Sentencia Penal 23/2025 , Rec. 1/2024 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO. Cuestiones previas

Fueron varias las cuestiones previas que algunas partes plantearon en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales y que luego mantuvieron en sus escritos de conclusiones definitivas, exponiendo lo que estimaron oportuno, en relación con tales cuestiones, tanto al inicio del acto del juicio como en sus informes orales finales. Procederemos a dar respuesta separada, a continuación, a las que fueron planteadas por cada una de las defensas, aunque no nos sujetaremos en nuestra respuesta a un paralelismo servil con los discursos que las partes incluyeron, al respecto, en sus respectivos escritos de conclusiones ni con sus alegaciones orales, sino que procederemos a dar una respuesta sustancial, unificando varias cuestiones previas en una sola respuesta, cuando así lo estimemos procedente.

1.1. Cuestiones previas plantadas por la defensa de Isidro

1.1.1. Denuncia de investigación prospectiva

Afirma la defensa de Isidro, con invocación del artículo 24.2 de la Constitución y del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se ha producido, en el presente proceso, una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, toda vez que, a su juicio, la investigación iniciada en su día fue de naturaleza prospectiva, en la medida en que se inició a raíz de una nota informativa de fecha 30 de enero de 2023 (f. 3 y 47; TI) remitida por las autoridades francesas a las autoridades españolas, en la que se indicaba que de la inteligencia policial disponible resultaba que uno de los acusados en el presente proceso, Romulo, se dedicaba habitualmente a la fabricación ilegal de esteroides anabólicos en Barcelona, que distribuía en gimnasios en Cataluña y en el sur de Francia, añadiéndose en la citada nota que el referido individuo se habría trasladado desde Barcelona (donde residía) a Madrid, a fin de establecer en esta última ciudad un laboratorio dedicado a la fabricación de sulfato de anfetamina ("speed"), y que utilizaba el teléfono NUM023, concluyendo esa nota con la solicitud de colaboración a la Policía Nacional española, por parte de las autoridades francesas, para iniciar una investigación conjunta entre ambos países.

Añade la citada defensa que en el oficio policial de 20 de marzo de 2023 (f. 2 y siguientes; TI) y en los posteriores atestados se manifiesta que la policía española venía intercambiando información con la Policía Nacional de Francia, desde principios de ese año, sobre una organización dedicada al tráfico de drogas sintéticas radicada en la ciudad de Barcelona y que esa información indicaba que la organización dispondría de capacidad para distribuir sustancias estupefacientes tanto en España como en la zona sur de Francia, dando ello lugar a que la policía española reclamase a las autoridades francesas una nota informativa de resumen en relación con la colaboración que dio lugar a ese conocimiento, a fin de adjuntarla a la información que, sobre tales hechos, pretendían aportar a la autoridad judicial española, siendo ese el origen de la nota de 30 de enero de 2023, antes referida.

Sobre la base de lo expuesto, cuestiona la citada defensa el origen de la investigación, por desconocerse la forma en la que la policía francesa obtuvo la información que plasmó en la nota referida, añadiendo que la investigación en España parte de una confidencia que tiene su origen en el despliegue de una investigación policial -cuyos destalles se desconocen- desarrollada por la policía francesa que, a su juicio, es de naturaleza prospectiva y que transmite esa misma naturaleza a la investigación iniciada por la policía española, añadiendo que en la información que se recoge en la tan citada nota se mencionaba un laboratorio de sustancias estupefacientes sintéticas que no existía aún a su fecha.

La consecuencia de todo ello es, a juicio de la defensa, que la afirmada ilicitud constitucional del inicio de la investigación ha de dar lugar a la imposibilidad de tomar en consideración, a efectos probatorios, en el presente proceso todas las informaciones obtenidas en esa investigación y las derivadas, invocando la denominada "doctrina de los frutos del árbol envenenado".

Tal cuestión previa ha de ser rechazada por las razones que se van a exponer a continuación.

En primer lugar, debemos recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado, en múltiples resoluciones, que no cabe establecer una presunción de ilicitud o irregularidad en la actuación policial, pudiendo citarse, a este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2025 ( STS nº 13/2025), en la que, con cita y transcripción de la Sentencia del mismo Tribunal de 13 de abril de 2021 ( STS nº 312/2021), se recuerda lo siguiente:

<<1.11. Finalmente puede concluirse que el derecho de las partes personadas a conocer las pruebas materiales que estén en posesión de las autoridades competentes hace referencia al material que integra el procedimiento penal seguido ante los tribunales, sin otra exclusión que la que, de manera temporal, deriva del secreto de las actuaciones.

En modo alguno el derecho abarca a conocer el contenido de la investigación preprocesal, cuyo resultado final, al tener valor de denuncia o de mero objeto de la prueba ( art. 297 LECRIM ), sólo sirve para el arranque del proceso penal y se materializa como referencia inaugural para el ejercicio del derecho de defensa en la forma procesalmente prevista.

No existe un derecho a que el encausado pueda desvelar el contenido y alcance de las colaboraciones policiales internacionales. En nuestra STS 884/2012, de 12 de noviembre , expresamente indicábamos que "cuando los servicios de información extranjeros proporcionan datos a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, la exigencia de que la fuente de conocimiento precise también sus propias fuentes de conocimiento, no se integra en el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías. Lo decisivo, además de la constancia oficial, no necesariamente documentada, de que esa comunicación se produjo, es que el intercambio de datos sirva para lo que puede servir, esto es, para desencadenar una investigación llamada a proporcionar a los Tribunales españoles los medios de prueba precisos para el enjuiciamiento de los hechos".

Pero tampoco existe un derecho a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de investigación policial desarrolladas en nuestros límites territoriales, como no lo hay tampoco a conocer la identidad de los agentes que hayan intervenido en la investigación, cuando no tiene una repercusión legal sobre el material probatorio en el que pueda fundarse una eventual acusación. Los investigados sometidos a proceso penal carecen de un derecho que les ampare a desvelar los puntos de apostamiento policial, o la identidad de los confidentes, o la información recabada mediante técnicas de criminalística que perderían su eficacia si se divulgaran masivamente. No existe un derecho a conocer los instrumentos y materiales concretos de los que se dispuso la policía para la investigación y que podrían quedar desprovistos de eficacia para intervenciones futuras. Tampoco hay un derecho a conocer las indagaciones de otros delitos que puedan atribuirse a los mismos sospechosos pero que estén todavía en proceso de confirmación policial, menos aún si consideramos que, en su caso, deberán ser objeto de un procedimiento de persecución penal independiente ( art. 17.1 LECRIM ). Como no resulta tampoco asumible que se conozcan aquellas investigaciones que ni siquiera afectan a los sometidos a proceso y que pueden arruinar otras actuaciones policiales de obligada persecución de la criminalidad.

Sólo cuando una de las partes presente indicios fundados de que la actuación policial o preprocesal puede haber quebrantado sus derechos fundamentales, incurrido en irregularidades, o discurrido de un modo que pueda afectar a la validez de la prueba o del procedimiento penal, así como cuando aporte indicios de coexistir circunstancias en la investigación que puedan afectar a la fuerza incriminatoria del material probatorio, se justifica, por los principios de equilibrio y defensa, autorizar tal prospección, siempre limitada a los estrictamente necesario y bajo control judicial.

Es evidente que los mecanismos de investigación proscritos por un sistema de garantías no pueden ser aprovechados en el proceso penal con el insubstancial discurso de que se desplegaron antes de que el proceso penal se iniciara. En modo alguno resulta admisible que el procedimiento penal venga trufado de materiales incriminatorios que arranquen de intervenciones ilegales u otros mecanismos técnicos que resulten lesivos a los derechos fundamentales y que no estén debidamente autorizados. No pueden tolerarse pruebas obtenidas en registros domiciliarios ilícitos o en actos de tortura. No es asumible que determinadas actuaciones, como coacciones, sobornos o incluso ingenuos incentivos, puedan minar la credibilidad de la información que a su través se obtenga, pero que se oculte a la defensa la existencia del elemento que erosiona su credibilidad. La autoridad judicial no puede consentir una realidad procesal así, como tampoco puede asumirla sin prestarle una notable atención, pues de otro modo estaría legitimando la actuación misma y coadyuvando al quebrantamiento de la Justicia a partir de la evaporación de un derecho de defensa real y eficaz.

Pero los instrumentos de control de una sociedad democrática tampoco se disponen para romper, de una manera banal, la organización operativa de sus instituciones. Toda estructura de la administración pública se construye para una actuación eficaz y desde la credibilidad de que observa un funcionamiento adecuado, pues está dotada de los sistemas de control externos e internos que el legislador democrático ha considerado preciso introducir, y opera con el compromiso de rectitud y honradez que es predicable del colectivo profesional -como sujeto individual- del que se dotan las instituciones públicas para cumplir sus funciones.

Consecuentemente, hemos dicho reiteradamente que no puede admitirse una presunción de ilegitimidad en la actuación policial cuando no aparecen vestigios serios o rigurosos ( STS 85/2011, de 7 de febrero , entre muchas otras). Nuestra jurisprudencia es también estable en indicar que a la hora de evaluar la oportunidad de una intervención telefónica, el juez ha de estar a los indicios aportados por los grupos policiales actuantes, sin que deba abrir una investigación judicial que supervise la investigación policial. Y de forma más detallada, decíamos en nuestra STS 202/2012, de 12 de marzo , con cita abundante de otras varias, que: "no es preciso acreditar la forma de obtención del número de teléfono de un sospechoso cuando no hay indicios de ilegitimidad en el proceso de obtención de la información, ya que es exigible a los poderes públicos que justifiquen que la restricción de un derecho fundamental se ha realizado con respeto a las reglas, pero no lo es que demuestren que no lo han hecho". O en la sentencia 795/2014, de 20 de noviembre , en relación a la pretensión de la defensa de conocer las bases de datos de los archivos policiales, expresábamos que: "el perjuicio producido ha de ser algo real y efectivo, que se traduzca en un menoscabo real, una indefensión material, del derecho de defensa, y no en una mera expectativa potencial y abstracta, que pueda verse frustrada; y en autos, el recurrente, en modo alguno justifica cómo afecta el desconocimiento de las bases de datos que deseaba examinar a su derecho de defensa".

En el mismo sentido se han pronunciado otras Sentencias del Tribunal Supremo posteriores, como las de 5 de mayo de 2025 ( STS nº 398/2025), 8 de mayo de 2025 ( STS nº 422/2025) y 21 de mayo de 2025 ( STS nº 457/2025).

Por otra parte, en lo que se refiere a investigaciones prospectivas existe también una nutrida jurisprudencia, de la que es muestra la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2024 (STS nº 488/2024), que indica que tal tipo de investigación se caracteriza por la incoación de un procedimiento para investigar unas sospechas, por si pudiera existir un indefinido hecho delictivo, es decir, la apertura de una investigación para intentar averiguar si se ha cometido algún delito sin que previamente exista ningún indicio de haberse cometido una concreta conducta delictiva.

Con mayor precisión, se pronunció, al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2023 ( STS nº 464/2023; FD 6.3.4), en la que se recuerda lo siguiente:

<< Como dijimos extensamente en la STS 908/2021, de 24 de noviembre , "el objeto de toda investigación criminal debe estar delimitado, con independencia de su complejidad, y no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, a un entero ámbito profesional o empresarial o a un fenómeno social, por más que sus acciones puedan parecer atroces o lamentables".

Un Estado Constitucional repudia la inquisitio generalis o la búsqueda a toda costa de algún tipo de responsabilidad de una persona, ya que genera persecuciones indeterminadas y pesquisas arbitrarias, no sujetas a control jurídico alguno. También este principio conduce la proscripción de investigaciones o práctica de pruebas ajenas a lo que es materia de investigación.

Y en este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado en varias ocasiones (SS 32/1994, de 31 de enero ; 63/1996, de 16 de abril ; 41/1998, de 24 de febrero y 87/2001, de 2 de abril ; 126/2001, de 4 de junio ), que un proceso penal instrumentado para la "inquisitio generalis" no es compatible con nuestra Constitución. En la STC 87/2001, de 2 de abril , señala que la "inquisición general" es "incompatible, ciertamente, con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española".

Por esa razón la denuncia o querella se constituyen, por lo general, en una especie de requisito de procedibilidad para el inicio del proceso por más que también hayamos proclamado que la ausencia de denuncia o querella no tiene por qué desembocar en una investigación prospectiva.

Y en el caso de las querellas, venimos proclamando que una interpretación de la norma ajustada al canon que informa el sistema constitucional de derechos y libertades, conduce a excluir la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos de relevancia penal meramente sospechosa, es decir, una investigación prospectiva, que no aporte, a partir del conocimiento propio del querellante, un indicio objetivo de su realidad. De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia ( ATS de 12/07/2022 -recurso 20322/2022 -).

Sin embargo, la exigencia de denuncia o querella para evitar las investigaciones prospectivas no significa que desde el principio los hechos a investigar deban estar perfectamente definidos, incluso en lo que atañe a su calificación jurídica ( STS 512/2015, de 13 de octubre y 228/2013, de 22 de marzo ). Sólo cuando los hechos denunciados vayan siendo esclarecidos es posible y exigible que la acusación quede perfectamente perfilada, tanto fáctica como jurídicamente ( SSTS 135/1989 y 41/1997 )>>.

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2024 ( STS nº 974/2024; FD 3.2), al señalar lo siguiente:

< STS 521/2015, de 13 de octubre , dijimos que la notitia criminis es suficiente para que se ponga en marcha la investigación judicial del delito ( STC 169/90 y 32/94 ), por lo que se constituye en un presupuesto de procedibilidad en la medida que éste condiciona su inicio a la existencia de un hecho o conjunto de hechos concretos de fisonomía delictiva. Es cierto que el hecho objeto de investigación, con independencia de su complejidad, debe estar delimitado y que no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona o a un entero ámbito profesional o empresarial o un fenómeno social.

La inquisitio generalis no tiene legitimidad constitucional aun cuando se realice con metas de prevención delictiva. La reacción de la maquinaria del Estado frente a posibles hechos delictivos no debe ser pretexto para una actuación irreflexiva y desproporcionada, pues solo cabe seguir un proceso penal, incluso desde su fase inicial de investigación, cuando existan indicios de la comisión de una infracción penal, sin que quepa su utilización en ausencia de tales indicios. Como señala la doctrina, un Estado Constitucional repudia la búsqueda a toda costa de algún tipo de responsabilidad de una persona, ya que genera persecuciones indeterminadas, pesquisas arbitrarias y no sujetas a control jurídico alguno.

Ahora bien, eso no significa que una investigación penal pueda quedar delimitada o circunscrita a los hechos que se describan en la denuncia o notitia criminis inicial. El uso de los poderes inquisitivos que la LECrim, coloca en manos del Instructor puede abocar al descubrimiento de hechos distintos de aquellos que dieron lugar a la incoación del proceso y/o a la implicación de personas distintas de aquellas sobre las que inicialmente recayeron las sospechas. En estos casos aquellos poderes comprenderán también estos otros nuevos hechos, así como las posibles personas implicadas en su comisión.

En la citada STS 521/2015 , citada posteriormente en la STS 908/2021, de 24 de noviembre , señalamos que "la pretensión de que desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos sometidos a investigación, e incluso las calificaciones jurídicas de los delitos que pudieran constituir tales hechos, no es aceptable. La ley podría establecerlo así, impidiendo que los Juzgados de Instrucción instruyeran causas que no fueran planteadas mediante querella; pero lo cierto es que la ley vigente permite incoar diligencias a partir de una mera denuncia, y tanto uno como otro de estos sistemas es compatible con los derechos del art. 24 C.E . ( SSTC 173/1987 , 145/1988 , 186/1990 y 41/1998 ). Sólo cuando los hechos van siendo esclarecidos, en el curso de la investigación, es posible, y exigible, que la acusación quede claramente perfilada, tanto fáctica como jurídicamente ( SSTC 135/1989 y 41/1998 )>>.

Sobre la base de la doctrina jurisprudencias que hemos dejado transcrita, es claro que procede, como ya se ha adelantado, el rechazo de la cuestión previa planteada, pues, de un lado, no existe indicio alguno de actuación ilícita o irregular por parte de la policía francesa ni por parte de la policía española, de tal manera que no cabe calificar de ilícita la obtención por la policía francesa y su posterior transmisión a la policía española de la información contenida en la nota informativa de fecha 30 de enero de 2023, siendo claro que los alegatos que realiza, en tal sentido, la defensa de Isidro tienen un evidente componente especulativo carente de todo sustento indiciario y parten, además, de una presunción de mala fe o de actuación ilícita por parte de los cuerpos policiales de ambos países que no encuentra refrendo alguno en la jurisprudencia citada; y, de otro lado, de ninguna manera puede calificarse de prospectiva la investigación iniciada por la policía española a raíz de las informaciones proporcionadas por las autoridades francesas, en la medida en que la nota remitida por estas últimas sí contiene una suficientemente precisa notitia criminisque justificaba sobradamente el inicio de la investigación, pues se expresa en ella que la inteligencia policial disponible indicaba que uno de los aquí acusados, Romulo, se dedicaba habitualmente a la fabricación ilegal de esteroides anabólicos en Barcelona, los cuales distribuía en gimnasios en Cataluña y el sur de Francia, y que el citado individuo se habría trasladado desde su lugar de residencia (Barcelona) a Madrid a fin de establecer en esta ciudad un laboratorio dedicado a la fabricación de sulfato de anfetamina (speed), añadiendo que utilizaba el teléfono NUM023.

Esa notitia criminis,perfectamente identificada en sus componentes objetivo y subjetivo, es el origen de la investigación iniciada en España por la policía española, como resulta de la declaración testifical que prestó en el plenario el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM028, que fue el inspector -jefe de grupo- que suscribió el oficio policial que dio inicio a la investigación y en el que se solicitaba la intervención del teléfono de Romulo y la instalación de un dispositivo de geolocalización en su vehículo, así como los posteriores oficios sucesivos, actuando también como instructor de las diligencias policiales. Y cierto es que en ese inicio de la investigación no se menciona a Isidro, pero ello no implica que la investigación luego dirigida contra él tenga naturaleza prospectiva, sino que es consecuencia del carácter evolutivo del objeto del proceso penal, que, como se viene reiterando por la jurisprudencia, es de cristalización progresiva a lo largo del procedimiento.

En este sentido, el citado funcionario policial manifestó, en la primera sesión del acto del juicio, tras ratificar el atestado, que fue el jefe del Grupo NUM046 de la UDYCO central, teniendo esta última por misión la cooperación internacional, por lo que intercambiaban información con todos los oficiales de enlace; y que en este caso recibieron una información del oficial de enlace de la policía francesa que les alertó de una persona que estaría traficando con droga, aclarando el testigo que las informaciones que reciben se someten a una investigación previa y la que tiene respaldo suficiente se trabaja y la que no lo tiene no se trabaja.

Siguió diciendo el testigo que, en este caso, empezaron a investigar a la persona que se mencionaba en la información remitida por las autoridades francesas, Romulo, a fin de comprobar la veracidad de dicha información, pudiendo constatar que se había trasladado a Madrid y que cambió de hotel una vez que estaba en la ciudad, por lo que comenzaron a establecer dispositivos de vigilancia sobre esa persona y vieron que no realizaba ningún tipo de actividad laboral en Madrid y comprobaron que había alquilado una vivienda en Alcalá de Henares; y, tras continuar con las vigilancias, pudieron constatar también que había una nave en Alcalá de Henares y que ahí se estaba estableciendo un laboratorio de fabricación de drogas sintéticas, por lo que se corroboraba por completo la información de los franceses, de tal manera que cuando se había avanzado en esa investigación solicitaron determinadas medidas de investigación al Juez de Guardia de Alcalá de Henares, quien acordó unas intervenciones telefónicas y una serie de medidas, añadiendo que así es como comienzan el noventa y nueve por ciento de las investigaciones en la UDYCO central.

Reiteró el citado testigo, a preguntas de la defensa de Isidro, que el origen de la investigación estuvo en la información recibida de las autoridades francesas y de las gestiones que los agentes españoles realizaron para comprobar su veracidad, a las que ya había hecho referencia con anterioridad en su declaración, añadiendo que la colaboración que se mantuvo al respecto entre la policía francesa y la española se iniciaría un mes antes de confeccionarse la nota de 30 de enero de 2023 (f. 3 y 47; TI) remitida por las autoridades francesas que fue aportada a la autoridad judicial española al inicio de la investigación en orden a solicitar diligencias de investigación, manifestando también que se trató de información de inteligencia y que la policía española no indaga sobre cómo obtuvieron las autoridades francesas la información que se plasmó en la referida nota, sino que cuando les llegó esa información vieron que tenía apariencia de verosimilitud y por ello comenzaron a trabajar a fin de comprobarla, así como que ninguna actuación investigadora fue realizada por la policía francesa en territorio español y que la policía española en ningún caso le dijo a la policía francesa lo que había que poner en la tan citada nota.

Finalmente, añadió el testigo que la información de inteligencia policial que se incluye en la nota no es la base para el inicio de la investigación, sino que previamente se somete a contraste por la policía española esa información, por medio de múltiples vigilancias, a fin de corroborar su veracidad, previamente al inicio de la investigación propiamente dicha.

En definitiva, nada hay de prospectivo en la investigación iniciada por la policía española a raíz de la recepción de la nota remitida por las autoridades francesas y, por tanto y como antes se adelantaba, debe rechazarse la cuestión previa planteada.

1.1.2. Vulneración del secreto de las comunicaciones

Alega la defensa de Isidro que se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones ( art. 18 CE) de Romulo y que, por tanto, debe declararse la nulidad de la solicitud de la intervención del teléfono de Romulo y del auto que la acuerda.

En primer lugar, debemos destacar que ninguna duda ofrece que un coacusado está legitimado para denunciar la vulneración de derechos fundamentales de otro coacusado cuando el primero ostenta un interés legítimo en que se declare tal vulneración, como ha declarado, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2003 (STS 263/2003; FD 4), que se expresa en los siguientes términos:

<

Es ese interés legítimo el que determina la legitimación activa para denunciar la infracción del derecho constitucional de otra persona, y así lo ha declarado la doctrina del Tribunal Constitucional (véanse SS.T.C. de 3 de abril y 4 de octubre de 1.993 ), como esta misma Sala (SS.T.S. de 6 de junio de 1.997 , 8 de julio de 1.998 , 15 de junio de 2.000 y 19 de julio de 2.001 ), al exponer que el derecho a la tutela judicial efectiva protege a las personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos, porque la legitimación activa no se otorga exclusivamente a la víctima titular del derecho vulnerado, sino también a quien ostente aquel interés legítimo, que es una categoría más amplia que la de "derecho subjetivo" o incluso "interés directo". Por ello, es suficiente que el recurrente se encuentre en una determinada situación jurídico-material identificable no con un interés genérico en la preservación de derechos ajenos, sino con un interés en sentido propio, cualificado y específico, para ostentar esa legitimación activa.

En el caso presente es ésta, justamente, la situación, siendo, por tanto, atendible la reclamación del recurrente, en cuanto que no siendo propio el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones que se dice infringido, el interés de aquél resulta evidente por ser la intervención telefónica efectuada al coacusado la fuente de la que emana la prueba de cargo en que se basa la condena del recurrente, de suerte que, de ser cierta la denuncia, habría viciado la prueba refleja que fundamenta la condena de quien ahora recurre (véanse SS.T.S. de 17 de julio de 2.001 y 30 de septiembre de 2.002 )>>.

Entrando ya en el análisis de la concreta vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones que la defensa de Isidro formula, debemos señalar que no concurre tal vulneración por las razones que se van a exponer a continuación.

En primer lugar, debemos destacar que el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM028 fue el inspector -jefe de grupo- que suscribió el oficio policial de 20 de marzo de 2023 (folios 2 al 46; TI)que dio inicio a la investigación y en el que se solicitaba la intervención del teléfono de Romulo y la instalación de un dispositivo de geolocalización en su vehículo, así como los posteriores oficios sucesivos, actuando también como instructor de las diligencias policiales, habiendo declarado como testigo en las dos primeras sesiones del juicio oral, que tuvieron lugar los días 9 y 10 de septiembre pasados.

En el plenario manifestó el citado testigo que las técnicas de investigación se van aplicando de manera progresiva y que los agentes comenzaron a trabajar con la información de los franceses y que la corroboraron por medio de las vigilancias y seguimientos, pero que llegó un momento en el que las vigilancias y seguimientos estaban agotados y ya no se podía avanzar más con esas medidas, por lo que se pasó a otra técnica de investigación y se solicitaron las intervenciones telefónicas, procediendo a plasmar en el oficio todos los indicios que había, añadiendo que el Ministerio Fiscal y el Juez de Instrucción consideraron procedentes las intervenciones telefónicas.

Acudiendo a la lectura del oficio policial antes referido y de las actuaciones subsiguientes, esencialmente el informe del Ministerio Fiscal y el Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares que acordó la inicial intervención telefónica de Romulo, constatamos que se cumplieron los principios rectores y demás requisitos contemplados en los diferentes apartados de los artículos 588 bis y 588 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que parezca necesario profundizar en la evidencia de dicho cumplimiento.

En este sentido, basta con señalar que la medida de intervención telefónica se adoptó para la investigación de un concreto delito de tráfico de drogas, cuyas circunstancias fueron suficientemente determinadas en el oficio policial, de cuya posible comisión existían sospechas suficientemente fundadas, al confirmarse la notitia criminiscontenida en la información de inteligencia recibida de las autoridades francesas por medio de las vigilancias que los agentes policiales fueron realizando para comprobar los datos que se ofrecían en esa información, previamente a la solicitud de la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, habiéndose fundado la petición en datos objetivos y verificables, extraídos de las vigilancias realizadas, que sustentaban objetivamente la sospecha de que Romulo estaba instalando un laboratorio para la fabricación de drogas en la nave industrial de Alcalá de Henares, como se desprendía de la nota de inteligencia policial remitida por las autoridades francesas.

Así, es de destacar que en el oficio policial de 20 de marzo de 2023 se recogían, como fundamento de la sospecha de que Romulo se había desplazado desde Barcelona a Madrid para instalar un laboratorio de fabricación de drogas, los siguientes datos objetivos, como resultado de las vigilancias llevadas a cabo, que venían a corroborar la información de inteligencia policial que, en tal sentido, se recibió de las autoridades francesas: a)la constatación de que el investigado, pese a tener su domicilio en la provincia de Barcelona, se había desplazado a la provincia de Madrid y se había hospedado en la capital, pasando a hospedarse posteriormente en un hotel de Alcalá de Henares y terminar alquilando un piso en esta última localidad, evidenciando así su intención de residir en ella durante un tiempo indeterminado; b)la adopción por parte del investigado de una continua vigilancia sobre el entorno, especialmente de las personas que se encuentran en las proximidades, dificultando así las vigilancias que pudieran estar realizándose sobre sus movimientos; c)la utilización exclusivamente por parte de Romulo de una nave industrial existente en un polígono industrial de Alcalá de Henares, así como la utilización de una furgoneta de grandes dimensiones que introduce en la referida nave, sin que se apreciase que estuviese realizando, ni él ni nadie, ninguna actividad industrial o comercial en su interior; d)la constancia de una total ausencia de actividad laboral por parte de Romulo en la localidad de Alcalá de Henares, pese a haber alquilado un piso para residir en esa localidad y disponer también de una nave y de una furgoneta de grandes dimensiones, destinada a la carga de materiales, obrando en poder de los agentes el contrato de alquiler de dicho vehículo; e)la visita por parte de Romulo a diferentes establecimientos comerciales, en los que va adquiriendo utensilios y productos que resultan ser plenamente aptos para la instalación de un laboratorio de fabricación de sulfato de anfetamina ("speed"), lo que constatan los agentes por medio de las tickets de compra que consiguen en esos establecimientos y las conversaciones que mantienen con los vendedores de esos productos y utensilios una vez que Romulo se ha marchado de las establecimientos con los productos adquiridos; f)las frecuentes visitas de Romulo a la nave con la exclusiva finalidad de comprobar su interior, así como el entorno y los movimientos y actividades que se desarrollan en naves colindantes; g)el hecho de introducirse Romulo en el interior de la nave con la furgoneta de grandes dimensiones, aparentemente cargada con mucho peso, cerrando el portón de la nave a continuación para que no pudiera observarse su posible descarga, habiendo alquilado Romulo previamente un elevador hidráulico para descargas; y h)la conducción de contravigilancia que Romulo realizó con su vehículo en la carretera A-1, en sentido Irún, alternando velocidades muy por encima de lo permitido con otras muy por debajo de lo legal, en orden a detectar vigilancias policiales, hasta salir en el kilómetro 116 (término municipal de Boceguillas) y estacionar en el parking exterior de una panadería-pastelería existente en el lugar, llegando un vehículo conducido por un individuo, quien, tras estacionar en el mismo parking, se entrevista con Romulo en el exterior del establecimiento y, a continuación, cada uno se marcha en su vehículo, Romulo en dirección hacia Madrid y el otro individuo en dirección a Burgos, resultando anormales las circunstancias de esa reunión, en la que los interlocutores ni siquiera entran en el establecimiento y se mantienen hablando en el exterior, lejos de personas que pudieran escucharlos y con la posibilidad de detectar más fácilmente posibles presencias policiales.

Es de destacar que, a la vista de ese oficio de 20 de marzo de 2023, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares dictó auto de fecha 21 de marzo de 2023 por el que acordaba la incoación de las diligencias previas nº 420/2023 y dar traslado al Ministerio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 588 bis c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, emitiéndose por este último informe de 22 de marzo de 2023 (f. 45 del "Tomo I-Intervención telefónica" de la "Pieza de Investigación Tecnológica" -en adelante PIT-) en el que, con plena remisión a la expuesto en el oficio policial, consideraba procedente la intervención del teléfono de Romulo y la colocación de un dispositivo de geolocalización en su vehículo, tal como se solicitaba en el referido oficio, dictándose a continuación por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares auto de 23 de marzo de 2023 (folios 46-53, PIT), en el que se acordaban las medidas restrictivas de derechos fundamentales solicitadas, razonando, de forma suficiente, sobre la procedencia de su adopción.

No podemos más que compartir el criterio del órgano judicial instructor. Es evidente que la intervención telefónica del teléfono de Romulo resultaba ser idónea, por ser útil en orden a la averiguación del delito investigado; resultaba necesaria, por no existir otras medidas menos restrictivas de los derechos fundamentales del investigado que, con similar nivel de eficacia, permitiesen la investigación de los hechos; y resultaba proporcionada en sentido estricto, teniendo en cuenta que se trataba de investigar un delito grave y que el sacrificio del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del investigado no era, en este caso, superior al beneficio que de su adopción resultaba para el interés público en la persecución de un delito tan grave.

Por otra parte, la adopción de la medida se basó en la existencia de sospechas suficientemente fundadas en los datos objetivos que se desprendían de las vigilancias policiales y que fueron puestos de manifiesto en el oficio policial presentado, viniendo a corroborar la información de inteligencia proveniente de las autoridades francesas, sin que resultase exigible, para la adopción de la medida, la concurrencia de prueba plena del delito a investigar, como resulta obvio, ni tampoco la concurrencia de unos indicios tan potentes como los que son necesarios para el dictado de un auto de procesamiento, teniendo en cuenta que la medida se adoptó en el inicio de una investigación, tendente, precisamente, a la averiguación del delito.

A la vista de las alegaciones de la defensa que propone esta cuestión previa, no está de más hacer una breve referencia a la consolidad jurisprudencia sobre esta cuestión, pudiendo citarse, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2024 ( STS nº 235/2024) y 9 de abril de 2024 ( STS nº 301/2024).

En la primera de ellas, se sintetiza esa doctrina jurisprudencial, con cita de la Sentencia del Alto Tribunal de 19 de octubre de 2023 (STS nº 784/2023), se destaca que "las sospechas han de fundarse en datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse";y se añade que "...Ahora bien, el análisis de la información que sirva de base a la autorización judicial no puede hacerse de forma desagregada. Como recuerda la STS 646/2014, de 8 de octubre , "(...) la legitimidad constitucional de la interferencia de las comunicaciones no puede obtenerse a partir de un análisis artificialmente dividido de las distintas operaciones a las que se alude en la petición de la Guardia Civil. Ya hemos dicho en otros precedentes -cfr. SSTS 555/2014 de 10 de julio y 527/2009, 27 de mayo - que el análisis descompuesto y fraccionado de diferentes indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista del razonamiento impugnativo. En efecto, el grado de aceptación de las exigencias constitucionales impuestas por el art. 24.2 de la CE , no puede obtenerse a partir de una regla valorativa de naturaleza secuencial, en la que el todo se descompone hasta ser convertido en un mosaico inconexo de indicios. La cadena lógica a la hora de valorar las hipótesis iniciales no puede descomponerse en tantos eslabones como indicios, procediendo después a una glosa crítica de cada uno de ellos sin ponerlo en relación con los restantes (...)"".Y se señala también en la misma resolución que "No se trataba, desde luego, --no podía tratarse--, de pruebas irrefutables. Pero sí de elementos que permiten razonablemente ponderar, más allá de lo meramente especulativo, la posible preparación o puesta en marcha de un delito cuya gravedad justificaba, en términos de proporcionalidad, la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones comprometido".

Por otra parte, en la segunda de la sentencia citadas se recuerda también que "La grave infracción de derechos constitucionales sustantivos que puede derivarse de la injerencia ordenada reclama como "prius" cognitivo que, al menos, las razones y los datos en que se apoyan se presenten en una relación de probabilidad prevalente de que el delito investigado se está cometiendo o está en curso de comisión. Insistimos, el dato precursor de la existencia del delito debe situarse en el espacio previo al territorio de la evidencia y su potencial justificativo no exige que autorrevele definitivamente la realidad del delito, sino que permita formular un pronóstico concreto y no prospectivo de plausibilidad basado en reglas inferenciales que se nutran de la experiencia común".

Sobre la base de lo expuesto, procede el rechazo de esta cuestión previa, por no haberse vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones de Romulo, por lo que no procede hacer aplicación de la regla de exclusión probatoria recogida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1.1.3. Vulneración de la inviolabilidad domiciliaria

Alega también la defensa de Isidro, como cuestión previa, la vulneración del derecho a la inviolabilidad domiciliaria de su defendido, lo que, a su juicio, debería dar lugar a la nulidad del auto de entrada y registro dictado en relación con ese domicilio, toda vez que, según afirma, en el oficio policial de 7 de junio de 2023 (ac. 21; f. 130-135, TI), que sirvió de base al dictado de dicho auto, no se ofrecían indicios suficientes como para justificar la adopción de la injerencia en el referido derecho fundamental. Pero esta cuestión previa ha de ser, igualmente, rechazada, por las razones que se van a indicar a continuación.

Del referido oficio y de los resultados arrojados por la investigación hasta ese momento sí se extraían datos objetivos suficientes que permitían sostener la fundada sospecha de que Isidro podía ser el jefe de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas o que, cuando menos, podía formar parte de ella o estar implicado en las actividades de tráfico de drogas que estaban siendo objeto de investigación.

En este sentido, no puede olvidarse que cuando se dictó el auto de entrada y registro en el domicilio de Isidro de fecha 8 de junio de 2023 (ac. 21; f. 182-190, TI) ya existían indicios suficientes de que Romulo se estaba dedicando a la fabricación de droga en el laboratorio ubicado en la nave industrial de Alcalá de Henares y de que mantenía contactos con otras personas en orden a comercializar la sustancia que fabricaba, sin que constase que tuviese ninguna otra actividad laboral, por lo que el hecho de que se desplazase hasta la localidad de Mollet del Vallés a mantener una reunión con Isidro, con el que mantuvo una reunión durante un periodo aproximado de una hora en una cafetería, en la que parecía que lo más probable, con los datos que se tenían en ese momento, es que estuviesen hablando de alguna operación de tráfico de drogas, unido a que el día anterior, en conversación telefónica con su madre, Romulo manifestase que al día siguiente iba a reunirse con Zurdo, constituyen un conjunto de datos objetivos que, interrelacionados, permitían albergar la fundada sospecha, cuando menos, de la intervención o participación de Isidro en la actividad de tráfico de drogas que, indiciariamente, también cabía atribuir en ese momento a Romulo, a la vista de los resultados de las diligencias de investigación realizadas hasta ese momento, que fueron tenidos en cuenta en el auto dictado, como se desprende de su texto.

Es decir, el Juez instructor, cuando dictó el auto cuestionado, no contaba exclusivamente con la información proporcionada en el oficio policial de 7 de junio de 2023, en el que se solicitaba la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria de Isidro, sino que contaba con los resultados arrojados por la totalidad de las diligencias de investigación practicadas hasta ese momento, los cuales tuvo en cuenta a la hora de acordar la entrada y registro, como se desprende del propio texto del auto, desprendiéndose de esos resultados datos objetivos del suficiente peso como para fundamentar suficientemente la sospecha de la intervención de Isidro en los hechos delictivos que estaban siendo investigados, siendo evidente que la injerencia se presentaba como idónea, necesaria y proporcionada en orden a la consecución de la finalidad constitucionalmente legítima pretendida con su adopción, sin que, teniendo en cuenta la eclosión de los resultados de la investigación que ya se estaban produciendo en ese momento, existiese otra medida menos restrictiva de los derechos fundamentales de Isidro, que, con similar nivel de eficacia, permitiese comprobar la intervención de dicho acusado en los hechos delictivos investigados.

El hecho de que en el registro practicado en el domicilio del referido acusado no se encontrase droga no permite calificar de ilegítima la medida adoptada, cuya valoración ha de ser realizada desde una perspectiva ex antey no en función del resultado con ella obtenido.

Nuevamente, hemos de recordar la jurisprudencia existente en esta materia, de la que es exponente, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2025 (STS nº 490/2025), en la que se recuerda que "no es necesaria la aportación de pruebas acabadas, ya que en tal caso no sería necesaria la diligencia, sino sospechas con una base objetiva, que precisen confirmación a través de la diligencia".Y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025 (STS nº 512/2025), también se señala que "La intimidad como derecho no es excluyente frente a todo, y menos cuando quien reclama este derecho estaba inmerso en una investigación policial en cuyo caso la circunstancia de postular los agentes el auxilio judicial y obtenerlo ante un grupo de investigados permite la medida de injerencia una vez analizados la necesidad y proporcionalidad de la medida, como así ocurrió en una análisis ex ante y no ex post".

Finalmente, de forma aún más explícita, se señala en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2022 (STS nº 150/2022) que "Si los indicios deben medirse en un juicio ex ante, por la misma razón que finalmente el indicio se desvirtúe o se compruebe que era equívoco y no apuntaba realmente en la dirección pretendida no convierte en ilegítima la intervención".

Por todo lo expuesto, procede el rechazo de esta cuestión previa, por no haberse vulnerado el derecho a la inviolabilidad domiciliaria de Isidro, de tal manera que no procede hacer aplicación de la regla de exclusión probatoria recogida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1.1.4. Ruptura de la cadena de custodia

Alegó la defensa de Isidro, también como cuestión previa, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, contemplado en el artículo 24 de la Constitución, sobre la base de afirmar que existe incertidumbre sobre la regularidad de la cadena de custodia de las sustancias intervenidas en los diferentes registros practicados, tanto en lo referente a los funcionarios que las custodiaron como en lo referente a calidades y pesos de las mismas, haciendo referencia al oficio de 17 de julio de 2023 de remisión de las sustancias a la Inspección de Farmacia del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Madrid firmando por el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (f. 2390-2396, TXI) y al acta de recepción del alijo nº NUM024 de fecha 18 de julio de 2023 (f. 2397-2402, TXI), así como al oficio aclaratorio de 21 de julio de 2023 de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por el Jefe de Sección de Inspección de Farmacia y Control de Drogas (f. 2412-2413, TXI), afirmando la citada defensa, en su escrito de conclusiones definitivas, que el citado oficio de 17 de julio de 2023 "no se somete a la I Guía Práctica de Actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas por la investigación referida, pues no se hace contar en la misma ni la identidad ni la firma de la persona que recibe las muestras para posteriormente analizarla ni el número de expediente asignado por el órgano que la va a analizar (receptor)"(sic).

Sobre la cuestión referente a la regularidad de la cadena de custodia existe una consolidada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2024 (STS nº 1170/2024, FD 20),que sintetiza dicha doctrina en los siguientes términos:

<

El proceso penal, por los altos intereses que hay en juego y por los principios que determinan de manera inderogable la actividad dirigida al descubrimiento de la verdad -integridad, contradicción, igualdad de armas, imparcialidad judicial, presunción de inocencia- debe nutrirse de una razonable lógica de la desconfianza. Nadie está obligado a creer que un hecho existe porque una de las partes del proceso afirme su existencia. Todas y cada una de las alegaciones sobre un hecho jurídicamente relevante deben ser corroboradas con pruebas que acrediten suficientemente su origen y fidelidad, permitiendo, así, a los tribunales valorar informaciones probatorias fiables. Lógica de la desconfianza que responde a un método epistémico que reduce los riesgos de error judicial -vid. STS 873/2024, de 24 de noviembre -.

Ello se traduce en que la parte que pretenda utilizar probatoriamente evidencias obtenidas en los primeros momentos de la investigación, en muchas ocasiones sin la personal intervención de juez, deba aportar aquellas informaciones que permitan acreditar su adecuada recogida, custodia y trazabilidad. Entre otras, las relativas a los lugares donde se localizaron y personas que intervinieron; espacios donde fueron depositadas o almacenadas; tiempo transcurrido; traslados efectuados; métodos de análisis empleados, etc.

Para ello, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal no previene un modelo específico de acreditación lo que abre la puerta a distintas posibilidades cuyos resultados deberán ser valorados por el tribunal. El Anteproyecto de Código Procesal Penal de 2011 -y con intensas similitudes la propuesta de Anteproyecto de 2020- si bien prevenía en los artículos 357 a 360 cargas de documentación del iter de las fuentes de prueba durante las distintas fases del proceso, descartaba que de su simple infracción u omisión pudiera declararse la inutilizabilidad de la evidencia. En estos casos, la propuesta regulativa precisaba que le correspondía al tribunal pronunciarse sobre las consecuencias que, en orden a la fiabilidad, pudieran derivarse de la irregularidad documentada. Esta ausencia de modelo explica los pronunciamientos reiterados de este Tribunal -vid. SSTS 545/2012, de 22 de junio ; 1008/2022, de 9 de enero - insistiendo en que la genuinidad e integridad de las evidencias no se acredita solo, ni mucho menos, mediante fórmulas documentales protocolizadas donde se hagan constar los datos objetivos y subjetivos sobre su recogida o conservación, sino que también es posible mediante cualquier otra información probatoria, particularmente de naturaleza personal, que permita al tribunal llegar a la razonable convicción de que la evidencia no ha sido alterada o manipulada. De ahí que la llamada "cadena de custodia" en nuestro vigente modelo procesal -cuyo reflejo nominal solo aparece en el artículo 796.1. 7ª LECrim - no pueda identificarse con un procedimiento de protocolización documentada de la trazabilidad de la evidencia. La figura responde mucho mejor a la idea de método que admite todos los mecanismos que resulten hábiles para acreditar razonablemente la correspondencia entre las fuentes de prueba obtenidas en el curso del proceso y las evidencias que provenientes de aquellas se introducen como medios de prueba en el acto del juicio -vid. al respecto, la interesante regulación contenida en la Federal Rules of Evidence de los Estados Unidos donde en la regla 901 se precisa, por un lado, en su apartado a) la función de la cadena de custodia [" Para cumplir con el requisito de autenticar o identificar una evidencia, el proponente debe presentar pruebas suficientes para apoyar la conclusión de que aquella es lo que el proponente afirma que es"] y, por otro, en el apartado b), se enuncian, con valor ejemplificativo, hasta diez mecanismos probatorios que pueden resultar hábiles para la acreditación de la genuinidad de la evidencia presentada-.

Como lógica consecuencia, hemos sostenido que la nulidad o mejor dicho la inutilizabilidad de las evidencias no se deriva ni de cualquier irregularidad en el modo en que se conserven o se traten las evidencias ni de cualquier cortocircuito informativo sobre las distintas secuencias que integran el itinerario de su conservación y custodia a lo largo del proceso. La comisión de un posible error no supone por sí solo sustento racional y suficiente para considerar que la evidencia analizada no corresponde a la originariamente obtenida -vid. SSTS 109/2011, de 22 de marzo ; 347/2012, de 25 de abril ; 383/2016, de 5 de mayo ; 106/2023, de 16 de febrero -.

El compromiso con la verdad al que antes nos referíamos justifica, precisamente, que solo pueda prescindirse de la evidencia no por meras cuestiones de forma sino cuando se identifican razones que, en términos epistémicos, susciten dudas razonables sobre su autenticidad, integridad o genuinidad. Lo que obliga a reivindicar la idea-fuerte de que los defectos en el método empleado para acreditar dichas condiciones de la evidencia no comportan, por sí, vulneración de garantías constitucionales. Los déficits de acreditación afectan a la fiabilidad de la evidencia como elemento de prueba y, por tanto, a su valoración.

No, insistimos, a la validez de la propia evidencia obtenida en el curso del proceso.

Esta decisiva distinción comporta que la lesión del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías se produzca no por los errores de custodia o conservación sino cuando se aproveche una evidencia cuya autenticidad no ha podido acreditarse o ha sido puesta seriamente en duda. Como se precisa en la significativa STC 170/2003 , la lesión del derecho constitucional se produce " en la medida en que fueron valorados informes periciales efectuados sobre un material informático que se incorporó sin que quedara acreditado el cumplimiento de las debidas garantías de custodia policial y control judicial sobre su integridad e identidad". La clave radica, por tanto, en evaluar los medios con los que el tribunal ha contado para poder afirmar que las pruebas de naturaleza no personal presentadas por la acusación y obtenidas en día sin la intervención del juez, son íntegras y fiables>>.

En otro supuesto en el que se denunciaba el incumplimiento de formalidades protocolizadas, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2025 (STS nº 585/2025, FD 7º)lo siguiente:

< art. 367 ter de la LECrim .

Ahora bien, tal "Guía práctica de actuación sobre la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas", como su propio nombre indica, no es más que una recopilación orientativa de buenas prácticas, derivada del Protocolo plasmado en el Acuerdo Marco que también invoca el recurrente, principalmente con fines operativos y de seguridad jurídica y no una norma de obligado cumplimiento, y mucho menos cuya inobservancia tenga trascendencia procesal en la validez de la prueba.

En definitiva, lo que importa, en palabras de la propia Guía, es que queden suficientemente acreditadas "todas las operaciones desde la intervención de la droga hasta su destrucción", "las personas que han intervenido, en cada momento y lugar, en los diferentes procesos por los que por los que ha pasado la muestra o la totalidad del alijo, momento en el que ha ocurrido, procesos por los que ha pasado y lugares de custodia hasta su destrucción final"; y ello con el fin de garantizar lo que la jurisprudencia llama la "mismidad" del objeto analizado ( sentencia 777/2013, de 7 de octubre ), esto es, la identidad e indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas ( sentencia 795/2014, de 20 de noviembre ). Cuál sea el medio probatorio por el que se obtenga esa seguridad es secundario, porque la cadena de custodia no es "una especie de liturgia formalizada" ( Sentencia 298/2020 , ya citada). Será más fácil y menos discutible esa acreditación si cada operación, como aconseja la Guía citada, ha quedado documentada en soporte físico o electrónico, pero ello no excluye otros medios de prueba; siempre contando, además, con que no basta la ausencia o debilidad de un eslabón para considerar rota irremediablemente la cadena, si su indemnidad de principio a fin puede establecerse por otros medios>>.

Sobre la base de la jurisprudencia transcrita, debemos señalar que no se ha evidenciado, por medio de la prueba practicada, que se haya producido, en el supuesto que nos ocupa, una ruptura de la cadena de custodia, siendo de destacar que las defensas tampoco fueron especialmente incisivas a la hora de intentar evidenciar defectos relevantes y concretos en esa cadena, ni cuando interrogaron al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM028, que fue el inspector -jefe de grupo-, que suscribió el oficio de 17 de julio de 2023, antes referido, ni cuando interrogaron al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM047, que intervino en el acta de recepción del alijo en la Delegación del Gobierno en Madrid de 18 de julio de 2023, a la que también hemos hecho referencia con anterioridad, ni, finalmente, cuando interrogaron a las peritos que fueron autoras del informe analítico de las drogas, pese a que una de ellas afirmó haber sido la receptora del alijo.

Por lo demás, debemos destacar, de inicio, que no se vislumbra deficiencia alguna de relevancia en la cadena de custodia mantenida en el presente proceso, respecto de la totalidad de las sustancias intervenidas, que permita albergar una duda razonable sobre la regularidad de dicha cadena y la consiguiente identidad o, en términos jurisprudenciales, "mismidad" entre las sustancias intervenidas en los correspondientes registros y las que fueron objeto de entrega y análisis en la Delegación del Gobierno en Madrid.

En este sentido, en el oficio de fecha 17 de julio de 2023 (f. 2390-2396, TXI), que aparece firmado por el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM028, que fue el inspector -jefe de grupo-, se relacionan, por separado, las sustancias que fueron intervenidas en cada uno de los registros practicados, sin que las defensas hayan evidenciado ninguna discrepancia significativa con las descripciones que de tales sustancias constan en las respectivas actas levantadas en cada uno de esos registros.

Por otra parte, en el acta de recepción del alijo nº NUM024 en la Delegación del Gobierno en Madrid de fecha 18 de julio de 2023 (f. 2397-2402, TXI) constan, en todas sus páginas, las respectivas firmas del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM047, que realizó la entrega, y de la jefa de servicio del Servicio de Inspección Farmacéutica de la Delegación del Gobierno, D.ª Casilda, que fue la receptora del alijo, detallándose con minuciosidad, en esa acta de recepción, las cincuenta sustancias que se recepcionan, cada una con su correspondiente número de decomiso, así como sus respectivos pesos brutos y netos.

Además, se explica al final del acta de recepción que, dado el tamaño del alijo y el número de decomisos, la recepción se realiza en dos días consecutivos, detallándose que el día 17 de julio de 2023 se recepcionaron los decomisos números NUM042 al 30 y que el día 18 de julio de 2023 se recepcionaron los decomisos números 31 al 50, añadiendo que la sustancia que no fue recepcionada el día 17 de julio quedó almacenada en el depósito del Servicio de Inspección Farmacéutica de la Delegación del Gobierno en cinco bultos cerrados, precintados y firmados por la unidad aprehensora y por la farmacéutica encargada de la recepción; y que el día 18 de julio de 2023 se procedió a la apertura de los citados cinco bultos en presencia de los dos firmantes referidos, comprobando la integridad de los bultos.

Igualmente, al final del acta de recepción a la que nos estamos refiriendo, se indican las fechas de aprehensión de los correspondientes decomisos, añadiéndose, también respecto de concretos y determinados decomisos, que sus pesos son pesos netos húmedos y que posteriormente se remitiría nota aclaratoria, indicando los pesos netos en seco, lo que, efectivamente, fue realizado por medio de oficio aclaratorio de 21 de julio de 2023 de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por la Jefatura de Sección de Inspección de Farmacia y Control de Drogas (f. 2412-2413, TXI).

Finalmente, en el informe analítico correspondiente al alijo NUM024, que obra en la causa (ac. 1722; f. 2368 al 2385, TXI), que va referido a la totalidad de las sustancias intervenidas en el presente proceso a los diferentes acusados, se procede, en el análisis de cada una de las cincuenta muestras, a guardar una estricta correspondencia con las respectivas numeraciones de los decomisos y de sus pesos netos que quedaron recogidos en el acta de recepción del alijo y en el oficio aclaratorio de cantidades antes referidos.

A lo expuesto aún debe añadirse que fue interrogado también en el acto del juicio por la defensa de Isidro, a través de videoconferencia, el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM047, que es quien aparece como firmante en la última página del acta de recepción del alijo, en el apartado correspondiente a la Unidad que realiza la entrega, manifestando que, aunque no lo recordaba bien en ese momento, sí era posible que hubiese intervenido en la entrega a Farmacia de las sustancias incautadas en el presente proceso, porque la droga se bajó a Madrid y de Madrid se imagina que se remitiría a Farmacia, pero que, en cualquier caso, si constaba su número de agente en algún documento de entrega de la droga entonces era seguro que intervino en esa entrega, debiendo destacarse que, en efecto y como ya hemos señalado, aparece su número de funcionario policial al final del acta de recepción del alijo y junto a una firma que aparenta ser la misma que las que obran en las restantes páginas del acta de recepción, por lo que la Sala obtiene la inequívoca conclusión de que se trata de la firma del referido funcionario, debiendo destacarse también que ninguna de las defensas negó que se tratase de su firma y tampoco ninguna pidió que le fuera exhibida dicha firma para que la ratificase, no teniendo la Sala motivo alguno para sospechar de que la tan citada firma no corresponda al referido funcionario.

Añadió el testigo que no recordaba ese momento si toda la droga intervenida en la causa se entregó en Farmacia en el mismo momento, ya que hubo droga que llegó de Burgos, de Barcelona, de Madrid y de Santander, pero que, en cualquier caso, la unidad investigadora, es decir, el grupo concreto que llevó la investigación, la Unidad Central de Estupefacientes de la Udyco Central, es la encargada de hacer esa gestión, aunque es posible que el testigo ayudase a llevar la droga porque había una cantidad muy elevada de sustancia, añadiendo que no recordaba si la entrega se realizó en un solo día y que Sanidad les proporciona la fecha de la entrega.

Por otra parte, las sustancias intervenidas en el presente proceso, como ya hemos señalado, fueron objeto del informe analítico correspondiente al alijo NUM024, que obra en la causa (ac. 1722; f. 2368 al 2385, TXI), habiendo sido ratificado ese informe pericial en el plenario, a través de videoconferencia, por las peritos D.ª Casilda, jefa de servicio del Servicio de Inspección Farmacéutica de la Delegación del Gobierno, y D.ª Purificacion, jefa de servicio del Laboratorio de Estupefacientes de la Agencia Española del Medicamento, que manifestaron tener dicho informe a la vista durante su declaración.

Las peritos afirmaron que el informe objeto de ratificación va referido a cincuenta muestras y que lo ratificaban por completo, añadiendo la señora Purificacion que ella es la jefa del laboratorio y la que emitió el informe; y que su firma no es la que obra en todas las páginas, sino la que obra en el apartado del "visto bueno" con el sello del laboratorio que hay en la casilla que lleva la indicación de "laboratorio de estupefacientes" y que la firma de debajo es la de la otra perito, la señora Casilda, ratificando esta última que, en efecto, esa es su firma y que ella es la persona que realizó la recepción y la toma de muestras cuyos pesos netos están indicados también en el informe analítico, añadiendo que la firma de una de ellas es digital -la de la señora Casilda- y la de la otra es manuscrita -la de la señora Purificacion-.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, debemos reiterar que no aprecia el Tribunal ruptura alguna de la cadena de custodia de las sustancias intervenidas, sin que exista motivo razonable alguno que permita siquiera sospechar que las sustancias analizadas no sean las mismas que fueron intervenidas en los correspondientes registros, por lo que procede el rechazo de esta cuestión previa, por no existir ruptura de la cadena de custodia.

1.1.5. Falta de documentación en las actuaciones a efectos de defensa

Alegó la defensa de Isidro la vulneración de su derecho de defensa por entender que no obraban en las actuaciones determinados documentos que, a su juicio, deberían obrar y que serían, por un lado, una cadena de correos electrónicos completa que fueron aportados a la policía por el testigo Pedro Enrique, afirmando que faltan las páginas pares de dicha cadena de correos, y, por otro lado, que no obran en la causa los audios de ciertas conversaciones telefónicas intervenidas en la causa, entre las que habría llamadas en las que figuraría como interlocutor Romulo, así como otras en las que no constan los números de teléfono que se ponen en contacto, denunciando también alguna otra ausencia de documentación en la causa. La consecuencia de todo ello, según dicha defensa, debería ser la retroacción de las actuaciones a momento anterior al dictado del auto de confirmación de la conclusión del sumario y que se le dé traslado de toda esa documentación.

Procede, igualmente, el rechazo de esta cuestión previa, pues, de un lado, no consta a este Tribunal que exista en la causa ausencia alguna de documentación que debiera obrar en ella; y mucho menos ausencia de documentación que pueda ser mínimamente relevante en orden a la defensa de quien propone esta cuestión previa.

En este sentido, respecto de la cadena de correos a la que se hace referencia, debe señalarse que declaró como testigo en el plenario, a propuesta de la defensa de Isidro, Pedro Enrique, manifestando que no conocía de nada a dicho acusado, añadiendo que recordaba que a él se le tomó declaración en fase policial por un reactor que fue alquilado a su empresa (folios 2.433 al 2.436, TXII), añadiendo que él no conocía a ninguna de las personas a las que se alquiló ese reactor y que se trató de una simple relación comercial como cualquier otra, así como que la persona que se puso en contacto con él para el alquiler de la máquina manifestó que lo hacía en representación de una empresa denominada "Southcore Chemicals".

Le preguntó el Letrado de Isidro por una cadena de correos electrónicos que el testigo aportó en su declaración, manifestando que él cree que aportó toda la cadena de correos completa (folios 2.437 y ss., TXII), pero que no recuerda si en alguno de esos correos figuraba una persona llamada Ángel Daniel, ya que eso lo llevaba un comercial del testigo y que el declarante comenzó a interesarse por la operación cuando comprobaron que había faltas de pago del alquiler del reactor de su propiedad y que el testigo con quien entabló conversación siempre fue con "Suthcore", añadiendo que pudiera haber algún comercial de esta última empresa que interviniese, pero que no lo recordaba. Y dijo también el testigo que se reclamó lo que les era adeudado por el alquiler del reactor, pero que no se consiguió cobrar y que el pago seguía pendiente en la actualidad.

No puede dejar de sorprender a la Sala que se siga manteniendo esta cuestión previa en fase de conclusiones definitivas, a la vista de la absoluta irrelevancia de la declaración del referido testigo y de la cadena de correos aportada, sin que parezca necesaria abundar más sobre esta cuestión.

Por otra parte, en lo que se refiere a la afirmada ausencia en la causa de los audios de determinadas conversaciones telefónicas, no podemos dejar de destacar tampoco que, tras haberse procedido en el acto del juicio a la localización de los audios que dicha defensa estimaba ausentes y a los que hizo mención en su escrito de conclusiones provisionales como conversaciones números 13 a la 23, que eran conversaciones no propuestas como prueba por el Ministerio Fiscal y sí por la citada defensa, el Tribunal le dio la oportunidad de escuchar esos audios en la sesión del día 15 de septiembre, manifestando el Letrado de Isidro que se daba por satisfecho y que no era necesario escuchar en Sala la referidas conversaciones.

A todo lo expuesto, debe añadirse que no concretó la citada defensa, con la precisión exigible, no sólo cuáles eran las diligencias o documentos que no se encontraban en la causa debiendo estar unidos a ella, sino que tampoco manifestó cuál sería el concreto contenido de esos documentos, diligencias o actuaciones ni cuál sería su relevancia en orden a la defensa de Isidro, por lo que debe ser rechazada también esta cuestión previa, como antes adelantábamos, por su manifiesta ausencia de fundamento y su carácter meramente retórico.

1.1.6. Ausencia de la posibilidad de practicar prueba de descargo en la fase de instrucción

Alegó la defensa de Isidro, igualmente, como cuestión previa, que no pudo defenderse en la fase de instrucción, toda vez que el Juzgado Central de Instrucción denegó la práctica de una serie de diligencias que solicitó en dicha fase, habiendo sido confirmada esa denegación, según afirma, por medio de Auto de 5 de abril de 2024 dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, añadiendo que las resoluciones judiciales denegatorias no motivaron suficientemente esa denegación y que ello generó una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa.

La absoluta ausencia de determinación o concreción, en esta sede, de las diligencias solicitadas en su día y de su relevancia en orden a la defensa del entonces investigado y ahora acusado y la total ausencia de un racionamiento preciso en relación a la concreta indefensión material que todo ello pudiera haber generado a este último conducen, sin necesidad de razonamientos adicionales, al rechazo de esta cuestión previa, a la que, dada la generalidad de su planteamiento, no puede atribuírsele otro alcance que el meramente retórico.

1.1.7. Nulidad de diligencia de ordenación por vulneración de derechos fundamentales

Alega también como cuestión previa, finalmente, la defensa de Isidro, que en el presente rollo de Sala se dictó diligencia de ordenación de 2 de abril de 2025 (ac. 1074), en la que se acordaba librar un oficio a la unidad investigadora, a fin de que remitiese, en soporte informático apto para su reproducción, las conversaciones telefónicas grabadas en el curso de las intervenciones telefónicas acordadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares en sus diligencias previas nº 420/2023, que es la causa originaria del presente proceso, afirmando dicha defensa que ello entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de los acusados y la vulneración del principio de igualdad de armas en el proceso penal, por entender que, por medio de esa diligencia, se estaba acordando por este Tribunal la práctica de una nueva diligencia de investigación no practicada en la fase de instrucción, pese a que se confirmó en su día el auto de conclusión del sumario.

Debe señalarse que la defensa de Isidro interpuso recurso de súplica contra la referida diligencia de ordenación, que fue desestimado por decreto de 21 de mayo de 2025 (ac. 1305), por entenderse por la Letrada de la Administración de Justicia, en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, que lo acordado en la diligencia de ordenación recurrida no era una nueva diligencia de instrucción, sino que en ello lo que se solicitaba era un mero soporte informático de elementos que ya constaban en la causa y que estaban a disposición de las partes.

Posteriormente, se presentó en el presente procedimiento un escrito de 30 de julio de 2025 (ac. 1765), por la representación procesal de Isidro, en el que se indicaba que, dado que por medio de decreto de 21 de mayo de 2025 se había desestimado el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 2 de abril de 2025, se informase si se había aportado, finalmente, a la causa ese soporte informático y, de ser así, que se diese traslado del mismo a la defensa de dicho acusado, siendo respondido tal escrito por medio de diligencia de ordenación de 6 de agosto de 2025 (ac. 1819), en la que se informaba a la representación procesal de Isidro de que las conversaciones telefónicas solicitadas se encontraban subidas a la correspondiente aplicación en el apartado de "Piezas de investigación tecnológica".

Contra la diligencia de ordenación de 6 de agosto de 2025 se interpuso recurso de reposición, en escrito de 2 de septiembre de 2025 (ac. 1943) por la representación procesal de Isidro, en el que, entendiendo que en la resolución recurrida no se le daba respuesta a lo que solicitaba, que se diese traslado de la documentación remitida por la unidad investigadora en cumplimiento de lo que le era reclamado en la diligencia de ordenación de 2 de abril de 2025, siendo inadmitido a trámite este recurso por medio de diligencia de ordenación de 3 de septiembre de 2025 (ac. 1971), por entender que había sido presentado fuera de plazo.

Contra esta última diligencia de ordenación se interpuso, por la representación procesal de Isidro, en escrito de 5 de septiembre de 2025 (ac. 2021), recurso de reposición por entender que el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación de 6 de agosto de 2025 se presentó dentro de plazo y que, por tanto, debía ser admitido a trámite, emitiendo el Ministerio Fiscal informe de 12 de septiembre de 2025 (ac. 2127) en el que manifestaba que el recurso debía ser admitido a trámite por haber sido presentado dentro de plazo; y el 16 de diciembre de 2025 se dictó diligencia de ordenación (ac. 2161), en cuya parte dispositiva se acuerda estimar el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de 3 de septiembre de 2025, sin que conste que con posterioridad se haya tramitado y resuelto ese recurso de reposición.

Se ha estimado oportuno dejar constancia de esta crónica procesal a efectos de un mejor entendimiento de la cuestión previa planteada por la defensa de Isidro, que debe ser también rechazada por las razones que se van a indicar a continuación.

En primer lugar, debe destacarse que la diligencia de ordenación de 2 de abril de 2025, que ahora se pretende combatir por la vía del planteamiento de una cuestión previa, ganó firmeza en su día, como se desprende de la crónica procesal expuesta, pero aunque se entienda que ello no es obstáculo para pretender actualmente su nulidad por considerar que vulnera derechos fundamentales, es lo cierto que tal vulneración no se ha producido en modo alguno, para lo que basta con señalar que lo reclamado a la unidad investigadora no era la aportación de una prueba novedosa, sino la aportación de soportes aptos para al escucha de las conversaciones telefónicas grabadas en su día con la correspondiente autorización judicial.

A ello debe añadirse que, de nuevo, se realiza una impugnación de corte retórico, en la medida en que no se concreta en qué medida lo aportado ha generado una situación de indefensión material para Isidro, realizándose un planteamiento genérico sobre la hipotética vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y al principio de igualdad de armas, del que no se extrae ninguna consecuencia procesal adversa para el citado acusado mínimamente concretada y constatada, máxime cuando tampoco se ha acertado a precisar suficientemente cuáles serían los elementos probatorios obrantes en los autos a los que quien plantea la cuestión previa afirma no haber podido acceder, viniendo a alegar así una especie de indefensión virtual e incierta y, por tanto, sin contenido material real, sin olvidar que no consta que se haya producido esa falta de acceso, tratándose de meras alegaciones de la parte, que no se corresponden con lo indicado por la Letrada de la Administración de Justicia en la diligencia de ordenación de 6 de agosto de 2025.

Se rechaza también, por tanto, esta cuestión previa.

1.2. Cuestiones previas planteadas por la defensa de Luis Carlos

1.2.1. Nulidad de los autos de intervención de las conversaciones telefónicas del acusado

Alega la defensa de Luis Carlos, como cuestión previa, la nulidad de los autos de intervención de sus conversaciones telefónicas de fechas 19 de mayo de 2023 (f. 230-246, "Tomo II-Intervención telefónica" de la "Pieza de Investigación Tecnológica" -en adelante PIT- ) y 29 de mayo de 2023 (f. 339-353, TII-PIT), por entender que carecen de una motivación suficiente que permita justificar tales injerencias en su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, entendiendo vulnerados los artículos 18.3 y 24 de la Constitución y solicitando la aplicación de la regla de exclusión probatoria contemplada en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero tal cuestión previa ha de ser rechazada por las razones que se van a exponer a continuación.

Debe señalarse que el primero de los autos citados tiene su antecedente en el oficio policial de fecha 17 de mayo de 2023 (f. 215-229, TII-PIT), en el que se da cuenta resumida de los resultados que las diligencias de investigación vienen ofreciendo hasta ese momento, destacando una reciente reunión celebrada el 16 de mayo de 2023 entre Romulo, frente al que ya se habían acumulado en ese momento sólidos indicios de responsabilidad penal como resultado de las diligencias de investigación practicadas, y una persona a la que los investigadores atribuían el papel de líder o jefe de la organización, sobre la base de una conversación telefónica que había tenido lugar el día anterior a esa reunión en la que Romulo comentaba que al día siguiente se iba a reunir con el " Zurdo", quien luego sería identificado como Isidro, tras una confusión inicial en esa identificación.

En tales circunstancias detectaron los investigadores la citada reunión y que, poco tiempo después, Romulo, de quien los investigadores no habían advertido ninguna actividad laboral o profesional, se reunía con quien luego sería identificado como Luis Carlos, entregando este último a Romulo una garrafa de unos veinticinco litros de una sustancia que los investigadores sospecharon que sería utilizada en el proceso de fabricación de drogas por parte de Romulo, en atención a las circunstancias concurrentes, especialmente que Romulo no parecía dedicarse a otra cosa que no fuera una actividad relacionada con el tráfico de drogas, lo que, unido a los resultados de la intervención de las comunicaciones telefónicas de Romulo, que apuntaban a la existencia de contactos con posibles compradores de las sustancias por él fabricadas, permitían fundamentar objetivamente la sospecha de que los contactos que estaba realizando con terceras personas, entre ellas Isidro e Luis Carlos, no tenían otra finalidad que cuestiones relacionadas con la actividad de tráfico de drogas a la que Romulo se venía dedicando y que, por tanto, la entrega de esa garrafa por Luis Carlos también estaba relacionada con el desarrollo de esa actividad, tanto por parte del que la recibió como por parte del que la entregó.

De lo expuesto se sigue que, cuando el Juez instructor dictó el auto de 19 de mayo de 2023 (f. 230-246, TII-PIT), por el que, en línea con lo señalado por el Ministerio Fiscal en informe de 18 de mayo de 2023 (f. 227-229, TII-PIT), se acordaba la intervención telefónica que afectaba a Luis Carlos, no lo hizo sobre la exclusiva base del fragmentario dato de lo sucedido el día de la reunión entre Isidro y Romulo y de entrega de la garrafa a este último por parte de Luis Carlos, sino que contaba con los resultados arrojados por la totalidad de las diligencias de investigación practicadas hasta ese momento, los cuales tuvo en cuenta a la hora de acordar la intervención telefónica, como resulta del propio texto del auto, en el que se incluyen muchos más datos que los derivados de la tan citada reunión del día 16 de mayo de 2023, desprendiéndose de esos resultados datos objetivos del suficiente peso como para fundamentar suficientemente la sospecha de la intervención de Luis Carlos en los hechos delictivos que estaban siendo investigados, siendo evidente que la injerencia se presentaba como idónea, necesaria y proporcionada en orden a la consecución de la finalidad constitucionalmente legítima pretendida con su adopción, sin que existiese otra medida menos restrictiva de los derechos fundamentales de Luis Carlos, que, con similar nivel de eficacia, permitiese comprobar la intervención de dicho acusado en los hechos delictivos investigados.

Lo mismo -y aún con mayor fundamento- hemos de decir en relación con el auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares de 29 de mayo de 2023 (f. 339-353, TII-PIT), por el que se acuerda, también en línea con lo señalado por el Ministerio Fiscal en informe de 26 de mayo de 2023 (f. 334-336, TII-PIT), una nueva intervención telefónica respecto de Luis Carlos, al constatarse que utilizaba otro teléfono además del ya intervenido, teniendo este auto su antecedente en el oficio policial de 26 de mayo de 2023 (f. 304-332, TII-PIT), en el que nuevamente se contiene un resumen de la investigación desarrollada hasta ese momento, que incluyen determinados resultados de la intervención telefónica respecto de Luis Carlos, conociéndose a través de esta que utilizaba un segundo teléfono.

A la vista de las alegaciones de la defensa que propone esta cuestión previa, no está de más hacer aquí, de nuevo, una breve referencia a la consolidad jurisprudencia sobre esta cuestión, pudiendo citarse, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2024 ( STS nº 235/2024) y 9 de abril de 2024 ( STS nº 301/2024).

En la primera de ellas, se sintetiza esa doctrina jurisprudencial, con cita de la Sentencia del Alto Tribunal de 19 de octubre de 2023 (STS nº 784/2023), se destaca que "las sospechas han de fundarse en datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave o en buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse";y se añade que "...Ahora bien, el análisis de la información que sirva de base a la autorización judicial no puede hacerse de forma desagregada. Como recuerda la STS 646/2014, de 8 de octubre , "(...) la legitimidad constitucional de la interferencia de las comunicaciones no puede obtenerse a partir de un análisis artificialmente dividido de las distintas operaciones a las que se alude en la petición de la Guardia Civil. Ya hemos dicho en otros precedentes -cfr. SSTS 555/2014 de 10 de julio y 527/2009, 27 de mayo - que el análisis descompuesto y fraccionado de diferentes indicios puede conducir a conclusiones inaceptables desde el punto de vista del razonamiento impugnativo. En efecto, el grado de aceptación de las exigencias constitucionales impuestas por el art. 24.2 de la CE , no puede obtenerse a partir de una regla valorativa de naturaleza secuencial, en la que el todo se descompone hasta ser convertido en un mosaico inconexo de indicios. La cadena lógica a la hora de valorar las hipótesis iniciales no puede descomponerse en tantos eslabones como indicios, procediendo después a una glosa crítica de cada uno de ellos sin ponerlo en relación con los restantes (...)"".Y se señala también en la misma resolución que "No se trataba, desde luego, --no podía tratarse--, de pruebas irrefutables. Pero sí de elementos que permiten razonablemente ponderar, más allá de lo meramente especulativo, la posible preparación o puesta en marcha de un delito cuya gravedad justificaba, en términos de proporcionalidad, la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones comprometido".

Por otra parte, en la segunda de la sentencia citadas se recuerda también que "La grave infracción de derechos constitucionales sustantivos que puede derivarse de la injerencia ordenada reclama como "prius" cognitivo que, al menos, las razones y los datos en que se apoyan se presenten en una relación de probabilidad prevalente de que el delito investigado se está cometiendo o está en curso de comisión. Insistimos, el dato precursor de la existencia del delito debe situarse en el espacio previo al territorio de la evidencia y su potencial justificativo no exige que autorrevele definitivamente la realidad del delito, sino que permita formular un pronóstico concreto y no prospectivo de plausibilidad basado en reglas inferenciales que se nutran de la experiencia común".

Sobre la base de lo expuesto, procede el rechazo de esta cuestión previa, por no haberse vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones de Luis Carlos, por lo que no procede hacer aplicación de la regla de exclusión probatoria recogida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1.2.2. Nulidad del auto de entrada y registro en el domicilio del acusado

Alegó también la defensa de Luis Carlos, como cuestión previa, la nulidad del auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares de 8 de junio de 2023 (ac. 21; f. 182-190, TI), por el que se acordaba la entrada y registro en su domicilio, por entender vulnerados los artículos 18.2 y 24 de la Constitución, anudando a tal vulneración la procedencia de aplicar la regla de exclusión probatoria recogida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tanto en lo referente a los hallazgos del registro practicado en virtud de ese auto como en lo referente a las pruebas derivadas de dicha diligencia.

En desarrollo de tal cuestión, alegó esta defensa que el citado auto no contiene una motivación suficiente que pueda justificar la práctica de la referida diligencia de entrada y registro, en la medida en que no individualiza las concretas razones que, a juicio del Juez instructor, legitimaban esa práctica.

La cuestión previa debe ser rechazada, pues, de un lado, el citado auto tiene su antecedente en el oficio policial de 7 de junio de 2023 (ac. 21; f. 130-135, TI), desprendiéndose del mismo y de los resultados arrojados por la investigación hasta ese momento que sí existían datos objetivos suficientes que permitían sostener la fundada sospecha de que Luis Carlos podía formar parte de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas o que, cuando menos, podía estar implicado en las actividades de tráfico de drogas que estaban siendo objeto de investigación.

En este sentido, no puede olvidarse que cuando se dictó el auto de entrada y registro en el domicilio de Luis Carlos de fecha 8 de junio de 2023 (ac. 21; f. 182-190, TI) ya existían indicios suficientes de que Romulo se estaba dedicando a la fabricación de droga en el laboratorio ubicado en la nave industrial de Alcalá de Henares y de que mantenía contactos con otras personas en orden a comercializar la sustancia que fabricaba, sin que constase que tuviese ninguna otra actividad laboral.

Partiendo de lo que se acaba de señalar, el hecho de que Romulo se desplazase hasta la localidad de Mollet del Vallés a mantener una reunión con quien en ese momento se pensaba que podría ser el jefe de la supuesta organización, a la vista de la conversación telefónica que Romulo mantuvo el día anterior, permitía albergar la sospecha de que lo más probable era que en esa reunión estuviesen hablando de alguna operación de tráfico de drogas; y se a ello se une que, momentos después de esa reunión, Romulo entró en contacto con Luis Carlos, entregándole este una garrafa de veinticinco litros de una sustancia, de la que cabía sospechar, en atención a las circunstancias, que iba a ser utilizada por Romulo en la fabricación de drogas, es claro que concurría un conjunto de datos objetivos que, interrelacionados, permitían apuntalar la fundada sospecha, cuando menos, de la intervención o participación de Luis Carlos en la actividad de tráfico de drogas que, indiciariamente, también cabía atribuir en ese momento a Romulo, a la vista de los resultados de las diligencias de investigación realizadas hasta ese momento, que fueron tenidos en cuenta en el auto dictado, como se desprende de su texto.

Es decir, el Juez instructor, cuando dictó el auto cuestionado, no contaba exclusivamente con la información proporcionada en el oficio policial de 7 de junio de 2023, en el que se solicitaba la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria de Luis Carlos, sino que contaba con los resultados arrojados por la totalidad de las diligencias de investigación practicadas hasta ese momento, los cuales tuvo en cuenta a la hora de acordar la entrada y registro, como se desprende del propio texto del auto, desprendiéndose de esos resultados datos objetivos del suficiente peso como para fundamentar suficientemente la sospecha de la intervención de Luis Carlos en los hechos delictivos que estaban siendo investigados, siendo evidente que la injerencia se presentaba como idónea, necesaria y proporcionada en orden a la consecución de la finalidad constitucionalmente legítima pretendida con su adopción, sin que, teniendo en cuenta la eclosión de los resultados de la investigación que ya se estaban produciendo en ese momento, existiese otra medida menos restrictiva de los derechos fundamentales de Luis Carlos, que, con similar nivel de eficacia, permitiese comprobar la intervención de dicho acusado en los hechos delictivos investigados.

Nuevamente, hemos de recordar la jurisprudencia existente en esta materia, de la que es exponente, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2025 (STS nº 490/2025), en la que se recuerda que "no es necesaria la aportación de pruebas acabadas, ya que en tal caso no sería necesaria la diligencia, sino sospechas con una base objetiva, que precisen confirmación a través de la diligencia".Y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2025 (STS nº 512/2025), también se señala que "La intimidad como derecho no es excluyente frente a todo, y menos cuando quien reclama este derecho estaba inmerso en una investigación policial en cuyo caso la circunstancia de postular los agentes el auxilio judicial y obtenerlo ante un grupo de investigados permite la medida de injerencia una vez analizados la necesidad y proporcionalidad de la medida, como así ocurrió en una análisis ex ante y no ex post".

Por todo lo expuesto, procede el rechazo de esta cuestión previa, por no haberse vulnerado el derecho a la inviolabilidad domiciliaria de Luis Carlos, de tal manera que no procede hacer aplicación de la regla de exclusión probatoria recogida en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1.3. Cuestiones previas plantadas por la defensa de Romulo y de Gema

1.3.1. Nulidad de todo el procedimiento derivado de ausencia de veracidad de la información suministrada por las autoridades francesas

De las dos cuestiones previas que la defensa de Romulo y de Gema alegó, en fase de cuestiones previas, al inicio del acto del juicio, únicamente mantuvo, en fase de conclusiones definitivas, la referente a la nulidad global del procedimiento desde su inicio, sin que mantuviese ya la referente a la nulidad de las intervenciones telefónicas y de las subsiguientes entradas y registros, en la medida en que Romulo reconoció la veracidad de determinados hechos que se le imputaban personalmente y, en concreto, afirmó ser el titular, con destino al tráfico ilícito, de las sustancias encontradas en los registros efectuados en los inmuebles vinculados a su madre y a él.

Por tanto, entraremos exclusivamente en la única cuestión previa subsistente, que no es otra que la alegada nulidad global del procedimiento, que derivaría del hecho de que, a juicio de la defensa, existen serias dudas sobre la veracidad de la información contenida en la comunicación de inteligencia de fecha 30 de enero de 2023 (f. 3, TI) remitida por las autoridades francesas a las autoridades españolas, toda vez que, según manifiesta la defensa, en esa comunicación se afirmaba que Romulo se dedicaba a la fabricación y distribución de esteroides anabólicos en Cataluña y en el sur de Francia, cuando Romulo no estuvo en Francia en los últimos años, añadiendo la defensa que desde el inicio del procedimiento vino solicitando una diligencia de investigación consistente en la obtención del posicionamiento GPS del teléfono de Romulo durante un periodo de tiempo muy anterior a la fecha de la información policial, para acreditar que no había estado en Francia durante ese periodo, pero que tal diligencia le ha venido siendo denegada sistemáticamente.

Sobre la base de lo expuesto, entiende la defensa que existen indicios fundados que comprometen la validez y credibilidad del inicio de la investigación y que ello debe dar lugar a la nulidad del procedimiento desde su inicio y, por tanto, la nulidad de todas las diligencias y pruebas practicadas en la presente causa, por quedar afectado, a su juicio, el derecho de defensa, con invocación del artículo 24 de la Constitución.

No cabe acoger la cuestión previa así planteada, que viene a ser común a la primera de las cuestiones previas planteadas por la defensa de Isidro, por lo que damos aquí por íntegramente reproducido, como fundamento del rechazo de la cuestión previa planteada por la defensa de Romulo y de Gema, lo que dijimos en el precedente apartado 1.1.1. del presente ordinal sobre la validez del inicio de la investigación realizada en la presente causa, partiendo de la base de la jurisprudencia que también recogíamos en el citado apartado.

Únicamente procede reiterar en este punto, en relación con lo que allí dijimos, que no existe indicio alguno de actuación ilícita o irregular por parte de la policía francesa ni por parte de la policía española, de tal manera que no cabe calificar de ilícita la obtención por la policía francesa y su posterior transmisión a la policía española de la información contenida en la nota informativa de fecha 30 de enero de 2023, siendo claro que los alegatos que realiza, en tal sentido, la defensa de Romulo y de Gema tienen un evidente componente especulativo carente de todo sustento indiciario y parten, además, de una presunción de mala fe o de actuación ilícita por parte de los cuerpos policiales de ambos países que no encuentra refrendo alguno en la jurisprudencia en aquel apartado mencionada.

A lo expuesto sólo resta añadir, de un lado, que en la información remitida por las autoridades francesas no se decía, en ningún caso, que Romulo fabricase y distribuyese esteroides anabólicos en Cataluña y en el sur de Francia, sino que lo que se decía era que los fabricaba en Cataluña y que luego los distribuía en gimnasios de Cataluña y del sur de Francia, lo que es algo distinto a lo que la parte manifiesta; y, de otro lado, que la diligencia que la defensa afirma haber venido solicitando desde el inicio del procedimiento -por cierto, sin identificar los concretos momentos procesales de tales solicitudes ni las correspondientes resoluciones denegatorias- resultaba ser absolutamente inútil a los efectos pretendidos, pues el hecho de que pudieran no existir geolocalizaciones del teléfono de Romulo en Francia no implicaría necesariamente que no hubiese estado en ese país en el periodo temporal cuya investigación se solicitaba, como resulta evidente, a lo que debe añadirse que la distribución de los esteroides anabólicos en el sur de Francia tampoco exigiría, necesariamente, la distribución personal o presencial de Romulo en dicho país, como también resulta obvio.

Por todo lo expuesto, debe rechazarse la cuestión previa planteada por la defensa de Romulo y Gema, pues ni existen motivos fundados para sospechar de una actuación ilícita o inveraz en el inicio de la investigación por parte de las policías francesa y española ni cabe identificar la real existencia de una situación de indefensión material para los acusados, por lo que no se vulnera el invocado artículo 24 de la Constitución.

1.4. Cuestiones previas planteadas por la defensa de Victoriano

La defensa de Victoriano renunció, en la fase de cuestiones previas de la primera sesión del acto del juicio, a la cuestión previa que había planteado en su escrito de conclusiones provisionales, reiterando esa renuncia en fase de conclusiones definitivas, por lo que no procede realizar pronunciamiento alguno sobre tal cuestión previa.

1.5. Cuestiones previas planteadas por la defensa de Rafael

La defensa de Rafael renunció, en fase de conclusiones definitivas, a la cuestión previa planteadas al inicio del acto del juicio, referente a la nulidad del auto de entrada y registro en el domicilio de su defendido, por lo que no procede realizar pronunciamiento alguno en relación con tal cuestión.

1.6. Cuestiones previas planteadas por la defensa de Constantino

La defensa de Constantino manifestó, en la fase de cuestiones previas de la primera sesión del acto del juicio, que renunciaba a las cuestiones previas que había planteado en su escrito de conclusiones provisionales, reiterando esa renuncia en fase de conclusiones definitivas, por lo que no procede realizar pronunciamiento alguno sobre tal cuestión previa.

1.7. Cuestiones previas planteadas por la defensa de Herminia

La defensa de Herminia manifestó, en la fase de cuestiones previas de la primera sesión del acto del juicio, que se adhería a las cuestiones previas de los compañeros que la habían precedido en el uso de la palabra, reiterando esa adhesión en fase de conclusiones definitivas, lo que no puede sorprender teniendo en cuenta que las cuestiones previas que esta defensa planteaba en su escrito de conclusiones provisionales son comunes a las planteadas por las demás defensas, remitiéndose la Letrada de Herminia, además, a lo que constaba al respecto en ese escrito de conclusiones provisionales, elevado a definitivo. Es por ello que, a la hora de dar respuesta a las cuestiones previas planteadas por la defensa de Herminia, nos remitiremos, en buena medida, a lo ya dicho en relación a las cuestiones previas planteadas por otras defensas.

1.7.1. Nulidad de actuaciones por vulneración de los artículos 18.2 , 18.3 y 24 de la Constitución

Alega la defensa de Herminia una primera cuestión previa, en la que amalgama una alegada vulneración de los derechos fundamentales a la inviolabilidad domiciliaria ( art. 18.2 CE) , al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE) , a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) , así como a los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) ; vulneraciones que, a su juicio, deberían dar lugar a la nulidad de todas las diligencias practicadas durante la tramitación de la causa, incluidas las grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas y sus respectivas transcripciones, pretendiendo fundamentar todo ello sobre la base de un afirmado carácter prospectivo de la investigación y de las correspondientes autorizaciones judiciales concedidas en el desarrollo de la investigación, añadiendo que tampoco se han respetado los requisitos jurisprudenciales, actualmente con reflejo en el derecho positivo, a la hora de conceder esas autorizaciones.

La generalidad y ausencia de concreción de ese planteamiento y la total ausencia de su puesta en relación con los concretos derechos fundamentales que pudieran considerarse afectados en el específico caso de Herminia, nos impide ofrecer una respuesta concreta y detallada en lo que se refiere a esta cuestión previa, lo que, por otra parte, tampoco resulta necesario, en la medida en que, en el caso de Herminia, también son plenamente aplicables, en orden a considerar plenamente lícitas las diligencias de investigación practicadas en relación con dicha acusada, todas las consideraciones que ya hemos dejado expuestas en los precedentes apartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2 y 1.3.1 de este ordinal primero, en relación a las cuestiones previas planteadas por las demás partes.

Basta ahora con señalar no sólo que no resultó prospectivo el inicio de la investigación y las ulteriores diligencias de investigación por todo lo expuesto en esos apartados, sino que, además, las intervenciones telefónicas que afectaron a Herminia y la entrada y registro en el domicilio en el que residía junto a Constantino, estaban plenamente justificadas a la vista de los resultados que iba a arrojando la investigación y que apuntaban a la posible intervención de Herminia en operaciones de tráfico de drogas, sin que, a este respecto, se aprecie tampoco déficit indiciario o motivador alguno en el oficio de 22 de mayo de 2023 (f. 254-257, TII-PIT) por el que se solicita la intervención telefónica de Herminia ni en el auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares de 23 de mayo de 2023 (f. 278-290, TII-PIT), por el que se acuerda dicha intervención telefónica, como tampoco se observan tales déficits en el oficio policial de 7 de junio de 2023 (ac 21; f. 130-135, TII) por el que se solicita la entrada y registro en el domicilio de Herminia y de Constantino, ubicado en DIRECCION006 de Penagos (Cantabria), ni en el auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcalá de Henares de 8 de junio de 2023 (ac. 21; f. 147-155, TI), por el que se acuerda tal entrada y registro.

En definitiva la práctica de tales diligencias de investigación estaba suficientemente justificada en base a los claros indicios de responsabilidad penal existentes en esos momentos contra Herminia, que permitían inferir razonablemente su implicación en actividades de tráfico de drogas, por lo que no se ha producido vulneración alguna de los derechos a la inviolabilidad domiciliaria y al secreto de las comunicaciones de Herminia, sin que tampoco se haya identificado por la parte que plantea la cuestión previa ninguna concreta situación de indefensión material en el caso de Herminia ni ninguna vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, por lo que la cuestión previa planteada debe ser rechazada.

1.7.2. Ruptura de la cadena de custodia

Alegó también la defensa de Herminia, como cuestión previa, la nulidad de pleno derecho de la prueba practicada en el presente proceso, sobre la base de afirmar que, a su juicio y por las razones que expone, no se ha garantizado la integridad de la cadena de custodia, generando ello una afectación a los derechos fundamentales de la referida acusada.

Procede el absoluto rechazo de esta cuestión previa por las razones que se expusieron en el precedente apartado 1.1.4 del presente ordinal primero, que aquí damos por íntegramente reproducidas en evitación de innecesarias reiteraciones y que determinan, conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes, que no se ha producido ruptura alguna de la cadena de custodia de las sustancias intervenidas en el presente proceso.

En definitiva, por lo expuesto y sin necesidad de razonamientos adicionales, rechazamos también esta cuestión previa.

SEGUNDO. Consideraciones jurisprudenciales sobre la funcionalidad del derecho a la presunción de inocencia

Los acusados están amparados por el derecho a la presunción de inocencia contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución y cuya virtualidad en el proceso penal cuenta con una consolidada y sobradamente conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Es por ello que, en el presente ordinal, haremos referencia exclusivamente a dos Sentencias del Tribunal Supremo que, por las precisiones que introducen en orden a la funcionalidad de la presunción de inocencia, resultan de especial interés, tratándose de las Sentencias de 17 de febrero de 2022 ( STS nº 136/2022) y 18 de mayo de 2022 ( STS nº 487/2022).

En la primera de las sentencias citadas señala el Alto Tribunal lo siguiente:

<<11. El motivo nos sitúa en el epicentro de un problema complejo sobre el que gira, en muy buena medida, el propio núcleo garantizador del principio de presunción de inocencia como regla de juicio: cuándo puede considerarse satisfecho el estándar más allá de toda duda razonable para fundar una sentencia condenatoria.

No parece cuestionable que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria, el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción.

Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria.

Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis. Una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no.

12.Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen ambas hipótesis. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, la conclusividad de la primera. No, de forma necesaria, excluirla.

La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político-constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contrahipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria.

Para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria.

Como nos enseña la mejor doctrina, la consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria.

Insistimos, mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, neutralizando la hipótesis alternativa, la absolución no presupone la certeza de la inocencia sino la mera no certeza de la culpabilidad. La absolución no se deriva de la prueba de la inocencia sino de la frustrada prueba de la culpabilidad más allá de toda duda razonable. De ahí que una hipótesis exculpatoria mínimamente verosímil arruine la probabilidad concluyente -la conclusividad- que exige el mencionado estándar.

13.La cuestión, por tanto, obliga despejar si en el caso la decisión absolutoria del Tribunal Superior se basó en una duda razonable. No en cualquier duda extraída de una hipótesis abstractamente posible construida mediante una inverosímil combinación de circunstancias. Como apuntábamos, la duda razonable debe fundarse en razones intersubjetivamente compartibles y justificarse a la luz de las circunstancias del caso. Para ello, la hipótesis alternativa sobre la que se sustente deberá: primero, ofrecer una explicación que abarque todos los datos constatados que sean relevantes; segundo, las consecuencias que de tal hipótesis se deriven no podrán ser incompatibles con los datos existentes; y, tercero, deberá resistir, al menos, intentos de falsación proveniente de las pruebas que en el proceso se han tenido por acreditadas>>.

La doctrina constitucional transcrita se reitera en la segunda de las sentencias citadas y a ella nos hemos atenido en orden a extraer las conclusiones que se derivan del cuatro probatorio desarrollado en el plenario.

TERCERO. Calificación del relato fáctico y consecuencias jurídicas

Procederemos, a continuación, a realizar la calificación jurídica de los hechos que han quedado recogidos en los sucesivos apartados del relato fáctico de la presente sentencia (apartados A1 a A8), realizándolo en sucesivos y respectivos apartados, que identificaremos como apartados C1 a C8.

Razonaremos también, con posterioridad, sobre la improcedencia de apreciar la existencia de organización o grupo criminal, en atención a lo que resulta del relato fáctico.

C.1. Apartado A1 del relato fáctico ( Romulo)

Los hechos recogidos en el apartado A1 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, previsto en los artículos 368 y 369.1.5º del Código Penal ,del que resulta autor responsable el acusado Romulo, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en su conducta concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, instaló un laboratorio para la fabricación de sustancias anfetamínicas, con la intención de destinarlas al tráfico ilícito, estando en posesión, además, en el momento del registro de la nave industrial en la que había instalado el referido laboratorio, de 21.920 gramos de anfetamina con una riqueza media del 12,7%, por lo que, reducida dicha sustancia a pureza, se trataría de 2.783,84 gramos de anfetamina pura.

No ofrece duda que tal sustancia merece la consideración de sustancia que causa grave daño a la salud, pues, como resulta de una reiterada doctrina jurisprudencial (por todas, STS nº 29/2020, de 4 de febrero), las sustancias que contienen distintas variaciones anfetamínicas deben ser subsumidas en esa categoría del artículo 368 del Código Penal, por concurrir en ellas los cuatro criterios que los protocolos internacionales emplean para tal calificación: por ser en sí lesiva para la salud; por el nivel de dependencia que crea en el consumidor; por el número de fallecimientos que provoca su intoxicación; y por el grado de tolerancia.

Por lo demás, resulta aplicable la cualificación de notoria importancia prevista en el artículo 369.1.5º del Código Penal, teniendo en cuenta que tal cualificación viene siendo aplicada por la jurisprudencia, en el caso de la anfetamina, a partir de 90 gramos ( SSTS nº 902/2006, de 18 de septiembre, y nº 150/2022, de 22 de febrero).

No concurren circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal en la conducta de Romulo. En este sentido no cabe apreciar la circunstancia atenuante analógica de confesión tardía que, bajo el pretendido amparo del artículo 21.7ª del Código Penal, fue alegada por su defensa en fase de conclusiones definitivas, pues no concurren los requisitos necesarios para dicha apreciación, toda vez que, la confesión realizada por el acusado, al final del acto del juicio, no sólo fue parcialmente inveraz, en la medida en que pretendió exonerar de toda responsabilidad penal a su madre, afirmando que esta última ninguna relación tenía con la droga encontrada en los inmuebles a ella vinculados, lo que, como hemos razonado en el apartado B2 de la motivación del relato fáctico, resulta ser falso, sino que, además, ningún beneficio ha aportado su parcial confesión en orden al esclarecimiento de los hechos, ante el cúmulo de evidencias incriminatorias existentes contra él, de tal manera que puede considerarse completamente inútil, en orden a la prueba de los hechos, la referida confesión, que no es más que mera exteriorización de su resignación ante la evidencia y que tampoco ha facilitado de forma relevante la prueba de los hechos respecto de los demás acusados.

En este sentido, en relación con esta atenuante, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2025 (STS nº 191/2025), que "... debe recordarse que la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto está carente de la significación esencial de la confesión pues, por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( SSTS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/2013, de 23 de mayo ), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro Código Penal ( SSTS 1109/2005, 28 de septiembre o 1063/2009, de 29 de octubre )".

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos por Romulo y el elevado reproche penal que merece su conducta, sin que concurran circunstancias genéricas modificativas de su responsabilidad penal ni tampoco otras circunstancias que permitan mitigar ese elevado reproche penal, estima la Sala adecuada la imposición al acusado, de conformidad con los artículos 28, 52, 56, 66.1. 6ª, 368 y 369.1.5ª del Código Penal, las penasde ocho años de prisión,con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de setecientos mil de euros (700.000 €),que está ligeramente por encima del tanto del valor de la sustancia intervenida a Romulo, que asciende a 628.446,40 euros, sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica del acusado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A1del relato fáctico, debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de drogas y de útiles destinados al desarrollo de la ilícita actividad y que se encontraban en poder del acusado. Y ello con la salvedad de la motocicleta "Harley Davidson", matrícula NUM011, a nombre del acusado, ya que no se ha probado en el plenario que haya sido utilizada en la realización de la ilícita actividad de tráfico de drogas, sin que tampoco se haya probado que sea producto de dicha actividad; ylo mismo cabe decir respecto de la cantidad de 5.030,20 eurosque se afirma intervenida al acusado, sin que se hayan acreditado en el plenario las circunstancias de esa intervención ni su procedencia de la ilícita actividad desplegada por Romulo.

En este sentido recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2024 ( STS nº 539/2024), textualmente, lo siguiente:

< art. 127 CP , lo que establece es la pérdida de los bienes, medios o instrumentos con que se haya perpetrado o ejecutado el delito, y los hechos probados no dejan duda de que esos vehículos fueron utilizados en el curso de la actividad delictiva desplegada por el condenado

En este sentido, en STS 432/2024, de 17 de mayo de 2024 , se puede leer lo siguiente:

"Por efectos del delito viene entendiendo la jurisprudencia, con un criterio amplio acorde con los fines de la institución, todo objeto o bien que se encuentre, mediata o inmediatamente, en poder del delincuente como consecuencia de la infracción, aunque sea el objeto de la acción típica ( STS 907/2021, de 24 de noviembre ).

Los instrumentos del delito han sido definidos jurisprudencialmente como los útiles y medios utilizados en su ejecución. Y en cuanto a las ganancias provenientes del delito, ha de extenderse su determinación a cualesquiera transformaciones que hayan podido experimentar. Se trata así de establecer claramente como consecuencia punitiva la pérdida del provecho económico obtenido directa o indirectamente del delito ( SSTS 924/2009 de 7 de octubre ; y 16/2009, de 27 de enero ).

Finalmente, en lo que atañe al límite de la aplicación del comiso, vendría determinado por su pertenencia a terceros de buena fe, no responsables del delito, que los hayan adquirido legalmente; bien entendido que la jurisdicción penal tiene facultades para delimitar situaciones fraudulentas y para constatar la verdadera realidad que subyace tras una titularidad jurídica aparente empleada para encubrir la realidad del tráfico jurídico y para enmascarar el origen ilícito del dinero empleado en su adquisición. Así lo especifican las sentencias anteriormente reseñadas (16/2009 de 27 de enero ; 11/2011, de 1 de febrero ; 600/2012, de 12 de julio ; 969/2013, de 18 de diciembre ; y 877/2014, de 22 de diciembre )">>.

C.2. Apartado A2 del relato fáctico ( Gema)

Los hechos recogidos en el apartado A2 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el inciso primero del artículo 368 del Código Penal ,del que resulta autora responsable la acusada Gema, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en su conducta concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, tenía en su poder, en su domicilio, con la intención de destinarlas al tráfico ilícito, las siguientes sustancias: 27,50 gramos de cocaína con una riqueza medida del 70,8%, equivalentes a 19,47 gramos de cocaína pura; 537,76 gramos de cocaína con un riqueza medida del 73%, equivalentes a 392,56 gramos de cocaína pura; y 5,08 gramos de MDMA con una riqueza media del 78,1%, equivalentes a 3,96 gramos de MDMA puro.

No ofrece duda que tales sustancias merecen la consideración de sustancias que causan grave daño a la salud, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la son exponente, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2024 ( STS nº 357/2024) -para el caso de la cocaína- y 7 de noviembre de 2017 ( STS nº 723/2017) -para el caso del MDMA-.

Ahora bien, en este caso no concurre la cualificación de notoria importancia de la cantidad, contemplada en el artículo 369.1.5ª del Código Penal, pues la cantidad total de cocaína pura intervenida asciende a 412,03 gramos, de tal manera que no alcanza el umbral de la notoria importancia fijado jurisprudencialmente para la cocaína en la cantidad de 750 gramos ( STS nº 593/2024, de 13 de junio), sin que tampoco la cantidad de 3,96 gramos de MDMA alcance la cantidad que la jurisprudencia considera como notoria importancia en el caso de esta sustancia, que es de 240 gramos ( STS nº 635/2019, de 20 de diciembre).

No concurren circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal en la conducta de Gema.

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos por Gema y el reproche penal que merece su conducta, sin que concurran circunstancias genéricas modificativas de su responsabilidad penal ni tampoco otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, estima la Sala adecuada la imposición a la acusada, de conformidad con los artículos 28, 52, 53.2, 56, 66.1. 6ª y 368 del Código Penal, las penasde cuatro años y cinco meses de prisión,que se encuentra en la mitad inferior del arco penológico imponible, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de setecientos mil de euros (700.000 €),que está ligeramente por encima del tanto del valor total de las sustancias intervenidas a Gema, que asciende a 680.040,05 euros, sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica de la acusada. Y ello con un mes de responsabilidad personal subsidiariaen caso de impago, que se considera proporcionada en relación con las circunstancias concurrentes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A2del relato fáctico, debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de drogas y de útiles, instrumentos y efectos destinados al desarrollo de la ilícita actividad y de bienes obtenidos como consecuencia de esa actividad, encontrándose todo ello en poder de la acusada. Y ello de conformidad con la jurisprudencia que, en relación con el decomiso, ha sido citada en el precedente apartado C.1. ( STS nº 539/2024).

C.3. Apartado A3 del relato fáctico ( Victoriano)

Los hechos recogidos en el apartado A3 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el inciso primero del artículo 368 del Código Penal ,por aplicación de la regla del concurso normativo del artículo 8.4ªdel mismo cuerpo legal , al recaer la ilícita conducta tanto sobre sustancias que causan grave daño a la salud (cocaína y MDMA) como sobre otras que no causan grave daño a la salud (cannabis), según resulta de una consolidada doctrina jurisprudencial de la que es exponente, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012 (STS nº 530/2012), en la que se señala que "en los supuestos de tráfico con otra sustancia menos nociva, éste queda absorbido por la figura más grave, STS 1884/99, de 30-12 , por aplicación del art. 8-4 CP se sanciona con la pena correspondiente al delito más grave, que será la correspondiente a las drogas que causan grave daño a la salud. En igual sentido STS 371/2004, de 25-3 , en los casos con varios tráficos de sustancias estupefacientes debe aplicarse el art. 8-4 CP como concurso de normas y no de delitos y en consecuencia el precepto penal más grave excluirá el hecho con pena menor -principio de alternatividad- ( STS 1313/2002, de 4-7 )".

Del referido delito resulta autor responsable el acusado Victoriano, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en su conducta concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, tenía en su poder, en su domicilio, con la intención de destinarlas al tráfico ilícito, las siguientes sustancias: 1,79 gramos de cocaína con una riqueza medida del 77,2%, equivalentes a 1,38 gramos de cocaína pura; 1,22 gramos de MDMA con un riqueza medida del 7,9%, equivalentes a 0,096 gramos de MDMA puro; 102,6 gramos de resina de cannabis con un riqueza media del 31,4%; 30,67 gramos de hojas de planta de cannabis con una riqueza media en THC del 2,5%; 93,41 gramos de cannabis con una riqueza media del 18,2%; 11,88 gramos de cannabis con una riqueza media del 22,4%; y 7,71 gramos de cannabis con una riqueza media del 18,6%.

No ofrece duda que la cocaína y el MDMA merecen la consideración de sustancias que causan grave daño a la salud, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la son exponente, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2024 ( STS nº 357/2024) -para el caso de la cocaína- y 7 de noviembre de 2017 ( STS nº 723/2017) -para el caso del MDMA-.

Ahora bien, en este caso no concurre la cualificación de notoria importancia de la cantidad, contemplada en el artículo 369.1.5ª del Código Penal, pues la cantidad total de cocaína pura intervenida asciende a 1,38 gramos, de tal manera que está muy por debajo del umbral de la notoria importancia fijado jurisprudencialmente para la cocaína en la cantidad de 750 gramos ( STS nº 593/2024, de 13 de junio), quedándose también la cantidad de 0,096 gramos de MDMA intervenida muy por debajo de la cantidad que la jurisprudencia considera como notoria importancia en el caso de esta sustancia, que es de 240 gramos ( STS nº 635/2019, de 20 de diciembre); y lo mismo cabe decir en relación con la cantidad total de cannabis intervenido.

Concurre en el acusado la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22.8ª del Código Penal ,como incluso reconoció su defensa en fase de conclusiones definitivas.

También concurre en el acusado la circunstancia atenuante simple de drogadicción del artículo 21.2ª del Código Penal ,debiendo destacarse que el Ministerio Fiscal reconoce la procedencia de aplicar esta atenuante y solicitó dicha aplicación en su escrito de conclusiones definitivas, lo que determina la obligatoriedad de esa apreciación en respeto del principio acusatorio, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la que son exponente las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2015 ( STS nº 795/2015, FD 3), 30 de diciembre de 2020 ( STS nº 723/2020, FD 4º) y 16 de enero de 2025 ( STS nº 1188/2024, FD 14º), señalándose en la primera de las sentencias citadas, textualmente, lo siguiente: "Pues bien, resulta evidente que se genera indefensión cuando el Tribunal sentenciador prescinde de una atenuante que ha sido solicitada por la acusación. La estrategia defensiva del investigado ha de contar anticipadamente con la seguridad que proporciona el hecho de que el propio Fiscal reconozca la existencia, como sucede en el presente caso, de una alteración de la imputabilidad por concurrencia de la atenuante de drogadicción ( art. 21.2 CP ). El desafío probatorio de la defensa no es el mismo, desde luego, cuando el relato de hechos sobre los que se construye la acusación del Fiscal ya incluye una disminución de la culpabilidad. Y esa relajación de la defensa para la aportación de elementos de descargo sobre tal aspecto, no puede ser inesperadamente resuelta con el rechazo por el Tribunal de la atenuante que el propio Fiscal admite en sus conclusiones definitivas".

Tal doctrina jurisprudencial es reiterada en las otras dos sentencias citadas.

No procede, en cambio, la apreciación de la circunstancia atenuante analógica de confesiónque, bajo el pretendido amparo del artículo 21.7ª del Código Penal, solicitó la defensa del acusado en fase de conclusiones definitivas, pues no concurren los requisitos necesarios para dicha apreciación, toda vez que la confesión realizada por el acusado, al inicio del acto del juicio, ningún beneficio ha aportado en orden al esclarecimiento de los hechos, ante el cúmulo de evidencias incriminatorias existentes contra él, de tal manera que puede considerarse completamente inútil, a efectos probatorios, la referida confesión, que no es más que mera exteriorización de su resignación ante la evidencia y que tampoco ha facilitado de forma relevante la prueba de los hechos respecto de los demás acusados.

En este sentido, en relación con esta atenuante, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2025 (STS nº 191/2025), que "... debe recordarse que la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto está carente de la significación esencial de la confesión pues, por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( SSTS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/2013, de 23 de mayo ), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro Código Penal ( SSTS 1109/2005, 28 de septiembre o 1063/2009, de 29 de octubre )".

Por lo expuesto, concurriendo una circunstancia agravante (reincidencia) y una circunstancia atenuante (drogadicción),procede su racional compensación,en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66.1. 7ª del Código Penal ;y como resultado de esa compensación y teniendo en cuenta la similar intensidad con que concurren ambas circunstancias, aunque en sentidos opuestos, no se aprecia la persistencia de un fundamento cualificado de atenuación ni tampoco de un fundamento cualificado de atenuación.

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos por Victoriano y el reproche penal que merece su conducta, habiéndose procedido a la compensación de la circunstancias agravante de reincidencia con la circunstancia atenuante de drogadicción, quedando sin efecto, por tanto, sus respectivos y opuestos efectos penológicos, sin que concurran otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, estima la Sala adecuada la imposición al acusado, de conformidad con los artículos 28, 52, 53.2, 56, 66.1. 6ª y 7ª y 368 del Código Penal, las penas de tres años y seis meses de prisión,que se encuentra en la mitad inferior del arco penológico imponible, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de dos mil euros (2.000 €),que está ligeramente por encima del tanto del valor total de las sustancias intervenidas a Victoriano, que asciende a 1.877,03 euros, sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica del acusado. Y ello con cuatro días de responsabilidad personal subsidiariaen caso de impago.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A3del relato fáctico, debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de drogas y de útiles, instrumentos y efectos destinados al desarrollo de la ilícita actividad, que se encontraban en poder del acusado.

No procede, en cambio, acordar el decomiso de los dos vehículos Audi, modelo A6, con respectivas matrículas NUM048 y NUM049, de los que es titular el acusado, ya que no se ha probado en el acto del plenario que hayan sido utilizados en la realización de la ilícita actividad de tráfico de drogas, sin que tampoco se haya probado que sean producto de dicha actividad. Y ello de conformidad con la jurisprudencia que, en relación con el decomiso, ha sido citada en el precedente apartado C.1. ( STS nº 539/2024).

C.4. Apartado A4 del relato fáctico ( Víctor)

Los hechos recogidos en el apartado A4 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, previsto en los artículos 368 y 369.1.5º del Código Penal ,por aplicación de la regla del concurso normativo del artículo 8.4ªdel mismo cuerpo legal , al recaer la ilícita conducta tanto sobre sustancias que causan grave daño a la salud (anfetamina, 4-clorometcatinona y cocaína) como sobre otras que no causan grave daño a la salud (cannabis), según resulta de una consolidada doctrina jurisprudencial de la que es exponente, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012 (STS nº 530/2012), en la que se señala que "en los supuestos de tráfico con otra sustancia menos nociva, éste queda absorbido por la figura más grave, STS 1884/99, de 30-12 , por aplicación del art. 8-4 CP se sanciona con la pena correspondiente al delito más grave, que será la correspondiente a las drogas que causan grave daño a la salud. En igual sentido STS 371/2004, de 25-3 , en los casos con varios tráficos de sustancias estupefacientes debe aplicarse el art. 8-4 CP como concurso de normas y no de delitos y en consecuencia el precepto penal más grave excluirá el hecho con pena menor -principio de alternatividad- ( STS 1313/2002, de 4-7 )".

Del referido delito resulta autor responsable el acusado Víctor, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del texto punitivo, siendo indudable que en su conducta concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, tenía en su poder, en su domicilio, con la intención de destinarlas al tráfico ilícito, las siguientes sustancias: 6.485,27 gramos de anfetamina con una riqueza media del 7,4%, equivalentes a 479,90 gramos de anfetamina pura; 3,75 gramos de 4-clorometcatinona; 13,08 gramos de anfetamina; 10,61 gramos de cannabis con una riqueza media del 10,6%; 7,86 gramos de cocaína con una riqueza medida del 77,7%, equivalentes a 6,10 gramos de cocaína pura; 47,54 gramos de cocaína con una riqueza media del 78,3%, equivalentes a 37,22 gramos de cocaína pura; y 9,3 gramos de cannabis con una riqueza media del 15%.

No ofrece duda que la cocaína y la anfetamina merecen la consideración de sustancias que causan grave daño a la salud, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la son exponente, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2024 ( STS nº 357/2024) -para el caso de la cocaína- y Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2020 (STS nº 29/2020)-para el caso de la anfetamina-.

Por lo demás, resulta aplicable la cualificación de notoria importancia prevista en el artículo 369.1.5º del Código Penal, teniendo en cuenta que tal cualificación viene siendo aplicada por la jurisprudencia, en el caso de la anfetamina, a partir de 90 gramos ( SSTS nº 902/2006, de 18 de septiembre, y nº 150/2022, de 22 de febrero).

Concurre en el acusado la circunstancia atenuante simple de drogadicción del artículo 21.2ª del Código Penal ,debiendo destacarse que el Ministerio Fiscal reconoce la procedencia de aplicar esta atenuante y solicitó dicha aplicación en su escrito de conclusiones definitivas, lo que determina la obligatoriedad de esa apreciación en respeto del principio acusatorio, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la que son exponente las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2015 ( STS nº 795/2015, FD 3), 30 de diciembre de 2020 ( STS nº 723/2020, FD 4º) y 16 de enero de 2025 ( STS nº 1188/2024, FD 14º), señalándose en la primera de las sentencias citadas, textualmente, lo siguiente: "Pues bien, resulta evidente que se genera indefensión cuando el Tribunal sentenciador prescinde de una atenuante que ha sido solicitada por la acusación. La estrategia defensiva del investigado ha de contar anticipadamente con la seguridad que proporciona el hecho de que el propio Fiscal reconozca la existencia, como sucede en el presente caso, de una alteración de la imputabilidad por concurrencia de la atenuante de drogadicción ( art. 21.2 CP ). El desafío probatorio de la defensa no es el mismo, desde luego, cuando el relato de hechos sobre los que se construye la acusación del Fiscal ya incluye una disminución de la culpabilidad. Y esa relajación de la defensa para la aportación de elementos de descargo sobre tal aspecto, no puede ser inesperadamente resuelta con el rechazo por el Tribunal de la atenuante que el propio Fiscal admite en sus conclusiones definitivas".

Tal doctrina jurisprudencial es reiterada en las otras dos sentencias citadas.

No procede, en cambio, la apreciación de la circunstancia atenuante analógica de confesión tardíaque, bajo el pretendido amparo de los artículos 21.4ª y 21.7ª del Código Penal, solicitó la defensa del acusado en fase de conclusiones definitivas, pues no concurren los requisitos necesarios para dicha apreciación, toda vez que la confesión realizada por el acusado, al inicio del acto del juicio, ningún beneficio ha aportado en orden al esclarecimiento de los hechos, ante el cúmulo de evidencias incriminatorias existentes contra él, de tal manera que puede considerarse completamente inútil, a efectos probatorios, la referida confesión, que no es más que mera exteriorización de su resignación ante la evidencia y que tampoco ha facilitado de forma relevante la prueba de los hechos respecto de los demás acusados.

En este sentido, en relación con esta atenuante, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2025 (STS nº 191/2025), que "... debe recordarse que la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto está carente de la significación esencial de la confesión pues, por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( SSTS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/2013, de 23 de mayo ), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro Código Penal ( SSTS 1109/2005, 28 de septiembre o 1063/2009, de 29 de octubre )".

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en cuenta la elevada gravedad de los hechos cometidos por Víctor y el reproche penal que merece su conducta y teniendo en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de drogadicción, sin que concurran otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, estima la Sala adecuada la imposición al acusado, de conformidad con los artículos 28, 52, 56, 66.1. 1ª, 368 y 369.1. 5ª del Código Penal, las penasde seis años y un día de prisión,que es la pena mínima del arco penológico imponible y que es la solicitad por el Ministerio Fiscal, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de doscientos mil euros (200.000 €),que está ligeramente por encima del tanto del valor total de las drogas intervenidas a Víctor, que asciende a ciento noventa y dos mil doscientos noventa y cinco euros con veintinueve céntimos (192.295,29 €), sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica del acusado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A4del relato fáctico, debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de drogas y de útiles, instrumentos y efectos destinados al desarrollo de la ilícita actividad, que se encontraban en poder del acusado. Y ello con la salvedad de la "llave vehículo Peugeot",en correspondencia con lo que se va a indicar en el siguiente párrafo.

En este sentido, debemos señalar que no procede acordar el decomiso del vehículo Peugeot, modelo 308, con matrícula NUM050, cuyo titular es el acusado, ya que no se ha probado en el plenario que haya sido utilizado en la realización de la ilícita actividad de tráfico de drogas, sin que tampoco se haya probado que sea producto de dicha actividad; y lo mismo cabe decir respecto de la cantidad de 188,67 eurosque se afirma intervenida al acusado, toda vez que tampoco se han acreditado en el plenario las circunstancias de esa intervención ni su procedencia de la ilícita actividad desplegada por Víctor. Y ello de conformidad con la jurisprudencia que, en relación con el decomiso, ha sido citada en el precedente apartado C.1. ( STS nº 539/2024)

C.5. Apartado A5 del relato fáctico ( Rafael)

Los hechos recogidos en el apartado A5 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el inciso primero del artículo 368 del Código Penal ,del que resulta autor responsable el acusado Rafael, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en su conducta concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria tenía en su poder, en su domicilio, con la intención de destinarlos, al menos en parte, al tráfico ilícito, de 207,96 gramos de anfetamina con una riqueza media del 8,8%, por lo que, reducida dicha sustancia a pureza, se trataría de 18,30 gramos de anfetamina pura.

No ofrece duda que tal sustancia merece la consideración de sustancia que causa grave daño a la salud, como resulta de una reiterada doctrina jurisprudencial (por todas, STS nº 29/2020, de 4 de febrero).

Por lo demás, no resulta aplicable la cualificación de notoria importancia prevista en el artículo 369.1.5º del Código Penal, teniendo en cuenta que tal cualificación viene siendo aplicada por la jurisprudencia, en el caso de la anfetamina, a partir de 90 gramos ( SSTS nº 902/2006, de 18 de septiembre, y nº 150/2022, de 22 de febrero), ascendiendo la cantidad de anfetamina pura en poder del acusado a 18,30 gramos.

Concurre en el acusado la circunstancia atenuante simple de drogadicción del artículo 21. 2ª del Código Penal ,en la medida en que presentaba, a la fecha de los hechos y como consecuencia del consumo de drogas, una afectación moderada de sus capacidades volitivas en relación con la realización de la conducta por la que es condenado, según se desprende del informe médico forense.

No procede, en cambio, la apreciación de la circunstancia atenuante analógica de confesión tardíaque, bajo el pretendido amparo de los artículos 21.4ª y 21.7ª del Código Penal, solicitó la defensa del acusado en fase de conclusiones definitivas, pues no concurren los requisitos necesarios para dicha apreciación, toda vez que la confesión realizada por el acusado, al inicio del acto del juicio, ningún beneficio ha aportado en orden al esclarecimiento de los hechos, ante el cúmulo de evidencias incriminatorias existentes contra él, de tal manera que puede considerarse completamente inútil, a efectos probatorios, la referida confesión, que no es más que mera exteriorización de su resignación ante la evidencia y que tampoco ha facilitado de forma relevante la prueba de los hechos respecto de los demás acusados.

En este sentido, en relación con esta atenuante, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2025 (STS nº 191/2025), que "... debe recordarse que la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto está carente de la significación esencial de la confesión pues, por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( SSTS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/2013, de 23 de mayo ), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro Código Penal ( SSTS 1109/2005, 28 de septiembre o 1063/2009, de 29 de octubre )".

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos por Rafael y el reproche penal que merece su conducta y teniendo en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de drogadicción, sin que concurran otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, estima la Sala adecuada la imposición al acusado, de conformidad con los artículos 28, 52, 53.2, 56, 66.1. 1ª y 368 del Código Penal, de las penasde tres años y seis meses de prisión,con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de seis mil euros (6.000 €),que está ligeramente por encima del tanto del valor total de la droga intervenida a Rafael, que asciende a cinco mil novecientos sesenta y dos euros con veintiún céntimos (5.962,21 €), sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica del acusado. Y ello con doce días de responsabilidad personal subsidiariaen caso de impago, que se estima proporcionada a las circunstancias concurrentes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A5del relato fáctico, debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de drogas y de útiles, instrumentos y efectos destinados al desarrollo de la ilícita actividad, que se encontraban en poder del acusado, así como la cantidad de 1.070 euros, encontrados en el registro y que, sin duda, son producto de su ilícita actividad.

No procede, en cambio, que ese decomiso alcancea la cantidad total de 1.570 euros que el Ministerio Fiscal afirma que fueron intervenidos a Rafael, toda vez que respecto de esa cantidad adicional de 500 euros(1.570 - 1.070 = 500) que se dice intervenida, no se han acreditado en el plenario las circunstancias de la intervención de esos quinientos euros adicionales ni, por tanto, su procedencia de la ilícita actividad desplegada por Rafael.

Lo mismo cabe decir respecto del vehículo Citröen, modelo C5, con matrícula NUM051, cuyo titular es el acusado, ya que no se ha probado en el plenario que haya sido utilizado en la realización de la ilícita actividad de tráfico de drogas. Y ello de conformidad con la jurisprudencia que, en relación con el decomiso, ha sido citada en el precedente apartado C.1. ( STS nº 539/2024).

C.6. Apartado A6 del relato fáctico ( Constantino y Herminia)

Los hechos recogidos en el apartado A6 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, previsto en los artículos 368 y 369.1.5º del Código Penal ,por aplicación de la regla del concurso normativo del artículo 8.4ªdel mismo cuerpo legal , al recaer la ilícita conducta tanto sobre sustancias que causan grave daño a la salud (anfetamina) como sobre otras que no causan grave daño a la salud (cannabis), según resulta de una consolidada doctrina jurisprudencial de la que es exponente, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2012 (STS nº 530/2012), en la que se señala que "en los supuestos de tráfico con otra sustancia menos nociva, éste queda absorbido por la figura más grave, STS 1884/99, de 30-12 , por aplicación del art. 8-4 CP se sanciona con la pena correspondiente al delito más grave, que será la correspondiente a las drogas que causan grave daño a la salud. En igual sentido STS 371/2004, de 25-3 , en los casos con varios tráficos de sustancias estupefacientes debe aplicarse el art. 8-4 CP como concurso de normas y no de delitos y en consecuencia el precepto penal más grave excluirá el hecho con pena menor -principio de alternatividad- ( STS 1313/2002, de 4-7 )".

Del referido delito resultan coautores responsables los acusados Constantino y Herminia, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en sus conductas concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, tenían en su poder, en el domicilio en el que ambos convivían, con la intención de destinarlas al tráfico ilícito, las siguientes sustancias: 3.854,54 gramos de anfetamina; 9,32 gramos de anfetamina; 19,09 gramos de resina de cannabis con una riqueza medida del 31,3%.

No ofrece duda que la anfetamina merece la consideración de sustancia que causa grave daño a la salud, pues, como resulta de una reiterada doctrina jurisprudencial (por todas, STS nº 29/2020, de 4 de febrero), las sustancias que contienen distintas variaciones anfetamínicas deben ser subsumidas en esa categoría del artículo 368 del Código Penal, por concurrir en ellas los cuatro criterios que los protocolos internacionales emplean para tal calificación: por ser en sí lesiva para la salud; por el nivel de dependencia que crea en el consumidor; por el número de fallecimientos que provoca su intoxicación; y por el grado de tolerancia.

Por lo demás, resulta aplicable la cualificación de notoria importancia prevista en el artículo 369.1.5º del Código Penal, teniendo en cuenta que tal cualificación viene siendo aplicada por la jurisprudencia, en el caso de la anfetamina, a partir de 90 gramos ( SSTS nº 902/2006, de 18 de septiembre, y nº 150/2022, de 22 de febrero).

En lo que se refiere a la coautoría en el delito de tráfico de drogas de personas que conviven en el mismo domicilio, son de oportuna cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2023 ( STS nº 750/2023, FD 4º) y de 19 de septiembre de 2024 ( STS nº 794/2024, FD 18º), en las que se recuerda que, cuando se trata de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, el simple conocimiento por parte del cónyuge o personas asimiladas de la actividad del autor no es bastante para originar responsabilidad penal, sino que se requiere la constatación de circunstancias adicionales que vayan más allá de la mera convivencia familiar y que permitan deducir la coautoría en el sentido de real coposesión de la droga y participación en cualquiera de los comportamientos que condensa la tipicidad del artículo 368 del Código Penal.

En el caso que nos ocupa, los dos acusados no sólo convivían en el mismo domicilio, sino que ambos intervinieron en las conductas relacionadas con el tráfico de drogas que se describen en el apartado A6 del relato fáctico, que evidencian una intervención consciente y conjunta de ambos en el tráfico ilícito, como ya ha quedado razonado en el apartado B6 de la motivación del relato fáctico, al que en este momento nos remitimos.

Los hechos recogidos en el apartado A6 del relato fáctico también son constitutivos de un delito de depósito de armas, previsto en el artículo 566.1. 2º, primer inciso (promotores y organizadores) del Código Penal , así como artículo 567.3 y 4 en relación con el artículo 564 del mismo cuerpo legal ,resultando coautores responsables los acusados Constantino y Herminia, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en sus conductas concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, tenían en su poder, en el domicilio en el que ambos convivían, las armas referidas en el apartado A6, ostentando ambos la disponibilidad de las mismas, como también se ha razonado en el apartado B6 de la motivación del relato fáctico, al que también nos remitimos en este momento.

Basta con destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2006 (STS nº 92/2006), entre otras, recuerda, con cita de la Sentencia nº 1348/2004, de 25 de noviembre, que "en el delito de tenencia ilícita de armas, además de los requisitos derivados de la tenencia y subjetivos sobre esa tenencia, se reconoce la coautoría en casos de tenencia compartida siempre que exista disponibilidad indistinta de las armas por parte de los coacusados que constituyan una asociación, aun transitoria, para la ejecución de hechos delictivos poniendo a disposición común e indistinta aquellas armas, aun cuanto pertenezcan individualmente a uno de ellos, pero resultan afectadas para la perpetración de los hechos en su conjunto, dependiendo su uso individual del papel o "rol" asignado a cada uno de los partícipes".

Por otra parte, los acusados tienen la condición de organizadores o promotores del depósito de armas existente en el domicilio en el que ambos convivían, como resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2013 (STS nº 392/2013), en la que se señala lo siguiente:

< STS. 2270/2001 de 1.4.2002 ). Por tanto, cuando se trata de un depósito hecho por una sola persona, el agente único ha de ser equiparado al promotor u organizador, más aun cuando el depósito se ocultaba en un almacén de su propiedad.

[...............................................]

En el caso actual es cierto que la tenencia fugaz o desprovista de cualquier voluntad o permanencia puede hacer decaer la aplicación del tipo penal, pero este no es el caso cuando en el factum se recoge que en fecha comprendida entre los primeros días de octubre y el 25.11.2009, el acusado tenia a su disposición tres subfusiles automáticos en su estado de funcionamiento normal, lo que implica una vocación indudable de posible utilización, como lo demuestra esa disposición y tenencia que rebasa la idea de fugacidad y mera posesión transitoria por cuenta de otro ( STS. 120/2010 de 27.1 ).

Respecto al elemento subjetivo no se exige en ningún apartado del art. 566 que el delito de depósito de armas se haya constituido con fines o móviles subversivos o antisociales ( STS. 50/2002 de 22.1 ), y se concreta por el conocimiento de que se constituido ese deposito, que el arma poseída es de fuego o de guerra, con idoneidad para disparar y de que no puede poseerse lícitamente>>.

Finalmente, en la Sentencia de 13 de octubre de 2015 se considera dato relevante, para atribuir la condición de organizador o promotor, el hecho de que el depósito de armas estuviese a disposición de quienes tenían la disponibilidad de la vivienda en la que las armas se encontraban, señalando que <>.

Todo ello, sin olvidar el concierto o asociación entre Constantino y Herminia en orden a la realización de sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la utilidad que podían tener las armas encontradas en el domicilio en orden a su propia protección personal en el desarrollo de esa ilícita actividad, especialmente cuando va relacionada con la tenencia de una elevada y valiosa cantidad de droga, como la que fue hallada en su domicilio.

En lo que se refiere a la concurrencia de circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, concurre en Constantino la circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22.8ª del Código Penal, exclusivamente en lo que se refiere al delito contra la salud pública,como incluso viene a reconocer su defensa en fase de conclusiones definitivas.

También concurre en Constantino la circunstancia atenuante simple de drogadicción del artículo 21.2ª del Código Penal, aunque referida exclusivamente también al delito contra la salud pública,dada la naturaleza funcional de esta circunstancia atenuante, puesta de relieve por la jurisprudencia ( SSTS nros. 1152/2024, 1167/2024 y 430/2025, entre otras muchas), sin que pueda establecerse en el caso de autos esa relación funcional entre la drogadicción del acusado y del delito de depósito de armas, debiendo destacarse, además, que el Ministerio Fiscal reconoce la procedencia de aplicar esta atenuante y solicitó dicha aplicación en su escrito de conclusiones definitivas, lo que determina la obligatoriedad de esa apreciación, obviamente dentro del ámbito funcional que le es propio, en respeto del principio acusatorio, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la que son exponente las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2015 ( STS nº 795/2015, FD 3), 30 de diciembre de 2020 ( STS nº 723/2020, FD 4º) y 16 de enero de 2025 ( STS nº 1188/2024, FD 14º), señalándose en la primera de las sentencias citadas, textualmente, lo siguiente: "Pues bien, resulta evidente que se genera indefensión cuando el Tribunal sentenciador prescinde de una atenuante que ha sido solicitada por la acusación. La estrategia defensiva del investigado ha de contar anticipadamente con la seguridad que proporciona el hecho de que el propio Fiscal reconozca la existencia, como sucede en el presente caso, de una alteración de la imputabilidad por concurrencia de la atenuante de drogadicción ( art. 21.2 CP ). El desafío probatorio de la defensa no es el mismo, desde luego, cuando el relato de hechos sobre los que se construye la acusación del Fiscal ya incluye una disminución de la culpabilidad. Y esa relajación de la defensa para la aportación de elementos de descargo sobre tal aspecto, no puede ser inesperadamente resuelta con el rechazo por el Tribunal de la atenuante que el propio Fiscal admite en sus conclusiones definitivas".

Tal doctrina jurisprudencial es reiterada en las otras dos sentencias citadas.

No procede, en cambio, la apreciación a Constantino de la circunstancia atenuante analógica de confesión tardía que, bajo el pretendido amparo de los artículos 21.4ª y 21.7ª del Código Penal, solicitó la defensa de Constantino en fase de conclusiones definitivas, pues no concurren los requisitos necesarios para dicha apreciación, toda vez que la confesión realizada por el acusado, al inicio del acto del juicio, ningún beneficio ha aportado en orden al esclarecimiento de los hechos, ante el cúmulo de evidencias incriminatorias existentes contra él, de tal manera que puede considerarse completamente inútil, a efectos probatorios, la referida confesión, que no es más que mera exteriorización de su resignación ante la evidencia y que tampoco ha facilitado de forma relevante la prueba de los hechos respecto de los demás acusados.

En este sentido, en relación con esta atenuante, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2025 (STS nº 191/2025), que "... debe recordarse que la asunción de responsabilidad cuando el sujeto activo ha sido descubierto está carente de la significación esencial de la confesión pues, por más que la confesión ya no necesite estar alentada por el arrepentimiento, no quiere decir que no debe ir dotada del elemento de la voluntariedad. Una confesión en cuya génesis solo se encuentra la resignación ante lo que se percibe ya como irremediable no puede dar vida a una atenuación, por no existir fundamento para un menor reproche penal ( SSTS 1619/2000 de 19 de octubre o 420/2013, de 23 de mayo ), salvo en aquellos supuestos en los que suponga -en el ámbito propio del proceso- una facilitación importante de la acción de la Justicia y, por tanto, una contribución útil y relevante para la restauración del orden jurídico alterado por la acción delictiva; supuestos en los que la confesión -denominada tardía- puede operar como atenuante analógica del artículo 21.7 de nuestro Código Penal ( SSTS 1109/2005, 28 de septiembre o 1063/2009, de 29 de octubre )".

Por lo expuesto, concurriendo una circunstancia agravante (reincidencia) y una circunstancia atenuante (drogadicción), en ambos casos referidas exclusivamente al delito contra la salud pública, procede su racional compensación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66.1. 7ª del Código Penal; y como resultado de esa compensación y teniendo en cuenta la similar intensidad con que concurren ambas circunstancias, aunque en sentidos opuestos, no se aprecia la persistencia de un fundamento cualificado de atenuación ni tampoco de un fundamento cualificado de atenuación.

Por otra parte, en lo que se refiere a Herminia, no procede aplicar atenuación alguna derivada de su alegada situación de drogadicción, ni como eximente incompleta ni como atenuante analógica, pues no existe base alguna para ello, como resulta de lo que ya hemos dejado razonado al respecto en el apartado B6 de la motivación del relato fáctico, que aquí damos por íntegramente reproducido.

Tampoco procede apreciar la atenuante de dilaciones indebidasdel artículo 21.6ª del Código Penal, que ha sido solicitada por la defensa de Herminia, para lo que basta con señalar, de un lado, que no se han detallado los periodos de paralización de la causa que pudiera dar lugar a la apreciación de esa atenuante, como debió haber hecho la defensa en orden a intentar fundamentar la procedencia de la apreciación de dicha atenuante, y, de otro lado, tampoco puede considerarse excesiva la duración total del procedimiento, teniendo en cuenta que los hechos delictivos fueron cometidos en el año 2023 y que se trata de una causa compleja con doce acusados (uno que no ha podido ser enjuiciado), habiéndose celebrado el juicio oral en el mes de septiembre del presente año y dictándose la esta sentencia en el presente mes de diciembre.

En cuanto a las penas a imponer a los acusados y comenzando por Constantino y por el delito contra la salud pública,procede, sobre la base de todo lo expuesto y teniendo en cuenta la elevada gravedad de los hechos por él cometidos y el elevado reproche penal que merece su conducta, habiéndose procedido a la compensación de la circunstancias agravante de reincidencia con la circunstancia atenuante de drogadicción, quedando sin efecto, por tanto, sus respectivos y opuestos efectos penológicos, sin que concurran otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, procede imponerle, de conformidad con los artículos 28, 52, 56, 66.1. 6ª y 7ª, 368 y 369.1.5ª del Código Penal, las penas de seis años y un día de prisión,que es el límite mínimo del arco penológico imponible, sin que este Tribunal pueda imponer una pena más elevada, al ser esa la pena solicitada por el Ministerio Fiscal en fase de conclusiones definitivas, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de ciento veinte mil euros (120.000 €),que es la solicitada por el Ministerio Fiscal y que se encuentra ligeramente por encima del tanto del valor de la droga intervenida, que asciende a ciento diez mil novecientos cinco euros con treinta y cuatro céntimos (110.905,34 €), sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica del acusado.

En lo que se refiere a la pena a imponer a Constantino por el delito de depósito de armas, en cuya comisión no concurren circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, procede, sobre la base de todo lo expuesto y de conformidad con los artículos 28, 56, 66.1. 6ª, 564, 566.1.2º, primer inciso (promotores y organizadores) y 567.3 y 4 del Código Penal, imponerle la pena de dos años de prisión,que es el límite mínimo del arco penológico imponible y que fue la pena solicitada por el Ministerio Fiscal en fase de conclusiones definitivas, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En lo que se refiere a las penas a imponer a Herminia por el delito contra la salud pública,sobre la base de todo lo expuesto y teniendo en cuenta la elevada gravedad de los hechos por ella cometidos y el elevado reproche penal que merece su conducta, sin que concurran circunstancias atenuantes genéricas ni otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, estima la Sala adecuado imponerle, de conformidad con los artículos 28, 56, 66.1. 6ª, 368 y 369.1.5ª del Código Penal, las penas de siete años de prisión,que es la pena solicitada por el Ministerio Fiscal en fase de conclusiones definitivas, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de ciento veinte mil euros (120.000 €),que es la solicitada por el Ministerio Fiscal y que se encuentra ligeramente por encima del tanto del valor de la droga intervenida, que asciende a ciento diez mil novecientos cinco euros con treinta y cuatro céntimos (110.905,34 €), sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica de la acusada.

En lo que se refiere a la pena a imponer a Herminia por el delito de depósito de armas, sobre la base de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que no concurren circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad penal, estima la Sala adecuado imponerle, de conformidad con los artículos 28, 56, 66.1. 6ª, 564, 566.1. 2º, primer inciso (promotores y organizadores) y 567.3 y 4 del Código Penal, la pena de dos años de prisión,que es el límite mínimo del arco penológico imponible, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, armas, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A6del relato fáctico, debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de armas y drogas, así como de útiles, instrumentos y efectos destinados al desarrollo de la ilícita actividad y que se encontraban en poder de los acusados.

Procede acordar, igualmente, el decomiso del vehículo Volkswagen, modelo Passat, con matrícula NUM020, cuyo titular real es Constantino, y que vino siendo utilizado en las actividades de tráfico de drogas que Constantino y Herminia venían realizando, como se desprende de lo que se indica en el apartado A6 del relato fáctico.

No procede, en cambio, acordar el decomiso del vehículo BMW, modelo 320, con matrícula NUM052 ni del Renault, modelo Captur, con matrícula NUM053, respecto de los que afirma el Ministerio Fiscal que son de la titularidad real de Constantino, ya que no se ha probado en el plenario esa titularidad real ni tampoco que tales vehículos hayan sido utilizados en la realización de la ilícita actividad de tráfico de drogas, sin que tampoco se haya probado que sean producto de dicha actividad; y tampoco procede el decomiso de la cantidad de 7,60 euros,que el Ministerio Fiscal afirma haber sido intervenida a Herminia, toda vez que no se han acreditado en el plenario las circunstancias de la intervención de ese dinero ni, por tanto, su procedencia de la ilícita actividad desplegada por Herminia. Y todo ello de conformidad con la jurisprudencia que, en relación con el decomiso, ha sido citada en el precedente apartado C.1. ( STS nº 539/2024).

C.7. Apartado A7 del relato fáctico ( Luis Carlos y Isidro)

Los hechos recogidos en el apartado A7 del relato fáctico son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, previsto en los artículos 368 y 369.1.5º del Código Penal ,del que resulta autor responsable el acusado Luis Carlos, en atención a lo dispuesto en el artículo 28 del mismo cuerpo legal, siendo indudable que en su conducta concurren todos los elementos objetivos y subjetivos tipo penal, en la medida en que, de forma plenamente consciente y voluntaria, tenía en su poder, en su domicilio, con la intención de destinarlas al tráfico ilícito, las siguientes sustancias: 22.467 gramos y 40.496 gramos de MDMA con una riqueza medida del 40%, equivalentes a 25.185,2 gramos de sustancia pura; 17.499,57 gramos de ketamina con una riqueza media del 86,8%, equivalentes a 15.189,62 gramos de sustancia pura; 3.673,2 gramos de ketamina y MDMA con una riqueza media del 16,6% y 7%; y 1.052,69 gramos de anfetamina y fenetilamina.

No ofrece duda que el MDMA, la ketamina y la anfetamina merecen la consideración de sustancias que causan grave daño a la salud, como resulta de una reiterada jurisprudencia, de la son exponente, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2017 ( STS nº 723/2017) -para el caso del MDMA-, la de 30 de diciembre de 2020 ( STS nº 719/2020) -para el caso de la ketamina- y la de 4 de febrero de 2020 ( STS nº 29/2020)-para el caso de la anfetamina-.

Por lo demás, resulta aplicable la cualificación de notoria importancia prevista en el artículo 369.1.5º del Código Penal, teniendo en cuenta que tal cualificación viene siendo aplicada por la jurisprudencia, en el caso del MDMA, a partir de 240 gramos ( STS nº 635/2019, de 20 de diciembre); en el caso de la ketamina, a partir de 100 gramos ( STS nº 719/2020, de 30 de diciembre); y en el caso de la anfetamina, a partir de 90 gramos ( SSTS nº 902/2006, de 18 de septiembre, y nº 150/2022, de 22 de febrero).

Concurre en Luis Carlos la circunstancia atenuante simple de drogadicción del artículo 21.2ª del Código Penal ,en la medida en que presentaba, a la fecha de los hechos y como consecuencia del consumo de drogas, una afectación moderada de sus capacidades volitivas en relación a la realización de la conducta por la que es condenado, según se desprende del informe médico forense, siendo evidente que tal afectación carecía de la intensidad suficiente como para dar lugar a la apreciación de dicha atenuante como muy cualificada, como pretendió su defensa en fase de conclusiones definitivas, por lo que no procede aplicar la rebaja de la pena en un grado que fue solicitada por dicha defensa.

Sobre la base de lo expuesto y teniendo en cuenta la elevada gravedad de los hechos cometidos por Luis Carlos y el elevado reproche penal que merece su conducta y teniendo en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de drogadicción, sin que concurran otras circunstancias que permitan mitigar ese reproche penal, estima la Sala adecuada la imposición al acusado, de conformidad con los artículos 28, 56, 66.1. 1ª, 368 y 369.1. 5ª del Código Penal, las penas de siete años y cinco meses de prisión,que se encuentra en la mitad inferior del arco penológico imponible, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de cuatro millones de euros (4000.000 €),que se encuentra en la mitad inferior de la cantidad máxima que pudiera haber sido impuesta como multa, teniendo en cuenta que el valor total de las sustancias que fueron intervenidas a Luis Carlos asciende a tres millones ochocientos treinta y un mil doscientos tres euros con cuarenta y cinco céntimos (3.831.203,45 €), sin que se estime adecuada la imposición de una cuantía más elevada teniendo en cuenta que no consta acreditada la existencia de una elevada capacidad económica del acusado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 374 del Código Penal, procede acordar el decomiso de la totalidad de las sustancias, bienes, efectos, medios o instrumentos recogidos en el apartado A7 del relato fáctico,incluidos el vehículo Hyundai, modelo Santa Fe, con matrícula NUM021, y la cantidad total de dinero a la que se hace referencia en ese mismo apartado como hallada en poder de Luis Carlos y que asciende a veintisiete mil setecientos cincuenta euros (27.750 €),debiendo dárseles el destino legalmente previsto, toda vez que se trata de drogas y de útiles, instrumentos y efectos destinados al desarrollo de la ilícita actividad o producto de la misma y que se encontraban en poder del acusado. Y ello de conformidad con la jurisprudencia que, en relación con el decomiso, ha sido citada en el precedente apartado C.1. ( STS nº 539/2024).

En relación con Isidro, procede su libre absolución de los delitos contra la salud pública y de tenencia de armas prohibidas por los que se formulaba acusación contra él, en relación con los hechos que se describen en el apartado A7 del relato fáctico, en la medida en que no son constitutivos de tales delitos.

En lo que se refiere al delito contra la salud públicadel que se acusa a Isidro, es lo cierto que en el registro de su domicilio no se encontró droga alguna ni tampoco útiles o instrumentos que puedan considerarse relacionados con la actividad de tráfico de drogas, sin que quepa imputarle en forma alguna los hallazgos de drogas que se produjeron en los demás registros practicados en los domicilios de otros acusados, máxime cuando, como veremos en el siguiente ordinal, no se ha practicado prueba suficiente para dar por probada, en el supuesto que nos ocupa, la existencia de la organización criminal, que incluye como cualificación el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, ni tampoco la existencia de un grupo criminal.

En este sentido, resulta absolutamente insuficiente, por lo que ya hemos razonado en el apartado B7 de la motivación del relato fáctico, a cuyo contenido nos remitimos en este momento, la mera celebración de la reunión del día 16 de mayo de 2023 entre Isidro y Romulo, a la que se hace referencia en el apartado A7 del relato fáctico, para tener por acreditada la existencia de una organización criminal o de un grupo criminal.

Consecuencia de todo ello es que debe ser absuelto Isidro del delito contra la salud pública del que era acusado.

En lo que se refiere al delito de tenencia de armas prohibidas del artículo 563 del Código Penal del que también es acusado Isidro, debemos señalar que no se ha acreditado la presencia de la totalidad de los elementos típicos del referido delito, teniendo en cuenta la interpretación constitucional que de este tipo penal se realiza en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 2004 (STC nº 24/2004),en la que se señala, textualmente, lo siguiente:

< art. 563 CP en su primer inciso no consagra una remisión ciega a la normativa administrativa, cualquiera que sea el contenido de ésta, sino que el ámbito de la tipicidad penal es distinto y más estrecho que el de las prohibiciones administrativas.

Tal reducción del tipo se alcanza, en primer lugar, en el plano de la interpretación literal o gramatical, a partir del concepto de armas, excluyendo del ámbito de lo punible todos aquellos instrumentos u objetos que no lo sean (aunque su tenencia esté reglamentariamente prohibida) y que no tengan inequívocamente tal carácter en el caso concreto. Y, según el Diccionario de la Real Academia, son armas aquellos "instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse", por lo que en ningún caso será punible la tenencia de instrumentos que, aunque en abstracto y con carácter general puedan estar incluidos en los catálogos de prohibiciones administrativas, en el caso concreto no se configuren como instrumentos de ataque o defensa, sino otros, como el uso en actividades domésticas o profesionales o el coleccionismo.

En segundo lugar, y acudiendo ahora a los principios generales limitadores del ejercicio del ius puniendi, la prohibición penal de tener armas no puede suponer la creación de un ilícito meramente formal que penalice el incumplimiento de una prohibición administrativa, sino que ha de atender a la protección de un bien jurídico (la seguridad ciudadana y mediatamente la vida y la integridad de las personas, como anteriormente señalamos) frente a conductas que revelen una especial potencialidad lesiva para el mismo. Y además, la delimitación del ámbito de lo punible no puede prescindir del hecho de que la infracción penal coexiste con una serie de infracciones administrativas que ya otorgan esa protección, por lo que, en virtud del carácter de ultima ratio que constitucionalmente ha de atribuirse a la sanción penal, sólo han de entenderse incluidas en el tipo las conductas más graves e intolerables, debiendo acudirse en los demás supuestos al Derecho administrativo sancionador, pues de lo contrario el recurso a la sanción penal resultaría innecesario y desproporcionado.

La concreción de tales criterios generales nos permite efectuar nuevas restricciones del

objeto de la prohibición, afirmando que la intervención penal sólo resultará justificada en los supuestos en que el arma objeto de la tenencia posea una especial potencialidad lesiva y, además, la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias tales que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana. Esa especial peligrosidad del arma y de las circunstancias de su tenencia deben valorarse con criterios objetivos y en atención a las múltiples circunstancias concurrentes en cada caso, sin que corresponda a este Tribunal su especificación. Esta pauta interpretativa resulta acorde, por lo demás, con la línea que, generalmente, viene siguiendo el Tribunal Supremo en la aplicación del precepto en cuestión.

8. Recapitulando todo lo expuesto hasta ahora, a tenor del art. 563 CP las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquellas que cumplan los siguientes requisitos: en primer lugar, y aunque resulte obvio afirmarlo, que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son); en segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que rige en material penal; en tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva y, por último, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho administrativo sancionador ( STC 111/1999, de 14 de junio , FJ 3)>>.

Sobre la base de esa jurisprudencia constitucional, debemos afirmar que la tenencia por parte de Isidro, en el interior de su domicilio, de dos pistolas táser, cuyo estado de funcionamientos se desconoce por no haberse realizado pericial alguna al respecto, no satisface las exigencias típicas del artículo 563 del Código Penal, en la interpretación constitucional que de tal tipo penal se realiza en la Sentencia del Tribunal Constitucional citada, pues, de un lado, se desconoce la real potencialidad lesiva de dichas pistolas y, por tanto, si merecen o no la consideración de armas en el caso concreto, ante esa ausencia de prueba pericial, y, de otro lado, la mera tenencia en el domicilio de dichas pistolas no resultaba, en el caso concreto, especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana.

En definitiva, en la tenencia de las pistolas táser por parte de Isidro no concurren las exigencias típicas del artículo 563 del Código Penal por el que formula acusación contra él el Ministerio Fiscal, con la obligada consecuencia de que procede su absolución por dicho delito.

Por todo lo expuesto, procede absolver a Isidro de los delitos contra la salud pública y de tenencia de armas prohibidas de los que era acusado.

C.8. Apartado A8 del relato fáctico ( Jesús Manuel y Horacio)

Procede absolver a los acusados Jesús Manuel y Horacio del delito contra la salud pública del que son acusados por el Ministerio Fiscal, por no existir prueba suficiente como afirmar, más allá de toda duda razonable, su consciente intervención en actividades de tráfico de drogas, al igual que tampoco existe prueba suficiente de su pertenencia a una organización criminal o a un grupo criminal, pues lo único que puede darse por probado, respecto de ellos, es lo que ha quedado recogido en el apartado A8 del relato fáctico, sin que en las conductas que se describe en ese apartado A8 concurran los elementos típicos del delito por el que se formulaba acusación contra ellos, por las razones que han quedado expuestas en el apartado B8 de la motivación del relato fáctico, que aquí damos por íntegramente reproducidas como fundamento de dicha absolución.

CUARTO. Inexistencia de organización criminal o de grupo criminal

Para abordar este apartado, debemos comenzar por destacar que el Ministerio Fiscal, en fase de conclusiones definitivas, sólo reclamó la aplicación del subtipo cualificado contemplado en el artículo 369 bis del Código Penal a Isidro, Luis Carlos, Romulo, Gema, Jesús Manuel y Horacio, pero no a los demás acusados.

En relación con los seis acusados para los que se solicita que se aplique tal tipo cualificado, debemos señalar que no ha resultado acreditada en el plenario la concurrencia, en las conductas por ellos desplegadas, de los requisitos exigidos en los artículos 570 bis o 570 ter del Código Penal para que podamos encontrarnos en presencia de una organización criminal o de un grupo criminal.

En este sentido, no ha resultado acreditado, por las razones ya expuestas, que los seis acusados referidos hubieran formado una agrupación de al menos tres personas, con carácter estable o temporal, con la finalidad de cometer delitos de tráfico de drogas, no desprendiéndose del relato de hechos probados la existencia de esa agrupación, resultando insuficiente, a tal efecto, que Isidro se hubiese reunido en una ocasión con Romulo, manteniendo entre ellos una conversación cuyo objeto no ha resultado acreditado o mínimamente precisado en sus detalles, al igual que tampoco son suficientes las conversaciones telefónicas mantenidas entre Gema y Romulo en relación con la actividad que este último venía realizando en el laboratorio, como tampoco lo es el hecho de que Luis Carlos entregase una garrafa con una sustancia no precisada a Romulo ni, finalmente, que Jesús Manuel hubiese entregado unas bolsas en el domicilio de Luis Carlos, cuyo contenido se desconoce, ni que inmediatamente Jesús Manuel se reuniese con Horacio y entregase a este último una cantidad indeterminada de dinero.

Es decir, no está acreditada la existencia de una agrupación de al menos tres personas, resultando insuficiente, a este respecto, lo que ha resultado de la prueba practicada en el plenario, que lo máximo que permitiría dar por acreditado, en su caso y dicho sea a los meros efectos hipotéticos o dialécticos, sería la existencia de varias agrupaciones de no más de dos personas ( Isidro y Romulo; Romulo y Gema; Luis Carlos y Romulo; y Jesús Manuel y Horacio), pero fallando en todas ellas la concurrencia de un tercer elemento personal que formase parte de cada agrupación de dos o que permitiera situar a todas esas agrupaciones binarias en un mismo y sucesivo ámbito de actuación en la cadena de fabricación y posterior comercialización de drogas que, además, no podría ceñirse a la comisión de un único delito de tráfico de drogas, sino que requeriría una vocación de intervención en la comisión de plurales delitos de tráfico de drogas, a fin de que superar el ámbito de la mera codelincuencia para situarse en los respectivos y alternativos ámbitos del grupo criminal o de la organización criminal.

Es decir, no ha conseguido acreditar el Ministerio Fiscal su hipótesis delictiva sobre la existencia de una organización o grupo criminal que estaría formado por Isidro (como Zurdo), Romulo y Gema (como encargados de la fabricación de las drogas en el laboratorio de Alcalá de Henares), Luis Carlos (como almacenador de las drogas fabricadas) y Jesús Manuel Philipo Jesús Manuel y Horacio (como porteadores de las drogas fabricadas en el laboratorio), que hubiera sido constituida, además, con cierta vocación de permanencia o, al menos, sin esa vocación de permanencia pero con la intención de cometer varios delitos de tráfico de drogas y no uno solo.

Lo máxime que pudiera haberse considerado probado, por tanto, en el supuestos que nos ocupa y dicho también en términos meramente dialécticos o hipotéticos, no sería la existencia de una organización o grupo criminal, sino una mera codelincuencia, que, por lo demás y por lo que ya hemos señalado en precedentes ordinales, tampoco ha resultado acreditada en los casos de ninguno de los acusados, pues, respecto de Isidro, Jesús Manuel y Horacio, no ha resultado acreditada la realización de conducta delictiva alguna; y, en los casos de Romulo, Gema e Luis Carlos, lo máximo que ha resultado acreditado son conductas delictivas imputables a cada uno de ellos individualmente, pero sin haberse acreditado la existencia de un concierto de coautoría entre ellos.

En relación con los requisitos necesarios para que pueda apreciarse la existencia de organización o de grupo criminal, existe una nutrida jurisprudencia, de la que son exponente, entre otras muchas, las muy recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2025 ( STS nº 216/2025, FD 2º), 23 de octubre de 2025 ( STS nº 879/2025, FD 3º), 28 de octubre de 2025 ( STS nº 881/2025, FD 5º), 30 de octubre de 2025 ( STS nº 898/2025, FD 7º, 10º y 21º) y 5 de noviembre de 2025 ( STS nº 917/2025, FD 11º).

De esa jurisprudencia resulta que la organización criminal y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente, sin que, como ya hemos señalado y por lo ya expuesto, hayan resultado suficientemente acreditadas esas dos notas en el supuesto que nos ocupa.

QUINTO. Costas

Dispone el artículo 123 del Código Penal que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito.

Por su parte, el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señala que no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

En materia de reparto o distribución de costas, recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021 (STS nº 609/2021, FD 11º) lo siguiente:

< sentencia de esta Sala núm. 140/2010, de 23 de febrero, "la jurisprudencia de este Tribunal ha declarado reiteradamente, de forma clara y concisa, que, en principio, las cosas procesales han de distribuirse conforme al número de delitos de enjuiciados, dividiendo luego la parte correspondiente entre los distintos condenados; y que, cuando los condenados sean absueltos de uno o varios delitos y condenados por otro u otros, las cuotas correspondientes a las infracciones de las que han sido absueltos deberán declararse de oficio. En todo caso, y a estos efectos, ha de estarse a las acusaciones mantenidas en las conclusiones definitivas.

Ahora bien, conforme expresa la sentencia de esta Tribunal dictada en la causa núm. 459/2019, de 14 de octubre, por delitos enjuiciados debe entenderse hechos punibles y no calificaciones diferentes. En este sentido se explica que "La distribución de las costas cuando existen varios penados y/o varios delitos -objeto procesal plural objetiva o subjetivamente- admite dos sistemas: reparto por delitos o por acusados.

La jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados -hechos punibles y no calificaciones diferentes: lo que tiene aquí relevancia pues obliga a dividir por hechos y no por tipificaciones esgrimidas-. Dentro de cada delito -hecho penalmente relevante- se divide entre los que han sido acusados como partícipes de cada uno para declarar de oficio la parte correspondiente a los absueltos y condenar a su respectiva fracción a los condenados.">>.

Partiendo de esa doctrina jurisprudencial, debemos señalar que, en fase de conclusiones definitivas, se ha formulado acusación formalmente por seis delitos, pero que vienen constituidos por once hechos punibles diferentes, por lo que hemos de partir de este último número de hechos punibles (distribución de costas por hechos punibles y no por calificaciones jurídicas).

Isidro era acusado de dos de esos hechos punibles (un delito contra la salud pública y un delito de tenencia de armas prohibidas), siendo absuelto de ambos, por lo que procede declarar de oficio las dos partes del total de las costas que corresponden a esos dos delitos.

Constantino y Herminia eran acusados, cada uno de ellos, de dos hechos punibles (un delito contra la salud pública y un delito de depósito de armas), siendo condenados por ambos, por lo que procede condenar a cada uno de ellos a la mitad de las costas procesales correspondientes a cada uno de esos dos delitos.

Jesús Manuel y Horacio eran acusados de un hecho punibles (delito contra la salud pública), por lo que procede declarar de oficio, para cada uno de ellos, la mitad de las costas procesales correspondientes a ese delito.

Los acusados Romulo, Gema, Luis Carlos, Victoriano, Víctor e Rafael eran acusados, cada uno de ellos, de un hecho punible, siendo condenados todos ellos por el delito del que cada uno era acusado, por lo que procede condenar a cada uno de ellos al pago de las costas correspondientes al delito por el que es condenado.

De conformidad con ello, procede realizar la siguiente distribución en materia de costas: declarar de oficio 2/11 partes de las costas procesales, correspondientes a los dos delitos de los que era acusado Isidro y de los que es absuelto; declarar de oficio 1/11 parte de las costas procesales correspondiente al delito del que eran acusados Jesús Manuel y Horacio y del que son absueltos; condenar a Constantino y a Herminia a 1/11 parte de las costas procesales, cada uno de ellos, correspondientes a los dos delitos de los que eran acusados y por los que son condenados como coautores; y condenar a Romulo, a Gema, a Luis Carlos, a Victoriano, a Víctor y Rafael a 1/11 parte de las costas procesales, cada uno de ellos, correspondiente al delito del que cada uno de ellos era acusado y por el que es condenado.

SEXTO. Recurso de apelación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación, del que conocerá la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el precepto citado, en relación con los artículos 790, 791 y 792 de dicha Ley.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación