Sentencia Penal 362/2023 Audiencia Provincial Penal de Asturias nº 3, Rec. 871/2023 de 24 de noviembre del 2023

Se aceptan los de la sentencia apelada y

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo en autos de juicio oral nº 31/22, de los que trae causa el presente rollo, es impugnada por la representación de Jon quien en su condición de condenado como autor de un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones, opone como cuestión previa a modo de detención ilegal, una consecuente extralimitación en el ejercicio de las funciones asignadas a los agentes actuantes, para a continuación invocar error en la valoración de la prueba, ausencia de presupuestos para la apreciación del delito de atentado y ausencia de los delitos leves de lesiones, en fundamento del pretendido pronunciamiento absolutorio.

La primera de las cuestiones planteadas se reconducen a considerar que la detención en cuyo contexto se cometieron los hechos enjuiciados, por practicarse en el domicilio del recurrente sin su consentimiento ni autorización judicial, constituye una detención ilegal al descartarse el hecho de que aquel estuviera cometiendo un delito flagrante.

El artículo 18.2 de la Constitución Española autoriza la entrada o registro de un domicilio, sin contar con el consentimiento de su titular y sin resolución judicial, en los casos de flagrante delito. Así lo prevé también el artículo 553 LECrim señalando que " Los Agentes de policía podrán asimismo proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando (...) sean sorprendidas en flagrante delito (...) cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquélla, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido".

Por su parte, el artículo 795.1.1ª de la LECrim, referido al ámbito de aplicación del procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, ofrece un concepto de delito flagrante considerando como tal " el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él".

Partiendo de dicha definición, la doctrina jurisprudencial caracteriza la flagrancia a que se refiere el artículo 18.2 CE haciendo especial hincapié en la urgencia y relevancia que ha de presentar la actuación policial, y así las SsTS 181/2007 de 7 de marzo, 423/2016 de 18 de mayo y 441/2017 de 8 de febrero señalan como notas definitorias del delito flagrante las siguientes: a/ inmediatez de la acción: que el delincuente sea sorprendido al cometer el delito o justo cuando se haya cometido; b/ inmediatez personal: que exista evidencia de la participación del presunto autor, en relación con el objeto del delito; y c/ necesidad urgente de la intervención policial, lo que en expresión de la primera de la sentencias citadas supone que la fuerza actuante "por las circunstancias concurrentes se vea impelida a intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción acarrea, la detención del delincuente, y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial".

En igual sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mantiene invariablemente que la flagrancia de la que habla el artículo 18.2 CE como legitimadora de la entrada de propia autoridad exige la urgencia de la intervención. Así la STC 341/1993 de 18 de noviembre citada en la STS 181/2007 por la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 21.2 de la entonces vigente Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, razona que la noción de flagrante delito "no puede entenderse, por ello, a los fines delartículo 18.2 CE, sino como la situación fáctica en la que queda excusada aquella autorización judicial, precisamente porque la comisión del delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable una inmediata intervención. Mediante la noción de "flagrante delito" la Constitución no ha apoderado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que sustituyan con la suya propia la valoración judicial a fin de acordar la entrada en domicilio, sino que ha considerado una hipótesis excepcional en la que, por las circunstancias en las que se muestra el delito, se justifica la inmediata intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". También se ocupa de ello la STC 94/1996 que recuerda que " a la luz de lo dispuesto en elart. 18.2 C.E., los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para entrar en un domicilio han de procurarse el necesario mandamiento judicial salvo en los estrictos supuestos en que, por concurrir una situación de flagrancia delictiva, el seguimiento del trámite conducente a la obtención de aquella autorización judicial pueda ser susceptible de ocasionar la frustración de los fines que dichos funcionarios están legal y constitucionalmente llamados a desempeñar en la prevención del delito, el aseguramiento de las fuentes de prueba y la detención de las personas presuntamente responsables". Y señala que el concepto de flagrancia del artículo 18.2 de la CE habilitante de la entrada se debe caracterizar por las notas de "evidencia del delito y urgencia de la intervención policial" añadiendo que el "conocimiento o percepción evidente" juntamente con la "urgencia (exigible para impedir la consumación del delito, obtener la aprehensión del presunto delincuente o evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito), se constituyen en las dos notas esenciales o nucleares a la situación constitucional de flagrancia delictiva" . Reiterando con cita de la STC 341/1993 que "la entrada y registro policial en un domicilio sin previa autorización judicial y sin que medie el consentimiento expreso de su titular únicamente es admisible desde el punto de vista constitucional ( art. 18.2 C.E .) cuando dicha injerencia se produzca ante el conocimiento o percepción evidente de que en dicho domicilio se está cometiendo un delito, y siempre que la intervención policial resulte urgente para impedir su consumación, detener a la persona supuestamente responsable del mismo, proteger a la víctima o, por último, para evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito".

En el supuesto de autos las declaraciones concordes de los agentes policiales que depusieron en autos permiten señalar que los agentes de la guardia intervinientes en los hechos fueron comisionados para acudir al domicilio del recurrente, al ser alertados por la llamada de una vecina acerca de la comisión en dicho domicilio de un hecho relacionado con la violencia de género; personados en dicho lugar y tras abrir la puerta el recurrente y comprobar que contrariamente a lo por el manifestado no se encontraba solo, sino en compañía de una mujer que les franqueaba la entrada, resulta evidente que dicha situación era sugestiva de que el apelante estuviera cometido un delito contra la persona que se encontraba en su interior, en la forma que habían sido alertados previamente por una vecina del inmueble, existían ciertamente indicios razonables de ello, sin que quepa cuestionar, como así se pretende, la realidad de dichos antecedentes constatados en el atestado pues ello supondría atribuir a los agentes referidos una capacidad de fabulación puesta al servicio de un inexplicable móvil espurio de persecución del recurrente. En esa tesitura, los agentes actuaron en el debido ejercicio de sus funciones de evitar la comisión de delitos cuando acudieron a la vivienda y llamaron a la puerta de la misma sin que fuera necesario que la forzaran, ya les fue franqueada su entrada al interior. La actuación que los agentes se ajustó al protocolo propio de la violencia de género, puesto que lo que debían efectuar en ese momento era entrar e intentar evitar que se cometiera o se progresara en la comisión de algún delito relacionado con la violencia de género en el interior del mencionado domicilio, debiendo pues considerarse de que la entrada de los agentes en el domicilio se efectuó con arreglo a derecho y por lo tanto en el marco del legítimo ejercicio de sus funciones sin que dicha conclusión exija acreditar en esta causa la existencia del delito que motivó la actuación de los agentes, como así parece sugerir la defensa. Consideraciones que conducen al rechazo del motivo analizado.

SEGUNDO.- Idéntica conclusión desestimatoria se alcanza al examinar segundo de los motivos articulados referido al error en la valoración de la prueba en relación con el delito de atentado y los delitos leves de lesiones, en cuyo desarrollo sin embargo no se argumenta que la prueba demuestre el error cometido por la juez de instancia, sino que a través de él lo que hace el recurrente es valorar su contenido de manera o modo diferente a como lo hizo la juez a quo y concluir de forma interesada que existe una duda sobre lo realmente acontecido, conculcando así lo dispuesto en el Art.973 de la L.E.Criminal que concede competencia exclusiva al Tribunal a quo para valorar las pruebas siempre que tal valoración esté hecha con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia, como entendemos sucede en el caso que ahora nos ocupa.

En tal sentido cabe afirmar que las pruebas practicadas han permitido una determinación de los hechos probados en la forma expuesta por la juez de lo Penal quien valorando lo manifestado por cada una de los implicados y testigos concurrentes en unión de la documental obrante en la causa, con las ventajas que ofrece la inmediación, ha otorgado plena credibilidad a la versión de los hechos en la forma narrada por los agentes policiales números NUM002, NUM003, NUM000 y NUM004, al considerar que sus declaraciones apareces dotadas de los presupuestos necesarios para atribuirles plena virtualidad probatoria, no concurriendo motivos para dudar de la sinceridad de sus respectivos testimonios que fueron constantes en el tiempo, coincidentes en sus relatos y complementarios en los detalles ofrecidos y ello dentro del ámbito que la jurisprudencia del T.S. determina, entre otras, sentencia del citado Tribunal número 670/2011, de 5 de Julio, en la que se afirma que: "El artículo 717 L.E.CRIM dispone que las declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Policía judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas, según las reglas del criterio racional". La sentencia Tribunal Supremo 2.12.98, recordó que la declaración de los agentes de policía prestadas con las garantías propias de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración, en contraste con las demás pruebas, al Tribunal de instancia, por cuanto la relevancia del juicio oral reside en la posibilidad que tiene el Juez de percibir directamente las pruebas que se desarrollan, que en el caso de la prueba testifical, adquiere una mayor importancia, al poder discernir las condiciones del testigo, el origen de su conocimiento, su capacidad de comprensión de la realidad, lo que, en definitiva, se resume en la fuerza de convicción de sus testimonios. Igualmente la STS. 10.10.2005, precisó que las declaraciones de autoridades y funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. Estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un Estado Social y democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los artículos 104 y 126 C.E., máxime cuando no nos encontramos con supuestos en los que la Policía está involucrada en los hechos como víctima (por ejemplo, atentado , resistencia...), o como sujeto activo (delitos de detención ilegal, torturas, contra la integridad moral, lesiones, etc.), supuestos en los que no resultaría aceptable, en línea de principio que sus manifestaciones policiales tuvieran que constituir prueba plena y objetiva destructora de la presunción de inocencia por sí mismas. Y no podría ser así porque cualquier sobreestimación del valor procesal de las declaraciones policiales llevaría consigo de modo inevitable la degradación de la presunción de inocencia de los sujetos afectados por ellas. De manera que las aportaciones probatorias de los agentes de la autoridad no deberán merecer más valoración que la que objetivamente derivara, no del a priori de la condición funcionarial, de éstos, sino de la consistencia lógica de las correspondientes afirmaciones y de la fuerza de convicción que de las mismas derive en el marco de confrontación con los restantes materiales probatorios aportados por las partes".

Partiendo de lo anterior, estimamos que las coincidentes declaraciones de los agentes reseñados de las que las pretendidas contradicciones o inexactitudes no son más que diferencias de matices que carecen de incidencia sobre el fondo, en relación con la documental aportada a la causa permiten determinar que el recurrente el día de autos al tiempo de procederse a su detención acometer a uno de los agentes presentes emprendiendo la huida, para posteriormente abalanzarse contra otro de los agentes que se encontraba flanqueando la salida del portal arroyándolo y determinando su caída al suelo donde continuó con su conducta violenta forcejando con aquel; a consecuencia de tales hechos los agentes nº NUM000 y NUM001 resultaron lesionados, lesiones cuya realidad y entidad según descripción de los informes médicos obrantes en la causa, se corresponde con la índole de la dinámica violenta descrita en el curso de la cual obvio resulta la eventualidad de su producción.

Conducta la descrita en los hechos probados que integra el delito de atentado y los dos delitos leves de lesiones, en los términos contenidos en le resolución impugnada.

Y así desde la perspectiva del juicio de subsunción, igualmente cuestionado en esta alzada, cabe señalar que, tradicionalmente nuestra jurisprudencia, en orden a la diferenciación entre delito de resistencia del artículo 556 del C. Penal y delito de atentado del artículo 550 y 551 del mismo texto legal, solía hacer referencia a la actitud meramente pasiva de la resistencia del artículo 556 del C. Penal, frente a la actitud activa más propia del atentado. Ahora bien dicho criterio ha recibido matizaciones en Sentencias de 3.10.96; 11.3.97 y 21.4.99 de nuestro Tribunal Supremo, en el sentido de admitir como resistencia del artículo 556 del C. Penal, ciertas conductas activas que se enmarcaran dentro de una oposición al designio de los agentes actuantes. No obstante Sentencias más recientes de 6 de Junio de 2003, de 4 de Mayo de 2006, afinan aún más el concepto, indicando que en todo caso dicha posibilidad de considerar determinadas conductas activas como resistencia del artículo 556 del C. Penal, no es compatible con una iniciativa violenta por parte del acusado, sino con una iniciativa de los agentes que se vea contrarrestada por la actitud del acusado. Es decir si el acusado es quien toma la iniciativa agresiva, estamos ante un acometimiento y por tanto ante un delito de atentado del artículo 550 y 551 del C. Penal. A partir de esas consideraciones se ha abierto camino y se ha consolidado un criterio más flexible y proporcional del que destacan dos consecuencias: En primer lugar la exclusión de la aplicación del tipo a aquellas "conductas de menor entidad que ni gramatical ni racionalmente puedan ser calificadas de atentado sin forzar exageradamente el sentido del término" SS. citadas de 25 de noviembre de 1.996, núm. 920/96 y 19 de noviembre de 1.999, núm. 1453/99. En segundo lugar la corrección del anterior criterio jurisprudencial que incluía en el delito de atentado la totalidad de los supuestos de resistencia activa, y que había sido doctrinalmente criticado por considerarlo una interpretación extensiva del tipo, limitándose por la nueva doctrina jurisprudencial la aplicación del atentado exclusivamente a los supuestos de resistencia activa grave, en concordancia con la nueva redacción legal del art. 550, que se refiere expresamente como atentado a la resistencia activa calificada como "también grave" (..), de forma que, si dicha resistencia se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de grave, entra en juego la figura del art. 550 C.P.. Por ello los elementos normativos a ponderar se refieren, por una parte, a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto activo y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones, debiendo igualmente subrayarse que hoy en día el bien jurídico protegido, más que el tradicional principio de autoridad, lo constituye la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas ( STS 996/2000, de 5 de junio). Es grave la acción de acometimiento, y merece por ello la calificación de atentado. El delito de atentado es un delito de pura actividad, de forma que aunque no se llegue a golpear o agredir materialmente al sujeto pasivo, el delito se consuma con el ataque, acometimiento o grave intimidación ( STS. 15-3-2003 y 2-10-2006) y si se hizo uso de la fuerza, causando con su acción lesiones al agente que se encontraba en el ejercicio de sus funciones, cabe concluir que la conducta no puede calificarse de leve, puesto que los actos no quedaron en una mera amenaza sino que llegó a consumarse el empleo de la fuerza en contra del agente de la autoridad".

Acometimiento activo grave que sin duda, según refleja el relato fáctico, se lleva a cabo por el recurrente en forma sucesiva contra los agentes policiales que en el ejercicio de sus funciones se disponían a proceder a su detención sin que, como acertadamente señala la juez de instancia, la invocada finalidad de sustraerse a la detención, incida en el juicio de tipicidad al venir cubierto el elemento intencional tanto en el atentado como en las lesiones por dolo eventual.

Consideraciones todas ellas que conducen la rechazo de la apelación entablada, con la consiguiente confirmación de la resolución recurrida en su integridad.

TERCERO.- Procede imponer al recurrente las costas de la alzada.

Por lo expuesto