Sentencia Militar 36/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 2/2025 de 30 de octubre del 2025

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-disciplinario ordinario la resolución de la Excma. Ministra de Defensa de fecha 24 de febrero de 2025, por la que acuerda estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra la resolución de 4 de noviembre de 2024, dictada por la misma Autoridad en el expediente disciplinario NUM000, en la que se dispuso imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor de una falta muy grave, tipificada en el artículo 7, apartado 13, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos». La referida estimación parcial del recurso de reposición se limita a modificar el punto IV de la declaración de hechos probados de la resolución sancionadora, «manteniéndose el resto de pronunciamientos contenidos en la misma».

SEGUNDO.-1. Articula el recurrente su demanda en torno a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, alegación que sustenta en distintos hechos y fundamentos jurídicos.

Entre los hechos, refiere el actor que el pliego de cargos acordado por la Instructora del expediente, en el que se proponía la sanción al recurrente de 3 meses y 1 día de suspensión de empleo (F-119 ss), y al que tras su notificación prestó conformidad el hoy recurrente, fue sin embargo anulado por el Director General de la Guardia Civil en fecha 09/07/2025 (F-127 y ss), al considerar éste como más idónea la sanción de separación del servicio, procediéndose por ello, a partir de entonces, a proponerse tanto en el nuevo pliego de cargos como en la propuesta de resolución, informes y acuerdos de la Autoridad sancionadora la máxima sanción de separación del servicio, pese a las alegaciones y pruebas de descargo aportadas por el encartado.

Considera más adelante la representación procesal del recurrente que «sin entrar a rebatir los hechos probados, que vienen dados de forma objetiva en la sentencia condenatoria firme», debe atenuarse la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.c) de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, esencialmente por la hoja de servicios de su representado, que cuenta con 33 años de servicio intachable y una espléndida trayectoria profesional, en la que consta: la concesión de una Cruz con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil; Cruces a la Constancia en el Servicio en sus modalidades de Bronce y Plata; cinco felicitaciones individuales del Director General de la Guardia Civil y otros distintivos. Ello unido a una conducta intachable revelada tanto por los informes personales de calificación, todos ellos positivos, como por la ausencia de antecedentes penales y notas desfavorables en su hoja de servicios.

Señala también el recurrente que los hechos objeto de la condena penal no están relacionados con la funciones y tareas que tenía asignadas como miembro de la Guardia Civil y, de hecho, tras la suspensión cautelar de la licencia de armas continuó prestando su servicio en el Destacamento de Tráfico de DIRECCION000 como mecánico dedicado al mantenimiento de los automóviles y motocicletas. Lo que debe valorarse a la hora de determinar la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.g) de la citada ley disciplinaria.

Ilustra la parte recurrente su exposición con la cita de diversas sentencias de esta Sala en las que se remarca la necesidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil, de que las sanciones guarden proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motivan, lo que implica el deber de llevar a cabo una verdadera tarea individualizadora de la respuesta disciplinaria en función de la antijuridicidad del hecho, de las circunstancias del autor de la infracción y del interés del servicio, tomando en consideración el conjunto de factores objetivos y subjetivos concurrentes en el caso. Incluye también una cita de la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, de fecha 25 de septiembre de 2003, recaída en el recurso de casación núm. 527/1998, conforme a la cual: «La potestad sancionadora no tiene carácter discrecional y esto conlleva que, cuando para una determinada infracción haya legalmente previsto un elenco de sanciones, la imposición de una más grave o elevada de la establecida con el carácter de mínima deberá ser claramente motivada mediante la consignación de las especificas razones y circunstancias en que se funda la superior malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir ese mayor castigo. Así lo impone la interdicción de arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución y también el principio de proporcionalidad comprendido en las garantías del artículo 25 del mismo texto constitucional».

Termina la representación procesal del recurrente el desarrollo de su alegación con la invocación del principio iura novit curia.

2. En su escrito de contestación a la demanda, la Ilma. Abogacía del Estado, ateniéndose a los hechos declarados como probados por la resolución sancionadora, considera que la conducta objeto de sanción ha quedado plenamente acreditada en el expediente administrativo.

Manifiesta que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del encartado y que en su conducta concurren todos los elementos del tipo disciplinario contemplado en el artículo 7.13 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil. Argumenta que los bienes jurídicos tutelados en sede penal y en sede disciplinaria son distintos, de forma que lo tutelado en ésta es la irreprochabilidad penal de los servidores públicos integrados en la Guardia Civil, con fundamento en la relación de especial sujeción que los une con el Estado; que la condena penal en este caso fue por delitos dolosos, y que, además de afectar a la dignidad, imagen y confianza de los ciudadanos en el Cuerpo, ha causado grave perjuicio a una ciudadana concreta, la ex pareja del encartado.

En lo que a la proporcionalidad de la sanción se refiere, afirma la Abogacía del Estado que «la gravedad del daño ocasionado fluye de modo natural del relato de hechos expuesto, y que han sido tenidos en cuenta los criterios establecidos en el 19 LORDGC». Señala, en síntesis: que se han impuesto al encartado tres condenas con una pena principal de 23 meses de prisión; la gravedad de los hechos sentenciados con lesión a la integridad física y a la libertad personal, perturbando la paz familiar en el ámbito de convivencia doméstica; que la sanción que haya de imponerse en casos como estos no puede dar la espalda a la realidad socio-jurídica de los delitos de violencia de género, objeto de «atención y repudio especiales en el ámbito gubernativo y penal»; el tratarse de una conducta dolosa continuada en el tiempo, y «la imposición como penas accesorias de privación de porte de armas, lo cual ya de suyo dificultaría el quehacer profesional del encartado, sin que sea dato relevante que, desde la suspensión cautelar de ese porte y uso, el actor hubiese sido relegado a tareas de mecánico».

Manifiesta la Abogacía del Estado que «tal juicio de individualización no se minora a nuestro entender ( Art. 19.c LORDGC) ante el historial profesional del encartado (folios 43 y ss)», pues considera que los méritos invocados son inherentes al desempeño de las labores propias de su condición, que «en nada enervan las consideraciones anteriores relativas a unos hechos objetivamente tan detestables ni pueden mitigar o atemperar la gravedad de su conducta posterior o el juicio de oprobio que comportan, ni desde luego merman la necesidad e importancia del reproche disciplinario».

Alega finalmente la Abogacía del Estado que esta Sala viene confirmando sanciones sustancialmente idénticas a la aquí debatida, sirviendo como ejemplo la reciente STS de 12 de marzo de 2025, recaída en el recurso contencioso-disciplinario ordinario 7/2024.

TERCERO.-1. La Sala, al abordar el presente recurso contencioso-disciplinario ordinario con la plenitud de jurisdicción propia de este tipo de recurso, no puede prescindir de las incidencias y datos obrantes en el expediente disciplinario, según hemos relacionado en los Antecedentes de Hecho de la presente sentencia, dada su relevancia para resolver conforme a Derecho la demanda sometida a nuestra consideración.

Especial atención merece a la Sala la anulación tanto del pliego de cargos como de la subsiguiente conformidad prestada al mismo por el encartado, anulaciones ordenadas practicar a la Sra. Instructora por el Sr. Director General de la Guardia Civil en resolución de fecha 9 de julio de 2024, previo informe de su Asesoría Jurídica, cuyo contenido hemos descrito en el Antecedente de Hecho Cuarto de esta sentencia.

Si ya el actor se refiere, entre los hechos que fundamentaban su demanda, al pliego de cargos en el que se proponía la imposición de la sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo, a la conformidad prestada a dicho pliego por el encartado y a la anulación de ambos por el Sr Director General de la Guardia Civil, en su escrito de conclusiones resalta como hecho relevante el «Cambio de pliego a la sanción máxima sin hechos nuevos»; cuestiones a las que, sin embargo, no se refiere la Ilma. Abogacía del Estado ni en su escrito de contestación a la demanda ni en el de conclusiones.

A juicio de la Sala, las referidas anulaciones tanto del pliego de cargos formulado el 27 de junio de 2024 por la Sra. Instructora del expediente disciplinario como de la conformidad prestada al mismo por el encartado en igual fecha carecen de cobertura en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez el citado pliego de cargos, formulado por iniciativa de la instructora a la vista de las pruebas hasta ese momento practicadas, y también la ulterior conformidad del encartado se ajustaban a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, en sus apartados 1 -Una vez que se hayan practicado las actuaciones y las diligencias a que se refiere el apartado primero del artículo anterior, el instructor formulará, si a ello hubiera lugar, el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá todos los hechos imputados, la calificación jurídica y la sanción que se estime procedente-,4 -Cuando el expediente se incoe por las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, se acompañará al pliego de cargos la sentencia condenatoria-y 6 -Cuando el interesado, por escrito o mediante comparecencia ante el instructor y secretario, mostrara su conformidad con el pliego de cargos, se elevará el expediente a la Autoridad competente para resolver-del artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, sin que, por otro, lado el referido pliego hubiera sido objeto de impugnación.

La anulación de ambas actuaciones aparecía amparada, según expresaba el informe jurídico que sirvió de motivación a la decisión del Director General de la Guardia Civil, en el artículo 62 de la referida ley disciplinaria, por discrepancia con la sanción propuesta por la Instructora del expediente, indicando taxativamente el indicado informe que la sanción procedente que debía figurar en el pliego de cargos era la de separación del servicio, sin que contuviera motivación alguna ni respecto a la eficacia atribuible a la conformidad prestada por el encartado al pliego de cargos ni referente a las específicas razones legales que determinaban su anulación, pues ocurre que dicho artículo 62 -enmarcado en la Sección 3ª, dedicada a la Terminacióndel procedimiento por faltas graves y muy graves, e incluida en el Capítulo III del Título IV de la tan citada ley- no autoriza a anular el pliego de cargos, como tampoco la conformidad prestada al mismo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -de aplicación supletoria respecto de lo no previsto en la Ley Orgánica 12/2007, según establece la Disposición adicional primera de esta última ley-, la anulación de las referidas actuaciones instructoras sólo sería posible, bien si hubiese concurrido en ellas alguna causa de nulidad de pleno derecho de las determinadas en el primer artículo citado o bien si hubiesen incurrido dichas actuaciones en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Y en todo caso mediante una resolución debida y suficientemente motivada en Derecho.

2. Ciertamente la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, no concreta los efectos de la conformidad del encartado con el contenido del pliego de cargos, como tampoco la posibilidad de su anulación por la Autoridad disciplinaria, lo que obliga a esta Sala a realizar una interpretación del único precepto de la expresada ley en el que se contempla la conformidad del encartado, esto es del antes citado artículo 57.

Y lo que no ofrece duda para la Sala es que si dicho instituto de la conformidad se introdujo como «novedad destacable»en la Ley Orgánica 12/2007 -según expresa su Preámbulo-, no fue a modo de adorno, sino para que tuviera una eficacia concreta, como forma anticipada de terminación del expediente mediante un reconocimiento de la culpabilidad y aceptación tanto de la infracción como de la sanción propuesta en el pliego de cargos, en forma análoga a la eficacia reconocida a la conformidad entre las acusaciones y la defensa del acusado en los procesos penales, pues no podemos olvidar que la Ley Orgánica Procesal Militar -en cuyos artículos 279, 283, 307, 395 y 499 se reconoce y regula la figura de la conformidad- es declarada también norma de aplicación supletoria por la Disposición Adicional Primera de la referida ley disciplinaria de la Guardia Civil, respecto de todo lo no previsto en la presente ley.

3. Analizado a la luz de la anterior doctrina el caso sometido a nuestra resolución, constatamos que la decisión anulatoria del Sr. Director General de la Guardia Civil carece tanto de cobertura legal como de motivación suficiente que explique las razones por las que priva de validez y eficacia a la conformidad prestada al pliego de cargos por el expedientado, resultando también evidente para la Sala la negativa incidencia que dicha decisión tuvo en los derechos fundamentales del encartado a un proceso con todas las garantías y a la defensa, toda vez, que, además de predeterminar desde fase tan temprana del expediente la sanción que procedía imponer -al margen de las pruebas de descargo ya practicadas o que todavía pudieran practicarse-, limitaba muy seriamente las posibilidades de defensa del encartado por haber reconocido éste ya su culpabilidad y la calificación como falta muy grave de la infracción cometida.

Como ya hemos apuntado, a juicio de la Sala tanto el inicial pliego de cargos formulado por la Instructora del expediente como la conformidad prestada al mismo por el encartado se ajustaron a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil, incluida la sanción propuesta, pues, aunque ciertamente benévola, se encuentra entre las previstas en el artículo 11.1 de la misma ley para sancionar las faltas muy graves, sin que apreciemos, por tanto, la concurrencia de causa alguna que justifique la anulación de aquellas actuaciones.

CUARTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos;2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso,de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido; 3. Los jueces y las juezas protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión [...]-, la Sala considera que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por los graves defectos que hemos apreciado en nuestro anterior Fundamento de Derecho, comporta, junto a la estimación del recurso, la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración con posterioridad a la conformidad prestada por el expedientado al pliego de cargos formulado en fecha 27 de junio de 2024, procediendo imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto, en consonancia con lo que en dicho pliego de cargos se propone con su conformidad, la sanción disciplinaria de tres meses y un día de suspensión de empleo, como autor de la falta muy grave prevista en el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer cualquier delito que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos»; con los efectos legales, administrativos, económicos y de cualquier otra índole que se derivan en favor del recurrente como consecuencia de la sustitución de la sanción de separación del servicio anulada por la de tres meses y un día de suspensión de empleo.

QUINTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-disciplinario ordinario la resolución de la Excma. Ministra de Defensa de fecha 24 de febrero de 2025, por la que acuerda estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra la resolución de 4 de noviembre de 2024, dictada por la misma Autoridad en el expediente disciplinario NUM000, en la que se dispuso imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor de una falta muy grave, tipificada en el artículo 7, apartado 13, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos». La referida estimación parcial del recurso de reposición se limita a modificar el punto IV de la declaración de hechos probados de la resolución sancionadora, «manteniéndose el resto de pronunciamientos contenidos en la misma».

SEGUNDO.-1. Articula el recurrente su demanda en torno a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, alegación que sustenta en distintos hechos y fundamentos jurídicos.

Entre los hechos, refiere el actor que el pliego de cargos acordado por la Instructora del expediente, en el que se proponía la sanción al recurrente de 3 meses y 1 día de suspensión de empleo (F-119 ss), y al que tras su notificación prestó conformidad el hoy recurrente, fue sin embargo anulado por el Director General de la Guardia Civil en fecha 09/07/2025 (F-127 y ss), al considerar éste como más idónea la sanción de separación del servicio, procediéndose por ello, a partir de entonces, a proponerse tanto en el nuevo pliego de cargos como en la propuesta de resolución, informes y acuerdos de la Autoridad sancionadora la máxima sanción de separación del servicio, pese a las alegaciones y pruebas de descargo aportadas por el encartado.

Considera más adelante la representación procesal del recurrente que «sin entrar a rebatir los hechos probados, que vienen dados de forma objetiva en la sentencia condenatoria firme», debe atenuarse la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.c) de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, esencialmente por la hoja de servicios de su representado, que cuenta con 33 años de servicio intachable y una espléndida trayectoria profesional, en la que consta: la concesión de una Cruz con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil; Cruces a la Constancia en el Servicio en sus modalidades de Bronce y Plata; cinco felicitaciones individuales del Director General de la Guardia Civil y otros distintivos. Ello unido a una conducta intachable revelada tanto por los informes personales de calificación, todos ellos positivos, como por la ausencia de antecedentes penales y notas desfavorables en su hoja de servicios.

Señala también el recurrente que los hechos objeto de la condena penal no están relacionados con la funciones y tareas que tenía asignadas como miembro de la Guardia Civil y, de hecho, tras la suspensión cautelar de la licencia de armas continuó prestando su servicio en el Destacamento de Tráfico de DIRECCION000 como mecánico dedicado al mantenimiento de los automóviles y motocicletas. Lo que debe valorarse a la hora de determinar la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.g) de la citada ley disciplinaria.

Ilustra la parte recurrente su exposición con la cita de diversas sentencias de esta Sala en las que se remarca la necesidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil, de que las sanciones guarden proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motivan, lo que implica el deber de llevar a cabo una verdadera tarea individualizadora de la respuesta disciplinaria en función de la antijuridicidad del hecho, de las circunstancias del autor de la infracción y del interés del servicio, tomando en consideración el conjunto de factores objetivos y subjetivos concurrentes en el caso. Incluye también una cita de la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, de fecha 25 de septiembre de 2003, recaída en el recurso de casación núm. 527/1998, conforme a la cual: «La potestad sancionadora no tiene carácter discrecional y esto conlleva que, cuando para una determinada infracción haya legalmente previsto un elenco de sanciones, la imposición de una más grave o elevada de la establecida con el carácter de mínima deberá ser claramente motivada mediante la consignación de las especificas razones y circunstancias en que se funda la superior malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir ese mayor castigo. Así lo impone la interdicción de arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución y también el principio de proporcionalidad comprendido en las garantías del artículo 25 del mismo texto constitucional».

Termina la representación procesal del recurrente el desarrollo de su alegación con la invocación del principio iura novit curia.

2. En su escrito de contestación a la demanda, la Ilma. Abogacía del Estado, ateniéndose a los hechos declarados como probados por la resolución sancionadora, considera que la conducta objeto de sanción ha quedado plenamente acreditada en el expediente administrativo.

Manifiesta que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del encartado y que en su conducta concurren todos los elementos del tipo disciplinario contemplado en el artículo 7.13 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil. Argumenta que los bienes jurídicos tutelados en sede penal y en sede disciplinaria son distintos, de forma que lo tutelado en ésta es la irreprochabilidad penal de los servidores públicos integrados en la Guardia Civil, con fundamento en la relación de especial sujeción que los une con el Estado; que la condena penal en este caso fue por delitos dolosos, y que, además de afectar a la dignidad, imagen y confianza de los ciudadanos en el Cuerpo, ha causado grave perjuicio a una ciudadana concreta, la ex pareja del encartado.

En lo que a la proporcionalidad de la sanción se refiere, afirma la Abogacía del Estado que «la gravedad del daño ocasionado fluye de modo natural del relato de hechos expuesto, y que han sido tenidos en cuenta los criterios establecidos en el 19 LORDGC». Señala, en síntesis: que se han impuesto al encartado tres condenas con una pena principal de 23 meses de prisión; la gravedad de los hechos sentenciados con lesión a la integridad física y a la libertad personal, perturbando la paz familiar en el ámbito de convivencia doméstica; que la sanción que haya de imponerse en casos como estos no puede dar la espalda a la realidad socio-jurídica de los delitos de violencia de género, objeto de «atención y repudio especiales en el ámbito gubernativo y penal»; el tratarse de una conducta dolosa continuada en el tiempo, y «la imposición como penas accesorias de privación de porte de armas, lo cual ya de suyo dificultaría el quehacer profesional del encartado, sin que sea dato relevante que, desde la suspensión cautelar de ese porte y uso, el actor hubiese sido relegado a tareas de mecánico».

Manifiesta la Abogacía del Estado que «tal juicio de individualización no se minora a nuestro entender ( Art. 19.c LORDGC) ante el historial profesional del encartado (folios 43 y ss)», pues considera que los méritos invocados son inherentes al desempeño de las labores propias de su condición, que «en nada enervan las consideraciones anteriores relativas a unos hechos objetivamente tan detestables ni pueden mitigar o atemperar la gravedad de su conducta posterior o el juicio de oprobio que comportan, ni desde luego merman la necesidad e importancia del reproche disciplinario».

Alega finalmente la Abogacía del Estado que esta Sala viene confirmando sanciones sustancialmente idénticas a la aquí debatida, sirviendo como ejemplo la reciente STS de 12 de marzo de 2025, recaída en el recurso contencioso-disciplinario ordinario 7/2024.

TERCERO.-1. La Sala, al abordar el presente recurso contencioso-disciplinario ordinario con la plenitud de jurisdicción propia de este tipo de recurso, no puede prescindir de las incidencias y datos obrantes en el expediente disciplinario, según hemos relacionado en los Antecedentes de Hecho de la presente sentencia, dada su relevancia para resolver conforme a Derecho la demanda sometida a nuestra consideración.

Especial atención merece a la Sala la anulación tanto del pliego de cargos como de la subsiguiente conformidad prestada al mismo por el encartado, anulaciones ordenadas practicar a la Sra. Instructora por el Sr. Director General de la Guardia Civil en resolución de fecha 9 de julio de 2024, previo informe de su Asesoría Jurídica, cuyo contenido hemos descrito en el Antecedente de Hecho Cuarto de esta sentencia.

Si ya el actor se refiere, entre los hechos que fundamentaban su demanda, al pliego de cargos en el que se proponía la imposición de la sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo, a la conformidad prestada a dicho pliego por el encartado y a la anulación de ambos por el Sr Director General de la Guardia Civil, en su escrito de conclusiones resalta como hecho relevante el «Cambio de pliego a la sanción máxima sin hechos nuevos»; cuestiones a las que, sin embargo, no se refiere la Ilma. Abogacía del Estado ni en su escrito de contestación a la demanda ni en el de conclusiones.

A juicio de la Sala, las referidas anulaciones tanto del pliego de cargos formulado el 27 de junio de 2024 por la Sra. Instructora del expediente disciplinario como de la conformidad prestada al mismo por el encartado en igual fecha carecen de cobertura en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez el citado pliego de cargos, formulado por iniciativa de la instructora a la vista de las pruebas hasta ese momento practicadas, y también la ulterior conformidad del encartado se ajustaban a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, en sus apartados 1 -Una vez que se hayan practicado las actuaciones y las diligencias a que se refiere el apartado primero del artículo anterior, el instructor formulará, si a ello hubiera lugar, el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá todos los hechos imputados, la calificación jurídica y la sanción que se estime procedente-,4 -Cuando el expediente se incoe por las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, se acompañará al pliego de cargos la sentencia condenatoria-y 6 -Cuando el interesado, por escrito o mediante comparecencia ante el instructor y secretario, mostrara su conformidad con el pliego de cargos, se elevará el expediente a la Autoridad competente para resolver-del artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, sin que, por otro, lado el referido pliego hubiera sido objeto de impugnación.

La anulación de ambas actuaciones aparecía amparada, según expresaba el informe jurídico que sirvió de motivación a la decisión del Director General de la Guardia Civil, en el artículo 62 de la referida ley disciplinaria, por discrepancia con la sanción propuesta por la Instructora del expediente, indicando taxativamente el indicado informe que la sanción procedente que debía figurar en el pliego de cargos era la de separación del servicio, sin que contuviera motivación alguna ni respecto a la eficacia atribuible a la conformidad prestada por el encartado al pliego de cargos ni referente a las específicas razones legales que determinaban su anulación, pues ocurre que dicho artículo 62 -enmarcado en la Sección 3ª, dedicada a la Terminacióndel procedimiento por faltas graves y muy graves, e incluida en el Capítulo III del Título IV de la tan citada ley- no autoriza a anular el pliego de cargos, como tampoco la conformidad prestada al mismo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -de aplicación supletoria respecto de lo no previsto en la Ley Orgánica 12/2007, según establece la Disposición adicional primera de esta última ley-, la anulación de las referidas actuaciones instructoras sólo sería posible, bien si hubiese concurrido en ellas alguna causa de nulidad de pleno derecho de las determinadas en el primer artículo citado o bien si hubiesen incurrido dichas actuaciones en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Y en todo caso mediante una resolución debida y suficientemente motivada en Derecho.

2. Ciertamente la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, no concreta los efectos de la conformidad del encartado con el contenido del pliego de cargos, como tampoco la posibilidad de su anulación por la Autoridad disciplinaria, lo que obliga a esta Sala a realizar una interpretación del único precepto de la expresada ley en el que se contempla la conformidad del encartado, esto es del antes citado artículo 57.

Y lo que no ofrece duda para la Sala es que si dicho instituto de la conformidad se introdujo como «novedad destacable»en la Ley Orgánica 12/2007 -según expresa su Preámbulo-, no fue a modo de adorno, sino para que tuviera una eficacia concreta, como forma anticipada de terminación del expediente mediante un reconocimiento de la culpabilidad y aceptación tanto de la infracción como de la sanción propuesta en el pliego de cargos, en forma análoga a la eficacia reconocida a la conformidad entre las acusaciones y la defensa del acusado en los procesos penales, pues no podemos olvidar que la Ley Orgánica Procesal Militar -en cuyos artículos 279, 283, 307, 395 y 499 se reconoce y regula la figura de la conformidad- es declarada también norma de aplicación supletoria por la Disposición Adicional Primera de la referida ley disciplinaria de la Guardia Civil, respecto de todo lo no previsto en la presente ley.

3. Analizado a la luz de la anterior doctrina el caso sometido a nuestra resolución, constatamos que la decisión anulatoria del Sr. Director General de la Guardia Civil carece tanto de cobertura legal como de motivación suficiente que explique las razones por las que priva de validez y eficacia a la conformidad prestada al pliego de cargos por el expedientado, resultando también evidente para la Sala la negativa incidencia que dicha decisión tuvo en los derechos fundamentales del encartado a un proceso con todas las garantías y a la defensa, toda vez, que, además de predeterminar desde fase tan temprana del expediente la sanción que procedía imponer -al margen de las pruebas de descargo ya practicadas o que todavía pudieran practicarse-, limitaba muy seriamente las posibilidades de defensa del encartado por haber reconocido éste ya su culpabilidad y la calificación como falta muy grave de la infracción cometida.

Como ya hemos apuntado, a juicio de la Sala tanto el inicial pliego de cargos formulado por la Instructora del expediente como la conformidad prestada al mismo por el encartado se ajustaron a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil, incluida la sanción propuesta, pues, aunque ciertamente benévola, se encuentra entre las previstas en el artículo 11.1 de la misma ley para sancionar las faltas muy graves, sin que apreciemos, por tanto, la concurrencia de causa alguna que justifique la anulación de aquellas actuaciones.

CUARTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos;2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso,de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido; 3. Los jueces y las juezas protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión [...]-, la Sala considera que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por los graves defectos que hemos apreciado en nuestro anterior Fundamento de Derecho, comporta, junto a la estimación del recurso, la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración con posterioridad a la conformidad prestada por el expedientado al pliego de cargos formulado en fecha 27 de junio de 2024, procediendo imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto, en consonancia con lo que en dicho pliego de cargos se propone con su conformidad, la sanción disciplinaria de tres meses y un día de suspensión de empleo, como autor de la falta muy grave prevista en el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer cualquier delito que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos»; con los efectos legales, administrativos, económicos y de cualquier otra índole que se derivan en favor del recurrente como consecuencia de la sustitución de la sanción de separación del servicio anulada por la de tres meses y un día de suspensión de empleo.

QUINTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-disciplinario ordinario la resolución de la Excma. Ministra de Defensa de fecha 24 de febrero de 2025, por la que acuerda estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra la resolución de 4 de noviembre de 2024, dictada por la misma Autoridad en el expediente disciplinario NUM000, en la que se dispuso imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor de una falta muy grave, tipificada en el artículo 7, apartado 13, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos». La referida estimación parcial del recurso de reposición se limita a modificar el punto IV de la declaración de hechos probados de la resolución sancionadora, «manteniéndose el resto de pronunciamientos contenidos en la misma».

SEGUNDO.-1. Articula el recurrente su demanda en torno a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, alegación que sustenta en distintos hechos y fundamentos jurídicos.

Entre los hechos, refiere el actor que el pliego de cargos acordado por la Instructora del expediente, en el que se proponía la sanción al recurrente de 3 meses y 1 día de suspensión de empleo (F-119 ss), y al que tras su notificación prestó conformidad el hoy recurrente, fue sin embargo anulado por el Director General de la Guardia Civil en fecha 09/07/2025 (F-127 y ss), al considerar éste como más idónea la sanción de separación del servicio, procediéndose por ello, a partir de entonces, a proponerse tanto en el nuevo pliego de cargos como en la propuesta de resolución, informes y acuerdos de la Autoridad sancionadora la máxima sanción de separación del servicio, pese a las alegaciones y pruebas de descargo aportadas por el encartado.

Considera más adelante la representación procesal del recurrente que «sin entrar a rebatir los hechos probados, que vienen dados de forma objetiva en la sentencia condenatoria firme», debe atenuarse la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.c) de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, esencialmente por la hoja de servicios de su representado, que cuenta con 33 años de servicio intachable y una espléndida trayectoria profesional, en la que consta: la concesión de una Cruz con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil; Cruces a la Constancia en el Servicio en sus modalidades de Bronce y Plata; cinco felicitaciones individuales del Director General de la Guardia Civil y otros distintivos. Ello unido a una conducta intachable revelada tanto por los informes personales de calificación, todos ellos positivos, como por la ausencia de antecedentes penales y notas desfavorables en su hoja de servicios.

Señala también el recurrente que los hechos objeto de la condena penal no están relacionados con la funciones y tareas que tenía asignadas como miembro de la Guardia Civil y, de hecho, tras la suspensión cautelar de la licencia de armas continuó prestando su servicio en el Destacamento de Tráfico de DIRECCION000 como mecánico dedicado al mantenimiento de los automóviles y motocicletas. Lo que debe valorarse a la hora de determinar la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.g) de la citada ley disciplinaria.

Ilustra la parte recurrente su exposición con la cita de diversas sentencias de esta Sala en las que se remarca la necesidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil, de que las sanciones guarden proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motivan, lo que implica el deber de llevar a cabo una verdadera tarea individualizadora de la respuesta disciplinaria en función de la antijuridicidad del hecho, de las circunstancias del autor de la infracción y del interés del servicio, tomando en consideración el conjunto de factores objetivos y subjetivos concurrentes en el caso. Incluye también una cita de la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, de fecha 25 de septiembre de 2003, recaída en el recurso de casación núm. 527/1998, conforme a la cual: «La potestad sancionadora no tiene carácter discrecional y esto conlleva que, cuando para una determinada infracción haya legalmente previsto un elenco de sanciones, la imposición de una más grave o elevada de la establecida con el carácter de mínima deberá ser claramente motivada mediante la consignación de las especificas razones y circunstancias en que se funda la superior malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir ese mayor castigo. Así lo impone la interdicción de arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución y también el principio de proporcionalidad comprendido en las garantías del artículo 25 del mismo texto constitucional».

Termina la representación procesal del recurrente el desarrollo de su alegación con la invocación del principio iura novit curia.

2. En su escrito de contestación a la demanda, la Ilma. Abogacía del Estado, ateniéndose a los hechos declarados como probados por la resolución sancionadora, considera que la conducta objeto de sanción ha quedado plenamente acreditada en el expediente administrativo.

Manifiesta que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del encartado y que en su conducta concurren todos los elementos del tipo disciplinario contemplado en el artículo 7.13 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil. Argumenta que los bienes jurídicos tutelados en sede penal y en sede disciplinaria son distintos, de forma que lo tutelado en ésta es la irreprochabilidad penal de los servidores públicos integrados en la Guardia Civil, con fundamento en la relación de especial sujeción que los une con el Estado; que la condena penal en este caso fue por delitos dolosos, y que, además de afectar a la dignidad, imagen y confianza de los ciudadanos en el Cuerpo, ha causado grave perjuicio a una ciudadana concreta, la ex pareja del encartado.

En lo que a la proporcionalidad de la sanción se refiere, afirma la Abogacía del Estado que «la gravedad del daño ocasionado fluye de modo natural del relato de hechos expuesto, y que han sido tenidos en cuenta los criterios establecidos en el 19 LORDGC». Señala, en síntesis: que se han impuesto al encartado tres condenas con una pena principal de 23 meses de prisión; la gravedad de los hechos sentenciados con lesión a la integridad física y a la libertad personal, perturbando la paz familiar en el ámbito de convivencia doméstica; que la sanción que haya de imponerse en casos como estos no puede dar la espalda a la realidad socio-jurídica de los delitos de violencia de género, objeto de «atención y repudio especiales en el ámbito gubernativo y penal»; el tratarse de una conducta dolosa continuada en el tiempo, y «la imposición como penas accesorias de privación de porte de armas, lo cual ya de suyo dificultaría el quehacer profesional del encartado, sin que sea dato relevante que, desde la suspensión cautelar de ese porte y uso, el actor hubiese sido relegado a tareas de mecánico».

Manifiesta la Abogacía del Estado que «tal juicio de individualización no se minora a nuestro entender ( Art. 19.c LORDGC) ante el historial profesional del encartado (folios 43 y ss)», pues considera que los méritos invocados son inherentes al desempeño de las labores propias de su condición, que «en nada enervan las consideraciones anteriores relativas a unos hechos objetivamente tan detestables ni pueden mitigar o atemperar la gravedad de su conducta posterior o el juicio de oprobio que comportan, ni desde luego merman la necesidad e importancia del reproche disciplinario».

Alega finalmente la Abogacía del Estado que esta Sala viene confirmando sanciones sustancialmente idénticas a la aquí debatida, sirviendo como ejemplo la reciente STS de 12 de marzo de 2025, recaída en el recurso contencioso-disciplinario ordinario 7/2024.

TERCERO.-1. La Sala, al abordar el presente recurso contencioso-disciplinario ordinario con la plenitud de jurisdicción propia de este tipo de recurso, no puede prescindir de las incidencias y datos obrantes en el expediente disciplinario, según hemos relacionado en los Antecedentes de Hecho de la presente sentencia, dada su relevancia para resolver conforme a Derecho la demanda sometida a nuestra consideración.

Especial atención merece a la Sala la anulación tanto del pliego de cargos como de la subsiguiente conformidad prestada al mismo por el encartado, anulaciones ordenadas practicar a la Sra. Instructora por el Sr. Director General de la Guardia Civil en resolución de fecha 9 de julio de 2024, previo informe de su Asesoría Jurídica, cuyo contenido hemos descrito en el Antecedente de Hecho Cuarto de esta sentencia.

Si ya el actor se refiere, entre los hechos que fundamentaban su demanda, al pliego de cargos en el que se proponía la imposición de la sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo, a la conformidad prestada a dicho pliego por el encartado y a la anulación de ambos por el Sr Director General de la Guardia Civil, en su escrito de conclusiones resalta como hecho relevante el «Cambio de pliego a la sanción máxima sin hechos nuevos»; cuestiones a las que, sin embargo, no se refiere la Ilma. Abogacía del Estado ni en su escrito de contestación a la demanda ni en el de conclusiones.

A juicio de la Sala, las referidas anulaciones tanto del pliego de cargos formulado el 27 de junio de 2024 por la Sra. Instructora del expediente disciplinario como de la conformidad prestada al mismo por el encartado en igual fecha carecen de cobertura en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez el citado pliego de cargos, formulado por iniciativa de la instructora a la vista de las pruebas hasta ese momento practicadas, y también la ulterior conformidad del encartado se ajustaban a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, en sus apartados 1 -Una vez que se hayan practicado las actuaciones y las diligencias a que se refiere el apartado primero del artículo anterior, el instructor formulará, si a ello hubiera lugar, el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá todos los hechos imputados, la calificación jurídica y la sanción que se estime procedente-,4 -Cuando el expediente se incoe por las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, se acompañará al pliego de cargos la sentencia condenatoria-y 6 -Cuando el interesado, por escrito o mediante comparecencia ante el instructor y secretario, mostrara su conformidad con el pliego de cargos, se elevará el expediente a la Autoridad competente para resolver-del artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, sin que, por otro, lado el referido pliego hubiera sido objeto de impugnación.

La anulación de ambas actuaciones aparecía amparada, según expresaba el informe jurídico que sirvió de motivación a la decisión del Director General de la Guardia Civil, en el artículo 62 de la referida ley disciplinaria, por discrepancia con la sanción propuesta por la Instructora del expediente, indicando taxativamente el indicado informe que la sanción procedente que debía figurar en el pliego de cargos era la de separación del servicio, sin que contuviera motivación alguna ni respecto a la eficacia atribuible a la conformidad prestada por el encartado al pliego de cargos ni referente a las específicas razones legales que determinaban su anulación, pues ocurre que dicho artículo 62 -enmarcado en la Sección 3ª, dedicada a la Terminacióndel procedimiento por faltas graves y muy graves, e incluida en el Capítulo III del Título IV de la tan citada ley- no autoriza a anular el pliego de cargos, como tampoco la conformidad prestada al mismo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -de aplicación supletoria respecto de lo no previsto en la Ley Orgánica 12/2007, según establece la Disposición adicional primera de esta última ley-, la anulación de las referidas actuaciones instructoras sólo sería posible, bien si hubiese concurrido en ellas alguna causa de nulidad de pleno derecho de las determinadas en el primer artículo citado o bien si hubiesen incurrido dichas actuaciones en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Y en todo caso mediante una resolución debida y suficientemente motivada en Derecho.

2. Ciertamente la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, no concreta los efectos de la conformidad del encartado con el contenido del pliego de cargos, como tampoco la posibilidad de su anulación por la Autoridad disciplinaria, lo que obliga a esta Sala a realizar una interpretación del único precepto de la expresada ley en el que se contempla la conformidad del encartado, esto es del antes citado artículo 57.

Y lo que no ofrece duda para la Sala es que si dicho instituto de la conformidad se introdujo como «novedad destacable»en la Ley Orgánica 12/2007 -según expresa su Preámbulo-, no fue a modo de adorno, sino para que tuviera una eficacia concreta, como forma anticipada de terminación del expediente mediante un reconocimiento de la culpabilidad y aceptación tanto de la infracción como de la sanción propuesta en el pliego de cargos, en forma análoga a la eficacia reconocida a la conformidad entre las acusaciones y la defensa del acusado en los procesos penales, pues no podemos olvidar que la Ley Orgánica Procesal Militar -en cuyos artículos 279, 283, 307, 395 y 499 se reconoce y regula la figura de la conformidad- es declarada también norma de aplicación supletoria por la Disposición Adicional Primera de la referida ley disciplinaria de la Guardia Civil, respecto de todo lo no previsto en la presente ley.

3. Analizado a la luz de la anterior doctrina el caso sometido a nuestra resolución, constatamos que la decisión anulatoria del Sr. Director General de la Guardia Civil carece tanto de cobertura legal como de motivación suficiente que explique las razones por las que priva de validez y eficacia a la conformidad prestada al pliego de cargos por el expedientado, resultando también evidente para la Sala la negativa incidencia que dicha decisión tuvo en los derechos fundamentales del encartado a un proceso con todas las garantías y a la defensa, toda vez, que, además de predeterminar desde fase tan temprana del expediente la sanción que procedía imponer -al margen de las pruebas de descargo ya practicadas o que todavía pudieran practicarse-, limitaba muy seriamente las posibilidades de defensa del encartado por haber reconocido éste ya su culpabilidad y la calificación como falta muy grave de la infracción cometida.

Como ya hemos apuntado, a juicio de la Sala tanto el inicial pliego de cargos formulado por la Instructora del expediente como la conformidad prestada al mismo por el encartado se ajustaron a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil, incluida la sanción propuesta, pues, aunque ciertamente benévola, se encuentra entre las previstas en el artículo 11.1 de la misma ley para sancionar las faltas muy graves, sin que apreciemos, por tanto, la concurrencia de causa alguna que justifique la anulación de aquellas actuaciones.

CUARTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos;2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso,de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido; 3. Los jueces y las juezas protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión [...]-, la Sala considera que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por los graves defectos que hemos apreciado en nuestro anterior Fundamento de Derecho, comporta, junto a la estimación del recurso, la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración con posterioridad a la conformidad prestada por el expedientado al pliego de cargos formulado en fecha 27 de junio de 2024, procediendo imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto, en consonancia con lo que en dicho pliego de cargos se propone con su conformidad, la sanción disciplinaria de tres meses y un día de suspensión de empleo, como autor de la falta muy grave prevista en el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer cualquier delito que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos»; con los efectos legales, administrativos, económicos y de cualquier otra índole que se derivan en favor del recurrente como consecuencia de la sustitución de la sanción de separación del servicio anulada por la de tres meses y un día de suspensión de empleo.

QUINTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-disciplinario ordinario la resolución de la Excma. Ministra de Defensa de fecha 24 de febrero de 2025, por la que acuerda estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra la resolución de 4 de noviembre de 2024, dictada por la misma Autoridad en el expediente disciplinario NUM000, en la que se dispuso imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor de una falta muy grave, tipificada en el artículo 7, apartado 13, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos». La referida estimación parcial del recurso de reposición se limita a modificar el punto IV de la declaración de hechos probados de la resolución sancionadora, «manteniéndose el resto de pronunciamientos contenidos en la misma».

SEGUNDO.-1. Articula el recurrente su demanda en torno a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, alegación que sustenta en distintos hechos y fundamentos jurídicos.

Entre los hechos, refiere el actor que el pliego de cargos acordado por la Instructora del expediente, en el que se proponía la sanción al recurrente de 3 meses y 1 día de suspensión de empleo (F-119 ss), y al que tras su notificación prestó conformidad el hoy recurrente, fue sin embargo anulado por el Director General de la Guardia Civil en fecha 09/07/2025 (F-127 y ss), al considerar éste como más idónea la sanción de separación del servicio, procediéndose por ello, a partir de entonces, a proponerse tanto en el nuevo pliego de cargos como en la propuesta de resolución, informes y acuerdos de la Autoridad sancionadora la máxima sanción de separación del servicio, pese a las alegaciones y pruebas de descargo aportadas por el encartado.

Considera más adelante la representación procesal del recurrente que «sin entrar a rebatir los hechos probados, que vienen dados de forma objetiva en la sentencia condenatoria firme», debe atenuarse la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.c) de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, esencialmente por la hoja de servicios de su representado, que cuenta con 33 años de servicio intachable y una espléndida trayectoria profesional, en la que consta: la concesión de una Cruz con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil; Cruces a la Constancia en el Servicio en sus modalidades de Bronce y Plata; cinco felicitaciones individuales del Director General de la Guardia Civil y otros distintivos. Ello unido a una conducta intachable revelada tanto por los informes personales de calificación, todos ellos positivos, como por la ausencia de antecedentes penales y notas desfavorables en su hoja de servicios.

Señala también el recurrente que los hechos objeto de la condena penal no están relacionados con la funciones y tareas que tenía asignadas como miembro de la Guardia Civil y, de hecho, tras la suspensión cautelar de la licencia de armas continuó prestando su servicio en el Destacamento de Tráfico de DIRECCION000 como mecánico dedicado al mantenimiento de los automóviles y motocicletas. Lo que debe valorarse a la hora de determinar la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.g) de la citada ley disciplinaria.

Ilustra la parte recurrente su exposición con la cita de diversas sentencias de esta Sala en las que se remarca la necesidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil, de que las sanciones guarden proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motivan, lo que implica el deber de llevar a cabo una verdadera tarea individualizadora de la respuesta disciplinaria en función de la antijuridicidad del hecho, de las circunstancias del autor de la infracción y del interés del servicio, tomando en consideración el conjunto de factores objetivos y subjetivos concurrentes en el caso. Incluye también una cita de la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, de fecha 25 de septiembre de 2003, recaída en el recurso de casación núm. 527/1998, conforme a la cual: «La potestad sancionadora no tiene carácter discrecional y esto conlleva que, cuando para una determinada infracción haya legalmente previsto un elenco de sanciones, la imposición de una más grave o elevada de la establecida con el carácter de mínima deberá ser claramente motivada mediante la consignación de las especificas razones y circunstancias en que se funda la superior malicia o desidia que se tienen en cuenta para elegir ese mayor castigo. Así lo impone la interdicción de arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución y también el principio de proporcionalidad comprendido en las garantías del artículo 25 del mismo texto constitucional».

Termina la representación procesal del recurrente el desarrollo de su alegación con la invocación del principio iura novit curia.

2. En su escrito de contestación a la demanda, la Ilma. Abogacía del Estado, ateniéndose a los hechos declarados como probados por la resolución sancionadora, considera que la conducta objeto de sanción ha quedado plenamente acreditada en el expediente administrativo.

Manifiesta que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del encartado y que en su conducta concurren todos los elementos del tipo disciplinario contemplado en el artículo 7.13 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil. Argumenta que los bienes jurídicos tutelados en sede penal y en sede disciplinaria son distintos, de forma que lo tutelado en ésta es la irreprochabilidad penal de los servidores públicos integrados en la Guardia Civil, con fundamento en la relación de especial sujeción que los une con el Estado; que la condena penal en este caso fue por delitos dolosos, y que, además de afectar a la dignidad, imagen y confianza de los ciudadanos en el Cuerpo, ha causado grave perjuicio a una ciudadana concreta, la ex pareja del encartado.

En lo que a la proporcionalidad de la sanción se refiere, afirma la Abogacía del Estado que «la gravedad del daño ocasionado fluye de modo natural del relato de hechos expuesto, y que han sido tenidos en cuenta los criterios establecidos en el 19 LORDGC». Señala, en síntesis: que se han impuesto al encartado tres condenas con una pena principal de 23 meses de prisión; la gravedad de los hechos sentenciados con lesión a la integridad física y a la libertad personal, perturbando la paz familiar en el ámbito de convivencia doméstica; que la sanción que haya de imponerse en casos como estos no puede dar la espalda a la realidad socio-jurídica de los delitos de violencia de género, objeto de «atención y repudio especiales en el ámbito gubernativo y penal»; el tratarse de una conducta dolosa continuada en el tiempo, y «la imposición como penas accesorias de privación de porte de armas, lo cual ya de suyo dificultaría el quehacer profesional del encartado, sin que sea dato relevante que, desde la suspensión cautelar de ese porte y uso, el actor hubiese sido relegado a tareas de mecánico».

Manifiesta la Abogacía del Estado que «tal juicio de individualización no se minora a nuestro entender ( Art. 19.c LORDGC) ante el historial profesional del encartado (folios 43 y ss)», pues considera que los méritos invocados son inherentes al desempeño de las labores propias de su condición, que «en nada enervan las consideraciones anteriores relativas a unos hechos objetivamente tan detestables ni pueden mitigar o atemperar la gravedad de su conducta posterior o el juicio de oprobio que comportan, ni desde luego merman la necesidad e importancia del reproche disciplinario».

Alega finalmente la Abogacía del Estado que esta Sala viene confirmando sanciones sustancialmente idénticas a la aquí debatida, sirviendo como ejemplo la reciente STS de 12 de marzo de 2025, recaída en el recurso contencioso-disciplinario ordinario 7/2024.

TERCERO.-1. La Sala, al abordar el presente recurso contencioso-disciplinario ordinario con la plenitud de jurisdicción propia de este tipo de recurso, no puede prescindir de las incidencias y datos obrantes en el expediente disciplinario, según hemos relacionado en los Antecedentes de Hecho de la presente sentencia, dada su relevancia para resolver conforme a Derecho la demanda sometida a nuestra consideración.

Especial atención merece a la Sala la anulación tanto del pliego de cargos como de la subsiguiente conformidad prestada al mismo por el encartado, anulaciones ordenadas practicar a la Sra. Instructora por el Sr. Director General de la Guardia Civil en resolución de fecha 9 de julio de 2024, previo informe de su Asesoría Jurídica, cuyo contenido hemos descrito en el Antecedente de Hecho Cuarto de esta sentencia.

Si ya el actor se refiere, entre los hechos que fundamentaban su demanda, al pliego de cargos en el que se proponía la imposición de la sanción de tres meses y un día de suspensión de empleo, a la conformidad prestada a dicho pliego por el encartado y a la anulación de ambos por el Sr Director General de la Guardia Civil, en su escrito de conclusiones resalta como hecho relevante el «Cambio de pliego a la sanción máxima sin hechos nuevos»; cuestiones a las que, sin embargo, no se refiere la Ilma. Abogacía del Estado ni en su escrito de contestación a la demanda ni en el de conclusiones.

A juicio de la Sala, las referidas anulaciones tanto del pliego de cargos formulado el 27 de junio de 2024 por la Sra. Instructora del expediente disciplinario como de la conformidad prestada al mismo por el encartado en igual fecha carecen de cobertura en nuestro Ordenamiento Jurídico, toda vez el citado pliego de cargos, formulado por iniciativa de la instructora a la vista de las pruebas hasta ese momento practicadas, y también la ulterior conformidad del encartado se ajustaban a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, en sus apartados 1 -Una vez que se hayan practicado las actuaciones y las diligencias a que se refiere el apartado primero del artículo anterior, el instructor formulará, si a ello hubiera lugar, el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá todos los hechos imputados, la calificación jurídica y la sanción que se estime procedente-,4 -Cuando el expediente se incoe por las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, se acompañará al pliego de cargos la sentencia condenatoria-y 6 -Cuando el interesado, por escrito o mediante comparecencia ante el instructor y secretario, mostrara su conformidad con el pliego de cargos, se elevará el expediente a la Autoridad competente para resolver-del artículo 57 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, sin que, por otro, lado el referido pliego hubiera sido objeto de impugnación.

La anulación de ambas actuaciones aparecía amparada, según expresaba el informe jurídico que sirvió de motivación a la decisión del Director General de la Guardia Civil, en el artículo 62 de la referida ley disciplinaria, por discrepancia con la sanción propuesta por la Instructora del expediente, indicando taxativamente el indicado informe que la sanción procedente que debía figurar en el pliego de cargos era la de separación del servicio, sin que contuviera motivación alguna ni respecto a la eficacia atribuible a la conformidad prestada por el encartado al pliego de cargos ni referente a las específicas razones legales que determinaban su anulación, pues ocurre que dicho artículo 62 -enmarcado en la Sección 3ª, dedicada a la Terminacióndel procedimiento por faltas graves y muy graves, e incluida en el Capítulo III del Título IV de la tan citada ley- no autoriza a anular el pliego de cargos, como tampoco la conformidad prestada al mismo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -de aplicación supletoria respecto de lo no previsto en la Ley Orgánica 12/2007, según establece la Disposición adicional primera de esta última ley-, la anulación de las referidas actuaciones instructoras sólo sería posible, bien si hubiese concurrido en ellas alguna causa de nulidad de pleno derecho de las determinadas en el primer artículo citado o bien si hubiesen incurrido dichas actuaciones en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Y en todo caso mediante una resolución debida y suficientemente motivada en Derecho.

2. Ciertamente la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, no concreta los efectos de la conformidad del encartado con el contenido del pliego de cargos, como tampoco la posibilidad de su anulación por la Autoridad disciplinaria, lo que obliga a esta Sala a realizar una interpretación del único precepto de la expresada ley en el que se contempla la conformidad del encartado, esto es del antes citado artículo 57.

Y lo que no ofrece duda para la Sala es que si dicho instituto de la conformidad se introdujo como «novedad destacable»en la Ley Orgánica 12/2007 -según expresa su Preámbulo-, no fue a modo de adorno, sino para que tuviera una eficacia concreta, como forma anticipada de terminación del expediente mediante un reconocimiento de la culpabilidad y aceptación tanto de la infracción como de la sanción propuesta en el pliego de cargos, en forma análoga a la eficacia reconocida a la conformidad entre las acusaciones y la defensa del acusado en los procesos penales, pues no podemos olvidar que la Ley Orgánica Procesal Militar -en cuyos artículos 279, 283, 307, 395 y 499 se reconoce y regula la figura de la conformidad- es declarada también norma de aplicación supletoria por la Disposición Adicional Primera de la referida ley disciplinaria de la Guardia Civil, respecto de todo lo no previsto en la presente ley.

3. Analizado a la luz de la anterior doctrina el caso sometido a nuestra resolución, constatamos que la decisión anulatoria del Sr. Director General de la Guardia Civil carece tanto de cobertura legal como de motivación suficiente que explique las razones por las que priva de validez y eficacia a la conformidad prestada al pliego de cargos por el expedientado, resultando también evidente para la Sala la negativa incidencia que dicha decisión tuvo en los derechos fundamentales del encartado a un proceso con todas las garantías y a la defensa, toda vez, que, además de predeterminar desde fase tan temprana del expediente la sanción que procedía imponer -al margen de las pruebas de descargo ya practicadas o que todavía pudieran practicarse-, limitaba muy seriamente las posibilidades de defensa del encartado por haber reconocido éste ya su culpabilidad y la calificación como falta muy grave de la infracción cometida.

Como ya hemos apuntado, a juicio de la Sala tanto el inicial pliego de cargos formulado por la Instructora del expediente como la conformidad prestada al mismo por el encartado se ajustaron a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la ley disciplinaria de la Guardia Civil, incluida la sanción propuesta, pues, aunque ciertamente benévola, se encuentra entre las previstas en el artículo 11.1 de la misma ley para sancionar las faltas muy graves, sin que apreciemos, por tanto, la concurrencia de causa alguna que justifique la anulación de aquellas actuaciones.

CUARTO.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos;2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso,de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido; 3. Los jueces y las juezas protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión [...]-, la Sala considera que el restablecimiento del orden jurídico perturbado por los graves defectos que hemos apreciado en nuestro anterior Fundamento de Derecho, comporta, junto a la estimación del recurso, la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por la Administración con posterioridad a la conformidad prestada por el expedientado al pliego de cargos formulado en fecha 27 de junio de 2024, procediendo imponer al Guardia Civil D. Carlos Alberto, en consonancia con lo que en dicho pliego de cargos se propone con su conformidad, la sanción disciplinaria de tres meses y un día de suspensión de empleo, como autor de la falta muy grave prevista en el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, consistente en «cometer cualquier delito que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos»; con los efectos legales, administrativos, económicos y de cualquier otra índole que se derivan en favor del recurrente como consecuencia de la sustitución de la sanción de separación del servicio anulada por la de tres meses y un día de suspensión de empleo.

QUINTO.-Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la justicia militar, conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.