Sentencia Penal 588/2023 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 7, Rec. 1225/2022 de 11 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Valoración de la prueba.

Los hechos que se han declarados probados en el relato fáctico de esta resolución resultan plenamente acreditados en atención a las pruebas practicadas, apreciadas en conciencia, en su conjunto y con inmediación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el juicio oral el acusado y la perjudicada, personada en el procedimiento en calidad de Acusación particular, mantuvieron versiones contradictorias.

Así, declaró en el plenario el acusado, Candido, que Micaela era empleada de su restaurante, Restaurante El Rincón de Luis, y que eran dos administradores, siendo él uno; que la trabajadora presentó contra él una demanda en la jurisdicción social y él es cierto que presentó nóminas de la trabajadora en el juicio pero que no las manipuló; las nóminas las firmaba el empleado y él entregaba un cheque, firmando un "recibí" el empleado; que no recuerda si en la jurisdicción social entregó él las nóminas o los gestores de la empresa; " el pagaba y ella firmaba el recibí"; que en ningún momento cobraba más dinero del que se le entregaba o que el que figuraba en la nómina; que nunca entregó una nómina por importe de 1.400 €, que la jornada completa eran 900 €, pero que los camareros tenía media jornada, en el horario de comida; que toda la documentación la llevaba una gestoría; que en el año 2016, Micaela llevaba dos años de baja, que nunca tuvo ningún problema con ella y " tenían una relación fenomenaly que es a partir de comunicarle la pensión a Micaela, cuando empezó a torcerse la relación "; que a ella le venía bien trabajar media jornada porque estaba estudiando en la Universidad de Alcalá.

Micaela, en calidad testifical, declaró que, en principio, tenía que firmar las nóminas pero, cuando pasó a hacer jornada completa, " no estaba de acuerdo con lo que le entregaba y empezó a no firmarlas"; que la forma de pago era en un sobre, que contenía un cheque y efectivo; que el acusado era el que le entregaba la nómina siempre; que la jornada completa la empezó en enero de 2016 ya que una compañera suya tenía problemas familiares (madre enferma); que en marzo una empleada se va a Rumanía y acuerda con el acusado ocho horas de jornada y que la nómina se la entrega de la misma forma, en un sobre, pero por salario completo; exhibidas las nóminas que constan en autos (fs. 457 y ss) reconoce que son nóminas, pero que la firma no es suya; que interpone una demanda en la jurisdicción social porque considera que esos documentos no son suyos; que en los listados mensuales de firmas de jornada laboral (fs. 442 y ss) tampoco es su firma, que es " una firma idéntica a las de las nóminas", que " tienen una letra fea y los números no son suyos", " que no lo ha rellenado nunca ni lo ha firmado"; de igual forma, el documento relativo a la conversión del trabajo temporal a contrato indefinido (fs. 455 y ss) tampoco es su firma; que las nóminas a tiempo completo que figuran a los folios 282 y ss no están firmadas, que nunca se las dio a firmar, que -reitera- no le presentó el acusado ninguna nómina para firmar, que le daba un sobre con un cheque y dinero en efectivo; que los 1.400 € eran en doce pagas; que cobró en enero, pero en febrero no porque volvió la trabajadora que estaba sustituyendo y no cobró 1.400 €, pero en marzo y los meses siguientes sí.

El agente del CNP NUM002, en la misma calidad testifical, declaró que realizó gestiones con la sociedad PREVICAM, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado instructor, para requerirles documentación original de Micaela, que sólo le dieron una y no original por cuanto el resto de los documentos " los tenía la empresa". Se trata del " certificado de acciones formativas e informativas de labores con registro de formación impartida / formación recibida", que consta al f.417 de las actuaciones sumariales.

Ante esta controversia (esto es, si las firmas que figuran en los documentos referidos en la narración fáctica) fueron realizados por la trabajadora (declaración del acusado) o no (declaración de la propia trabajadora), sin duda la prueba esencial es la pericial. Al respecto constan dos informes periciales en autos, ratificados en el plenario, cuales son el realizado a instancias del Juzgado instructor por la Unidad Central de Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía (fs. 490 a 514) y el realizado por Dª. Sandra, experta en Pericia Caligráfica, realizado a instancias de la Acusación particular ( fs. 123 a 177).

Ambas periciales constatan, de forma rotunda y concluyente, que todas las firmas atribuidas (dubitadas) a Micaela son falsas y sin que se pueda atribuir la autoría de las mismas a persona concreta y que quien las realizó intenta imitar la firma, concretando la perito que " cuatro firmas son iguales lo que no es normal", y el perito policial que con las fotocopias " actúan con debidas reservas, mucha cautela", así como que la firma con bolígrafo normal o agarrador (que usaba la trabajadora al realizar el cuerpo de escritura en el Juzgado instructor, debido a la lesión sufrida) " puede influir", puede existir " cierta deformidad" y que " la lesión altera la escritura, pero con el tiempo vuelve a ser la misma" (la perito judicial), así como el perito policial que " los elementos de cotejo son muy descriptivos", observándose en las firmas dubitadas " titubeos en la expresión gráfica", concluyendo el perito policial de forma terminante que las firmas indubitadas y las dubitadas, " no tienen nada que ver". Pocas veces ha encontrado este Tribunal informe periciales tan rotundos, pese a que las firmas dubitadas no eran originales, sino fotocopias.

En base a tales informes periciales, junto con la declaración de la perjudicada y ejerciente de la Acusación particular (la cual reúne todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente para su valoración al ser mantenida en esencia desde el inicio y no existir contradicciones, es verosímil si la ponemos en relación con lo afirmado por los peritos y sin que quede acreditado la existencia de un móvil de resentimiento o enemistad entre ambos, antes al contrario, conforme reconoció en el plenario el propio acusado) debemos concluir que los documentos que se dicen firmados por la trabajadora no fueron así, sino que un tercero fue quien los realizó. Y si a lo anterior añadimos que tales documentos fueron aportados por el acusado en el juicio seguido en la jurisdicción social debemos concluir que fue él o un tercero a su encargo quienes los confeccionaron e imitando -esto es lo importante- la firma de Micaela.

En definitiva, de la prueba practicada en el plenario, junto con la documental que consta unida al procedimiento, debemos concluir que queda acreditado que los documentos aportados por el acusado al juicio seguido en la jurisdicción social entre él y la trabajadora son falsos, sin que se pueda determinar la autoría de quien realizó la firma pero -se reitera- no es la de la trabajadora Micaela.

SEGUNDO.- Calificación jurídica.

En cuanto a la calificación jurídica de lo hechos declarados probados este Tribunal entiende que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular del art. 392.1, en relación con el art. 390.1, 1º y 3º, en concurso de normas con un delito de estafa procesal en grado de tentativa de los arts. 248.1, 249 y 250.1.7º. Todos los preceptos del Código Penal.

En efecto, debe calificarse la actuación del acusado como un delito de fraude procesal en grado de tentativa.

Y para llegar a esta conclusión, debemos revisar -si quiera someramente- la jurisprudencia referente a esta figura delictiva.

En primer lugar, cabe precisar que la consumación de este subtipo agravado exige que efectivamente haya recaído resolución judicial como consecuencia del engaño. En tal sentido y por todas, vid. TS2ª SS de 10 de abril de 2013 y 199/2018, de 25 de abril.

Como es sabido la determinación de cuándo se produce la consumación del delito de estafa procesal ha sido un tema muy cuestionado y controvertido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Así, atendiendo a los bienes jurídicos tutelados por la norma penal (el patrimonio de la víctima y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia), se ha entendido en unos casos que no se precisa el desplazamiento patrimonial buscado por el acusado sino que es suficiente con que se dicte una sentencia sobre el fondo en el proceso promovido fraudulentamente; mientras que en otros supuestos se enfatiza la relevancia del perjuicio para el patrimonio de la víctima, ponderando para ello la ubicación sistemática del precepto en el texto legal; de modo que no se consumaría el delito hasta que resultara económicamente menoscabado el patrimonio de la víctima con su desplazamiento en beneficio del autor de la conducta defraudatoria o de un tercero, no siendo así suficiente con dictar una resolución judicial injusta.

Es cierto que recientemente se han dictado algunas sentencias en las que se vuelve a imponer la línea tradicional de la jurisprudencia, en el sentido de que la consumación del delito de estafa procesal se produce cuando se dicta una sentencia sobre el fondo en el proceso que se utiliza como cauce fraudulento. Y así han de citarse en este sentido las TS2ª SS 35/2010, de 4 de febrero; 332/2012, de 30 de abril; y 366/2012, de 3 de mayo. En ellas se argumenta que "lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo. En definitiva, el tipo se consuma cuando recae una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y en los demás casos puede producirse en grado de perfección imperfecta".

Sin embargo, las referidas sentencias se apoyan en la 172/2005, de 14 de febrero, cuya argumentación acaba postulando al final de sus razonamientos la tesis contraria a la de la consumación en el momento de dictar sentencia. Así consta en su fundamento quinto al razonar que "no se producirá la consumación delictiva hasta que no se ocasione el efectivo desplazamiento patrimonial, y éste, es claro, no se producirá hasta que no se ejecute el fallo judicial ganado con tan torticeros métodos, y naturalmente, el perjudicado por el delito no satisfaga el importe de lo resuelto judicialmente. Lo mismo que en la estafa simple, no basta que el error producido en el sujeto pasivo del delito le incline a una desposesión patrimonial originada por tal engaño, sino que es preciso que, de algún modo, tal desplazamiento patrimonial tenga efectividad para considerar la estafa como consumada".

Debe también destacarse respecto de esta figura delictiva que la jurisprudencia ha recordado en TS2ª SS 1100/2011, de 27-11, y 72/2010, de 9-2, que se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez) con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado). Es más, también la jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez, sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia. En sentido similar las TS2ª SS 603/2008, de 17 abr; 720/2008, de 12 jun; y 878/2014, 12 de julio.

De todos modos, deberán quedar excluidos de la estafa los casos en los que el acto de disposición no venga motivado por el engaño. Por otra parte, la existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante. Se decía en la TS2ª S 572/2007 que " en el delito de estafa procesal, como en la estafa genérica, el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos y conceptualmente no se diferencia del engaño del tipo básico".

En definitiva, en el subtipo agravado, conocido como estafa procesal, el engaño se dirige al Juez con la finalidad de obtener una resolución que incluya un acto de disposición a favor del autor o de un tercero y en perjuicio también de tercero. Como se ha recogido ut supra, también se considera estafa procesal el supuesto en el que, sobre la base de argucias procesales, se induzca a la contraparte a adoptar una decisión basada en el engaño que implique un acto de disposición. El carácter bastante del engaño, deberá ser determinado también en atención a estas circunstancias específicas del subtipo agravado.

Consecuentemente, conforme a la doctrina jurisprudencial (TS2ª SS 670/2006, de 21 de junio, 758/2006, de 4 de julio; 754/2007, de 2 de octubre; 603/2008, de 10 de octubre; 1019/2009 de 28 de octubre; y 35/2010, de 4 de febrero), la estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos a la otra parte o de tercero acusados del acto de disposición. La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 es decir, el engaño, el error debido al engaño, el acto de disposición -en este caso resolución judicial- motivado por el error; el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición; el ánimo de lucro -siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, dada su amplia interpretación que prevalece al sopesar la específica intención lucrativa la cooperación culpable de lucro ajeno, pues no es preciso con lucro propio, ya que hasta que sea para beneficiar a un tercero (TS2ª SS 5629/2002 de 20 de febrero; 577/2002, de 8 de marzo; 238/2003, de 12 de febrero; 348/2003 de 12 de marzo y 297/2022, de 20 de febrero) y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.

Y es con base a esta doctrina jurisprudencial como se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.7º, modificado por LO 5/2010, de 22 de junio, considera que incurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. El fundamento de este subtipo agravado no es otro que el hecho de que en esta modalidad de estafa no solo se daña el patrimonio privado, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al Juez, razón por la cual parte de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que justifica su agravación penológica respecto del tipo básico de la estafa.

En definitiva, como se afirma en la TS2ª SS de 9 de mayo de 2003, "(...) la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria". Y en relación a la consumación, la TS2ª S 172/2005 afirmó que "(...) si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerase como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento la presentación del documento falso en juicio, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como cuando éste ya se está tramitando. Pero al ser considerado como un delito patrimonial, la consumación hay que derivarla hacia el resultado. Por ello, lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo". En definitiva, el tipo se consuma cuando recae una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y en los demás casos, puede producirse en grado de perfección imperfecta. La tentativa está en la no consecución del error en la autoridad judicial porque ésta se aperciba del engaño bastante o porque, aun dándose el error, la resolución judicial dictada no es injusta". Ahora bien, el TS2ª se ha encargado de asentar que " no existe este delito cuando la finalidad última sea legítima" ( SS 457/2002, de 14 de marzo; 1016/2004, de 21 de septiembre; 443/2006, de 5 de abril, y 995/2005, de 26 de julio, concluyendo esta última que " la estafa procesal consiste en la utilización de un procedimiento para obtener un "beneficio ilícito", o lo que es lo mismo, el reconocimiento judicial de un derecho que " no se tiene", (...) no pudiéndose apreciar, por tanto, cuando la finalidad perseguida es perfectamente válida, con independencia de que se le dé o no la razón").

Por último, cabe precisar que la cualificación profesional del Juez eleva el parámetro para calibrar la idoneidad del engaño por lo que la estafa procesal en la mayoría de los casos será la consecuencia de un comportamiento del sujeto activo que se presenta con la entidad adecuada como para contrarrestar la función de control que compete al Juez, para concluir que: " postular, como en este caso, una diligencia preparatoria de confesión señalando un domicilio vacío, en el que no constaba así el deudor ni el pariente más cercano, no es un mecanismo idóneo para obtener la ficta confessio porque esa ausencia la hacía legalmente imposible provocando el archivo de las diligencias", ya que " el error padecido no puede considerarse objetivamente imputable a la información suministrada sobre el domicilio sino al desconocimiento del juez que ignoró la norma que en esa situación objetiva de ausencia de ocupante alguno obligaba forzosamente al archivo de las diligencias sin declarar al deudor confeso de la deuda expresada".

Por tanto, como señala la jurisprudencia, no cabe confundirse el delito de estafa procesal con ciertas "corruptelas" que se producen en el transcurso del procedimiento y que, aunque atentatorias contra la buena fe procesal, son atajadas por el órgano judicial por la vía del -poco aplicado- art. 11.2 LOPJ, así como a través de la condena en costas a la parte que realiza comportamientos procesales manifiestamente contrarios a la consecución de una tutela judicial efectiva. Es más que evidente que la simple ocultación de alegaciones no es motivo suficiente para que concurra una estafa procesal, pues de ser así cualquier demanda desestimada podría ser considerada una forma imperfecta de ejecución del delito. Así en STS 1899/2002, de 18 de noviembre, se estableció que " cualquier omisión de información relevante para despegar una posible situación de error no puede ser considerada equivalente a la producción activa del error". Tampoco la aportación de alegaciones falsas es por sí misma suficiente para hablar de un delito de estafa procesal, sino que es necesario que tenga lugar una verdadera maquinación típica, como ocurre cuando lo que se aporta son documentos o testigos falsos o cuando se miente acerca de hechos determinantes a la hora de crear un elemento de convicción en el juzgador.

Además, en lo relativo a la manipulación de pruebas, el tipo penal -actual art. 250.1.7º CP redacción según LO 5/2010, de 22.6-, exige que se trate de pruebas en las que las partes fundamenten sus alegaciones, por lo que, si se trata de pruebas que no tienen tal fin, su eventual manipulación no tendrá eficacia para apreciar una estafa procesal. A lo que han de añadir que no cabe apreciar engaño cuando tiene lugar una discusión en el seno del procedimiento sobre el alcance jurídico de unos hechos concretos, pues precisamente para dilucidar tales cuestiones acuden las partes a la vía judicial.

En este sentido, de la TS2ª S 853/2008, de 9 de diciembre, se deduce que "(...) no es suficiente cualquier ocultación o inexactitud derivada del planteamiento de la cuestión en sede civil. La quiebra del principio de legalidad, por sí sola, no integra el delito que se dice cometido" (de estafa procesal), añadiendo que: " la determinación de un alcance típico no puede fijarse criminalizando toda ocultación al órgano jurisdiccional...pues esta forma agravada de estafa (...) no tiene por objeto sancionar a todo aquel litigante que quebrante el deber de buena fe que impone, con carácter general, el art. 11 LOPJ " y, así, la TS2ª S de 15 de febrero de 2012, que absuelve al recurrente del delito de estafa procesal por el que fue condenado en la instancia.

Sea como fuere, siguiendo la jurisprudencia mayoritaria del TS2ª que sostiene que la consumación en la estafa procesal tiene lugar cuando se dicta la sentencia sobre el fondo de la demanda, en el presente caso y de conformidad con la jurisprudencia citada nos encontramos con un delito de estafa procesal pero en grado de tentativa, al aportar el acusado, conforme a lo recogido en la narración fáctica y valorado ut supra, pruebas falsas (los ya citados documentos relativos a las nóminas, listados de firmas mensuales y contrato de trabajo), suspendiendo el titular del órgano judicial de la jurisdicción social el plazo para dictar sentencia y a los efectos de que por esta jurisdicción penal se resolviera la eventual falsedad de las nóminas y registros de jornada laboral presentadas por el ahora acusado como administrador solidario de la empresa demandada, documentos que, por lo expuesto y ya valorado, son declarados falsos.

Asimismo, la falsificación de las firmas en los referidos documentos, suponiendo la intervención en el mismo de la trabajadora y ejerciente de la Acusación particular, Micaela, constituye el delito de falsedad que ha sido calificado.

La jurisprudencia ( vid., entre otras, TS2ª SS 548/2019, de 12 de noviembre y 359/2019, de 15 julio) ha establecido que, para la existencia de las falsedades penalmente típicas, es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Un elemento objetivo o material, consistente en la mutación de la verdad por medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal;

b) que dicha "mutatio veritatis" afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas (de ahí que para parte de la doctrina no pueda apreciarse cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda potencialidad lesiva); y

c) un elemento subjetivo, consistente en la concurrencia de un dolo falsario, esto es, la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad.

Partiendo de dichas premisas, considera este Tribunal que el resultado de la prueba practicada conduce a inferir que los documentos aportados por el acusado ante la jurisdicción social factura elaborada no se correspondían con la realidad, siendo jurisprudencia (TS2ª SS 651/2017, de 3 octubre y 185/2015, de 25 de marzo) que las nóminas y otros documentos relativos a la actividad laboral entre el empleador y el trabajador integran documentos privados, estableciendo como criterios delimitadores de la falsedad ideológica que exista una discrepancia absoluta entre lo declarado en el contrato o documento y lo verdaderamente acontecido y que el documento calificado de falso haya sido creado como un elemento completo y para dar la apariencia cierta de la realidad que formalmente expresa, cuando nada tiene que ver con tal realidad (TS2ª S 149/2020, de 18 de mayo, con cita de numerosos precedentes), como ocurre en el presente caso, dotando de relevancia penal a la conducta típica.

Al haber quedado acreditado la vertiente objetiva del delito de falsedad, se ha de valorar si concurre asimismo la subjetiva, consistente en el conocimiento por parte del acusado de la ausencia de autenticidad objetiva de la documentación aportada en la jurisdicción social y su participación en su realización.

Al respecto estimamos probado que el acusado Candido aportó en el acto de la vista en el Juzgado de lo Social núm. 12 de los de Madrid, el día 9 de marzo de 2023, unas nóminas de marzo a septiembre de 2016, registros de la jornada laboral de Micaela durante dichos meses, todos ellos con firma esta trabajadora, a sabiendas de que dichos documentos no habían sido firmados por ella, sino,que el propio acusado o persona a su cargo habían confeccionado, imitando en las referidas nóminas y registros de firmas la firma de Micaela, tal y como se recoge en la narración fáctica y hemos valorado ut supra.

TERCERO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal .

No concurren en el caso circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

CUARTO.- Penalidad .

Descrita en la narración fáctica los hechos acaecidos y calificados jurídicamente conforme a lo preceptuado en nuestro texto punitivo, procede determinar la pena concreta, atendiendo a las circunstancias concretas concurrentes.

Al tratarse de un concurso de normas, conforme a lo expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, es de aplicación el art. 8.4 CP, esto es, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con menor pena. Y en el caso, siendo más grave la pena establecida en el art. 395 en relación con el art. 390.1.1º, 2º y 3º -todos del Código Penal- para el delito de falsedad documental, teniendo en cuenta el número de documentos declarados falsos presentados en la jurisdicción social, la entidad del perjuicio causado a la trabajadora, así como la capacidad económica del acusado y cargas familiares, siendo un delito en grado de tentativa, se considera proporcionado a las circunstancias del caso y del autor imponer la pena de SIETE MESES DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el comiso de los documentos declarados falsos.

QUINTO.- Responsabilidad civil.

Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente a tenor de lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal y es evidente que, como consecuencia de los hechos por los que el acusado resulta condenado, Dª. Micaela resultó perjudicada.

En efecto, el art. 116 del Código Penal vigente determina que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado texto legal.

En aquellos supuestos en los que quien ejercita esta pretensión -cual es del caso por parte de la Acusación particular- no alega ni prueba la existencia de un daño emergente material o de un lucro cesante, ha de entenderse que pretende únicamente la reparación de un daño moral o el " precio del dolor". El problema ha estado siempre en determinar los daños morales.

Así, sobre el daño moral en delitos como el presente, la TS2ª S de 19 de septiembre de 2013 razona que "(...) el establecimiento de las bases de las responsabilidades civiles dimanantes del delito no tiene las mismas connotaciones o exigencias en aquellos daños y perjuicios indemnizables que poseen una naturaleza o soporte, fácilmente cuantificable, de aquellas otras, como los daños morales, más evanescentes en su concreción dineraria. Fundamentalmente, éstos dependerán de criterios de prudencia y proporcionalidad y hallarán como único soporte la naturaleza, gravedad del hecho y efectos psicológicos producidos o racionalmente esperables en la persona de la víctima o víctimas, sin excluir que, en ocasiones, se puedan computar perjuicios económicos indirectos".

De igual forma, la jurisprudencia ( vid., por todas, TS2ª SS 938/2016, 15 dic, y 458/2019, 9 oct) se ha pronunciado reiteradamente sobre el alcance de la indemnización por daño moral, precisándose que el Código Penal no establece criterios legales para señalar su cuantía, pero del análisis de la jurisprudencia pueden establecerse ciertos parámetros y límites para su fijación, a sensu contrario de los supuestos en que pueden ser casados, tales son:

1) cuando se rebase o exceda lo solicitado por las partes acusadoras;

2) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes;

3) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización;

4) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos;

5) en supuestos de error notorio, arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía fijada;

6) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y

7) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente

El daño moral fluye de manera directa y natural del hecho delictivo que se ha declarado probado y no requiere un específico establecimiento de bases para su cuantificación, pues la indemnización que deba señalarse no puede ser calculada con criterios objetivos sino únicamente a través de un juicio global basado en el sentimiento social de reparación del daño producido por la ofensa delictiva atendiendo a la naturaleza del hecho, su gravedad y reiteración y contexto en el que se desarrolla ( vid., entre otras, TS2ª S 855/2016, de 11 de noviembre ).

En suma, el daño moral se identifica con las nociones de sufrimiento y se indemniza como pretium doloris. Y eso es lo que va a hacer este Tribunal de instancia al tener en cuenta los parámetros ut supra reseñados.

A partir de lo anterior, la trabajadora y perjudicada, personada como Acusación particular, solicita ser indemnizada en la suma de 10.000 €, sin que la Acusación pública solicitare nada al respecto.

En el caso presente, se valora conjuntamente por el Tribunal la inquietud de la trabajadora, la zozobra padecida, los numerosos procedimientos administrativos y judiciales a los que ha sido sometida, nos determina a considerar la existencia de tales daños morales. Dada la entidad de los mismos y la dificultad y el tiempo necesario para que desaparezcan de una forma definitiva, se estima adecuado fijar la indemnización por tales daños morales en cinco mil euros; esto es, el acusado Candido deberá indemnizar a Dª. Micaela en la cantidad de cinco mil euros (5.000 €)), con el interés legal del art. 576 LECi.

SEXTO.- Costas procesales .

A tenor de lo preceptuado en el art. 123 del Código Penal y en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas procesales se entienden impuestas por Ministerio de la Ley al criminalmente responsable del delito por lo que en el presente supuesto se le imponen al acusado, incluidas las de la Acusación Particular, ejercitada por Dª. Micaela, tal como se reclama y resulta ajustado dado que en sus pretensiones no puede apreciarse temeridad o mala fe.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey