Sentencia Penal Audiencia Provincial de Asturias, Sección 8, Rec 125/2010 de 27 de Diciembre de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS - SECCIÓN 8ª

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Rollo nº 125/10

Órgano de procedencia: Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón

Procedimiento de origen: Juicio de Faltas nº 72/2010

SENTENCIA Nº __________ /10

En Gijón, a veintisiete de Diciembre de dos mil diez

VISTOS por mí, ALICIA MARTÍNEZ SERRANO , Magistrada de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas nº 72/2010, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, y que dieron lugar al Rollo de Apelación nº 125 de 2010 , entre partes, como apelantes Luis Y Samuel , y como apelado Amanda , Jesús Carlos y Arturo , siendo asimismo parte el MINISTERIO FISCAL , y de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Gijón se dictó sentencia en los referidos autos, con fecha 7 de julio de 2010 , cuya parte dispositiva literalmente dice:

" Fallo : Que debo condenar y condeno a Luis como autor de una falta de lesiones sobre la persona de Amanda del art. 617.1 del C. Penal a la pena de 10 días de localización permanente con imposición una cuarta de las costas procesales y a que indemnice a Amanda por vía de responsabilidad civil en la cantidad de 300 euros.

Que debo condenar y condeno a Luis y Samuel como autores de una falta de lesiones sobre la persona de Jesús Carlos , a la pena a Luis de 10 días de localización permanente con imposición una cuarta parte de las costas procesales, y a Samuel de una cuarta parte de las costas procesales y a que indemnicen conjunta y solidariamente a Jesús Carlos por vía de responsabilidad civil en la cantidad de 30 euros.

Que debo absolver y absuelvo a Jesús Carlos y a Arturo de las faltas de lesiones por las que han sido citados en calidad de denunciados al presente juicio ".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por los expresados recurrentes con base en los motivos que se expresan en el escrito de impugnación presentado, y elevadas las actuaciones a esta Sala de Justicia, después de cumplidos los preceptivos trámites, se pasaron a la Magistrada designada para resolver.

TERCERO.- Se aceptan los ANTECEDENTES DE HECHO de la sentencia apelada, y entre ellos, la DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS, que se da aquí por reproducida.

Fundamentos

PRIMERO.- Pretende la parte apelante que se revoque la sentencia de instancia en el único sentido de que se condene Jesús Carlos y a Arturo como autores responsables de una falta de lesiones en la persona de Luis y se condene igualmente, a Jesús Carlos como autor responsable de una falta de lesiones en la persona de Samuel , discrepando de la valoración de la prueba efectuada en la instancia.

SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar.

La consolidada doctrina del Tribunal Constitucional (de obligado acatamiento para todos los Jueces y Tribunales a tenor de lo previsto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), iniciada en su sentencia 167/2002 de 18 de septiembre y reiterada en las sentencias 176/2002 de 30 de septiembre ; 197/2002 , 198/2002 y 200/2002 de 28 de octubre ; 212/2002 de 11 de noviembre ; 230/2002 de 9 de diciembre ; 41/2003 de 27 de febrero y 68/2003 de 9 de abril , dice que en los supuestos en que el acusado o acusados nieguen haber cometido la infracción punible y el sustento de la prueba de cargo lo sean las declaraciones personales vertidas en el juicio, siendo absolutoria la sentencia de instancia, al Tribunal ad quem -que no ha oído a los acusados ni a los testigos- le está vedado dictar sentencia condenatoria, puesto que de otro modo se infringirían los principios de inmediación y contradicción que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías proclamado en el artículo 24 de nuestra Constitución . Abundando en ello, dicho Tribunal manifiesta en sentencia número 50/2004 (Sala Primera), de 30 de marzo: "El Pleno de este Tribunal en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9, 10 y 11), afirmó la necesidad de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal, adaptando la interpretación constitucional del derecho a un proceso con todas las garantías a las exigencias del art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas (en adelante, CEDH), en la interpretación que de él viene haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( SSTEDH de 26 de marzo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia -; 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino -; de 27 de junio de 2000 - caso Constantinescu contra Rumania -; y 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino-). En particular, señalamos en aquella Sentencia que el art. 6.1 CEDH recoge el derecho que asiste al acusado a estar presente en el juicio y a ser oído personalmente y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene afirmando que, pese a no resultar imprescindible en todo caso la celebración de vista en segunda instancia, ya que dicha exigencia depende de la naturaleza de las cuestiones a juzgar y las circunstancias del caso, cuando el órgano de apelación tiene que pronunciarse globalmente sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, el recurso no puede resolverse sin un examen directo y personal del mismo cuando niega haber cometido el hecho". Y en sentencia núm. 14/2005 (Sala Segunda), de 31 de enero : "... 2. Delimitados en los términos expuestos las cuestiones suscitadas en el presente recurso de amparo, nuestro enjuiciamiento ha de comenzar por la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), como consecuencia de que la Audiencia Provincial haya revocado la Sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con base en una distinta valoración de las pruebas personales (confesión y testificales) practicadas ante el Juez a quo sin haberse celebrado vista en el recurso de apelación. A este respecto baste brevemente con recordar aquí la doctrina constitucional iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre , y reiterada en numerosas Sentencias posteriores, conforme a la cual, según recordamos recientemente en la STC 200/2004, de 15 de noviembre , este Tribunal ha declarado que la revocación en segunda instancia de una Sentencia penal absolutoria y su sustitución por una condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de los acusados y testigos en los que se fundamenta el relato de hechos probados y la condena, requiere inexorablemente que la nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción (FJ 3). 3. Pues bien, la aplicación de la doctrina constitucional reseñada al presente caso ha de conducir a estimar producida la denunciada vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), ya que la Audiencia Provincial ha condenado al recurrente en amparo, tras revocar la Sentencia absolutoria dictada en primera instancia y modificar el relato de hechos probados, sobre la base de una nueva valoración y ponderación de las declaraciones del denunciado, del denunciante y de los testigos prestadas en el acto del juicio ante el Juez de Instrucción, sin celebrar vista pública en la apelación, pese a haber sido expresamente solicitada, y sin oírlos personalmente".

Así las cosas, y considerando que la sentencia de instancia está lógica y suficientemente fundamentada en derecho, este Tribunal ad quem , que no ha oído a las personas que declararon en el juicio ( Amanda , Jesús Carlos , Arturo , Luis y Samuel ), no puede modificar dicha resolución dictada en base a la apreciación de la prueba válidamente practicada bajo la inmediación de la Juez de instancia, que, entre otras cosas, la llevó al convencimiento de la concurrencia de la eximente de legítima defensa en la acutación de Jesús Carlos y Arturo , procediendo por todo ello la desestimación del recurso.

VISTOS los artículos 976 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Fallo

QUE, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Luis y Samuel contra la sentencia recaída en Juicio de Faltas nº 72 de 2010 del Juzgado nº 4 de Instrucción de Gijón, DEBO CONFIRMAR Y CONFIRMO dicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Jugado de procedencia con testimonio de la presente que se notificará con instrucción de lo dispuesto en el art. 248.4 de la L.O.P.J .

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada en audiencia pública por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, de lo que doy fe. Gijón, a veintisiete de diciembre de dos mil diez.