Sentencia Penal 208/2023 Audiencia Provincial Penal de Illes Balears nº 2, Rec. 233/2022 de 19 de mayo del 2023

PRIMERO .- DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR Damaso

Formula recurso de apelación la Defensa de Damaso alegando que el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, con conformidad de su Defensa y del mismo acusado , se interesó únicamente inhabilitación especial para desempeñar coordinador de seguridad y salud y elaborar planes de seguridad y salud, y sin embargo la sentencia condena a inhabilitación especial para el ejercicio de arquitecto técnico.

Se ha verificado con la grabación del juicio que efectivamente la inhabilitación se circunscribió a los términos expuestos en el recurso. Se trata por tanto realmente de error material, que si bien no se subsanó en el auto de aclaración, procede ahora resolver, dado que legalmente ha de estarse a los términos de la conformidad.

DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR Eugenio Y ASEMAS

Formula recurso de apelación la Defensa de Eugenio alegando error en la valoración de la prueba en cuanto se ha incluido como hecho probado que el acusado estaba obligado a garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, cuestión que afecta al elemento normativo del tipo, ya que quienes están obligados no es una cuestión fáctica, se señala que se ha producido en el relato fáctico una predeterminación del fallo . Añade el recurrente que no es posible incluir en los hechos valoraciones jurídicas en contra del acusado. Afirma el recurrente que podrá establecerse en los hechos quien ostenta la condición de director facultativo, coordinador de seguridad, recurso preventivo etc pero no la condición de obligado que derive de la legislación. Como segundo motivo de recurso expresa el escrito que en los hechos no se recoge que su representado tuviera conocimiento del estado en que se estaba realizando las labores de desescombro y si no conocía no surgía obligación para él.

En el relato de hechos probados de la sentencia, al referirse al acusado Eugenio se explicita su profesión, arquitecto, su función en la obra, la dirección facultativa , también se expresa que la tarea que elaboró el estudio de seguridad y salud. Se señala también, incluyendo al arquitecto técnico, que ambos tenían "la obligación de garantizar la segura ejecución de la obra" y que ambos "estaban obligados a velar y garantizar por la salud y seguridad de los trabajadores, adoptando las medidas organizativas, técnicas y materiales a tal fin, y sin embargo permitieron que los trabajadores realizar su trabajo no facilitando las medidas de protección individuales y colectivas preceptivas".

Tratándose de un tipo penal de omisión propia, entiende esta Sala que debería constituir el núcleo del relato fáctico de la sentencia la descripción de la concreta conducta que le resultaba debida al acusado en aras a facilitar los medios necesarios para que el trabajador finalmente lesionado desempeñara su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, evitando que se generara un peligro grave para su vida, salud o integridad física. Determinada la conducta debida, el relato de hechos debería incorporar el incumplimiento por parte del acusado de las referidas obligaciones.

Del art. 851.1 LECrim resulta que no pueden emplearse en los hechos probados categorías normativas en sustitución de los enunciados mediante los que tendrían que describirse la conducta que luego tendría que valorarse en Derecho ( STS 5 de abril de 2018), lo que se pretende es impedir que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, así por ejemplo lo que se prohíbe es la utilización de expresiones estrictamente técnicas que describen los tipos penales, como sería decir que el acusado dictó una resolución injusta o arbitraria (sin más descripciones ) en el delito de prevaricación, o llevó a cabo un vertido contaminante ( sin describir el mismo), y no lo será cuando no se sustituye lo descriptivo por lo valorativo. ( SSTS 21 de marzo de 2003, 6 de julio de 2005, entre otras muchas).

Con todo no habría obstáculo si además de esas menciones en el relato fáctico se incluyese descripción de lo que no efectuado por el acusado constituye la omisión de la conducta obligada, que luego analizada en los fundamentos jurídicos resulta penalmente relevante.

En los fundamentos de Derecho de la sentencia se destaca que no se cumplían las normas de seguridad y que ello debió ser advertido por el arquitecto ya que según la Jurisprudencia cuantos dirigen y se hallen al cuidado de la obra son garantes de la salvaguarda de la integridad física, sin que tampoco se concrete si el arquitecto no supo de las deficiencias (salvo dos leves que anotó) o si sabiéndolas no adoptó las medida oportunas.

Los escritos de acusación formulados especificaban la omisión atribuida al arquitecto, así el del Ministerio Fiscal le imputaba que había elaborado un estudio de seguridad y salud deficiente no previendo medidas colectivas adecuadas para la realización de los trabajos en la obra, existiendo asimismo falta de vigilancia en la realización de dicha obra, consintiendo con ello en el estado deficiente en la relación con las medidas de seguridad existentes en el hueco del ascensor. El escrito de acusación de la Acusación Particular, si bien de forma deficiente, en cuanto mezcla hechos imputados con valoración de pruebas y jurisprudencia, atribuye al acusado que en el plan que elaboró no contaba un procedimiento específico para tirar el escombro desde un quinto piso, protocolo que debió ser fijado por el arquitecto superior y autor del plan de seguridad y salud, Eugenio "siendo ésta una actividad peligrosa que ni siquiera fue contemplada y que acabó con la vida del sr. Nicanor". Reiteraba el escrito que el sr. Eugenio no especificó en su plan de seguridad y salud ningún protocolo para la retirada y bajada de escombros , imputando también que no advirtió ni solventó la inexistencia de línea de vida ni arneses en el momento de la caída del operario. Entendemos que en esas conductas y omisiones debió centrarse el relato de hechos probados.

Debemos plantearnos de si es posible ampliar el relato de hechos con las valoraciones efectuadas en los fundamentos de Derecho, para así suplir lo que debía contener.

La STS 24 de noviembre de 2021 afirma : Es claro el criterio de esta Sala respecto a la prohibición de integración de los fundamentos de derecho para subsanar deficiencias en los hechos probados para fundar una condena.

Así, en la sentencia del Tribunal Supremo 485/2018 de 18 Oct. 2018, Rec. 953/2017 señalamos que:

"Esta Sala ya ha reiterado con concreción esta cuestión acerca de las consecuencias de la absoluta omisión en los hechos probados de datos relevantes, .... Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo 891/2014 de 23 Dic. 2014, Rec. 1455/2014 que: Esta Sala (SSTS 14 de junio de 2002 ó 21 de junio de 1999 ) en ocasiones ha moderado las consecuencias casacionales de un relato de hechos probados incompleto; pero siempre que los datos preteridos u omitidos en el correspondiente apartado de la resolución aparecieran en términos suficientemente precisos y descriptivos en la fundamentación jurídica, permitiendo, por tanto, la heterointegración aludida. Pero la sentencia de 26 de marzo de 2004 , ha cuestionado esta doctrina y advierte que la permisión jurisprudencial hacia la posibilidad de integración de los hechos probados acudiendo a alegaciones fácticas deslizadas en los fundamentos de derecho "vulnera las garantías de defensa y son un artificio frecuentemente utilizado para fundamentar condenas-que nunca absoluciones-, sobre datos que no han sido declarados de forma taxativa como hechos probados, concluyendo en que su traslado a los apartados jurídicos de la sentencia es ilegal y asistemático".

Y es que no puede flexibilizarse el debido rigor procesal de que los hechos probados son la parte más relevante de la estructura de la sentencia, la cual parte, indiscutiblemente, del rigor y exactitud de quién o quiénes constan en los hechos probados para, luego, el Tribunal vaya perfilando el proceso de valoración de la prueba en los fundamentos de derecho. Pero lo que no es admisible es que se omita de modo y forma absoluta la referencia en los hechos probados y que luego aparezca su identidad en el fallo ante esa ausencia en el relato de hechos probados. Y ello, sin que pueda utilizarse la fundamentación jurídica para completar otra parte de la estructura procesal de la sentencia.

También, esta Sala del Tribunal Supremo en sentencia 559/2010 de 9 Jun. 2010, Rec. 2011/2009 señaló que: "En este sentido la STS 235/2009, de 12 de marzo , en un supuesto en el que el recurrente impugnaba por error de derecho y se quejaba de la falta de determinación del hecho probado entendiendo que no era posible acudir al fundamento de derecho para complementar el relato fáctico en un sentido perjudicial al recurrente

No cabe duda que una alteración del contenido de la sentencia, respectivamente dividido, en hechos probados, fundamentos jurídicos y fallo, conforme a los arts. 142 de la Ley procesal y 248.3 de la Orgánica del Poder Judicial, puede implicar una indefensión del recurrente que no puede emplear las vías de impugnación respectivamente previstas en la Ley procesal para impugnar la sentencia, en este caso, condenatoria.

Es por ello que esta Sala, en Sentencias STS 470/2005, de 14 de abril , y 945/2004, de 23 de julio , ha declarado que la posibilidad de que se contengan en la fundamentación de la sentencia afirmaciones de carácter fáctico siempre ha sido de modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado ( SSTS. 945/2004 de 23 , 7 , 302/2003 de 25.2 y 209/2002 de 12.2 ), pues se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para las garantías del acusado que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo que se le condena ( STS 1369/2003 de 22.10 ), de manera que a través de este mecanismo solo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales.....

En la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 86/2018 de 19 Feb. 2018, Rec. 538/2017 hemos señalado sobre estas exigencias de la constatación de extremos relevantes en los hechos probados que: La jurisprudencia, por ejemplo STS 945/2004, de 23-7 ; 94/2007, de 14-2 ; tiene declarado que es un requisito imprescindible de las sentencias penales la existencia de un relato de hechos probados que permita en comprensión no sólo por el justiciable al que afectan directamente, sino también por el tribunal que conoce la sentencia en vía de recurso y, además, por la sociedad en su conjunto, en cuando pueda tener interés en acceder a una resolución pública dictada por los tribunales. Con los hechos declarados probados en la sentencia haría relacionarse los fundamentos jurídicos de la misma, lo que exige que la descripción de lo que la sentencia considera probado sea lo suficientemente contundente y desprovista de dudas, al menos en los aspectos a los que se aplica el derecho, como para permitir la adecuada subsunción de la conducta en el correspondiente precepto sustantivo, de forma que la relación de hechos, su calificación jurídica y el fallo formen en todo congruente.

La STS de 1 de diciembre de 2021 recuerda que este Tribunal Supremo ha venido subrayando la necesidad de que en el factum de la sentencia se contengan la totalidad de los elementos del hecho, el soporte fáctico o histórico completo que, en cada caso, resulte preciso para colmar las exigencias del tipo penal aplicado. Y en tal sentido, aunque no sin alguna vacilación, se ha destacado también que entre dichos elementos fácticos no se incluyen únicamente los correspondientes a la descripción objetiva de la acción sino también los aspectos subjetivos que, nuevamente en cada caso, resulten indispensables para conformar las diferentes figuras delictivas, en la medida en que éstos forman parte indisociable del hecho mismo. Por eso, aunque hemos aceptado que el relato histórico pueda completarse, siempre en extremos no perjudiciales para el acusado, con determinadas observaciones o matices contenidos a lo largo de la fundamentación jurídica, dicha eventualidad se rechaza cuando, perjudicando tales extremos al acusado, la completa descripción del hecho, en su vertiente objetiva y/o subjetiva, haya de ser "reconstruida" a partir de elementos dispersos a lo largo de la fundamentación jurídica de la resolución. En este sentido, por todas, nuestra sentencia número 292/2020, de 10 de junio , viene a señalar que: < SSTS 21/2010, 26 de enero y 520/2012, 19 de junio y 862/2012, 31 de octubre , entre otras)>>

La conclusión inequívoca de lo expuesto es que no incluyendo el relato de hechos probados las premisas fácticas necesarias para integrar todos los elementos del tipo de injusto, no cabe acudir a la fundamentación jurídica para completar la omisión.

Resulta entonces si de la profesión-arquitecto- y de la función-director facultativo - y de lo realizado-estudio de seguridad- deriva inexorablemente la responsabilidad al ser por ello sujeto activo del delito contra los derechos de los trabajadores por cuanto estando obligado por las normas de prevención de riesgos laborales no facilito los medios para que los trabajadores desempeñasen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas poniendo así en peligro su salud, vida e integridad física. Se trata, pues, de analizar y determinar el alcance de la obligación puesta a cargo de cada uno de los partícipes en el proceso constructivo, puesto que las exigencias legales y reglamentarias en materia de seguridad y salud en el trabajo atienden a parámetros de diversificación funcional a consecuencia de los distintos cometidos que cada interviniente debe desarrollar, con diferente entidad, y en consecuencia con exigencias de intensidad diversa.

Para empezar, las exigencias del tipo contenidas en el art. 316 CP se ciñen a que, el sujeto obligado a cumplirlas, haya infringido las normas sobre prevención de riesgos laborales dejando de facilitar los medios necesarios para un desempeño de la actividad laboral exento de riesgos o peligros graves.

La facilitación de medios queda puesta con carácter general a cargo del empresario en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre , sobre prevención de riesgos laborales , y en lo que concierne al Plan de seguridad su obtención también queda a cargo del empresario, del mismo modo que tal obligación queda a su cargo conforme al art. 7.1 del Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción .

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (EDL 1995/16211), sobre prevención de riesgos laborales , y el Real Decreto 1627/1997 (EDL 1997/24683) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción , imponen a la dirección facultativa la obligación de advertir al contratista sobre cualquier infracción grave dejando constancia en el libro de incidencias, pudiendo incluso paralizar la obra; obligación que se condiciona a que se observe, detecte o perciba el incumplimiento de las medidas de seguridad durante el transcurso de la obra, del modo prevenido en el art. 14.1 del mencionado Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción , alusivo a que la advertencia al contratista deviene obligada cuando el coordinador de seguridad " durante el transcurso de la obra", o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud; mientras que la facultad de paralizarla se concede para cuando se hayan observado " circunstancias de riesgo grave e inminente "; obligación de advertir frente a circunstancias de riesgo grave e inminente por incumplimiento de las medidas de seguridad, que requiere la constatación específica de tales circunstancias durante la ejecución de la obra. Por tanto debe conocer la deficiencia.

En este sentido señala la SAP Las Palmas de 6 de noviembre de 20218 en estudio de la normativa vigente que las obligaciones que corresponden al promotor de una obra en relación con la seguridad en el trabajo se atribuyen al coordinador de seguridad (o a un determinado miembro de la dirección facultativa, cuando no sea preceptivo el nombramiento de un coordinador de seguridad ), que puede ser -y así sucede normalmente y ocurre en este caso- el aparejador o arquitecto técnico , en cuya normativa específica se prevé la obligación de controlar los sistemas de protección y exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo, como manifestación de las competencias del ingeniero técnico en los casos en los que asume la coordinación de la seguridad (ya sea como coordinador de seguridad o como miembro de la dirección facultativa), y que también se regulan en la Ley de Prevención de Riesgos Labores, así como en el repetido RD 1627/1997 .

La Circular de la Fiscalía 4/2011 de 2 de noviembre sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio fiscal en materia de siniestralidad laboral afirma que lo adecuado es atender a cada uno de los supuestos concretos prácticos que se presenten, individualizando la posible responsabilidad en referencia a la específica actuación u omisión que haya podido llevar a cabo el técnico o los técnicos intervinientes, sin que la mera titulación o designación del cargo que ostente sea suficiente para ejercitar la acción penal, sea como consecuencia del resultado lesivo producido, o del riesgo grave para la vida y salud de los trabajadores sufrido.

En el caso de autos estaba designado coordinador de seguridad, por lo que no puede derivarse necesariamente para el recurrente que sea sujeto activo del delito.

De lo expuesto concluimos que no resulta de los hechos probados de la sentencia elementos bastantes para la condena del acusado por el delito contra los derechos de los trabajadores y en necesaria consecuencia del delito de homicidio imprudente que se le imputaba. Procede por tanto la revocación de la sentencia por su obligada absoluctión.

RECURSO DE APELACIÓN DE BILBAO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

La compañía de seguros expone que la limitación de la aseguradora respecto de Northcoast 1964 Illes Balears SL es de 150000 euros por víctima, según acontecimientos 217,218 y 267. Efectivamente consta en las condiciones particulares el límite por víctima de 150000 euros.

SEGUNDO.- No apreciando temeridad ni mala fe en los recursos procede declarar de oficio las costas causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación dictamos el siguiente