Sentencia Penal 206/2023 Audiencia Provincial Penal de Albacete nº 2, Rec. 46/2021 de 16 de junio del 2023

1.- Los hechos anteriormente narrados y declarados probados constituyen el delito continuado de falsedad en documento oficial, previsto y penado en el art 390.1, punto 2º del Código Penal, que castiga al funcionario público que en el ejercicio de sus funciones "simula un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad".

Y también constituyen otro delito continuado de estafa, penado en el art 248.1 y 249 CP.

Sendos delitos continuados concurren medialmente ( art 77.1 CP).

Realmente, nada de ello se cuestiona.

Respecto al primero de los indicados delitos, las recetas o prescripciones facultativas de la Seguridad Social o de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas son considerados jurisprudencialmente como documentos "oficiales" en cuanto expedidos en ejecución de la función sanitaria de un organismo público como son los integrantes de la Seguridad Social, Beneficiencia o Mutualidad (Sentencia del Tribunal Supremo -en adelante STS- nº 723/2010, entre otras muchas); pero, en cualquier caso y al margen de la naturaleza jurídica de las recetas médicas, no es ello tan relevante cuando, en cualquier caso se realiza la falsedad por "funcionarios públicos" como lo son los facultativos emisores de los mismos pertenecientes o integrados en dichos servicios, que aunque personal "estatutario" o "laboral", desde el punto de vista del orden jurisdiccional penal son "funcionarios" en cuanto llevan a cabo un servicio público o participan en el ejercicio de funciones públicas (tal como indica el art 24.2 CP), sea por nombramiento de la autoridad, nombramiento por ley o por elección, como tal asumido por el Estado o entidades dependientes del mismo como los indicados Servicios de Salud; y si quien emite la receta falsa, o si quien la falsea, no es facultativo médico ni por tanto funcionario sino algún particular, también es una conducta delictiva aunque se trate del delito previsto y penado en el art 392 CP, dado el ya indicado carácter "oficial" de toda receta médica.

Por último, la dispensación de una concreta medicación a quien no lo necesita, por no tenerlo prescrito médicamente, cuando realmente es para otro, no especificado en la receta, no es sino una "simulación" de la misma (falsedad en cuanto prevista como tal en el indicado art 390.1.2º CP), que induce al farmacéutico y luego a la Administración a la dispensación y a la aportación económica defraudada.

Y son recetas "falsas" o "simuladas" en cuanto el acto que prescriben es inexistente, solo una excusa instrumental para obtener un medicamento al que no se tiene derecho; del mismo modo que, por ejemplo, las facturas falsas que se deducen tributariamente dan lugar al delito de defraudación correspondiente, siendo "falsas" en cuanto recogen o documentan operaciones comerciales inexistentes.

En éste último sentido, ya indicábamos en nuestra Sentencia de 13.08.2020 (PA 63/2018) cómo "la actual doctrina jurisprudencial sí que considera "simulación documental" contratos o actos jurídicos unilaterales reales u originalmente documentados pero de contenido inexistente; esto es, "simular" un documento propiciando error en su "autenticidad" no solo abarca alteraciones físicas del documento que refleja un acto jurídico real pero en el que se falsean alguno/s de sus datos, sino que comprende también la confección "ex novo" de un documento que aunque genuino su contenido es inexistente o irreal. Así y por todas, la STS nº 280/2013, de 2.04.2013 , es muy didáctica sobre el particular, según la cual no puede considerarse como auténtico aquel documento que es incierto en su integridad, salvo en la firma, es decir, que ha sido deliberadamente inventado para acreditar una realidad jurídica totalmente inexistente".

Y en el caso, así se acreditan múltiples pacientes, identificados en recetas, a los que se les prescribían medicamentos que no precisaban (por tener patologías que precisaban otras terapias), o a quienes les habían prescrito como facultativo/s alguno de los acusados (como el Sr Erasmo), a quienes no le habían consultado nunca. Los múltiples testimonios de dichos pacientes así lo prueban; y aunque algunos no prestan declaración como testigos por diversos motivos (algunos fallecidos) en cualquier caso constan también los testimonios de los inspectores del SESCAM, que cotejaron las recetas litigiosas con su historial clínico y consultas que habrían realizado al facultativo correspondiente del que cabría derivar la prescripción o receta correspondiente, inspectores que anotando manuscritas sus conclusiones en cada receta, refieren en juicio tras mostrárseles las mismas, que a los pacientes que se expresaban en ellas no les correspondían los medicamentos que se indicaban en ellas (como el inspector Sr Luis Alberto, cuando refiere y concreta -con recetas que identifica- cómo no se justifica la medicación expresada en la receta con la sintomatología que presenta el paciente al que se prescribe, según su historial clínico obrante en el sistema informático); constando también, al testificar dichos pacientes, que no retiraron nunca dicha medicación).

Por otro lado, también constituyen los indicados hechos un delito continuado de estafa, pues mediante el engaño que constituye la falsedad documental ya referida se obtuvo por quien lo llevó a cabo un lucro personal (la obtención de un medicamento al que no se tenía derecho sin compensación económica o con una reducción relevante del mismo) correspondiente a un paralelo perjuicio al SESCAM que finalmente abonaba dicho fármaco dispensado en la correspondiente farmacia.

En definitiva, como ya se dijo, no resulta realmente controvertida la calificación jurídica de los hechos, relacionados con los indicados ilícitos.

En cuanto al delito de pertenencia a grupo criminal, el mismo es reconocido por dos de los acusados, al conformarse con los hechos y calificación de sendas partes acusadoras. Su comisión por el resto de acusados vendrá determinado por su participación de éstos y en qué grado o grado de organización grupal, lo que se estará en función de dicha participación que se examinará seguidamente.

2.- En orden a la participación de los acusados en dichos delitos, como se acaba de indicar, dos de los acusados reconocen su implicación mediante su conformidad emitida personal y directamente al inicio del juicio oral, y además mediante su declaración en juicio, aunque negando la implicación del resto de acusados: son el médico facultativo, Sr Erasmo, y el Sr Dionisio.

Dicha conformidad supone la admisión de su participación en los hechos que les atribuyen sendas partes acusadoras, en particular, la suscripción de las indicadas recetas, a favor de quienes realmente no las necesitaban ni las retiraban ni consumían por serlo a favor de otros, con destino desconocido (su reventa o uso de sus efectos terapéuticos a fines distintos).

Ambos, como se acaba de referir, junto a sus abogados defensores, han emitido conformidad con los hechos, calificación y pena interesada definitivamente, tras su modificación en juicio, por el Ministerio fiscal y Acusación Particular, no excediendo ésta de 6 años de prisión, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede dictar sin más trámite Sentencia según la calificación mutuamente aceptada por las partes, toda vez que los hechos declarados probados están correctamente calificados y es procedente legalmente la pena aceptada, y dicha aceptación es prestada libremente ante el Tribunal y con conocimiento de sus consecuencias por parte de sendos acusados.

3.- No es objeto de enjuiciamiento la participación en los hechos imputados por otro de los acusados, Eloy, enfermero, al encontrarse en situación procesal de rebeldía.

4.- En cuanto a la participación de los acusados contra los que se siguió el juicio, debemos recordar que su derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art 24 de la Constitución) solo puede desvirtuarse mediante una prueba de cargo suficiente referida a todos los elementos esenciales del delito pero también -y es lo que ahora debe destacarse- una prueba también de su implicación personal en el mismo; una prueba constitucionalmente obtenida, es decir, "válida" (que no infrinja sus derechos fundamentales, como sería la posibilidad de defenderse de la misma o poder contradecirla); una prueba legalmente practicada en juicio con todas las garantías en dicha práctica; y una prueba racionalmente valorada. Lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y, de igual modo, la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el "iter discursivo" que conduce desde la prueba al hecho probado ( STS de 23 de septiembre de 2015). Así las cosas, para fundar un pronunciamiento de condena debe practicarse prueba de cargo que acredite, más allá de toda duda razonable, la concurrencia de los elementos típicos de cada delito así como la autoría por los acusados de los hechos objeto de acusación.

En caso contrario, y en aras al derecho de presunción de inocencia, el pronunciamiento deberá ser absolutorio.

Ciertamente, entre la indicada prueba incriminatoria apta para desvirtuar toda presunción de inocencia de cualquier acusado se encuentra la, denominada, prueba "indiciaria" o "indirecta" (determinados hechos, datos o indicios de los que derivar la comisión de un hecho o de la participación de alguien en él). Pero el empleo de la prueba indiciaria requiere unas condiciones específicas para que pueda ser considerada "prueba", sobre todo "incriminatoria", pues es preciso que:

a) El indicio esté acreditado por prueba directa (se evitan así los riesgos inherentes que resultarían de admitirse una concatenación de indicios, con la suma de deducciones resultante que aumentaría los riesgos en la valoración);

b) Los indicios deben ser sometidos a una constante verificación que debe afectar tanto al acreditamiento del mismo como a su pretendida fuerza incriminatoria (o capacidad deductiva); pues ha de evitarse evitar riesgos de que el mero azar genere una conclusión errónea; por lo que ha de motivarse la necesaria concordancia de deducciones, la independencia en la acreditación de indicios, la racionalidad de la deducción etc;

c) Los indicios deben ser plurales e independientes (ha de evitarse como suficiente prueba de cargo un solo hecho o indicio, aunque acreditado por distintas fuentes); la exigencia de la pluralidad de indicios permite asegurar su fuerza suasoria, pues un único indicio, por fuerte que sea, no excluye la posibilidad del azar.

d) Los indicios deben ser concordantes entre sí, de manera que converjan en la conclusión;

e) La conclusión debe ser inmediata, sin que sea admisible que el hecho consecuencia pueda llegar a través de varias deducciones o cadena de silogismos;

f) La prueba indiciaria exige, como conclusión de la anterior, una motivación que explique racionalmente el proceso deductivo por el que de unos hechos -indicios- se deducen otros hechos- consecuencias.

Tiene dicho el Tribunal Supremo que entre los indicios, que han de resultar probados, y el hecho que se trata de probar ha de existir una armonía o concomitancia que descarte toda irracionalidad o gratuidad en la génesis de la convicción. Y que se puede decir que tal conexión lógica existe, con la seguridad exigible para las pruebas de cargo en el ámbito penal cuando, dados los hechos directamente probados, ha de entenderse que realmente se ha producido el hecho necesitado de justificación, porque no hay ninguna posibilidad alternativa que pudiera reputarse razonable, compatible con esos indicios. Ciertamente -como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 15.07.1996- no todo indicio debe constituir una prueba acabada y concluyente de la autoría del acusado, pero al menos debe ser suficientemente concreto como para que la autoría sea indudablemente una de las posibilidades que indica; precisamente es la acumulación de indicios en un mismo sentido lo que permite, ante la repetición coincidente de una misma posibilidad, compensar la falta de contundencia probatoria de cada indicio individualmente considerado.

5.- Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, la prueba, aún indiciaria, que podría implicar a la facultativa, Dra Inés, en la confección de las recetas falsificadas (y consiguiente defraudación al Servicio de Salud manchego, SESCAM) sería:

A) su firma en dichos documentos, firma que reconoció en gran parte ya en sus primeras declaraciones policiales e Inspección Sanitaria. Firma que se constata como suya con el Informe pericial caligráfico, de 20.03.2019, ratificado en juicio oral.

Sin embargo, dicha prueba no resulta suficientemente convincente de su participación dolosa en los delitos cuando resulta acreditado que en la confección de las recetas en que aparece su firma intervenían terceras personas, como eran los enfermeros o algunos de ellos, bien firmando en blanco la receta la facultativa para después rellenar dicho tercero de su puño y letra el resto de datos (recetas manuscritas), bien al revés: rellenando casi todos los datos requeridos por el documento-formulario el enfermero o administrativo (identificación del paciente beneficiario, medicación prescrita, fechas, números de afiliación, dosis) para después pasarlas a la firma de la facultativa (en el caso de recetas "informatizadas").

Se acredita dicha intervención "extraña" (a la facultativo firmante) mediante toda la prueba dirigida a la probanza de dicho extremo: el testimonio del enfermero Bienvenido, que hacía guardias en Riopar, compañero habitual de la Dra Inés, cuando indica que él "hacia las prescripciones (recetas) informatizadas, y después las pasaba al médico para su firma"... que "tenía acceso a cualquier paciente" una vez operando en el programa informático; declaración persistente sobre el particular: ya en el Acta de Inspección del SESCAM (de 30.06.2015), y en igual sentido, reconoce que él tenía acceso al sistema "Turriano" (programa informático para acceder al historial clínico de todos los pacientes de la Comunidad Autónoma), que trabajaba en sesión ya abierta por profesional del Centro de Salud, desde las 7 horas a las 11 horas, aportando incluso cuadro de planificación del Servicio de Enfermería, donde consta "oficialmente" dicha función y horario, lo que evidencia la habitualidad de dicho modo de trabajar o proceder (acontecimiento digital 279, último documento): confección de recetas por quienes no eran los facultativos que firmaban. Y en igual sentido, lo refieren no ya acusados como el Sr Felicisimo (que por ser interesado cabe descartar su credibilidad) sino Horacio, enfermero ("las recetas se solían confeccionar por el enfermero y firmaba el médico"), o Cesareo, administrativo desde 2012 a 2015 ("los enfermeros solían hacer las recetas").

Ante dicho modo habitual de trabajar o confeccionar recetas, como las ahora litigiosas, la constatación de la firma original y auténtica de la Dra Inés no se aprecia como elemento que por sí acredite que recetara consciente y voluntariamente medicación a paciente que no la necesitaba (no la tenía prescrita, no constaba en su historia clínica o no era propia de su dolencia) para su retirada por ella o por tercero defraudando así al SESCAM: cualquier tercero interviniente (enfermero que llevara a cabo la confección de la mayoría de datos exigidos en el modelo prescriptivo) podía haber redactado la medicación que deseara, a nombre de cualquier paciente de la Comunidad Autónoma al que accedía con todos sus datos mediante el sistema "Turriano" que también tenía a su disposición a tal fin, para después, una vez firmada "en blanco" o "en barbecho" (sin control) por el facultativo, dado el volumen de trabajo, retirarla o adquirirla en cualquier farmacia, fuera dicho interviniente, fuera cualquier tercero a quien le entregara la receta, pues consta y resulta incontrovertido que podía retirarla cualquier persona, no necesariamente el beneficiario expresado en la receta (con la salvedad de algunos fármacos que también podía retirarlo cualquiera aunque hubiera de identificarse y expresarse en el documento prescriptivo).

B) Aunque también podría considerarse en principio dato o indicio incriminatorio contra la referida facultativo, firmante de las recetas, el hecho de que las denominadas "informatizadas" exigía el acceso al sistema o programa informático de prescripciones "Turriano" mediante nombre de usuario y contraseña personal de cada facultativo, de modo que solo cabría pensar que cada facultativo prescriptor podía confeccionar la receta, ello resulta desvirtuado también con lo ya dicho: la Dra Inés refiere que sus claves eran conocidas por muchos compañeros del Centro de Salud (enfermeros, etc), pero aun prescindiendo de dicha afirmación, reconocen los anteriores testigos y lo confirma claramente el documento de "planificación de enfermería" del SESCAM aportado por el Sr Bienvenido en el Acta de Inspección de 30.06.2015, cómo aun desconociendo los terceros "extraños" dichas claves informáticas, se abría sesión por el facultativo en el indicado sistema "Turriano", y el "extraño" trabajaba y confeccionaba recetas en sesión abierta, en horario de 7 h a 11 horas. Luego el acceso en principio restringido al sistema informático de confección de recetas (informáticas) tampoco apunta que fuera necesariamente la facultativa, Dra Inés, quien directa o indirectamente confeccionara las recetas falseadas con conocimiento y voluntad de dicha alteración para, con igual conocimiento y voluntad, luego retirar por sí o tercero de la correspondiente farmacia el medicamento correspondiente.

C) Igualmente, el cuño o sello con el nombre del facultativo apuntaría a la participación de dicha acusada (al igual que su firma), pero no es tampoco revelador de su participación dada la facilidad de su confección por cualquiera, en cualquier establecimiento de éste tipo de industria.

D) El hecho de que varios pacientes expresados en las recetas falsas estén domiciliados en la zona geográfica de Riopar, donde realizaba sus funciones la Dra Inés, no es tampoco revelador de su participación en la actividad delictiva, si el o los responsables o falsificador/es, también parece/n pertenecer al mismo Centro de Trabajo (enfermero o auxiliar de dicha doctora, como pudiera ser el coacusado en rebeldía), o aún perteneciente a otro ámbito geográfico pudiera haberse buscado pacientes del lugar para eludir la propia implicación o hacer coherente la participación de la firmante con su propio cupo de pacientes. El acceso al sistema Turriano permitía acceder a cualquier paciente de Albacete y de la Comunidad Autónoma.

En cualquier caso, se desconoce el porcentaje de pacientes expresados falsamente en las recetas pertenecientes al ámbito geográfico de Riópar (como para de dicha ubicación derivar un claro indicio incriminatorio a quien operara en el mismo ámbito geográfico) cuando testifican también pacientes de la propia ciudad de Albacete, e incluso se indica también (en los Informes de Inspección por ejemplo) pacientes incluso de otras provincias distintas a Albacete.

E) Los Informes de Inspección de julio de 2015 y enero de 2015, base de la acusación, señalan a dicha facultativo, y no a otros del mismo Centro de Salud, o -dicho de otro modo- cabría derivar que según dichos Informes el falsificador no confeccionaba recetas a nombre de otros facultativos distintos a la Dra Inés (lo que indicaría que era ésta la autora); sin embargo no es así: en descargo de dicha acusada hay otros facultativos acusados (que como expresa el Informe de julio de 2015 no trabajaban solo en los Centros que se expresan en el Escrito de Acusación, sino "en las distintas gerencias de Albacete", en el caso del Sr Felicisimo, pág 14-15, ó en "distintas Gerencias" en el caso del Sr Fausto, luego ambos también cabe derivar que trabajaran en la zona de Riópar aún con menor frecuencia durante los tres años litigiosos); y por otro lado, se ignora si pudo falsearse recetas a nombre de más facultativos de dicho área geográfica, pues no han sido investigados: dichos Informes constatan la investigación sobre dicha acusada (consecuencia del hallazgo de recetas en el vehículo siniestrado, como ya se dijo) pero no consta que investigaran a otros facultativos del mismo Centro, o las recetas emitidas por ellos.

En descargo de la participación de dicha acusada:

A) además de la participación habitual o suficientemente habitual (en los años en que ocurren los hechos) de "extraños" en la confección de recetas y las dificultades de su control por parte del facultativo firmante (de la medicación, dosis o paciente eran correctos), se debe mencionar,

B) el hecho de que no solo dicha facultativo trabajaba como médico de guardia, en que cabría concluir que las recetas las emitía directamente, sino que también pasaba consulta (testimonio de Cesareo) con dichos "extraños" como adjuntos o auxiliares. En cualquier caso, constan los testimonios de los enfermeros y administrativo ya referidos anteriormente que reconocen, en cualquier caso, su participación en la confección de recetas luego suscritas por la Dra Inés.

C) También en descargo de dicha acusada cabe advertir que las grafías de los datos rellenados a mano en las recetas no se corresponden con la de dicha facultativo. Lo que a su vez es prueba de que no participaba la indicada acusada en la confección de las recetas falseadas.

D) Por otro lado, resulta suficientemente acreditado, mediante el testimonio de los agentes de Guardia Civil que intervinieron, el accidente de un co-acusado -en situación de rebeldía procesal (enfermero, compañero de trabajo de la Dra Inés en el Centro de Salud de Riópar)- portando recetas con el cuño de dicha facultativo e incluso firmadas algunas por ella (refiere el agente NUM021), tenencia por un tercero de documentos falsos o preparados en lo esencial (la firma o cuño del facultativo emisor) para su falsificación, iguales a los imputados a dicha médico, lo que abunda en la intervención de terceros, ajenos a dicha acusada, en la comisión de los hechos. Desde luego, nada excluye que dicha acusada, aunque no autora exclusiva, fuera copartícipe, pero revela la participación de aquél, enfermero, y nada evidencia que lo conociera o participara dicha acusada.

Máxime cuando fue ésta quien denunció los hechos, tanto a la Guardia Civil como poco después en la Inspección Sanitaria del SESCAM, dato o prueba que no indica o apunta a su participación en el delito. Ciertamente también las denuncias podían tratar desviar sospechas sobre ella; pero ésta posibilidad no es más probable que la anterior.

Es verdad que la presencia de la indicada acusada en el taller donde se depositó el vehículo donde se portaban las recetas resulta sospechosa (alega la Dra Inés que previamente había tenido un siniestro viario con el enfermero y con su vehículo, y buscaba su documentación...), pero no hasta el punto de derivar de dicha presencia algo más sólido que una mera sospecha o conjetura. A la postre, las recetas que portaba el vehículo se mantuvieron en el mismo, no las retiró, e incluso -como se dijo- lo denunció.

Por tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, no cabe derivar que la firma de la facultativa sea elemento incriminatorio suficiente para su condena, cuando el resto de datos han sido plasmados por terceros (distinta letra), que pueden haber sido los responsables de la falsedad con igual lógica o probabilidad que la que pretende implicar a la acusada. Ante dos alternativas igualmente lógicas para derivar la participación de esta u otros, no cabe optar por la más perjudicial para la acusada ("in dubio pro reo").

Durante la instrucción se solicitó diligencia de entrada y registro en el domicilio de la referida acusada que fué denegada por falta de indicios de su participación en los delitos.

6.- En cuanto al resto de acusados, el Sr Felicisimo negó también su participación de los hechos imputados.

A diferencia de la Dra Inés, que reconoció cómo la mayor parte de sus funciones las llevó a cabo en Riópar, el Sr Felicisimo refiere que "trabajó en casi toda la provincia... igual que Fausto" (su marido), que "trabajaba en cualquier lado", en los años objeto de enjuiciamiento "trabajó en Tarazona y varios sitios más... incluso en Riópar"; y así se confirma por ejemplo con el testimonio del enfermero Bienvenido (perteneciente al Centro de Salud de dicha localidad, en que trabajó la Dra Inés) quien conoce al Sr Felicisimo por ser compañero de trabajo. Como ya se dijo anteriormente, la alegación de las Acusaciones de que solo desempeñó sus funciones en Hellín, Ontur y Elche de la Sierra no resulta acreditada. Aunque lo exprese alguno de los atestados policiales (parece que por así referirlo los Informes de Inspección que iniciaron su labor policial), éstos sin embargo son contradictorios: el Informe de Inspección de Enero de 2016 le ubica en estas tres poblaciones, pero el Informe de Inspección de Julio de 2015 expresa que desempeñaba sus funciones "en distintas Gerencias de Albacete". Igualmente respecto al coacusado Fausto. No hay prueba de las Acusaciones sobre los Centros donde trabajaban dichos acusados en los años litigiosos (se echa de menos un certificado de Recursos Humanos -o quien haga sus veces- del SESCAM), de la que inferir algún indicio incriminatorio a partir de dicha ubicación laboral, en relación con la de los pacientes que se expresen en las recetas que se les atribuye o cualquier otro extremo.

En tanto en cuanto aquél también realizó sus funciones en Riópar, con igual cometido que la Dra Inés (si no se prueba otra cosa) cabe concluir con iguales conclusiones a las ya expresadas respecto a dicha facultativo (respecto a la intervención de terceros en la redacción de los documentos falsos), con el añadido más en su descargo de que, negando su participación en las recetas que se le atribuyen como firmante, nada prueba que la firma sea la suya, firma que niega o no reconoce (legal y procesalmente es lo mismo no reconocerla que negarla), quejándose de que nunca le enseñaron las recetas originales que se le atribuyen, habiendo solicitado informe pericial caligráfico para comprobar su autoría, Informe pericial que no se llevó a cabo al no aportar el SESCAM receta original ninguna sino tan solo imágenes digitalizadas (además de mala calidad en gran parte), sobre el que no pudo llegarse a conclusión pericial ninguna, como no fuera que el perito "no apreciaba analogías suficientes... y no era posible atribuir autorías de las firmas ni de los textos" a dicho acusado.

De éste modo cualquier "extraño" partícipe en la confección de las recetas pudo ser el responsable de la actividad delictiva enjuiciada. En el caso, incluso dicho "extraño" pudo ser el firmante (haciéndolo a nombre de dicho acusado) si nada acredita que la firma sea original de éste. Así lo vienen a reconocer las propias partes acusadoras, si acusan a uno de dichos extraños, como el enfermero Eloy, como responsable o corresponsable de las falsificaciones. En dicha situación sería necesaria prueba alguna que demostrara la relación o participación en común de éste y cualquier de los ahora acusados, prueba que no existe (el mero hecho de conocerse entre sí no lo es).

Pero -volviendo al hecho de que no constan las recetas originales atribuidas al acusado Sr Felicisimo, ni éste ha podido defenderse de dicha atribución por carecer el SESCAM y las partes acusadoras de las recetas originales-: las copias (o imágenes digitalizadas) no pueden constituir prueba de cargo de la participación del acusado. Ello en tanto en cuanto no existen los originales, imposibilitando contrastar (pericial, caligráficamente) -ni defenderse de- la autoría en las firmas imputadas. Dicha imposibilidad excluye la eficacia probatoria de los pretendidos "documentos" que, por ello, no son tales.

Aunque las indicadas copias sí pueden ser pruebas válidas o suficientes sobre extremos objetivos como su falsedad (si su contenido exterior como menciones de paciente, medicamento, dosis, farmacia expendedora... ya que no hay motivo para dudar que se correspondían con su original y de que dicho contenido y destino era todo simulado) sin embargo no son pruebas válidas sobre su autoría (aunque conste una identificación concreta de su firmante) si no se ha podido examinar, contrastar o indagar sobre dicha firma por quien tiene derecho a defenderse de dicha imputación que se quiere derivar de la mera suscripción o plasmación de la misma. De ahí incluso su obligada presencia en juicio, como piezas de convicción ( art 688 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), presencia que no ha tenido lugar.

Sobre éste último particular, debemos hacer un pequeño paréntesis explicativo para incidir en la indicada ineficacia probatoria:

Y es que la vigencia efectiva del "principio de contradicción" como garantía de validez de toda prueba tiene directa relación con el derecho a un proceso equitativo ( art 24 de la Constitución). El debate contradictorio sobre las pruebas permite a las partes intervenir activamente en su práctica y en lo que se refiere concretamente a la defensa le facilita la oportunidad de actuar poniendo de relieve los aspectos que a su juicio anulan, alteran o debilitan su valor probatorio, lo que contribuye a su valoración por parte del Tribunal. Es decir, cuando se trata de pruebas de ésta naturaleza, tal principio -pero también derecho, expresamente previsto en el art 6.3d del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Públicas y derivado del art 24 de la Constitución como manifestación más del derecho a un proceso con todas las garantías en relación con el derecho de defensa- se manifiesta en el derecho a interrogar o hacer interrogar a quienes declaran en contra del acusado o, en el caso de documentos y "piezas de convicción", el derecho a examinar por sí o por perito el indicado documento incriminatorio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido en su Sentencia de 14.12.1999, Caso A.M. contra Italia, entre otras, que los medios de prueba deben ser presentados, en principio, ante el acusado en audiencia pública, para su debate contradictorio, y que, aunque tal principio tiene excepciones, "sólo podrían ser aceptadas con la salvaguarda de los derechos de la defensa; por regla general, los apartados 1 y 3 d) del artículo 6 obligan a conceder al acusado una ocasión adecuada y suficiente para rebatir el testimonio presentado en su contra y hacer interrogar a su autor, en el momento de la declaración o más tarde (Sentencias Van Mechelen y otro, y Lüdi contra Suiza de 15.06.1992). En concreto, los derechos de la defensa están limitados por las garantías del art 6 cuando una condena se basa, únicamente o en una manera determinante, en las declaraciones de un testigo (o en el contenido de un documento, cabe añadir, por lo que ahora interesa) que ni en la fase de la instrucción ni durante los debates el acusado ha tenido la posibilidad de interrogar o de hacer interrogar", o en caso de documentos, cotejar o contrastar pericialmente (ver las Sentencias Van Mechelen y otros; Saídi contra Francia de 20.09.1993; Unterpertinger contra Austria de 24.11.1986). Y la St TEDH de 27.02.2001 refiere que "los derechos de defensa se restringen de forma incompatible con las garantías del art 6 cuando una condena se funda exclusivamente o de forma determinante en declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el plenario".

Y la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, secc 1ª, de 5.12.2002, Caso Craxi contra Italia (TEDH 2002\71) indica (respecto a la validez de un testimonio anterior a juicio que luego durante éste no contestan a la Defensa, lo que es trasladable a la copia del documento, utilizado antes de juicio para acusar, y durante la instrucción ni en el plenario puede la Defensa examinarlo) que " esta circunstancia no podría privar al acusado del derecho, que le reconoce el artículo 6.3 d), a examinar o hacer examinar de forma contradictoria todo elemento de prueba sustancial en su contra (ver, «mutatis mutandis», Sentencia Lucà contra Italia , ya citada, ap. 42).

El Tribunal Constitucional mantiene una doctrina similar a la del TEDH, atribuyendo al "principio de contradicción" el carácter de regla esencial del desarrollo del proceso ( STC 155/2002, de 22.07.2002), reconociendo la necesaria vigencia del derecho del acusado a su efectividad. En este sentido ha señalado que conforme a las exigencias dimanantes del art 24.2 de la Constitución, interpretado conforme al art 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación (entiéndase también, a examinar la prueba pretendidamente incriminatoria o la firma que se le atribuye), como manifestación del principio de contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir un testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso ( SSTEDH de 24.11.1986, caso Unterpertingerc. Austria, § 31; de 20.11.1989, caso Kostovskyc. Holanda, § 41; de 27.09.1990, caso Windischc. Austria, § 26; de 19.02.1991, caso Isgroc. Italia, § 34; de 20.09.1993, caso Saïdi c. Francia, § 43; y la más reciente, de 27.02.2001, caso Lucac. Italia, § 40).

Así lo pone de relieve el Tribunal Supremo, por ejemplo en su Sentencia nº 367/2014 de 13.05, RJ 2014\2900: "la doctrina del TEDHE es clara. Cuando la ausencia de posibilidad alguna de contradicción de los testimonios clave no es imputable al acusado, lo relevante es que se ha producido una condena sin contradicción, lo que supone una violación del Convenio. En consecuencia, en estos supuestos las declaraciones no sometidas a contradicción no constituyen prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia". O en la Sentencia nº 460/2015 de 29 junio (RJ 2016\4705).

El hecho invocado de que las recetas pretendidamente incriminatorias no se mantengan al haber transcurrido el plazo reglamentario de su custodia (aun no cuestionándose que sea éste el motivo de no disponerse de tan fundamental prueba incriminatoria) no debe relativizar o dejar sin efecto otro derecho fundamental como es el derecho de defensa y a un proceso justo (éste de naturaleza constitucional, incluso fundamental), sobre todo cuando son no uno, sino dos, lo derechos fundamentales afectados por aquélla excusa. La presunción de inocencia no debe relajarse ni "atenuarse" ni siquiera por el ejercicio de otro derecho fundamental, menos aún cuando el tiempo de custodia de las recetas no constituye ningún derecho sino un mero deber o potestad formal. Y no debe ser relevante el hecho de que la falta de contradicción de la prueba y la consiguiente indefensión sea o no reprochable a la Administración sanitaria reclamante.

Respecto al hallazgo de medicamentos en el domicilio del Sr Felicisimo y de su cónyuge también acusado, Sr Fausto, nos referiremos a su eventual trascendencia incriminatoria más adelante.

7.- Por último, el acusado Sr Fausto también niega toda participación en la confección de las recetas falsas y ulterior obtención de medicamentos con ellas.

Le es aplicable lo ya dicho respecto a la Dra Inés; y también lo indicado respecto a su marido, Sr Felicisimo, en cuanto a la indisponibilidad de las recetas pretendidamente suscritas por él pero cuya firma no ha podido examinar ni someterla a examen caligráfico, de lo que también se queja.

Ciertamente, a diferencia de ellos, no consta que realizara sus labores en la zona de Riópar, donde parece que se confeccionaban recetas por "extraños" no facultativos que estos suscribían, alguno incluso acusado por sendas partes acusadoras, como Eloy. Sin embargo ello no hace desaparecer la ausencia de prueba de la intervención de dicho acusado en las recetas, si lo único que le compromete es la expresión de su nombre en las mismas acompañado de lo que aparenta ser su firma, que sin embargo no confirma que lo sea ni ha podido someter a contradicción pericial caligráfica (impidiéndole su defensa), como ya se dijo.

Cualquiera que conociera los datos de dicho co-acusado pudo hacerlo, incluso su amigo y conocido, Sr Erasmo, que realmente así lo reconoció al conformarse con la actividad delictiva, persona que dada la indicada relación personal con el resto de acusados, y por tanto conocedor de sus nombres, número de colegiado y forma de firmar, pudo llevar a cabo la actividad delictiva implicando o expresando los nombres de ellos para diluir o hacer menos evidente si lo hacía solo a su propio nombre. Ello es tan posible o probable, o tan poco probable o posible como cualquier otra opción o alternativa que comprometa personalmente al Sr Fausto, por la que no puede optarse en su perjuicio o ante la duda.

Debe destacarse que las recetas atribuidas a dicho acusado (al igual que al Sr Felicisimo) son "manuales", ninguna informatizada, que no exigen acceso al sistema "Turriano" para su confección.

8.- En cuanto al hallazgo de medicamentos en la diligencia de entrada y registro domiciliario de los dos últimos acusados, tampoco cabe derivar indicios incriminatorios: no hay prueba clara de los medicamentos encontrados, su número y su eventual relación con los litigiosos o expresados en las recetas que se denuncian en los Escritos de Acusación: el Acta judicial de entrada y registro no se solicitó como prueba (documental) ni por tanto pudo ser admitida.

Es cierto que sí se solicitó como tal el acontecimiento nº 24, pero dicho documento solo refiere el hallazgo de dos medicamentos (aturvastatina y stada 600, que no son de los recetados, 10 envases en total) que nada indica que fueran derivados de la falsificación de recetas ni de defraudación al Servicio de Salud, que el Sr Fausto refiere precisarlos él, y que el informe del SESCAM (ac 88) refiere que "muchos" se tratan de fármacos de botiquín en Centros de Atención Primaria y de Farmacias hospitalarias (por tanto, sin relación con la actividad delictiva por la que se acusa), o adquiridos en internet o de países extranjeros (tampoco relacionados con falseamiento de recetas ni estafa al SESCAM), e incluso fármacos veterinarios (tampoco relacionados con la actividad delictiva enjuiciada) y que aunque otros sí podrían estar relacionados, si son retirados mediante recetas médicas oficiales (si carecen de cupón), se ignora si se retiraron fraudulentamente, o se corresponde con alguna de las recetas litigiosas.

Y por otro lado, al margen de los medicamentos, no consta que entre las recetas encontradas ("9, según el SESCAM", refiere la Inspectora de Policía 306) hubiera alguna como las que son objeto de acusación: todo indica que eran recetas en blanco, nada impropio que se encuentren en poder de cualquier facultativo, y si algunas tenían algún apartado "relleno" (como el sello) no cabe derivar nada extraño, por ser habitual dicha "preparación" para su uso en consultas o intervenciones urgentes de cualquier facultativo.

Los agentes de Policía NUM022 y NUM023 no aclararon número de medicamentos encontrados en dicha diligencia, ni cuáles eran.

Aunque preguntas sobre dicha diligencia al acusado Sr Felicisimo resultaron polémicas, finalmente el indicado acusado se negó a contestar a las mismas (como le ampara el art 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24 de la Constitución), admitiéndose las relativas a dicha diligencia al Sr Fausto y demás testigos.

9.- En distintos momentos durante el juicio e interrogatorios, se hizo referencia al "borrado" de la consulta, apertura de historia clínica y prescripción llevada a cabo al paciente correspondiente en la aplicación administrativa, como pretendido elemento revelador o indiciario, incriminador, contra los facultativos acusados.

Sin embargo no se explica el porqué.

Ha de entenderse que en las recetas "informatizadas" así realizadas, una vez emitida la prescripción falseada, ésta (o la "huella" o "marca" de haberse llevado a cabo) se "borraba", pero cabe derivar sin mayores dificultades que dicho borrado lo llevaba a cabo el falsificador a renglón seguido o inmediatamente, para ocultar su rastro. No hay porqué pensar que el borrado comprometa especialmente o precisamente a cualquiera de los acusados (de modo que solamente ellos pudieran realizar dicho borrado).

10.- Desde otra perspectiva, no cabe hacer una presunción de global participación de todos los acusados, indiscriminada, por el hecho de que "solo" sus nombres y firmas son las que aparecen en las recetas falsas. Al margen (como ya se dijo) que no se ha investigado recetas a nombre de otros facultativos que pudieran estar igualmente falseadas, en todo caso cualquiera de los acusados, de entre ellos, pudo hipotéticamente realizar la actividad delictiva (al margen de la inexistencia de prueba incriminatoria suficiente, como ya se ha explicado) comprometiendo al resto, sin que éstos fueran conscientes de ello. El conocimiento mutuo e incluso amistad entre ellos permitía a cualquiera utilizar su nombre y firma de la que sería conocedor, dada dicha relación.

Cabría plantearse también que es sumamente sospechoso o quizá indicio incriminatorio el hecho de que varios pacientes sean beneficiarios de recetas suscritas a nombre de varios médicos, lo que podría considerarse evidenciador de que éstos estaban "compinchados". Sin embargo ello es igualmente evidenciador de otra alternativa igualmente probable (menos incriminatoria y por ello jurídico penalmente más relevante, conforme al principio "in dubio pro reo"): que el sujeto falsificador fuera el mismo, que operaba a nombre de varios facultativos, y conocedor de los datos de los mismos pacientes o habituado ya a utilizar los mismos.

El hecho de que fueran amigos o cónyuges entre sí (es el caso de cuatro de los acusados) no es prueba ni indicio suficiente de la participación delictiva de unos en los delitos de otro/s. Ni siquiera aunque alguno/s conocieran la actividad falsaria o defraudatoria de otro los convierte, por dicho exclusivo conocimiento, en falsificadores o estafadores.

El hecho de que varios pacientes pertenezcan al mismo área geográfica (se ignora la proporción -como ya se indicó-, de lo que es temerario derivar ningún indicio) también es un legítimo dato para sospechar, pero tampoco es prueba, ni indiciaria, cuando el verdadero responsable/s pudo ser un "extraño" no facultativo de dicho área, o un "facultativo" (cualquiera de los acusados, pero no necesariamente todos) de dicho área (puede que solamente el facultativo que reconoció los hechos, Sr Erasmo, excluyendo a los demás) que buscó en "Turriano" a pacientes en dicho área para eludir su autoría; puede que el enfermero en rebeldía, también de dicho área; puede que cualquiera de los dos facultativos acusados que trabajaron en dicho área).

También puede que la Inspección, que inició su actividad inquisitiva con ocasión de la denuncia de la Dra Inés, buscara precisamente entre pacientes de su zona, ignorándose si la actividad delictiva estaba igual o proporcionadamente distribuida en otras distintas zonas geográficas, pues no consta a cuántos pacientes de otras áreas se les prescribió la medicación más frecuentemente recetada en las recetas litigiosas.

11.- Finalmente, debemos hacer una referencia a los casos de "auto-prescripciones" por los que parece también acusar el Ministerio fiscal (y Acusación Particular, por remisión al mismo).

Ciertamente del Escrito de Acusación del Ministerio fiscal y de los hechos atribuidos a los acusados en sus conclusiones definitivas, se describen prescripciones del Sr Erasmo al resto de facultativos acusados (párrafo 4º, segunda parte). Dicho modo de proceder es reconocido por el indicado acusado, como defraudatorio, y por él es también condenado.

Sin embargo, la prescripción de cualquiera del resto de acusados o cualquiera de los demás no resulta probado que fueran recetas "falsas" o que no tuvieran por finalidad su uso terapéutico por el paciente-acusado destinatario, incluso aunque tuviera un fin medicinal normalmente destinado a un tipo de dolencias no cabe excluir que sus efectos, aún secundarios, puedan resultar compatibles con la correspondiente necesidad al indicado beneficiario; esto es, no se acredita cumplidamente su falsedad ni finalidad defraudatoria al SESCAM.

Pero, en cualquier caso -y es lo más relevante- es que en los Escritos de Acusación no se atribuye al resto de acusados conductas ningunas de "auto prescripción", por lo que no son o no han podido ser objeto del juicio ni de su prueba como para así considerarse también examinables en Sentencia ni ser tenidas por probadas. En otras palabras: no cabe "derivar" ni "suponer" estos hechos, no expresamente descritos en el acta de acusación, que como exige el art 650 LECr debe ser "preciso".

Como indica la STS nº 338/2020, de 19.06.2020, "El sistema acusatorio que informa el proceso penal exige, pues, que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar y proponer prueba, así como de participar en su práctica y en los debates, conociendo con antelación suficiente aquello de lo que se le acusa, de modo que la sentencia no resulte sorpresiva si condena. La STS 669/2001, de 18 abril , es suficientemente expresiva de que una reiterada jurisprudencia de esta Sala (SSTS 15/3/97 y 12/4/99 , entre otras), declara que lo verdaderamente importante para no vulnerar el principio acusatorio es que el relato fáctico de la acusación sea respetado en las líneas esenciales. No hace falta que el relato resulte exhaustivo o que recoja todos sus detalles, pues muchos de ellos pueden resultar irrelevantes a efectos de enjuiciamiento, pero sí que cuente con los extremos que le dotan de una singularidad en todos aquellos aspectos que presentan una transcendencia jurídica, por lo que deberá incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación, así como los que conforman las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado (relato completo), permitiendo además conocer con precisión cuáles son las acciones o expresiones que se consideran delictivas y que son atribuidas al acusado (relato específico)".

Como tampoco cabe suponer o derivar la prescripción de recetas no expresadas en los hechos por los que acusa el Ministerio fiscal (y Acusación Particular), motivo por el que no fueron admitidas preguntas sobre las mismas. Ciertamente el Escrito de Acusación refería que las prescripciones o recetas que se expresaban en los hechos contenidos en el mismo eran "a título de ejemplo", y de ello no hay inconveniente en derivar que era una conducta repetida y jurídico penalmente un delito "continuado", pero ello no significa que hechos no descritos como imputados puedan suponerse e intentar probarse en juicio sin previa atribución expresa y precisa previa en el correspondiente Escrito de Acusación, lo que genera indefensión a los acusados que lógicamente no han esperado la atribución de hechos o conductas (como recetas no especificadas) como para eludir su carácter falsario, pues no se cuestiona que los facultativos acusados emitirían también recetas legítimas o auténticas, distintas a las sí expresadas o imputadas expresamente como falsas, entre las que pueden encontrarse por las que se pregunta sorpresivamente en juicio (aunque se hubieran examinado o tratado durante la instrucción, en cualquier caso si no se atribuyen finalmente en el Escrito de Acusación no cabe reprochar a las Defensas su descarte o no prepararse defensivamente de ellas).

La continuidad delictiva se derivará, así, de las conductas concretadas, que serán las únicas objeto de prueba y examen en la Sentencia, pero no de las no expresadas o precisadas.

12.- En cuanto a los farmacéuticos acusados, Sr Elias y Sra Guadalupe, tampoco hay prueba suficiente que acredite su participación en las falsedades documentales y en la estafa al SESCAM.

Se les atribuye la cesión de datos personales de los pacientes que se hacían constar en las recetas falsas, sin embargo no ha resultado más que una mera conjetura: ninguna prueba se ha practicado que evidencie dicha cesión. Máxime cuando consta cómo dichos datos personales eran accesibles al o a los prescriptores o falsifiador/es por el mero acceso al sistema informático Turriano, por lo que el emisor o falsificador no precisaban cesión de datos por los farmacéuticos.

También se les reprocha cooperación con el/los autor/es de las falsificaciones al no denegar el despacho de las recetas falsas y, paralela o sucesivamente, girar éstas a la Administración para la aportación económica de su coste, total o en gran parte.

Sin embargo tampoco hay prueba de que se percataran de las falsedades ni que giraran al SESCAM su aportación siendo conocedores de la falsedad de las recetas. Sobre todo teniendo en cuenta que, para responder como co-autores de los delitos de falsedad y estafa, deben haber actuado dolosa o intencionalmente, no bastando con ningún reproche de actuación negligente (por la que no se acusa ni cabe responder penalmente, conforme al art 12 CP que es por lo parece reprochárseles en éste sentido). Y no cabe inferir que se hubieran de haber percatado de la presentación de recetas falsas en sus oficinas de farmacia: en primer lugar porque nada indica que fueran ellos personalmente quienes las despacharan y no advirtieran la falsedad documental, en vez de sus dependientes (tal como éstos declararon en juicio); en segundo lugar, al hacer el arqueo de los medicamentos suministrados, no consta que lo hicieran personalmente (la Sra. Guadalupe reitera que lo hacia su esposo, también farmacéutico); pero aun así, las recetas litigiosas no delataban falsedad ninguna al cumplir con todos los requisitos formales (nombre del facultativo, su identificación y firma, datos del paciente, medicamento y dosimetría); y el número de recetas falsas en 3 años suministradas en cada farmacia no se considera advertible o que dicha frecuencia fuera como para sospechar irregularidad o que llamara la atención en un arqueo diario:

Uno de los mayores expendedores de recetas fué la farmacia 154, pues bien las prescritas por el Sr Erasmo fueron 108 recetas en el periodo litigioso, esto es, unas 36 al año, o lo que es lo mismo, 3 recetas al mes (!) como media; por lo que no cabe concluir razonablemente que fueran suministros que llamaran la atención, cuando además en dicho número había medicamentos distintos, no siempre el mismo. Las demás recetas fueron en muy inferior número. Sobresalen si acaso las 541 recetas que a nombre de la Dra Inés se expendieron en la farmacia 154 (apenas fueron 9, en 3 años, en la farmacia de la Sra Guadalupe), aún así en 3 años suponen 1 medicina cada 2 días, de media (que tampoco cabe concluir fueran el mismo fármaco, como para que llamara la atención). Y ello teniendo en cuenta que dicho número de recetas a nombre de la Dra Inés (154) es un dato excepcional en atención a resto de prescriptores (otros son 9 o 16) y respecto a la Sra Guadalupe (9, 1 y 11 en tres años, a nombre de la Dra Inés, Sr Fausto y Sr Felicisimo, respectivamente).

Aún así dicho número a nombre de la Dra Inés, en la farmacia nº 154, no debería de suponer tampoco prueba incriminatoria cuando dicha oficina de farmacia ocupaba el 25º lugar de las que más despacharon medicamentos de dicha prescriptora (la oficina nº 42 ocupaba el 5º lugar), sin que resultaran acusados los 24 titulares de las farmacias que más vendieron, ha de concluirse sin tampoco advertir nada extraño en las dispensaciones. Dichos datos se extraen de los Informes de Inspección de julio de 2015 y enero de 2016.

Tampoco cabe inferir conocimiento ni colaboración (menos aún coautoría) de los farmacéuticos acusados por no advertir la identificación de los pacientes, si es que algunos no eran de su zona geográfica o "de influencia" (pues otros sí lo serían, si residían en la ciudad de Albacete): no cabe derivar que ni los dependientes ni luego los responsables farmacéuticos de una ciudad con el número de habitantes que tiene Albacete puedan haber advertido el origen o residencia de algunos de sus pacientes expresados en las recetas.

13.- Resta por examinar la participación del Sr Emiliano (cónyuge o pareja sentimental de la Dra Inés).

Ya se indicó que la mera relación personal (parentesco, relación conyugal o amistad) con el autor del delito no es indicio de que aquél sea falsificador o defraudador. Y ni siquiera el conocimiento de la comisión del delito por aquél es supuesto de coautoría o coparticipación.

En cualquier caso, ni siquiera se acredita que la Dra Inés llevara a cabo los delitos, tal como se dijo.

Por otro lado, los actos de dispensación fraudulenta por un tercero (aún cónyuge, amigo) para beneficiar lucrativamente a éste, será un delito de aquél, pero no del beneficiario (aunque pueda ser responsable a título lucrativo): dicho solo hecho (no otra acción se le atribuye en los Escritos de Acusación) no le convierte en falsificador ni estafador. Incluso aunque conociera dicha actividad de su esposa o compañera sentimental para favorecerle económicamente; no realiza ningún elemento del tipo ni coopera en la acción reprochada en el mismo.

14.- Por todo lo anterior, las serias dudas sobre la participación de los indicados acusados determinan su absolución. Los apuntados "indicios" incriminatorios son más bien conjeturas en base a lo dicho.

Y dicha falta de prueba convincente sobre aquélla participación determina también la absolución por el delito añadido de pertenencia a grupo criminal de los expresados acusados.

15.- Tal como se deriva del art 123 del Código Penal, se imponen las costas a los acusados condenados.

Vistos los anteriores preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad el Rey y por las potestades que nos confiere la Constitución dictamos el siguiente,