Sentencia Penal 212/2024 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 6, Rec. 61/2023 de 13 de marzo del 2024

Hipótesis sostenida por la acusación, por la defensa, y objeto del procedimiento

PRIMERO.- Hipótesis sostenida por la acusación

Ambas acusaciones formulan de forma idéntica su conclusión primera, sostienen que el acusado, con evidente ánimo de lucro, convenció a la querellante (de 83 años de edad en ese momento) para que le vendiera su piso sito en la DIRECCION000 de Barcelona por un precio irrisorio, haciéndole creer que constituiría a su favor un usufructo vitalicio. Que consiguió que fuera sola a la notaría el 14 de febrero de 2014 y que se formalizó la compraventa por valor de 49.000 euros (cuando la vivienda estaba valorada en 279.000 euros) de los cuales solo se entregó un talón de 42.315 euros cargado a la cuenta del BBVA NUM002 e ingresado en la cuenta de Caixabank NUM001 cotitularidad del acusado y la Sra. Lizbeth, quien nunca llegó a retirarlo permaneciendo el talón en el patrimonio del primero Y esos hechos fueron denunciados mediante querella de la Sra. Lizbeth el 5 de mayo de 2020.

SEGUNDO.- Hipótesis de la defensa:

Niega la hipótesis acusatoria, sostiene que la querellante y su hijo tenían muchas deudas por embargos y similar, que se conocieron y llegaron al acuerdo de venderle el piso por ese precio pactado entre todos, que coincidía con el valor de las deudas, y a cambio se constituiría un usufructo vitalicio en favor de la Sra. Lizbeth y tras su fallecimiento, de dos años para su hijo para que pudiera buscar otro domicilio. Que a la notaria debían acudir los tres, pero el hijo no quiso acompañarles al indicar que estaba indispuesto, y que solo se firmó la compraventa porque no quisieron constituir un usufructo. Que insistió varias veces en eso a fin de regularizar obligaciones de una y otra parte y no accedieron a ello, y que dijeron que abonarían el IBI y la comunidad y tampoco lo hicieron, de ahí que finalmente les propusiera el 1 de abril de 2018 realizar un arrendamiento con un precio asumible de 650 euros al mes y aceptaron, entregando una renta y la fianza, si bien no cumplieron más de ahí que tras varios requerimientos de pago el 15 de noviembre de 2019 interpuso una demanda de desahucio, y a consecuencia de ello se interpuso la querella y al propio tiempo una acción civil relatando los mismos hechos (y se anunció reserva de acciones que finalmente no se realiza).

Sobre el dinero entregado, se indica que el propio Sr. Maycol acompañó a la Sra. Lizbeth a ingresar el cheque en Caixabank, que fue dos días después de la compraventa y con ese dinero se saldaron las deudas que ella tenía, y que el acusado asumió otras deudas también imputables a la misma, y que igualmente liquidó los impuestos que le correspondían como adquirente.

TERCERO.- Objeto del pleito:Contrapuestas ambas posiciones, y con la premisa de que ostentan la carga de la prueba las dos acusaciones, el objeto del pleito se compone de las siguientes cuestiones, que deberán ser acreditadas por la parte acusadora:

a) Como se pactó el precio y entre quien y condiciones

b) Si la señora Lizbeth fue a la notaria "engañada" para aceptar esas condiciones

c) Si el dinero de la compraventa permaneció en el patrimonio del acusado

d) Si la no constitución del usufructo fue imputable al acusado.

Dicho objeto, tratándose de un negocio efectuado en el ámbito civil cuyas consecuencias determinan una acción penal nos obliga a referirnos, mínimamente, a los negocios jurídicos criminalizados. A ellos hemos hecho referencia en diversas resoluciones de esta Sala, destacando el Auto 762/2023 de 18 de octubre o Sentencia 682/2019 de 25 de octubre, donde hemos definido los mismos aquellos en los que el engaño surge cuando el actor (en este caso el acusado) simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su intención de incumplir sus propias acciones, en todo caso voluntaria. Igualmente, la STS 404/2014 de 19 de mayo sostuvo que " Tal modalidad aparece -cfr STS. 987/2011, 5 de octubre y 1998/2001, 29 de octubre - cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuando, en realidad, sólo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante ánimo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuridicidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo. De otra manera, como dice la STS 628/2005, 13 de mayo , para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los mismos en términos que no se habrían dado de resultar conocida la real naturaleza de la operación."

Asimismo, destacamos nuestra la SAP 775/2021 de 8 de noviembre en la que indicamos lo siguiente:

" 1.2. El elemento esencial que define la estafa es el engaño bastante que causa error en el disponente. Este elemento caracteriza el delito y determina el ámbito de las conductas que encajan en el tipo. La conceptualización del engaño bastante delimita el delito desde los principios propios del derecho penal democrático. Y en este punto hay que recordar que en el ámbito del contrato o, en general, del negocio jurídico son vicios del consentimiento el dolo o el error. Así resulta que el dolo o el error civiles que emplea uno de los contratantes no comportan "per se" la comisión de un delito de estafa. Es necesario ese plus que exige el derecho penal para castigar aquellas conductas ilícitas que no tienen su debida sanción en las normas no penales.

Se trata así de establecer cuándo debe criminalizarse el negocio jurídico, en el supuesto de la causa y a los efectos del delito de estafa estamos ante un préstamo; y cómo debe examinarse el engaño bastante desde la posición o circunstancias personales del engañado, cuestión esta última que lleva a la construcción jurisprudencial del llamado deber de autoprotección. El análisis del deber de autoprotección constituye en este caso, dada la naturaleza de los hechos, la esencia del debate jurídico para poder adoptar una decisión vistas las posiciones de las partes.

En la sentencia núm. 499/2019, de 23 de octubre, la Sala Segunda profundiza en los límites entre el dolo civil y el dolo penal, en la suficiencia del engaño y el deber de autoprotección del engañado. Expone que según su doctrina constante el engaño bastante a los efectos del delito de estafa es el suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto. Para ello debe tener la suficiente entidad para que " en la convivencia social actué como estímulo eficaz del traspaso patrimonial". En este punto señala que para valorar la suficiencia del engaño hay que atender tanto a módulos objetivos como a las condiciones personales del sujeto engañado y a las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto. Y añade que las maniobras defraudatorias del sujeto activo han de revestir apariencia de realidad y seriedad suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia."

Finalmente, se plantea por todas las partes que se hizo una compra-venta y que debía constituirse un usufructo vitalicio, que nunca se constituyó formalmente, cuyo régimen se contiene en los 567-1 a 567-37 Llibre V Codi civil de Catalunya y 467 y ss Cc.

Valoración de la prueba

CUARTO.- Avanzamos que la prueba practicada no ha sido lo suficientemente contundente como para entender acreditada la hipótesis acusatoria. Al respecto, hemos puesto de manifestó en anteriores ocasiones la importancia del principio acusatorio a la hora de valorar la prueba practicada. La STS nº 221/2022 de 9 de marzo, que indica lo siguiente:

"El principio acusatorio, aunque no expresamente formulado en nuestro texto constitucional, entronca de forma abierta con el derecho de defensa, con el derecho a un juez imparcial y, por extensión, con el derecho a un proceso con todas las garantías (enunciados, todos ellos, en el artículo 24.2 de la Constitución española ). Naturalmente, solo conocidos los elementos fácticos que se atribuyen al acusado y el espacio normativo sustancial en el que pretenden residenciarse, es posible el ejercicio eficaz del derecho de defensa, en la medida en que mal podría defenderse quien ignora de lo que se le acusa. Si resultara posible que el órgano jurisdiccional, considerase probados en su sentencia hechos sustancialmente diversos de los presentados por las acusaciones, o que calificara los mismos (o pudiera sancionarlos) sobre la base de preceptos distintos, heterogéneos o más graves, o que impusiera una pena superior a la pretendida, ninguna eficaz defensa podría ser opuesta frente a hechos desconocidos hasta entonces, frente a aspectos normativos relevantes que no hubieran sido objeto de debate, o frente a la concreta imposición de penas, más graves que las solicitadas por cualquiera de las acusaciones. Además, actuando de cualquiera de esos censurables modos, el órgano jurisdiccional mismo se estaría subrogando, por descontado indebidamente, en la posición que corresponde a las acusaciones, abandonando, por eso, su indispensable posición de imparcialidad. Venía a explicarlo, por todas, nuestra reciente sentencia número 853/2021, de 10 de noviembre, cuando señala: <tiene declarado que el sistema acusatorio que informa el proceso penal español exige que exista la debida correlación entre la acusación y la sentencia, de forma tal que la defensa del imputado tenga oportunidad de alegar, proponer prueba y participar en su práctica y en los debates, habiendo conocido con antelación suficiente aquello de que se le acusa, de ahí que la acusación haya de ser además precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula ( SSTS 8 de febrero de 1993 , 5 de febrero de 1994 y 14 de febrero de 1995 , entre otras).

Por ello, nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado la doctrina constitucional y esta misma Sala que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica ( SSTC 12/1981, de 10 de abril ; 95/1995, de 19 de junio ; 225/1997, de 15 de diciembre ; 4/2002, de 14 de enero , F. 3 ; 228/2002, de 9 de diciembre , F. 5 ; 35/2004, de 8 de marzo, F. 2 ; y 120/2005, de 10 de mayo , F. 5)...Más en concreto, y por lo que respecta a las proyecciones del principio acusatorio respecto del sustrato meramente histórico o fáctico de la acusación, cumple traer aquí a colación lo que ya señalábamos en nuestra sentencia número 817/2021, de 27 de octubre , con cita de la número 190/2017, de 24 de marzo . Puede leerse en ella: < artículo 24.2 CE ), porque si no se conocen los hechos el acusado no podrá defenderse de los mismos ni contradecirlos. Desde esta perspectiva el contenido de la información es en primer lugar esencialmente fáctico en cuanto que los términos de la acusación necesariamente deben contener el hecho punible que constituye el objeto del proceso, relatando de forma accesible, clara y precisa un hecho concreto en relación con una persona y penalmente relevante, lo que determina la extensión del contenido del principio acusatorio también a la calificación jurídica imponiendo limitaciones al Tribunal sobre la misma. Por ello la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo proscribe las acusaciones implícitas o sorpresivas y advierte de la vinculación del principio acusatorio con el derecho de defensa, tutela judicial e incluso se relaciona con la independencia judicial puesto que si el juez se extralimita en relación con el hecho punible fijado por la acusación compromete su imparcialidad. Partiendo de lo anterior, es preciso analizar la otra vertiente de la cuestión, la congruencia o correlación entre la acusación y la sentencia, pues también debe admitirse que el principio acusatorio no supone necesariamente que el tribunal no pueda introducir modificaciones en su relato siempre que la identidad esencial de los hechos resulte respetada..."

Si aplicamos lo anterior (que también recogemos en nuestra SAP 184/2022 de 23 de marzo) al caso concreto, ya avanzamos que los hechos que configuran el objeto del litigio en los escritos de acusación no han sido acreditados de forma suficiente como para enervar la presunción de inocencia de los acusados, y, en todo caso, no lo suficiente como para vencer algunas cuestiones expuestas como tesis de descargo que sí se han visto corroboradas.

4.1.Prueba Practicada en el plenario:Distinguiremos entre las pruebas personales y las documentales (que resulten más relevantes). En cuanto a la prueba practicada en el plenario destacamos lo siguiente:

* La querellante Sra. Lizbeth declaró como testigo, manifestó que era amiga del acusado, que llegaron a un punto que como él tenía un bar cerca de DIRECCION000 y su hijo iba con sus amigos a ese bar se hicieron amigos. Que el acusado vino un día a casa, le dijo que era muy grande, que ella le dijo que estaba en buen sitio. Ella estaba sola en su casa, y no firmo nada, que ahora ella está sola en su casa. Ahora tiene 93, no recuerda cuantos años tenía entonces, pero que su hijo estaba ya enfermo entonces. Indica que no le ofrecieron dinero ni fue a una notaría, solo se encontró en esas circunstancias. No recibió nada por la venta del piso, no le ofreció tampoco el usufructo. Tuvieron relación por el bar, cuando su hijo salía del trabajo iban allí e hicieron una amistad, parecía que era un amigo con mucha confianza, se encontró que el piso casi no era suyo, ella tampoco firmó nada, que no firmó nada. Ella no tenía deudas en aquella época, no cierto que él le prometiera pagar deudas. Ella pagó los impuestos que le tocaba, en la actualidad sigue teniendo el piso, ha hecho muchos trámites y sigue siendo suyo. Y que su nivel de estudios es de estudios en comercio, que antes no había bachillerato.

* Declaró como testigo la Sra. Estefani, se le exhibió f. 19 a 31 y la reconoció como suya, se afirmó y ratificó en ella, manifestó que han pasado 10 años y no recuerda lo que pasó pero que si ponía que tenía legitimación y capacidad es porque apreciaría que era así, que su forma de proceder es que si detecta alguna deficiencia o falta de capacidad no se firma, que ella informa de los derechos, hace advertencias fiscales, pide DNI y se escanea porque es obligatorio, ...indica que ha habido operaciones que no las ha autorizado y que el día de la firma suele leer las partes más importantes de la escritura. Que las partes fueron conscientes de que estaban firmando una compra-venta, que las firmas duran poco, ya vienen informados, puede durar 10 o 15 minutos si todo es correcto, y si se complica puede ser media hora . Conoce la DIRECCION000 y preguntada sobre si no le pareció raro el precio tan barato, manifiesta que si las partes consienten ella no se mete , y que al Sr. Maycol lo conoce solo de esa firma, que no es cliente habitual de la notaria.

* En cuanto la testifical del Sr. Lucas, fue visionada en la vista conforme el art. 730 Lecrim, en relación con el f. 226, al acreditarse su fallecimiento. El mismo manifestó que la querella solo la interpuso su madre, no él, que es el hijo de Lizbeth, que se quedaron a vivir en el piso él y su madre, que hablaron con Maycol y quedaron que le pasaría un dinero a su madre y que podrían quedarse en el piso hasta que murieran, que tiempo después vino con un talonario de recibos de alquilar y les dijo que lo necesitaba para el banco, pero que era igual si le pagaban o no el alquilar, que no sabe exactamente qué firmo, que solo firmó recibos, pero como luego les denunció por no pagar no sabe exactamente qué firmo. El contrato de compra-venta lo redactó el notario, él estaba en el hospital, al notario su madre fue con Maycol, él estaba en el hospital, que el contrato de arrendamiento él ni lo vio. No se acuerda si lo vio, y no sabe si su madre lo firmo. Se le exhibió los f. 51 y ss compatibles con el contrato de arrendamiento del 1 de abril de 2018 y aunque dice no recordar haberlo firmado sí reconoció su firma. Insiste que no se acuerda del contrato, ni quien estaba presente, ni si se firmó en su casa, ... que también reconoce la firma de su maadre, que si el acuerdo en la venta era vivir allí gratis, e indica que conoció al acusado en un bar, que también lo metió en su trabajo, como publicista, pero duró 4 días. Que fue Maycol quien les propuso el trato, en la casa de su madre y suya, que Maycol sabía que tenían el piso porque él se lo contó, que también tenían deudas, que él les dejó entre 5.000 y 6.000 euros, y además pagaba el IBI y la comunidad. Acordaron ese pago, y los 6.000 euros se los dejó cuando salió del hospital y eso es otra cosa aparte del piso y acordó que se lo devolvería cuando pudiese. Que Maycol buscaba casa y pensaba que los dos se morirían pronto, que no sabe quién fijó el importe de la venta, y sobre el contrato de alquiler, lo firmó porque le dijo que se lo pedían en el banco para justificar que le entraba dinero, pero que podían vivir gratis, que el importe mensual cree que era de 500 euros, pero reitera que les dijo que no pagaran.

* En cuanto a la pericial, declaró el Sr. Jean (webex) quien ratificó su informe sobre vivienda de DIRECCION000, que el 7-4-2020 se le encargó el informe de valoración de vivienda de DIRECCION000, para que certificara su valor en 2014, que utilizó el método comparativo, de mercado, cogió de referencia datos estadísticos obtenidos en el Ajuntament de Barcelona, y en el 2014 aparecía del distrito de eixample un valor de 3573 euros /m2 , y la vivienda tenía 78 m2, de ahí que le resultaran los 278694 euros. Que no pudo acceder al interior, solo al exterior y la finca tenía buen estado de conservación. Y se presume que dentro está igual de bien. Que puede modificarse al alza o a la baja su valoración según el estado de la vivienda. Indica que en ningún caso la casa podía valer 49.000 euros, tendría que tener un estado de derribo y es imposible con cédula de habitabilidad y viviendo gente dentro, y que además en la propia escritura de compraventa sale un precio de referencia fiscal de 170000 euros. Manifestó que es API , y también ejerce como abogado, que no tiene ningún parentesco con el letrado de la acusación, y comparte despacho con Joseph, que es su hermano.

* Finalmente declaró el acusado, manifestó no ser cierto lo que habían declarado los testigos, que lo único que le prometió fue un usufructo vitalicio a Lizbeth, a su hijo solo durante dos años desde la muerte de su madre. Ellos tenían deudas y embargos, tenían pisos en Madrid, en Sort, en Benavent, ...las deudas ascendían a 49.000 euros, y luego salieron más deudas y él las ha abonado. El Lucas fue el que le prometió que después de alzar los embargos y deudas, le recomprarían el piso con un 7 % de interés-. Luego fueron a firmar con Lizbeth, él hijo no fue porque no quiso levantarse, luego si fue al hospital. No hicieron usufructo a la vez porque no sabía que podía hacerse a la vez. Vivía en Barcelona desde hacia 4 años, es de Mequinenza, estudió FP marketing, y vivía cerca del bar y trabajaba ahí entre 14 o 15 horas. Se le exhibió los f. 19 a 25: reconoce que es esta la escritura que se firmó, sobre el inventario de los bienes, se lo dijo el hijo que según él si se ponía en la escritura era para quedarse el piso, lo tuvo que hacer deprisa y corriendo el día del notario, luego supo que había cuadros de valor y que había una hermana y que en realidad el hijo quería asegurárselos. Los 49.000 euros se fijaron según las deudas que hay en unas hojas de pago que hicieron, no recuerda el tipo de deudas, que se pagaron con el dinero de la venta al cabo de 2 o 3 días. Hizo un cheque, fueron a la Caixa, se ingresó y abrieron cuenta mancomunada, Lizbeth no quiso ingresarlo en su cuenta porque su hijo gastaba mucho con la tarjeta, fueron a hacienda y pagaron gastos, y luego pagó otras cosas de su cuenta. Que se retuvo una parte de ese precio por gastos de comunidad IBI, ... de varios años. También debían gas, pero no lo pagó porque le tocó pagar la plusvalía, que su gestor le dijo que era 7000 euros y tuvo que pedir crédito, por eso no les pagó el gas. Que luego Lucas iba viniendo con gastos y luego ya decidió cancelar la cuenta mancomunada.

Se negaron siempre a hacer el usufructo. Al salir de la notaria le dijeron que podían haberlo hecho. Al poco tiempo el Lucas fue al hospital, y Lizbeth no quiso hacer nada sin su hijo, la condición era " yo os dejo dinero, que el piso no cueste nada, y luego lo recompran y ya está." Incluso buscó una notaría, pero no llegó a fraguar nada.

Que a la gestoría le dijo que iba a firmar usufructo, pero no sabe por qué no estaba hecho todo junto.

Desde que se firma la venta, hasta que les propone alquiler, pasaron 4 años, y que ello fue porque tenía una cafetería y le iba bien, Bracafé, cerró una en 2016 y tenía otra , y esperaba que se vendiera piso de Madrid de la querellante. Que lo del usufructo lo dijo 30 veces, y en ese tiempo él pago IBI y comunidad de propietarios. Pagaba 141 euros de comunidad cada dos o tres meses, y ahora 85 euros mes de derrama, de IBI cree que 250 aproximadamente cada cierto tiempo. Que después de los 5 años se firmó el contrato de alquiler: en 2018 él estaba en Zaragoza en una aseguradora y hablando con compañeros, y con un abogado, éste no dio crédito y le dijo que les hiciera un contrato en precario, pero luego le dijo que le pusieran un alquiler, les dijo que estaba cansado de esperar la devolución del dinero y aunque le recomendaron 1200 euros /mes de renta solo les puso 650, y así es como surgió lo del contrato. Dijeron que de acuerdo, le pagaron la fianza y una mensualidad y sobre cómo consiguió que firmaran alquiler y no usufructo? Contestó que lo trajo hecho y lo firmaron.

A preguntas de su letrada indicó que el precio era el importe de las deudas, y se fijó de mutuo acuerdo. La idea de formalizar la compraventa fue de Lucas y en su cafetería, no en su casa. El día de la firma, fue en taxi a buscarles y Lucas estaba en la cama, llamó al gestor porque no quería ir a la notaria, y el piso era solo de Lizbeth, y el gestor le dijo que no hacía falta que viniera. Se fue con Lizbeth en el taxi, la mujer que ha sido testigo fumaba fuera, y la notaria le dijo que si estaba segura de lo que firmaba, el cheque se lo dio y la acompañó a que lo ingresara a la cuenta. Y el Lucas ya estaba fuera de la cama. Que fue el quien propuso el usufructo, porque así se hacían cargo de gastos y para que viviera tranquila Lizbeth. Y hacienda podía sospechar de que cobraban en negro, y a Lucas le tenía que hacer temporal porque era su seguro de que vendiera lo de Madrid y cobrar. La notaria preguntó varias veces si Lizbeth estaba segura de vender el piso. Que cuando se firmó contrato de arrendamiento le dieron la fianza y el mes vigente, y nunca más pagaron. Luego se hartó, que intentó hablar con Lucas y no le abrió la puerta, les informó de que si no pagaban intentarían desahuciarlos. Que tardó bastante en poner la demanda, le sabía mal por la Sra. Lizbeth, y cuando la puso se lo dijo a Lucas. Lizbeth cobró el cheque de la compraventa, sí que la acompañó, no se quedó con el dinero, se pagaron las deudas de Lizbeth, y él siguió haciendo ingresos en la cuenta.

Se le exhibió la MAS DOC A J-Q del escrito defensa y lo reconoce, y se corresponde a todas las deudas que tenía Lizbeth, se pagaron desde Hacienda y otras desde la oficina de Caixabank. Hoja 444 se pagó desde su cuenta, las pagó todas él. Pagó 50 euros de una cuenta que fue a un proveedor. Luego pagó otras deudas de 4000 y pico, y esos ingresos los hizo él, para pagar deudas de la Lizbeth. A los dos o tres meses después de la compra cerró la cuenta. Había sobrante en la cuenta, se la quedó Lizbeth, e insiste que ha abonado, derramas, ibi, ...lo ha hecho con ayuda de sus padres, nunca tuvo ánimo de engañar, sabían lo que hacían, y solo ha tenido perjuicios desde la firma.

* Por lo que se refiere a la documental destacamos los siguientes:

-F. 19 y ss : escritura de compra venta de 14-2-2014 entre la querellante y el Sr. Maycol, que recoge capacidad y legitimación de todas las partes, en el f. 21 dice que la parte transmitente indica que no se adeuda cantidad alguna por contribuciones o IBI, se fija un precio de 49.000 euros: 42.315 euros se entregan mediante cheque nominativo DX num NUM003, y 6.685 euros se retuvieron para pagar IBI, gastos de comunidad y suministros. Sobre la cédula de habitabilidad, no se aporta, pero la parte vendedor dice que está en trámite de obtención. Y que ambas partes valoran la finca en 171.238,72 euros a efectos fiscales. En el f. 30 vuelto se contiene un inventario.

-F. 33: informe pericial de valoración de la vivienda, ya comentado en el plenario, en el que se valora la finca en 279.000 euros, indicando que no se ha accedido al interior de la vivienda, y se emite el 7 de abril de 2020. Sobre éste informe echamos en falta que se valorara igualmente un posible importe de un usufructo vitalicio sobre esa firma en concurrencia con otro de dos años tras la muerte de la madre, y que no valorara que a la fecha de la venta la cédula de habitabilidad estaba en trámite.

- F. 41: decreto en el que admite a trámite la demanda de desahucio por 12.350 euros, por rentas impagadas entre mayo de 2018 a noviembre de 2019 a razón de 650 euros al mes. Demanda unida al f. 44, demanda en la que se omiten detalles como que desde 2014 ha tolerado que residan en la vivienda ambos denunciados. Y en el f. 51 y ss se une el contrato de arrendamiento que firmaron ( f. 201 y ss en original) Y el f. 63 sobre el pago de 650 euros como fianza.Y el f. 134 recoge la respuesta del Incasol respecto del ingreso de esa fianza, que fue efectivamente depositada.

- F. 100 recoge el cheque nominativo ya referido en la escritura de venta. El f. 198 indica que ese cheque se emitió con cargo a una cuenta del BBVA titularidad del acusado y sus padres y que se abonó el 17 de abril de 2014 en la oficina de Caixabank 2100 1077. Sobre este el f. 236 indica que se ingresó el 14 de febrero de 2014 y en la cuenta donde se ingresa hay un primer ingreso de 50 euros, luego el cheque, y luego se cargan 35.595, 58 euros, 625,58 euros y 3.118,11 euros, todo ello el 27 de abril de 2022 (cuenta NUM001). Y el f. 438 recoge el justificante de ingreso del cheque

- F. 175: recoge la liquidación de gastos notariales por parte del acusado.

- F. 188: concluye que no era viable hacer estudio lofoscópico del contrato de alquiler, si bien recordemos que el testigo Sr. Lucas reconoció su firma y de su madre, pese a no recordar haberlo firmado.

- Más documental del escrito de defensa: se adjuntan justificantes de pago entre el 1 de junio de 2022 y marzo de 2017 de gastos relacionados con la comunidad (f. 393...); justificantes del pago del seguro de la vivienda (f. 407 y ss) entre marzo de 2022 y mayo de 2017; acreditación del pago del IBI entre diciembre del 2021 y la actualidad (f. 414 y ss ); la demanda que ha interpuesto la querellante solicitando la nulidad del contrato por simulación absoluta de la compra venta (f. 423) firmada por el letrado Joseph; el escrito de reserva de acciones civiles que presentó la querellante en este procedimiento; la contestación a la demanda anteriormente referida (f. 426 y ss). Mayor relevancia tienen los f. 439 a 441 donde se aportan justificantes de liquidación a nombre de Lizbeth con la Agencia Tributaria, en fecha de 27 de abril de 2014 por importes de 625,58 euros; 3118,11 euros y 35.595,58 euros. Importes todos ellos coincidentes con los que se cargaron en la cuenta donde se ingresó el cheque. Se recogen otros documentos que acreditan importes que debía abonar la Sra. Lizbeth, al ayuntamiento por IBI no abonado en los años 2011, 2012 o 2013 ( f.445 o 446, importes que fueron finalmente autoliquidados y abonados y encajan, en parte, con lo retenido tras la venta).

- Al rollo de sala se unieron más movimientos bancarios de diversas entidades y en el acto de la vista, indicativos de que el Sr. Maycol ha seguido haciendo frente a gastos como IBI o seguro del piso incluso en el último año, pese a no residir allí.

4.2.- Valoracion probatoria

A la vista de lo indicado más arriba, y como hemos avanzamos, la prueba practicada no es suficientemente contundente como para dar por acreditada la versión de las acusaciones.

De entrada, ponemos de manifiesto las evidentes contradicciones entre la querellante y lo que declaró su hijo en instrucción. La misma niega incluso haber acudido a la notaria, no saber nada de la venta del piso, pero está más que acreditado que la misma sí acudió a la notaria, y sí firmó la escritura del piso; por otro lado, la querellante negó que tuvieran deudas, sin embargo, el testigo Sr. Lucas sí reconoció la existencia de deudas en fechas coetáneas a la venta, y reconoció incluso que el acusado le había dejado dinero al margen de lo del piso. Sobre quien puso el precio de venta, la querellante nada declara al indicar que nada sabía del tema, sin embargo, su hijo no fue concluyente al respecto, dijo que no lo recordaba. La notaria poco aportó dado el tiempo transcurrido, pero sí explicó que de haber apreciado falta de comprensión, capacidad o legitimación la firma no se hubiera realizado..

La existencia de deudas de la Sra. Lizbeth queda acreditada documentalmente y de forma extensa, como igualmente queda acreditado que el cheque que recibió por la compra-venta se destinó prácticamente en su totalidad al abono de tres procedimientos administrativos que tenía con la Agencia tributaria. Por tanto, ese dinero no fue apropiado por el Sr. Maycol sino que se usó para liquidar deudas de la vendedora. Por otro lado, el Sr. Maycol acredita haber abonado otras deudas cuya titular era la Sra. Lizbeth y asimismo, ha asumido costes propios de cualquier propietario, esto es IBI por ejemplo, pero también otros que podría repercutirse a terceros (de estar legalizada su ocupación) como gastos de comunidad o seguro.

A la vista de todo lo anterior, hemos de dar por probada que se dio la venta por un importe de 49.000 euros, y que se habló de hacer un usufructo vitalicio en favor de la Sra. Lizbeth y dos años más para su hijo, pero por causas que se desconocen no se llegó a formalizar. Y es importante ese pacto porque, en parte y como hipótesis de descargo en ámbito penal, justificaría ese precio ciertamente bajo: por un lado, el comprador no iba a poder disponer libremente de la vivienda, y ello tiene un coste que en ese y en cualquier negocio rebajaría el precio de venta. La parte acusadora ha tasado la vivienda, sin embargo ha obviado que el precio aceptado por ambos a nivel tributario era otro, y no ha cuantificado cuál sería el valor del usufructo y cual de la nuda propiedad de esa finca en 2014 para que pueda valorarse debidamente si el precio era o no irrisorio; por otro lado, el acusado ha indicado igualmente que le precio se fijó en función de las deudas que tenían, y sólo con el importe cargado en la cuenta de la Caixa ya se aprecian deudas por valor de casi 40.000 euros con la agencia estatal, más otras que existían por ejemplo con el ayuntamiento de Barcelona y que también se documentan, con lo que encajaría con que hubieran aceptado ese precio concreto más el compromiso de seguir viviendo. Sobre por qué no se constituyó el usufructo de inicio, no hay pruebas suficientes que permitan imputárselo al acusado: el usufructo, si bien permite al beneficiario residir y disfrutar de un determinado bien inmueble, también le implica una serie de obligaciones, como mantener en buen estado la finca, abonar gastos o importes anuales (como IBI, comunidad...) e implica igualmente su tributación ante la AEAT. Por tanto, si bien la situación finalmente cambió con la firma del contrato de alquiler, durante 4 años la querellante y su hijo residieron en la vivienda sin hacer frente a la mayor parte de gastos que si hubieran tenido que pagar de ser usufructuarios legalmente constituidos; por otro lado, su no constitución igualmente afectó a la manera de tributar del Sr. Maycol y a efectos registrales aparecía como pleno propietario. Por tanto, desconocemos por qué no se constituyó debidamente ese usufructo y en base al principio in dubio pro reo no podemos imputarlo al Sr. Maycol.

Finalmente, sí queremos hacer mención a la firma del contrato de arrendamiento en abril de 2018: los escritos de acusación nada dicen al respecto (de ahí que no vayamos a referirlo en los hechos probados), sin embargo, si resulta llamativo al Tribunal que, sin existir burofax alguno reclamando que se constituya el usufructo, ni reclamando formalmente ninguna cantidad a la Sra. Lizbeth y su hijo, tras cuatro años de tolerancia de residencia en la vivienda sin acreditarse cuestionamiento alguno, se opte por proponerles ese contrato. Ciertamente se aparta de la intención inicial declarada por todos de vender la vivienda a ese precio y a cambio constituir un usufructo, y no acabamos de comprender ni que se propusiera ni que se aceptara, y no en cambio que ese usufructo se constituyera. Sin embargo, ello no nos permite concluir que exista ilícito penal alguno, porque no se contiene en los escritos de acusación, y porque el tiempo transcurrido entre la venta y la firma del contrato de alquiler- 4 años- no permite acreditar una intencionalidad dolosa inicial y que ésta que se manifestara finalmente 4 años después.

Conclusión

QUINTO.- A la vista de lo anteriormente expuesto, concluimos sin esfuerzo que la hipótesis acusatoria, en la forma en que fue formulada, no solo no ha sido acreditada, sino que sí se ha probado que las partes pactaron un precio muy parecido al importe de deudas que ya eran exigibles a la Sra. Lizbeth, que hablaron de un usufructo vitalicio para la Sra. Lizbeth y temporal para su hijo pero no se constituyó por causas no acreditadas, que la notaria no apreció déficits de capacidad o comprensión en la Sra. Lizbeth al firmar la escritura, que el cheque que se entregó se utilizó para abonar deudas cuya titularidad eran de la Sra. Lizbeth, y que el acusado ha seguido abonando importes y conceptos como IBI, seguro o comunidad prácticamente desde la compra y especialmente desde 2017 en adelante, y también otras deudas titularidad de la Sra. Lizbeth; y que hasta este momento, la misma sigue residiendo en la vivienda, pese a la demanda de desahucio interpuesta, que se complementa con la demanda de nulidad interpuesta por la propia Sra. Lizbeth respecto de la compra-venta objeto de Litis.

Conforme a lo anterior, debemos acordar la LIBRE ABSOLUCION del Sr. Maycol, por el delito por el que fue acusado, con todos los pronunciamientos favorables y alzamiento de medidas cautelares sí existieran, valorando la prueba practicada bajo el parámetro del principio "in dubio pro reo", al haber generado las hipótesis de descargo dudas más que relevantes en el Tribunal.

Costas

SEXTO. - En cuanto a las costas de esta instancia, conforme al artículo 123 del Código Penal y sus concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación