Sentencia Penal 89/2023 Audiencia Provincial Civil-penal de Badajoz nº 3, Rec. 32/2022 de 18 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El primer motivo que esgrime la defensa del Sr. Isidoro se refiere a la prescripción de los hechos y ello por entender que no nos hallamos ante un delito continuado por lo que habiéndose realizados los hechos en enero de 2010 y enero de 2011, dado que la querella se presentó el 18 de julio de 2017 ante el Juzgado Decano de Almendralejo, conforme al art. 131 CP los hechos estarían prescritos.

No se comparte la tesis de la defensa del Sr. Isidoro teniendo en cuenta la fecha de hecho y la pena prevista para los mismos, en relación con el art. 131 CP.

SEGUNDO.- Con carácter previo debemos hacer una consideración en relación con la posición procesal de la mercantil Construcciones Villabarros, S.L.

Si bien el Ministerio Fiscal no formula acusación frente a dicha mercantil, al igual que no lo hace respecto del resto de acusados, sí lo hace la acusación particular y en su escrito de conclusiones provisionales, que una vez celebrada la vista, elevó a definitivas, con la salvedad indicada más arriba respecto del Sr. Modesto, en relación con todos y cada uno de los acusados se limita a pedir distintas penas que son las contempladas en los tipos penales de la parte especial recogidos en su escrito de acusación, solicitando la imposición de distintas penas de prisión conjuntamente con la pena de multa.

Sobre el particular, debe realizarse la siguiente matización y es que la petición de pena, teniendo en cuenta que la acción penal se dirige, entre otros, frente a una persona jurídica no se ha hecho conforme los parámetros del art. 33.7 CP ya que, como decimos, se solicitan penas de prisión en relación con la misma, dada la redacción del escrito de conclusiones provisionales que, como ya hemos señalado, se elevaron a definitivas.

Ante tal consideración, solo procede realizar un pronunciamiento absolutorio frente a dicha mercantil por exigencias ineludibles del principio acusatorio ( art. 24 CE).

TERCERO.- Dado que en conclusiones definitivas la querellante retiró su acusación en relación con D. Modesto, reiterando lo dicho en el fundamento jurídico precedente respecto al principio acusatorio, obviamente el pronunciamiento que respecto de este se haga necesariamente ha de ser también absolutorio.

CUARTO.- Sentado lo anterior en cuanto a la persona jurídica contra la que se dirigía la acusación se refiere y señalada la absolución respecto del Sr. Modesto, en relación al resto de acusados hemos de recordar que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS 251/2004).

Una vez celebrado el juicio oral procede determinar :

a) Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente).

b) Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba lícita).

c) Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" en favor del acusado.

Debe incidirse en que, no puede prescindirse de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que además, es el eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal. ( STS 2 de diciembre de 2003).

Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)".

EL relato de hechos probados resulta de la prueba practicada en el plenario y en el caso de autos hemos de concluir que la presunción de inocencia de la que eran acreedores los acusados en autos no ha quedado desvirtuada, antes al contrario, existen numerosas dudas de que los hechos que se les imputan hayan sido cometidos y que la actuación desplegada por los mismos fuera desconocida por la querellante.

En primer lugar, resulta llamativo que la querellante suscribiera dos contratos con Construcciones Villabarros, SL para la ejecución de distintas obras en el Centro Comercial Puerta Autora con tan sólo seis días de diferencia: véase como el primero es de fecha 2 de marzo de 2010 (doc. 1 de la querella) y el segundo de fecha 9 de marzo de 2010 (documento 2 de la querella), lo más lógico hubiera sido que se hubiera firmado un solo contrato y se le hubieran ido incorporando distintos anexos según las necesidades que hubieran surgido, de hecho, vemos como los dos contratos referenciados tienen un anexo, en el caso del firmado en primer lugar y hasta ocho el firmado posteriormente.

En lo que a este punto se refiere, resulta fundamental y muy esclarecedora la testifical de Dña. Juliana, administrativa de obra de Procondal, que se encargó de fiscalizar la obra del Centro Comercial Puerta Aura; dicha testigo, cuya declaración estuvo sometida, como no podía ser de otra manera, a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, manifestó que, en relación a la citada obra, no observó ninguna irregularidad, que en los cajetines de facturas de las obras que ella controlaba necesariamente tenía que aparecer su firma; en relación a las facturas NUM007, la NUM005 y la NUM006, en dos de ellas no aparecía su firma y si no tiene su firma es porque esas facturas no han pasado por sus manos y, por tanto, las mismas no contaban con su visto bueno; dice que en la factura NUM007, en el apartado en el que debería aparecer su firma, aparece otra firma que no es suya y lo mismo ocurre en la factura NUM005, reconociendo su firma en la factura NUM006.

En cuanto a la trazabilidad de las facturas que se presentaban a Procondal, la misma testigo manifestó que la primera que firmaba era la propia declarante, que de hecho era ella la que ponía el cajetín en las facturas para que luego se fueran firmando por el resto de personas que se encargaban de fiscalizar las distintas facturas que se presentaban a cobro a Procondal.

A preguntas del Ministerio Fiscal, la citada testigo señaló que además de firmar ella, las facturas tenían que ser firmadas por el jefe de obra, por el jefe de zona, por el responsable de contabilidad y la firma del gerente y en cuanto a la formalización de varios contratos en relación con la misma obra, la Sra. Juliana manifestó que se hacía un contrato por obra y que si era necesario, se iban añadiendo anexos al mismo, llegando a manifestar, también a preguntas de la Sra. Fiscal, que en relación al Centro Comercial Puerta Aurora sólo se firmó un contrato, de hecho, manifestó que "cuando he llegado aquí" se ha enterado que había dos contratos en relación a la citada obra (video 2, hora 2.10 minutos).

Igual de esclarecedora fue la testifical de Dña. Salome, que trabajó para Procondal entre 2003 y 2013, como jefa de costes; según la testigo, se encargaba de dar el visto bueno a las facturas, tras el previamente dado por los administrativos; en las facturas NUM007, NUM005 y NUM006 señala que las mismas no han pasado por su departamento porque su casilla está en blanco y no está su firma; indicando, además, que en las facturas tenía que estar la firma del jefe de obra. A preguntas de la defensa, manifestó que no podía haber un desfase de trescientos y pico mil euros, como son los que relata la querella.

La testigo manifestó que la actividad habitual de Procondal era trabajar con Administraciones Públicas, pero que había facturas de particulares que ella entendía que eran compromisos del Administrador único porque Procondal no se dedicaba a hacer obras a particulares; en relación a esas obras a particulares, la testigo sacaba el coste pero desconoce lo que se le facturaba en esas obras privadas que se hacían, desconocía si tenía beneficios o si tenían perdidas, en relación a las mismas, para ellas esas facturas sólo tenían gastos. La testigo manifestó que a D. Bernardino se le han hecho varias obras de ese tipo, como fue su vivienda. Señaló también la testigo que pese a que la obra de Puerta Aurora era una obra particular, esas facturas sí que pasaban por su departamento.

Resulta también esclarecedora la declaración del Sr. Dionisio, que intervino como director facultativo de la obra del Centro Comercial, resultando, además, ser hijo del promotor de la obra; el mismo declaró que en ningún momento detectó ningún desfase en la ejecución de la obra y que Construcciones Villabarros SL intervino en las obras del centro comercial Puerta Autora para arreglar unas deficiencias de la obra al finalizar la misma, que la querellada intervino sobre partidas que ya habían sido ejecutadas por Procondal pero que estaban defectuosas.

En relación con la declaración de Dña. Elisenda, jefa de Administración de Procondal, y respecto de las firmas que tenían que aparecer en las distintas facturas, a preguntas de la Sra. Fiscal no esclareció las contradicciones en las que incurrió en su declaración en sede de instrucción y lo manifestado en la vista.

Resulta complicado entender, como pone de manifiesto la defensa, que en las facturas a las que se refieren los presentes autos, teniendo en cuenta los distintos estamentos que las mismas han tenido que pasar para llegar a su pago, y dado el grado de fiscalización de las mismas, se hayan podido cometer los delitos que la querellante imputa a los querellados.

Llama también la atención el hecho de que los contratos firmados por la querellante y Construcciones Villabarros, SL, en marzo de 2010 (documentos 1 y 2 de la querella) y las facturas giradas por los mismos, no hayan dado lugar a conflicto alguno sino hasta el momento en que se presenta la querella que dio lugar a las presentes actuaciones, querella que se presentó el 18 de julio de 2017 y que escasamente un mes antes, el 9 de junio de 2017, Construcciones Villabarros, SL presentara escrito ante el Juzgado de lo Mercantil solicitando se declarara incumplido el convenio alcanzado en el concurso de Procondal, aprobado por sentencia 18 de diciembre de 2013, en el que tras establecerse una quita de un 40 %, respecto del 60 % restante se establecía un calendario de pagos, con una carencia de dos años, y a pagar un 30 % al tercer año, otro 30 al cuarto y el 40 % restante al quinto año. Lo normal hubiera sido que las vicisitudes que se han observado por la querellante en el año 2017 (momento en que presenta la querella) en relación a las facturas del Centro Comercial Puerta Aurora se hubieran detectado en el momento de presentar la documentación solicitando la declaración de concurso ante el Juzgado de lo Mercantil y no como consecuencia de la petición hecha por Construcciones Villabarros, SL poniendo de manifiesto el incumplimiento del convenio (declaración de la testigo Sra. Elisenda, 1.15 horas, vídeo 2); la propia testigo manifestó que las facturas que obran en las actuaciones y que han dado lugar a la querella, están pagadas y que cuando la mercantil querellada reclamó las cantidades que se le debían en el concurso, " Jacobo o alguien del bufete de abogados" le dijeron que presentara todo lo que tenía de la facturación que tenía de Construcciones Villabarros, siendo muy expresiva la testigo al manifestar que presentó la documentación que tenía y le dijeron "y las de atrás", desprendiéndose de tal declaración que esas facturas no se presentaron en el concurso sino que "aparecieron" sorpresivamente como consecuencia de la reclamación hecha por Construcciones Villabarros ante el incumplimiento del convenio.

Si a las anteriores testificales unimos la de D. Jacobo, Gerente de Procondal, cuya declaración fue dubitativa casi desde el primer momento, incluso cuando la Presidenta de la Sala le hizo las generales de la ley, llegamos a la conclusión de que en el caso de autos no han quedado acreditados los hechos que se les imputa a los recurrentes y que no concurre el elemento subjetivo de los tipos penales que se les imputan.

QUINTO.- Se imputa a los querellados un delito de falsedad en documento mercantil del art. 392.1 CP , en relación con el art. 390.1.3 y 4º CP , en concurso con un delito continuado de estafa así como un delito de estafa procesal del art. 250.1.7 CP.

Elementos básicos de la falsedad son, conforme establece la sentencia del T.S. de 20 de junio de 2.018:

a) Un elemento objetivo (consistente en la mutación de la verdad por medio de alguna de las conductas tipificadas en la norma penal, art 390 CP ).

b) Que dicha mutatio veritatis afecte a elementos esenciales del documento y tenga suficiente entidad para afectar a la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas (de ahí que para parte de la doctrina no pueda apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda potencialidad lesiva).

c) Un elemento subjetivo, consistente en la concurrencia de un dolo falsario, esto es, la concurrencia de la conciencia y voluntad de alterar la realidad, ( sentencia del T.S. de 25 de marzo de 1999).

En el art 390 CP se recogen las modalidades falsarias:

1º) Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2º) Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3º) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4º) Faltando a la verdad en la narración de los hechos".

En lo que al tipo de estafa se refiere, los elementos del tipo son: una "acción engañosa realizada por un sujeto activo animado de afán de enriquecimiento propio o de un tercero, acción que ha de ser adecuada, eficaz y suficiente para provocar error que lleve al sujeto pasivo a realizar un acto de disposición o desplazamiento patrimonial perjudicial para el mismo o para un tercero, de tal forma que haya una relación de causalidad entre el engaño y el acto de disposición y el perjuicio ( sentencias numerosas, entre ellas las de 31 enero 1991, 24 marzo y 16 junio 1992 y 2 abril 1993)" ( STS. 27.10.1997).

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido los elementos que configuran el delito de estafa: primero, la existencia de un engaño precedente o concurrente que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error del sujeto pasivo; segundo, dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente o proporcional para la consumación del fin propuesto, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso, debiendo revestir la maniobra defraudatoria apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia; tercero, el sujeto pasivo actúa por ello bajo una falsa presuposición por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial; cuarto, el acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, que tiene su causa en el error señalado y, en definitiva, en el engaño desencadenante del mismo; quinto, el ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 C.P ; y sexto, la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, lo que implica que el dolo del agente tiene que ser antecedente o ser concurrente en la dinámica defraudatoria.

La estafa procesal viene contemplada, como forma agravada, en el art. 250.1. 7º CP. Dicho precepto dispone que incurren en estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

A su vez, y respecto del delito de esta procesal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias 5.10 y 19.12.81 ya establecía que se refiere a aquel engaño que se sirve del proceso como medio vehicular o que dentro de él trata de obtener un lucro con daño ajeno, a través de la resolución injusta que por error dicta el Juez. Es necesario que las maniobras fraudulentas preparatorias del proceso y las que se realicen en su ámbito, posean un grado de verosimilitud suficiente para producir el error razonable del Juez, ( SSTS. 457/2002 de 14.3 , 1149/2005 de 7.10 ), lo que justificó la agravación especifica porque el daño que supone al patrimonio del particular se une el atentado contra el poder judicial que se utiliza como instrumento al servicio de finalidades defraudatorias.

La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2007, que recoge la jurisprudencia anterior, concreta los requisitos de la denominada estafa procesal:

1º) Ha de existir un engaño bastante, requisito esencial que caracteriza a toda clase de estafa, que en estos casos ha de producirse en el seno de un procedimiento judicial.

2º) Tal engaño bastante ha de tener por finalidad producir error en el juez o tribunal que ha de conocer del proceso.

3º) El autor de este delito ha de tener intención (en las estafas procesales propias) de que el órgano judicial que conoce del procedimiento dicte una determinada resolución (acto de disposición) favorable a sus intereses.

4º) Tal intención ha de abarcar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que obviamente ha de ser ilícito en correspondencia con el ánimo de lucro, también ilícito, que constituye el motor de toda esta conducta delictiva.

En última instancia, el engaño en que se sustenta la estafa, en la modalidad de estafa procesal, se dirige al juez que dicta una resolución que perjudica los intereses de la otra parte o de un tercero.

SEXTO.- En el caso de autos, de haber existido una supuesta falsedad, nos encontraríamos ante lo que la jurisprudencia ha venido denominando reiteradamente falsedad inocua; en este caso, por parte de Construcciones Villabarros SL se han ejecutado unos trabajos a favor de la querellante y los conceptos recogidos en las facturas eran perfectamente conocidos por esta, de manera tal que ningún engaño se le ha causado, sin que exista, en lo que al delito de estafa se refiere, una búsqueda de enriquecimiento o ánimo de lucro por parte de Construcciones Villabarros SL, en tanto en cuanto lo que se han facturado, como hemos dicho, han sido unos trabajos efectivamente realizados, aunque se hayan desglosado en unas partidas por conceptos diferentes; de existir el tipo penal que pretende la querellante ella también habría participado en la comisión del mismo pero, como ya hemos señalado, no se da el elemento subjetivo del tipo por lo que no podemos hablar de la comisión del mismo.

En lo que a la estafa procesal se refiere, dado que las facturas que dan lugar a las presentes actuaciones no se presentaron ante el Juzgado de lo Mercantil, en el concurso seguido ante la querellante, difícilmente podremos hablar de estafa procesal.

SEPTIMO.- La no concurrencia de los elementos del tipo, unidos a la presunción de inocencia de la que eran acreedores los acusados nos lleva a concluir con una sentencia absolutoria puesto que, vistas las vicisitudes del caso y teniendo en cuenta el relato cronológico de los hechos, bien parece que la finalidad de la querella ha sido, en cierta medida, dejar en suspenso la ejecución del convenio aprobado por sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz.

OCTAVO.- Teniendo en cuenta que durante la vista se señaló por alguno de los acusados y por alguno de los testigos, que por parte de la querellante se habían ejecutado obras a favor de D. Bernardino, cuando desempeñaba una cargo político en la Junta de Extremadura, no quedando claro si las mismas fueron o no abonadas o el motivo por el que las mismas se ejecutaron y teniendo en cuenta los documentos obrantes a los folios 592 y siguientes de las actuaciones, dedúzcase testimonio de los mismos, así como del acta del juicio, remitiéndose al Juzgado Decano de Villafranca de los Barros, a los efectos oportunos.

NOVENO.- En materia de costas, la acusación particular solicitó expresamente, en sus conclusiones finales, su imposición a la querellada.

Respecto a la condena en costas, podemos aquí traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2023, recurso número 388/2023, en la que tras recordar el principio de rogación de la materia a la que nos estamos refiriendo en el presente fundamento, señala que "El art. 142.4ª cuarto LECrim establece como contenido necesario de la sentencia los pronunciamientos correspondientes sobre costas. Ese pronunciamiento podría ser justamente declararlas de oficio por no haber formulado nadie una petición para que se impusiesen a la acusación. Así como la petición de condena penal encierra siempre y por definición ( art. 123 CP) la solicitud de condena en costas; la petición de una sentencia absolutoria no implica necesariamente que se reclamen las costas para la acusación no pública. Eso requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigible a quien sienta en el banquillo a un ciudadano para quien reclama la imposición de una pena. Sin un elemental fundamento el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto."

Respecto a la temeridad que permita una condena en costas a la acusación particular, la reciente sentencia de 20 de abril de 2023, de la Sala II del TS, número 281/2023, señala que " No es tarea fácil la fijación de un criterio seguro para discernir cuándo puede estimarse la existencia de temeridad o mala fe. La doctrina de esta Sala ha declarado reiteradamente que no existe un concepto o definición de la temeridad o de la mala fe, por lo que ha de reconocerse un cierto margen de valoración subjetiva en cada supuesto concreto. No obstante lo cual, debe entenderse que tales circunstancias han concurrido cuando carezca de consistencia la pretensión de la acusación particular en tal medida que puede deducirse que quien ejerció la acción penal no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción. Del mismo modo que se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa (cfr. SSTS 46/2007, 30 de mayo , 899/2007, 31 de octubre y 37/2006, 25 de enero ).

Como regla general, el simple dato de la disparidad de criterio entre el Fiscal y la acusación particular se ha considerado insuficiente para fundamentar la condena en costas por temeridad ( STS 754/2005, 22 de junio ). Y es que cuando el Ministerio Fiscal ha solicitado la libre absolución, ello no significa que toda pretensión acusatoria de la acusación particular sea inconsistente ( STS 94/2006, 30 de enero ), pues la disparidad de criterios entre el Fiscal y la acusación particular en relación al resultado valorativo de la prueba practicada, en modo alguno puede considerarse suficiente para imputar a esta parte procesal una actitud maliciosa, temeraria o absolutamente injustificada en el ejercicio de la acción penal ( STS 753/2005, 22 de junio )

Sin embargo, este último criterio, siendo singularmente indicativo, no puede erigirse en definitivo. De hecho, la apertura del juicio oral y el sometimiento a proceso penal del que luego dice haber sido injustamente acusado, no es fruto de una libérrima decisión de la acusación particular. Para ello se hace preciso una resolución jurisdiccional habilitante del Juez de Instrucción -en el procedimiento abreviado así lo impone el art. 783.1 LECrim - en la que aquél ha de valorar la procedencia del juicio de acusación y atribuir al imputado la condición de acusado en la fase de juicio oral. Con carácter previo, se hace indispensable una resolución de admisión a trámite de la querella que, por más que se mueva en el terreno del razonamiento meramente hipotético, supone un primer filtro frente a imputaciones manifiestamente infundadas ( art. 312 LECrim ). A lo largo de la instrucción se practican diligencias de investigación encaminadas a determinar la naturaleza de los hechos y la participación que en ellos haya tenido el imputado ( art. 299 y 777 de la LECrim ). Y si, pese a ello, el órgano jurisdiccional con competencia para resolver la fase intermedia y decidir sobre la fundabilidad de la acusación decide que ésta reúne los presupuestos precisos para abrir el juicio oral, la sentencia absolutoria no puede convertirse en la prueba ex post para respaldar una temeridad que, sin embargo, ha pasado todos los filtros jurisdiccionales. Es cierto también que la temeridad puede ser sobrevenida y que la actuación procesal de la acusación particular en el plenario se haga merecedora de la condena en costas. Sin embargo, si así acontece, el Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecia la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, merecedor de la sanción económica implícita en la condena en costas.

En el caso de autos y a fin de expresar las razones por las que se aprecia, en términos del Tribunal Supremo, la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, merecedor de la sanción económica implícita en la condena en costas, ya hemos dicho que la querella que dio lugar a las presentes actuaciones se presentó el día 18 de julio de 2017 y que hacía poco más de un mes (el 9 de junio de 2017) que se había presentado, ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, escrito por Construcciones Villabarros, SL, pidiendo se declarara incumplido el convenio aprobado por sentencia del Juzgado Mercantil propuesto por Procondal y que como consecuencia de la querella, el convenio automáticamente quedó en suspenso, es decir, que el convenio aprobado por sentencia del Juzgado de lo Mercantil en fecha 18 de diciembre de 2013, en el que, como ya hemos señalado, se establecía una quita del 40 % y se establecía un calendario de pagos a cinco años, está suspendido. Tampoco podemos olvidar que durante la tramitación del concurso ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, la querellante no hubiera puesto objeción alguna en cuanto a las facturas existentes respecto de la obra del Centro Comercial Puerta Aurora y las mismas surjan, precisamente, cuanto Construcciones Villabarros, SL denuncia el incumplimiento del convenio judicialmente acordado en el concurso.

Lo dicho en el párrafo precedente, unido a la deducción de testimonio que se ha acordado en el fundamento anterior, a fin de dilucidar las relaciones entre la querellante y un alto cargo de la Junta de Extremadura, nos lleva tener por probado que en este caso la querella, si no se ha presentado por mala fe, sí que se ha presentado con temeridad, máxime, además, si tenemos en cuenta que la propia querellante propició una pena de banquillo respecto de D. Modesto, retirando la acusación presentada frente al mismo en el momento de las conclusiones finales.

Todo lo anterior nos lleva, pues, a entender que la querella se ha presentado con temeridad, debiéndose, por tanto, imponer las costas de los presentes autos a la acusación particular.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY,