Sentencia Penal 385/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10864/2023 de 09 de mayo del 2024

PRIMER MOTIVO, POR INFRACCIÓN DE LEY, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM : INDEBIDA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 48 y 57, AMBOS, CP EN EL INCIDENTE DE REVISIÓN

1. El motivo formulado por el Ministerio Fiscal contra la resolución de la Audiencia que rebajó la pena privativa de libertad en su día impuesta al Sr. Cristobal identifica infracción de ley al no extenderse el efecto reductor ordenado a la pena accesoria de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima. La naturaleza accesoria de la pena supone, en los propios términos contemplados en el artículo 57.1 CP, tanto en la redacción vigente al tiempo de los hechos como en la resultante de la reforma operada por la L.O 8/21, que el umbral del que debe partirse para fijar su duración es el de la pena privativa de libertad. En consecuencia, la duración máxima de esta pena accesoria en delitos graves no puede exceder de la suma del tiempo de la pena de prisión impuesta más diez años. En el caso, al rebajarse la pena de prisión de ocho años a seis años y ocho meses, la duración de la pena accesoria fijada en sentencia de diecisiete años de prisión carece de sostén normativo. De ahí, la necesidad de que también sea rebajada, atendido el criterio de individualización utilizado por la Audiencia, a quince años y ocho meses.

2. El motivo debe prosperar. Las razones del Fiscal son incontestables. El efecto retroactivo favorable que comporta la rebaja de la pena privativa de libertad debe irradiar a aquellas penas accesorias cuya duración pende precisamente de la duración de la principal. Y, en efecto, en el caso, la duración de las penas accesorias del artículo 57. 1º CP fijadas en su día en sentencia supera la que, resultante de la rebaja de la pena privativa de libertad, previene la norma. Procede, en consecuencia, y en los términos pretendidos, fijar la duración de las penas accesorias de prohibición de comunicación y aproximación a la Sra. Maribel en quince años y ocho meses.

3. Cabe apuntar, por último, que el fallecimiento de la Sra. Maribel, referido por la defensa del Sr. Cristobal, constituiría, de acreditarse, un supuesto sobrevenido de extinción de la pena accesoria por pérdida de objeto pues los fines de protección que junto a los retributivos le prestan contenido material solo se extiende a las concretas personas que se precisen en la correspondiente resolución. En todo caso, deberá ser el tribunal de instancia el que, recabadas las certificaciones oportunas, decida sobre la extinción.

SEGUNDO MOTIVO, POR INFRACCIÓN DE LEY, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM : INDEBIDA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 192.3, ÚLTIMO INCISO EN EL INCIDENTE DE REVISIÓN

4. El fundamento del segundo motivo es nuclear: para el recurrente, en los procesos de revisión de penas la aplicación de la norma más favorable debe hacerse en bloque. Lo que supone la obligación de imponer las consecuencias punitivas que, contempladas en la ley intermedia, no se preveían en la ley aplicada, vigente al tiempo de los hechos -vid. STS 451/2023, de 14 de junio-.

En el caso, la Audiencia, al revisar la condena a la luz de las previsiones de la ley intermedia, rebajó la pena privativa de libertad, pero no incluyó la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, cuya imposición resulta preceptiva a los responsables de cualesquiera de los delitos del Título VIII del Código Penal.

Para el recurrente, la omisión debe ser reparada, interesando su imposición con una duración de quince años (sic), atendida la gravedad de los hechos y la pluralidad de los delitos cometidos.

5. El motivo debe prosperar.

Como bien sostiene el recurrente, la aplicación de la norma más favorable debe hacerse en bloque -vid. STS 711/2023, de 28 de septiembre-. Lo que comporta imponer todas las consecuencias punitivas contempladas en la ley intermedia si, comparando su total peso aflictivo con el resultante de la ley en su día aplicada, se identifica un saldo favorable de menor aflictividad.

6. En el caso, no identificamos razones para cuestionar ese saldo que justificó, ex artículo 2.2 CP, la revisión de las penas, rebajando la privativa de libertad impuesta. Pero ello no empece añadir la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, precisamente, como consecuencia de la aplicación de la ley favorable en bloque.

7. En este sentido, tiene también razón el recurrente de que esta pena cumulativa, desde la reforma operada por la Ley Orgánica 8/21, es de imposición preceptiva a todos los responsables de alguno de los delitos contemplados en el Título VIII con independencia de que el sujeto pasivo del delito sea o no menor de edad. Condición esta que sí se exige para imponer las otras penas contenidas en el inciso primero del artículo 192.3 CP relativas a la privación de la patria potestad e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, curatela, guarda o acogimiento.

La preceptividad debe ponerse en relación con el fin de protección de la norma -salvaguardar la libertad sexual de los menores-. Como se precisa en la STEDH, caso M.B c. Francia, de 17 de diciembre de 2009, que aborda la compatibilidad de los registros de delincuentes sexuales con el derecho a la vida privada y familiar garantizado en el artículo 8 CEDH, " los niños y otras personas vulnerables tienen derecho a la protección del Estado, en forma de una prevención eficaz que los proteja de formas tan graves de injerencia en aspectos esenciales de su vida privada" -§ 54-.

8. Desde esta perspectiva, la inhabilitación especial se fundamenta sobre un juicio de valoración social que considera que quien ha cometido delitos contra la libertad sexual -cualesquiera que sean las víctimas- no reúne la idoneidad ética para desarrollar actividades, profesionales, o no, que comporten el contacto directo y regular con menores de edad -sobre el alcance objetivo y subjetivo de la inhabilitación, véase la fórmula definitoria empleada en el artículo 57 L.O 8/21-.

9. Juicio de inidoneidad que, obviamente, dado el carácter punitivo de la inhabilitación, solo puede proyectarse durante un periodo determinado, correspondiendo al tribunal fijar su concreto alcance de manera respetuosa con el principio de proporcionalidad.

Para ello, la norma previene parámetros de medición diversos, sin aparente prelación entre ellos, que van desde la gravedad y número de delitos cometidos hasta las propias circunstancias que concurren en la persona condenada.

La amplitud de criterios y la no menos amplia franja de duración temporal prevista en el tipo -entre cinco y veinte años superior a la pena privativa de libertad fijada cuando se trate de delitos graves- parece sugerir, a la luz de los fines de protección de la norma, que la duración deberá ser mayor cuando, atendido el comportamiento criminal manifestado y el contexto social y personal de producción, cabe identificar un mayor riesgo de que el responsable pueda desarrollar actividades, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conlleven el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes.

10. En el caso, la pretensión de que se fije la duración de la inhabilitación en quince años (sic), no precisa con claridad si dicho periodo debe sumarse al tiempo de prisión establecido o, por el contrario, debe ser el tiempo total de duración.

En todo caso, y sin perjuicio de la gravedad de los hechos que fundan la condena impuesta, atendido el tiempo transcurrido -ocho años desde que se dictó la sentencia, objeto de revisión- y la no identificación de un contexto en el que el penado desarrolle actividades que impliquen trato repetido, directo y regular con menores, consideramos más ajustado a criterios de proporcionalidad fijar la duración de la inhabilitación en cinco años por encima de la pena privativa revisada - seis años y ocho meses-

CLÁUSULA DE COSTAS

11. De conformidad a lo previsto en el artículo 901 LECrim, las costas se declaran de oficio.