocencia invertida; al menos en cuanto a lo que se refiere a modificar los hechos que se tuvieron en consideración en la sentencia recurrida de la sentencia. Partiendo de ellos, los razonamientos de la sentencia recurrida son -como dijimos- coherentes y lógicos.

CUARTO.-En la línea que expresamos, el Tribunal Constitucional en la STC 72/2024, de 7 de mayo, señala que «es posible denunciar la manifiesta irrazonabilidad de las conclusiones probatorias que han llevado a la absolución, en tanto que vulneración de las garantías constitucionales esenciales de las partes acusadoras reconocidas en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) . Sin embargo, no resulta posible, conforme a una interpretación constitucionalmente asumible de este motivo de recurso contra sentencias absolutorias, que a su amparo se vuelvan a valorar las pruebas practicadas en el juicio oral de instancia para, de ellas, extraer una conclusión probatoria alternativa que confronte y pretenda sustituir la alcanzada en la instancia. Dada su naturaleza, la revisión que es posible en segundo grado no se refiere a las pruebas en sí mismas, sino a la sentencia recurrida, y a la fundamentación de su valoración.

Por tanto, las posibilidades efectivas de revocación de una sentencia absolutoria al amparo de este motivo de recurso se limitan constitucionalmente a un control de razonabilidad».

Por ello, añade que «es posible distinguir conceptualmente el juicio sobre el hecho y sobre la prueba, que realiza el juzgador de instancia, y la revisión de la racionalidad del juicio probatorio de instancia, que realiza el juez de segundo grado o de apelación, sin que pueda introducir hechos o establecer nuevas conclusiones probatorias».

De manera que «el juez de segundo grado debe acudir a la sentencia y no a las pruebas». Por consiguiente, el control que es posible, «no consiente el acceso a las fuentes de prueba para reevaluarlas dado que, en nuestro modelo de revisión sería contrario a las garantías del juicio justo, que no permiten en ese contexto impugnatorio de las acusaciones una valoración alternativa de las inferencias fácticas ni una reconstrucción del hecho probado».

QUINTO.-De manera que la cuestión que seguidamente se plantea es la de si es posible acoger el recurso sin alteración alguna de los hechos probados.

Señala expresamente la sentencia de instancia en el apartado de Hechos Probados, lo que considera que "no ha quedado acreditado". Aquí, estima que no se ha acreditado "que el sargento Melchor se percatara en todo momento de la acción desarrollada por el soldado al subirse al mástil estando en movimiento de repliegue, y que dejara de proceder a realizar lo necesario porque el soldado abortara la maniobra».

Por consiguiente, hemos de considerar que no está probado que el sargento se percatara de lo que hacía el soldado. Pero, aquí no concluye la cuestión, pues, el deber de garante del sargento le imponía garantizar la correcta conclusión de la maniobra (plegar mástiles y trincar el cañón), lo que implica no sólo dar las instrucciones al que manejaba el joystick, sino también vigilar que al hacerlo también controlaba en todo momento el peligro que se generaba. El no hacerlo así supondría una grave desatención de sus obligaciones como garante de que el peligro se mantuviera dentro de los límites permitidos. Como en todo supuesto omisivo sería preciso comparar lo omitido con lo ordenado por el deber.

No obstante, en los hechos probados no queda fuera de toda duda, donde se encontraba cada interviniente para poder establecer el incumplimiento del deber de garante.

Para dejar clara la posición de la Sala, por ejemplo, hipotéticamente, si el encargado de la maniobra, da la orden de iniciarla y se da la vuelta (por lo que no ve lo que ocurre, ni si un soldado se sube o no) y se dedica a otras cosas, es evidente que incumple con sus deberes de garante. Por eso, el que el sargento viera o no viera subirse al soldado, puede proporcionar un indicio, pero no es suficiente para imputar al sargento el incumplimiento de su deber de garantizar la correcta realización de la maniobra. Y, el Hecho Probado no expresa claramente, y con exclusión de cualquier duda, los hechos que al respecto permitirían esa imputación.

Por consiguiente debe ser desestimado el primer motivo del recurso.

SEXTO.-El segundo motivo del recurso se refiere a la inaplicación del art. 77.2 del Código Penal Militar.

El motivo, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, necesariamente ha de ser desestimado.

SÉPTIMO.-El tercer motivo del recurso, está planteado por «infracción de ley al amparo del art. 849.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Al entender que ha existido error en la valoración de las pruebas practicadas. Esencialmente, omitiendo y no tomando en consideración manifestaciones expresas de diversos testigos y del propio acusado».

Seguidamente añade que «el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación absurda, ilógica e irrazonable de las pruebas de cargo existentes al haber omitido la práctica totalidad de las declaraciones testificales, en tanto en cuanto quedó la evidencia de que el ejercicio fue realizado, conforme se venía realizando habitualmente».

Estamos, por consiguiente, ante un motivo confuso en el que se mezclan varias alegaciones. Respecto del art. 849.1 LECrim, ningún desarrollo tiene en el motivo, por lo que nada diremos al respecto.

En cuanto al art. 849.2 LECrim conviene indicar que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado relevantemente su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

El recurrente no señala documento alguno, pues se refiere a la valoración de las pruebas, por lo que este extremo del motivo no puede prosperar.

En cuanto a la alegación de que la interpretación del Tribunal de instancia es absurda, ilógica e irrazonable, es una frase sin desarrollo alguno, pues no explica que es lo que en la sentencia de instancia es ilógico, absurdo o irrazonable. Al efecto, no cabe decir que se omitieron "la práctica totalidad de las declaraciones testificales", dado que en la sentencia de instancia, rotulado como cuarto, se recogen las razones sobre la convicción, analizando la prueba pericial así como la abundante prueba testifical y la declaración del acusado. Cuestión distinta es que discrepe el recurrente de la apreciación llevada a cabo por el Tribunal de instancia.

De manera que debe desestimarse también este extremo del motivo.

OCTAVO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O 4/1987 de 15 de julio.

PRIMERO.-La procuradora de los Tribunales Doña María Luisa González García en nombre y representación del soldado del Ejército de Tierra Don Santiago interpone recurso de casación frente a la sentencia nº 58/24 de fecha 13 de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal Militar Territorial Segundo, en razón a los siguientes motivos: 1º) Por vulneración del art. 24.1 de la Constitución relativo a la tutela judicial efectiva; 2º) Por aplicación indebida del art. 77.2 del Código Penal Militar; y, 3º) Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 y 2 LECrim, por error en la valoración de las pruebas practicadas.

SEGUNDO.-Antes de nada es preciso determinar los límites del presente recurso de casación, pues, se trata de un recurso contra una sentencia absolutoria planteado por la acusación particular; el Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral retiró la acusación.

TERCERO.-Resulta muy complejo aceptar la legitimación del Ministerio Fiscal al interponer un recurso fundándolo en la violación de algún Derecho fundamental, pues en síntesis los Derechos fundamentales son derechos del individuo frente al Estado, viniendo éste obligado a su reconocimiento y defensa, y aceptar tal legitimación supone que es el Ministerio Fiscal el que los alega frente al individuo. En definitiva, el derecho fundamental se vuelve contra el individuo que sería o debería ser el titular del derecho o derechos fundamentales.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, no sin polémica y con cierta evolución, ha aceptado la legitimación del Ministerio Fiscal cuando fundamenta el recurso en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 5.1 de la LOPJ, debemos admitir la legitimación del recurso del Ministerio Fiscal en la medida en que se base en dicha vulneración.

Lo mismo ocurre en el caso de que quien ejercite el derecho fundamental sea un particular, al menos en relación con el derecho a la presunción de inocencia.

En el presente caso, es la acusación particular la que presenta el recurso de casación frente a la sentencia absolutoria dictada en la instancia.

Así pues, una cuestión es la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, otra, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, lo que tratándose de la acusación daría lugar a lo que se ha venido a denominar una presunción de inocencia invertida, lo cual no es posible. Por ello, debe deslindarse una vulneración de la otra y, examinarse, teniendo en cuenta la argumentación empleada, cual es en definitiva la esencia del recurso interpuesto.

La acusación particular motiva su recurso en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Es preciso concretar cuál es el contenido de este derecho fundamental. El contenido de este derecho es el siguiente:

a) El derecho de acceso a la jurisdicción, que comporta el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

b) El derecho a que esa resolución sea motivada. De manera que no basta con que exista una resolución, sino que es preciso que dicha resolución se motive; eso es, que explique las razones que la fundamenta.

c) El derecho a los recursos que estén establecidos en el sistema de enjuiciamiento penal.

d) El derecho al cumplimiento de la sentencia.

e) El derecho a un proceso con todas las garantías.

f) El derecho al respeto de todos los derechos fundamentales.

Ahora bien, en realidad, el derecho a la tutela judicial efectiva se constituye con el derecho al acceso a la jurisdicción que implica el derecho a obtener una resolución motivada en Derecho.

Los demás extremos que hemos enumerado proceden o están protegidos mediante otros derechos fundamentales, pero es habitual desgranar el derecho a la tutela judicial efectiva en la forma indicada.

Así pues, el derecho al que nos referimos se debe centrar en el acceso a la jurisdicción y en la obtención de una resolución motivada fundada en Derecho.

Ambos extremos han sido respetados al recurrente, pues, ha accedido a la jurisdicción y ha obtenido una resolución motivada en Derecho. La motivación de la sentencia de instancia es coherente, sin contradicción alguna y lógica; el que no le satisfaga, o no comparta el recurrente lo razonado en el auto recurrido, no significa que la resolución no se encuentre razonada.

El recurrente pretende encontrar la falta de motivación o su no razonabilidad en la valoración de la prueba.

En efecto, el recurrente se refiere a la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida, pero eso conduce directamente a la denominada presunción de inocencia invertida, ámbito que le está vedado a la acusación particular. Debemos insistir en que la cuestión de la credibilidad del testimonio (en la causa existían diversas testificales, pericial) o la falta de ello, en relación con unos u otros testigos lleva directamente, como dijimos, a la presunción de inocencia invertida. Por ello, el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª de 11 de julio de 2003, señala «cuando la sentencia absolutoria se basa en la falta de credibilidad de los testigos, la vía de la tutela judicial efectiva alegada por la acusación no permite modificar los hechos probados»; lo que en otras palabras significa y, así en relación con el presente caso, que el recurso excede de los límites en cuyo marco se encuentra legitimada la acusación particular para ampararse en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y se adentra en el terreno de la presunción de inocencia invertida; al menos en cuanto a lo que se refiere a modificar los hechos que se tuvieron en consideración en la sentencia recurrida de la sentencia. Partiendo de ellos, los razonamientos de la sentencia recurrida son -como dijimos- coherentes y lógicos.

CUARTO.-En la línea que expresamos, el Tribunal Constitucional en la STC 72/2024, de 7 de mayo, señala que «es posible denunciar la manifiesta irrazonabilidad de las conclusiones probatorias que han llevado a la absolución, en tanto que vulneración de las garantías constitucionales esenciales de las partes acusadoras reconocidas en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) . Sin embargo, no resulta posible, conforme a una interpretación constitucionalmente asumible de este motivo de recurso contra sentencias absolutorias, que a su amparo se vuelvan a valorar las pruebas practicadas en el juicio oral de instancia para, de ellas, extraer una conclusión probatoria alternativa que confronte y pretenda sustituir la alcanzada en la instancia. Dada su naturaleza, la revisión que es posible en segundo grado no se refiere a las pruebas en sí mismas, sino a la sentencia recurrida, y a la fundamentación de su valoración.

Por tanto, las posibilidades efectivas de revocación de una sentencia absolutoria al amparo de este motivo de recurso se limitan constitucionalmente a un control de razonabilidad».

Por ello, añade que «es posible distinguir conceptualmente el juicio sobre el hecho y sobre la prueba, que realiza el juzgador de instancia, y la revisión de la racionalidad del juicio probatorio de instancia, que realiza el juez de segundo grado o de apelación, sin que pueda introducir hechos o establecer nuevas conclusiones probatorias».

De manera que «el juez de segundo grado debe acudir a la sentencia y no a las pruebas». Por consiguiente, el control que es posible, «no consiente el acceso a las fuentes de prueba para reevaluarlas dado que, en nuestro modelo de revisión sería contrario a las garantías del juicio justo, que no permiten en ese contexto impugnatorio de las acusaciones una valoración alternativa de las inferencias fácticas ni una reconstrucción del hecho probado».

QUINTO.-De manera que la cuestión que seguidamente se plantea es la de si es posible acoger el recurso sin alteración alguna de los hechos probados.

Señala expresamente la sentencia de instancia en el apartado de Hechos Probados, lo que considera que "no ha quedado acreditado". Aquí, estima que no se ha acreditado "que el sargento Melchor se percatara en todo momento de la acción desarrollada por el soldado al subirse al mástil estando en movimiento de repliegue, y que dejara de proceder a realizar lo necesario porque el soldado abortara la maniobra».

Por consiguiente, hemos de considerar que no está probado que el sargento se percatara de lo que hacía el soldado. Pero, aquí no concluye la cuestión, pues, el deber de garante del sargento le imponía garantizar la correcta conclusión de la maniobra (plegar mástiles y trincar el cañón), lo que implica no sólo dar las instrucciones al que manejaba el joystick, sino también vigilar que al hacerlo también controlaba en todo momento el peligro que se generaba. El no hacerlo así supondría una grave desatención de sus obligaciones como garante de que el peligro se mantuviera dentro de los límites permitidos. Como en todo supuesto omisivo sería preciso comparar lo omitido con lo ordenado por el deber.

No obstante, en los hechos probados no queda fuera de toda duda, donde se encontraba cada interviniente para poder establecer el incumplimiento del deber de garante.

Para dejar clara la posición de la Sala, por ejemplo, hipotéticamente, si el encargado de la maniobra, da la orden de iniciarla y se da la vuelta (por lo que no ve lo que ocurre, ni si un soldado se sube o no) y se dedica a otras cosas, es evidente que incumple con sus deberes de garante. Por eso, el que el sargento viera o no viera subirse al soldado, puede proporcionar un indicio, pero no es suficiente para imputar al sargento el incumplimiento de su deber de garantizar la correcta realización de la maniobra. Y, el Hecho Probado no expresa claramente, y con exclusión de cualquier duda, los hechos que al respecto permitirían esa imputación.

Por consiguiente debe ser desestimado el primer motivo del recurso.

SEXTO.-El segundo motivo del recurso se refiere a la inaplicación del art. 77.2 del Código Penal Militar.

El motivo, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, necesariamente ha de ser desestimado.

SÉPTIMO.-El tercer motivo del recurso, está planteado por «infracción de ley al amparo del art. 849.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Al entender que ha existido error en la valoración de las pruebas practicadas. Esencialmente, omitiendo y no tomando en consideración manifestaciones expresas de diversos testigos y del propio acusado».

Seguidamente añade que «el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación absurda, ilógica e irrazonable de las pruebas de cargo existentes al haber omitido la práctica totalidad de las declaraciones testificales, en tanto en cuanto quedó la evidencia de que el ejercicio fue realizado, conforme se venía realizando habitualmente».

Estamos, por consiguiente, ante un motivo confuso en el que se mezclan varias alegaciones. Respecto del art. 849.1 LECrim, ningún desarrollo tiene en el motivo, por lo que nada diremos al respecto.

En cuanto al art. 849.2 LECrim conviene indicar que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado relevantemente su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

El recurrente no señala documento alguno, pues se refiere a la valoración de las pruebas, por lo que este extremo del motivo no puede prosperar.

En cuanto a la alegación de que la interpretación del Tribunal de instancia es absurda, ilógica e irrazonable, es una frase sin desarrollo alguno, pues no explica que es lo que en la sentencia de instancia es ilógico, absurdo o irrazonable. Al efecto, no cabe decir que se omitieron "la práctica totalidad de las declaraciones testificales", dado que en la sentencia de instancia, rotulado como cuarto, se recogen las razones sobre la convicción, analizando la prueba pericial así como la abundante prueba testifical y la declaración del acusado. Cuestión distinta es que discrepe el recurrente de la apreciación llevada a cabo por el Tribunal de instancia.

De manera que debe desestimarse también este extremo del motivo.

OCTAVO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O 4/1987 de 15 de julio.

PRIMERO.-La procuradora de los Tribunales Doña María Luisa González García en nombre y representación del soldado del Ejército de Tierra Don Santiago interpone recurso de casación frente a la sentencia nº 58/24 de fecha 13 de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal Militar Territorial Segundo, en razón a los siguientes motivos: 1º) Por vulneración del art. 24.1 de la Constitución relativo a la tutela judicial efectiva; 2º) Por aplicación indebida del art. 77.2 del Código Penal Militar; y, 3º) Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 y 2 LECrim, por error en la valoración de las pruebas practicadas.

SEGUNDO.-Antes de nada es preciso determinar los límites del presente recurso de casación, pues, se trata de un recurso contra una sentencia absolutoria planteado por la acusación particular; el Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral retiró la acusación.

TERCERO.-Resulta muy complejo aceptar la legitimación del Ministerio Fiscal al interponer un recurso fundándolo en la violación de algún Derecho fundamental, pues en síntesis los Derechos fundamentales son derechos del individuo frente al Estado, viniendo éste obligado a su reconocimiento y defensa, y aceptar tal legitimación supone que es el Ministerio Fiscal el que los alega frente al individuo. En definitiva, el derecho fundamental se vuelve contra el individuo que sería o debería ser el titular del derecho o derechos fundamentales.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, no sin polémica y con cierta evolución, ha aceptado la legitimación del Ministerio Fiscal cuando fundamenta el recurso en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 5.1 de la LOPJ, debemos admitir la legitimación del recurso del Ministerio Fiscal en la medida en que se base en dicha vulneración.

Lo mismo ocurre en el caso de que quien ejercite el derecho fundamental sea un particular, al menos en relación con el derecho a la presunción de inocencia.

En el presente caso, es la acusación particular la que presenta el recurso de casación frente a la sentencia absolutoria dictada en la instancia.

Así pues, una cuestión es la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y, otra, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, lo que tratándose de la acusación daría lugar a lo que se ha venido a denominar una presunción de inocencia invertida, lo cual no es posible. Por ello, debe deslindarse una vulneración de la otra y, examinarse, teniendo en cuenta la argumentación empleada, cual es en definitiva la esencia del recurso interpuesto.

La acusación particular motiva su recurso en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Es preciso concretar cuál es el contenido de este derecho fundamental. El contenido de este derecho es el siguiente:

a) El derecho de acceso a la jurisdicción, que comporta el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

b) El derecho a que esa resolución sea motivada. De manera que no basta con que exista una resolución, sino que es preciso que dicha resolución se motive; eso es, que explique las razones que la fundamenta.

c) El derecho a los recursos que estén establecidos en el sistema de enjuiciamiento penal.

d) El derecho al cumplimiento de la sentencia.

e) El derecho a un proceso con todas las garantías.

f) El derecho al respeto de todos los derechos fundamentales.

Ahora bien, en realidad, el derecho a la tutela judicial efectiva se constituye con el derecho al acceso a la jurisdicción que implica el derecho a obtener una resolución motivada en Derecho.

Los demás extremos que hemos enumerado proceden o están protegidos mediante otros derechos fundamentales, pero es habitual desgranar el derecho a la tutela judicial efectiva en la forma indicada.

Así pues, el derecho al que nos referimos se debe centrar en el acceso a la jurisdicción y en la obtención de una resolución motivada fundada en Derecho.

Ambos extremos han sido respetados al recurrente, pues, ha accedido a la jurisdicción y ha obtenido una resolución motivada en Derecho. La motivación de la sentencia de instancia es coherente, sin contradicción alguna y lógica; el que no le satisfaga, o no comparta el recurrente lo razonado en el auto recurrido, no significa que la resolución no se encuentre razonada.

El recurrente pretende encontrar la falta de motivación o su no razonabilidad en la valoración de la prueba.

En efecto, el recurrente se refiere a la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida, pero eso conduce directamente a la denominada presunción de inocencia invertida, ámbito que le está vedado a la acusación particular. Debemos insistir en que la cuestión de la credibilidad del testimonio (en la causa existían diversas testificales, pericial) o la falta de ello, en relación con unos u otros testigos lleva directamente, como dijimos, a la presunción de inocencia invertida. Por ello, el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª de 11 de julio de 2003, señala «cuando la sentencia absolutoria se basa en la falta de credibilidad de los testigos, la vía de la tutela judicial efectiva alegada por la acusación no permite modificar los hechos probados»; lo que en otras palabras significa y, así en relación con el presente caso, que el recurso excede de los límites en cuyo marco se encuentra legitimada la acusación particular para ampararse en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y se adentra en el terreno de la presunción de inocencia invertida; al menos en cuanto a lo que se refiere a modificar los hechos que se tuvieron en consideración en la sentencia recurrida de la sentencia. Partiendo de ellos, los razonamientos de la sentencia recurrida son -como dijimos- coherentes y lógicos.

CUARTO.-En la línea que expresamos, el Tribunal Constitucional en la STC 72/2024, de 7 de mayo, señala que «es posible denunciar la manifiesta irrazonabilidad de las conclusiones probatorias que han llevado a la absolución, en tanto que vulneración de las garantías constitucionales esenciales de las partes acusadoras reconocidas en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) . Sin embargo, no resulta posible, conforme a una interpretación constitucionalmente asumible de este motivo de recurso contra sentencias absolutorias, que a su amparo se vuelvan a valorar las pruebas practicadas en el juicio oral de instancia para, de ellas, extraer una conclusión probatoria alternativa que confronte y pretenda sustituir la alcanzada en la instancia. Dada su naturaleza, la revisión que es posible en segundo grado no se refiere a las pruebas en sí mismas, sino a la sentencia recurrida, y a la fundamentación de su valoración.

Por tanto, las posibilidades efectivas de revocación de una sentencia absolutoria al amparo de este motivo de recurso se limitan constitucionalmente a un control de razonabilidad».

Por ello, añade que «es posible distinguir conceptualmente el juicio sobre el hecho y sobre la prueba, que realiza el juzgador de instancia, y la revisión de la racionalidad del juicio probatorio de instancia, que realiza el juez de segundo grado o de apelación, sin que pueda introducir hechos o establecer nuevas conclusiones probatorias».

De manera que «el juez de segundo grado debe acudir a la sentencia y no a las pruebas». Por consiguiente, el control que es posible, «no consiente el acceso a las fuentes de prueba para reevaluarlas dado que, en nuestro modelo de revisión sería contrario a las garantías del juicio justo, que no permiten en ese contexto impugnatorio de las acusaciones una valoración alternativa de las inferencias fácticas ni una reconstrucción del hecho probado».

QUINTO.-De manera que la cuestión que seguidamente se plantea es la de si es posible acoger el recurso sin alteración alguna de los hechos probados.

Señala expresamente la sentencia de instancia en el apartado de Hechos Probados, lo que considera que "no ha quedado acreditado". Aquí, estima que no se ha acreditado "que el sargento Melchor se percatara en todo momento de la acción desarrollada por el soldado al subirse al mástil estando en movimiento de repliegue, y que dejara de proceder a realizar lo necesario porque el soldado abortara la maniobra».

Por consiguiente, hemos de considerar que no está probado que el sargento se percatara de lo que hacía el soldado. Pero, aquí no concluye la cuestión, pues, el deber de garante del sargento le imponía garantizar la correcta conclusión de la maniobra (plegar mástiles y trincar el cañón), lo que implica no sólo dar las instrucciones al que manejaba el joystick, sino también vigilar que al hacerlo también controlaba en todo momento el peligro que se generaba. El no hacerlo así supondría una grave desatención de sus obligaciones como garante de que el peligro se mantuviera dentro de los límites permitidos. Como en todo supuesto omisivo sería preciso comparar lo omitido con lo ordenado por el deber.

No obstante, en los hechos probados no queda fuera de toda duda, donde se encontraba cada interviniente para poder establecer el incumplimiento del deber de garante.

Para dejar clara la posición de la Sala, por ejemplo, hipotéticamente, si el encargado de la maniobra, da la orden de iniciarla y se da la vuelta (por lo que no ve lo que ocurre, ni si un soldado se sube o no) y se dedica a otras cosas, es evidente que incumple con sus deberes de garante. Por eso, el que el sargento viera o no viera subirse al soldado, puede proporcionar un indicio, pero no es suficiente para imputar al sargento el incumplimiento de su deber de garantizar la correcta realización de la maniobra. Y, el Hecho Probado no expresa claramente, y con exclusión de cualquier duda, los hechos que al respecto permitirían esa imputación.

Por consiguiente debe ser desestimado el primer motivo del recurso.

SEXTO.-El segundo motivo del recurso se refiere a la inaplicación del art. 77.2 del Código Penal Militar.

El motivo, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, necesariamente ha de ser desestimado.

SÉPTIMO.-El tercer motivo del recurso, está planteado por «infracción de ley al amparo del art. 849.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Al entender que ha existido error en la valoración de las pruebas practicadas. Esencialmente, omitiendo y no tomando en consideración manifestaciones expresas de diversos testigos y del propio acusado».

Seguidamente añade que «el Tribunal de instancia ha realizado una interpretación absurda, ilógica e irrazonable de las pruebas de cargo existentes al haber omitido la práctica totalidad de las declaraciones testificales, en tanto en cuanto quedó la evidencia de que el ejercicio fue realizado, conforme se venía realizando habitualmente».

Estamos, por consiguiente, ante un motivo confuso en el que se mezclan varias alegaciones. Respecto del art. 849.1 LECrim, ningún desarrollo tiene en el motivo, por lo que nada diremos al respecto.

En cuanto al art. 849.2 LECrim conviene indicar que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que el art. 849.2 de la LECrim. señala que se entenderá que ha sido infringida la ley, a los efectos de la casación, cuando haya existido un error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La viabilidad de esta vía de impugnación casacional -dirigida a demostrar la inexactitud del relato fáctico y conseguir la modificación de los hechos que se dan por probados en la sentencia de instancia- se encuentra supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.

El alegado error ha de desprenderse de documentos que tengan tal consideración a efectos casacionales y, en este sentido, la jurisprudencia ha centrado el concepto de documento en aquellas representaciones gráficas producidas u originadas fuera de la causa y que se incorporen a la misma, no ofreciendo tal virtualidad las pruebas de carácter personal, aunque pudieran estar documentadas, tales como las declaraciones de testigos y peritos. Tan sólo cabe admitir con carácter excepcional como prueba documental el informe pericial cuando el Tribunal de instancia, existiendo un sólo peritaje o varios coincidentes, sin otras pruebas sobre el mismo hecho, los hubiera incorporado al relato fáctico de modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se hubiera alterado relevantemente su sentido originario, o cuando el Tribunal hubiera llegado a conclusiones divergentes o distintas de las inequívocamente manifestadas por los peritos, sin expresar razones que justificaran la razón para apartarse de tales conclusiones.

Por otra parte, y por lo que se refiere al valor intrínseco del documento, se requiere que éste por sí solo acredite y justifique una realidad contraria a la asumida por los jueces, por lo que el documento que se señale para fundamentar el error alegado ha de ser literosuficiente: el documento ha de demostrar por sí mismo el error que se denuncia, evidenciándose la equivocación del juzgador de forma clara y patente, sin necesitar prueba adicional alguna. Lo que lleva consigo -como en definitiva significa el propio artículo 849.2º- que dicho documento y lo que con él se pretenda probar no se encuentre desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad.

Además, es necesario que la pretendida rectificación del relato fáctico, que se acomete con una alegación relativa a la existencia de un error en la apreciación de la prueba, tenga trascendencia en relación con el fallo dictado, de manera que, como consecuencia de ello, se altere alguno de sus pronunciamientos, pues la finalidad del recurso no es sólo obtener la rectificación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sino la anulación o modificación de ésta. Por tanto, si la variación tan sólo afecta a datos o elementos de hecho, sin repercusión final en el fallo de la sentencia impugnada, tampoco prosperará en definitiva el recurso, pues éste se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o de derecho no tengan capacidad de modificarlo.

Así pues, el error de hecho en la apreciación de la prueba exige que el recurrente identifique el error, que este aparezca en un documento literosuficiente, que no exista contradicción con otras pruebas y que tenga relevancia para afectar al fallo de la sentencia recurrida.

El recurrente no señala documento alguno, pues se refiere a la valoración de las pruebas, por lo que este extremo del motivo no puede prosperar.

En cuanto a la alegación de que la interpretación del Tribunal de instancia es absurda, ilógica e irrazonable, es una frase sin desarrollo alguno, pues no explica que es lo que en la sentencia de instancia es ilógico, absurdo o irrazonable. Al efecto, no cabe decir que se omitieron "la práctica totalidad de las declaraciones testificales", dado que en la sentencia de instancia, rotulado como cuarto, se recogen las razones sobre la convicción, analizando la prueba pericial así como la abundante prueba testifical y la declaración del acusado. Cuestión distinta es que discrepe el recurrente de la apreciación llevada a cabo por el Tribunal de instancia.

De manera que debe desestimarse también este extremo del motivo.

OCTAVO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O 4/1987 de 15 de julio.