Sentencia Penal 873/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 78/2023 de 18 de septiembre del 2023

PRIMERO.- A la vista de las alegaciones del recurrente, un orden lógico procesal de las cuestiones planteadas en el recurso exigen examinar, en primer lugar, si ha existido una prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia del recurrente y, constada su existencia y la suficiencia del razonamiento probatorio de la sentencia, deberemos examinar si concurre un error de valoración de la prueba con la trascendencia suficiente como para efectuar una revisión de los hechos probados de la sentencia.

Cabe señalar que, de conformidad lo dispuesto en los artículos 973 y 741 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECR), el Juez dictará sentencia apreciando, según su conciencia, las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Ministerio Fiscal y por las demás partes o sus defensores y lo manifestado por los propios encausados. La jurisprudencia ha declarado de modo reiterado y constante que sólo constituye prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia toda aquella actividad probatoria que se haya desarrollado en el acto del juicio oral, con las excepciones previstas en las leyes sobre la prueba preconstituida y anticipada, siempre con el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales, entre ellos los principios de inmediación, contradicción y publicidad.

El derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24.2 CE, implica que toda persona acusada de una infracción penal debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La presunción de inocencia exige que en el juicio oral se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo que funda la condena de tal intensidad que desvirtúe racionalmente esa presunción inicial de inocencia, en cuanto que permita declarar probados unos determinados hechos y la participación del encausado en ellos. Esta iniciativa probatoria corresponde a la acusación como carga procesal.

Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional, por ejemplo en su STC 126/2011 de 18 de julio, FJ 21, " la presunción de inocencia implica que no puede existir una condena sin una prueba de cargo válida, realizada con el cumplimiento de todas las garantías, referida a todos los elementos esenciales del delito y de la cual se puede deducir razonablemente, esto es, aplicando un canon de razonabilidad, tanto la realidad de los hechos como la participación del encausado en ellos". Conforme ha afirmado una larga línea jurisprudencial, tan prolongada que exime de cualquier cita al respecto, la presunción de inocencia tiene un carácter reaccional, es decir, el favorecido por ella se encuentra dispensado de realizar ninguna actividad probatoria si niega los hechos, pues tal deber recae únicamente sobre la acusación. Ahora bien, si el encausado no sólo niega los hechos, sino que alega hechos impeditivos, extintivos, excluyentes, eximentes o atenuatorios de la responsabilidad debe probarlo en el acto del juicio con la misma intensidad que los elementos del delito.

Lo expuesto hasta aquí supone que para que la prueba de cargo que se practique en el acto del juicio tenga el efecto de destruir la presunción de inocencia, además del cumplimiento de las garantías legales y la existencia de las debidas condiciones de oralidad, de contradicción efectiva y de publicidad, debe posibilitar que la convicción judicial respecto a la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos pueda asumirse objetivamente, no como una mera convicción personal subjetiva del Juez. Esto es, el razonamiento probatorio no debe llegar a unas cuestiones absolutamente incuestionables, sino que la convicción judicial que se expresa en el relato de hechos probados debe encontrarse vinculada con la actividad probatoria. Ello se conseguirá cuando un tercer observador revise la valoración de la prueba realizada por el Juez de manera que esta le permita concluir que la acusación reviste una apariencia de veracidad objetivamente aceptable que permite excluir su falsedad o imposibilidad.

La objetiva razonabilidad aceptable de la acusación exige que no existan dudas razonables sobre la realidad de los hechos por los que se formuló acusación, ya que estos han quedado probados más allá de toda duda. Por consiguiente, la legitimidad constitucional de la condena requiere que las objeciones oponibles o hipótesis alternativas a la acusación sean inexistentes o se muestren huérfanas de cualquier motivo racional que las justifiquen. Sin embargo, por el otro lado, la presunción de inocencia justifica la absolución del encausado si existen dudas razonables respecto a la hipótesis de la acusación que supongan un obstáculo a la certeza objetiva de la culpabilidad y sin que sea necesario que se pruebe la falsedad de la imputación o que existan indicios de su falsedad.

Determinar si ha sido respetado o vulnerado el derecho a la presunción de inocencia proclamado en el art. 24.2 CE implica valorar a) si el juez sentenciador dispuso de material probatorio real, no ficticio, susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, es lícito en su producción y, por consiguiente, válido a efectos de acreditar los hechos por su contenido incriminatorio; y c) que los razonamientos a través de los que el juez de instancia alcanzó su convicción se han plasmado debida y suficientemente en la sentencia y son bastantes para ello desde un punto de vista racional y lógico, por lo que los razonamientos, apreciados objetivamente, justifican la suficiencia de los medios de prueba. Constatar que la valoración probatoria de la sentencia impugnada ha respetado la presunción de inocencia reconocida en el art. 24.2 CE impone diversas valoraciones jurídicas de la sentencia recurrida: a) la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas; b) la consistencia de las informaciones que han aportado los distintos medios de prueba para considerar probados más allá de cualquier duda razonable los hechos sobre los que se funda la calificación como delito y la definición de la participación del autor; c) y la evaluación del proceso valorativo del órgano jurisdiccional de instancia, de modo que se ha de constatar si las razones por las que atribuye valor a la información obtenida responden a las reglas de la razón, la lógica, la experiencia y el conocimiento científico, y, por el otro lado, si el método de valoración utilizado se ajusta a las reglas constitucionales de motivación y exhaustividad en cuanto a la expresión en la sentencia de los criterios de valoración de cada uno de los medios probatorios tanto de modo individual como en su conjunto ( STC 105/2016 de 6 de junio). Esta última resolución nos recuerda que un defecto grave en el método de valoración de la prueba puede implicar también una grave afectación del derecho a la presunción de inocencia al señalar que " la idoneidad incriminatoria debe ser no sólo apreciada por el Juez, sino también plasmada en la Sentencia, de forma que la carencia o insuficiencia de la motivación en cuanto a la valoración de la prueba y la fijación de los hechos probados entraña la lesión del derecho a la presunción de inocencia, lo que impone como canon de análisis no ya la mera cognoscibilidad de la 'ratio decidendi' de la decisión judicial, sino una mínima explicación de los fundamentos probatorios del relato fáctico, con base en el cual se individualiza el caso y se posibilita la aplicación de la norma jurídica".

Por consiguiente, cuando se pretende declarar acreditados los hechos sobre los que versa la acusación, el canon de suficiencia probatoria debe ser el más exigente como consecuencia del principio de presunción de inocencia. Por el contrario, deberán considerarse los hechos punibles como no probados cuando la prueba practicada arroje un resultado abierto, lo que sucederá cuando las concretas tesis de descargo de la defensa o la tesis general de no participación en un hecho delictivo que es consecuencia del principio de presunción de inocencia aparezcan también como verosímiles, aunque sea en un grado menor que la tesis de la acusación. Este es el denominado principio " in dubio, pro reo", que presupone la existencia de la presunción de inocencia y su campo de aplicación propio es el campo de la estricta valoración de las pruebas. Como expone la STS, Sala 2ª, 143/2013 de 28 de febrero, " el principio informador del sistema probatorio que se acuña bajo la fórmula del " in dubio pro reo" es una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al encausado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria; presupone, por tanto, la existencia de actividad probatoria válida como signo incriminador, pero cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del encausado."

En conclusión, la suficiencia de la prueba, valorada en conjunto y de forma individual, se producirá cuando el hecho que se declara probado se ajuste razonablemente y en términos de alto grado de probabilidad a la realidad histórica, de manera que el hecho tuvo que producirse de la manera que indica la tesis de la acusación, por cuanto el resto de otras alternativas de hecho son manifiestamente improbables porque han quedado reducidas a un grado de posibilidad escaso o irrelevante.

En relación con al invocado error en la valoración de la prueba, con carácter general hemos de recordar que, conforme al art. 741 LECR, compete al Juez de instancia apreciar las pruebas practicadas en el juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia. Las conclusiones fácticas a las que así llegue habrán de reputarse correctas salvo cuando se demuestre un manifiesto error o cuando resulten incompletas, incongruentes o contradictorias. El Juzgador de primer grado es el que, por su apreciación directa y personal de la actividad probatoria, está en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, sin que sea lícito sustituir su criterio por el legítimamente interesado y subjetivo de la parte, sin un serio fundamento. El razonamiento anteriormente expuesto, tantas veces repetido en reiterados pronunciamientos jurisdiccionales, responde a una circunstancia fácil de percibir para cualquier observador, en concreto, a la dificultad que tiene quien conoce de la causa en segunda instancia para revisar una prueba a cuya práctica no ha asistido y que conoce únicamente mediante la reproducción del acta levantada. Valorar la fiabilidad y credibilidad de las declaraciones y testigos no es una operación sencilla, pero es aún mucho más compleja y prácticamente imposible de efectuar cuando no puede asistirse a dichas declaraciones ni percibir, por tanto, los matices de estas ni el modo en el que se exponen, pues todas estas circunstancias son las que contribuyen a su mejor y más certera valoración.

Podemos sintetizar la doctrina jurisprudencial sobre el error en la apreciación de la prueba señalando que, en primer lugar, para que la prueba de cargo que se practique en el acto del juicio tenga el efecto de destruir la presunción de inocencia, además del cumplimiento de las garantías legales y la existencia de las debidas condiciones de oralidad, de contradicción efectiva y de publicidad, debe posibilitar que la convicción judicial respecto a la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos pueda asumirse objetivamente, no como una mera convicción personal subjetiva del Juez. Una vez producida la actividad probatoria ante el Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración le corresponde a él, conforme al art. 741 LECR. Como se ha expuesto de forma constante constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación -como en el presente caso- es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 LECR en atención la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 CE).

El juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, interviene de modo directo en la actividad probatoria, lo que le permite apreciar personalmente sus resultados, ventaja de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, con vulneración entonces incluso la presunción de inocencia reconocida en el art. 24 CE, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Como señala la STC, 167/2002 de 18 de diciembre: " El recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (por todas, SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4 ; 120/1999, de 28 de junio , FFJJ 3 y 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE ". Por lo tanto, en caso de sentencias condenatorias, pues las sentencias absolutorias o las condenatorias en las que se pretende una agravación de la condena poseen un régimen específico de impugnación que aquí no viene al caso, el tribunal de apelación puede rectificar el relato histórico cuando un examen detenido y ponderado de la prueba practicada haga patente un claro error del juzgador que haga necesaria su subsanación.

El límite para esta función viene determinado, como venimos reiterando, por la inmediación en la percepción de la prueba personal practicada en el juicio oral. El órgano de apelación puede valorar, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene valoraciones de hecho inexactas que conllevan a un razonamiento fáctico erróneo, o apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, con significación suficiente para modificar el sentido del fallo. También, el órgano de apelación puede enjuiciar si existe una falta de valoración de alguna de las pruebas cuyo examen crítico permita conclusiones probatorias diferentes a las de la sentencia de instancia, así como hacer un análisis crítico de la valoración probatoria. La conclusión de este proceso significará que la función del tribunal de apelación no consiste en reevaluar la integridad de la prueba, sino en la revisión crítica de la valoración realizada por el tribunal de instancia. Por ello, si aprecia error, debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, con pleno respeto de todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación. La decisión del tribunal de apelación no puede fundarse en criterios subjetivos de valoración probatoria, sino que debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano "ad quem" no puede exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su origen exclusivo en la propia interposición de éste ( STC 17/2000, de 31 de enero, rec. 1628/1996, ECLI:ES:TC:2000:17).

SEGUNDO.- El recurso de apelación cuestiona, de forma principal, la existencia de prueba de cargo bastante para entender acreditado que el Sr. Blas es autor de los hechos por los que venía acusado.

En relación con ello, por un lado, la parte apelante alega que la víctima declaró en el acto del plenario que se encontraba de espaldas cuando fue intimidado, por lo que difícilmente pudo observar con detalle la cara de la persona autora del ilícito penal, ni tampoco pudo observar la supuesta arma empleada.

Por otro lado, la parte apelante alega que el padre de la víctima declaró en el acto del juicio oral que no vio nada, ya que no se hallaba en el lugar de los hechos.

Asimismo, la parte apelante alega que los agentes de MMEE que declararon en el plenario tampoco fueron testigos de los hechos, y únicamente procedieron a la detención del Sr. Blas, días después de estos, y posteriormente se pusieron en contacto con la víctima para mostrarle fotografías del mismo y preguntarle si podía ser él o no el autor del robo.

En relación con ello, se alega la nulidad de la rueda de reconocimiento efectuada en sede judicial, por estar precedida de una muestra de fotografía policial a la víctima (que fue contaminada).

Finalmente, la parte recurrente pone de manifiesto que el acusado negó los hechos con rotundidad y dio una explicación lógica y coherente del motivo por el cual tenía una tarjeta de transporte a nombre de la víctima, ya que aseguró que se la habían dado o la había comprado a terceras personas.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso de apelación interpuesto por entender que la sentencia es plenamente conforme a Derecho y que debe ser tenida en cuenta la soberanía del juzgador de instancia a la hora de examinar, ponderar y valorar el resultado de la prueba ante él practicada. Asimismo, respecto de la alegación de nulidad de la rueda de reconocimiento practicada, el Ministerio Público alega que esta se llevó a cabo con sujeción a todas las garantías procesales y el hecho de que hubiera habido un reconocimiento fotográfico previo no invalida el resultado de esta si se ha practicado siguiendo las normas procesales de contradicción e imparcialidad, ya que es una mera pesquisa policial que sirve para dar arranque al proceso de identificación de posibles autores.

TERCERO.- Revisada la documental obrante en las actuaciones, y visionada la grabación del acto del juicio oral, esta Sala entiende que, por un lado, tal y como acertadamente consideró el juez de instancia, existió en el presente caso prueba de cargo apta y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del Sr. Blas reconocida por el art. 24.2 CE, la cual reúne las condiciones antes descritas y ha sido valorada conforme a los cánones de racionalidad y razonabilidad exigibles; y, por otro lado, la prueba practicada fue suficiente y racionalmente valorada en la sentencia recurrida.

Así, el juez de instancia, de forma amplia, completa y lógica, lleva a cabo una valoración de la prueba practicada, que le lleva a otorgar credibilidad al testimonio del perjudicado, Don Hilario, por entender que cumple con los requisitos jurisprudencialmente exigidos, a saber: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, con corroboración de elementos periféricos de carácter objetivo.

Así, consta que la convicción judicial de los hechos probados efectuada por el juzgador de la primera instancia es el resultado final del proceso de constatación de la existencia de prueba, válidamente obtenida, y su posterior valoración de acuerdo con un proceso racional y lógico que explicita de forma razonada y motivada.

Por un lado, si bien la parte recurrente alega que la víctima declaró en el acto del plenario que se encontraba de espaldas cuando fue intimidado, por lo que difícilmente pudo observar con detalle la cara de la persona autora del ilícito penal, ni tampoco pudo observar la supuesta arma empleada, esta Sala considera, al igual del juez de instancia, que de su declaración se desprende que sí llegó a ver al autor y la navaja que le esgrimió.

Y es que si bien el Sr. Hilario explicó en el acto del juicio oral que el acusado le llamó por detrás y le dijo que le entregara la cartera y el móvil, este percibió perfectamente cómo le colocaba una navaja a la altura del estómago, razón por la cual decidió darle tales pertenencias, ante el miedo que ello le ocasionó. Asimismo, el Sr. Hilario explicó que no solo vio al autor en el momento de los hechos sino que luego le siguió de lejos y vio que entraba en el metro, lo cual le permitió posteriormente reconocerlo en la diligencia de reconocimiento fotográfico practicada en sede policial y asimismo en la diligencia de reconocimiento en rueda que se llevó a cabo en sede judicial.

Por otro lado, si bien la parte apelante alega que el padre de la víctima declaró en el acto del juicio oral que no vio nada, ya que no se hallaba en el lugar de los hechos, lo cierto es que el juzgador de instancia tiene en cuenta tal circunstancia, que sin duda valora para dar credibilidad a la declaración del Sr. Hilario (como debe ser), ya que resulta compatible con esta.

Asimismo, la parte apelante aduce que los agentes de MMEE aseguraron que tampoco fueron testigos de los hechos y únicamente procedieron a la detención del Sr. Blas, días después de estos. No obstante, tal circunstancia resulta valorada por el juzgador de instancia por la gran importancia que tuvo la intervención de dichos agentes para la resolución del caso, habida cuenta de que, tal y como se dispone en la sentencia recurrida, estos hallaron entre las pertenencias del Sr. Blas unas tarjetas de transporte a nombre de la víctima, lo cual supone sin duda un elemento objetivo periférico que viene a corroborar la versión de este y que apunta a la autoría del acusado.

Y es que si bien la parte apelante alega que la versión exculpatoria del Sr. Blas fue rotunda y coherente, lo cierto es que este se limitó a negar los hechos y a decir que las tarjetas de transporte que habían hallado los agentes en su poder se las debía de haber dado alguien o las debía de haber comprado un tercero, lo cual carece de toda lógica, habida cuenta de que, por un lado, no se tiene rastro de quién fue esa persona que en su caso le proporcionó las referidas tarjetas (ni siquiera consta que se haya solicitado su identificación como diligencia de investigación, lo cual llama la atención a la vista del delito y las penas a las que se enfrentaba el acusado); y, por otro lado, el Sr. Blas fue identificado dos veces por el Sr. Hilario, tanto en la diligencia de reconocimiento fotográfico policial como en la de reconocimiento en rueda judicial.

En relación con la eventual nulidad de la diligencia de reconocimiento en rueda (folio 52), cuyo resultado fue ratificado por el Sr. Hilario en el acto del plenario, procede poner de manifiesto que no consta impugnada por la defensa (de hecho, se hace constar expresamente que el Abogado está de acuerdo con la forma de la rueda), y en el acta puede leerse: " el testigo manifiesta que es el número dos con seguridad" (siendo el número dos justamente el acusado). Y es que la identificación se llevó a cabo en una rueda de reconocimiento practicada en presencia del Letrado en sede instructora sin que este manifestara reserva alguna por la composición de la misma u otras circunstancias, por lo que no existe base alguna para considerar que la misma adoleciera de ningún vicio que impida su consideración de prueba, máxime ante la ratificación en ella del testigo, quien en el propio plenario volvió a incidir en la identificación del acusado.

Y es que si bien la parte recurrente aduce que los agentes de MMEE se pusieron en contacto con la víctima para mostrarle fotografías del mismo y preguntarle si podía ser él o no el autor del robo y entiende que ello invalida tal diligencia y el reconocimiento en rueda posterior, lo cierto es que en autos consta que la diligencia de reconocimiento policial se llevó a cabo exhibiéndole al Sr. Hilario ocho fotografías de personas con características físicas semejantes, y ningún dato objetivo se ha aportado por la defensa para poder si quiera indiciariamente apreciar que los agentes de MMEE pudieran mediatizar el reconocimiento inicial fotográfico del acusado efectuado por el testigo, limitándose ésta a meras insinuaciones carentes de fundamento alguno. Pero es más, debe traerse a colación la doctrina recogida al respecto, entre otras por la STS nº 647/2014, de 9 de octubre, en la que literalmente respecto de los previos reconocimientos fotográficos en sede policial, y su afectación a la rueda judicial de reconocimiento ulterior (de hecho, en un caso en que sí se produjo un reconocimiento fotográfico irregular) se dispone: " Dicho ello, y analizado este motivo del recurso, de la STS 1386/2009 , retenemos la doctrina de la Sala. En síntesis, la doctrina se puede sintetizar en:

a) Los reconocimientos fotográficos por sí solo no constituyen prueba apta para declarar la presunción de inocencia

b) Tales reconocimientos fotográficos son meras actuaciones policiales que constituyen una vía de investigación policial auxiliar cuando se desconoce la identificación del sospechoso

c) El reconocimiento fotográfico no priva de validez el posterior reconocimiento en rueda en sede judicial de acuerdo con el protocolo del artículo 369 de la LECriminal , en todo caso tales reconocimientos fotográficos sin cuestionar la validez de la rueda podrán, en su caso, tener incidencia en la credibilidad del testimonio de la persona que reconozca.

Al respecto hay que destacar la total neutralidad con la que deben ser efectuados los reconocimientos en rueda, pues toda "facilitación" de la identificación puede tener, en teoría, la capacidad de introducir una identificación equivocada, capaz de provocar un error judicial. En el presente caso se le exhibió una sola fotografía lo que constituye una irregularidad en la medida que se induce indirectamente a un reconocimiento, esta irregularidad hay que declararla pero se mantiene la naturaleza de acto de investigación policial, ciertamente esta irregularidad no vicia el posterior reconocimiento en rueda, pero sí puede afectar a la credibilidad del reconocimiento positivo que se haga, singularmente cuando como en el presente caso, la identificación en foto y la rueda se llevó a efecto en días consecutivos".

Así, incluso en caso de irregular reconocimiento fotográfico en sede policial de un investigado (que ni siquiera es el caso), ello no conlleva indefectiblemente la invalidez de la rueda de reconocimiento ulterior realizada por el testigo, aunque sí afecte a la credibilidad del mismo. No obstante, como se ha dicho, tal situación de irregularidad, que ha de ser acreditada por la defensa de forma fehaciente, en modo alguno se ha evidenciado en el caso de autos, limitándose la defensa a exponer meras suposiciones sin basamento factico alguno. Por tanto, la credibilidad del testigo Sr. Hilario se mantiene incólume.

Y, con base en todo ello, la Sala no aprecia en el proceso valorativo del juzgador de la primera instancia -que cumple con creces el cánon de motivación legal y constitucionalmente exigible valorando de forma detallada y precisa cada una de las pruebas practicadas y exponiendo con claridad su razonamiento inductivo- ningún error de valoración evidente y relevante, o una apreciación inexacta de la que resulte una inferencia errónea, razonamientos contrarios a un proceso lógico y racional, ausencia de valoración de pruebas practicadas, o una arbitrariedad en la valoración de la prueba. Por lo tanto, su valoración, por la primacía del principio de inmediación, no puede ser revisada en esta alzada y debe prevalecer sobre la interpretación divergente de los hechos pretendida por el recurrente.

De todo lo expuesto hasta aquí cabe concluir que la condena se fundamenta en la prueba practicada en el acto del juicio que se reputa prueba de cargo incriminatoria válida, consistente, apta y suficiente a los efectos de desvirtuar la presunción de inocencia que inicialmente ampara al acusado de conformidad con lo previsto en el artículo 24.2 de la Constitución. Los hechos probados son la consecuencia de la convicción judicial a la que llega el juzgador de la primera instancia tras apreciar la prueba practicada, valoración que, en virtud del principio de inmediación, por lo que se refiere a las pruebas personales, no puede suplirse en esta alzada al reputarse lógica, coherente y ausente de arbitrariedad. Estos hechos constituyen un relato fáctico que permite subsumir la conducta allí descrita en el delito de robo con intimidación y uso de arma o instrumento peligroso por el que se condena al recurrente, por lo que hemos de desestimar íntegramente el recurso con confirmación de la sentencia recurrida al ser completamente ajustada a Derecho.

TERCERO.- De conformidad con los arts. 239 y 240 LECR, han de declararse de oficio las costas generadas por la tramitación del recurso de apelación en tanto no se aprecia mala fe o temeridad en su interposición.

Vistos los preceptos legales citados, y por las razones expuestas, nos corresponde dictar el siguiente