Sentencia Penal 11/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 3418/2023 de 10 de enero del 2024

PRIMERO.- Por Procurador en representación del acusado Narciso se interpone recurso de apelación contra sentencia de 15.09.23 de la Juez del JVM 1 de Alcobendas (JDL 534/2022), que condena al acusado/ahora recurrente como autor de un delito leve de injurias previsto el artículo 173.4 CP. Alega error en la valoración de la prueba. Que para llegar a tales hechos probados se tuvo en cuenta las testificales de doña Marta, doña María Inés y don Luis Pedro, los amigos que estaban con doña Marta el día de los hechos, además, de la testifical del ahora recurrente. Que Doña María Inés, que en el acto del juicio oral, declaró en todo momento haber sido testigo de las manifestaciones por las que ha sido condenado, de llamar a doña Marta "puta, borracha, guarra", pero no se han tenido en cuenta en ningún momento las actuaciones previas existentes de dicha testigo. Así, la declaración judicial como testigo de Doña María Inés, folios 123 y 124 de las actuaciones, en la que se recoge: "Que cuando estaban en casa de Marta un grupo de amigos tomando algo,... Que cuando llegó Narciso les echó del domicilio de malas maneras, diciéndoles que eran unos insensatos y unos tontos. Que en ningún momento dijo nada ofensivo Narciso a Marta (folios 123 y 124). Es por ello, que considera que se ha producido un claro error en la valoración de la prueba, pues, tanto la declaración o denuncia judicial, como la denuncia policial de la testigo Doña María Inés, en ningún momento recoge las expresiones que en juicio dijo que pronunció el acusado, por las que ha sido condenado, siendo que en el acto del juicio oral, como testigo directo, las manifiesta en evidente y manifiesta contradicción frente a lo declarado anteriormente con todas las solemnidades y que corroboran la declaración del ahora recurrente, que dijo que en ningún momento dijo esas expresiones, ni en ninguna ocasión, primero porque su padre murió por alcoholismo con 52 años, teniendo él 14 años y en relación a la expresión de puta porque es la madre de su hija. Que en relación a la declaración de Marta o Marta, la víctima denunciante en este proceso, expareja del ahora recurrente, en su declaración o denuncia policial del pasado 23 de agosto de 2.022 en ningún momento denuncia que la insultara de ninguna manera el día de los hechos, según consta en actuaciones, y como dijo la Jueza en el acto del juicio oral, dicha denuncia de Doña Marta, "consta en autos", por lo que como prueba traída al acto del juicio oral, donde en ningún momento consta que denunciara los hechos por los cuales es juzgado, si bien en el acto del juicio oral dice que sí los denunció. Que tampoco consta en la declaración policial de la testigo María Inés ninguna referencia a insultos proferidos por el acusado, al contrario, manifiesta que no se refirió despectivamente hacia Marta. En relación al testigo Luis Pedro, en su denuncia policial del día 23 de agosto de 2.022 no consta de ninguna manera que el ahora recurrente profiriera los insultos por los que fue condenado. Lo que sí es cierto es que existe un problema de fondo sobre la custodia de la hija y el problema que puede tener Marta con la bebida que de alguna manera, la incapacita para la guarda y custodia sobre la hija que actualmente tiene el acusado y que el Juzgado conoce, siendo este proceso instrumental para tener una mejor posición hacia el proceso de familia. Alega vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del art. 24 CE. Interesa se revoque la sentencia apelada, absolviendo libremente al ahora recurrente del delito leve de injurias.

Por Procuradora en representación de la denunciante Marta se impugna el recurso. Que en la sentencia, la Juzgadora ha ido analizando minuciosamente toda la prueba que se ha practicado en el procedimiento. Que la calificación jurídica de la naturaleza de los medios de prueba incumbe a los Jueces y Tribunales , por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria que, como tal, corresponde a aquellos interpretar y valorar la prueba de acuerdo a su sana crítica ( AATC 332/1985, 835/1987). Igualmente la doctrina sentada por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, la restricción por parte del Tribunal de realizar la revisión de la apreciación probatoria realizada por el Juez "a quo" de aquellas pruebas de carácter personal que se practicaron en su presencia bajo los principios de inmediación y contradicción , como la declaración del acusado y de los testigos, limitación esta, que sólo permite su revisión en aquellos supuestos en los que el error sea notorio, evidente, importante o cuando se contraríen las normas de la lógica y el sentido común. Que las declaraciones se describen con precisión en la sentencia, analizando la Juez, de forma racional y lógica, las versiones dadas por el acusado y los testigos. Que la valoración efectuada, aprovechando las ventajas de la inmediación, es por quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante él practicadas, debe ser respetada en apelación, no apreciándose en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno. Interesa la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

El/La Fiscal, por escrito de 10.12.23, en relación al recurso interpuesto alega que habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada en el juicio por delito leve 534/22 y no habiendo tenido intervención en el mismo el Ministerio Fiscal al ser el delito leve de injurias un delito de naturaleza privada, no procede realizar alegaciones por el Ministerio Fiscal

SEGUNDO.- La Juez del JVM 1 de Alcobendas en su sentencia de 15.09.23 considera:

PRIMERO.- En cuanto a los hechos denunciados estos son constitutivos de un delito leve previsto en el Código Penal en el artículo 173.4 (de conformidad con lo dispuesto en la LO 1/2015, de 30 de marzo). Para apreciar la existencia de la infracción, es necesario que concurran una serie de requisitos: objetivos (una expresión, oral o escrita, o conducta objetiva con un contenido atentatorio al honor de otra persona) y el elemento subjetivo del injusto consistente en el "animus injuriandi" o intención o ánimo de ofender a la persona destinataria de la expresión injuriosa; intención o ánimo que se presume cuando las palabras o expresiones proferidas, como es el caso de autos, son gramatical y usualmente peyorativas u ofensivas.

En el acto del juicio el denunciado ha negado tales expresiones, afirmando que lo único que les dijo fue a las personas que acompañaban a doña Marta que se fueran que era tarde. No obstante, en el acto del juicio han declarado doña María Inés y don Luis Pedro, los amigos que estaban con doña Marta el día de los hechos. Ambos han ratificado la versión de doña Marta, afirmando que si que le dijo que era una puta, borracha, guarra.

Expresiones que " per se", denotan un contenido atentatorio al honor de la hoy perjudicada.

SEGUNDO.- De todo lo anterior se desprende que don Narciso es autor de un delito leve, un de maltrato familiar del artículo 173.4 del Código Penal , de su nueva redacción. Conforme el principio acusatorio que rige en los procedimientos penales procede acordar la pena de cinco días de localización permanente, entendiendo que la pena de 30 días de localización permanente solicitada por la Acusación Particular es desproporcionada, a tenor del modo en que se producen los hechos, dado que el demandado volvía de un viaje, era la 1.00 de la madrugada y había una menor descansando.

TERCERO.- Procede partir de recordar que el recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuentemente con lo manifestado es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia en los siguientes casos:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario- que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta última que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

CUARTO.- Procede partir de significar que el Tribunal Supremo, en p.e. STS 11.09.20, recuerda que las contradicciones, retractaciones o correcciones sobre la implicación de los coacusados, no significan inexistencia de prueba de cargo sino que constituyen un tema de valoración o apreciación probatoria, pudiendo el Tribunal confrontar unas y otras versiones y formar un juicio de conciencia, en función de las máximas ordinarias de experiencia, sobre su respectiva veracidad, atendiendo a su coherencia o incoherencia interna, razones expresadas para justificar la retractación, etc. conforme a lo prevenido por el art. 741 de la L.E.Criminal ( SSTS de 12 de diciembre de 1996 y 3 de octubre de 1997, entre otras). Como señala la STC 161/1990, lo que resulta determinante para la apreciación de la legitimidad de una declaración practicada en el sumario y contradictoria con la practicada en el juicio oral es que se dé oportunidad a quien ha efectuado esas declaraciones contradictorias para que explique esa diferencia y que el Juez pueda valorar con inmediación la rectificación producida.

Desde lo recordado, en el acto del plenario, la denunciante vino a manifestar (grabación j.o.), que el acusado le dijo los insultos que le sigue diciendo ahora, normalmente borracho, que el 28.08.22 denunció que estaba con unos amigos, tomando algo, él se llevó a su hija y apareció, que seguían conviviendo, pero ella se había echado otra pareja, subieron unos amigos a casa, la Policía vino y les invitaron a que se fueran y ella se fue; que la insulta todos los días, les insultó cuando subió ella con sus amigos, porque no quería estar sola. Cuando llegó la PN estaban todos en la casa, el primo estaba en casa. Subió ella con los amigos, y él la insultó y su hijo mayor llamó a la Policía. Que le dijo Borracha, Guarra, en presencia de sus hijos, 15 años tiene su hijo mayor y su hija. Preguntada por qué no lo denunció en Comisaría, manifiesta que sí lo hizo, el 22.08.22.

El investigado/ahora recurrente, quien no quiso declarar en sede policial, en fase de instrucción fue expresamente preguntado si la insulta con expresiones como Zorra, Puta y/o Borracha, para en el acto del plenario negar que la insultara, que no le dijo puta ni borracha, que él no llama borracho a nadie. Que en el pasado, cuando ella llegaba bebida, ella le decía Sí, ya sé que soy una borracha, pero él nunca en la vida se lo dijo, ni borracha, ni puta, ni guarra. Que él llamó a la PN. Que él llegó a Madrid con su hija, que le pareció oportuno ir con su hija a saludar a la madre. Que se acostaron y no sabe a qué hora se levantó, que estaban todos en el salón tomándose una cerveza, ellos tres con el niño, y les dijo literalmente: Salir de mi casa, que está mi hija durmiendo al lado. Que como no se iban llamó a la Policía. Que él no echó a Marta de su casa. No la insultó.

El testigo Luis Pedro vino a manifestar (grabación j.o.), que es amigo de Marta desde hace tiempo, y con Narciso igual. Que escuchó que él le dijo guarra, borracha, Hija de puta. Que estaban en casa de ellos, que él subió con Marta y con su chica, sobre la 1 ó 2 de la mañana, guarra hija de puta, borracha. A la PN le dijeron que él le había insultado a ella. Que el hijo de ella, Leoncio, fue quien llamó a la Policía.

La testigo María Inés, vino a manifestar que el 22.08.22 subieron a la vivienda. Que Narciso y la niña estaban en la casa, que ellos subieron con Marta y se sentaron en el salón. Salió el denunciado y les echó de la casa; le dijo que era una puta, una borracha y una guarra. Que les echó a todos, incluida Marta de su propia casa. Ella estaba presente. Que estaban bebiendo agua; que ella no bebe. Que ella sí lo dijo en el Juzgado y en la Policía. Que ella estaba presente en los hechos y todo (grabación j.o.).

Así las cosas, es lo cierto que los agentes actuantes informan que el acusado/ahora recurrente les manifestó que poseía vídeos de lo sucedido en su teléfono móvil, por cuanto no constan aportados, tampoco oídos/visionados en el acto del plenario.

Consta que la denuncia fue formalizada a las 11:34 h del 23.08.22 en sede policial por Marta, refiriendo (en términos generales), que el acusado la insulta llamándola y diciéndole "Guarra, dúchate antes de meterte en la cama, que vienes de follarte a otro, Zorra, Puta, Borracha".

Asimismo consta que la testigo María Inés, preguntada para que dijera si ha sido testigo en alguna ocasión de que Narciso haya insultado a Marta, contesta: Que sí, que en más de una ocasión, que la llama "Borracha, Puta, Guarra" y que a todos les dijo Insensatos y Tontos.

El testigo Luis Pedro en también sede policial vino a manifestar que antes de echarles les insultó a todos, con palabras tales como "Sois unos insensatos, tontos".

Ninguna aclaración consta interesada, ninguna alegación consta efectuada tras el auto de 04.10.22 pareciendo pretender ahora valerse de lo que pudiendo hacerse no se hizo y pudiendo decirse no se dijo.

El Tribunal Supremo en p.e. ATS de 17.07.15 recuerda que "...la persistencia en el testimonio de la víctima -como presupuesto de su credibilidad- no exige una repetición mimética, idéntica o literal de lo narrado inicialmente en la denuncia. Lo decisivo es la ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante", siendo así que, en el presente caso, en lo sustancial y en lo relevante el testimonio de la denunciante ha sido sólido y persistente.

De acuerdo con una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, para la perfección del delito de injurias, se precisa la concurrencia de los siguientes elementos:

1º) uno de carácter objetivo u ontológico, comprensivo de la "acción o expresión";

2º) otro de índole subjetivo, tendencial, que puede considerarse subsistente en la actual regulación, que tradicionalmente ha venido constituyendo el núcleo esencial del delito, en cuanto a que aquellas acciones o expresiones han de ser proferidas con el propósito de lesionar la dignidad de la persona destinataria de ellas, bien desde un punto de vista objetivo -menoscabando su fama- o subjetivo -atentando contra su propia estimación-, que la jurisprudencia valora como elemento subjetivo del injusto, esto es, el "animus iniuriandi"; y

3º) un último elemento, complejo y circunstancial, que aglutina los datos de naturaleza, efectos y circunstancias de las injurias para que en el concepto público sean tenidas por graves, que, apreciados valorativamente contribuyen, de un lado, a esclarecer la verdadera intención del sujeto activo de la ofensa, y de otro, coadyuven a determinar la importancia o magnitud de aquélla.

A los mencionados requisitos habría de añadirse otro, consistente en que las acciones o expresiones realizadas no puedan estimarse amparadas en el legítimo ejercicio de las libertades de expresión o de información -en este caso sólo de expresión- constitucionalmente garantizadas.

Además, las acciones o expresiones han de ser proferidas con el propósito de lesionar la dignidad de una persona determinada que es la destinataria de las mismas.

El delito leve de injurias comprende toda acción o expresión ofensiva que menoscabe la dignidad de una persona, su fama o estimación en el concepto público, siempre de carácter leve, proferida con el propósito de molestar, menospreciar o desprestigiar al ofendido, circunstancias que concurren en el presente caso según se infiere de los hechos probados, siendo que así procede calificar la conducta de quien profiere las expresiones declaradas como probadas, que lo son claramente, ofensivas, denotando un claro propósito de menospreciar.

El Tribunal de Apelación debe limitarse a verificar si hubo prueba de cargo, si la denegación de otras pruebas propuestas carecía de fundamento o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda, no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran practicado o producido con observancia de los preceptos y principios constitucionales y de legalidad ordinaria.

Desde lo expuesto y recordado, es clara la existencia de prueba suficiente, por lo demás y además, de naturaleza personal, practicada con respeto de los principios de constitucionalidad y legalidad ordinarios, siendo que la sentencia no contiene conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes, por contrarias a la evidencias de su resultado, por lo que este Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por la Juzgadora "a quo" en la valoración de la prueba de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 CE.

Para en el supuesto de plantearse la cuestión en base a existencia de testimonios/relatos enfrentados y/o aun contradictorios, procede recordar que los tales testimonios ( STS 2ª 26.10.01), no necesariamente suponen ni conllevan su neutralización, debiendo ser valorados por el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en el caso que nos ocupa por la Juez a quo, cuya motivación, en razonable resolución, no presenta los condicionantes que obliguen a su rectificación en esta instancia, no siendo sino clara de una valoración de la prueba que este Tribunal -se reitera- considera suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

QUINTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada, vistos los arts. 240 LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,