Sentencia Penal 312/2023 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 16/2023 de 10 de julio del 2023

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados en la presente resolución son constitutivos tanto del delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal como de los dos delitos de homicidio imprudente del artículo 142.1 y 2 y 142 bis del Código Penal, que eran objeto de acusación por parte del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares.

En efecto, de la valoración en conciencia de la prueba practicada en el acto de la vista oral ( art. 741 de la LECrim), valorado en su conjunto la prueba practicada, podemos concluir sin género de dudas, en la realidad de los hechos declarados probados, esto es, que el procesado consumió bebidas alcohólicas antes de conducir el vehículo con el que posteriormente tuvo un accidente al invadir el carril contrario por el que circulaba, colisionando contra dos ciclistas a los que les causó la muerte.

Todo ello se deriva tanto de las manifestaciones prestadas en sala, tanto del acusado como de los testigos que depusieron en la vista (el agente guardia civil NUM003 y Heraclio), así como por la documental aportada, tanto el atestado policial, el informe técnico elaborado por la Guardia Civil, el resultado del informe del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses y el resultado del las autopsias unidas a los autos.

SEGUNDO.- En efecto, como anticipábamos, y como acertadamente calificaban las acusaciones, los hechos son constitutivos, en primer lugar de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal.

Castiga dicho tipo penal al " que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro"

En dicho precepto se articula un concepto legal o presunción de afectación de las facultades por ingesta de alcohol a partir de una cantidad fijada " tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro", por lo que, a partir de esas cantidades, es voluntad del legislador que cualesquiera que sean las circunstancias del caso, por aplicación del precitado precepto penal sustantivo, se reputa legalmente esa clase de conducción como peligrosa en sí misma. Por ello, únicamente debe probarse que el sujeto conducía con la referida tasa de alcohol para estimar consumada la infracción penal.

La realidad de este delito, y la autoria del acusado debe reputarse indubitada. No sólo el mismo acusado admitió en la vista que conducía el vehículo el día de los hechos después de haber consumido bebidas alcohólicas, sino que contamos con la restante prueba que corrobora esta circunstancia. Así en primer lugar en el atestado policial (folio 4 y ss) los agentes de la Guardia Civil identificaron en el lugar de los hechos al acusado como el único conductor del vehículo en cuestión. Como decimos aun cuando el acusado se acogió a su derecho a no declarar tanto en sede policial (folio 21) como en instrucción (folio 35) en la vista admitió ser el conductor de ese vehículo. De igual modo consta que se sometió al mismo a una de las dos pruebas con comprobación de alcohol, dando como resultado 1Ž07 mg/l (folio 13) no pudiendo practicarse la segunda al ser incapaz de insuflar (folio 11). Como hemos indicado el tipo penal, se considera cometido por encima de 0Ž60 mg/l. Los mismos agentes reflejaron en el atestado (folio 14 y 15) la sintomatología que apreciaron en el conductor, en la que destacaba su olor a alcohol, con rostro enrojecido, habla pastosa y respuestas incoherentes, con halitosis alcohólica notoria a distancia y con las pupilas dilatadas.

A todo lo anterior, que ya de por si sería suficiente para justificar ese pronunciamiento de condena, se une el contenido del análisis de la sangre extraída con fines terapéuticos al mismo acusado, autorizada judicialmente por auto de 25 de julio de 2022 (folios 32 y 33) cuyo resultado no fue impugnado por ninguna parte, y que reflejaba (folio 144) un nivel de 1Ž51 g/l. El tipo penal reputa como constitutivo de delito cuando se supera 1Ž2 g/l, cantidad evidentemente superada en este caso.

En base a lo anterior, como anunciábamos, la condena por este delito, se torna indubitada.

TERCERO.- De igual modo los hechos declarados probados son también constitutivos de dos delitos de homicidio imprudente del artículo 142.1 y 2 y 142 bis del Código Penal.

Castiga el artículo 142.1 al " que por imprudencia grave causare la muerte de otro", agregando el párrafo segundo cuando "el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor", considerando que " se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho." En este ámbito el Código establece que se reputa en todo caso grave la imprudencia cuando derive de algunas de las circunstancias previstas en el art. 379, por lo que estamos ante una presunción legal de imprudencia grave.

Como ya hemos analizado previamente atendido que el atropello de los dos ciclistas y su ulterior fallecimiento se produce por la conducción del acusado tras el previo consumo de bebidas alcohólicas, y por tanto, como consecución de la previa comisión del delito del artículo 379 del Código Penal, procede aplicación este tipo penal.

En efecto, sostuvo el acusado en la vista, primera vez que prestó declaración, que había bebido alcohol y que no recordaba como se produjo el accidente.

Sobre el modo en que dicho accidente se produjo, prestó declaración el agente guardia civil NUM003, que se ratificó en el atestado y en el informe técnico unido a los autos donde se detalla exhaustivamente el modo y forma en que tuvo lugar el accidente (folios 148 a 213). Señalaba dicho agente, tal y como documentalmente se refleja en dicho informe, que el vehículo del acusado se salió de la vía por la que circulaba (folio 186) invadiendo el carril contrario por donde circulaban los ciclistas, chocando contra los dos primeros ciclistas que se encontró, pudiendo los restantes evitar el choque. No se apreciaron huellas de frenada del conductor, lo que evidencia, su falta de atención a la conducción .

Tal versión de lo ocurrido, fue ademas corroborada íntegramente por un testigo directo de los hechos, Heraclio, que circulaba en bicicleta detrás de los dos fallecidos, y pudo ver como el vehículo venía a gran velocidad e invadió el carril por el que ellos circulaban, arrollando a los dos primeros ciclistas, mientras que dicho testigo que iba detrás, pudo esquivarlo.

Acreditado el fallecimiento de Casimiro por la autopsia realizada (folio 67 y ss), así como el fallecimiento de Celestino por la autopsia realizada (folios 102 y ss), donde se refleja tanto la causa de la muerte definitiva en ambos casos por traumatismo cráneo encefálico severo; como las múltiples lesiones sufridas por los mismos, que pone de manifiesto la grave colisión sufrida, y por ende, permite deducir que el conductor circulaba a gran velocidad, la aplicación del referido precepto es inevitable.

En efecto, en base a la anterior prueba como anunciábamos la realidad del delito y de la implicación del acusado es indubitada. Era el conductor del vehículo, había consumido alcohol antes de conducir, cometiendo un delito contra la seguridad vial del artículo 379 del Código Penal, y con su acción provocó la muerte de dos personas.

CUARTO.- En la ejecución de dichos delitos no son de apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Aun cuando en los escritos de calificación definitivos ninguna parte interesó se aplicase circunstancias modificativas, en el informe final de la defensa se interesó se aplicase la atenuante de reparación significativa del daño del articulo 66.1 del código penal, que debería suponer una rebaja de la pena en su mitad inferior, dado que la responsabilidad civil ha sido satisfecha.

No puede acogerse la pretensión de la parte. Primero por motivos formales, en efecto la defensa en su escrito de defensa sostuvo que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y en el acto de la vista, en el tramite oportuno a las conclusiones definitivas se limitó a manifestar que las elevaban a definitivas, sin referir, en ese momento, a las referidas atenuantes. Por ello, no cabria admitirse pues su falta de proposición en tiempo y forma, impidió al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, realizar alegaciones sobre dichas circunstancias, por lo que en ningún caso puede ser admitida.

No obstante es cierto que el Ministerio Fiscal, en un evidente exceso de celo, previniendo la posible petición de aplicación de alguna atenuante, se anticipó, aludiendo a la no concurrencia de la atenuante de confesión (que no fue interesada) ni la de reparación del daño, que es la que finalmente se invocó.

En cualquier caso, ninguna atenuante puede aplicarse. Ninguna confesión se ha interesado se aplique, sin que sea la misma sea admisible respecto de quien guarda silencio hasta el día de la vista. Tampoco puede aplicarse la atenuante de reparación del daño del articulo 21.5 del Código Penal, que no del articulo 66 del Código Penal referido por la letrada de la defensa (precepto relativo a la fijación de la extensión de la pena) al no concurrir los requisitos de dicha atenuante.

Señala el apartado 5.º del art. 21 del Código Penal que es circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal " la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral". Es evidente que en este caso, como reconoce la parte, ninguna reparación de daño hizo el acusado, sino que fue la compaña de seguros, como éste admite y se acreditó en la vista, quien abonó el importe de las cuantías indemnizatorias. En base a lo anterior, en modo alguno pueden acogerse los postulados de la parte

Como ya indicaba el Ministerio Fiscal en su informe, de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo, en este tipo de delitos, al ser el daño ocasionado irreparable y sin vuelta atrás, el pago de los perjuicios económicos aunque fuera integro, sólo en parte, podría compensar las consecuencias de la lesión del bien jurídico que se protege. En estos casos, la Jurisprudencia mantiene que la estimación de una atenuante de reparación del daño tiene que estar plenamente justificada, adecuadamente razonada, e incluso de alguna manera admitida por el perjudicado o víctima del delito. Difícilmente pueden repararse con una indemnización de tipo económico, que no resulta más que una mera ficción legal. Ello produce que las resoluciones judiciales en esta materia deban ser enormemente restringidas y calibradas a las concretas circunstancias del caso concreto analizado.

Fijado lo anterior, hemos de destacar que en el presente caso, el acusado ninguna indemnización ha satisfecho, siendo la compañía de seguros la que la abonó. Sobre reparación del daño previamente al juicio oral por las compañías aseguradoras, señala el Tribunal Supremo, así en sentencia de 27 de diciembre de 2011, que " en la misma línea se pronuncia la Sentencia 218/2003, de 18 de febrero , en un caso parecido al que ahora examinamos, en el que el recurrente sostenía que al haber sido indemnizados los perjudicados por las aseguradoras procede la apreciación de la atenuante, a lo que esa sentencia responde declarando que ello carece totalmente de fundamento, por cuanto la atenuante sólo se refiere a haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos y que la relación de la Compañía de Seguros con el perjudicado constituye un ámbito ajeno".

De este modo no acepta la Jurisprudencia que el pago realizado por una aseguradora integre la atenuante por el mismo interesado. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de noviembre de 2010, señala que " la reparación debe proceder del culpable...Véanse sentencias de 20/10/2006 y 18/11 . 2003". La Sentencia del Tribunal Supremo de 20/ de octubre de 2006 , recoge expresamente los requisitos que han de concurrir para la apreciación de dicha circunstancia atenuante, entre los que se integra "una conducta "personal del culpable". Ello hace que se excluyan por tanto los pagos hechos por compañías aseguradoras en cumplimiento del seguro obligatorio". En la misma linea se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2020 que recuerda que por mucho que se pretenda objetivizar esta circunstancia atenuante resulta imprescindible la voluntad por parte del autor de los hechos de reparar el daño causado y por ello no se aprecia cuando los pagos son hechos por compañías aseguradoras en cumplimiento del seguro obligatorio.

A la vista de todo lo expuesto no cabe la apreciación de la atenuante de reparación del daño analizada en este apartado.

QUINTO.- En cuanto a la individualización de la pena, el articulo 382 del Código Penal, señala que " cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado."

En base a lo anterior, tan sólo cabe aplicar las penas previstas para la infracción más gravemente penada, en este caso, las penas previstas para el delito de homicidio imprudente. El articulo 142. 1 del Código Penal castiga los hechos con penas de uno a cuatro años, y en este caso con la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años.

Si bien las acusaciones interesaron la aplicación del articulo 142 bis del Código Penal, que señala que " en los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado".

En este caso, procede aplicar dicho tipo agravado atendido las circunstancias que rodearon los hechos. Así en primer lugar ante el fallecimiento de dos personas; en segundo lugar, por la gravedad de la conducta que sin duda revistió una notoria gravedad, con repercusión mediática como se evidencia en la documental aportada en los escritos de acusación (folio 329 y ss); en tercer lugar por la elevada velocidad a la que circulaba el acusado, evidenciado por el estado en que quedó su vehículo (folio 163), los daños generados a las bicicletas (folios 164), y sobre todo, los múltiples daños físicos generados a las dos víctimas mortales, tal y como se expone en los informes de autopsia (folios 68 y 69, así como en los folios 103); en cuarto lugar, dado que se puso en grave riesgo además de a los finados a los demás ciclistas que circulaban tras ellos, tal y como mantuvo el testigo Heraclio; en quinto lugar, dado que no frenó cuando ocurrieron los hechos (folio 174) lo que evidencia la absoluta desatención a la conducción; en sexto lugar, ante las múltiples normativas de trafico infringidas por el acusado, reflejadas en el informe técnico (folio 179); en séptimo lugar, por sus previos antecedentes penales (folio 239) condenado por un delito por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, por sentencia de 12 de junio de 2019, que si bien no permite aplicar la agravante oportuna permite conocer la peligrosidad de su conducta y reiteración de su actuación; y por último en octavo lugar, por el elevado grado de impregnación alcohólica que llevaba el acusado.

Fijado todo lo anterior, determina la fijación de una pena que el articulo 142 del Código Penal establece en 1 a 4 años, elevada en un grado, lo que supone un limite de entre cuatro a seis años de prisión.

Conforme a la doctrina establecida en la STS de fecha 6 de abril de 2.022, en los casos de imprudencia grave en unidad de acción con varios resultados nos encontraríamos con que el delito más grave de los cometidos, el de homicidio por imprudencia grave absorbe a los demás, y la regla a aplicar sería la de imponer pena superior en grado del art. 142 bis CP.

Dentro de ese margen procede imponer la pena de seis años de prisión, es decir, castigamos el delito más grave con la pena superior en un grado de 4 a 6 años, en su limite máximo, como interesaban las acusaciones, en base a los ocho motivos antes reflejados, pues se comete un delito contra la seguridad vial y dos delitos de homicidio por imprudencia graves. Procede de igual modo imponer la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( artículo 56 1, 2ª del C. Penal) y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de nueve años (pena superior en grado a la pena del artículo 142.1, párrafo segundo -1 a 6 años-, que abarcaría de los 6 a 9 años, y la imponemos en la limite máximo como interesaban las acusaciones, por coherencia, al fijar como en la pena privativa de libertad, la extensión mayor que permite la ley.

De acuerdo con el artículo 47, párrafo tercero, al superar la pena de privación del derecho a conducir vehículo de motor dos años, conlleva la pérdida de vigencia del permiso que habilita para la conducción.

SEXTO.- No procede hacer pronunciamiento sobre responsabilidad civil, al haber renunciado las partes a la misma, dado que se ha satisfecho con carácter previo al inicio de la vista por la compañía de seguros implicada.

SÉPTIMO.- Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de un delito o falta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, y artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluidas las derivadas de la intervención de las acusaciones particulares, habida cuenta de su participación a lo largo de la causa, ayudando al esclarecimiento de los hechos

VISTOS además de los citados, los artículos 1, 2, 3, 5, 10, 116 y 123 del Código Penal vigente, y 14, 141, 142, 239, 240, 741, 742, y 779 y S.S. de la Ley procesal Penal.