Sentencia Penal 385/2022 Audiencia Provincial Penal de Castellón/Castelló nº 2, Rec. 959/2021 de 14 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Recurso interpuesto por el acusado.

La parte apelante alega "error en la valoración de la prueba e infracción de la jurisprudencia aplicable al caso en cuanto a la presunción de inocencia y del principio "indubio pro reo"" .

Habla de "absoluta falta de prueba". Dice que "se parte de una mera presunción: cualquier persona media debía imaginarse que los fondos transferidos a su cuenta tenían un origen ilícito por lo que desconocerlo solo puede explicarse por una grave conducta imprudente"; añadiendo que "ni por las circunstancias de producción que patentizan cómo el hoy recurrente aportó todos los datos personales de identificación en un contexto de oferta de trabajo mediante una plataforma abierta y reconocida en el mercado laboral - infojobs-, ni por la no excesiva cantidad recibida y transferida, ni por las condiciones socio-culturales del Sr. Teodosio-joven, con escasa cultura, parado- cabe identificar incumplimientos graves de deberes de cuidado que justifiquen el reproche penal por su conducta" .

Insiste en que como en todo injusto imprudente "debe examinarse la capacidad individual de advertir y evitar el peligro". Y continúa diciendo:

"Para responder penalmente por un delito imprudente, la persona debe no solo haber introducido un peligro no permitido que se encuentre dentro del ámbito de protección de la norma Además, según la jurisprudencia sobre creación del peligro no permitido y el nexo o conexión con el fin de protección deberían haber sido advertidos subjetivamente por el autor y el resultado, en consecuencia, poder haber sido también evitable. La imprudencia se determina, por tanto, con arreglo a un doble baremo: por un lado, debe preguntarse qué comportamiento era el objetivamente debido en una determinada situación de peligro de lesión del bien jurídico. Y, por otro, si este comportamiento puede ser exigido al autor atendidas sus características y capacidades individuales. Lo anterior comporta, de forma necesaria, identificar los concretos deberes de prevenibilidad y previsibilidad que obligaban a quien introdujo el riesgo desaprobado y, desde luego, las condiciones personales y situacionales para cumplirlos. Pero no solo. La exigencia típica de gravedad de la conducta imprudente reclama una valoración cuantitativa y cualitativa del grado de incumplimiento para lo que resulta necesario atender tanto a los contenidos de los respectivos deberes relevantes y la eficacia causal de su incumplimiento en la producción del resultado como a las concretas y situacionales condiciones de exigibilidad - ( al respecto, STS 997/2013, de 19 de diciembre , que analiza con detalle, desde la perspectiva de la exigibilidad individual, un supuesto de blanqueo de capitales imprudente)-".

Reitera que "solo la conducta gravemente imprudente resulta penalmente relevante", "debiéndose considerar por tal la que ignora un riesgo sustancial de que se produzca el resultado prohibido a consecuencia de dicha conducta. Riesgo que por su naturaleza y grado haga patente que la indiferencia del actor, atendidas las circunstancias que conoce o debía conocer, supone una grave desviación del estándar de conducta que una persona respetuosa con la norma observaría en su situación".

Termina citando las sentencias del TS números 383/19, de 23 de julio, 501/19, de 24 de octubre, y 47/21, de 21 de enero.

SEGUNDO.- Entendemos que el recurso no puede ser estimado.

Como dice la jurisprudencia, en la modalidad imprudente del delito de blanqueo, la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, esto es, sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes ( STS 749/15, de 13 de noviembre, 830/16, de 3 de noviembre), de tal forma que, pudiendo y debiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes en cumplimiento del deber objetivo de cuidado, se actúa sobre los bienes, realizando alguna de las conductas que describe el tipo penal, causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo), con el consiguiente beneficio para los autores del delito del que dichos bienes proceden. En el tipo penal imprudente del delito de blanqueo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que, por las circunstancias del caso, esté en condiciones en conocerla con solo haber actuado con el más elemental cuidado, inobservando por el contrario esos elementales deberes de cuidado que le eran exigibles, y que le imponían averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos ( STS 257/16, de 1 de abril).

Compartimos la valoración que realiza el juzgador de la primera instancia. El propio acusado no pudo dejar de reconocer que al principio "lo vio raro". Y es que no se ve el inconveniente que la persona titular de los fondos pudiera tener para, de ser lícitos, disponer directamente sobre ellos para remitirlos a terceras personas. Nada dijo el acusado que le hubieran dicho o explicado a este respecto, sobre la razón de su intermediación en relación con una persona con la que él no tenía relación alguna, ni le dijeron la relación que tenía ni con quién le contrató ni con la persona a la que se remitía el dinero.

No solo no nos parece arbitraria o irracional la inferencia que realiza el Juez a quo, sino que la compartimos. De no apreciar en casos como el que nos ocupa la existencia de dolo en su modalidad de dolo eventual, nos resulta indudable la apreciación de la modalidad imprudente ( art. 14.1 del C.P.; dado que el supuesto error de tipo habría sido claramente vencible), y la calificación de la infracción del deber de cuidado como grave. En la STS núm. 749/15, de 13 de noviembre, se conceptúan como supuestos de dolo eventual aquellos en los que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y pese a ello actúa. En la imprudencia se incluyen los supuestos en los que el sujeto actúa sin conocer la procedencia ilícita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba aquel en condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia y de evitar la conducta blanqueadora con solo haber observado la más elemental cautela que le imponía el deber de cuidado ( STS núm. 501/19, de 24 de octubre).

En la STS núm. 383/19, de 23 de julio, no se cuestiona la conceptuación de blanqueo imprudente del sujeto que fue la causa de la actuación de la recurrente en casación; y tan solo se estima el recurso en relación con esta última, pareja sentimental de aquel, y que había actuado enteramente en función de lo que le pidió dicha pareja sentimental, sin existir motivos suficientes (o no razonándolo la sentencia de instancia debidamente) por los que tuviera que haber sabido que aquellos ingresos de su pareja podían tener un origen delictivo.

Es oportuna, y está bien traída a colación, la cita de la sentencia del TS núm. 47/21, de 21 de enero, en la que, con estimación de los recursos de casación interpuestos por varios acusados, se les absuelve del delito de blanqueo por imprudencia por el que habían sido condenados por la Audiencia, por conductas muy semejantes a las aquí enjuiciadas. La razón por la que se estiman los recursos de casación en dicho supuesto fue por apreciar una grave infracción del método de valoración (de la prueba) empleado por el Tribunal de instancia.

En nuestro caso, ya hemos anticipado que compartimos en lo esencial la valoración que sustenta la condena contenida en la sentencia recurrida, y que entendemos que existió en el mejor de los casos, una conducta gravemente descuidada por parte del acusado, cuando, tras parecerle raro o extraño el comportamiento que se le ofrecía, dejó de activar todos los mecanismos de comprobación e indagación que tenía a su alcance, propiciando con ello el resultado típico de favorecimiento de la precedente actividad delictiva.

En el plenario, el acusado volvió a decir que, en principio, le pareció "raro", "extraño", lo que se le ofreció (ya lo había dicho en instrucción -folio 85-). Pero que buscó el nombre de la empresa por Internet, y vio que la empresa existía y se dedicaba a la comercialización de carne; así como que le ofrecían hacerle un contrato. En instrucción dijo que llegó a firmar un contrato "por Internet"; aunque reconoció en el plenario que no aportó dicho contrato a las actuaciones. No llegó a concretar de manera precisa en el plenario qué servicios debía prestar en esa relación contractual. Al folio 110 había dicho que "el contrato era para ser comercial de la empresa".

Lo que ocurre es que lo que se limitó a hacer en este caso poco tenía que ver con dicho cometido, pues se limitó a recibir dinero mediante transferencia de una persona determinada, para a renglón seguido, remitir ese dinero a una persona en Ucrania a través de "Western Union"; así como a comprar tarjetas UKASH cuyo número de utilización facilitó a la persona que se lo pidió por teléfono. Con lo primero, posibilitaba el traslado del dinero al margen del control del sistema bancario, y su percepción por quien se presentara como beneficiario receptor del dinero (por cierto, como motivo de la transferencia del dinero se hizo constar "inmigración" -folio 101-, no algún motivo relacionado con la supuesta actividad de la empresa). Con lo segundo se posibilitaba la disposición de dinero en efectivo por no se sabe quién (esto es, por el comunicante anónimo que le pidió al acusado el número de las tarjetas UKASH). Dichas tarjetas se utilizaban para compras en Internet sin tener que facilitar datos bancarios de ningún tipo. La tarjeta lleva incorporado un número de 19 dígitos; y con ese número PIN de la tarjeta se podían comprar bienes y servicios en Internet, simplemente comunicando dicho número. Al comunicar el acusado dicho número de las tarjetas UKASH a su comunicante telefónico, le estaba facilitando a este la disponibilidad sobre el dinero efectivo invertido en las tarjetas UKASH.

Ya dijimos más arriba que nada dijo el acusado sobre la razón de ser de su intermediación para una cosa y otra, ni la relación con sus pretendidas funciones como comercial. En el primer caso en relación con una persona con la que él no tenía relación alguna, y sobre la que no le explicaron las causas que justificaran la intermediación (ni la relación de dicha persona con quién se puso en contacto con el acusado, ni la relación con la persona a la que se le remitía el dinero). En estas circunstancias, entendemos que, ante la extrañeza que, según el propio acusado reconoció, le causó todo este modus operandi, tenía a su alcance alguna fácil comprobación, como era haberse puesto en contacto con la persona que ordenó la transferencia bancaria a su favor, o haber comprobado a través de su banco la licitud de la transferencia (como hizo, por ejemplo, una de las personas implicadas en los hechos enjuiciados en la causa penal en relación con la cual se dictó la STS núm. 47/21).

Al no haber activado esos mecanismos de comprobación e indagación, ante ese extraño o raro modo de actuar (advertida la extrañeza o rareza del mismo por el propio acusado), y siendo evidente que con dicho extraño proceder estaba posibilitando que el dinero de la transferencia acabara en poder y fuera utilizado por terceras personas desconocidas, actuó a nuestro juicio, como mínimo, de forma gravemente imprudente.

La parte apelante alude a las circunstancias del acusado, para argumentar que no podía serle exigida la realización del comportamiento correcto, atendidas sus condiciones personales y situacionales. Pero no solo no se aprecia impedimento alguno derivado de las circunstancias personales conocidas del acusado, que le hubieran impedido tomar conciencia del peligro que su actuación conllevaba (dijo que es auxiliar de veterinaria, de profesión, y que obtuvo el título de bachiller en Cuba, y que en España ha desempeñado trabajos diversos: en la obra, en el campo, como camarero, ...; y aunque quiso dar a entender que no tenía experiencia en Internet, sus propios actos evidencian que no carecía de experiencia y conocimientos suficientes para actuar a través de Internet), sino que él mismo ha reconocido en todo momento que la oferta de trabajo recibida le pareció, de entrada, rara o extraña. Y nada tenía que ver lo que hizo con las funciones de comercial a las que supuestamente se aludía en el contrato (que supuestamente firmó, pero no aportó a la causa).

TERCERO.- Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

Alega el Ministerio Fiscal "indebida aplicación de circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del CP como muy cualificada y del art. 66.1.2º del CP ".

Se impugna la aplicación de las dilaciones indebidas como atenuante muy cualificada, y considera insuficiente lo que se dice en el relato de hechos probados a ese respecto.

Dice que "en este supuesto, al margen de que nada argumenta la sentencia con respecto a cuál haya sido la situación del acusado con respecto a la tramitación del proceso, por lo que respecta a la motivación de la impugnación que se efectúa en el presente recurso, nada argumenta la resolución judicial en cuanto a concretas circunstancias de desproporción entre la complejidad de la causa (tanto por las características del hecho investigado, sus autores y perjudicados, como por la actuación del conjunto de investigados, que lo fueron con carácter previo a la deducción de testimonio que dio origen a la presente causa) y el tiempo de tramitación. Y esa falta de argumentación no obedece a falta de interés en la Autoridad Judicial en hacerlo sino a imposibilidad; no se argumenta porque no es posible hacerlo, en el procedimiento se desconoce con mínima integridad lo acaecido con carácter previo a que se incoara el presente procedimiento judicial con testimonio parcial de particulares de lo actuado en la causa de origen, pues los particulares testimoniados no permiten conocer la integridad de lo tramitado con carácter previo a tal deducción de testimonio de particulares (que no de integridad de lo actuado)".

Considera que ha de estarse a las circunstancias del caso concreto, y concluye diciendo, en este primer motivo de impugnación:

" En conclusión, sobre el dato fáctico que se declara probado ("Interpuesta el 8 de junio de 2011 la denuncia por un representante de Servicom, empresa que administraba la comunidad afectadas, se tramitaron unas diligencias judiciales que se prolongaron durante varios años, de forma desproporcionada, dando lugar a varias casuas, entre ellas la dirigida contra Teodosio. / Se recibe la causa en esta sede el 2 de septiembre de 2020, donde se emitió auto de inadmisión de pruebas el 16 de octubre de 2020, celebrándose la vista oral el 31 de mayo de 2021") y siendo la mención de tal relato "de forma desproporcionada" una mera tautología sin fundamento que el juzgador refiere como mera y automática aplicación del criterio jurisprudencial que describe como "en supuestos en los que transcurren 8 ó 9 años entre la comisión del ilícito y su enjuiciamiento sin que se acredite especial complejidad ni otro motivo procesal que justifique una instrucción tan larga", en ausencia de vinculación alguna de la valoración como "muy cualificada" de la atenuante a concretas circunstancias de la tramitación del expediente, más allá del mero transcurso de determinado lapso de tiempo en tal tramitación, se considera que dicha valoración jurídica es incongruente con el sustrato fáctico que se ofrece por el juzgador como fundamento de aquélla y que con vinculación a tal sustrato fáctico la valoración de la circunstancia atenuante que la sentencia tiene por concurrente no puede exceder de su condición de simple, excluyendo su aplicación como muy cualificada. Por lo tanto, se estima indebida la aplicación del art. 66.1.2º del CP a la atenuante del art. 21.6 del CP ".

En segundo lugar, y de forma subsidiaria, se alega "error en la valoración de la prueba".

Insiste en que "no consta acreditado, como se evidencia tanto en el relato de hechos probados de la sentencia como en el Fundamento Jurídico Cuarto, las vicisitudes que tuvo la tramitación del expediente hasta el momento en que, previa deducción de testimonio de particulares, se incoaron las Diligencias Previas que han sido objeto del presente Juicio Oral"; y en que "a falta de acreditación de tales vicisitudes, no debe ser posible tener por acreditada la cualificación en la desproporción del tiempo de tramitación de la causa con cuál fuera su complejidad y las vicisitudes procesales acaecidas durante el citado lapso de tiempo, que solo puede ser apreciada con un preciso análisis de las circunstancias del caso concreto".

Y argumenta:

" Por lo tanto, constando acreditado en la presente causa exclusivamente el dato cronológico del transcurso de tiempo desde el inicio del original expediente judicial hasta el momento de celebrarse el acto del juicio oral, la valoración de la prueba practicada ha atendido exclusivamente a dicho lapso de tiempo y se sustenta en un indiscutible desconocimiento tras lo actuado en la presente causa de las completas vicisitudes procesales de la tramitación del expediente previo a la deducción del testimonio que le dio origen, de modo que se ha infringido el criterio fijado por el Tribunal Supremo en cuanto a los datos fácticos a analizar al valorar la suficiencia probatoria con respecto a la condición de "muy cualificada" de la atenuante.

La valoración de lo acreditado con el acervo probatorio que consta en la presente causa solo puede servir de fundamento a la apreciación de atenuante simple (solicitada por la acusación desde sus conclusiones provisionales), apreciada sobre la base de lo extenso de dichos lapso que por lo extraordinario justifica sin más la atenuación, pero en ningún caso sirve de fundamento a una valoración de la circunstancia modificativa como muy cualificada por no existir constancia de la concreta desproporción con las circunstancias procesales de la causa que permitiera entrara a valorar si esa desproporción es tributaria o no de tal apreciación de la circunstancias modificativa como muy cualificada.

Se impugna pues la valoración de la prueba realizada en cuanto ha dejado de incluir en dicha valoración aspectos que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, son determinantes para apreciar, en su caso, la condición de muy cualificada de esta atenuante, para, en su lugar, vincular esta condición a la ausencia de acreditación de inexistencia de vicisitudes determinantes del retraso en la tramitación con una evidente inversión de la carga de la prueba".

En relación con esto último, concluye diciendo que "en definitiva para las eximentes o atenuantes no rige en la presunción de inocencia ni el principio "in dubio pro reo". La deficiencia de datos para valorar si hubo o no la eximente o atenuante pretendida no determina su apreciación. Los hechos constitutivos de una eximente o atenuante han de quedar tan acreditados como el hecho principal ( SSTS 701/2008 de 29.10 , 708/2014 de 6.11 )".

A este segundo motivo del recurso se asocia la petición de anulación de la sentencia y del acto del juicio oral con arreglo al art. 792.2 primer inciso de la L.E.Crim..

CUARTO.- Entendemos que no debe ser estimado ninguno de los motivos de impugnación alegados por el Ministerio Fiscal (a los que se adhiere la acusación particular).

Ciertamente que, en principio, los hechos determinantes de la aplicación de una circunstancia atenuante deben de quedar acreditados por la parte interesada. Pero si los mismos son admitidos por todas las partes acusadoras, la circunstancia atenuante no puede dejar de ser apreciada por el juzgador.

En este caso, existió consenso entre las partes acusadoras en que debía admitirse la existencia de dilaciones indebidas, a pesar de que no se contenía en los escritos de acusación un estudio mínimamente preciso y detallado de las paralizaciones sufridas en la tramitación de la causa (simplemente se afirmaba que "el presente procedimiento ha sufrido diversas paralizaciones por causa no atribuible al acusado"). Pues bien, admitida la existencia de las dilaciones indebidas, y habiéndose prolongado la tramitación de la causa en la que se produjeron dichas dilaciones indebidas durante más de diez años, no nos parece incorrecto, siguiendo la pauta orientativa apuntada por la jurisprudencia a la que se alude en el fundamento jurídico cuarto, apreciar la circunstancia atenuante como muy cualificada. Fue el propio Ministerio Fiscal ahora recurrente quien, sin hacer un repaso mínimamente detallado de la tramitación de la causa, admitió la existencia de las dilaciones indebidas.

Desde este planteamiento, y atendido el tiempo durante el que se prolongó la tramitación de la causa, y sin que en el recurso se introduzcan precisiones sobre dicha tramitación, no nos parece incorrecta la calificación realizada por el juzgador.

La primera de las pretensiones formuladas por el Ministerio Fiscal no era estimable porque, vista la redacción de los hechos probados, no se puede decir que nos encontráramos ante una cuestión exclusivamente de calificación jurídica, en la que, manteniendo incólumes los hechos probados, se impusiera la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Fiscal. Con los hechos declarados probados, y sin introducirse cambios en ellos, no se concluye necesariamente el pretendido error de calificación jurídica.

Y con respecto a la segunda de las pretensiones, no creemos que exista un error en el discurso valorativo del Juez a quo incardinable en el art. 790.2 párr. 3º de la L.E.Crim..

QUINTO.- De conformidad con lo previsto en el art. 901 (aplicable por analogía) de la L.E.Crim., procede declarar la condena de la parte acusada apelante al pago de las costas de esta alzada.

Por cuanto antecede, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación: