Sentencia Penal 28/2023 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 61/2023 de 08 de febrero del 2023

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

Con fecha 19 de diciembre de 2022, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara dictó sentencia condenando al apelante, el cual ha interpuesto recurso de apelación frente a la misma, por considerar que hay error en la valoración de la prueba, indebida inaplicación de los artículos 20.1 y 20.3 del C. P. e inaplicación de los artículos 80.1 y 80.5 respecto de la suspensión de la pena.

La Acusación Particular insta la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida, habiendo dejado el Ministerio Fiscal transcurrir el tiempo concedido sin hacer manifestación alguna.

SEGUNDO.- Del error en la valoración de la prueba.

(I) Afirma el apelante que no se ha acreditado que se produjera el delito de quebrantamiento de medida que se le imputa por hechos acecidos en los días 26 y 27 de septiembre de 2022, alegando que las pruebas practicadas han sido la declaración del acusado y la testifical de su padre, sin que ninguno reconociera que se hubieran cometido los hechos en esas fechas, pues el apelante no recuerda nada de esos días y el testigo manifestó que es incapaz de determinar la fecha, lo cual supone que no se haya enervado la presunción de inocencia por falta de actividad probatoria suficiente.

(II) Para resolver el recurso en este punto hemos de decir que, si bien el motivo comienza aludiendo al error en la valoración de la prueba, parece que en su desarrollo más bien se centra en la vulneración del principio de presunción de inocencia, respecto de lo cual se ha de recordar que el tribunal de apelación puede abordar tanto el alegato de vulneración de presunción de inocencia, como el de error en la apreciación de la prueba, no siendo fácil en ocasiones precisar qué suponen exactamente uno y el otro.

A modo de síntesis podríamos afirmar que la invocación del derecho a la presunción de inocencia supone revisar la legalidad y suficiencia de la prueba de cargo y la racionalidad de su valoración por el "iudex a quo", mientras que el error en la apreciación de la prueba permite repasar la valoración de cada uno de los concretos medios de prueba examinados en la instancia con plena cognitio por parte del Tribunal de apelación, si bien respetando las conclusiones que dependan exclusivamente de la inmediación.

En este sentido y respecto del error en la valoración de la prueba puede citarse la Sentencia de esta Audiencia de 18 de diciembre de 2020 (ROJ: SAP GU 527/2020 - ECLI:ES:APGU:2020:527 ) indicando que:

"... Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación... es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, y esta prueba tiene carácter principalmente personal, como ocurre tratándose de las declaraciones del perjudicado, testigos y de la persona acusada, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 de la C.E ), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

Cierto es que el órgano de apelación goza de plenas facultades revisoras, lo que le permite valorar las pruebas realizadas en la instancia e incluso ponderarlas de forma diversa a la realizada por el Juez a quo, pero también lo es que esas facultades sólo han de ejercerse cuando se evidencie con toda claridad un error al fijar la resultante probatoria en la sentencia de instancia, bien porque se haya prescindido lisa y llanamente de alguna prueba relevante o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, no pudiendo equipararse a tal error la mera discrepancia en cuanto a la valoración de tales pruebas que ha hecho el juzgador de instancia en aplicación de lo prevenido en el art. 741 de la LEcrim .

Y como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013 : " A esta Sala, por tanto -hemos dicho en STS. 131/2010 de 18.1 -, no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que una y otra sean coincidentes. Lo que ha de examinar es si la valoración del juzgador, es decir, la suya que es la única que existe porque esta Sala no la sustituye con ninguna otra propia, es homologable por su misma lógica y razonabilidad; o, si más allá del convencimiento subjetivo, que el Juez al valorar los medios de prueba adquiere sobre la veracidad de los hechos que sustentan la acusación, puede estimar que los medios que valoró autorizan a tener por objetivamente aceptable la veracidad de la acusación, y que no existen otras alternativas a la hipótesis que justificó la condena susceptibles de calificarse también como razonables...".

Estas mismas consideraciones se contienen en la S. T. S., Sala Segunda, de lo Penal, 407/2016 de 12 May. 2016 ( RJ 2016, 2107 ), Rec. 841/2015 , y conducen a concluir que lo que debe examinarse respecto de la valoración de la prueba efectuada en la instancia es el cumplimento de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, teniendo en cuenta que salvo que conste una valoración irracional o arbitraria, no debe suplantarse la valoración de la prueba hecha por el sentenciador respecto de aquellas que fueron apreciadas por el mismo de manera directa, como ocurre con las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, sin que tampoco proceda realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de este Tribunal, siempre que el sentenciador haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente. Así, indica la mencionada resolución que:

"...Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción tras el examen de unas pruebas que no presenció, para, a partir de ellas, confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad...".

En consecuencia en principio debe respetarse el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en el juicio, lo cual es perfectamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que la valoración se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia, de tal suerte que esa valoración únicamente debe modificarse cuando no se fundamente en las pruebas de cargo válidamente practicadas, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia, o bien cuando el examen de lo actuado revele un manifiesto y claro error del Juzgador a quo que objetivamente implique, sin interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia.

En palabras del TS- Sentencia de fecha 17 de julio del año 2.012 "...la sala ha dispuesto de una prueba de carácter personal, la declaración de la víctima y las declaraciones del acusado (...), que el tribunal valora racionalmente conforme exige el art. 714 de la Ley procesal , en una función que le compete, como función jurisdiccional, tras percibir de manera inmediata la prueba practicada en el juicio oral. El recurrente pretende una nueva valoración de la prueba personal sobre la base de extraer consecuencias probatorias distintas de las que el tribunal ha obtenido desde la inmediación. En la función valoradora de la prueba no puede ser sustituido por el recurrente, tampoco por esta Sala, que no ha percibido la práctica de la prueba...".

En lo referente al principio de presunción de inocencia, puede citarse la S. T. S. 608/2021 de 7 de julio de 2021 , en cuya virtud el principio de presunción de inocencia no puede suponer realizar sin más una nueva valoración de las pruebas practicadas en la instancia. Lo que debe verificarse a través del recurso, es que el juzgador contó con suficiente prueba sobre la comisión del hecho delictivo por el acusado, así como que tal prueba haya sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y se haya practicado bajo los principios de la oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. El respeto a la presunción de inocencia comporta también que la sentencia se encuentre suficientemente motivada, con expresión por parte del juzgador de las circunstancias que ha seguido su razonamiento para llegar al fallo, de modo que no se infrinjan las reglas de la lógica ni de la experiencia. Finalmente, en cuanto a la valoración de la prueba, supone estudiar los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, sin que ello comporte comparar la valoración probatoria efectuada en la sentencia apelada con la sostenida por el recurrente, sino únicamente comprobar la regularidad de la prueba utilizada y la racionalidad del proceso argumentativo, no siendo por ello posible valorar nuevamente las pruebas personales pues respecto de las mismas la Sala carece de inmediación.

(III) Así las cosas, proyectando la doctrina y jurisprudencia expuestas en relación al caso de autos, a la vista de lo actuado y de lo recogido en la sentencia apelada, puede afirmarse que no ha habido error en la apreciación de las pruebas practicadas en el juicio, pues la juzgadora explica detalladamente cuales son aquellas en las que basa su decisión y singularmente se refiere tanto a la declaración del acusado como la de su padre, no siendo erróneas las conclusiones a las que llega sobre las mismas teniendo en cuenta lo actuado en el juicio, puesto que el Ministerio Fiscal al comenzar su interrogatorio al testigo dejó claro que se estaba refiriendo a los hechos ocurridos tras el dictado de la orden de alejamiento, no siendo extraordinario que el testigo no pudiera indicar una fecha concreta, dada la repetición de conductas, pero no habiendo duda alguna en cuanto a las fechas en que sucedieron.

De este modo, habiéndose fundado la sentencia dictada en pruebas válidamente obtenidas y practicadas en el juicio, las cuales han sido objeto de particular estudio en la resolución impugnada y valoradas con las ventajas que ofrece la inmediación, sin que quepa calificar de erróneas las conclusiones obtenidas en la misma, no ser observa tampoco la vulneración del principio de presunción de inocencia puesto que se trata de pruebas suficientes para desvirtuarla y, por lo tanto, el motivo no podrá prosperar.

TERCERO.- De la indebida inaplicación del art. 20.1 y 20.3 del C. P .

(I) Alega en este punto el recurrente que disiente de lo valorado por la juzgadora, pues entiende que consta en los acontecimientos 3 y 15 que concurre la eximente completa de exención de responsabilidad criminal o en su caso la incompleta, no pudiendo apreciarse la capacidad volitiva del apelante por el hecho de haberse acordado la prisión, siendo así que el trastorno que consta en el acontecimiento 37 justifica por si mismo la aplicación del art. 20.1 y 20.3 del C. P o subsidiariamente la aplicación de la eximente incompleta por el art. 21 del mismo Texto Legal.

(II) Así las cosas, hemos de decir que lo que el recurrente pone en tela de juicio en este motivo es la valoración que la juez de instancia ha realizado respecto de las pruebas existentes en el proceso sobre la eximente en cuestión, por lo que cabe dar aquí por reproducidas las consideraciones que se expusieron acerca del error en la valoración de la prueba en el anterior fundamento.

Por ello hemos de reiterar que la juez explica pormenorizadamente todas y cada una de las pruebas que ha tenido en consideración en orden a determinar la posible existencia o no de la eximente o atenuante estudiada, alguna de las cuales como indica el apelante son de fechas distintas a los hechos aquí enjuiciados, como ocurre con el informe Médico Forense del acontecimiento 35, anterior a los mismos, y el de Psiquiatría del Hospital de Guadalajara del acontecimiento 37 también anterior. Se refiere la sentencia además a otras como es el informe del acontecimiento 44 que es del día 26, y al del UCA del acontecimiento 39 también anterior a los hechos, siendo las conclusiones a las que llega tras el estudio de todos los informes médicos sobre la salud y estado mental del acusado razonables, no desprendiéndose de las mismas de forma objetiva unas conclusiones que necesariamente debieran ser diferentes, lo cual viene además apoyado por otro informe, que es el emitido por el Forense del acontecimiento 14, realizado en este procedimiento, del que no desprende que el apelante presentara psicopatología aguda en el momento anterior a declarar en el Juzgado de instrucción, momento este muy cercano a la fecha del último hecho enjuiciado.

Hemos de destacar que ni siquiera el informe Forense del acontecimiento 35, que sería el más favorable al apelante, puede indicar que su capacidad volitiva se viera modificada en la fecha de los hechos, al ser anterior a los mismos, no pudiendo por ello de un modo objetivo considerarse que las conclusiones alcanzadas por las juzgadora acerca de la inexistencia de la eximente o atenuante alegadas sean erróneas.

CUARTO. - De la inaplicación de los artículos 80.1 y 80.5 respecto de la suspensión de la ejecución de la pena.

(I) Alega el recurrente que se cumplen los requisitos del art. 80.1 del C. P. al tener sólo una condena anterior por otro título del C. P. y, que en todo caso sería merecedor de la suspensión prevista en el art. 80.5 del mismo Texto Legal.

(II) Para resolver estas cuestiones hemos de comenzar por decir que la suspensión de la ejecución de la pena no es un derecho del penado, sino una facultad potestativa del Juez o Tribunal sentenciador, en uso del arbitrio o la discrecionalidad que legalmente se le otorga como excepción al principio general conforme al cual las sentencias se deben cumplir en sus propios términos, tal como señalan los artículos 988 y 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por ello, para poder examinar si es ajustada a derecho la resolución en la que se deniega la suspensión de la ejecución de la pena hemos de examinar si esta es motivada, de modo que explicite las razones por las que, en el ejercicio legítimo del arbitrio, se deniega la suspensión de la ejecución atendiendo a la concurrencia o no de los requisitos legales, a las circunstancias concurrentes en la persona o en el hecho, y a la finalidad de la institución de que se trate, pues sólo así se garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva definido por el Tribunal Constitucional como el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, esto es, motivada. En consecuencia, sólo si la decisión adoptada carece de motivación, entendida ésta como justificación razonable en derecho de la decisión judicial adoptada en uso del arbitrio o la discrecionalidad, atendido el caso de que se trate, y sólo en este supuesto, cabe predicar la prosperabilidad del recurso y la consiguiente revisión del contenido de la resolución impugnada.

Partiendo de estas consideraciones debe decirse que, examinada la resolución adoptada, hemos de concluir que la misma observa todos los requisitos legalmente establecidos a tal fin, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una persona condenada por un delito continuado, respecto de la cual hay suficientes indicios para considerar que ya ha llevado a cabo previamente conductas semejantes, las cuales fueron el origen de la medida cautelar que se ha quebrantado, de modo que la finalidad de la institución de la suspensión no parece que vaya a servir a cumplir su finalidad en el presente supuesto, lo cual impide que pueda operar la suspensión prevenida en el art. 80.1 ya mencionado.

Por otro lado, el art. 80.5 dispone los siguiente:

<

El juez o tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.>>.

Se trata por tanto de un supuesto que excusa de los requisitos/condiciones- primera y segunda del apartado segundo del artículo 80, pero no libera de la sujeción a las establecidas en el apartado primero del artículo 80 que se proyectan también en relación con la suspensión del apartado 5º del artículo 80 ahora revisado, pues el artículo 80.1 del Código Penal constituye una norma común a las cuatro modalidades de suspensión, siendo un principio general aplicable a todas ellas y ya hemos dicho que no concurren las circunstancias del mismo al ser previsible que el apelante vuelva a realizar estas mismas conductas respecto de sus progenitores, pero además hemos de señalar que tampoco se cumplen el resto de los requisitos del precepto examinado, pues no consta ni que el delito objeto de condena se haya cometido como consecuencia de su adicción a sustancias psicotrópicas, ni tampoco que esté en tratamiento de deshabituación, razones las expuestas por las que el recurso no podrá prosperar en este punto.

QUINTO.- Costas.

De conformidad con lo establecido en el art. 398 en relación con el art. 394, ambos de la L. E. C. aplicable con carácter supletorio, las costas se impondrán al apelante al haber sido desestimado el recurso.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,