Sentencia Penal 526/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 2, Rec. 91/2023 de 10 de julio del 2023

PRIMERO.- Recurso de Romeo.

El apelante interpone recurso de apelación en el que con asistencia letrada, propugna como motivos del recurso los siguientes: 1º.- Impugnación de los hechos de la sentencia; 2º Error en la valoración de las pruebas; 3º.-Infracción de ley como consecuencia de una indebida aplicación del art. 234.2 CP, todo ello infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa ( 24.1 y 24.2 CE ) atendiendo a la falta de motivación ( 120.3 CE ), afectando a la vez a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE y 6.2 CEDH); 4º.-Infracción de ley como consecuencia de una indebida aplicación del art. 254 CP, todo ello infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa ( 24.1 y 24.2 CE ) atendiendo a la falta de motivación ( 120.3 CE ), afectando a la vez a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE y 6.2 CEDH)y 5º.- Infracción de ley como consecuencia de una indebida aplicación del art. 234.2 CP, todo ello infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa ( 24.1 y 24.2 CE ) atendiendo a la falta de motivación ( 120.3 CE ), afectando a la vez a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE y 6.2 CEDH).

Pese a la rúbrica que se da a los motivos, de la lectura de los alegatos que desarrolla cada uno de ellos, salvo el relativo a la falta de motivación; lo que realmente se combate por la postulación recurrente es la configuración del relato de hechos probados; por lo que separando el precitado motivo de estricto orden procesal; la resolución del resto de motivos se efectuará por este Tribunal Unipersonal de manera conjunta.

Así las cosas, en cuanto a la motivación de las sentencias, no es baladí recordar que como integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva " incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada que se ajuste al núcleo de las pretensiones deducidas por las partes".( STC 67/2001 ). Respecto al razonamiento de dicha respuesta por juzgados y tribunales, la llamada "motivación suficiente" conviene en primer lugar recordar el alcance constitucional del deber de motivación de las resoluciones judiciales en lógica coherencia con las pretensiones deducidas por las partes, como contenido de una efectiva tutela judicial sin indefensión ( art. 24CE ), dado que con la falta de motivación el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia ( STC169/2002, de 30 de septiembre , (FJ 2); S.T.C 114/2003, de 16 junio (LA LEY JURIS. 12613/2003) etc. ]]Como ha dicho el TC (Sala 1ª) en Sentencia 32/2004 de 8 Mar. 2004, rec. 2856/1999 <<.... el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE , en relación con lo dispuesto en el art. 120.3 CE , exige que los órganos judiciales razonen o fundamenten los criterios en que apoyan sus decisiones, pues el derecho a la tutela judicial efectiva impone a los Jueces y Tribunales el deber de motivar sus resoluciones, dando razón del porqué de sus decisiones. La razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho>>y en Sentencia 75/2005 de 4 Abr. 2005, rec. 1713/2002 <<....Es doctrina consolidada por este Tribunal que la razón que justifica el requisito de la motivación de las resoluciones judiciales reside en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo para poder controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos jurisdiccionales a través de los oportunos recursos, y poder contrastar su grado de razonabilidad>>.

También la Sentencia del TS 288/2008, de 14 de mayo refuerza dicho deber de motivación estableciendo que: ["..El cumplimiento de que todas las sentencias "....serán siempre motivadas".... ( art. 120-3º C.E .) debe ser la guía de toda la actividad judicial. Es muy numerosa, coincidente y reiterativa la doctrina de la Sala, y así con las SSTS 2505/2001 , 1990/2000 , 392/2001 , 298/2005 , 1046/2006 ó 1090/2007 , puede decirse que la Constitución ha establecido un nuevo modelo de proceso penal, singularmente en lo que se refiere al deber de motivación de toda resolución, y al que deben acogerse todos los Tribunales cualquiera que sea el orden jurisdiccional, aunque adquiera especial relevancia en el orden penal dada la especial afectación que el derecho a la libertad tiene en las sentencias penales"].Pero también tiene establecido la doctrina constitucional y del TS que, para que se entienda suficientemente motivada una resolución judicial no es preciso que contenga una determinada extensión, sino que esa motivación ha de ser suficiente para dar a conocer la razón o "ratio decidendi" de la resolución acordada. El TC viene reiterando que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido o no este requisito en las resoluciones judiciales. No existe un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, sino a que el razonamiento expuesto por el juzgador constituya lógica y jurídicamente una explicación suficente en cada caso concreto que permita conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentales de la decisión ( STC113/2001 de 29 enero ).Por consiguiente una motivación sucinta no implica ausencia de motivación siempre que presente una respuesta adecuada en Derecho a la cuestión planteada, esto es, una aplicación razonada y reconocible del ordenamiento jurídico con la extensión y profundidad proporcionadas a la mayor o menor complejidad de las cuestiones que se han de resolver ( STS 19-02-2002 ).

A la vista de los anteriores expositivos la sentencia no adolece de la falta de motivación que aduce la parte recurrente. En efecto, aunque de manera sucinta, existe valoración probatoria y motivación de iter valorativo, siendo de ver que la juzgadora otorgó fiabilidad a la testifical de los agentes policiales actuantes y aunque en pura ortodoxia procesal hubiera sido deseable que la misma dejara descrita en la sentencia, que no existen razones para dudar del cumplimiento del deber de objetividad e imparcialidad inherente a su condición de funcionarios públicos de los agentes policiales; lo cierto que la misma razonó el discurso valorativo de manera que las partes y el Tribunal Unipersonal pudieran examinar de dónde emana la configuración del relato de hechos probados; sin que el hecho de que respecto al agente de la G.U. nº. 76477 la juzgadora empleara la expresión " dio una versión similar", no implique que el contenido de dicho testimonio no hay sido valorado; pues, si bien es cierto que, de nuevo, en pura ortodoxia procesal hubiere sido deseable una valoración individualizada del mismo; la valoración se efectuó referenciándola al contenido de la rememoración efectuada por su compañero, al objeto de no volver a repetir de nuevo su contenido en la resolución.

Asimismo, aunque es cierto que respecto a los hechos subsumibles en el delito leve de apropiación indebida ( en cuanto al descrito hallazgo de los teléfonos móviles en la riñonera ), la motivación referente a la condena por anteriores delitos de hurto y apropiación indebida no se estima suficiente para descartar la fiabilidad del testimonio del acusado Sr. Santiago; lo cierto es que en el miso F.J. Tercero, la juzgadora deja razonado el poderoso indicio existente entre el teléfono cuya sustracción vieron directamente los agentes policiales actuantes, y la mismas circunstancia de los terminales telefónicos existentes en la mentada riñonera a lo que se les había retirado igualmente la tarjeta SIM para evitar la localización de los propietarios, concurriendo dicha circunstancia en todos los teléfonos incautados.

Es patente que existe motivación ( aun sucinta ) anclada en prueba indiciaria y conforme a las normas de la lógica y máximas de la experiencia; por lo que los alegatos comunes a varios motivos consistentes en la falta de motivación no pueden prosperar y se desestiman.

SEGUNDO.- Para su resolución procede partir de las siguientes premisas normativas y jurisprudenciales:

1º) El principio de presunción de inocencia, dotado de protección constitucional en el art. 24 de la C.E., ha sido objeto de abundantes resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional ( STC 31/1981, de 28 de julio, 189/1998, de 28 de septiembre ó 61/2005, de 14 de marzo), como del Tribunal Supremo ( STS, Sala 2ª, de 16-10-2001 , por ejemplo), que han generado un importante cuerpo doctrinal, que forma pacífica lo considera como el derecho a presumir la inocencia del acusado (presunción iuris tantum) exige para su condena la demostración de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción. En la práctica lo dicho significa, como destaca la sentencia del TS de 29 de octubre de 2.003, que la alegación de la infracción del principio de presunción de inocencia obliga a comprobar: 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente); 2º) que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita); y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

2º) La doctrina del Tribunal Constitucional (sentencia de 12 de diciembre 1989) y del Tribunal Supremo (sentencias de 15 de mayo y 19 de diciembre 1990, de 20 de enero de 1993 ó de 12 de marzo de 1998, entre otras) significan que en nuestro Derecho procesal penal rige el principio general de que se ha de considerar prueba exclusivamente es la que se practica en el Plenario, donde se somete a los principios de contradicción e inmediación, ante lo cual cuando un Tribunal diferente al que la practica debe revisar los hechos declarados probados se halla ante una serie de limitaciones que vienen determinadas por la propia naturaleza de recursos plenos, como es el de apelación. Por ello, tan sólo cuando la convicción del Juez "a quo" se encuentre totalmente desenfocada, o no exista, o sea manifiesto su error en la apreciación del material probatorio, puede (y debe) revisarse la fijación que de los hechos haya efectuado y por consiguiente, rectificar o invalidar las consecuencias jurídicas que haya extraído.

Más recientemente, en cuanto al control en la alzada, por mor de los recursos, de los alegatos referentes a la deficiente enervación del derecho fundamental a la presunción de inocencia del condenado/a recurrente; es menester dejar sentando el ámbito de actuación de este Tribunal, ad quem, que viene configurado en la consabida doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, por todas, STS 717/2018 de 17/01/201979 ( y también las recientes sentencias STS 3/2020 de 16/01/2020): "(...)Conforme a esa doctrina reiterada de esta Sala, por todas SSTS 28/2016, de 28 de enero, 125/2018, de 15 de marzo, la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado. Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( Art. 14 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)(...)" La letra negrita ha sido añadida ).

Es precisamente este apartado d) el que entronca directamente con los frecuentes alegatos de un supuesto error en la valoración probatoria, que tienen su asidero legal en la previsión que al respecto realiza el art. 790.2 LECrim. y que como es de ver, tienen una proyección directa sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia del condenado en la instancia, sin perjuicio de la virtualidad de dicho motivo de apelación per se para solicitar al Tribunal a quem la anulación de una sentencia absolutoria o el agravamiento de una sentencia condenatoria, conforme recoge el precitado precepto.

Tampoco es baladí recordar, que desde antiguo el Tribunal Constitucional, por totas STC 81/1998, afirma que a presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio opera como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable, en virtud de pruebas que puedan considerarse de cargo y obtenidas con todas las garantías.

El consabido estándar de condena más allá de toda duda razonable íntimamente ligado con el principio rector de aplicación favorable al reo de dicha duda ( in dubio pro reo ); presenta no poca dificultad, existiendo de antiguo esfuerzos argumentales para su fijación. Así, en Commonwealth v. Webster, 59 Mass. 295: 320(1850) Lemuel Shaw Presidente del Tribunal Supremo de Massachussets razonaba:"(...) las pruebas han de establecer la verdad de los hechos en el sentido de producir una certeza razonable o moral; es decir, una certeza que convence, dirige el entendimiento y que satisface la razón y el juicio de aquellos obligados a actuar conscientemente con base en esa certeza. Esto es lo que se considera una prueba más allá de cualquier duda raonable(...) ".( la letra negrita ha sido añadida ).

Es por ello labor del Tribunal a quem, revisar si al margen del convencimiento condenatorio del jugador ( inexistencia de duda subjetiva ), del resultado de las pruebas practicadas, debió existir en el mismo una duda objetiva y razonable conforme al precitado estándar.

3º) Respecto a la valoración de las pruebas personales en segunda instancia, STC 317/2006, de 15 de noviembre, sostiene que: "de la censura sobre la razonabilidad de los argumentos utilizados por el órgano a quo para fundar su convicción sobre la credibilidad de un testimonio no se infiere, eo ipso, un juicio positivo sobre la veracidad del mismo, sino que es preciso realizar una segunda valoración dirigida a ponderar dicha credibilidad, y esta segunda fase del enjuiciamiento habrá de verse necesariamente apoyada sobre elementos de juicio necesitados de la inmediación; máxime en supuestos, como en el que ahora nos ocupa, en los que la asunción de la verosimilitud del testimonio de la parte acusadora conlleva per se la negación de la credibilidad de lo manifestado, no sólo por el acusado, sino por otros testigos presentados por la defensa, con una versión de los hechos lógicamente opuesta a los de la acusación. Expresado en otros términos: que las razones por las que un Juez considera que la declaración de un testigo no es veraz sean ilógicas o irrazonables no implica que tal declaración sea veraz, de igual modo que considerar como irrazonables o ilógicas las razones que avalan un veredicto de inocencia no puede dar lugar a una atribución de culpabilidad.

En suma, para la valoración sobre de la credibilidad de una prueba personal será precisa siempre la concurrencia de la inmediación, so pena de vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías recogido en el art. 24.2 CE" (FJ 3; en igual sentido, SSTC 15/2007, de 12 de febrero, FJ 3; y 54/2009, de 23 de febrero, FJ 2).

Dicha doctrina jurisprudencial trae causa de la célebre STC 167/2002, encontrando su fundamento en el derecho a un proceso debido, que conlleva la exigencia de respetar, en cuanto integran el contenido de del derecho a un proceso con todas las garantías, los principios de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de la prueba en la segunda instancia penal, no bastando con que el Tribunal "ad quem " respete el artículo 790 de la L.E.Crim, en el que se regula el recurso de apelación en el procedimiento abreviado, sino que es necesario en todo caso partir de una interpretación de dicho precepto conforme con la Constitución hasta donde su sentido literal lo permita. El Pleno del Tribunal Constitucional en la precitada sentencia, rectifica la jurisprudencia existente acerca de los principios de inmediación y contradicción en la segunda instancia penal, al objeto de adaptar más estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías ( artículo 24 de la Constitución Española ) a las exigencias del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas, de 4 de noviembre de 1950 ( CEDH )y concretamente a lo prevenido en su artículo 6.1, según ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH), debiendo atenerse a dicho criterio interpretativo conforme a lo previsto en el artículo 10.2 de la Constitución Española.

Como acertadamente se expone en la STS de fecha 18.11.2008, la valoración de la prueba se desarrolla en dos fases: a) la primera regida por la inmediación que es en definitiva la percepción sensorial de la prueba y b) la segunda que aparece como un proceso interno del juzgador por el que forma su convicción a través de lo apercibido, incorporando a esa percepción los criterios de la ciencia, de la experiencia y de la lógica que le llevan a la convicción. Según fundamenta el TS, existe una gran diferencia entre dichas fases, habida cuenta de que sólo la segunda de ellas, es decir, la concerniente a la estructura racional de la valoración, puede ser objeto de control por el Tribunal encargado del conocimiento de la impugnación en la segunda instancia penal, dado que dicha actividad no requiere la percepción sensorial.

Más recientemente, como corolario y sintetizando la anterior doctrina jurisprudencial y en especial referencia a la valoración de pruebas periciales documentadas y documentales, el Tribunal Supremo mediante STS 864/2014, de fecha 14 de febrero de 2014, Ponente Exmo. Sr. D. Antonio Del Moral García, sostiene en una paradigmàtica resolución, la vigencia y aplicabilidad de la doctrina emanada de la célebre STC167/2007 y conecta el déficit de inmediación del Tribunal en la resolución de recursos con el posible menoscabo, en determinados casos, de los derechos fundamentales de defensa, a la presunción de inocencia y un proceso con todas las garantías.

Concretamente respecto a la valoración de las documentales pruebas periciales documentadas, la precitada STS las distingue por su diferente naturaleza, siendo las primeras las que nacen fuera del proceso y se incorporan posteriormente al mismo y las segundas aquellas que nacen en el propio proceso y se documentan en él. Respecto a la valoración de la prueba documental, refiere como parámetro para apreciar un supuesto error del juzgador en su valoración, la necesidad de literosuficiencia y perseidad probatoria.

Respecto a las pruebas periciales documentadas, la precitada STS de 14 de febrero de 2014, trae a colación la STEDH de fecha 16 de noviembre de 2010 ( asunto García Hernández c.España ), en el que recayó sentencia absolutoria que fue revocada por la Audiencia Provincial en un supuesto de malpraxis médica, basándose en pruebas periciales. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo. El TEDH, mantuvo en la precitada resolución que existió violación del artículo 6.1 del CEDH ( de aplicación y debida interpretación en nuestro derecho interno conforme a lo previsto en los artículos 96.1 y 10.2 de la C.E.).

La STS nº. 841/2014 de 9 de diciembre de 2014, Rso nº. 10684/2014, sostiene que los Tribunales de apelación "(... ) en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto a verificar la solidez y racionalidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas(...), y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria".

Consecuencia de lo anterior, es el escaso margen otorgado a las Audiencias Provinciales en la resolución del recurso de apelación, pues deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación, salvo que el razonamiento lógico jurídico de valoración de la prueba sea contrario a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y máximas de la experiencia.

TERCERO.- Aplicando los anteriores fundamentos jurisprudenciales y legales, es patente que existe prueba de cargo suficiente como para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia que ampara al recurrente ( 24 CE ); pues nos hallamos ante un delito flagrante ( en los términos acuñados para la configuración del mismo en el art. 795.1 LECrim.) en el que la rememoración de los hechos efectuada por los agentes policiales actuantes que frustraron su consumación ( en los hechos subsumibles en el delito de hurto se refiere ); siendo que los hechos en los que se subsume el delito leve de apropiación indebida se residencia en la aprehensión de la riñonera en conjunción con el modus operandi de deshacerse rápidamente de la tarjeta SIM del móvil objeto de sustracción visionada por los agentes actuantes; siendo que la intención de incorporar ilícitamente al patrimonio todos los teléfonos móviles aprehendidos sin su tarjeta SIM, se antoja lógica y acorde a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia.

Olvida la parte recurrente en sus extensos alegatos, que en esta segunda instancia el Tribunal Unipersonal no puede revalorar prueba personal y por ello, únicamente cabe fiscalizar la existencia de prueba de cargo suficiente como para enervar el derecho la presunción de inocencia que ampara al recurrente y que la valoración probatoria de la misma, existe y se ajusta a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, entendidas éstas como datos de conocimiento corriente intersubjetivamente compartidos y acreditados por una sólida generalización de saber empírico ( entendidas también por la doctrina del TS -por todas STS 1455/2014 de 19 de marzo de 2014, Pte. Exmo. Sr. D. Luciano Varela Castro - como una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes).

A la vista de lo anteriormente razonado, los agentes actuantes, dejaron descrito y rememorado ante la juzgadora el escenario multitudinario en el que se produjo la sustracción por los mismos visionada ( concierto de "Los 40 principales " ) y como los acusados deambulaban por dicho escenario, fijándose en las pertenencias ajenas, juntándose y separándose ( de lo que se infiere actuación conjunta, coordinada y tendencial ).

En esa tesitura, y atendiendo a las condiciones de concurrencia de multitud de personas en las que se efectuó el seguimiento tras visionar la sustracción del teléfono móvil a una mujer, no es desacorde a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia que con cierta habilidad se desprendieran de la tarjeta SIM, ( de la que carecían el resto de teléfonos móviles intervenidos ).

La circunstancia de que alguno hubieran sido denunciados y otros no, en lo que respecta al delito objeto de condena es anodino, pues a la vista de las circunstancias concurrentes la intención de incorporar todos los teléfonos móviles hallados en su poder a su patrimonio, se antoja como la probabilidad prevaleciente, frente a la de entregarlos que fue descartada por la juzgadora.

Sobre dicho particular, no es baladí recordar que las llamadas " inferencias presuntivas convergentes" la doctrina del TS ( por todas STS 732/2013 de 16 de octubre y 700/2009 de 18 de junio señalan que " desde la perspectiva del razonamiento presuntivo seguido por el Tribunal a quo, no toda inferencia que vaya del hecho conocido al hecho ignorado ofrece, sin más, la prueba del último. Las inferencias deben ser descartadas cuando sean dudosas, vagas, contradictorias o tan débiles que no permitan la proclamación del hecho a probar. Sin embargo es perfectamente posible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas sean lo suficientemente seguras e intensas como para reducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo. Y la seguridad de una inferencia, su precisión, se producecuando aquella genera la conclusión más probable sobre el hecho a probar. En el fondo, esta idea no es ajena a una probabilidad estadística que se presenta como la probabilidad prevaleciente. En suma, resultará probada la hipótesis sobre el hecho que se fundamente sobre diversas inferencias presuntivas convergentes cuando esa hipótesis esté dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de otras hipótesis a las que refieren otras inferencias presuntivas, mucho más débiles y por tanto incapaces de alterar la firmeza de aquella que se proclama como predominante" .

Es por todo ello que como se ha anticipado, el recurso de apelación es inviable y se desestima en su integridad.

CUARTO.- Recurso de Santiago.

En un único motivo, la postulación recurrente entiende que no ha sido enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia respecto al delito de apropiación indebida, ddao que entiende el recurrente que no existe prueba directa o indiciaria de que el mismo tuviera relación con los teléfonos móviles hallados en poder del otro acusado.

El Tribunal Unipersonal no puede más que remitirse a lo anteriormente razonado en cuanto a la actuación conjunta, coordinada y tendencial contra el patrimonio ajeno visionada por los agentes actuantes, por lo que la circunstancia de que la riñonera en la que se alojaban numerosos móviles sustraídos, se hallara en poder de uno u otro acusado, es anodina a los efectos valorativos probatorios que el recurrente pretende; por lo que existiendo prueba de cargo respecto al delito de los hechos subsumibles en el delito leve de apropiación indebida; el recurso es inviable y debe fenecer.

QUINTO.- Procede declarar las costas de oficio en esta segunda instancia.

Vistos los artículos citados, criterios expuestos y demás normas jurídicas aplicables,