Sentencia Penal 175/2023 Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 100, Rec. 101/2022 de 25 de mayo del 2023

PRIMERO.- Seguido el procedimiento por el trámite de Tribunal de Jurado y alcanzado un veredicto sobre los hechos sometidos a su resolución, el veredicto es de no culpabilidad en relación con el acusado Julio por mayoría, lo que lleva al dictado de un pronunciamiento absolutorio para el mismo, con todos los pronunciamientos favorables.

Ello porque el jurado ha estimado que la prueba de cargo presentada contra esta persona no es suficiente para destruir la presunción de inocencia y llevar a la necesaria convicción de que hubiera dispuesto para sí los días 7 y 8 de septiembre de 2019 de algún efecto de los que estaban depositados en las dependencias policiales a disposición judicial. Así, en relación con los puntos del objeto del veredicto que le incriminaban, razona el jurado que no han podido determinar en la valoración de la prueba realizada si la selección y retirada de efectos que realizó este funcionario policial fue para disponer de ellos en su propio beneficio, aunque dudan de la finalidad por la que cogió las 53 botellas que constan en una relación que entregó el 26 de septiembre de 2019, a la vista de la declaración en el acto de juicio de la funcionaria del Juzgado de lo Penal nº 7, quien afirmó que en la conversación telefónica mantenida por ella con Julio le dijo que en este tipo de casos no se podían coger muestras y mucho menos sin autorización del juzgado.

Como es pacífico y expone reiteradamente la jurisprudencia (así, STS 1002/2021 de 17/12/2021) " El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica, en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso con todas las garantías, ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ). Como regla de tratamiento, la presunción de inocencia impide tener por culpable a quien no ha sido así declarado tras un previo juicio justo (por todas, STC 153/2009, de 25 de junio , FJ 5) y, como regla de juicio en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se configura como derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable (entre muchas, últimamente, STC 78/2013, de 8 de abril , FJ 2) ( STC 185/2014 ). Todo ello supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza que pueda considerarse objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, tanto en los aspectos objetivos como en los subjetivos, de manera que con base en la misma pueda declararlos probados, excluyendo sobre los mismos la existencia de dudas que puedan calificarse como razonables. A través de la prueba deben quedar acreditados todos los elementos fácticos, objetivos y subjetivos, que sean necesarios para la subsunción". En el caso enjuiciado el jurado no ha considerado acreditada a través de la prueba practicada una intencionalidad de apoderamiento de los efectos judiciales por parte de este acusado.

SEGUNDO.- El veredicto alcanzado por el jurado en relación con el acusado Ildefonso es de culpabilidad por unanimidad, estimando que este funcionario policial es culpable de haber dispuesto para sí o haber permitido que otros dispusieran para sí el día 8 de septiembre de 2019 de alguno o algunos efectos que habían sido ocupados en operaciones policiales llevadas a cabo en relación con delitos, que estaban depositados en dependencias policiales a disposición judicial y cuyo destino era el que determinase la autoridad judicial.

El pronunciamiento se funda en los hechos que el jurado ha encontrado probados, una vez valoradas en conciencia las pruebas practicadas en el acto de juicio, interrogatorio de los acusados, testifical, prueba documental y pericial, siendo todas ellas pruebas válidamente obtenidas y practicadas con sometimiento a todas las garantías de inmediación, publicidad, oralidad y contradicción. Expresa también el jurado cuáles han sido los elementos de convicción que les han llevado a declarar probado o no probado cada uno de los puntos del objeto del veredicto, realizando una explicación sucinta pero suficiente de su razonamiento.

TERCERO.- El art 432.2 CPn vigente en la fecha de los hechos castiga a la autoridad o funcionario público que cometiera el delito del art 253 sobre el patrimonio público, siendo la conducta del art 253 referido la de quien, en perjuicio de otros, se apropiare para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión o custodia, o que le hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Como señala la jurisprudencia (por todas, STS 633/2020, de 24 de noviembre), " el delito de malversación de caudales públicos tiene como presupuestos: "a) La cualidad de autoridad o funcionario público del agente, concepto suministrado por el CP, bastando a efectos penales con la participación legítima en una función pública; b) una facultad decisoria pública o una detentación material de los caudales o efectos, ya sea de derecho o de hecho, con tal, en el primer caso, de que en aplicación de sus facultades, tenga el funcionario una efectiva disponibilidad material; c) los caudales han de gozar de la consideración de públicos, carácter que les es reconocido por su pertenencia a los bienes propios de la admón. Administración, adscripción producida a partir de la recepción de aquéllos por funcionario legitimado, sin que precise su efectiva incorporación al erario público; y d) sustrayendo -o consintiendo que otro sustraiga- lo que significa apropiación sin ánimo de reintegro, apartando los bienes propios de su destino o desviándolos del mismo".

Se trata de un delito de naturaleza pluriofensiva, por la infidelidad del funcionario público, que viola el deber jurídico de cuidado y custodia, con vulneración de la confianza en la correcta actuación administrativa; y por la dimensión patrimonial de la conducta ilícita, en tanto atenta contra los intereses económicos del estado o de la Hacienda pública.

En el caso de autos era pacífica la condición de funcionario policial de Ildefonso, estimando el jurado probado que en tal condición asistió a la reunión del 4 de septiembre de 2019 con el Jefe Superior de Policía y asumió la tarea de encargarse él de llevar a cabo el traslado de los efectos interesado por el Jefe Superior en aquella reunión, puntos 14 y 15 del objeto del veredicto.

En cuanto a la condición de caudales públicos de los efectos que se encontraban en los calabozos nº 1, 2 y 3 de la Jefatura Superior de Policía, los caudales son adjetivados como públicos por su pertenencia a la Administración, pero no se requiere que sean de propiedad pública, bastando al efecto que se encuentren en el circuito público, afectos a una determinada finalidad. Así se predica la condición de caudales públicos por la incorporación de los bienes a las actividades que la Administración realiza, no solamente como función intrínseca de su propia naturaleza sino también las que efectúa a través de la organización institucional del servicio público, exigiendo la vinculación de los bienes a la conducta del agente obligado a su custodia y vigilancia, debido a las funciones públicas que le están encomendadas, asumiendo la Administración una relación de responsabilidad.

En los hechos objeto de enjuiciamiento la consideración de aquellos efectos como caudales públicos deriva de que quedó acreditado que se trataba de efectos ocupados por la Policía en actuaciones policiales llevadas a cabo en relación con conductas ilícitas, robos con fuerza y delito de receptación, y que tales efectos quedaron depositados en las dependencias de los calabozos a disposición de cada uno de los juzgados que llevaba el respectivo procedimiento penal. Tales extremos se estimaron acreditados por los jurados en los puntos 1 y 2 del objeto del veredicto, llegando a tal conclusión por la prueba documental que pudieron examinar, en concreto, como relacionan, los atestados NUM004 y NUM005, poniendo de manifiesto que el hecho no había sido contradicho en el acto de juicio y que consta en el atestado en la diligencia de remisión al juzgado de 25-9-2017. Efectivamente, en la diligencia de remisión al Juzgado de Instrucción del atestado NUM006 que los jurados examinaron se recoge que las botellas intervenidas "son depositadas en estas dependencias de la Jefatura Superior de Aragón hasta que SS disponga su destino".

En cuanto a la detentación material de los efectos por Ildefonso, no quedó acreditado en el acto de juicio que todos los efectos incautados, menos los devueltos a Inditex, que fueron depositados en los tres calabozos estuvieran todavía allí inmediatamente antes del 7 de septiembre de 2019, pues el jurado estimó que tal extremo (punto 18 del objeto de veredicto) no había quedado probado, fundando su apreciación en que no podían comprobar si se había hecho algún inventario. Aunque no lo añadieron en su explicación, la contestación al punto 37 del objeto del veredicto, que fundamentan en la declaración del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Sebastián, redunda en lo mismo, y a la misma orientación lleva indiciariamente el estimar acreditado que Julio puso candados en las puertas de los tres calabozos para reforzar la seguridad de los mismos, punto 38 del objeto del veredicto que sustentan en la declaración del testigo Pedro Jesús, a quien pidió Julio los candados. Debe señalarse en este punto que el Policía Nacional con carnet profesional nº NUM010, que era Subinspector del Grupo de Hurtos con Julio en aquella época declaró en el acto de juicio que Julio le dijo que iba a poner candados en los calabozos por reforzar la seguridad.

No pudiéndose determinar que estuvieran todos los efectos, sí quedó acreditado que Ildefonso tuvo a su disposición todos los que había en los calabozos nº 1, 2 y 3 en la tarde del día 8 de septiembre de 2019 y que dispuso para sí o permitió que otros dispusieran para sí de una pluralidad de efectos, entre ellos una colonia Jean Paul Gaultier y 2 perfumes de la misma marca. Así deriva de la consideración como hechos probados por el jurado de los puntos 14 a 17, 24 a 26, 28 a 32, 40, y de la consideración como no acreditados de los puntos 50 y 52 del objeto del veredicto.

El jurado considera acreditado que en una reunión del Jefe Superior de Policía con mandos el día 4 de septiembre aquél manifestó que había que trasladar los efectos depositados en los calabozos a las dependencias de General Mayandía porque así lo dijo el Jefe Superior en el acto de juicio y así lo afirmaron también los testigos que habían estado presentes en la reunión y el acusado Ildefonso, y que Ildefonso asumió la tarea de encargarse él de hacerlo, que deducen de la declaración del propio acusado. Ildefonso manifestó que él hizo el traslado, que se lo comunicó previamente a su jefe, Sebastián, que pidió una furgoneta policial para llevarlo a cabo, que decidió hacerlo el domingo porque las personas que le iban a ayudar tenían libre el sábado y el domingo y que previamente al traslado fue con Julio a ver los calabozos el día 6, visita previa con Julio que también es reconocida por éste como recoge el jurado. La consideración de las personas que le ayudaron, un Policía Nacional subordinado suyo y dos personas ajenas a la Policía, se acredita además por las manifestaciones de cada uno de ellos, que así lo reconocieron.

Igualmente considera el jurado como hechos acreditados los puntos 25, 31 y 32 del objeto del veredicto, claramente incriminatorios en tanto estiman acreditado que Ildefonso, por sí o dando instrucciones a las personas que le estaban ayudando y sabiendo que se trataba de efectos a disposición judicial, seleccionó productos con la finalidad de hacerlos suyos, llegando a disponer para sí o permitiendo que otros dispusieran para sí de al menos una parte de las botellas y efectos que faltaron en los recuentos posteriores. Estiman acreditado que se llevó las tres colonias o perfumes Jean Paul Gaultier que figuran en los recuentos posteriores como que faltaban, entre otros efectos. Y lo justifican en la prueba documental, visionado de las grabaciones de las cámaras que hay en las dependencias policiales, en las que se ve a este acusado quitando el envoltorio de colonias, probándolas y dándolas a oler a sus ayudantes o desempaquetando bolsas con camisetas y probándoselas, señalando los tiempos más relevantes de las imágenes en los que así se aprecia. El interés selectivo demostrado por el acusado en relación con algunos productos hasta el punto de probarlos, de llevarlos desde el calabozo 1 al calabozo 3 y apilarlos allí para fotografiarlos, como se ve en las grabaciones señaladas por los jurados para justificar su apreciación, archivos terminados en NUM013 y en NUM014, solo puede interpretarse como expresión de la intención de hacer suyos algunos efectos, entre los que se encuentran las colonias Jean Paul Gaultier, más características por tener forma de lata, que coge en la primera grabación citada y aparecen en la segunda grabación siendo fotografiadas en el calabozo nº 3, con otros efectos también seleccionados por el acusado. Lo mismo es predicable de la apertura de envases y prueba de colonia que se aprecia en el archivo terminado en 8531 indicado por el jurado.

Esto debe ponerse en relación, en primer lugar, con la consideración como hecho probado del punto 30 del objeto del veredicto, con fundamento en el testimonio de Jesús Manuel: que en el cotejo realizado el 26 de septiembre se comprobó, entre otros hechos, que faltaba una colonia Jean Paul Gaultier y 2 perfumes de la misma marca. Los jurados ya lo ponen en relación con el visionado de la grabación de las cámaras de los calabozos, en la que se ve a Ildefonso cogiendo esos efectos, tal como reiteran al contestar afirmativamente por unanimidad al punto 32: que durante el traslado Ildefonso hizo suyas las tres colonias o perfumes Jean Paul Gaultier que luego faltaban.

Asimismo, debe ponerse en relación también la respuesta a los puntos 25, 31 y 32 con la consideración como hecho probado por el jurado de que no quedó probado que la razón por la que Ildefonso cambió u ordenó cambiar las cajas de cartón fuera porque las de cartón se rompían (punto 50), ya que se ve en las imágenes de las cámaras de los calabozos que las cajas no presentaban deterioro alguno; que no quedó acreditado que el 9 de septiembre por la mañana diera una relación de los efectos trasladados a su superior (punto 52), porque Sebastián dijo que se la entregó el día siguiente, martes 10, luego no puede constatarse que la relación se hiciera antes de que circulara el anónimo; y que en la inspección ocular de las botellas y cajas que había en las dependencias de General Mayandía efectuada el 24 de septiembre se comprobó que la caja número NUM011 llevaba la cinta policial adhesiva que cerraba la caja y el papel con el número de atestado, contenido de la caja y juzgado a cuya disposición quedaban los efectos puestos en su momento por el Grupo de Hurtos como precinto de custodia. De esta forma quedó desvirtuada la pretendida justificación de Ildefonso de que abrió y cambió cajas porque estaban en mal estado y se rompían al cogerlas así como que decidió hacer un inventario de todo y por eso se abrieron todas, puesto que, como recoge el jurado en el punto 28, acreditado con el testimonio de Jesús Manuel, una de las cajas era la original y conservaba los precintos originales, luego no fue abierta.

Ninguna razón expone el jurado para dudar de la veracidad de la testifical de Jesús Manuel, que hizo un relato detallado y consistente tanto de las operaciones policiales en las que intervino en 2017 como de la forma en que se preservaron los efectos incautados para asegurar la cadena de custodia hasta que fueran presentados en el correspondiente juicio penal o se decidiera judicialmente su destino, del funcionamiento del Subgrupo de Hurtos mientras estuvo en él y de su actuación en relación con los recuentos o cotejos a los que fue llamado. Declaró sobre hechos de conocimiento propio y sobre la forma en que llevó a cabo el informe emitido a solicitud del Juzgado sobre los efectos que faltaban de los incautados y efectos que estaban y que no se correspondían con los incautados en su día. Su declaración no puede en modo alguno calificarse de parcial, interesada o contradictoria.

Concurren en consecuencia todos los elementos del delito de malversación de caudales públicos, siendo la conducta realizada por el acusado en perjuicio de la administración, al detraer de la disponibilidad de la administración determinados bienes, con un valor económico evidente para cualquiera.

Los hechos acreditados son legalmente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, pero no del art 432.2 CPn como sostienen las acusaciones sino del subtipo atenuado previsto y penado en el art 433 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, de acuerdo con el cual " Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros".

En el caso enjuiciado no ha quedado acreditado que el perjuicio causado o el valor de los bienes apropiados fuera igual o superior a 4.000 euros. Ha quedado probado que Ildefonso dispuso para sí, o permitió que otros dispusieran, de al menos una parte de los efectos que estaban en los calabozos 1, 2 y 3 al inicio del traslado, la tarde del 8 de septiembre de 2019, y cuya falta quedó constatada en los recuentos posteriores (hechos estimados probados por el jurado al responder a los puntos 29 y 30, que derivan de la prueba documental, visionado de imágenes de las cámaras de grabación de los calabozos y de la testifical de Jesús Manuel). Sin embargo, no se ha probado que todos los efectos que debían estar en los calabozos permanecieran efectivamente allí inmediatamente antes del día 7 de septiembre de 2019, y tampoco el valor de los efectos concretos que se llevó Ildefonso o que permitió que otros se llevaran. En modo alguno puede considerarse un hecho notorio que el valor de los mismos llegara a los 4.000 euros. No acreditado el valor, debe estarse a lo más favorable para el acusado, esto es, que el valor era inferior.

CUARTO.- La modificación legislativa del delito de malversación efectuada por Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, no es más beneficiosa porque viene a recoger como párrafo 3 del art 432 modificado la misma redacción que tenía el art 433 vigente al tiempo de los hechos que han sido enjuiciados, por lo que no procede su aplicación retroactiva.

QUINTO.- En cuanto a la individualización de la pena, no concurriendo circunstancias atenuantes ni agravantes, el art 66 CPn establece que se aplicará la pena establecida para el delito cometido, en la extensión que se estime adecuada en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. En cuanto a las circunstancias personales, Ildefonso no tiene antecedentes penales. En lo relativo a la gravedad del hecho, esta circunstancia no se refiere a la gravedad del delito, toda vez que esta gravedad habrá sido ya contemplada por el legislador para fijar la banda cualitativa penal que atribuye a tal delito. Prescindiendo por tanto de la consideración de que se trata de un delito cometido por funcionario público y que recae sobre caudales públicos, pues tales circunstancias ya determinan el marco penológico fijado por el legislador, y atendiendo a que no se ha podido determinar el número de efectos que detrajo de la administración, se impondrán las penas de un año de prisión y multa de tres meses con una cuota diaria de 8 euros así como la inhabilitación especial para cargo o empleo público en la Policía Nacional y derecho de sufragio pasivo por tiempo de un año.

SEXTO.- Una vez alcance firmeza la sentencia se resolverá lo procedente en relación con la posible suspensión de la ejecución de la pena de prisión, constatados los informes favorables a su concesión del jurado y de las acusaciones.

SÉPTIMO.- Conforme a lo establecido en el art 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminales responsables de todo delito. Por su parte, el art 240 LECrim establece en su apartado 2 que no se impondrán nunca las costas al procesado que resultare absuelto.

Siendo el pronunciamiento absolutorio en relación con el acusado Julio, la mitad de las costas se declarará de oficio.

Se imponen a Ildefonso la mitad de las costas públicas.

En cuanto a la mitad de las costas de la acusación popular, se imponen también al penado considerando que, aunque la condena en costas como criterio general no incluye las de la acción popular, la jurisprudencia admite la imposición de forma excepcional, tal como expone la STS 908/2021, de 24 de noviembre, remitiéndose a otra anterior: " Igualmente se ha sostenido la excepcionalidad de la condena en costas de la acusación popular en el caso de actuación de intereses difusos en los cuales la inexistencia de perjudicados concretos hace que determinadas entidades pueden actuar en el interés de perjudicados por el hecho delictivo. Los intereses difusos, por su propia naturaleza colectiva, son especialmente adecuados para que los defiendan asociaciones de carácter altruista, al no haber personas físicas ofendidas esos intereses privados que pudieran actuar como acusación particular." En el caso de autos es claro que la actuación de Ildefonso repercute de manera negativa en la imagen pública de la Policía y, en tal sentido, el papel del Sindicato de la Policía Nacional personado en la causa ejerciendo la acción penal se estima relevante y los gastos procesales deben ser resarcidos.

Vistos los artículos de aplicación del Código Penal y de la legislación orgánica y procesal,