Sentencia Militar 34/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar, Rec. 34/2023 de 13 de septiembre del 2024

PRIMERO.- 1. La Resolución impugnada de la Ministra de Defensa, de 18 de octubre de 2023, impuso al Guardia Civil recurrente la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor responsable de la falta muy grave prevista en el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, consistente en "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración y a los ciudadanos".

En su escueto recurso ante esta Sala el recurrente se limita a solicitar que la citada sanción de separación del servicio le sea sustituida por una sanción más benévola, en concreto, por una sanción de seis años de suspensión

En apoyo de dicha pretensión formula una única alegación en la que denuncia infracción del principio de proporcionalidad, al considerar que, para graduar la sanción, la resolución de la Ministra de Defensa debía de haber tenido en consideración y valorado las patologías que padece.

Alega que su responsabilidad debió ser modulada en atención al grave problema de drogadicción que padecía en el momento de cometer los hechos por los que fue condenado. El recurrente recuerda a la Sala que el artículo 19 de la L.O. 12/2007, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, establece como primer criterio para la graduación de las sanciones la intencionalidad y sostiene que, en su caso, no cabe duda de que la conducta por la que fue condenado tuvo lugar en un episodio de drogadicción en el que tenía sus capacidades volitivas mermadas.

2. La Abogacía del Estado, por su parte, solicita la desestimación íntegra del recurso al considerar que la resolución impugnada resulta plenamente conforme a derecho.

SEGUNDO.- 1. Como esta Sala viene reiteradamente recordando (Sentencias de 10 de enero de 2017, 21 de diciembre de 2021, 15 de diciembre de 2023 y 3 de abril de 2024, en las que, a su vez, se citan las de 30 de Julio de 2015, 4 de Julio de 2012 y 30 de diciembre de 2022 entre otras muchas) el principio de proporcionalidad en la imposición de las penas deriva del valor justicia establecido en el artículo 1º de la Constitución como garantía superior del ordenamiento jurídico y obliga, por tanto, a todos los poderes públicos ( artículo 9.1º CE) .

Dicho principio, recogido en la actualidad en el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, informa también, como no podía ser menos, la actividad disciplinaria de la Guardia Civil.

Así, el citado artículo 19 de la Ley de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, reguladora del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, establece expresamente que " Las sanciones que se impongan en el ejercicio de la potestad sancionadora atribuida por esta ley guardarán proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motiven y se individualizarán atendiendo a las vicisitudes que concurran en los autores y a las que afecten al interés del servicio".

Y, a renglón seguido dicho precepto señala que " Para la graduación de la sanción que se vaya a imponer, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La intencionalidad.

b) La reincidencia, siempre que no constituya una falta en si misma.

c) El historial profesional que, a estos efectos, solo podrá valorarse como circunstancia atenuante.

d) La incidencia sobre la seguridad ciudadana.

e) La perturbación en el normal funcionamiento de la Administración o los servicios que le estén encomendados.

f) El grado de afectación de la falta cometida a los principios de disciplina, jerarquía, subordinación, así como a la imagen de la Institución.

g) En el caso de los artículos 7, número 13 y 8, número 29, se valorará específicamente la cuantía o la entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas".

2. En el caso que nos ocupa, la Autoridad sancionadora ha tenido precisamente en cuenta, para graduar la pena, los principios contenidos en el alegado artículo 19 de la L.O. 12/2007, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

Sucede que, como acabamos de exponer, en el caso de sanciones por el tipo disciplinario que nos ocupa ( artículo 7.13 de la L.O. 12/2007), el apartado g) del citado artículo 19 establece de manera expresa un criterio de valoración específico y preferente consistente en atender, de modo singular, a la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de la sentencia penal firme, así como a la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas al autor.

Esto es precisamente lo que, de manera correcta y tras reseñar la Jurisprudencia de esta Sala V al respecto, ha realizado y justificado la autoridad sancionadora. Así, se recuerda expresamente en la resolución de la Ministra de Defensa de 18 de octubre de 2023 (Fundamento de Derecho III), que aquí se impugna, que "cuando se trata de la falta muy grave que consideramos es indispensable valorar la condena penal, lo que a su vez significa tomar en consideración los hechos configuradores del delito imputado y la pena impuesta, decisivos a los efectos no solo de incardinación del tipo disciplinario utilizado sino también en lo atinente a las resultas sancionadora", concluyéndose, dado que el recurrente ha sido condenado a penas que suman dos años y cuatro meses de prisión, que "la única sanción adecuada es, por razón de la naturaleza de la condena, la del separación del servicio de ejecución instantánea y no susceptible de variación en su intensidad o rigor".

La autoridad sancionadora también toma en consideración el segundo criterio de valoración preferente, en este caso, referido a la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas al autor al señalar, en el mismo Fundamento de Derecho III (analizando al tiempo la intencionalidad de dicha conducta), que "los hechos que motivaron la condena son claramente reveladores de una intencionalidad especialmente notoria, de ignorar las funciones públicas de un componente de otra fuerza policial y de acometimiento a éste en su calidad de agente de la autoridad en el ejercicio de su cargo", añadiendo que "un aspecto de especialísima valoración- la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas- en relación con el cual ha de señalarse que la incalificable conducta del expedientado afecta genéricamente a un interés jurídico al que cualquier guardia civil debe contribuir, el orden público".

La resolución de la Ministra de Defensa resalta, asimismo, que la conducta delictiva del recurrente constituye un negativo impacto en la imagen de la Institución señalando que "la actuación penalmente castigada origina un muy relevante daño al Cuerpo de la Administración al que pertenece, pues al proyectarse el delito de atentado hacia otro agente de la policía local, no resulta concebible que desconociera la condición profesional de quien de forma tan inopinada le acometió".

Estos razonamientos expresan adecuadamente las razones que llevan a la Autoridad sancionadora a elegir la sanción de separación del servicio como la más adecuada respuesta disciplinaria a la infracción muy grave apreciada, de haber sido condenado por sentencia firme por un delito doloso (por dos delitos en este caso), señalándose, por último, que la sanción elegida es la que "se estima compatible con la necesidad de erradicar comportamientos que tan frontalmente percuten los principio de ejemplaridad y colaboración en la empresa común de la seguridad pública, exigibles a cualquier agente policial y militar de carrera. Porque el Guardia Civil, trascienda o no su condición, está en todo momento vinculado por sus peculiares principios básicos de actuación, y entre ellos, los de actuar con escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico y no incurrir en comportamientos que, con arreglo a su formación, sabe o debe saber, que pueden dar lugar a responsabilidades en el orden penal".

La Sala, insistimos, comparte, además, dichos razonamientos como justificación de la elección de la sanción más grave pues valoran adecuadamente, y de manera preferente, la entidad de la pena impuesta en virtud de la sentencia penal firme y la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas al autor, analizando, asimismo el grado de afectación de la falta cometida a la imagen de la Institución.

3. Procede, por todo ello, desestimar la única alegación formulada en la que el recurrente sostenía que debían de haberse valorado, de manera prioritaria, las patologías que padecía en el momento de cometer los hechos por los que fue condenado, consecuencia de su grave problema de drogadicción, pues, como hemos explicado, la falta disciplinaria que nos ocupa tiene establecidas legalmente las circunstancias que, de manera preferente, deben valorarse para graduar la concreta sanción a imponer y dichas circunstancias han sido aquí atinadamente examinadas.

Debe resaltarse, además, que las circunstancias personales del recurrente y el problema de drogadicción que padecía en el momento de cometer los hechos por los que fue condenado ya fueron oportunamente valorados en la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Cartagena, de 29 de julio de 2022 (confirmada en apelación por Sentencia de 15 de noviembre de 2022, de la Audiencia Provincial de Murcia), en la que se le apreció una eximente incompleta de alteración mental del artículo 21.1 en relación con el 20.1 del Código Penal, exclusivamente respecto del delito de atentado, en atención precisamente a la concurrencia de dichas circunstancias, por lo que ya tuvieron su adecuada y oportuna incidencia en el momento de imposición de la pena, determinando una rebaja de la misma.

Se desestima la alegación, como ya hemos anticipado, y, en consecuencia, el recurso.

TERCERO.- Las costas deben declararse de oficio, al administrarse gratuitamente la Justicia Militar, conforme al artículo 10 de la L.O. 4/1987, de 15 de julio.