Sentencia Penal 931/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 2, Rec. 206/2023 de 18 de diciembre del 2023

PRIMERO.- La parte recurrente postula en primer lugar la nulidad de la sentencia apelada en la que se le condenaba como autor dos delitos de Amenazas del artículo 169.2 del CP, anulándose asimismo el juicio oral celebrándose uno nuevo por entender vulnerado el derecho a la libre elección de letrado como después se desarrollará, y subsidiariamente que se revoque la misma dictándose otra absolviéndole alegando, en esencia, vulneración del principio de presunción de inocencia y falta de prueba objetiva al margen de la testifical de los abogados, entendiendo de manera subsidiaria en su caso que los hechos serian constitutivos de un delito leve de amenazas del art. 171.7 del CP y en último lugar entender que se debería haber aplicado el art. 74 del CP.

El Ministerio Fiscal se opone, estimando que la Sentencia se ajusta a derecho.

SEGUNDO. - El primero de los motivos que alega es la nulidad de la sentencia y del juicio por entender que el juzgador a quo soslayó el derecho de defensa del acusado al no acceder a la pretensión por el aducida al inicio de sesiones de renuncia de su actual letrado y cambio por otro de su elección.

Alega el recurrente que el motivo fue la pérdida de confianza, sin embargo en ningún momento comunicó o profundizó en los motivos que le generaban tal pérdida, siendo que el juicio no era la primera vez que se intentaba celebrar sino que hubo una suspensión previa por causa imputable al acusado, quien aportó un parte de asistencia a urgencias provocando por este motivo la suspensión, conociendo en aquel momento perfectamente cual era su asistencia letrada, y pudiendo haber comunicado en el preciso instante en que se aportó tal documentación solicitando la suspensión sus deseos de designar nuevo abogado el cual al parecer le defiende en otro procedimiento, adelantando ya este Tribunal que comparte los argumentos que de manera extensa efectúa la juez a quo de que dicha maniobra se trata de una táctica dilatoria como a continuación se dirá.

Más allá de no concretarse en el recurso presentado en qué consiste las insalvables desavenencias respecto a la línea de defensa a seguir entre el acusado y el letrado que generan esa pérdida de confianza en el mismo (no se trata de que se revelen las líneas de dicha defensa pero sí de ofrecer al menos algún dato que permita comprender por qué tras casi un año de asistencia letrada, se produce la fractura y pérdida de confianza apuntadas esperando al mismo día del acto del juicio para comunicarlo, obligando en definitiva a su suspensión de accederse a las pretensiones deducidas, la conclusión del tribunal de que se está ante un fraude de ley viene amparada en que atendido el iter procesal precedentemente descrito, conociéndose la celebración del juicio desde hace casi nueve meses ya que en agosto de 2022 se procedió a citar al hoy acusado para el acto del juicio oral fijado en primer lugar el 1 de febrero de 2023, que tuvo que suspenderse por causa imputable al mismo siendo fijado nuevamente su celebración para el dia 19 de mayo de este año, la línea de defensa a seguir debió quedar perfilada sin duda ya desde hace tiempo, de modo que las posibles discrepancias entre el acusado y su dirección letrada, de existir, debieron surgir en ese momento, pudiendo haber sido puestas de manifiesto con antelación suficiente a la fecha señalada para el inicio del juicio oral, de forma tal que posibilitase un nuevo nombramiento o designa de abogado por el acusado sin comportar la suspensión de tal acto, que inevitablemente se produciría de atenderse a las peticiones deducidas ante el Tribunal.

Una cosa es el exigible respeto al derecho de defensa en toda su extensión y otra distinta que se toleren conductas procesales que entrañan un patente fraude y que suponen una burla a la administración de justicia, pues no otro calificativo cabe otorgar a comportamientos como el de autos que sólo buscan evitar el enjuiciamiento de unos hechos delictivos y que de conseguirse llevaría anudados un sinfín de perjuicios de toda índole, desde los ocasionados a todos aquellos que estando citados como testigos y habiendo amoldado sus quehaceres diarios para acudir al acto al que han sido convocados, con desplazamientos de algunos de ellos hasta la sede del tribunal desde localidades lejanas a ella, verían como tienen que volver a testificar en otra fecha, lo que es extensible a los distintos profesionales que asisten a otras partes personadas, hasta el gasto que para el erario público conllevaría la suspensión del juicio y su nuevo señalamiento.

El Tribunal no puede concluir su razonamiento sin hacerse eco de que el T.S. tiene declarado que si bien la facultad de libre designación de un Letrado implica a su vez la de cambiar del mismo cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses, tal derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal a rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho o fraude de ley procesal según el art 11.2 de la L.O.P.J. ( SSTS de 23 de diciembre de 1996, 23 de abril de 2000 y 3 de mayo de 2001 entre otras), precisándose en esta última resolución citada que resulta improcedente el cambio de letrado cuando suponga la necesidad de suspender la celebración de la vista y no conste una mínima base razonable que explique los motivos por los que el interesado ha demorado hasta ese momento su decisión de cambio de Letrado. En idéntica línea la STS de 21 de noviembre de 2008.

Finalmente y en la misma línia argumental, en la STS nº 821/2016 de 2 de noviembre , tras una extensa exposición de instrumentos jurídicos, resumimos la doctrina del TEDH, TC y TS sin discrepar de la línea que acabamos de exponer en los siguientes apartados :

1º.- El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses.

2º.- Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la LOPJ .

3º.- La invocación del abuso de derecho no puede transformarse en un criterio general rutinario para denegar la solicitud de cambio de letrado, pues constituye un límite en el ejercicio de un derecho fundamental, cuyo contenido esencial debe ser respetado.

4º.- Los supuestos en que la solicitud de cambio del abogado designado puede ser desatendida por el Tribunal sobre la base del abuso de derecho son aquellos en que la petición es arbitraria, es decir inmotivada o motivada de forma irrazonable: a) bien porque la defensa de oficio en autos no manifiesta ninguna carencia en su tarea ante el Tribunal,

b) bien porque las carencias o desacuerdos alegados por el propio acusado respecto de la defensa realizada por su abogado aparecen como irrelevantes o manifiestamente injustificadas, c) bien porque se ponga de manifiesto una estrategia dilatoria al demorar injustificadamente la solicitud hasta el propio momento del juicio o d) bien porque se aprecie una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa.

5º.- En todo caso al Tribunal le corresponde explicitar en sentencia la motivación de esa denegación, si se ha realizado en el juicio oral.

6º.- En definitiva, el canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una "defensa efectiva"(...)".

TERCERO.- De la lectura del propio escrito de apelación se evidencia que pese a formalmente rubricarse "presunción de inocencia, animadversión de los testigos y el condenado, ánimo espurio y falta de prueba objetiva al margen de la testifical", que el recurso se basamenta en error en la valoración de la prueba por parte de la Juzgadora de Instancia. Tal motivo del recurso será analizado conjuntamente con el recogido en el recurso bajo la rubrica de "hechos en todo caso constitutivos de un delito leve de amenazas previsto en el art. 171.7 del CP".

Con carácter general, hemos de recordar que compete al Juez de instancia en base a lo dispuesto en el art. 741 y art. 973 de la LECrim. apreciar las pruebas practicadas en el juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia y las conclusiones fácticas a las que así llegue habrán de reputarse correctas salvo cuando se demuestre un manifiesto error o cuando resulten incompletas, incongruentes o contradictorias. El Juzgador de primer grado es el que, por su apreciación directa y personal de la actividad probatoria, está en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, sin que sea lícito sustituir su criterio por el legítimamente interesado y subjetivo de la parte, sin un serio fundamento.

El razonamiento anteriormente expuesto, por tantas veces repetido, no deja de responder a una circunstancia fácil de percibir para cualquier observador, en concreto a la dificultad que tiene quien conoce de la causa en segunda instancia para revisar una prueba a cuya práctica no ha asistido y que conoce únicamente a través de un acta extendida con medios más que precarios. Si valorar la veracidad de las manifestaciones de partes y testigos resulta siempre una tarea difícil, lo es más cuando no puede asistirse a dichas declaraciones ni percibir por tanto los matices de las mismas ni el modo en el que se exponen, elementos todos que contribuyen a su valoración.

Así, una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Marzo de 1.986), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo.

Por todo ello, la credibilidad de cuantos se manifiestan en el Juicio Oral, incluso con un contenido distinto a lo que se expuso durante la instrucción, es función jurisdiccional que solo compete al órgano juzgador ( sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Noviembre y de 27 de Octubre de 1.995). Y como se ha expuesto de forma constante constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación -como en el presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en los artículos 741 y 973 citados) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987, y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Ello debe complementarse, dado el fundamento de la apelación, con la doctrina sobre el valor que se otorga por el Alto Tribunal a la declaración de la víctima . Así, Conforme vuelve a reiterar la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 210/2014 de 4 de marzo ," Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación.

Es claro que estos parámetros de valoración constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en el sentido de que frente a una prueba única, que procede además de la parte denunciante, dicha presunción esencial solo puede quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado.

La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia".

Así las cosas, y con las pruebas que nos constan practicadas, esencialmente de naturaleza subjetiva, no podemos compartir la tesis exculpatoria blandida por la parte recurrente. En las declaraciones de las víctimas, manteniéndose persistentes en la incriminación de lo denunciado, no se aprecian motivos espurios más allá de la existencia palmaria y reconocida por todos los implicados de una animadversión previa y reciproca con el acusado derivada de problemas de convivencia y del subarrendamiento de la vivienda, y resultan concluyentes para enervar la presunción de inocencia del Sr. Germán y para subsumir su conducta en el tipo de Amenazas del artículo 169.2 del CP. Y ello a pesar de la negación de los hechos mantenida por éste, ya que al margen de que nos hallamos ante pruebas subjetivas que entran dentro de la esfera de ponderación del juez a quo dada la inmediación que éste tiene sobre las citadas pruebas, la valoración recogida en la resolución impugnada de las declaraciones de ambas partes y la de los testigos propuestos por la acusación, reviste plena coherencia siendo además corroboradas por el resto de testigos que han depuesto en el acto del plenario tal y como analiza la sentencia recurrida.

Resulta evidente que todos los testigos deponentes señalan que el acusado el día 11 de agosto de 2022 tuvo varios incidentes con Visitacion y con Mario.

La primera declaró que, el día y hora de los hechos, llegó al inmueble objeto de autos y el acusado la agarró en la cocina y le dijo que tenía que irse del piso, a lo que la declarante le dijo que vale y se fue a su dormitorio, el cual, compartía con Mario, quien se encontraba allí presente hablando por el teléfono. El acusado la acompañó a dicho lugar agarrándole del brazo y, una vez allí, les gritó a los dos que tenían que marcharse y el testigo Mario le pidió que le respetara porque estaba hablando con su madre. En ese momento, el acusado salió de la habitación y volvió con un cuchillo y les gritó "que los voy a matar, italiano de mierda", abalanzándose sobre el testigo Mario y colocándole el cuchillo en el cuello. Indicó que el acusado y Mario forcejearon hasta que lograron separarles. Asimismo, la testigo declaró que el acusado le pasó el mismo cuchillo a escasos centímetros de su cuello, el cual, lo reconoció como el exhibido en el folio 23 de las actuaciones.

Mario declaró que, el día y hora de los hechos, se encontraba viviendo en el inmueble de autos y, concretamente, estaba dentro de su dormitorio hablando por teléfono con su madre. El acusado entró y le gritó, pidiéndole el testigo que se callara porque estaba al teléfono, a lo que el acusado reaccionó cogiendo un cuchillo de la cocina, volvió a la habitación, se tiró encima de él y le colocó el cuchillo en el cuello al tiempo que le dijo "te mato" y le insultó en español. Declaró que también le vio poner el cuchillo cerca del cuello de Visitacion, siendo, finalmente, separado por la gente del piso.

Las anteriores manifestaciones se ven corroborada plenamente por declaración testifical ofrecida por D. Benito quien indicó que, el día y hora de los hechos, residía en una de las habitaciones del inmueble en el que sucedieron los hechos. En un momento dado, encontrándose en su habitación, oyó gritos y escuchó al acusado decir "que te voy a matar", abriendo la puerta de su dormitorio y viendo al acusado pasar con un cuchillo y ponérselo en el cuello a otro compañero de piso llamado Mario, llamando a los agentes.

La versión del acusado negando los hechos y atribuyendo el motivo de la denuncia a que querían echarlo del piso, resulta a todas luces carente de lógica y menos aún que ello se extienda al Sr. Benito quien no ha interpuesto denuncia en el presente procedimiento, siendo que el propio acusado ha reconocido tener una discusión con los mismos y portar el cuchillo en cuestión en las manos mientras lo hacía, siendo que los hechos por los que ha sido condenado por la Juez a quo tras oír a todos los deponentes y en virtud del principio de inmediación conllevan claramente un carácter intimidatorio y subsumible en el tipo de amenazas del artículo 169.2 del CP y no del delito leve del art. 171.7 del CP pretendido por el recurrente.

En consecuencia, ambos motivos serán desestimados.

CUARTO. - El último de los motivos del recurso es rubricado por el recurrente como "por no aplicación del art. 74 del CP, comisión de un único delito. Pretende el recurrente que se deje sin efecto el pronunciamiento por el que se condena al acusado por dos delitos de amenazas y que se condene como uno continuado, olvidando la literalidad del apartado tercero del articulo 74 del CP.

El Artículo 74 del CP recoge que:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.

2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

3. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.

En el presente caso nos encontramos con diferentes víctimas, recogiendo tanto en los hechos probados como en la fundamentación jurídica de la sentencia las dos conductas claramente diferenciadas por las que entiende la juzgadora a quo que debe condenarse al acusado por dos delitos de amenazas, siendo que es precisamente este supuesto, el que afecte a diferentes sujetos pasivos por el que queda excluida la posibilidad de aplicación de la continuidad delictiva en el delito de amenazas objeto de condena.

Por todo ello el recurso será íntegramente desestimado.

QUINTO.- En cuanto a las costas procesales generadas en esta alzada, procede declararlas de oficio.

Vistos los anteriores preceptos y demás de legal y preceptiva aplicación,