Sentencia Penal 224/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 664/2022 de 07 de marzo del 2024

PRIMERO.- El único motivo del recurso discurre a través del art. 849.1º LECrim como impone el tipo de procedimiento en que nos movemos: una causa enjuiciada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal y confirmada en apelación por la Audiencia Provincial.

La pretensión acusatoria fue modificada en el curso del plenario. A la vista de las manifestaciones del acusado, el delito de estafa por el que se reclamaba condena mutó en un delito de blanqueo de capitales imprudente. Los hechos son simples: el perjudicado había ingresado en una cuenta corriente abierta por un tercero, pero titularidad del acusado, 850 euros en pago de una escopeta ofertada por internet que jamás recibió. Se reprocha al acusado haber facilitado sus datos personales a ese tercero desconocido que se lo habría pedido convenciéndole de que necesitaba una cuenta para recibir una transferencia y no estaba en condiciones de aperturarla por ser extranjero y estar indocumentado. El acusado accedió a la solicitud pese a que pudo y debió imaginarse que podría usarse para una actividad fraudulenta.

SEGUNDO.- El recurso aduce que la conducta del acusado fue previa al delito presupuesto del blanqueo (estafa) lo que la aleja de la tipicidad del art. 301 CP que castiga a los que de cualquier forma ayudan al autor de una actividad delictiva, ya perpetrada, a beneficiarse de los bienes procedentes del delito, consiguiendo que sean reintroducidos en el circuito económico lícito.

En otro orden de cosas, reputa excesivo tildar de gravemente imprudente la conducta del autor.

Es cuestionable esa segunda perspectiva que, además, se acompaña de la sugerencia, no admitida por la jurisprudencia, de que el delito de blanqueo de capitales culposo sería un delito especial que solo puede ser cometido por los sujetos obligados según la legislación sectorial de blanqueo de capitales.

Podemos, en todo caso, orillar esa temática. El recurso está llamado a prosperar por otras razones. La conducta que se atribuye al recurrente no encaja en la tipicidad de blanqueo, por muy abierta y flexible que sea ésta. No estamos ante una acción para facilitar la introducción en el mercado regular de unos fondos que necesitan ser lavados por tener su origen en un delito antecedente. La cuenta se abre no para lograr legalizar el producto de la estafa, sino para perpetrar la misma defraudación. Constituye una cooperación a la actividad fraudulenta; una participación culposa en un delito de estafa que, como tal, no es punible ( art. 12 CP) . La estafa solo admite la versión dolosa. El blanqueo de capitales reclama una referencia a un delito antecedente, es decir, cometido con anterioridad y que haya generado ganancias. Si se identificase al autor de la defraudación, no se le acusaría de estafa y, además, de autoblanqueo. Esa es la prueba clara de que aquí estamos en exclusiva ante un delito de estafa: no hay actividades ulteriores de lavado.

A mayores, lo que nos eximirá de otras disquisiciones, el monto de dinero manejado es de cuantía muy reducida: ochocientos cincuenta euros. Con la base que representa la terminología legal -blanqueo de capitales-elegida como leyenda encabezadora del capítulo correspondiente del cuerpo normativo y la filosofía que inspira la represión de esas conductas (que tiene que ver con la protección del mercado y la economía, con el orden socio-económico), se entiende bien que solo exista blanqueo punible cuando las cantidades o bienes manejados adquieran cierta significación. No alcanza ese rango la cifra a que se refieren los hechos. Negocios de bagatela, de cuantía insignificante, no son típicos. Una lectura del precepto en clave teleológica, asentada en la dimensión socioeconómica del bien jurídico protegido, empuja a esa interpretación, en exégesis que se ve reforzada por el uso del término "capitales". Eso, -conviene advertirlo- no conduce a negar relevancia penal a quienes cooperan al lavado de elevados montos pecuniarios, aunque sea su contribución, como la de otros muchos, solo alcance pequeñas cantidades; pero sí a expulsar del art. 301 actividades que faciliten el aprovechamiento de delitos cuyo rendimiento económico es escaso (v.gr., un delito leve de hurto o estafa, un robo de escasa cuantía, o las modestas ganancias de la venta al menudeo de droga blanda). No tendría sentido que el blanqueo mereciese más pena que la previa actividad delictiva. En esa dirección apuntaba la STS 809/2014, de 26 de noviembre, recogiendo y recreando una vía ya insinuada en la STS 884/2012 de 8 de noviembre (se postula una "restricción teleológica, para considerar atípicos todos los objetos materiales de cuantía irrelevante, en virtud del principio de insignificancia, por su nula incidencia en el orden socioeconómico, así como en virtud de la inviabilidad de la absoluta exclusión de la actividad económica de cualquier ciudadano, que no puede serle privada las actividades de compra diaria para atender a las necesidades vitales cotidianas, de otro modo proscritas").

Una y otra senda argumental confluyen para rechazar la sanción de los hechos que se declaren probados como delito de blanqueo de capitales, lo que ha de llevar a la estimación del recurso y al dictado de nueva sentencia de signo absolutorio.

TERCERO.- La estimación del recurso comporta la declaración de oficio de las costas procesales ( art. 901 LECrim) .