Sentencia Penal 861/2022 del Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 93/2022 de 28 de noviembre del 2022

PRIMERO.- El recurrente Gumersindo insta literalmente en el Suplico de su recurso lo siguiente:

Se sirva, de conformidad con lo que dispone el art. 791 de la LECRIM , señala revista en la que se pueda de nuevo proceder con la práctica de la prueba y, tras los trámites oportunos, acuerde declarar la nulidad de la Sentencia dictada en fecha 18 de Abril de 2022, por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Terrassa, en el Juicio rápido 66/2021 , acordando dictar Sentencia condenatoria para Don Horacio, como autor de un delito de lesiones previsto en el art. 147.1 del CP , acordando la condena que se interesó en el Acto de la Vista, siendo esta de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como la responsabilidad civil también interesada en el acto de la vista de 1.137,96 euros por las lesiones sufridas por mi representado, así con una expresa condena en costas.

El recurrente alega como motivos que justifican su petición, los siguientes:

* Infracción de norma legal por inaplicación del artículo 14.1 del Código Penal derivada de un error en la valoración de la prueba con petición de declaración de nulidad de la sentencia y se dicte sentencia condenatoria por el "Tribunal en apelación".

El recurrente contrapone las manifestaciones en juicio del acusado que niega haber agredido al recurrente, y las que realizaron el ahora recurrente y la testigo Irene, ex novia del recurrente, que sostienen lo contrario, y la acreditación de lesiones a través del parte médico. Y sostiene la falta de fundamento de la sentencia que da igual valor a todas las declaraciones para concluir que no queda acreditada la agresión denunciada.

En el último párrafo del apartado del recurso que recoge tal motivo, se indica en concreto lo siguiente:

... es preciso que el Tribunal de Segunda Instancia pueda valorar los hechos denunciado y acreditados, y que, respectando los principios de publicidad, inmediación y contradicción finalmente, se dicte Sentencia condenatoria para D. Horacio, en los términos interesados por esta parte en el Acto de la Vista.

* Error en la valoración de la prueba con petición de anulación de la sentencia absolutoria reiterando la pretendida incorrecta valoración de la declaración del acusado frente a las del ahora recurrente y el testigo, y que deriva en una falta de motivación que lo justifique con infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

A partir de ello el recurrente insta que el "Tribunal ad quem" celebre nueva vista y dicte sentencia condenatoria. En el último párrafo del apartado del recurso que recoge tal motivo, se indica en concreto lo siguiente:

... atendida la ilógica apreciación de los hechos por la Juzgadora a quo, y la falta de racionalidad en la motivación fáctica de la Sentencia que se apela, dicho sea con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, deberá acordarse la anulación de la Sentencia, en cuanto a la absolución, de D. Horacio, debiéndose celebrar de nuevo la Vista para que el Tribunal ad quem pueda realizar su propia valoración y finalmente, le condene por un delito de lesiones, del que ha sido víctima D. Gumersindo.

El Ministerio Fiscal y Horacio se oponen al recurso alegando que la revisión de la sentencia en segunda instancia en cuanto a la valoración de la prueba personal realizada en la sentencia recurrida, exige que la misma sea contraria a las normas de la lógica o errónea en cuanto a las manifestaciones efectivamente realizada por los deponentes en juicio, sin que nada de ello sea así, habiéndose valorado en la sentencia de instancia la prueba de modo detallado, lógico y correcto con el resultado de aquella.

SEGUNDO.- Para resolver el recurso procede considerar que el artículo 791 LECrim. considerado por el recurrente, indica lo siguiente:

1. Si los escritos de formalización o de alegaciones contienen proposición de prueba o reproducción de la grabada, el Tribunal resolverá en tres días sobre la admisión de la propuesta y acordará, en su caso, que el Secretario judicial señale día para la vista. También podrá celebrarse vista cuando, de oficio o a petición de parte, la estime el Tribunal necesaria para la correcta formación de una convicción fundada.

2. El Secretario judicial señalará la vista dentro de los quince días siguientes y a ella serán citadas todas las partes. Cuando la víctima lo haya solicitado, será informada por el Secretario judicial, aunque no se haya mostrado parte ni sea necesaria su intervención.

La vista se celebrará empezando, en su caso, por la práctica de la prueba y por la reproducción de las grabaciones si hay lugar a ella. A continuación, las partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.

3. En cuanto se refiere a la grabación de la vista y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 743.

Así, el referido precepto se refiere a la posibilidad de celebrar una vista para resolver el recurso de apelación para el caso de que el recurrente proponga la práctica de prueba adicional o reproducción de prueba grabada, lo que no ocurre en el presente caso. Lo cual en todo exigirá que concurra alguno de los supuestos que permitan la práctica de pruebas en segunda instancia y que, previstos en el apartado tercero del artículo 790 de la LECrim., deben ser aquellas " que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables." Ninguno de los cuales se invoca por el recurrente que insta la celebración por esta Sala de una vista, pero a efecto de valorar nuevamente la prueba lo que, como veremos, no resulta posible.

Llegados a este punto y a partir de las pretensiones de nulidad de la sentencia absolutoria y dictado de una sentencia condenatoria, procede necesariamente indicar que la reforma operada en la LECrim. por Ley 41/2015, de 5 de octubre, introdujo la posibilidad de instar en apelación con fundamento en un error en la valoración de la prueba que se anulara la sentencia absolutoria para dictar otra de carácter condenatorio, o la sentencia condenatoria para dictar otra que contemplara una condena de mayor gravedad (apartado tercero del artículo 790.2), pero estableciendo que tales nuevas sentencias perjudiciales para el reo no se podrían dictar por el Tribunal de apelación (párrafo primero del artículo 792.2) sino que deberían de serlo, en su caso, por el Tribunal de Instancia al que a tal fin se le devolverían las actuaciones (párrafo segundo del artículo 792.2).

Para ello será preciso además en primer lugar, conforme a lo establecido en el artículo 790.2, que el recurrente justifique "la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada." En segundo lugar, el recurrente deberá de solicitar expresamente la anulación de la sentencia a efecto de que, conforme a lo expuesto, el Juzgado de instancia pueda dictar la nueva sentencia y en tanto que la declaración de oficio de la nulidad de actuaciones por el Tribunal que resuelve un recurso resulta vedada por el párrafo segundo del artículo 240.2 de la LOPJ que establece que "en ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal."

Y todo ello coincide con la postura doctrinal pacífica anterior a la reforma, representadas por sentencias del Tribunal Constitucional como la núm. 167/2002, de 18 de septiembre, que estableció que "el derecho a un proceso con todas las garantías contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución exige que las pruebas personales solo puedan ser objeto de valoración por el órgano judicial ante el que se hayan practicado aquellas con plena contradicción, inmediación y publicidad. De modo que se producirá una vulneración de tal derecho cuando, con fundamento en una apreciación diferente de las declaraciones personales, la sentencia dictada en instancia sea revocada en apelación de modo que siendo esta absolutoria, se sustituya por otra de carácter condenatorio, o cuando siendo condenatoria se dicte en su lugar una nueva sentencia que agrave la condena". En el mismo sentido la STS de 30 de mayo de 2013 ya establecía "que las sentencias absolutorias tienen una especial rigidez en relación a pronunciamiento absolutorio. Ello no es más que una manifestación de la especial situación que tiene todo imputado en el proceso al disponer de un estatus especial y más protegido que el resto de las partes, por ello, cuando en el ejercicio del ius puniendi estatal, se concluye con una sentencia absolutoria, siempre que la decisión esté motivada y quede garantizada la efectividad de la interdicción de la arbitrariedad ex art. 9-3º de la Constitución , la conversión de tal pronunciamiento absolutorio en otro posterior condenatorio dictado por el tribunal que en vía de recurso conozca de la causa, requiere específicos requisitos. No puede olvidarse que el derecho a la doble instancia penal reconocido en los Tratados Internacionales - art. 14-5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- sólo está prevista con carácter vinculante para las sentencias condenatorias no para las absolutorias, por lo que sería acorde a los Tratados Internacionales un sistema penal que solo admitiera la doble instancia en caso de condena. En tal sentido, SSTS 587/2012 de 10 de julio y 656/2012 de 19 de julio".

TERCERO.- A partir de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior procede considerar que el recurrente, si bien insta la anulación de la sentencia de instancia, sin embargo, no acredita la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica de la sentencia que combate, su apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o su omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada. Y ello en tanto que aquel se limita a alegar que concurren tales circunstancias y que el examen de la sentencia rebela que ello no es así. A este respecto procede indicar que la sentencia de instancia detalla en su fundamento jurídico primero el contenido de los interrogatorios practicados en juicio y lo hace de modo coincidente con lo que resulta del visionado del juicio. A partir de ello valora los mismos de acuerdo a su contenido y al de la prueba documental que obra en autos, y lo hace del siguiente modo:

De las declaraciones de ambos acusados se desprenden versiones totalmente contradictorias, habiendo resultado la testifical de la sra. Irene una declaración totalmente parcial, puesto que afirma haber visto claramente como Horacio pegó a Gumersindo le empujó y le pisó el dedo. Afirma también que no hizo nada Gumersindo, sin embargo después afirma que se estaban peleando (ambos por tanto y contradiciendo su afirmación anterior) e intentó separarlos, llegando a presentar lesiones también Horacio por lo que su declaración resulta curiosa cuanto menos en cuanto a la memoria selectiva de dicha testigo, sin que sea capaz de precisar de que forma concreta sucedieron los hechos a pesar de estar allí, observando esta juzgadora una falta de concreción en su testimonio y falta de objetividad en la misma.

De la documental y pericial documentada en autos, únicamente evidencia el menoscabo corporal sufrido por la persona de Horacio y de Gumersindo que se han reseñado en los hechos probados, siendo que la prueba documental y documentada existente en autos no tiene literosuficiencia para determinar la hipótesis que sostiene el escrito de acusación en relación con quien produjo las referidas lesiones y debe ser complementado, contrastado y valorado con las correspondientes pruebas personales, sin que por sí sola este informe sea capaz de probar la autoría de las mismas.

Pues bien, tras la valoración conjunta de la prueba practicada, el juzgador únicamente puede tener por probados los hechos que así se han declarado, sin que pueda estimarse probado que los menoscabos corporales sufridos y descritos, fueran dolosamente pretendidos por ambos acusados.

Y continúa después en la misma línea diciendo lo siguiente:

... nos encontramos ante versiones contradictorias entre ambos, una mala relación provocada por una discusión iniciada ese día al parecer por hablar uno de los acusados con la novia en el momento de los hechos del otro, y la testigo que hubieran arrojado algo de luz sobre lo sucedido no ha sido aportados como prueba, no habiendo resultado creíble, verosímil ni exhaustiva la declaración de la testigo Irene.

Por cuanto antecede, atendiendo a la existencia de versiones contradictorias sin que el juzgador pueda dar más verosimilitud a una que a otra, la prueba documental y pericial documentada no es literosuficiente para probar la autoría de los menoscabos corporales ni los daños objeto de acusación; no habiendo quedado probado, más allá de toda más allá de toda duda razonable, que las lesiones objeto de acusación se produjeran dolosamente ni por parte de los acusados, debiendo salvaguardarse el principio de culpabilidad en la causación de dichos menoscabos ( art. 5 y 10 CP ) que precisa que el dolo correspondiente a los tipos objeto de acusación, sea suficientemente probado.

Es por ello qué existiendo una duda objetiva y razonable en el juzgador tras la valoración probatoria, acerca de cómo sucedieron los hechos objeto de acusación y no pudiendo existir una condena dubitativa, merced al consabido principio de "in dubio pro reo"; el fallo de la sentencia debe ser necesariamente absolutorio para ambos acusados por los delitos objeto de acusación.

Con relación a ello procede indicar que la valoración de la prueba personal practicada en el acto del juicio oral depende de la percepción directa de las manifestaciones del testigo de forma que la determinación de su credibilidad es tarea que corresponde al Juzgador de la primera instancia en virtud de la inmediación que aquel tuvo respecto de las manifestaciones del testigo, y sin que su criterio pueda ser sustituido en apelación salvo casos excepcionales.

En este sentido la STS 1097/2011, de 25 de octubre, pone de manifiesto lo siguiente:

... el único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada en el juicio. El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control.

En consecuencia, la función del Tribunal de apelación queda limitada a examinar la validez y regularidad procesal de la prueba, y a verificar, en cuanto a su valoración, si las conclusiones que el Juez de instancia ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales del razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas. Así, solo cabrá apartarse de la valoración de la prueba del Juez ante quien se practicó aquella, si se declara como probado con fundamento en ella algo distinto de lo que dijo el declarante y sin que ello resulte de ningún otro medio probatorio, o si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, o si de modo excepcional concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto o la certeza de uno que no se haya tenido en cuenta. Nada de ello concurre en el presente caso y, así, coincidiendo lo expuesto en la sentencia con lo efectivamente manifestado por los intervinientes en el acto del juicio, de acuerdo con los parámetros ya referidos que deben regir el examen de la valoración en apelación de la prueba practicada en la instancia, esta Sala considera que se ha practicado prueba de cargo suficiente y válida, y que la valoración y conclusiones a las que llega el Juez de instancia son congruentes con el resultado de la misma, se ajusta a criterios generales de razonamiento, y no declara como probado algo distinto de lo que efectivamente dijeron los intervinientes en el juicio, debiendo procederse en consecuencia la desestimación del recurso respecto de sus pretensiones de error en la valoración de la prueba y de vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

A todo ello debemos añadir la improcedencia, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, de la solicitud expresa del recurrente de que la nueva sentencia sea dictada por este Tribunal de instancia.

CUARTO.- El derecho a la tutela judicial efectiva cuya infracción se alega en el recurso, tiene su fundamento en el artículo 24.1 de la Constitución española y constituye el del derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales una resolución fundada en Derecho, es decir, a que la petición de justicia, tras ser oídas las partes en el correspondiente cauce procesal, obtenga como respuesta una resolución o pronunciamiento debidamente fundado ( SSTS 528/2020, de 21 de octubre, y 72/2021, de 28 de enero). El derecho a la tutela judicial efectiva no debe confundirse con una legítima discrepancia respecto a la decisión judicial, ni con un derecho del recurrente a obtener una respuesta complaciente con sus pretensiones, sino que conlleva el de derecho a obtener una resolución motivada, razonada y no incursa en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente ( STC núm. 258/2007). Todo esto exige igualmente que el órgano judicial facilite una explicación suficiente y comprensible de su decisión, pero no resulta exigible una respuesta pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones, siempre que se resuelva sobre todas las cuestiones planteadas ( STS 907/2008, de 8 de diciembre).

Con relación a todo ello, la STS 560/2020, de 29 de octubre (Ponente Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre), indica que "podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, cuando no sea fundada en derecho, lo cual ocurre en estos casos:

c) Cuando la resolución carezca absolutamente de motivación, es decir, no contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Al respecto, debe traerse a colación la doctrina constitucional sobre el requisito de la motivación, que debe entenderse cumplido, si la sentencia permite conocer el motivo decisorio excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada ( SSTC. 25/90 de 19.2, 101/92 de 25.6), con independencia de la parquedad del razonamiento empleado: una motivación escueta e incluso una fundamentación por remisión pueden ser suficientes porque "La CE. no garantiza un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial", ni corresponde a este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho a revisar la forma y estructura de la resolución judicial, sino sólo "comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye lógica y jurídicamente suficiente motivación de la decisión adoptada" ( STC. 175/92 de 2.11).

d) Cuando la motivación es solo aparente, es decir, el razonamiento que la funda es arbitrario, irrazonable e incurre en error patente. Es cierto como ha dicho el ATC. 284/2002 de 15.9 que "en puridad lógica no es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que por su grado de arbitrariedad e irrazonabilidad debe tenerse por inexistente, pero también es cierto que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistente o patentemente erróneas o siguen sin desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas" ( STS. 770/2006 de 13.7)."

Ninguno de tales supuestos de falta de motivación concurre en el presente caso a partir de lo expuesto en la primera mitad del fundamento jurídico anterior del que resulta una motivación detallada y extensa que justifica plenamente la decisión adoptada, y permite el control de la misma mediante el oportuno sistema de recursos, con la consiguiente desestimación de la alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

No procede en consecuencia sino la desestimación de la totalidad de las pretensiones del recurrente.

QUINTO.- Las costas de la apelación deben declararse de oficio, al no apreciarse temeridad ni mala fe procesal en la interposición de este recurso.

SEXTO.- Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de Casación en los supuestos previstos en el artículo 847, 1º letra b) de la LECrim.

Por todo ello,