Sentencia Penal 489/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 10, Rec. 19/2023 de 27 de junio del 2023

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación contra sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal nº 2 de Barcelona de la que interesa de esta Sala se declare su nulidad para que por la jugadora a quo se dicte otra en la que se valoren todas las pruebas practicades en el acto de juicio oral, inclusive la prueba documental procedente de las entrades y registros autorizados por auto de 30 de septiembre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Barcelona, confirmado y firme en virtud de la sentencia de 6 de mayo de 2010 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La abogada de la Generalitat de Catalunya interpuso recurso de apelación en el denuncia vulneración de normas y garantías procesales, con vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y de utilización de medios de prueba por la indebida anulación de la entrada y registro acordada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria interpuso recurso de apelación por el que solicita se declare la nulidad de la sentencia y su devolución al órgano judicial de procedència para que, reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la misma, se emita nueva sentencia valorando toda la prueba de cargo, que es pertinente y potencialment relevante para cambiar por completo el sentido de la misma. Considera que ha aplicado un requisito no establecido en la ley, art. 113 LGT, que el juzgado de lo penal carece de competencia para revisar y declarar la nulidad de un auto firme dictado por la jurisdicción contencioso administrativa. Así como que el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado regularizaciones tributarias sobre la base de elementos obtenidos en la misma entrada y registro domiciliario.

La defensa del acusado absuelto, defiende la competencia del Juzgado de lo penal, como juez de la legalidad, para pronunciarse sobre la nulidad o no del auto autorizante de las entrades y registros ejecutadas. Aduce otros elementos de nulidad del auto, en cuanto en su ejecución se produjo en un exceso al haber tomado del registro de otras sociedades en Paseo de Gracia, elementos de imputación de la Sociedad INDUSTRIAL COMENEC. Afirma también la falta de competencia de la Agencia Tributaria de Barcelona toda vez que el Sr. Prudencio tenia fijado su domicilio fiscal en Navarra, en el que la agencia tributaria le había notificado actuaciones tributarias anteriores y posteriores y ello no fue objeto de control por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ni la Sala del TSJCAT. Considera también falta de motivación indiciaria la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo. Defiende la aplicación retroactiva de la interpretación jurisprudencial más favorable en cuanto no es más que la corrección de un "error in iudicando" que no restringe derechos sinó que los amplia.

SEGUNDO.- La sentencia apelada decreta la absolución por falta de pruebas al concluir que las imputaciones por defraudaciones a la Hacienda Pública que se dirigen contra el acusado y responsable civil se sostienen de manera directa en la prueba obtenida como consecuencia de una entrada inspectora que no se hallaba conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se hubiera notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y períodos a que afectaban las pesquisas, por lo que el auto de entrada y registro era nulo, por lo que se conculca el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de la CE, siendo inválidas las pruebas obtenidas como consecuencia de dicha entrada y de las que directamente se derivan de la misma que son todas las testificales y periciales propuestas por las acusaciones y practicadas en el acto de juicio oral (ex. Art. 11.1 LOPJ) no existiendo prueba de cargo practicada con las debidas garantías que acrediten las imputaciones formuladas.

La sentencia da respuesta a cuestiones previas planteadas por la defensa en el trámite del art. 786.2 Lecrim. y rechaza las alegaciones de prescripción y acoge la alegación de nulidad del Auto de 30 de septiembre de 2009,dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona, que autorizó las entradas y registros practicadas de manera simultánea el día 6 de octubre de 2009 en el domicilio social de las sociedades AIMETRA, S.L., CABO BLANCO, S.L., NUEVA MARCA, S.L. y CLINVEST, S.L. sitas en Paseo de Gracia n1 574, 8º D de Barcelona, y en el domicilio de la entidad INDUSTRIAL COMENEC, S.L. y Prudencio y su difunta esposa, Dña. Emma, sito en la CALLE000 nº NUM000 de Barcelona. Se señala que la autorización de entrada y registro no estaba conectada a un procedimiento inspector abierto y cuyo inicio se hubiera notificado al inspeccionado. Razona la sentencia sobre su competencia como órgano de enjuiciamiento para revisar la validez de una diligencia de entrada y registro autorizada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo y confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de la misma forma que la intervención sucesiva de órganos judiciales en un mismo proceso, unido a que las resoluciones dictadas en fase de instrucción no adquieren propiamente firmeza en cuanto el art. 786.2 Lecrim. permite la revisión por el órgano de enjuiciamiento. Por otra parte, los argumentos esgrimidos en los recursos interpuesto contra el auto en cuestión nada tienen que ver con la causa de nulidad que se ha alegado como cuestión previa y, por lo tanto, no fue analizada por el Tribunal Superior de Justicia.

Se remite la Juez de lo Penal a jurisprudencia emanada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a partir de la de 1 de octubre de 2020, ratificada en otras posteriores, y asumida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Conforme a la interpretación emanada de la STS de 1 de octubre de 2020 , la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector y abierto y cuyo inicio se hubiera notificado al inspeccionado, de acuerdo con la interpretación de arts. 113 y 142 de la LGT vigentes. Procedimiento que ha de ser previo en el tiempo y no concomitante a la práctica de la misma. Y, había venido afirmando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que esa interpretación de los arts. 113 y 142 LGT es también aplicable por el órgano que ha de enjuiciar el acto de liquidación y aun cuando se hubiera ratificado en apelación el auto que autorizaba la entrada y registro, con anterioridad a la consolidación del nuevo criterio interpretativo de dichos preceptos.

Este criterio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en cuanto a la aplicación de la interpretación consolidada a partir de la STS de 1 de octubre de 2020 del art. 113 LGT, de la exigencia de apertura y notificación previa del procedimiento inspector a la autorización de entrada a autorizaciones realizadas antes de 2020 y que hubieran sido ratificadas en apelación por la Sala del TSJ, se ha visto revocado por recientes resoluciones de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, SSTS 775/2023, de 12 de junio y 772/2023, de 9 de junio.

Conforme a esta última, se centra el objeto de resolución que, consideramos, es trasladable a este recurso:

" Lo que plantea en realidad el recurso de casación de la Administración son los límites a la invalidación de unas pruebas obtenidas con vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, vulneración que se atribuye al auto que autorizó la entrada y registro en domicilio del obligado tributario, cuando tal apreciación se sustenta en la aplicación de un criterio jurisprudencial establecido con posterioridad a la firmeza de la resolución judicial de autorización. Y la respuesta a esa cuestión no puede hacerse en abstracto, sino a la vista de los intereses jurídicos en conflicto, y con una ponderación motivada de la índole y circunstancias en que se produce la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, por una parte, y si esa lesión al derecho fundamental sustantivo del art. 18.2 CE ha ocasionado afectación de las garantías procesales del art. 24.2 CE en un proceso posterior en que se pretende la valoración de la prueba obtenida con ocasión de la vulneración de la inviolabilidad del domicilio."

Descarta que entre en juego el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, en cuanto vincula al propio órgano judicial que dictó la resolución y es de efecto interno. También rechaza que pueda oponerse cosa juzgada por la resolución previa de la apelación contra el auto que autorizó la entrada y registro ya que " el motivo de la anulación no es ningún exceso que hubiera podido producirse en la ejecución, sino la ausencia de lo que considera, a la luz de la doctrina jurisprudencial que invoca, un presupuesto del otorgamiento de la autorización judicial de entrada, que identifica con la existencia de un procedimiento inspector previamente incoado y cuya iniciación debería haber sido previamente notificada al obligado tributario." Lo que el Tribunal Supremo entiende es que el Tribunal Superior de Justicia no anula el auto de entrada y registro, sino que en el fondo lo que hace es prohibir la incorporación al proceso de la prueba obtenida. " En el procedimiento especial de autorización el órgano judicial tan solo se resuelve sobre un objeto limitado y con un ámbito de conocimiento restringido e incluso sin contradicción en la primera instancia, ante el Juzgado ( art. 8.6 LJCA ). Y en ese proceso se decide exclusivamente sobre el otorgamiento de una autorización judicial de entrada para la ejecución de un acto administrativo, verificando que concurre la necesidad idoneidad y proporcionalidad de esta actuación, para que, en ausencia del consentimiento del titular del domicilio, se pueda producir una intromisión constitucionalmente legítima en el mismo ( art. 18.2 CE )."[...] " La cosa juzgada material aparece exclusivamente ligada a las sentencias firmes que juzgan y resuelven sobre el fondo del asunto, como resulta del artículo 222 LEC , que sólo incluye esta clase de resoluciones al regular la cosa juzgada material. La vinculación que deriva de la cosa juzgada material en su vertiente positiva, esto es, para condicionar aspectos de la decisión de fondo en otro proceso, referente a materias conexas con las anteriormente resueltas, exige que la resolución dictada en el primer pleito sea una sentencia firme (es decir, no susceptible de ser impugnada por medio de recursos en el seno del mismo proceso), y que resuelva el fondo del asunto, pues sólo así cabe entender juzgada definitivamente la pretensión. De ello se sigue que no es posible apreciar la autoridad de cosa juzgada cuando, como es el caso, la decisión a la que se atribuye dicho valor fue una resolución distinta a una sentencia firme, y en tal sentido es irrelevante que en la apelación se resuelva por sentencia, pues la naturaleza incidental y sumaria del procedimiento de autorización, y su finalidad de garantía del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, pugna con atribuir a la autorización de entrada el efecto de cosa juzgada material positiva o prejudicial respecto al proceso que dilucida el asunto de fondo. En la misma línea nos hemos pronunciado entre otras, en la STS de 23 de abril de 2010 (rec. cas. 704/2004 )." Y sostiene, en esta línea, que no hay obstáculo para que en el procedimiento plenario se revisen posibles excesos en la ejecución, pero " pero tampoco existe base para afirmar, incondicionadamente, que no puedan examinarse los presupuestos objetivos para solicitar aquella autorización de entrada, que es lo que ocurre aquí, aunque tal examen se proyecte desde las conclusiones de una línea jurisprudencia nueva."

Es en el aspecto relativo a las consecuencias que deba tener en el proceso en el que se aborda el tema de fondo en cuanto a si en todo caso, y sin discriminación ni atender a las circunstancias del caso concreto, debe excluirse toda la prueba obtenida en virtud del auto de autorización de entrada y registro aun con vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio cuando la apreciación de dicha vulneración deriva de una interpretación jurisprudencial posterior. Y acude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a la conexión entre la vulneración del derecho fundamental sustantivo con el derecho a la tutela judicial efectiva:

" Pues bien, la doctrina del Tribunal Constitucional ha declarado en la STC 97/2019, de 16 de julio , que "[...] [l]a constatación de la violación originaria del derecho fundamental sustantivo [...] no determina por sí sola, sin embargo, la automática violación del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), generando la necesidad imperativa de inadmitir la correspondiente prueba. La apelación al art. 24.2 CE sería superflua si toda violación de un derecho fundamental sustantivo llevara consigo, per se, la consiguiente imposibilidad de utilizar los materiales derivados de ella. Si así fuera, la utilización de tales materiales dentro del proceso penal sería, de por sí, una violación del derecho sustantivo mismo (en este caso, la intimidad) sin que el recurso al art. 24.2 CE para justificar la exclusión tuviera ninguna relevancia o alcance. Nuestra doctrina, como ya se ha expuesto, no impone semejante automatismo, sino que lleva, antes bien, a la realización de un juicio ponderativo de los intereses en presencia [...]" (FJ 4, apartado b), juicio ponderativo que omite la sentencia recurrida, lo que pudiera resultar en una eventual exclusión de los medios de prueba pertinentes en el proceso, sin suficiente fundamento en la protección del derecho a un proceso con todas las garantías tutelado por el art. 24.2 CE , así como una indebida aplicación del art. 11.1 LOPJ .

Profundizando en la estructura y elementos de ese juicio ponderativo que requiere la exclusión de prueba ilícita relacionada con la lesión de un derecho fundamental sustantivo o libertad fundamental, la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido desde la STC 114/1984, de 29 de noviembre , un conjunto de principios generales de la doctrina constitucional sobre la prueba ilícita, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, principios que, la STC 97/2019, de 16 de julio (FJ 3) sintetiza como sigue:

"3. [...] La interdicción constitucional de la valoración judicial de la prueba ilícitamente obtenida constituye una garantía objetiva de nuestro sistema de derechos fundamentales, vinculada a la idea de un proceso justo ( art. 24.2 CE), sobre la que este Tribunal dispone de un amplio cuerpo de doctrina. [...]

a) La inadmisión procesal de una prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental sustantivo no constituye una exigencia que derive del contenido del derecho fundamental afectado. [...]

b) La pretensión de exclusión de la prueba ilícita deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento, tiene naturaleza estrictamente procesal y ha de ser abordada desde el punto de vista de las garantías del proceso justo ( art. 24.2 CE ) [...]

c) La violación de las garantías procesales del art. 24.2 CE ha de determinarse, en relación con la prueba ilícitamente obtenida, a través de un juicio ponderativo tendente a asegurar el equilibrio y la igualdad de las partes, esto es, la integridad del proceso en cuestión como proceso justo y equitativo [...]" (FJ 3).

Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional "[...] son necesarios dos pasos para determinar la posible violación del art. 24.2 CE como consecuencia de la recepción probatoria de elementos de convicción ilícitamente obtenidos: a) se ha de determinar, en primer lugar, si esa ilicitud originaria ha consistido en la vulneración de un derecho fundamental sustantivo o de libertad; b) se ha de dilucidar, en caso de que el derecho fundamental haya resultado, en efecto, comprometido, si entre dicha vulneración originaria y la integridad de las garantías del proceso justo que nuestra Constitución garantiza ( art. 24.2 CE ) existe un nexo o ligamen que evidencie una necesidad específica de tutela, sustanciada en la exclusión radical del acervo probatorio de los materiales ilícitamente obtenidos [...]" ( STC 97/2019 , FJ 4)."

Y viene a concluir que en este caso no se ha producido una alteración del equilibrio de las garantías procesales ya que "... en la etapa en que se produjo la solicitud de entrada y el auto de autorización de este caso, la doctrina jurisprudencial no excluía la posibilidad de simultanear la notificación de aquel acto con la entrada en el domicilio. No es extraño, por ello, que la ausencia del presupuesto de la notificación previa del procedimiento inspector no fuera una cuestión suscitada en el procedimiento de autorización de entrada seguido en este caso, ni en el auto que lo resolvió o la sentencia que confirmó aquel auto, pues deriva de la proyección retrospectiva de la profundización jurisprudencia de uno de los presupuestos de la autorización judicial de entrada. En este tipo de situaciones no existe la necesidad de intensificar la protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio a través del efecto invalidante de las pruebas, pues el derecho a la igualdad procesal de las partes ( art. 24.2 CE ) no se ve quebrantado..."

Y, concluye: " Por todo ello, cabe apreciar que en el caso que enjuiciamos la admisión y valoración de la prueba que se obtuvo por la Administración tributaria no vulnera la integridad de las garantías del proceso contencioso-administrativo, ya que la única conexión jurídica entre el vicio determinante de la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la obtención de la prueba es la valoración que se hace sobre la autorización judicial firme, a la luz de una evolución de la interpretación jurisprudencial acerca de uno de los requisitos para acceder a la solicitud de autorización de entrada. Esta evolución de la interpretación jurisprudencial no afecta a ningún elemento nuclear del juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la autorización de entrada, sino a un requisito de notificación previa al obligado tributario de la iniciación del procedimiento inspector. La existencia de una conexión natural y jurídica entre el acto de lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y la obtención de pruebas y evidencias, no deviene por si misma, en un caso como el que examinamos, en una lesión efectiva del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE , por lo que la aplicación ponderada del art. 11.1 LOPJ no ampara la exclusión de las pruebas obtenidas en el acto de entrada y registro autorizado en el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo."

Estimamos trasladables a este procedimiento tales argumentos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en cuanto, además, tampoco al tiempo de la sentencia dictada y aquí apelada, operaba ya dicho requisito de notificación previa del procedimiento inspector surgido a partir de la interpretación ajustada del art. 113 de la LGT desde octubre de 2020. En la redacción actualmente vigente de dicho precepto, dada por la Ley 11/2021, de 13 de julio, cabe la solicitud y autorización de la entrada con carácter previo al inicio del procedimiento formal. Por consiguiente, al tiempo de solicitarse y autorizarse la entrada y registro se ajustó a los presupuestos y requisitos legales en los términos en que los preceptos aplicables eran interpretados por la jurisprudencia. Con posterioridad, una evolución en la interpretación jurisprudencial ha llevado a apreciar la nulidad de resoluciones de autorización, con ocasión de recursos interpuestos frente a ellas, por la falta de existencia y notificación previa del procedimiento de inspección, hasta que se ha reformado el art. 113 LGT en julio de 2021. Y, a partir del 11 de julio de 2021, tal exigencia como tal no deviene en la ilegalidad de la autorización siempre que " el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial" y la autorización judicial " deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada." La norma aplicada, art. 113 LGT, como el art. 142 LGT no es una norma de naturaleza sancionadora que esté sujeta a la prohibición de retroactividad de la norma desfavorable. Es una regla procesal relativa a la adopción de una diligencia que afecta a derecho fundamental de la persona, pero no una norma sustantiva sancionadora. De hecho, en el momento en que se adoptó la medida, la norma no había sido modificada y se aplicó en la literalidad e interpretación jurisprudencial correspondiente a la fecha de su análisis. La interpretación de la jurisprudencia evolucionó y dio lugar a una distinta aplicación de los principios normativos. Sin embargo, al tiempo del enjuiciamiento la norma ya ha cambiado y permite la simultaneidad entre la adopción de la medida y la incoación del procedimiento.

No se cuestiona en la sentencia apelada que ello haya sido así ni se pronuncia sobre otras cuestiones que también se plantearon ni sobre los requisitos de fondo, es decir, sobre la necesidad, proporcionalidad y finalidad de la medida. Ahora bien, estos aspectos, sí habían sido ya objeto de apelación y discusión en fase anterior al inicio del procedimiento penal. El auto de 30 de septiembre de 2009 identificó a las entidades mercantiles y personas físicas, con apoyo en órdenes de carga del plan de inspección, y razonó la procedencia de la falta de notificación previa a los interesados en cuanto haría perder la finalidad de la diligencia y que se subsanará con la notificación del auto. Analiza la apariencia de legalidad de la actuación administrativa, así como la competencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Catalunya. Con relación al domicilio de CALLE000 hace referencia a la concurrencia de indicios racionales en cuento existe notoria diferencia entre la base imponible de 2000 y de 2001, que el Sr. Prudencio se declara residente en Andorra y hay datos de actividad diaria en Barcelona, figura como autorizado en cuentas controladas por sociedad holandesa. Y la sentencia de 6 de mayo de 2010 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, avala los indicios señalados en el auto, así como la gravedad de la conducta atribuida en atención al importe económico y número de sociedades implicadas. Se pronuncia ya sobre la competencia de la Delegación de la Administración Tributaria en Cataluña, considerando que no existe ninguna incompetencia territorial de carácter manifiesto obstativa a la autorización judicial de entrada y registro.

Estas cuestiones sí que pueden considerarse ya resueltas en cuanto afecten a la legalidad y presupuestos que ya fueron analizados en primera y segunda instancia. Seguimos aquí el mismo criterio sostenido por esta Sala en Rollo de Apelación 201/2021:

" Los requisitos que deben reunir tanto la solicitud como la autorización judicial de la entrada y registro en domicilio constitucionalmente protegido, acordada en un procedimiento administrativo, ha sido analizada en varias Sentencias de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo con especial referencia a los requisitos de adecuación, necesidad y proporcionalidad, de forma que no puede reputarse necesaria una medida invasiva del domicilio cuando el auto judicial se abstiene de evaluar los indicios facilitados por la Administración y de ponerlos en conexión con la adecuación, necesidad y proporcionalidad de la entrada, necesidad que, dada la naturaleza de derecho fundamental sobre el que se va a irrumpir, requiere un juicio ponderativo ( Sentencias de fecha 10-10-2019 y 1-10-2020 ). En dichas sentencias se analiza la competencia del Juzgado-Contencioso Administrativo de acuerdo con el art. 106.1 CE, 91.2 LPJ y 8.6 de la LJCA .

De ello se deriva que cuando una resolución, como la que adoptó el Juzgado Contencioso-Administrativo ha sido objeto de recurso ante la Sala Contenciosos-Administrativa del TS, como sucede en el presente caso, los criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad han sido ya valorados en segunda instancia así como la petición de nulidad del auto apelado. Y ello es así por la evidente conexión que existe entre los procedimientos sancionadores administrativo y penal. Dicha decisión solo puede ser revisada en Recurso de Amparo por el Tribunal Constitucional. De esta forma consideramos que el Juez de lo Penal carece de competencia para poder valorar nuevamente la petición de nulidad del Auto de Juzgado Contencioso..."

Cuestión distinta sería la alegación de que se hubieran producido excesos en la ejecución de la misma o, la que sí se analiza en sentencia, de nueva interpretación de la norma legal habilitante en cuanto a uno de sus presupuestos. Los autos de autorización de entrada y registro, sucede en el derecho procesal penal, han de fiscalizarse desde la posición ex ante del Juez de Instrucción (en nuestro caso el Juez de lo Contencioso-Administrativo) a fin de ponderar la gravedad del hecho a investigar, la necesidad de la medida, la subsidiariedad de la misma y la proporcionalidad al caso concreto, como también, la competencia del órgano que la acuerda. Se alegó que a ojos de la Agencia Tributaria era manifiesto que el inspeccionado tenía su residencia fiscal en Navarra y allí había mantenido comunicaciones, siendo un domicilio conocido por parte de la Agencia. Obvia que la base de la querella y de la imputación es que, precisamente, el recurrente simuló no residir en Barcelona, domicilio del que se solicitó la entrada y registro por considerarlo el real y esos sí son indicios que fueron valorados en su momento. Si realmente residía o no en Barcelona constituye el núcleo esencial base del hecho objeto del juicio.

La sentencia apelada se pronuncia sobre la prescripción y, por estimar la vulneración de derecho de inviolabilidad de domicilio a raíz de no cumplir con el presupuesto del art. 113 y 142 LGT en la interpretación dada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, en función de lo argumentado en esta sentencia no concurre, pero no lo hace sobre otras cuestiones que también se plantearon como cuestión previa. Sería el caso de la falta de competencia de la Agencia Tributaria para la investigación y solicitud de entrada y registro.

Por consiguiente, no se comparte con la Juez de lo Penal que concurran motivos de nulidad de la entrada y registro, por vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio, en atención a la causa en que se apoya, es decir, la inexistencia de procedimiento administrativo previo y notificado al inspeccionado. No es, por lo tanto, razón suficiente para aplicar la regla de exclusión de prueba ilícita y no valorar los documentos y demás prueba derivada de tal diligencia.

La omisión de dicha valoración en la sentencia, además de otras que también pudieran ser obstativas a la resolución sobre el fondo, sólo puede conducir a la estimación de los recursos de apelación interpuestos y la nulidad de la sentencia dictada, con retroacción al momento inmediatamente anterior a su dictado, a fin de que la Juez de lo Penal, con plena libertad de criterio, analice y valore todas las pruebas propuestas y demás cuestiones no resueltas.

TERCERO. - No apreciándose temeridad ni mala fe, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos de general y pertinente aplicación.