Sentencia Penal 32/2022 Audiencia Provincial de Cuenca Civil-penal Única, Rec. 6/2021 de 22 de diciembre del 2022

Primero.- En atención a que son dos los delitos por los que se mantiene acusación en la presente causa, se analizará en primer lugar el delito de estafa de los artículos 248.1º, 249 y 250.5º y 6º CP.

El delito de estafa del artículo 248 del Código Penal requiere según jurisprudencia consolidada ( sentencias del Tribunal Supremo de 19-6-1995 , 7-12-1997 , 20-7-1998 , 10-3-1999 , 26-4-2000 y 11-6-2001 ), la concurrencia de los siguientes elementos: 1º) un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales, pudiendo incardinarse en el seno de una relación contractual preparada con este fin defraudatorio; 2º) el engaño ha de ser bastante, en el sentido de suficiente y proporcional, debiendo tener la adecuada idoneidad para que la convivencia social ordinaria actúe como estímulo eficiente del traspaso patrimonial; 3º) la producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con un conocimiento deformado o inexacto de la realidad por causa del engaño precedente; 4º) un acto de disposición patrimonial; 5º) el nexo o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio sufrido y 6º) el ánimo de lucro, elemento subjetivo del injusto que consiste en la intención de obtener enriquecimiento de índole patrimonial.

Ahora bien, siendo el núcleo esencial de este delito el engaño, que permite diferenciarlo de un negocio civil incumplido, la intención existente en el sujeto activo de defraudar antijurídicamente a otra persona, provocando en éste un grave error que le induzca o motive a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o de terceros, a través del cual el inductor espera obtener un lucro ilícito, es constante la jurisprudencia que precisa la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra la propiedad en el concepto de la tipicidad, lo ilícito penal frente a lo ilícito civil, de tal forma que sólo cuando la conducta del agente encuentre acomodo en el precepto penal que conculca puede hablarse de delito, sin que por tanto, ello quiera decir que todo incumplimiento contractual signifique la vulneración de la Ley penal, porque la norma establece medios suficientes para restablecer el imperio del derecho ante vicios puramente civiles.

La estafa existe únicamente en los casos en lo que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento, propósito difícil de demostrar que ha de obtenerse normalmente por la vía de la inferencia o de la deducción, partiendo tal prueba indiciaria, lejos de la simple sospecha, de hechos base ciertamente significativos según las reglas de la lógica y de la experiencia, para con su concurso llegar a la prueba plena del hecho consecuencia inmerso de lleno en el delito.

Además ha de entenderse que ese engaño, simulación certera de una seriedad en los pactos que en realidad no existe, ha de provocar en cadena el error, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y el lucro injusto, pero ha de provocarlo de manera antecedente , no sobrevenida, a diferencia del dolo civil, que tiene ese carácter subsequens, surgiendo posteriormente a la conclusión de ese negocio en la fase de incumplimiento y de ejecución, de forma que no puede calificarse de previsible cualquier incumplimiento contractual cuando resulte que la causa del incumplimiento ha sido debida a circunstancias sobrevenidas con posterioridad a su celebración.

Al respecto, la jurisprudencia tiene declarado ( SSTS 4-5-01 , con cita de las anteriores de 16-6-95 , 31-12-96 , 20-7-98 , 17-9-99 y 19-6-00 ), que la estafa es compatible con una apariencia de contrato civil, ya que la doctrina jurisprudencial incluye entre las modalidades de engaño integradoras del delito de estafa la concurrente en los denominados negocios jurídicos criminalizados, que son aquellos contratos civiles o mercantiles en los que la propia apariencia del negocio integra el engaño al simular el agente un falso propósito contractual, cuando en realidad únicamente pretende inducir a la víctima a la realización del acto de disposición pactado con la promesa de una supuesta contraprestación contractual que no tiene intención alguna de cumplir, viniendo a concluir que, cuando el engaño es inicial, bastante y determinante del desplazamiento patrimonial originador de un perjuicio, nos encontramos ante un comportamiento típicamente integrador de un delito de estafa ( STS 11-6-02 ), esto es, el engaño ha de ser precedente o antecedente , a diferencia del llamado dolo civil descrito que tiene carácter "subsequens" y concurre en los supuestos de incumplimiento civil, en los que se observa normalmente una actividad encaminada a llevar a efecto el contrato, no lográndose este objetivo, debido a una serie de factores que aparecen normalmente acreditados en el proceso correspondiente. En definitiva, la estafa no supone criminalizar todo incumplimiento contractual, puesto que el ordenamiento jurídico tiene remedios, reiteramos, apartados de los principios de fragmentariedad, subsidiariedad y ultima ratio del Derecho Penal, a fin de restablecer siempre el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios civiles, como es el dolo contractual ( STS Sala 2ª de 15-3 y 8-6-2003 ).

En el presente caso, lo que viene a mantenerse por las acusaciones es que el contrato de fabricación y suministro de depósitos formalizado el 28 de junio de 2012 entre la querellante y Grupo Rustarazo, fue fruto de un plan fraudulento urdido por los dos acusados, y ello a fin de obtener de la primera fondos económicos con los que enjugar deudas anteriores de Rustarazo con la empresa del otro acusado, Grupo Pulicorte, no existiendo en consecuencia desde el inicio voluntad o intención alguna de cumplir el pedido.

Pues bien, a la vista de la prueba practicada, considera la Sala que tales hechos no han resultado debidamente probados más allá de toda duda razonable. La documentación mercantil y contable (facturas, albaranes, ect) aportada por las representaciones de los acusados, así como los correos electrónicos adverados pericialmente, justifican la entrega por parte de Pulicorte a Rustarazo del material necesario para la construcción de los depósitos; extremo que igualmente se desprende de la testifical practicada en el plenario, en particular de la testifical de Eloy, quien en la fecha de los hechos era adjunto al director comercial de Grupo Pulicorte, y que dio fe de la realidad de la entrega de un material a Rustarazo que se corresponde con el necesario para la construcción de los depósitos contratados, entrega efectuada además en fechas compatibles con las del contrato examinado; así como de la testifical de Eutimio, por aquellas fechas jefe de producción de Grupo Rustarazo, y que dio fe no solo de la recepción del material correspondiente al contrato suscrito con la querellante, sino también del inicio de las tareas de fabricación de los depósitos, que finalmente no se llevaron a efecto debido a la avería de maquinaria y las dificultades económicas de Grupo Rustarazo SLU, que desembocaron en la declaración de concurso voluntario. Tales elementos probatorios, por provenir de las personas con intervención directa y personal en el suministro y recepción de los materiales, entendemos que deben prevalecer sobre las dudas que pudo generar el testimonio de Gabino o los comentarios que dice haber escuchado el testigo Gervasio, o lo referido por otros testigos sin esa intervención directa y material en el concreto objeto estudiado (envío/recepción de los elementos necesarios para construir los depósitos). Debe tomarse en consideración igualmente el testimonio del administrador concursal de Grupo Rustarazo, quien, a preguntas del Ministerio Fiscal, manifestó que los responsables de la sociedad en concurso solicitaron el auxilio judicial para la devolución de una máquina, lo que vendría a corroborar que existió intención y voluntad de solventar los problemas técnicos y de cumplir el contrato. Así las cosas, las tesis de las acusaciones pública y privada, esto es, el propósito defraudatorio y la confabulación de los dos acusados en la concertación del contrato de fabricación y entrega de depósitos celebrado con la querellante, no pueden ser aceptadas, sin perjuicio de constatar un incumplimiento final por parte de Grupo Rustarazo de sus compromisos contractuales asumidos frente a la sociedad cooperativa, que en realidad nadie discute, pero cuya relevancia penal no ha quedado debidamente acreditada.

Segundo.- En relación con el delito de estafa procesal del art. 250.1.7º del CP en relación con el art. 248.1º , debemos comenzar recordando que en el mismo se tipifica como tal la conducta de quienes, " en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que entendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo , provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero" ( según redacción dada por la LO 5/2010 de 22 de junio, vigente a la fecha de los hechos aquí enjuiciados, aunque la posterior reforma del precepto operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo mantuvo dicha redacción ) .

Esta modalidad comisiva es definida por el jurisprudencia como " aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra".

El fundamento de este subtipo agravado no es otro que el hecho de que en esta modalidad de estafa no solo se daña el patrimonio privado, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia al utilizar, como mecanismo de la estafa , el engaño al Juez , razón por la cual parte de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que justifica su agravación penológica respecto del tipo básico de la estafa. Como se afirma en STS de 9/5/2003, la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez , al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria.

Ahora bien , la doctrina de la Sala 2ª se ha encargado de asentar que " no existe este delito cuando la finalidad última sea legítima" ( STS 457/2002, de 14-3 ; 1016/2004, de 21-9 ; 443/2006, de 5-4 y 995/2005, de 26-7 , concluyendo que "la estafa procesal consiste en la utilización de un procedimiento para obtener un "beneficio ilícito", o lo que es lo mismo, el reconocimiento judicial de un derecho que "no se tiene", no pudiéndose apreciar, por tanto, cuando la finalidad perseguida es perfectamente válida, con independencia de que se le dé o no la razón" ( ATS, Penal Sección 1 del 08 de septiembre de 2016 ( Sentencia: 1489/2016) o ATS, Penal Sección 1 del 29 de mayo de 2014 ( Sentencia: 1064/2014).

Como recuerda la STS de 17/3/2016: " En la sentencia de esta Sala 5/2015, de 26 de enero , se expresa que tras la modificación de 2010 ha cambiado la norma más de lo que en una primera aproximación pudiera intuirse. Lo que se llegó a catalogar como simple mejora técnica para aproximar el concepto legal de estafa procesal con la morfología que a esa figura atribuye desde antiguo la dogmática, ha repercutido y no en poca medida en los contornos de la tipicidad reduciendo su espacio, por un lado; y, por otro, ampliándolo. La agravación por "fraude procesal" se ve sustituida, ya con un nomen propio, por "la estafa procesal" que aparece en el reformado art. 250.1.7. Incurren en estafa procesal -se precisa- "los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal llevándole a dictar una resolución que perjudique a los intereses económicos de otra parte o de un tercero". Se han incrementado, por una parte, las exigencias típicas. Solo quedan colmadas cuando se llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de la resolución judicial fruto de ese engaño (vid. STS 381/2013, de 10 de abril ). Pero, por otra parte, se prescinde de alguno de los elementos de la estafa básica: ya no es necesario un positivo acto de disposición con desplazamiento patrimonial. Basta una resolución judicial que perjudique ilegítimamente los intereses de una parte o un tercero.

Y en la Sentencia 76/2012, de 15 de febrero , se expresa que al ser considerado como un delito patrimonial, la consumación hay que derivarla hacia el resultado. Por ello, lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo. En definitiva, el tipo se consuma cuando recae una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y en los demás casos, puede producirse en grado de perfección imperfecta. La tentativa está en la no consecución del error en la autoridad judicial porque ésta se aperciba del engaño bastante o porque, aún dándose el error, la resolución judicial dictada no es injusta. Se añade en esta Sentencia que declarar contrario a la buena fe procesal un determinado acto no es suficiente para considerarlo constitutivo de una estafa procesal. Así la STS 266/20011, de 25- 3, absolvió a los acusados de un delito de estafa procesal en un supuesto en el que los demandantes en un procedimiento civil por la reclamación de un préstamo no devuelto, consignaron como domicilio del demandado -ahora querellante- el inmueble objeto del litigio, en el que el propietario nunca residió. Consecuentemente, dado que las citaciones judiciales nunca llegaron al conocimiento del demandado y propietario, se dictó auto en aquel procedimiento por el que se tenía al denunciado por confeso. En la casación el TS partió de que el engaño ha de ser en todo caso idóneo, lo que en el supuesto de la estafa procesal requiere que tenga entidad suficiente para superar la profesionalidad del juez y las garantías del procedimiento ( STS. 15-12-2001 ). La cualificación profesional del Juez eleva el parámetro para calibrar la idoneidad del engaño por lo que la estafa procesal en la mayoría de los casos será la consecuencia de un comportamiento del sujeto activo que se presenta con la entidad adecuada como para contrarrestar la función de control que compete al Juez."

En el presente caso, no puede afirmarse que la reclamación judicial interpuesta por Grupo Pulicorte Murcia fuese fraudulenta y que dicha entidad tuviese la voluntad de engañar al Juez, porque Grupo Pulicorte Murcia era legítimo titular de un derecho cambiario que no desaparece simplemente porque el librador diga lo contrario, con independencia del negocio causal subyacente o las relaciones personales entre librador y librado ( art. 20 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque), y sin perjuicio de que en el juicio cambiario pudiera formularse oposición por otras causas más complejas y discutirse el derecho del demandante.

Tercero.- Dado el sentido absolutorio de la presente Sentencia, se declararán de oficio las costas causadas; y ello conforme a lo dispuesto en el artículo 240.2º, segundo párrafo, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sin que se estime procedente la condena en costas a la acusación particular que aparece solicitada en el escrito de defensa presentado por la representación procesal del acusado Carlos Miguel.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 7 de julio de 2009 , ha establecido: "la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de los conceptos de temeridad o mala fe ha seguido una línea continua que podemos exponer en los siguientes términos a partir de multitudes sentencias de esta sala. Así, la S.T.S. 37/2006 , con cita de numerosos precedentes, nos dice que "aunque no hay un concepto o definición legal de temeridad o mala fe se suele entender por esta Sala, como pauta general, que tales circunstancias han concurrido cuando la pretensión ejercida carezca de toda consistencia y que la injusticia de su reclamación sea tan patente que deba ser conocida por quien la ejercitó, de aquí que tenga que responder por los daños y perjuicios económicos causados con su temeraria actuación. Sobre los conceptos de temeridad y mala fe que emplea el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer la condena en costas al querellante, la doctrina de esta Sala (SSTS 2177/2002, de 23 de diciembre ; 387/98, de 11 de marzo ; 205/97, de 13 de febrero ; 46/97 de 15 de enero ; 305/95, de 6 de marzo y de 25/3/93 ) ya ha advertido sobre la inexistencia de una definición legal, por lo que ha de reconocerse un cierto margen de valoración subjetiva en cada caso concreto. No obstante lo cual debe entenderse que tales circunstancias han concurrido cuando carezca de consistencia la pretensión acusatoria en tal medida que no puede dejar de deducirse que quien la formuló no podía dejar de conocer lo infundado y carente de toda consistencia de tal pretensión y, por ende, la injusticia de la misma, por lo que en tal caso debe pechar con los gastos y perjuicios económicos ocasionados a los acusados con tal injustificada actuación, sometiéndoles no sólo a la incertidumbre y angustia de ser acusado en un proceso penal, sino también a unos gastos que no es justo que corran de su cuenta. La STS 608/2004 de 17/5 incide en esta misma cuestión, recordando que conforme a lo dispuesto en el artículo 240.3 de la LECrim la condena en costas del querellante particular o actor civil será procedente cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe, es decir, existe un criterio rector distinto para la imposición de las costas al condenado y la acusación particular, pues mientras ex artículo 123 CP en relación con el 240.2 LECrim las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, la imposición de las mismas al querellante particular o actor civil está subordinada a la apreciación de la temeridad o mala fe en su actuación procesal. No existe un principio objetivo que determine la imposición de costas de dichas partes, sino que la regla general será la no imposición, aun cuando la sentencia haya sido absolutoria y contraria a sus pretensiones, excepto si está justificada dicha conducta procesal como temeraria o de mala fe a juicio del tribunal que deberá motivarlos suficientemente. Ciertamente es posible distinguir los conceptos de mala fe y de temeridad, aunque sus efectos en materia de costas sean los mismos. El primero, tiene una proyección eminentemente subjetiva, porque es una creencia, mientras que el segundo tiene un aspecto objetivo por cuanto equivale a una conducta procesal, de forma que la mala fe es aplicable al que es consciente de su falta de razón procesal y a pesar de ello insiste en el ejercicio de la acción, mientras que la temeridad supone la conducta procesal objetiva carente de fundamento defendible en derecho, sucediendo que en muchos casos ambos planos se confunden o superponen."

En el presente supuesto no cabe la imposición de costas a la acusación particular por mala fe o temeridad, a la vista de que ha venido sosteniendo una acusación homogénea con la del Ministerio Público, que ha sido mantenida a lo largo del procedimiento, habiéndose elevado las conclusiones provisionales a definitivas por parte de las dos acusaciones, considerándose que no nos encontramos ante una ausencia de toda justificación para sostener la acusación en la presente causa.