Sentencia Penal 277/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10632/2022 de 20 de marzo del 2024

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 48 de Madrid instruyó Procedimiento Abreviado número 4524/2008, por delito asociación ilícita, delito continuado de estafa, delito de blanqueo de dinero y delito continuado de falsedad de documentos mercantiles y oficiales, contra Juan Enrique y otros; una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección 15ª (Rollo P.A. núm. 469/2016) dictó Sentencia número 443/2022 en fecha 21 de julio de 2022 que contiene los siguientes hechos probados:

"PRIMERO.- Probado y así se declara que: En fecha no determinada, alrededor del año 2005, un conjunto de personas se concertó para actuar de manera coordinada con objeto de obtener elevados beneficios económicos, desarrollando la actividad de enviar, desde la ciudad de Madrid y sus alrededores, a numerosos destinatarios residentes en países extranjeros, elegidos al azar, cartas y mensajes de correo electrónico, donde se les comunicaba, bien que habían obtenido en una campaña promocional de la lotería española un premio de elevada cuantía, bien que un familiar suyo, o una persona con su mismo apellido, había fallecido sin haber otorgado testamento, dejando como herencia una cuantiosa suma de dinero en metálico -hechos que no se habían producido- proponiendo a los receptores de las misivas obtener el dinero del premio o de la herencia -repartiéndolo con el remitente en este último supuesto-, que se afirmaba estaba depositado en una entidad bancaria o en una empresa de seguridad, por lo que, para su liberación, tenían que abonar cierta cantidad con objeto de hacer frente a los gastos de depósito, tributos, comisiones, honorarios de profesionales u otros de naturaleza similar.

A los destinatarios que se interesaban por la propuesta, se les remitían documentos que habían sido confeccionados para aparentar haber sido expedidos por organismos públicos, entidades bancarias, compañías aseguradoras o dedicadas a la prestación de servicios de seguridad, con la finalidad de convencer al receptor de la realidad del premio o herencia y del depósito de la suma correspondiente, a la espera de su abono al ganador o de la puesta en posesión del heredero. También se proponía al destinatario que se desplazase a Madrid, en la mayoría de las ocasiones, y en otras a Barcelona o Londres, y, en caso de que así lo hiciese, se le conducía a un lugar, que había sido preparado para que pareciese una cámara de seguridad, donde se le mostraban unos baúles que aparentemente contenían numerosos fajos de billetes de cien dólares de Estados Unidos, envueltos en plástico, diciéndole que eran del premio o de la herencia, extrayendo de uno de aquellos algunos billetes auténticos, entregándoselos para que los comprobase y pidiéndole que efectuase un primer pago para hacer frente a alguno de los gastos antes mencionados y, a veces, también que comprase un valioso regalo para el director de la entidad depositaria. Una vez realizado dicho desembolso y, en su caso, entregado el regalo, se comunicaba al visitante que había cualquier circunstancia -cumplimiento de trámites bancarios o de requisitos de todo orden exigidos por organismos oficiales- que iba a demorar la entrega del dinero del premio o de la herencia, lo que hacía que aquel regresase a su país a la espera de su resolución, tras lo cual se le iba transmitiendo, en sucesivas comunicaciones, la aparición de nuevos obstáculos que impedían dicha entrega y que, a su vez, exigían el pago de nuevos gastos, con lo cual se conseguía el abono de nuevas y, por lo general, elevadas sumas de dinero.

Los cuantiosos rendimientos recibidos de los destinatarios de las misivas, bien mediante pagos en metálico durante los viajes en los que se mostraba el dinero del premio o la herencia, bien mediante transferencias a cuentas bancarias controladas por el grupo, bien mediante envíos de fondos por conducto de empresas especializadas, eran inmediatamente transferidos a otras cuentas bancarias, o reintegrados e invertidos en la adquisición de maquinaria industrial, vehículos y otros bienes, la mayoría de los cuales eran exportados a Nigeria y otros países, siendo otros utilizados personalmente por los miembros del grupo para sufragar sus propias necesidades, así como los gastos de la actividad antes descrita.

La realización de todo ello requirió la intervención activa de un considerable número de personas, que se repartían las numerosas tareas precisas, como búsqueda y selección de destinatarios; redacción de las comunicaciones iniciales; contactos ulteriores por vía telefónica y en persona con quienes se interesaban y viajaban para ver el dinero; alquiler y acondicionamiento de locales para darles el aspecto de cámaras de seguridad o despachos de abogados y similares; confección de la documentación aparentemente procedente de organismos públicos, entidades financieras o empresas de seguridad, pretendiendo acreditar los supuestos premios de lotería, fallecimientos, herencias, depósito de los fondos, pago de impuestos, tasas y otros gastos; constitución y administración de compañías; apertura de cuentas bancarias a nombre de estas para la recepción del dinero de las víctimas, y, en una fase posterior, traslado de unas a otras cuentas bancarias de dicho dinero, y reintegro e inversión.

A la mencionada organización se incorporaron como miembros y, siguiendo las instrucciones de quienes la habían constituido y la dirigían, realizaron las actividades que se dirán a continuación, las siguientes personas, ya condenadas por estos hechos en virtud de sentencia de 12/2019, de 19 de enero, de esta misma Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid: Anselmo (preparación y envío de comunicaciones a las víctimas, confección de documentación de la naturaleza antes señalada), Arturo (recogida de víctimas, traslado a los lugares donde se les mostraba el dinero del supuesto premio o herencia y ciertos documentos), Basilio (preparación y envío de comunicaciones y documentación a las víctimas), Benito (confección y envío de comunicaciones y de documentación, contactos con las víctimas en persona y recepción del dinero pagado por estas), Bernardino (confección y envío de comunicaciones y documentación, contactos con las víctimas en persona, constitución y administración de sociedades, recepción de dinero entregado por las víctimas, inversión de dicho dinero y realización de pagos), María Purificación (preparación y envío de comunicaciones y documentación, recogida de las víctimas y traslado al lugar donde se les mostraba dinero y documentos), Casimiro (traslado de víctimas para mostrarles el dinero y documentos y recepción de pagos), Cesareo, Constancio y Florentino (preparación y envío de comunicaciones y documentación a las víctimas).También, por sentencia de 26 de mayo de 2021, fue condenada Elena encargada de acudir a hoteles donde se encontraban hospedados los perjudicados que habían viajado a Madrid para trasladarlos a simulados centros de negocios en que se les trataba de hacer ver que eran oficinas de empresas o instalaciones de empresas de seguridad donde se hallaban las cajas de seguridad en la que se guardaba el dinero de la herencia o del premio de lotería de que eran beneficiarios.

Las compañías de las que la organización se sirvió para el desarrollo de las citadas actividades fueron Magpie Consulting Associates S.L., Sujimoto S.L., Jacobs lnvestments S.L.U., Grupo Security Company S.A., Favourite Business Consults S.L., y Equity Law Firm S.A.

En concreto, Juan Enrique intervino como administrador único de la mercantil FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L domiciliada en la calle La Fuente, número 2 local B- 12 de Leganés (Madrid). Dicha titular, entre otras, de una cuenta en la entidad BBVA NUM000 y NUM001, así como de otra cuenta en la entidad Caja Madrid NUM002 en las que como se describe después- hicieron ingresos algunos de los perjudicados, como Ángel Jesús y Roberto.

A través de dicha mercantil, y sirviéndose de los ingresos realizados por los perjudicados, Juan Enrique procedió a comprar camiones y maquinaria de gran volumen que remitía a Nigeria.

SEGUNDO.-. La mencionada organización llevó a cabo los siguientes hechos, valiéndose, entre otras personas, de Anselmo, Arturo, Basilio, Benito, Bernardino, María Purificación, Casimiro, Cesareo, Constancio, Florentino, Elena -ya juzgados y condenados, como se dice, por estos hechos- y, también, valiéndose de Juan Enrique, quien, actuando de común acuerdo con las personas ya condenadas, aportó, a sabiendas de la finalidad perseguida por la organización en que estaba integrado, las conductas de la naturaleza ya descritas.

De este modo, con la aportación, como se dice, tanto de las personas ya juzgadas como de Juan Enrique, la organización en la que todos estaban integrados llevó a cabo las siguientes actuaciones:

A) En abril de 2005, envió un mensaje de correo electrónico a Sara, residente en Visalia, California (Estados Unidos), en el que un supuesto abogado llamado Victoriano, con despacho en Lagos (Nigeria), le comunicaba que Jose Ignacio, un cliente suyo, había fallecido con su familia en un accidente aéreo acaecido en mayo de 2002, en Gwammaja, ciudad del estado de Kano (Nigeria), dejando la cantidad de 4.150.000 dólares estadounidenses, depositados en una cuenta, que iban a ser confiscados de no ser reclamados por un familiar del fallecido, por lo que, dada la coincidencia del apellido, proponía a la destinataria del mensaje que accediese a presentarse como tal familiar, a efectuar la reclamación y a repartirse el dinero con él en unos porcentajes que no especificaba. Tras diversos contactos por teléfono y correo electrónico, la Sra. Sara accedió a la propuesta. En esas comunicaciones, se manifestó a la Sra. Sara que la herencia total del difunto era de 5.600.000 millones de dólares; le remitieron, entre otros, documentos que aparentaban ser certificados de fallecimiento y de depósito del dinero en una entidad financiera y le solicitaron dinero para hacer frente al pago de impuestos y gastos diversos. Por indicación de un supuesto empleado del Banco de Nigeria, llamado Jesús Carlos, la Sra. Sara viajó a Londres, donde permaneció desde el 26 hasta el 30 de junio de 2005. Una vez allí, el llamado Jesús Carlos le enseñó una maleta o baúl con lo que dijo era el dinero del fallecido, en billetes de 100 dólares, de los que le dejó tres para que comprobase su autenticidad. Tal y como habían convenido, la Sra. Sara le entregó 12.000 dólares para el pago de gastos. Ya en su país, la Sra. Sara recibió de la organización la petición de diversas sumas de dinero, destinadas a la remoción de los obstáculos de todo género que le decían iban surgiendo e impedían la obtención de lo prometido. Realizó los envíos a través de la empresa WESTERN UNIÓN y mediante transferencias a diversas cuentas bancarias, la última de las cuales, de 41.000 dólares, la efectuó el 9 de agosto de 2005 a la cuenta NUM003, de La Caixa, a nombre del acusado Casimiro. El total del dinero pagado por la Sra. Sara fue de 186.204 dólares estadounidenses.

B) A mediados de 2006, envió una carta a Ambrosio, residente en Thamesville, Ontario (Canadá), en la que un supuesto abogado, llamado Artemio, con despacho profesional en Madrid, le comunicaba el fallecimiento de un primo suyo, llamado Alexis, en un accidente de circulación en España, habiendo dejado como herencia una suma de 77.699.000 dólares, de la que aquel era el único beneficiario. El Sr. Alexis viajó a Madrid para hacerse cargo de la herencia en septiembre u octubre del referido año, donde fue conducido por el pretendido abogado y otras personas a un local, situado en un sótano, en el que, entre otros, había dos mujeres, y donde le fueron mostradas cuatro cajas llenas de billetes de dólares estadounidenses. Una de dichas mujeres dijo al Sr. Alexis que no podía llevarse dicho dinero sin determinados documentos. Antes de terminar el viaje, el Sr. Alexis pagó 8.250 dólares por costes de administración. Ya de vuelta en su país, a petición de la organización, efectuó varias transferencias de dinero, alguna de ellas a una cuenta de MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES, S. L., que le dijeron eran para abonar gastos e impuestos, indispensables para la liberación de los fondos de la herencia. Lo abonado por dicha vía a la organización fueron 1.070,000 dólares estadounidenses, 185.000 euros y 100.000 libras esterlinas.

C) A finales de 2006, remitió una carta a Daniel, residente en Carlyle, Illinois (Estados Unidos), comunicándole que había obtenido el tercer premio, dotado con 815.950 dólares, en una campaña de promoción internacional de la lotería española. El Sr. Daniel se puso en contacto con la persona indicada en dicha carta, de nombre Hortensia, quien le pidió un primer pago de 1.680 dólares estadounidenses para llevar a cabo la reclamación del premio, cantidad que el Sr. Daniel remitió a través de WESTERN UNIÓN a una persona llamada Rosa, domiciliada en España. Posteriormente, envió por transferencia a una cuenta de Caja España, tal y como le fue indicado, 8.159'5 dólares para el pago de tasas. Además, en sucesivas transferencias, que le solicitaron, con diversas excusas relativas a la necesidad de abonar otros gastos e impuestos, todo ello supuestamente indispensable para poder cobrar el premio, el Sr. Daniel abonó a la organización un total de 130.000 dólares más. Tres de dichas transferencias fueron realizadas a las cuentas NUM004 y NUM005 de las que era titular Nicanor. El total pagado por el Sr. Daniel fue de 131.680 dólares estadounidenses.

D) En julio de 2007, envió una carta a Nemesio, residente en Thetford Mines, Quebec (Canadá), en la que una supuesta abogada de Madrid, llamada Josefa, le comunicaba el fallecimiento en esta ciudad, en un atentado terrorista que provocó una explosión en un tren, de una persona con el mismo apellido Nemesio, que había dejado como herencia la cantidad de 22 millones de dólares estadounidenses, depositados en metálico en la cámara de seguridad de una entidad financiera europea, con documentación que indicaba que solamente podían ser entregados a un familiar suyo. También se afirmaba en la carta que el despacho de abogados no había podido establecer contacto con ninguno de los familiares del difunto y que estaba próximo a finalizar el plazo durante el cual los fondos podían ser reclamados, habiendo de ser ingresados en el Banco Central Europeo en caso contrario, y se ofrecía al destinatario la posibilidad de obtener dichos fondos y de repartírselos con la abogada remitente al 40 %, dejando el 10 % restante para el pago de gastos, debiendo ser todo ello mantenido en la más estricta confidencialidad. El Sr. Nemesio se interesó por la propuesta, contactó con la supuesta abogada y recibió documentos aparentemente oficiales, pero que no lo eran, alguno de los cuales parecía proceder del Ministerio de Justicia, que apoyaban la veracidad de lo que se afirmaba en la primera carta. Para gestionar la entrega del dinero, envió a Madrid a su hijo Victorino. Posteriormente, a lo largo de los siguientes meses del año 2007, el Sr. Nemesio, a petición de la organización, para hacer frente a diversos gastos e impuestos que le decían eran necesarios para liberar los fondos, efectuó envíos de dinero a través de WESTERN UNIÓN y de transferencias bancarias a cuentas de las que era titular MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES, S. L., por un total de 215.000 dólares canadienses.

E) En noviembre de 2007, envió una carta a Rosario, residente en Benalla, Victoria (Australia), en la que una supuesta abogada de Madrid, llamada Teodora, le comunicaba que, en un accidente de circulación, acaecido en 2005, en la autopista M-40 de Madrid, había fallecido una persona con apellido Rosario, que no había otorgado testamento y había dejado depositada en la cámara de seguridad de una entidad financiera la cantidad de 22 millones de dólares estadounidenses, con instrucciones de que solamente podía ser retirada por un familiar suyo. También se afirmaba en la carta que el despacho de abogados no había podido establecer contacto con ninguno de los familiares del difunto y que estaba próximo a finalizar el plazo durante el cual los fondos podían ser reclamados, habiendo de ser ingresados en el Banco Central Europeo en caso contrario, y se ofrecía a la destinataria la posibilidad de obtener dichos fondos y de repartírselos al cincuenta por ciento con la abogada remitente. Para ello, se proporcionaban en la misiva números de teléfono y de fax (el mismo que el de las cartas remitidas a los Sres. Ángel Jesús y Alberto), así como direcciones de correo electrónico de contacto (una de ellas, DIRECCION000, se facilitó también al Sr. Alberto), solicitando a la remitente que mantuviera el asunto en la más estricta confidencialidad. Tras responder la Sra. Rosario que estaba interesada en la propuesta, la organización le remitió, entre otros documentos, lo que aparentaba ser un certificado, confeccionado al efecto por alguno de los miembros de aquella, en el que se hacía constar el fallecimiento, el 18 de marzo de 2005, a consecuencia de un accidente de circulación, de una persona inexistente llamada Benedicto, nacida en España y residente en Las Matas (Madrid), así como un certificado simulado del depósito por dicha persona, el 2 de diciembre de 2004, de la cantidad antes mencionada, en una cámara de seguridad de la compañía PROSEGUR FINANZAS Y SEGURIDAD, S. A. (los dos coincidentes con los de los Sres. Ángel Jesús, Isidro y Alberto). El 13 de enero de 2008, Jesús, esposo de la Sra. Jesús, viajó a Madrid, donde se entrevistó con el supuesto abogado Leovigildo (mismo nombre usado por la persona que trató con el Sr. Alberto y con la que la Sra. Rosario se había comunicado por correo electrónico en la misma dirección utilizada en comunicaciones con el Sr. Alberto). El 19 de febrero de 2008, por indicación de los miembros de la organización, el Sr. Rosario fue a Londres, donde le fue mostrado el dinero de la supuesta herencia, que se hallaba depositado en una cámara de seguridad, en las condiciones descritas en los casos anteriores. Por similares razones a las de los supuestos precedentes, para el abono de impuestos, gastos de depósito y similares, en la creencia de que iban a recibir el dinero de la herencia, la Sra. Rosario y su esposo efectuaron pagos a la organización mediante transferencias bancarias (a cuentas a nombre de Patricio en entidades españolas, números NUM006 y NUM007 y a otra cuenta de una entidad en Hong Kong), así como envíos de dinero por medio de WESTERN UNIÓN, entre enero y mayo de 2008, por un importe total de 688.588 dólares australianos.

F) A mediados de enero de 2008, envió una carta a Alberto, residente en Mareeba, Far North Queensland (Australia), en la que un supuesto abogado, llamado Leovigildo, le comunicaba que, en un accidente de circulación, acaecido en 2005, en la autopista M-40 de Madrid, había fallecido una persona con apellido Alberto, que no había otorgado testamento y había dejado depositada en la cámara de seguridad de una entidad financiera la cantidad de 22 millones de dólares estadounidenses, con instrucciones de que solamente podía ser retirada por un familiar suyo. También se afirmaba en la carta que el despacho de abogados no había podido establecer contacto con ninguno de los familiares del difunto y que estaba próximo a finalizar el plazo durante el cual los fondos podían ser reclamados, habiendo de ser ingresados en el Banco Central Europeo en caso contrario, y se ofrecía al destinatario la posibilidad de obtener dichos fondos y de repartírselos al cincuenta por ciento con el abogado remitente. Para ello, se proporcionaban en la misiva números de teléfono y de fax (el mismo que el de la carta enviada al Sr. Ángel Jesús), así como direcciones de correo electrónico de contacto, solicitando al remitente que mantuviera el asunto en la más estricta confidencialidad. Tras responder el Sr. Alberto que estaba interesado en la propuesta, la organización le remitió, entre otros documentos, lo que aparentaba ser un certificado, confeccionado al efecto por alguno de los miembros de aquella, en el que se hacía constar el fallecimiento, el 18 de marzo de 2005, a consecuencia de un accidente de circulación, de una persona inexistente llamada Carlos José, nacida en España y residente en Las Matas (Madrid), así como un certificado simulado del depósito por dicha persona, el 2 de diciembre de 2004, de la cantidad antes mencionada, en una cámara de seguridad de la compañía PROSEGUR FINANZAS Y SEGURIDAD, S. A. (los dos coincidentes con los remitidos a los Sres. Ángel Jesús y Isidro, y a la Sra. Rosario). El 28 de enero de 2008, el Sr. Alberto viajó a Madrid, donde se alojó en el hotel Meliá Castilla, establecimiento en que fue recogido por dos personas, que le llevaron en un coche a una oficina donde se entrevistó con el supuesto abogado Leovigildo y, posteriormente, también con una mujer que dijo ser abogada de PROSEGUR, a la que pagó 12.000 dólares australianos. Más tarde fue llevado a otro lugar donde se le mostró el dinero de la supuesta herencia, guardado en baúles que contenían fajos de billetes de 100 dólares estadounidenses envueltos en plástico, de los que se extrajeron dos y se le entregaron para que los comprobase. Ya de vuelta en el hotel, el supuesto abogado dijo al Sr. Alberto que no podía entregarse el dinero de la herencia mientras no se abonasen los impuestos correspondientes, para lo cual, el día 30 de enero de 2008, este efectuó una primera transferencia por importe de 83.342'43 dólares estadounidenses (73.333 dólares australianos) a la cuenta que aquel le dijo ( NUM007, a nombre de Patricio). Al decírsele que el Ministerio de Hacienda ponía nuevos obstáculos y exigía más dinero para el pago de impuestos, el Sr. Alberto efectuó otra transferencia el día 15 de febrero de 2008, por importe de 163.892'05 dólares estadounidenses (146.667 dólares australianos), a una cuenta de MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES S. L. Con el pretexto de que era necesario obtener un certificado que asegurase la procedencia ilícita del dinero de la herencia, el supuesto abogado le pidió al Sr. Alberto que efectuase una nueva transferencia de dinero, por importe de 32.000 libras esterlinas (69.189'19 dólares australianos), cosa que este hizo el 25 de febrero de 2008, esta vez a un banco de Gran Bretaña, donde le dijeron que se encontraba el dinero y adonde viajó para verlo, siéndole nuevamente mostrado en la ciudad de Londres. El 28 de febrero siguiente, las personas con quienes había tratado en el Reino Unido, le dijeron que tenía que efectuar un nuevo pago de 170.000 libras esterlinas, lo que fue rechazado por el Sr. Alberto, que decidió regresar a Australia. Ya en su país, siguió recibiendo llamadas y mensajes de correo electrónico reclamándole el dinero, que fue sucesivamente rebajado a 100.000 y 50.000 libras (108.506'94 dólares australianos), suma esta última que terminó por abonar mediante una transferencia el día 8 de abril (cuenta a nombre de NEWS SERVICES). Finalmente, el día 16 del mismo mes, efectuó una última transferencia de 20.000 libras (42.927'67 dólares australianos, a nombre de NEWS SERVICES). El total pagado por el Sr. Alberto fue de 452.623'8 dólares australianos.

G) En enero de 2008, envió una carta a Isidora, residente en el Principado de Monaco, en la que un supuesto abogado, llamado Clemente, le comunicaba que, en un accidente de circulación, acaecido en 2005 en Madrid, había fallecido una persona con el mismo apellido Isidora, que no había otorgado testamento y que había dejado depositada en la cámara de seguridad de una entidad financiera la cantidad de 22 millones de dólares estadounidenses, con instrucciones de que solamente podía ser retirada por un familiar suyo. También se afirmaba en la carta que el despacho de abogados al que pertenecía no había podido establecer contacto con ninguno de los familiares del difunto y que estaba próximo a finalizar el plazo durante el cual los fondos podían ser reclamados, habiendo de ser ingresados en el Banco Central Europeo en caso contrario, y se ofrecía a la destinataria la posibilidad de obtener dichos fondos y de repartírselos al cincuenta por ciento con el abogado remitente. Para ello, se proporcionaban en la misiva (idéntica a la recibida por el Sr. Isidro y esencialmente coincidente con las recibidas por la Sra. Rosario y el Sr. Alberto) números de teléfono y de fax, así como direcciones de correo electrónico de contacto, solicitando a la remitente que mantuviera el asunto en la más estricta confidencialidad. Tras responder la Sra. Isidora mostrando interés en la propuesta, la organización le remitió, entre otros documentos, lo que aparentaba ser un certificado, confeccionado al efecto por alguno de los miembros de aquella, en el que se hacía constar el fallecimiento, el 18 de marzo de 2005, a consecuencia de un accidente de circulación, de una persona inexistente llamada Aquilino, nacida en Hamburgo y residente en Las Matas (Madrid), así como un certificado simulado del depósito por dicha persona, el 2 de diciembre de 2004, de la cantidad antes mencionada, en una cámara de seguridad de la compañía PROSEGUR FINANZAS Y SEGURIDAD, S.A. (los dos coincidentes con los de los Sres. Ángel Jesús, Isidro, y Alberto y la Sra. Rosario). El 26 de enero de 2009, la Sra. Isidora viajó a Madrid, donde le fue mostrado, en una supuesta cámara de seguridad de PROSEGUR, lo que parecía el dinero de la herencia que estaba guardado en un baúl lleno de fajos de billetes de 100 dólares. La Sra. Isidora abonó ese mismo día, mediante transferencia realizada a la cuenta número NUM008, la cantidad de 8.200 euros para gastos. Posteriormente, le solicitaron el pago de 220.000 euros más, de los que no disponía, por lo que quedó en transferirlos de vuelta en su país de residencia, cosa que finalmente no hizo, al hacerle ver su banco que había sido víctima de un engaño.

H) En los primeros días de junio de 2008, envió una carta a Ángel Jesús, residente en Mainz (Alemania), en la que un supuesto abogado, llamado Esteban, de un bufete de Toledo, le comunicaba que, en un accidente de circulación, acaecido en 2005, en la autopista M-40 de Madrid, había fallecido una persona con el mismo apellido Ángel Jesús, que no había otorgado testamento y que había dejado depositada en la cámara de seguridad de una entidad financiera la cantidad de 22 millones de dólares estadounidenses, con instrucciones de que solamente podía ser retirada por un familiar suyo. También se afirmaba en la carta que el despacho de abogados no había podido establecer contacto con ninguno de los familiares del difunto y que estaba próximo a finalizar el plazo durante el cual los fondos podían ser reclamados, habiendo de ser ingresados en el Banco Central Europeo en caso contrario, y se ofrecía al destinatario la posibilidad de obtener dichos fondos y de repartírselos al cincuenta por ciento con el abogado remitente. Para ello, se proporcionaban en la misiva números de teléfono y de fax, así como direcciones de correo electrónico de contacto, solicitando al remitente que mantuviera el asunto en la más estricta confidencialidad. Tras responder el Sr. Ángel Jesús que estaba interesado en la propuesta, la organización le remitió, entre otros documentos, lo que aparentaba ser un certificado, confeccionado al efecto por alguno de los miembros de aquella, en el que se hacía constar el fallecimiento, el 18 de marzo de 2005, a consecuencia de un accidente de circulación, de una persona inexistente llamada Heraclio, nacida en Hamburgo y residente en Las Matas (Madrid), así como un certificado simulado del depósito por dicha persona, el 2 de diciembre de 2004, de la cantidad antes mencionada, en una cámara de seguridad de la compañía PROSEGUR FINANZAS Y SEGURIDAD, S. A. El 20 de junio de 2008, el Sr. Ángel Jesús viajó a Madrid, donde se alojó en el hotel Westin Palace, lugar en el que fue recogido por una mujer, que se presentó como Verónica, secretaria del despacho de Esteban, quien le condujo a un lugar no determinado, en el que le presentó a otra mujer, apellidada Hortensia, que dijo ser de la empresa PROSEGUR y a quien pagó la cantidad de 8.200 euros, tras lo cual fue llevado a otro lugar, probablemente en Leganés, donde se le mostró una cámara de seguridad y el dinero de la supuesta herencia allí depositado, en fajos de billetes de 100 dólares envueltos en plástico, del que le entregaron 200 dólares para que comprobase su autenticidad. Más tarde, fue visitado en el hotel por un hombre que dijo ser Esteban, quien quedó en llamarle por teléfono al día siguiente, después de mantener una reunión, relativa a la herencia, que había concertado en el Ministerio de Hacienda. Al día siguiente, el Sr. Ángel Jesús recibió la llamada del supuesto abogado, que le manifestó que, para liberar el dinero de la herencia, sería necesario abonar un total de alrededor de 440.000 dólares y que, además, era conveniente hacer un regalo a un supuesto administrador. De acuerdo con ello, el Sr. Ángel Jesús adquirió en una joyería un reloj por importe de 4.400 euros, que entregó a la secretaria antes citada. Posteriormente, ya en Alemania, para hacer frente a diversos gastos, que le dijeron eran imprescindibles para el cobro de la herencia, el Sr. Ángel Jesús efectuó tres transferencias a una cuenta bancaria que le fue indicada, abierta a nombre de FAVOURITE BUSINESS CONSULTING, S. L., los días 25 de junio y 1 y 8 de julio de 2008, por importes respectivos de 142.000, 142.000 y 118.073'50 dólares. El 15 de julio siguiente, en una cuenta de Caixa Galicia, que había abierto para el ingreso de la herencia, el Sr. Ángel Jesús recibió una transferencia de 2.190 dólares, que Esteban le dijo en un correo electrónico que había sido un error y que se le iban a ingresar los 21.997.610 dólares restantes, que estaban depositados en el Banco de América, pero que ello dependía de una autorización del responsable de un organismo denominado Tablero Monetario de España, que exigía el pago previo de la suma de 250.000 euros, todo lo cual se expresaba en un documento con apariencia de declaración jurada notarial, tras lo cual, el Sr. Ángel Jesús formuló una denuncia ante la policía alemana. El total pagado por el Sr. Ángel Jesús fue de 12.600 euros y 402.073'50 dólares estadounidenses, si bien, como se ha dicho, recibió una transferencia de 2.190 dólares estadounidenses.

I) En agosto de 2008, una persona perteneciente a la organización, que se presentó como Claudia, efectuó una llamada telefónica a Emilia, residente en Montreal (Canadá), comunicándole el fallecimiento, en un accidente de circulación acaecido en España, de un primo suyo llamado Alejo y que ella aparecía designada como heredera. A continuación, le remitió por fax un documento que aparentaba ser un certificado de defunción del citado Alejo, y, al día siguiente, lo que parecía un certificado de una sucursal de Caixa Galicia, sita en la calle Buen Suceso, 13, de Madrid, en el que se hacía constar que en la entidad había un depósito de 91.400.000 dólares. Días más tarde, la Sra. Emilia recibió otra supuesta comunicación de Caixa Galicia, que incluía una declaración jurada en la que era señalada como familiar más próxima del fallecido, aparentemente emitida ante notario, por un supuesto abogado llamado Ceferino, del despacho de Madrid Michael Hodge & Associates (mismo abogado y despacho que aparece en la documentación enviada a otros denunciantes, como Emiliano y Evaristo), diciéndole que había sido aprobada la entrega de los fondos y requiriéndola para que se trasladase a Madrid en el plazo de 5 días, con una serie de documentos y la cantidad de 9.860 euros para el pago de gastos. La Sra. Emilia viajó a Madrid, donde fue conducida a un lugar donde se le mostró el dinero de la supuesta herencia, en fajos de 100 dólares, y se le entregaron dos billetes para que comprobase su autenticidad. Tras ello, hizo el pago de la suma de 9.860 euros, antes citada. El 28 de agosto de 2008, regresó a su domicilio, donde se le requirió la cantidad de 274.200 dólares canadienses para el pago de impuestos. En virtud de ello, la Sra. Emilia transfirió dicha suma el 5 de septiembre de 2008, a una cuenta de una sucursal de Caja Granada en Barcelona, a nombre de SERVÉIS GALDIAN III, S. L. (compañía beneficiaria también de transferencias de los denunciantes Humberto y Roberto). El total pagado por la Sra. Emilia fue de 9.860 euros y 274.200 dólares canadienses.

J) En enero de 2009, envió una carta a Isidro residente en Granges Les Beaumont (Francia), en la que un supuesto abogado, llamado Clemente, le comunicaba que, en un accidente de circulación, acaecido en 2005 en Madrid, había fallecido una persona con el mismo apellido Isidro, que no había otorgado testamento y que había dejado depositada en la cámara de seguridad de una entidad financiera la cantidad de 22 millones de dólares estadounidenses, con instrucciones de que solamente podía ser retirada por un familiar suyo. También se afirmaba en la carta que el despacho de abogados al que pertenecía no había podido establecer contacto con ninguno de los familiares del difunto y que estaba próximo a finalizar el plazo durante el cual los fondos podían ser reclamados, habiendo de ser ingresados en el Banco Central Europeo en caso contrario, y ofrecía al destinatario la posibilidad de obtener dichos fondos y de repartírselos al cincuenta por ciento con el abogado remitente. Para ello, se proporcionaban en la misiva números de teléfono y de fax, así como direcciones de correo electrónico de contacto, solicitando al remitente que mantuviera el asunto en la más estricta confidencialidad (la carta es idéntica a la de la Sra. Isidora y muy similar a las de la Sra. Rosario, y a las de los Sres. Alberto y Ángel Jesús). Tras responder el Sr. Isidro que estaba interesado en la propuesta, la organización le remitió, entre otros documentos, lo que aparentaba ser un certificado, confeccionado al efecto por alguno de los miembros de aquella, en el que se hacía constar el fallecimiento, el 18 de marzo de 2005, a consecuencia de un accidente de circulación, de una persona inexistente llamada Jose Manuel, nacida en Hamburgo y residente en Las Matas (Madrid), así como un certificado simulado del depósito por dicha persona, el 2 de diciembre de 2004, de la cantidad antes mencionada, en una cámara de seguridad de la compañía PROSEGUR FINANZAS Y SEGURIDAD, S. A. (los dos coincidentes con los remitidos a los Sres. Ángel Jesús y Alberto y a la Sra. Rosario). El 21 de febrero de 2009, el Sr. Isidro viajó a Madrid, donde fue recogido por el supuesto abogado remitente de la carta inicial y llevado a las afueras de la ciudad a un local situado en un aparcamiento subterráneo, en el que había dos mujeres, que se presentaron como empleadas de PROSEGUR y del Banco de España, y le fue mostrado el dinero de la supuesta herencia allí depositado, en un cofre lleno de fajos de billetes de 100 dólares envueltos en plástico, y le entregaron un documento del Banco de España, donde figuraba que los fondos le serían transferidos a una cuenta suya cuando se presentase un certificado del pago de los derechos de sucesión. Tras ello, el Sr. Isidro abonó a la supuesta empleada de PROSEGUR la cantidad de 8.200 euros, para gastos de seguro. De vuelta en su país, el Sr. Isidro, al serle comunicado que tenía que abonar una penalización por no haberse declarado el dinero a la administración tributaria, efectuó dos transferencias bancarias el 28 de febrero de 2009, a dos cuentas bancarias españolas, una de Caixa Catalunya y otra del Banco Popular, por importes de 30.000 y 27.500 euros, respectivamente. Al pasar tres semanas sin tener noticias, después de haberle comunicado Clemente que había sufrido un infarto y que se hacía cargo del asunto un auxiliar suyo, el Sr. Isidro sospechó y se puso en contacto con el Banco de España, donde fue informado de que los fondos no existían y formuló la correspondiente denuncia. El total pagado por el Sr. Isidro fue de 65.700 euros.

TERCERO.-. Asimismo, la organización, por medio, entre otros, Juan Enrique, (así como de Bernardino -ya juzgado)- quienes seguían en todo momento las órdenes e instrucciones de otras personas bajo cuya jerarquía se encontraban, transfirió el dinero obtenido de las víctimas en virtud de los hechos descritos en el apartado precedente, desde las cuentas a las que dichas víctimas habían efectuado los pagos, a otras cuentas bancarias, y efectuó reintegros en efectivo de las cuentas receptoras de las transferencias de las víctimas, para entregar los fondos a miembros de la organización. Asimismo, compró vehículos maquinaria y otros bienes, que fueron posteriormente enviados a Nigeria o empleados por miembros del grupo.

El mencionado acusado realizó en las cuentas la entidad BBVA NUM000 y NUM001, así como de otra cuenta en la entidad Caja Madrid NUM002, titularidad de FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L, de la que era administrador único, en fechas subsiguientes y próximas a la recepción de transferencias por elevadas sumas, diversos reintegros de dinero y efectuó transferencias a otras cuentas por cuantías aproximadamente equivalentes a las de las referidas transferencias. Así en la documentación incautada a otro de los acusados a quien no le afecta la presente sentencia ,con domicilio en la calle Álvarez Abellán nº 24 de Madrid se le encontraron cuatro ingresos en su cuenta de "Unicaja" de dos cheques de las cuentas NUM009 y NUM000 y dos de la cuenta NUM002; otro cheque del BBVA de la cuenta nº NUM000 a nombre de FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L; otros cuatro cheques de "Caja Madrid" de la cuenta NUM002 de la misma sociedad, titular Juan Enrique

Con el dinero obtenido de las víctimas, el acusado llevó a cabo la adquisición de la siguiente maquinaria según se deriva de la documentación encontrada en el registro de domicilio sito en la CALLE000 nº NUM010 de Fuenlabrada, entre otros:

Un camión MAN con matrícula ....-GWQ

Un camión Ebro-100 con bastidor NUM011

Un camión Ebro-100 con bastidor NUM012

Un camión Ebro-100 con bastidor NUM013

Un camión Pegaso con matrícula H....KI

Un Mercedes el 15 de marzo de 2008

Un camión militar el 27-agosto de 2007 y

Un Renault Express el 28 de noviembre de 2007

Dichos automóviles según consta en la documentación intervenida en el registro eran enviados a Lagos a través de diversas compañías como "Smit & Smit internacional" y "Witty, S.A"

CUARTO.- En mayo de 2008, Mariola, ciudadana estadounidense residente en Greenwich, Connecticut (EEUU), presentó ante el FBI una denuncia en la que hacía constar lo siguiente: a finales de marzo del citado año, habían recibido ella y su esposo Vidal una carta procedente de España, en la que una persona llamada Mónica, que decía trabajar en Caixa Catalunya, le comunicaba que en dicha entidad había depositada la suma de 77'7 millones de dólares, perteneciente a una persona, llamada Jose Pablo, que había muerto con toda su familia en una explosión de tren acaecida en Madrid el 11 de marzo de 2004, por lo que, dada la coincidencia del apellido, le proponía que reclamase el dinero, presentándose como familiar del fallecido y que ambos se lo repartiesen, a razón de un 60 % para la citada Mónica y su esposo Luis Alberto, y de un 40 % restante para los destinatarios de la misiva. Como el Sr. Vidal padecía una enfermedad terminal, la denunciante se encargó de contactar, en los teléfonos que se facilitaban en la carta, con Mónica y Luis Alberto, a los que remitió fotocopias de su pasaporte y de su esposo, así como de sus permisos de conducir, tras lo cual recibió un formulario, supuestamente procedente de Caixa Catalunya, que devolvió una vez relleno con sus datos. Días después, recibió otro documento, de igual procedencia supuesta, en el que le decía que podía viajar a España para hacerse cargo de los 77 millones de dólares, previo pago de la cantidad de 8.850 euros. La Sra. Mariola viajó a Madrid, donde se reunió con el llamado Luis Alberto, quien le dijo que debía comprar un regalo para el presidente del banco y la acompañó a una joyería, donde adquirió un reloj por importe de 27.000 euros. Al día siguiente, Luis Alberto envió a buscarla al hotel Silken, donde se alojaba a otra persona, que se hacía llamar Bernabe, que la condujo a un local, supuesta cámara acorazada de la entidad financiera, donde había tres baúles, dos de los cuales le dijeron que eran de ella. Dichos baúles contenían fajos de billetes de 100 dólares. Tras quedarse con el reloj, que dijo entregaría al presidente del banco, la llevó al hotel, donde recibió una llamada de Luis Alberto, que dijo iba a ponerla en contacto con un abogado, para que se hiciese cargo de los trámites. La Sra. Mariola se reunió con el abogado, quien se presentó como Conrado y le requirió su documentación y la de su esposo y un poder notarial. Cuando iba a regresar a su país, la Sra. Mariola recibió una llamada de Conrado, manifestándole que era necesario que abonase la cantidad de 500.000 dólares como requisito para la entrega del dinero. Ya en su país, la Sra. Mariola efectuó dos transferencias por importe de 150.000 dólares cada una, el día 7 de abril de 2008, a una entidad bancaria de Singapur, y otra de 200.000 dólares, el día 11 siguiente a un banco de Hong Kong. Días más tarde, Conrado le dijo que era necesario comprar un bono de 550.000 dólares, en concepto de fianza, pero que se le devolvería la cantidad citada, menos el 2 %, en 48 horas, por lo que la Sra. Mariola efectuó otra transferencia por dicha suma, el 24 de abril, a un banco de Hong Kong. El 30 del mismo mes, a petición de Conrado, la Sra. Mariola, efectuó otra transferencia a Hong Kong, por importe de 776.995 dólares, para el pago de una comisión al banco depositario de los fondos. Posteriormente, siguieron pidiéndole más dinero con diversas excusas y se decidió a denunciar. Con la denuncia, la Sra. Mariola proporcionaba los números de teléfono de contacto, números de cuentas bancarias destinatarias de las transferencias y la documentación que le habían enviado, entre ella, una carta de garantía del depósito de la cantidad de 77.691.740 dólares, firmada por el abogado Conrado., con membrete de la sociedad MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES S. L.

Mediante oficio de fecha 14 de julio de 2008, el Comisario Jefe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Judicial, que había recibido la denuncia y su documentación por conducto de la Embajada de Estados Unidos en España, la remitió al Juzgado Decano de Madrid y, señalando que era manifestación del fraude conocido como cartas nigerianas, variante de la herencia, con un elevado perjuicio económico como resultado, solicitó la intervención de las líneas telefónicas que, según la denunciante, había utilizado para comunicarse con los denunciados.

El Juzgado de Instrucción n.º 30 de Madrid, en funciones de guardia, en fecha 14 de julio de 2008, dictó auto acordando la intervención de los teléfonos facilitados por la Sra. Mariola.

Como consecuencia de las escuchas de las comunicaciones mantenidas por los usuarios de los mencionados teléfonos, se descubrió la relación entre estos y otras personas más, así como la existencia de conversaciones que pudieran tener relación con los hechos denunciados, por lo que, danto cuenta de todo ello, se solicitó por la fuerza policial, en un oficio de fecha 13 de agosto de 2008, la intervención de esas nuevas líneas y la prórroga de las ya intervenidas, lo que fue concedido por el Juzgado de Instrucción n.º 48 de Madrid, a quien por turno de reparto había correspondido el conocimiento del asunto, en dos autos de fecha 13 de agosto de 2008.

En un nuevo oficio de fecha 11 de septiembre de 2008, la Brigada de Delincuencia Económica puso en conocimiento del Juzgado, la recepción, a través de la Embajada de Estados Unidos en España, de una denuncia formulada por Marino, residente en residente en Greenwich, Connecticut (EEUU), en la que daba cuenta de unos hechos similares a los denunciados por Mariola, como consecuencia de los cuales había sufrido un perjuicio económico de 2.342.000 dólares, mencionando cuatro teléfonos de contacto, coincidentes con los señalados por la Sra. Mariola y otro más, así como una de las dos cuentas destinatarias de los fondos remitidos por el denunciante. Además, en la denuncia del Sr. Marino, se incluía documentación de la entidad Caixa Catalunya, firmada por Rogelio, y de la compañía MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES S. L., todo ello idéntico a lo aportado por la Sra. Mariola. Entendiendo, en virtud de ello, que ambos hechos habían sido realizados por las mismas personas, se solicitó del Juzgado de Instrucción n.º 48, la prórroga de las intervenciones anteriores y la intervención de la nueva línea telefónica señalada por el Sr. Marino, así como de otras líneas que habían entrado en comunicación con las ya intervenidas, en conversaciones relacionadas con los hechos denunciados u otros de naturaleza similar. El Juzgado de Instrucción acordó intervención y prórroga en tres autos de fecha 12 de septiembre de 2008.

En oficio de 13 de octubre de 2008, la Brigada de Delincuencia Económica comunicó al Juzgado la recepción de las siguientes denuncias, por hechos similares: por vía de la Embajada de Estados Unidos en España, de Elvira, residente en Bethel, Connecticut (que afirmaba haber sufrido un perjuicio de 147.000 dólares) y Alexander, residente en Washington (perjuicio de 10.500 dólares), y, por vía de Interpol, de Ángel Jesús (que sostenía haber sufrido en principio un perjuicio de 142.000 euros y 118.000 dólares). En el oficio se señalaba que dos teléfonos, uno mencionado por la Sra. Elvira y otro por el Sr. Ángel Jesús, estaban ya intervenidos. Además, otro de los señalados por la primera tenía un desvío a otro de los teléfonos intervenidos. Al oficio se acompañaba la declaración tomada por funcionarios de dicho grupo a Ernesto, residente en Marta, Queensland (Australia), que igualmente ponía de manifiesto un hecho análogo, en el que había sufrido un perjuicio de 8.200 euros, que había abonado a una mujer apellidada Tamara, a la que reconoció en una fotografía de los archivos policiales, perteneciente a la acusada María Purificación. Esta declaración se llevó a cabo, según el oficio, tras un seguimiento, efectuado por la fuerza policial el día 30 de septiembre de 2008, como consecuencia de los datos obtenidos en la observación telefónica. En ese seguimiento se observó que el Sr. Ernesto fue recogido en su hotel por un Audi A4, matrícula .... WPF, propiedad del acusado Casimiro, y llevado a una vivienda sita en la CALLE001, NUM014, de Boadilla del Monte, donde permaneció una media hora, tras lo cual fue reintegrado al hotel. Con posterioridad al abandono por el Sr. Ernesto de la vivienda citada de Boadilla del Monte, los agentes que realizaban la vigilancia vieron salir de dicho inmueble a los acusados María Purificación y Arturo. En el oficio se mencionaba asimismo la identificación en las conversaciones objeto de escucha, como usuarios de teléfonos intervenidos, entre otras personas, al acusado Casimiro. El oficio daba cuenta de una serie de datos que apuntaban a la intervención de los mismos autores, como la ya señalada coincidencia de teléfonos, así como las de correos electrónicos de contacto facilitados a los denunciantes por dichos autores, de nombres con los que estos se presentaban y de sociedades beneficiarias de las transferencias de dinero (MAGPIE CONSULTING ASSOCIATES S. L. y FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S. L.). En virtud de todo ello, la Brigada de Delincuencia Económica solicitó nuevas intervenciones telefónicas y prórrogas de intervenciones ya acordadas, lo que decretó el Juzgado de Instrucción en tres autos de fecha 20 de octubre de 2008.

El 19 de diciembre de 2008, la Brigada de Delincuencia Económica remitió otro oficio, dando cuenta de la recepción vía Interpol, de tres denuncias por hechos similares a los investigados, con numerosos datos (números de teléfono, direcciones de correo electrónico, nombres de personas de contacto, documentación y compañías beneficiarias de la recepción de fondos) que revelaban la coincidencia de los autores. Los denunciantes eran: Zaira, residente en Cookstown (Canadá), perjuicio económico aproximado de un millón de dólares, Norberto, Toronto (Canadá), perjuicio de 151.434 euros, y Prudencio, Toronto (Canadá), perjuicio 271.734 euros. En el oficio se daba cuenta del resultado de las intervenciones y se aportaban datos de conversaciones relacionadas con hechos investigados, así como de la intervención de los usuarios de otros números. Se reflejaba, asimismo, que habían sido identificados como usuarios de las líneas ya intervenidas, entre otras personas, los acusados Casimiro y María Purificación. Como consecuencia de todo ello, se solicitaba la intervención de una nueva línea, la prórroga de parte de las intervenciones y el cese de otras, lo que fue acordado por el Juzgado de Instrucción en tres autos de fecha 19 de diciembre de 2008.

Como consecuencia de las escuchas de los teléfonos intervenidos y de otras diligencias de investigación, la Brigada de Delincuencia Económica procedió a identificar, como pertenecientes a la organización investigada, entre otras personas, a Juan Enrique con domicilio en la CALLE000 NUM010, de Fuenlabrada, (usuario de los teléfonos NUM015 y NUM016), asoció a las actividades investigadas el local comercial B-12, de la galería sita en la calle La Fuente, 2, de Leganés en la empresa del mismo FAVOURITE BUSINESS CONSULTS SL, de la que el mismo es administrador. Ello se reflejó en las diligencias NUM018, de fecha 1 de febrero de 2009, en la que se daba cuenta del resultado de las investigaciones y de las escuchas telefónicas, interesándose la prórroga de las intervenciones y la entrada y registro en los domicilios y locales antes señalados. Las prórrogas fueron acordadas por el Juzgado de Instrucción en dos autos de fecha 20 de febrero de 2009.

Posteriormente, en un oficio de fecha 2 de marzo de 2009, la Brigada de Delincuencia Económica, rectificó la solicitud de diligencias de entrada y registro antes mencionada, interesándola para entre otros a los siguientes domicilios CALLE000 NUM010, de Juan Enrique. Además, entre otros para el local comercial B-12, de la galería sita en la calle La Fuente, 2, de Leganés de FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L.

El Juzgado de Instrucción n.º 48 de Madrid, autorizó las diligencias de entrada y registro en auto de fecha 5 de marzo de 2009.

En la diligencia de entrada y registro efectuada en el domicilio del acusado Juan Enrique, en la vivienda CALLE000 NUM010, de Fuenlabrada, se encontró:

-En el recibidor:

. Un teléfono móvil color negro, marca Nokia E 90

-En el salón:

. Una denuncia de la comisaria de Latina, número NUM017

. Una carta del BBVA de 13 de enero de 2009

. Una carta de FBC de 6 de agosto de 2008

. Un extracto de movimientos de del nº de cuenta NUM002

. Un teléfono móvil negro nokia

. Un teléfono móvil color gris plata, marca Nokia N 70

. Un teléfono móvil Vodafone color negro 228

. Un teléfono móvil negro marca Nokia.

. Diversa documentación en una carpeta azul de plástico.

. Diversa documentación de coches en un portafolio

. Teléfono móvil gris y azul, marca Nokia con una pegatina naranja

. Documentos grapados, con la primera hoja pone "After 1,590,545.76 Techno Myte Limited"

. Tarjetero marrón, que contiene en su interior diversas tarjetas.

Documentos con una orden de trasferencia de Caja Madrid.

Documento de IHI, S.A

Comprobante de transferencia del Banco de Santander de ingreso el 3 de marzo de 2009

Talonario de IBER Caja nº NUM009

12 tarjetas de diversas entidades bancarias a nombre Juan Enrique

2 libretas de BBVA de nº NUM001

3 facturas de "Maresa"

Libro diario de "93 Favourite Business Consults S.l"

Libro de facturas expedidas de "93 Favourite Business Consults S.l"

Extractos de movimientos de cuenta NUM002

Fotocopia de la tarjeta de Identificación Fiscal nº NUM022

Carta de la Embajada de Canadá de 20 febrero de 2009

Agenda del año 2000, color marrón

Libreta de la "Caixa" de nº de cuenta NUM019

Libreta Caja Murcia nº NUM020

Pasaporte de Nigeria de Imothy Olvado Ogunmiluyi nº NUM021

Documento en inglés de Policía Nigeriana

Tarjeta de Identificación Fiscal nº NUM022

Agenda de color negro del año 2006

CPU con nº de setie NUM023

Carpeta de color verde Caja Madrid con papeles en su interior

Carpeta de color negro de Wester Union Fila con dos justificantes de envía en su interior

Diversas facturas, dos de Weco Agencia Marítima, S.A, otra de la compañía

Grimaldi de Navegaciones

Una libreta del BBVA de la cuenta nº NUM001

Un extracto de BBVA de transferencia de n de cuenta NUM000

Carpeta azul con facturas

Carpeta roja de plástico con fotocopias de pasaportes

Carpeta roja con facturas CPU, USB sin número de serie

En la habitación 1:

Un ordenador portátil marca Hacer con nº NUM024

Un sello de Quakerson Itercancional Imports& Esports S.L

Carpeta color naranja con documentación

Carpeta negra con documentación bancaria

Pasporte nº NUM025

Tarjeta Visa de Caixa Abierta nº NUM026

Libreta de la Caixa nº NUM027

Tarjeta de Fernando

Libreta bancaria de Santarnder NUM028

Libreta de Bancaja NUM029

Libreta de Unicaja NUM030

Carpetilla-librea de color azul

En un altillo de la habitación se encuentran:

Una caja de cartón con cartas

Una caja con sobres

Una bolsa de plástico con cartas

Una bolsa de plástico amarillo con diversas hojas de papel cebolla con inscripción relativa de Bank coporation

Un sello con las letras FRB

En la habitación 2:

Un teléfono móvil movistar TSM 7

Un teléfono móvil Siemens, color gris

Una carpeta roja con documentación

Un ordenador portátil nº NUM031

Una tarjeta de Vodafone n NUM032

Una maleta gris con documentación

Cuatro sellos de Fauvorite Business Consults S.L

Una carpeta azul y otra negra con documentación

Una maleta negra con documentación.

En la habitación nº 3:

Una CPU Packard Bell, nº NUM033

Un pasaporte de Nigeria nº NUM034, otro con nº NUM035 y una tarjeta de residencia nº NUM036 a nombre de Ruperto

Cuatro tarjetas de Banco

Un ordenador portátil HP nº NUM037

Teléfono móvil marca Nokia color negro y azul

Teléfono Alcatel de Movistar

En el Registro practicado en la calle de la Fuente nº 2 (galería comercial local B12) de Leganés se encuentra:

Una carpeta azul de ASEPEYO que contiene en su interior variedad de facturas y extractos bancarios (se identifica con etiqueta policial 01)

Sello de JACOB INVESTEMENTES, SL (etiqueta policial 02)

CPU de ordenador COMPAC SE 5000, SR5248 ES ( NUM038)

74 tarjetas telefónicas (etiqueta policial 03)

Cinco cajas con tarjetas de visita (JACOBS INVESTMENTS S.L; CODWIN GLOBAL TRANSPORTER S.L; FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L) (etiqueta policial 04)

Tres DVD-R PRINCO (etiqueta policial 05)

Variedad de trozos de papel con teléfonos anotados (etiqueta policial 06)

Facturas telefónicas; viajes HALCON; extractos bancarios de CAJA MADRID, BBVA, IBERCAJA, SANTANDER

Entre dichos efectos se encontraba un resguardo de transporte de avión, a través de la compañía IBERIA, a nombre del acusado Benito. La orden de pago realizada; documentación con el nombre de " Esteban" utilizado por Sabino como contacto con las víctimas, documentación con el sello de "Favourite Business Consults, S.L" y a la atención de Mr. Esteban; ingreso realizado por las víctimas como omo (sic) la orden de pago emitida por D. Edemiro, por un importe de 101.642, 69 euros, en el campo de concepto figura "PLEASE ACCEPT MONEY FOR TAX ON INHERITANCE CLAIM" (Por favor acepte el dinero para impuesto sobre reclamación de herencia), que se realiza a la cuenta del BBVA nº NUM000 cuyo titular es "Favourite Business consults, S.L", constando dicho extracto.

Igualmente se encontró la documentación relativa a la adquisición de al menos:

Un camión MAN con matrícula ....-GWQ

Un camión Ebro-100 con bastidor NUM011

Un camión Ebro-100 con bastidor NUM012

Un camión Ebro-100 con bastidor NUM013

Un camión Pegaso con matrícula H....KI

Un Mercedes el 15 de marzo de 2008

Un camión militar el 27-agosto de 2007 y

Un Renault Express el 28 de noviembre de 2007

Así como la documentación relativa a su envio a Lagos a través de diversas compañías como "Smit & Smit internacional" y "Witty, S.A"

También se encontraron impresos para pagos internacionales de Barclays que realiza Roberto por 63.879 euros a la cuenta del BBVA nº NUM000 cuyo beneficiario es el propio Juan Enrique, constando las conversaciones en las que se le indica realizar dicho pago.

Consta la orden de pago de Dª Purificacion por importe de 75000 euros con el extracto de la citada cuenta y la documentación relativa a la adquisición de maquinaria pesada.

En la diligencia de entrada y registro efectuada en el domicilio de Benito, sito la CALLE002, n.º NUM039, de Alcorcón, fueron intervenidos, entre otros, los siguientes efectos una tarjeta de FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S. L.".

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Condenamos al acusado Juan Enrique, como autor responsable de un delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, precedentemente definido, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de UN AÑO DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial durante igual tiempo para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y MULTA DE DOCE MESES, A RAZÓN DE DIEZ EUROS DE CUOTA DIARIA; como autor responsable de UN DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN OFICIALES Y MERCANTILES, EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE ESTAFA AGRAVADA, ambos también definidos, con la misma atenuante, a las penas de SEIS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial durante igual tiempo para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y MULTA DE TRECE MESES, A RAZÓN DE DIEZ EUROS DE CUOTA DIARIA; y, como autor de UN DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE CAPITALES, igualmente circunstanciado, con igual circunstancia atenuante, a las penas de SEIS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial durante igual tiempo para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y MULTA DE SIETE MILLONES DE EUROS; y al pago de las costas procesales causadas a su instancia.

En concepto de responsabilidad civil, se le condena a indemnizar conjunta y solidariamente con los ya condenados y con responsabilidad civil subsidiaria de FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L a:

Sara: 186.204 dólares estadounidenses.

Ambrosio: 1.070.000 dólares estadounidenses, 193.250 euros y 100.000 libras esterlinas.

Daniel: 131.680 dólares estadounidenses.

Nemesio: 215.000 dólares canadienses.

Rosario: 688.588 dólares australianos.

Alberto: 452.623'8 dólares australianos.

Isidora: 8.200 euros.

Ángel Jesús: 12.600 euros y 399.883'5 dólares estadounidenses.

Emilia: 9.860 euros y 274.200 dólares canadienses.

Isidro: 65.700 euros.

Decretamos el decomiso del dinero y demás efectos intervenidos, a los que se dará el destino legal.

Acordamos la disolución de la sociedad FAVOURITE BUSINESS CONSULTS S.L

Todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas por el mismo.

Para el cumplimiento de la pena principal y, en su caso, de la responsabilidad personal subsidiaria, se abonará todo el tiempo de privación de libertad sufrido durante la tramitación de esta causa, si no se hubiera aplicado a otra.

En el supuesto de que se interponga recurso contra la presente sentencia durante la tramitación del mismo se mantiene la prisión provisional hasta la mitad de las penas impuestas (siendo el total trece años, seis meses y un día), por lo que la mitad de la pena impuesta son seis años y nueve meses, dado que por esta causa ha estado en prisión provisional durante un año tres meses y veintiún días, su duración será, hasta el 30 de diciembre de 2027.

Notifíquese esta resolución a los ofendidos y perjudicados por el delito aunque no se hayan mostrado como parte en la causa.

Una vez firme la presente resolución, comuníquese al Registro Central de Penados y Rebeldes a los efectos oportunos.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación del que conocerá la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que deberá ser anunciando ante esta Audiencia en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación".

TERCERO.- Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación procesal del condenado Juan Enrique, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la parte recurrente formalizó el recurso alegando los siguientes motivos de casación:

Motivo Primero.- Al amparo del art.852 de la LECrim y art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción de precepto constitucional, concretamente por vulneración al secreto de las comunicaciones del art.18.3 de la Constitución española, con los efectos determinados en relación los artículos art. 11.1, art. 238 y 240 de la LOPJ.

Motivo Segundo.- Al amparo del art.852 de la LECrim y art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por infracción de precepto constitucional, concretamente por vulneración al derecho a la presunción de inocencia.

Motivo Tercero.- Al amparo del art.849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 21.6 en relación con el 66. 2 del Código Penal.

Motivo Cuarto.- (nombrado también como tercero) al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación indebida del art. 248 en relación con el art 250.1 del Código Penal.

QUINTO.- Conferido traslado para instrucción, la Procuradora Sra. Murillo de la Quadra presenta escrito de oposición; el Ministerio Fiscal impugna los motivos del recurso por las consideraciones que se exponen en su escrito de 31 de octubre de 2023; la Sala los admitió a trámite quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Evacuado el traslado conferido, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 19 de marzo de 2024.