Sentencia Penal 50/2023 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 31/2023 de 02 de octubre del 2023

PRIMERO.- Contra la sentencia recaída en la primera instancia, la parte recurrente ha formulado una apelación sustentada, como primer motivo, en la vulneración de la presunción de inocencia, a lo que se suman otros dos motivos por infracción de norma.

Entiende la parte recurrente que la presunción de inocencia no se ha respetado:

- porque no existe prueba de su participación en la comisión del delito;

- y porque su actuación no estuvo respaldada por el ánimo de lucro.

Su no participación en el delito se cimenta en que:

- no vendió el inmueble ni participó en la operación de venta, por lo que no pudo generar engaño activamente;

- no tenía la obligación de facilitar la información negocial sobre el estado del inmueble, de modo que tampoco pudo mediar engaño omisivo por su parte.

Para sustentar sus posiciones, en el escrito de recurso se incluye una relación cronológica de acontecimientos, entre los que destacan:

a) qu e el inmueble fue vendido mediante documento privado el día 24 de octubre de 2016, con una adenda fechada el día 2 de diciembre de 2016 donde se plasma la entrega de llaves, sin que el recurrente fuese socio, administrador, ni apoderado de la entidad vendedora MM SALMAR INVERSIONES S.L., sino que actuó como simple apoderado de dicha mercantil con ocasión -el día 23 de diciembre de 2016- de elevarse a público el contrato privado; entidad mercantil de la que pasó a ser administrador dos años después (28 septiembre 2018) cuando -en pago de deuda- se le cedieron todas las participaciones sociales de BUILT 4 YOU S.L. (nuevo nombre de la misma sociedad)

b) qu e la suspensión de obras en el inmueble vendido se acordó el día 24 de octubre de 2016, y se notificó a le entidad constructora el día 4 de noviembre de 2016, cuando ya se había vendido el inmueble.

Durante el desarrollo argumental, la parte recurrente ha insistido en su falta de relación con la entidad vendedora (puesto que solo era el constructor), y en que fue aquella quien procedió a la venta del inmueble antes de que, como simple apoderado, otorgase el recurrente la escritura pública mediante la que se elevaron a públicos los documentos privados de compraventa, la cual ya había sido perfeccionada, y transmitida la propiedad mediante la entrega de las llaves a tenor de una posterior adenda, en la que tampoco intervino ni participó el recurrente, quien no negoció con los compradores la adquisición del inmueble, ni percibió suma alguna de dinero por esta operación, ni consta documentada su presencia en los documentos privados que se suscribieron, sino que quien intervino principalmente fue el administrador de la sociedad vendedora.

En cuanto a la incidencia sobre la presunción de inocencia, la parte recurrente menciona que su participación en el delito de estafa se ha establecido, en la sentencia recurrida:

a) tr as haber reconocido aquellos extremos relevantes.

b) en contra de lo que dicen los documentos, de los que no se extrae su participación pese a haber estado presente como mero constructor, porque el representante de la empresa fue quien llevó <>.

c) y sin haber podido identificar qué función cumplió, ni en qué calidad estuvo presente.

A partir de ello, la parte recurrente mantiene:

1.- Que la consumación del supuesto delito tuvo lugar con el otorgamiento de los «contratos privados de compraventa», y que su intervención como apoderado no supuso relación con la empresa, ni interés en el negocio, sino una actuación neutra con ocasión de una mera formalidad.

2.- Que por ser simple constructor, pero no promotor ni vendedor del inmueble, el recurrente no tenía obligación de facilitar información sobre el estado de la vivienda, gestionar las autorizaciones administrativas, ni entregar la documentación de la obra ejecutada, por lo que no presenta posición de garante, máxime cuando la suspensión de la licencia fue notificada un mes después del otorgamiento de la escritura pública.

Respecto de faltar el ánimo de lucro, en el escrito de recurso se afirma que toda la prueba practicada respalda esa ausencia de interés crematístico, ya que en el documento privado de compraventa, y también en su adenda posterior, se plasma que las sumas correspondientes al precio fueron entregadas a la entidad vendedora; y se añade que cuando -dos años después- el recurrente pasó a administrar la sociedad vendedora, comunicó el cambio en la administración y su voluntad de legalizar todo el edificio, y que el recurrente vendió sus participaciones sociales tres meses después de haberse concedido licencia para la legalización del edificio, por lo que fue el único que intentó solventar esta situación sin haber obtenido beneficio alguno.

SEGUNDO.- El análisis del primer motivo de recurso, centrado en la alegada vulneración de la presunción de inocencia, mueve a enfatizar que el recurrente intervino activamente en posición de parte vendedora durante todo el proceso de negociación y contratación de la compraventa.

Tal situación resulta perfectamente deducible de las afirmaciones testificales efectuadas durante el juicio por la compradora, quien aseguró (vídeo 2 15/02/2023, 11:05:00) que tras haberse puesto en contacto por el anuncio de la venta en Internet, el recurrente ya estuvo presente en la primera reunión presencial que mantuvieron, así como también intervino con ocasión de los dos documentos privados que se suscribieron (vídeo 2 15/02/2023, 11:06:00), aparte de que también lo hizo para la escritura pública, en lo que insistió cuando fue posteriormente interrogada por la defensa (vídeo 2 15/02/2023, 11:13:00), y -es más- aseguró que pensaron que el recurrente era socio o dueño porque: «estaba en todo», y era él quien dirigía y estaba «para cualquier problema» (vídeo 2 15/02/2023, 11:15:00).

En este mismo sentido, la testigo manifestó que las peticiones de información sobre la regularización de la vivienda, y en concreto la obtención de la cédula de habitabilidad, fueron directamente dirigidas al recurrente, quien les aseguró inicialmente que la concederían en 15 días, y quien les fue aplazando con una u otra excusa ese momento de la regularización, que nunca llegó.

Además, la testigo afirmó que su conocimiento sobre la irregularidad de la vivienda se produjo con ocasión de haber intentado una pequeña reforma, ya que en el Ayuntamiento les informaron de que la vivienda no era legal (vídeo 2 15/02/2023, 11:07:00), y que toda la información sobre la situación urbanística se la proporcionó el Ayuntamiento (vídeo 2 15/02/2023, 11:08:00).

En consecuencia, el recurrente intervino activamente en todo el proceso de negociación, e incluso en la firma de la documentación necesaria; deducción que no parece opuesta a los requerimientos exigidos por la lógica, ya que su comportamiento constante ofrece las características propias de quien permanentemente exhibió una posición negocial propia de la parte vendedora, en tanto:

a) se involucró materialmente durante la fase previa de negociación, al intervenir

durante las entrevistas entre las partes contratantes.

b) ac tuó -incluso formalmente- en representación de la vendedora con ocasión de la prestación del consentimiento para la compraventa en la escritura pública.

c) y también actuó de modo concluyente con posterioridad, al ser el propio recurrente el destinatario de los reiterados requerimientos de la parte compradora para obtener la cédula de habitabilidad para el inmueble que ya habían adquirido, a los que fue dando respuesta sin reparo, aunque sin solución.

Por tanto, la posición que el recurrente fue manteniendo sin desmayo, evidencia su interacción como integrante de la parte vendedora, sin que en momento alguno se excusase de intervenir a cuenta de la limitada capacidad, obligación, y responsabilidad, que ahora opone por ser simplemente el constructor.

Si cierto es que al constructor no le competen las actuaciones ni obligaciones propias de quien actúa en calidad de promotor, o de vendedor, no lo es menos que tal reparo -alzado ahora con denuedo e insistencia- no se compadece, ni bien ni mal, con su involucración constante como factor integrante de la parte vendedora durante el proceso de negociación y prestación del consentimiento.

Además, que el administrador de la mercantil vendedora llevase, en términos de la parte recurrente: «la voz cantante», es decir, tuviese una actuación principal durante las negociaciones, no merma significación a que la ocultación concernía específicamente a la situación urbanística de la vivienda por razón de las obras que en ella ejecutó el recurrente como constructor, y de ahí que su persistente intervención resultase fundamental para lograr la obtención del consentimiento viciado, puesto que todo lo que fue ocultado obedecía a la esfera de actuación del recurrente como constructor, a quien la Administración competente comunicó directamente las irregularidades detectadas.

De ahí que no se observen trazas de irracionabilidad en la inferencia sobre la que se ha sustentado la participación del recurrente durante el proceso de compraventa, en el que aparece dibujado, por razón de las pruebas practicadas, como un elemento nuclear que deriva irremisiblemente de las siguientes circunstancias:

- a la licencia de obras solicitada el día 16 de junio de 2016 no se ajustaron las obras constatadas mediante la inspección verificada el día 13 de octubre del mismo año.

- al recurrente se le notificaron:

a) la suspensión de las obras en fecha 4 de noviembre de 2016.

b) la ratificación de la suspensión de obras el día 11 de noviembre de 2016.

c) la desestimación del recurso contra la suspensión el día 9 de enero de 2017.

d) y el decreto de demolición de obras en fecha 24 de febrero de 2017.

Por tanto, cuando se suscribió el documento privado de compraventa, en fecha 24 de octubre de 2016, el recurrente ya conocía el resultado de la inspección efectuada. Se ha alegado, en este sentido, que: «desde un punto de vista temporal» el recurrente carecía de un «conocimiento fehaciente de la situación definitiva del inmueble», como dando a entender que en el momento de venderse el inmueble no sabía a ciencia cierta si la irregularidad urbanística era insubsanable o irremediable. Pero esto último no es influyente, porque el recurrente sí que conocía el resultado desfavorable de una inspección que, inevitablemente, determinaba per se la imposibilidad de obtener la imprescindible cédula de habitabilidad mientras no se subsanasen los defectos constructivos detectados y se obtuviese -para ello- la correspondiente licencia municipal. Y ese fue el núcleo que en realidad se ocultó, el que afectaba a la inidoneidad del objeto vendido, con lo que contaminó el proceso de formación de la voluntad que condujo al acto de disposición de la parte compradora, por lo que -contra lo afirmado en el escrito de recurso- su participación no fue posterior a dicho acto de disposición, sino anterior y determinante, dado que (hay que insistir) intervino durante la negociación previa, se involucró en el momento de otorgarse el documento privado -durante cuya firma estuvo también presente- y cuando ya era consciente de las deficiencias urbanísticas que se le habían comunicado, aparte de que después representó formalmente a la parte vendedora con ocasión de la escritura pública, y también se comprometió a entregar a los compradores la documentación necesaria.

En cualquier caso, mediante dicho documento privado de compraventa (cláusula segunda 2.2) se aplazaron sustancialmente las prestaciones, ya que de los 247.500 € establecidos por el precio más el IVA, se pospuso la entrega 224.500 € hasta el otorgamiento de la correspondiente escritura pública. Y el recurrente obvió informar sobre la situación urbanística irregular de la vivienda también con ocasión de otorgar, en representación de la mercantil vendedora, la escritura pública de compraventa, mediante cuyo otorgamiento se asumió la práctica totalidad de las prestaciones económicas; omisión en la que se mantuvo permanentemente, hasta que el Ayuntamiento proporcionó a los compradores la pertinente información.

En tales condiciones, resulta patente que el recurrente participó en la conducta destinada a obtener de los compradores una prestación de consentimiento dolosamente viciado por error sobre las condiciones esenciales, causada por una provocada ignorancia sobre la irregularidad urbanística en que se hallaba el inmueble, fruto del inacabable silencio mantenido por el recurrente.

Y el recurrente contribuyó a esta actividad engañosa no solo pasiva u omisivamente, sino también de modo activo como apoderado que prestó el consentimiento al otorgar la escritura pública de compraventa, a partir de lo que ya no cabe escudarse en su simple actuación como constructor, puesto que participó como elemento incluso formalmente integrante de la parte vendedora.

A ello se suma, además, una posterior adquisición de las participaciones sociales correspondientes a la entidad vendedora, que ha sido achacada a la percepción del precio por su actuación como constructor, y que incorpora una doble carga suasoria dado que:

a) po r un lado, apoya la prueba testifical de cargo en cuanto a su intervención -en todo lo que fuera necesario- durante el proceso de negociación y venta del inmueble, ya que conecta esta posterior asunción formal de la administración empresarial con su previa actuación materialmente gerencial durante el proceso de venta.

b) y por otra parte confirma el ingrediente crematístico, el ánimo de lucro involucrado en toda la operación, ya que el recurrente alega una deuda con la empresa vendedora (por razón de las obras que ejecutó en el inmueble) que conecta perfectamente con aquella adquisición final de las participaciones en la sociedad mercantil, en cuyo patrimonio se ingresó el precio por la venta engañosa de que se está tratando.

Y todo ello constituye un acervo probatorio de cargo que se proyecta sobre el comportamiento del recurrente, cuya actuación material aparece externamente revestida con tintes propios de una dedicación gerencial que no responde, ni obedece, ni se entiende, ni se ha intentado siquiera explicar, por su calidad de constructor.

Frente a ello, la exigencia de que se acredite alguna vinculación formal con la empresa vendedora resulta inconducente para desvirtuar las características materiales del comportamiento enjuiciado y probado, pues la autoría no está relacionada en la condición formal de administrador, sino con la acreditación de actuaciones concretas y vinculadas con las actuaciones gerenciales propias de la operación negocial de compraventa, que son impropias para un simple constructor ajeno al proceso de venta.

A todo ello se refiere la sentencia apelada, donde se desgrana con detalle la secuencia de los acontecimientos, y donde se refleja con claridad la referencia testifical a que la vivienda les fue vendida a los compradores por quienes aparecieron e intervinieron como integrantes de la parte vendedora, incluyendo al ahora recurrente, a quien se atribuye -de acuerdo con lo antes expuesto- un conocimiento personal y acabado de los avatares urbanísticos del inmueble.

Y llama la atención que el recurrente oponga que no le correspondía a él como constructor dar información sobre las características y estado de la vivienda, cuando:

- sin haber ofrecido explicación alguna, intervino constantemente durante una negociación propia del ámbito puramente gerencial de empresa, que como tal tampoco le correspondía.

- se desprendió de sus participaciones sociales sin haber dado solución al problema, ni haberla comprometido frente a la nueva administración de la empresa, tal y como acertadamente se le reprocha en la sentencia recurrida.

Y en función de todo lo expuesto, no se aprecian trazas de irracionabilidad en la proclamación de su participación en la actividad engañosa, por lo que este primer motivo del recurso será desestimado.

TERCERO.- Mediante un segundo motivo del recurso, esta vez fundado en la infracción de norma, la parte recurrente ha cuestionado la calificación de los hechos como delito de estafa.

Para empezar, el comportamiento del recurrente ha sido tildado de neutral respecto del delito de estafa, puesto que se limitó a intervenir en función de las obligaciones y responsabilidades que derivaban de su condición de constructor.

Sin embargo, al sostener este punto de vista, la parte recurrente se aparta del resultado probatorio analizado, dada su permanente involucración personal en el proceso de compraventa, lo que aleja el supuesto del ámbito propio de los actos neutrales.

Como se pone de manifiesto en las STS 2ª 4 Abr. 2017 y 14 Oct. 2020, donde se citan sus precedentes ( STS 2ª 34/2007; 185/2005 ; 797/2006 ; 928/2006 ; 189/2007; 1300/2009) son actos neutrales las actividades cotidianas, también profesionales, que son legales, lícitas, y socialmente adecuadas, y que pese a hallarse en relación causal con un hecho delictivo no representan un peligro socialmente inadecuado, de modo que su distinción con los actos típicamente relevantes requiere poder constatarse la conciencia de una colaboración objetivamente delictiva que:

«...favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación de sentido delictivo, o que supere los límites del papel social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas, o que se adapte al plan delictivo del autor, o que implique un aumento del riesgo, etc.» ( STS 2ª 34/2007).

En tal sentido, la intervención del constructor, que en principio podría aparecer como natural o adecuada para la situación (venta de la vivienda en que ejecutó las obras), rebasó o traspasó los límites naturales de su cometido, en tanto posibilitó que la compra se decidiese con ignorancia sobre la inhabitabilidad de la vivienda, precisamente por haber silenciado la deficiente situación urbanística que le constaba, a partir de la cual participó activa y decisivamente -de la manera que se ha expuesto- en el largo proceso de venta, creando un riesgo socialmente inadecuado para la función propia de un simple constructor, porque asumió cometidos impropios y porque adaptó su intervención -al ir mucho más allá de su cometido como constructor- para lograr que la parte compradora prestase un consentimiento viciado por el engaño, ya que otorgó personalmente la escritura pública en que la parte compradora asumió la práctica totalidad de las prestaciones económicas a su cargo, que habían sido aplazadas en el antecedente documento privado de compraventa, con desconocimiento sobre la ineptitud del inmueble como vivienda, gracias a la persistente ocultación procurada por el recurrente.

También se ha cuestionado, en el escrito de recurso, la posición de garante exigida ante la comisión por omisión que perfilan los hechos probados, basándose en que no negoció, ni firmó, ni perfeccionó la compraventa, ni tenía obligación de dar la correspondiente información, por lo que no creó riesgo alguno ni generó aumento del peligro. Por el contrario, la actividad probatoria ha permitido constatar que el recurrente creó un riesgo cierto de que se produjera el resultado jurídicamente prohibido por la norma, y que ello se produjo al haberse involucrado activamente en un proceso de venta del inmueble a conciencia de su ineptitud como objeto, de su inhabilidad, por lo que estaba llamado a impedir el resultado perjudicial resultante del riesgo que generó previamente, y de ahí su posición de garante, que no deriva de ninguna posición formal con relación al negocio de venta, sino de su propio comportamiento, por su injerencia generadora del peligro que finalmente se materializó en perjuicio por falta de evitación, lo que resulta equiparable a una conducta activa en la realización del tipo penal. Y así, la comisión por omisión de una estafa por omitir la información debida con ocasión de una compraventa de vivienda se encuentra reflejada en la STS 2ª 27 Mar. 2017:

«Así, es una inferencia asimismo elemental que el conocimiento de ese cuadro de atipicidades, podría haber disuadido a los posibles compradores o forzado una modificación a la baja del precio de venta. Y esto y no otra cosa es lo que condujo a la ocultación engañosa de elementos relevantes de la anómala situación jurídica de las viviendas, movida, no importa insistir, por un interés económico, es decir, por la búsqueda de un beneficio; con consiguiente perjuicio, al menos para el querellante, llevado, en su día, por ese defecto culpable de información a contratar en unas condiciones que, de sabidas, no hubiera aceptado. La sala de instancia dedica el primero de los fundamentos de derecho a discurrir sobre el porqué de la calificación del comportamiento de la ahora recurrente como delito de estafa, en este caso caracterizada por la concurrencia de un engaño cometido por omisión. Y justamente considerado bastante, ya que, como se dice bien, las referencias a la vivienda como cosa cierta, en el contrato de arras y después en la escritura, no implica en absoluto una información precisa de todos los elementos integrantes de la grave atipicidad de la situación jurídica en que la misma se hallaba; y menos aún para alguien, como el querellante sin formación jurídica, que contaba con la evidencia de estar adquiriendo una finca inscrita a nombre de la vendedora en el Registro. Por tanto, hubo engaño consciente, idóneo para que los ahora compradores realizasen un acto de disposición patrimonial con perjuicio propio.»

So bre la idoneidad del engaño en las condiciones que reflejan los hechos probados puede verse la STS 2ª 13 Nov. 2012:

«El autor de una estafa lesiona un deber de respeto de la organización del sujeto pasivo cuando le presenta una situación de hecho que induce a dicho sujeto a obtener falsas conclusiones. En el caso actual, el engaño era manifiestamente idóneo. Desde el punto de vista objetivo porque se ocultaron al comprador datos relevantes que le indujeron a error en su decisión de adquirir la vivienda, como el hecho de que la finca era en realidad un local comercial, que las obras de transformación en vivienda se habían realizado sin licencia y que la cédula de habitabilidad como vivienda había sido denegada. Son informaciones determinantes, cuyo desconocimiento induce a error de modo natural. Y el engaño es asimismo idóneo desde el punto de vista subjetivo, pues concurre una evidente desproporción entre ambas partes contratantes respecto de la posibilidad de conocimiento de la ilegalidad urbanística que afectaba a la vivienda. El vendedor era Administrador único de la empresa Gran Furor SL, que había realizado las obras, y solicitado la cédula de habitabilidad, mientras que el comprador era un ciudadano extranjero que no podía sospechar que la vivienda que se le ofrecía en venta careciese de la cédula de habitabilidad, o constituyese un local comercial transformado en vivienda ilegalmente, máxime cuando el vendedor se había preparado frente a esa sospecha modificando el destino del inmueble en el Registro de la Propiedad. Esta desproporción imponía al vendedor compensar el déficit informativo del sujeto pasivo, antes de que se produjese la lesión patrimonial, en lugar de aprovechar el desconocimiento del comprador para vender la finca a un precio indudablemente muy superior al que podría percibir en caso de que el comprador conociese que lo que se vendía seguía siendo administrativamente un local comercial. Además, como hemos señalado en otras ocasiones similares, sobre el vendedor recaía una obligación específica de evitar el perjuicio que pudiese derivarse para el comprador, pues fue el mismo quien creó la situación de riesgo mediante una acción precedente, al ser el responsable de la transformación ilegal del local en vivienda y de la carencia de cédula de habitabilidad de ésta ( art 11 b, del Código Penal vigente). En consecuencia en el caso actual el engaño era y fue absolutamente idóneo y suficiente y creó en el perjudicado, una representación que no se correspondía con la realidad. El engaño empleado, delimitado tanto por la característica de ser bastante como por la idoneidad para generar el error en otra persona, es claramente subsumible en el tipo penal de la estafa. Los datos falsos y la ocultación realizada por el acusado cumplen con el juicio de previsibilidad objetiva, pues era previsible que el desconocimiento de las referidas circunstancias generara un error en el perjudicado que provocaría un acto de disposición. El riesgo creado por el engaño (caracterizado por ser bastante e idóneo para producir el error) se concretó en el resultado típico, esto es, en el perjuicio patrimonial. La concreción del riesgo es el perjuicio sufrido por el perjudicado, por lo que a dicho engaño se le debe imputar el perjuicio. Por último, ha de indicarse que el comportamiento de la víctima no fue determinante, pues, es claro que no nos encontramos ante un engaño burdo, sino ante la ocultación de hechos que difícilmente podían ser conocidos por el comprador. La exigencia de una cierta diligencia en la puesta en marcha de los deberes de autoprotección no puede llevarse hasta el extremo de instaurar en la sociedad un principio de desconfianza que obligue a los compradores de viviendas a comprobar exhaustivamente toda afirmación de la contraparte negocial. Por el contrario, constituye un derecho elemental de los ciudadanos, como consumidores, derecho que el ordenamiento jurídico debe tutelar, que quien ha infringido la normativa urbanística construyendo ilegalmente, no pueda trasladar la responsabilidad de su infracción al comprador engañándole en la negociación del contrato, mediante la ocultación de la contravención urbanística que afecta al destino del inmueble.»

Y en cuanto a la existencia de ánimo de lucro, resulta patente el interés del recurrente en la venta de la vivienda, dado su crédito con la empresa vendedora por razón de las obras que en ella había ejecutado, y cuyo precio de venta del inmueble pasó a engrosar el patrimonio de la sociedad mercantil vendedora, cuyas participaciones sociales adquirió con posterioridad el recurrente, precisamente, y según dice, a modo de compensación la deuda derivada de las obras.

Por lo expuesto, concurren todos los requisitos típicos de la estafa, y en consecuencia procederá la desestimación de este motivo del recurso.

CUARTO.- Finalmente se plantea infracción del art 29 CP, basándose en que los hechos no determinan la participación del recurrente a título de autoría, sino de complicidad, pues su intervención no fue esencial, necesaria, ni determinante.

Pero el relato que incorpora los hechos probados desmiente el parecer de la parte recurrente, en tanto se ha acreditado que las irregularidades urbanísticas le fueron comunicadas al recurrente de modo directo e inmediato.

Por tanto, su indiscutible y perfecto conocimiento sobre la ineptitud del inmueble como vivienda, que fue el objeto de la compraventa, y la generación de un riesgo cierto de perjuicio económico que no fue evitado, se materializaron gracias a su actuación directa, la cual fue imprescindible para alcanzar el propósito punible mediante una actuación configurada y planificada en función de su propio interés económico, y sujeta a su voluntad en tanto que -hasta el final- estuvo en su mano evitar la causación del perjuicio patrimonial, lo que supone un decidido dominio de la situación que colma los requerimientos de la autoría al revelar la esencialidad de su contribución al quehacer delictivo.

En consecuencia, el último motivo del recurso también se desestimará, lo que implica el íntegro perecimiento del recurso.

QUINTO.- En materia de costas, de conformidad con los arts. 239 y 240 LECrim., y el art. 123 CP, procede imponer a la parte recurrente las causadas en esta segunda instancia.

Vistos los artículos citados, sus concordantes, y los demás de general y pertinente aplicación.