Sentencia Penal 37/2024 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 58/2022 de 23 de enero del 2024

PRIMERO: La representación procesal de D. Carlos Manuel formuló recurso de apelación fundándolo en síntesis en el error en la valoración de la prueba, solicitando el dictado de una sentencia absolutoria. Alega que fue el acusado quién sufrió lesiones y la rotura de las gafas, valoradas en 350 euros, como consecuencia de la disputa, y que en cuanto al tratamiento odontológico que supuestamente requirió el lesionado, aduce que el mismo no se ha acreditado, pues no aporta factura alguna y que el diente continúa en su lugar después de trece años, habiéndole colocado únicamente "compositive", y no acreditándose pues la rotura del diente.

En cuanto a los hechos el recurrente llega a una conclusión distinta sobre como sucedieron los mismos, pues fue el denunciante el que acometió a D. Carlos Manuel tirándole al suelo, y rompiéndole las gafas y el jersey. El Sr. Carlos Ramón lleva sangre en la boca pero es producto de la agresión causada a D. Carlos Manuel y el jersey de D. Carlos Manuel también estaba manchado de sangre, tal y como reconoce el testigo D. Dimas. En cuanto a los testigos, trabajadores del denunciante, no se hallaban en el lugar de los hechos, reconociendo el testigo Sr. Enrique que su jefe les había presionado para que declararan en su favor. El Sr. Carlos Manuel padece además una minusvalía del 46 por ciento por limitación funcional de la columna que le impide efectuar una agresión como la descrita.

En cuanto a la rotura con desplazamiento del incisivo, la misma no tuvo lugar, y si ocurrió, fue por la agresión de D. Carlos Ramón al acusado. El propio denunciante admite que el diente lo tiene ennegrecido, pero se mantiene en su boca desde el día de los hechos. Lo que presenta el denunciante no es un tratamiento odontológico sino un presupuesto, sin que se haya efectuado tal tratamiento. De hecho, el informe del dentista es de un año después de los hechos y en el mismo lo que se valora es un posible tratamiento según que la pieza dental presente o no movilidad.

La representación procesal del denunciante impugna tales motivos y se adhiere al recurso en el sentido de solicitar la condena a pena de alejamiento y la inclusión de las costas de la acusación particular.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del recurso de apelación y se da por instruido de la adhesión, considerando que no existió error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO: En primer lugar, y por lo que respecta a las alegaciones referidas al error en la apreciación de la prueba, hay que partir de que este caso la prueba practicada es personal, lo que implica un cierto grado de subjetividad de quien la emite, sea acusado, sea víctima, sea testigo, y esa realidad no ha sido obviada por el Juzgador de instancia, quien ha ponderado la consistencia, credibilidad, fiabilidad y verosimilitud de los testimonios, llegando a la conclusión expuesta en su sentencia.

Ese análisis lo ha efectuado el Juez a quo atendiendo a la inmediación y oralidad que le concede su posición enjuiciadora, que no puede ser sustituida por la Sala en su labor de revisión, pero que, por otra parte, no veda al Tribunal ad quem analizar el discurso de racionalidad de la valoración probatoria realizada por el Juzgador de instancia, ni controlar los medios de prueba o diligencias en que se asienta.

El análisis de la Sala debe profundizar sobre la racionalidad de la valoración probatoria efectuada por el Juez a quo, considerando los extremos relevantes en que se asienta, e infiriendo su razonabilidad y adecuación a los medios de prueba practicados (coherencia), en definitiva, ponderando su acierto o desacierto en la manera de discurrir y en las conclusiones alcanzadas.

La Sala, ponderando la valoración del Juzgador a quo y los medios de prueba en que se funda, analizando todo ello desde el prisma de los parámetros señalados con anterioridad para otorgar validez y eficacia a un testimonio incriminatorio, alcanza la misma conclusión que el Juzgador de instancia, tal y como posteriormente se expondrá.

Para robustecer el valor incriminatorio de los testimonios existe una línea jurisprudencial que exige una corroboración mínima para establecer la suficiencia de diversos medios de prueba personales: declaraciones de víctimas o testificales en determinadas circunstancias, declaraciones de co-imputados.

Por corroboración cabría entender aquello que cuenta con el aval representado por la confirmación mediante datos de otra procedencia.

No puede haber duda de que un "elemento de corroboración o de verificación objetiva o extrínseca" no es un medio de prueba de la participación de la persona inculpada en el hecho delictivo. Si así fuera, podría prescindirse de la declaración del co-imputado o del testigo-víctima como prueba, porque ésta vendría dada por el propio elemento de corroboración que, de ese modo, se erigiría en un medio de prueba autónomo. En realidad, el elemento de corroboración externa ("circunstancia/s periférica/s") ha de venir constituido por un dato cierto, que no teniendo capacidad por sí mismo para demostrar la verdad del hecho delictivo o de la participación en él de una persona, sin embargo, es idóneo para ofrecer garantías acerca de la credibilidad de quien lo ha referido (otorga fiabilidad a ese testimonio). Ese elemento periférico corroborador ha existido en este caso, como se expondrá a continuación.

Es por ello que, respecto a cualquier tipo de testimonio, habría de conseguirse un mínimo de confirmación o refuerzo con otros medios de prueba, o, al menos, con "corroboraciones periféricas", en definitiva, obtener una garantía reforzada de verosimilitud y credibilidad.

No puede obviarse, por otra parte, que el Juzgador de instancia cuenta con las ventajas de la inmediación: ve y oye directamente a quen vierte las manifestaciones, percibiendo lo que dice y cómo lo dice, y tiene la posibilidad de valorar en su exacta dimensión sus gestos, palabras concretas y actitudes adoptadas por el declarante en sus afirmaciones, por lo que su juicio valorativo y axiológico debe ser respetado, incluida la faceta de la credibilidad del testigo (salvo que se aprecie la incoherencia, irracionalidad o falta de sustento de la valoración efectuada por dicho Juzgador atendiendo a los extremos en que se funda o a las argumentaciones expuestas en su sentencia).

TERCERO.- Nos centraremos en primer lugar en la petición de absolución por error en la valoración de la prueba.

El acusado sostiene que quiere hablar con Carlos Ramón, y que lo espera, y que cuando éste aparece le coge inopinadamente por la espalda, y lo tira al suelo boca abajo, permaneciendo el denunciante encima pegándole, hasta que consigue zafarse y marcharse. Mantiene que el denunciante no sufrió lesiones, ni sangró mientras que él se hizo daño en una mano y se rompió las gafas.

El juez a quo advierte que no denunció esta supuesta agresión, hasta que se enteró que había sido denunciado por el Sr. Carlos Ramón y considera que su versión de los hechos no le ofrece credibilidad, pues además no explica por qué el denunciante le tendría que agredir inopinadamente o a que son debidas las lesiones que evidentemente presenta el mismo, con rotura de un diente, y sangre en la boca que ciertamente es confirmada por los testigos. La versión ofrecida por el denuncian te sin embargo la considera lógica y razonable.

El denunciante explica que el acusado había perdido un pleito sobre las lindes -después de haberlo ganado en primera instancia- por lo que estaba enfadado, quería hablar con él y pregunta a sus empleados cuando va a llegar, extremo corroborado por los testigos. Cuando finalmente llega D. Carlos Ramón, el acusado se dirige hacia él, intentando aquel evitarlo por lo que se introduce en el callejón, aunque luego resulta que el mismo no tiene salida. El acusado lo aborda y comienza a pegarle puñetazos. Cuando consigue escapar, según sigue relatando el perjudicado, vuelve a su oficina y desde allí pide ayuda a un empleado para que éste le traiga las llaves para poder entrar, dado que las había perdido en la agresión.

El relato ofrecido por el denunciante además de ser creíble, viene corroborado por los empleados que declararon en calidad de testigos y por el parte médico de urgencias, a lo que se añade la existencia de un móvil. Sin embargo, la versión de los hechos ofrecida por el acusado no viene corroborada por prueba alguna.

La argumentación realizada por el juez a quo debe ser compartida por esta Sala, toda vez que la declaración del denunciante, además de reunir los requisitos de coherencia y consistencia, siendo persistente con lo manifestado en otras fases del procedimiento, viene corroborada por diversos elementos objetivos. En primer lugar, por el parte médico, que refleja las lesiones sufridas por el perjudicado, compatibles con la dinámica de los hechos descrita, en el que se hace constar "agresión por otra persona con traumas en la cara con heridas en mucosa oral y pieza dental fracturada y desplazable" y en que figura como causa de las mismas "agresión". El informe forense refleja que Carlos Ramón sufrió lesiones consistentes en contusiones faciales, que requirieron tratamiento médico, con 15 días de curación no impeditivos para ocupaciones habituales, y en relación con las secuelas establece que el perjudicado sufrió la rotura de una pieza dental que ha requerido de la implantación de una funda que es posible que tenga que ser renovada en el futuro. Consta también en las actuaciones presupuesto de fecha 9 de noviembre de 2009 de la reparación de la pieza dental: 50 euros por extracción, 1300 euros por implante unitario y 1350 por implante total.

En segundo lugar, por las testificales, sin que haya podido advertirse las presiones o condicionamientos en su testimonio a los que se refiere el recurrente, y considerando que las mismas resultan coherentes, y verosímiles. En concreto, el testigo Dimas ofrece una corroboración aún periférica que refuerza el relato del perjudicado, puesto que, aunque no presenció la agresión como tal, si que vio a D. Carlos Manuel caminando hacia su jefe, y poco después este le pidió ayuda para encontrar el mando del garaje precisamente en el callejón donde sucedieron los hechos, por lo que es lógico que lo hubiera perdido con ocasión de los hechos, observando que sangraba por el labio y que D. Carlos Manuel también tenía el jersey manchado de sangre por detrás, de modo que pudo presenciar los vestigios de la agresión sufrida.

Cier to es que consta también presupuesto por la rotura de las gafas del acusado, pero ello no es suficiente para determinar que la misma fuera debida a una agresión por parte del denunciante, sino que pudo tener lugar con ocasión de la disputa y de la agresión efectuada por el propio acusado. Consta también informe forense del acusado, en que se refleja la existencia de contusiones a nivel cervical, mano izquierda y rodilla izquierda, sin secuelas. De igual forma, el parte médico e informe forense por sí mismo, si bien refleja la existencia de tales lesiones, tampoco puede ser suficiente para dar por válida la forma de causación de las mismas descrita por el acusado, cuando de la prueba practicada en el acto de juicio valorada en su conjunto resulta otra cosa, ni para descartar la agresión efectuada por este, pudiendo las mismas tener lugar como consecuencia de la misma fuerza empleada para acometer la agresión.

Por lo que respecta a las consideraciones relativas a la falta de prueba de la rotura del diente, de la documental médica aportada, se desprende que la misma tuvo lugar, sin perjuicio de las vicisitudes sufridas por la reparación de dicha pieza dental, pero siendo esta suficiente para acreditar la existencia de lesiones que requirieron un tratamiento médico posterior y a las que no bastó una mera asistencia facultativa, integrando así el contenido del art. 147 CP. Ya se ha hecho referencia al presupuesto de reparación de la pieza dental, al parte médico e informe forense, a los que se añade el informe elaborado por el dentista.

La sentencia recoge la doctrina jurisprudencial unánime sobre este particular, sentencias de la Sala Segunda del TS de 19-6-2002, 2-1-2003, 25-3-2003 y 12-7-2007 , que castigan tales conductas conforme al art. 147 CP, atendiendo a "la posibilidad de reparación odontológica de la pieza o piezas afectadas, siempre que ello no suponga acudir a medios extraordinarios, sino a través de una fórmula reparadora que sea habitualmente utilizada con carácter general, fácilmente accesible y sin necesidad de riesgo alguno ni especiales dificultades para el lesionado."

Por todo ello se considera que la argumentación y valoración de la prueba realizada por el juez a quo no incurre en el error aducido por la parte apelante, debiendo desestimarse dicho motivo.

CUARTO- La acusación particular se adhiere al recurso para solicitar la imposición de una pena de prohibición de aproximación y comunicación y la inclusión de las costas de la acusación particular.

En primer lugar, por lo que respecta a la pena de prohibición de aproximación y comunicación, la misma fue solicitada por la acusación particular en su escrito de acusación, con una duración de dos años. El Ministerio Fiscal también solicitó esa pena, pero con una duración de un año. La sentencia nada dice al respecto.

Recordemos que el artículo 57 del CP establece que, en los delitos de lesiones, entre otros, las autoridades judiciales "podrán" acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el art. 48 CP, por un tiempo que no excederá de 10 años si el delito fuera grave o 5 si fuera menos grave, ateniendo a la gravedad de los hechos o el peligro que el delincuente represente.

Dado su carácter facultativo su imposición requiere de una especial motivación. Así lo establece la STS de Pleno 112/18 de 12 de marzo (Pte. Del Moral García): "La pena ahora examinada tiene como peculiaridad su carácter facultativo. En ella destaca intuitivamente un componente de prevención especial que, por otra parte, es claramente sugerido por el criterio de peligrosidad que se menciona como elemento a valorar para el ejercicio de esa discrecionalidad. Pero que en algún caso pueda estar ausente esa orientación (por basarse su imposición fundamentalmente en razones de gravedad y no de peligrosidad; o de tranquilidad bien de la víctima concreta bien de un colectivo difuso como los usuarios del metro - prevención general positiva-) no aboca necesariamente a prescindir de ella.

Ese pronóstico de riesgo (el peligro que el delincuente representa) no ha de basarse ineludiblemente en condenas anteriores, aunque sin duda las mismas son un factor de elevadísima ayuda. Puede apoyarse en otros elementos. No es un juicio de culpabilidad (que exigiría pruebas que destruyesen la presunción de inocencia), sino un juicio de probabilidad como el que se efectúa para evaluar en sede de prisión preventiva el riesgo de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva ( art. 503 LECrim). La presunción de inocencia está respetada porque ha recaído una condena basada en pruebas claras y contundentes. El ordenamiento exige la imposición de unas penas tras la desactivación de la presunción de inocencia. A la hora de decidir si se impone o no la pena del art. 48 CP la ley invita a valorar bien la gravedad del hecho; bien el peligro del condenado (peligro que no es la reincidencia ni la multirreincidencia, aunque estas puedan ser signo de peligrosidad o profesionalidad). Se trata de un pronóstico y no una profecía; exige valoraciones racionales, pero no certeza: nos movemos en un territorio muy diferente al analizado en las SSTC 182/2014, de 6 de noviembre ó 3/2015, de 19 de enero.

Declara al respecto la STS 208/2017, de 28 de marzo:

«El artículo 57.1 del CP, en la redacción vigente a la fecha de los hechos, preveía la posibilidad de que, cuando se tratara, entre otros, de delitos de lesiones, el Tribunal podía acordar en la sentencia la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente. Gravedad, que no es la del delito cometido, sino la del hecho concreto enjuiciado. Tales prohibiciones están contempladas en el artículo 48 como penas privativas de derechos, lo que implica que en su imposición habrán de cumplirse las previsiones generales de motivación de las penas. En este sentido, hemos señalado reiteradamente que la obligación de motivar las sentencias, derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, y expresamente prevista en el artículo 120.3 de la Constitución, comprende la extensión de la pena. Y, concretamente respecto a penas de imposición facultativa, hemos dicho en la STS nº 596/2013, de 2 de julio, que si la pena es facultativa, el Tribunal está obligado a una motivación específica, exigida por el artículo 120.3 de la Constitución.

En el caso, dado el delito por el que se acuerda la condena, la pena de prohibición de acercamiento y comunicación es de imposición facultativa, debiendo atender el Tribunal a la gravedad del hecho o al peligro que el delincuente represente, como se ha dicho más arriba. La sentencia impugnada no contiene ninguna referencia a ninguno de esos dos aspectos».

En el caso presente, el juez de enjuiciamiento nada dice sobre los motivos por los que no impone la pena de prohibición de aproximación solicitada tanto por la acusación particular como por el Ministerio Fiscal, que, en dicho extremo se adhiere al recurso formulado, si bien, no podemos entender que concurra el motivo de impugnación al que se refiere el art. 846 bis c de la LECrim, " que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil".

En el supuesto que nos ocupa entendemos que, siendo una pena de imposición facultativa, el juez enjuiciador no ha apreciado motivo alguno para su imposición, no procediendo la misma si no se motiva de forma especial su necesidad, según se desprende de la doctrina constitucional, en atención a las circunstancias concurrentes. No procede pues en esta vía de apelación suplir dicha omisión, que nos viene a indicar que simplemente no se aprecian los motivos que determinarían su imposición, especialmente teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, que necesariamente conlleva una disminución considerable del riesgo y peligrosidad a tener presente para su imposición que marca el precepto legal.

Por lo que atañe a las costas de la acusación particular, la STS, Sala Segunda, 1351/02 de 19 de julio de 2002 (Pte. Jiménez Villarejo) "la misma suerte debe correr finalmente el tercer motivo, igualmente amparado en el art. 849.1.º LECrim., en que se dice ha sido aplicado indebidamente en la sentencia de instancia el art. 123 CP, en relación con los arts. 241.3.º y 242.2 LECrim., al condenar a la acusada al pago de la mitad de las costas incluidas las de la acusación particular, ya que, según argumenta la parte recurrente, la condena al pago de estas últimas, no fue expresamente solicitada. No ha sido infringido el art. 123 CP porque en él se establece que «las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta» y es obvio que, habiendo sido condenada la acusada por el delito que se le imputaba y absuelto del mismo el otro acusado, aquélla tenía que ser condenada al pago de la mitad de las costas. Las costas comprenden, según el art. 124 CP, «los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales» y, concretamente, a tenor del art. 241.3.º LECrim., «los honorarios devengados por los Abogados y peritos», sin que a ningún efecto se establezca diferencia en este precepto entre los honorarios devengados por los Abogados de la defensa o de la acusación particular. Esto significa que, si las acusaciones solicitan que se condene al acusado al pago de las costas, es legítimo entender que la solicitud abarca todas las costas, incluidas las de la acusación particular aunque éstas, contra lo que suele ser un uso ampliamente extendido, no hayan sido expresamente demandadas. Es verdad que el segundo inciso del art. 124 CP dispone que las costas «incluyen siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte», pero de ello no cabe inferir que dichos honorarios sólo se deben incluir, si la condena ha recaído por un delito perseguible de oficio, cuando los mismos hayan sido expresamente solicitados, pues una cosa es el concepto legal de costas procesales y otra, completamente distinta, el carácter facultativo que tiene, para los Tribunales, la condena al pago de las costas devengadas por la acusación particular cuando se condena por un delito perseguible de oficio. En la sentencia recurrida, en definitiva, se han incluido en las costas a que ha sido condenada la acusada las producidas por la acusación particular, siendo inobjetable este pronunciamiento por dos razones: porque las de la acusación particular son indudablemente «costas procesales» que gramaticalmente se encuentran incluidas en dicho concepto, y porque en el caso enjuiciado en la instancia la intervención de dicha acusación fue relevante e incluso decisiva. Se rechaza, en consecuencia, el tercer motivo y se desestima el recurso en su integridad."

Aplicando dicha doctrina jurisprudencial, entendemos, que habiendo intervenido acusación particular, habiendo resultado su intervención relevante y necesaria, y habiéndose solicitando expresamente, debieron ser incluidas las costas de la acusación particular, estimando pues la adhesión al recurso formulada por la acusación particular en lo que a las costas se refiere.

QUINTO.- Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación formulado por la defensa del acusado, y la estimación parcial de la adhesión formulada por la acusación particular únicamente en lo que a las costas se refiere. Todo ello con declaración de oficio de las costas de esta alzada conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.