Sentencia Penal 584/2023 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 9, Rec. 213/2022 de 29 de mayo del 2023

PRIMERO.- Planteamiento de los recursos y motivos de queja. Objeto y alcance del recurso de apelación.

1.- Las partes apelantes solicitan en esta segunda instancia la revocación de la condena decretada en la primera por delitos de lesiones, con base en los motivos de error en la valoración de la prueba, y consecuente vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia, e infracción de ley, solicitando por ello, la sustitución de la condena por un pronunciamiento absolutorio.

2.- Los motivos de apelación tienen encaje así en lo dispuesto en el art.790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señala este que "se expondrán ordenadamente las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se basa la impugnación el recurrente.

Si pidiera la declaración de nulidad de juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o constitucionales que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión. Asimismo deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia salvo en el caso de que se hubieran cometido en momento en el que fuere ya imposible la reclamación. Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada en el mismo escrito de formalización.

Podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables."

3.- Como nos ha recordado al respecto, muy recientemente, la STS de 24.1.22, " no es cuestionable, cuando la sentencia apelada es condenatoria, como acontece en el caso que nos ocupa, que el tribunal de apelación dispone de plenas facultades revisoras.

El efecto devolutivo transfiere también la potestad no solo de revisar el razonamiento probatorio sobre el que el tribunal de instancia funda la declaración de condena sino también, y ello es muy importante remarcarlo, la de valorar todas las informaciones probatorias resultantes del juicio plenario celebrado en la instancia, determinando su suficiencia, o no, para enervar la presunción de inocencia.

Este es el sentido genuino de la doble instancia penal frente a la sentencia de condena. La apelación plenamente devolutiva es garantía no solo del derecho al recurso sino también de la protección eficaz de la presunción de inocencia de la persona condenada. Esta tiene derecho a que un tribunal superior revise las bases fácticas y normativas de la condena sufrida en la instancia. Como destaca el Tribunal Constitucional en la importante STC 187/2013 , por la que, en términos contundentes, se sale al paso de fórmulas reductoras del efecto devolutivo de la apelación contra sentencias de condena, extendiendo indebidamente el efecto limitador que frente a sentencias absolutorias estableció la STC 167/2002 , el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba (...) pues toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior y a que un Tribunal superior controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto. (...).

Negarse a ello, como ocurrió sobre la base de una errónea apreciación de la doctrina de nuestra STC 167/2002 , no solo revela el déficit de motivación aducido y de incongruencia con sus pretensiones, sino, como consecuencia, la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías ( art.24.2 CE ), por privarse al recurrente de su derecho a la revisión de la sentencia condenatoria.

De tal modo, cuando el tribunal que conoce de la apelación contra una sentencia condenatoria valora las informaciones probatorias producidas en la instancia, identificando hechos excluyentes o descartando la suficiencia probatoria de los que han sido declarados como probados por la sentencia de instancia, está obligado a reelaborar el relato fáctico, en coherencia al resultado de su intervención plenamente devolutiva."

4.- No obstante, como el acto de juicio oral tiene lugar ante el juez de instancia y éste tiene la ocasión única e inmejorable de poder recibir con inmediación las pruebas y percibir directamente a las personas intervinientes, en atención al principio de inmediación que informa el sistema oral en materia penal, ha de respetarse la apreciación hecha por el juez de instancia de la prueba que recibió personalmente por ser el que aprovecha al máximo la valoración de los hechos y las ventajas de la inmediación, por lo que para que el tribunal de segunda instancia pueda variar los hechos declarados en la primera se precisa la concurrencia de alguno de los siguientes casos: inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba, por, por ejemplo, valoraciones de ésta no racionales o ilógicas, en especial por contraste con los elementos probatorios de corte objetivo, que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo o, en fin, que se haya desvirtuado por pruebas admitidas y practicadas en segunda instancia.

Por supuesto, en esta segunda instancia, deberá respetarse, en todo caso, la prohibición general de "reformatio in peius" , de modo que no pueda agravarse en la misma la calificación penal objeto de condena en la instancia y, en línea de principio, estarse solo a las alegaciones y pretensiones deducidas ante la Sala en los términos propuestos en el recurso.

5.- Por otro lado, el principio de presunción de inocencia, amparado en el art.24 de nuestra Constitución, desde la inicial sentencia de nuestro Tribunal Constitucional nº.31/1981, de 28 de julio, exige para la condena penal la demostración de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se imputan al acusado y su participación en ellas a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción.

En la práctica, lo dicho significa que la alegación de la infracción del principio de presunción de inocencia obliga a comprobar: 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente); 2º) que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita); y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

SEGUNDO.- Recurso planteado por Ana.

1.- La Sra. Ana ha sido absuelta en la sentencia de instancia por el delito leve de lesiones por el que venía, inicial y provisionalmente, acusada por el Ministerio Fiscal, acusación que, en trámite de conclusiones definitivas en juicio, retiró éste.

La Sra. Ana no se ha constituido en este proceso como parte acusadora. Su intento de personación como tal le fue denegado, en firme, por el juzgado instructor por extemporáneo al formalizarse tras el dictado del auto de apertura de juicio oral.

No obstante, ha interpuesto recurso de apelación contra la misma por el que se queja, en primer lugar, de que ni ella, ni su marido, el Sr. Luis Angel ni su hijo, el Sr. Alberto, golpearon al Sr. Juan Pablo con el rodillo que sí empleó éste para golpear a los tres primeros.

Solo podemos desestimar este primer motivo, planteado como error en la valoración de la prueba. En efecto, tanto su marido como su hijo han intervenido en el proceso penal bajo representaciones diferenciadas y, en dichas calidades procesales diferenciadas, han interpuesto sus respectivos recursos de apelación contra la misma sentencia que les condena por delito de lesiones.

La ahora recurrente, a pesar de ser madre y esposa de ellos, no presenta gravamen derivado de dicha sentencia, siendo que a ella se la ha absuelto del delito de lesiones por el que venía acusada. Por ello, carece de legitimación activa para cuestionar las condenas decretadas en la instancia en contra de su marido e hijastro, máxime cuando estos dos han interpuesto ya sus respectivos recursos de apelación frente a sus condenas ( SSTC 165/87, de 27 de octubre).

En todo caso, sus alegaciones en contra de esas condenas van a encontrar respuesta en la resolución posterior de los recursos planteados por los condenados.

2.- En segundo lugar, se queja, bajo idéntico motivo de impugnación, inadecuado en este caso, de que la sentencia de instancia solo impone al Sr. Juan Pablo la pena mínima de dos años de prisión por el delito menos grave de lesiones con instrumento peligroso. Entiende que la pena proporcionada en este caso hubiera sido la pena de prisión de 2 años y 4 meses y que ya solicitó. Y fundamenta esa revisión al alza de la pena impuesta en que el ánimo del Sr. Juan Pablo fue el de lesionar y causar graves heridas con un instrumento peligroso.

Desestimamos igualmente este segundo motivo de queja y, con ello, íntegramente este primer recurso.

Debemos aclarar que la acusada Sra. Ana no se ha constituido como Acusación Particular, habiendo en su momento denegado el juzgado dicha calidad procesal, por lo que estaríamos, de nuevo, ante una clara falta de legitimación activa por su parte para cuestionar la determinación de la pena, que solo pidió formalmente el Ministerio Fiscal, que no ha recurrido contra la misma.

Es cierto que se le ha impuesto al Sr. Juan Pablo la pena mínima posible, conforme al art.148 del Código Penal, pudiendo abarcar la misma, en abstracto, hasta los cinco años, así como que el lesionado, Sr. Luis Angel sufrió, como consecuencia de la agresión por la que se condena al Sr. Juan Pablo, fractura de diáfisis, con 80 días impeditivos e, incluso, una secuela por limitación funcional al movimiento, y que, por ello, la imposición de ese mínimo posible no parece lo más proporcionado, aun cuando sus circunstancias personales arrojen que carecía de antecedentes penales, único argumento en el que la sentencia fundamenta esa pena mínima, sin atender a las consecuencias objetivas de gravedad de las lesiones que, desde luego, no eran las más leves posibles, y desde los parámetros penológicos que determina expresamente el art.148 del Código Penal.

No obstante, la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal, única pedida, 2 años y 4 meses, no era mucho mayor que esa mínima posible.

Pero, insistimos, no podemos revisar esa pena mínima al alza cuando la única parte que solicitó la pena formalmente en juicio fue el Ministerio Fiscal, y dicha parte se ha aquietado a la misa, sin impugnarla.

TERCERO.- Recurso planteado por Luis Angel.

1.- En primer lugar, impugna la sentencia el Sr. Luis Angel, condenado por delito leve de lesiones y acusado solo por el Ministerio Fiscal, con base en los motivos de error en la apreciación de la prueba y consecuente vulneración de la presunción constitucional de inocencia.

Estima que la prueba de cargo que describe la sentencia, en apoyo de su condena, no es suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia y que el procedimiento de inferencia que describe aquella es contrario a la prueba practicada en juicio, consistiendo solo, a su parecer, en valoraciones subjetivas y parciales.

Ya hemos visto cómo, con base el motivo de impugnación consistente en error en la apreciación de la prueba solo puede revisarse en esta segunda instancia la declaración de hechos probados contenida en la sentencia recurrida, si la apreciación de la prueba practicada ha sido, manifiestamente, irracional o no se ajusta a las normas del sentido común o la lógica, o bien no se ha valorado expresamente alguna de las pruebas practicadas.

Este no ha sido el caso.

Hemos comprobado los argumentos que contiene la detallada sentencia de condena y hemos visionado la grabación del acto de juicio celebrado y a partir de todo ello solo podemos coincidir con el criterio condenatorio expresado, razonada y razonablemente, en la referida sentencia. La juzgadora de instancia, con independencia de que la parte recurrente, ahora, discrepe, en el legítimo ejercicio de su derecho constitucional de defensa, no ha cometido ningún error esencial a la hora de valorar la prueba practicada ante su inmediación y, en realidad, se ajusta adecuadamente al resultado que ofreció la misma.

Sostiene el recurso, en esencia, que el Sr. Luis Angel, "en ningún momento, participa en ningunan pelea con el Sr. Juan Pablo", habiéndose limitado su participación a separar a las partes, sin que golpeara o lanzara patadas al Sr. Juan Pablo.

Sin embargo, comprobamos cómo la parte solo fundamenta dicha apreciación exculpatoria, esta sí ciertamente parcial e infundada, en las propias manifestaciones prestadas por el Sr. Luis Angel en juicio, negando los hechos por los que se le acusaba. El recurso, en este punto, más allá de esa negación por el acusado, no expresa ningún error o contradicción en el proceso valorativo argumentado en la sentencia en fundamento de su condena.

Frente a ello, la motivación que hace, razonada y razonablemente, la sentencia de condena resulta impecable y se ajusta, no solo al resultado de la prueba plural practicada, con todas las garantías en el acto plenario de juicio, sino, a partir de ella, a criterios de racionalidad, lógica y máximas de experiencia.

En efecto, que el acusado ahora recurrente causó al Sr. Juan Pablo, voluntariamente, las lesiones leves que describe en su apartado de hechos probados, en el marco del incidente protagonizado por los cuatro intervinientes, y en concurso con el Sr. Alberto, se desprende, como expone la sentencia, de las declaraciones que prestó en juicio, con todas las garantías, el lesionado Sr. Juan Pablo. Manifestó el mismo, y así lo hemos podido comprobar del acto de la grabación del acto, que "los cuatro hombres, Sr. Luis Angel, el Sr. Alberto y los dos chicos marroquíes identificados en la minuta policial, pero contra los que no se ha seguido el procedimiento, empezaron a empujarle, le tiraron al suelo y le dieron patadas en el suelo, causándole las lesiones en la boca, en el codo y en la espalda que constan en su informe médico".

En corroboración de la veracidad de dichas manifestaciones incriminatorias, la sentencia destaca, en primer lugar, el resultado objetivo y no impugnado de las lesiones leves sufridas por el Sr. Juan Pablo, perfectamente compatibles con la descripción de la agresión, así como el hecho de que dicha agresión podía explicarse por la ira que le debió producir al acusado recurrente el hecho de que el Sr. Juan Pablo hubiera agredido a la Sra. Ana y su hijastro.

Pero es que, además, la sentencia apoya su conclusión incriminatoria en el propio reconocimiento parcial que de los hechos por los que venían acusados hicieron tanto el Sr. Luis Angel como el Sr. Alberto en el acto de juicio. Reconoció éste último que fue detrás del Sr. Juan Pablo cuando éste entró en el bar y lo empujó, cayendo los dos al suelo y enzarzándose en una pelea. Reconoció, por su parte, el Sr. Luis Angel que intervino entre los dos.

Y refuerza la sentencia su conclusión indicando que ni la Sra. Ana, ni su hijastro ni el ahora recurrente aportaron una explicación convincente y lógica de la lesiones objetivas que presentaba el Sr. Juan Pablo. Así como, en fin, que indicios accesorios de la agresión impugnada, y de la pelea que hemos referido, fueron los daños en la mesa del bar, también objetivados.

Finaliza la misma descartando, en todo caso, un supuesto justificativo de legítima defensa puesto que se trató, como hemos visto y se da por probado, de una agresión conjunta de dos frente a uno solo así como que la agresión se produjo después de que el Sr. Alberto persiguiera al Sr. Juan Pablo por el bar y después cayeran al suelo, interviniendo después, en el suelo, el ahora recurrente.

En definitiva, la Sala desestima el motivo de queja al haberse fundamentado la hipótesis acusatoria impugnada en prueba de cargo más que suficiente, aunque lo haya negado el acusado, practicada con todas las garantías procesales y valorada, razonada y razonablemente, por la juzgadora en la instancia.

Finalmente, bajo el mismo, inadecuado ahora, motivo de error en la apreciación de la prueba, la parte recurrente se queja de la pena mínima impuesta al Sr. Juan Pablo por delito de lesiones con instrumento peligroso.

El motivo, ya vimos las razones, se desestima al no venir el Sr. Luis Angel legitimado activamente para cuestionar dicha individualización penológica puesto que no se había constituido como Acusación Particular, siendo así que la única parte que ejerció la acusación fue el Fiscal, quien se ha aquietado con la misma.

2.- En segundo lugar, se queja la parte de que la sentencia recurrida incurre en infracción del delito de robo con violencia en grado de tentativa previsto y penado en el art.147.2 del Código Penal.

Desestimamos igualmente el motivo de queja.

En primer lugar, dicho precepto del Código Penal no regula el delito de robo, sino el delito de lesiones. Entendemos que se ha tratado de un mero error de la parte.

En segundo lugar, se formaliza el motivo bajo la queja de infracción de ley cuando, al remitirse al anterior motivo de impugnación, solo se fundamenta en una errónea valoración de la prueba y vulneración de la presunción de inocencia.

Desestimado, en consecuencia, y por las razones ya explicadas este último motivo, desestimamos ahora este segundo motivo, por lo demás, no desarrollado por la parte.

En todo caso, la subsunción jurídico penal que realiza la sentencia impugnada de los hechos declarados probados, razonablemente como hemos visto, en el tipo penal del delito leve de lesiones del art.147.2, resulta absolutamente correcta al haber causado, voluntariamente, el acusado recurrente una lesión que no ha precisado de tratamiento médico o quirúrgico y solo una primera asistencia facultativa.

3.- En tercer y último lugar, la parte recurrente, sin mucho desarrollo ciertamente más allá de cita jurisprudencial genérica, impugna la condena por delito leve de lesiones con base en que la misma ha fundamentado la misma en prueba insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Reitera la parte, otra vez con falta de sistemática y rigor en el marco del recurso de apelación, la queja que introdujo en su primer motivo de impugnación.

Ya hemos explicado cómo la sentencia fundamenta, y así lo explica detallada y razonablemente, la condena del recurrente en prueba practicada con todas las garantías procesales, y suficiente al efecto de despejar cualquier duda razonable de que el acusado recurrente causó las lesiones leves por las que se le ha condenado.

Desestimamos este último motivo de impugnación, y con ello, íntegramente su recurso de apelación.

CUARTO.- Recurso planteado por Alberto.

El recurso planteado por este acusado condenado por delito leve de lesiones es idéntico al planteado por el anterior recurrente. Se basa, de modo calcado, en una suerte de "copia y pega", en las mismas alegaciones y pretensiones.

Por ello, ahora, la Sala solo puede, para desestimarlo, reproducir los argumentos que hemos explicado en relación al anterior recurso.

La sentencia recurrida, como hemos dicho, condena al Sr. Alberto como autor de un delito leve de lesiones con base a una prueba de cargo, practicada en juicio con todas las garantías procesales, la misma que ha servido para condenar al Sr. Luis Angel, y suficiente para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.

Desestimamos su recurso de apelación.

QUINTO.- Recurso planteado por Juan Pablo.

1.- Plantea como motivo de queja, en primer lugar, la representación del acusado Sr. Juan Pablo, condenado por delito menos grave de lesiones con instrumento peligroso (respecto del Sr. Luis Angel), delito leve de lesiones (respecto de la Sra. Ana) y delito leve de maltrato de obra (respecto del Sr. Alberto), un error en la valoración de la prueba practicada en juicio con consecuente vulneración de la presunción constitucional de inocencia que le amparaba.

Vamos a desestimar el motivo de impugnación.

En cuanto a las testificales propuestas por la parte de los agentes de policía autonómica con TIPs NUM006 y NUM007, y admitidas por el juzgado en su auto de admisión de pruebas, debemos indicar que sorprende que ahora la parte fundamente su impugnación en las mismas cuando la misma no llegó a practicarse en juicio al constar que no estaban, por error, citados al efecto, renunciando a ella la misma parte que los propuso en el acto de juicio, tras la práctica de toda la prueba restante.

En todo caso, ya declararon en juicio los otros dos agentes comparecidos, los cuales, ciertamente, poca luz pudieron arrojar en cuanto al incidente y los hechos enjuiciados puesto que acudieron al lugar justo después de su ocurrencia, pudiendo solo testimoniar directamente sobre el estado del interior del bar y los desperfectos que se acababan de causar.

Por lo demás, el hecho de que los agentes no se acordaran exactamente de su intervención y de que no detuvieran tras ella a ninguno de los involucrados en el incidente no evidencia ninguna equivocación esencial por parte de la juzgadora de instancia en su proceso de valoración de la prueba y en fundamento de la condena del Sr. Juan Pablo. Su falta de memoria en juicio, comprensible tras el transcurso del tiempo y sus numerosas intervenciones profesionales, sobre un asunto que ciertamente tampoco ha revestido una gravedad extraordinaria, no aporta nada esencial en cuanto a los hechos enjuiciados y probados. Y si decidieron no detener a ninguno de los involucrados en el incidente se debió, sencillamente, a que, como entendieron, empleando criterios de proporcionalidad, no concurría ninguno de los supuestos procesales para adoptar esa medida cautelarísima de privación de libertad.

Expone, a continuación, la parte recurrente lo que, a su parecer, constituyen "numerosas contradicciones" en la prueba de cargo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, como nos recordaba la STS de 12.6.19, que "suele ser objeto de alegación con frecuencia la existencia de contradicciones en las declaraciones de los acusados, victimas o testigos en sus diversas manifestaciones que llevan a cabo tanto en sede policial, como ante el juzgado de instrucción y su comparación con la llevada a cabo en el plenario.

No obstante, cuando se alega el concepto de contradicción no debe perderse de vista que, técnicamente, por tal debería entenderse aquello que es antagónico u opuesto a otra cosa.

Y en la mayoría de los supuestos en que se alega la pretendida contradicción se centra o ciñe más en cuestiones de matices respecto al contenido propio de las declaraciones.

Por ello, no puede cuestionarse la valoración de la prueba a la que llega el Tribunal cuando admite la valoración de la declaración de la víctima, o de testigos de cargo alegando que sus declaraciones fueron otras, cuando, en realidad, a lo que se refieren es a aspectos de matices sin la relevancia propia que tendría técnicamente una declaración antagonista o contradictoria de la víctima o de un testigo.

El Tribunal es el que debe valorar con su inmediación si quien ha declarado falta a la verdad (...). En esta línea, suele confundirse la existencia de matices en las declaraciones de víctimas y testigos, ampliatorias unas de otras, con la realidad de lo que debe entenderse por una declaración contradictoria, en cuanto viene a suponer que se contrapone o contradice de modo absoluto con lo declarado en una fase y otra. Ello suele darse cuando los acusados declaran en la fase sumarial a presencia letrada y en el juicio oral y existe una abierta contradicción entre ambas declaraciones, o lo mismo ocurre con los testigos. En estos supuestos es sabido que la vía procedente es la de la lectura de las declaraciones sumariales para "elevarlas al plenario" y poder el Tribunal llevar a cabo su función valorativa otorgando más valor o credibilidad a una declaración frente a otra y motivando este alcance de la convicción (...). De ello se evidencia que no puede predicarse lo mismo de las "contradicciones" en las declaraciones expuestas anteriormente y que se ubican en matices ampliatorios, aclaratorios, o complementarios de iniciales declaraciones, con las básicamente contradictorias (...)."

En este caso, no constatamos contradicción alguna esencial que pueda invalidar las conclusiones de cargo a las que llega la juzgadora de instancia y evidencie un error relevante por su parte. Ninguna de las trece que relaciona la parte, ni apreciadas en su conjunto, en realidad, lo es.

Es cierto que los dos agentes que declararon en juicio manifestaron no recordar nada respecto de un rodillo de amasar y una barra de hierro. Cierto igualmente es que del atestado no consta intervenido ningún objeto. No obstante, la circunstancia carece de toda relevancia y no evidencia ningún error, máxime cuando es el propio acusado recurrente quien reconoció en el acto de juicio que fueron sus agresores quienes cogieron el rodillo y la barra de la persiana del local y que éstos se las entregaron a la policía después.

Si los agentes no presenciaron ninguna agresión se debe a que, sencillamente, llegaron al lugar después de haber acabado el incidente entre las partes. Lo que sí es relevante, como destaca el propio escrito de recurso, es que en ese momento justo posterior ya pudieron presenciar lesiones externas en los acusados así como desperfectos evidentes en el interior del bar compatibles con una pelea.

No compartimos la apreciación técnica a la que llega la parte en cuanto a que las lesiones que sufría el Sr. Juan Pablo, al estar localizadas en diversas partes de su cuerpo, debieron ser causadas por más de una persona. Desde luego, no hace falta ser perito para discrepar de la misma. En todo caso, al Sr. Juan Pablo, en efecto, le golpearon, según los hechos probados más de una persona, el Sr. Alberto y el Sr. Luis Angel.

Ninguna contradicción esencial constatamos en cuanto al resto de personas que concurrían en el interior del bar, y se trata, en todo caso, de aspectos accesorios.

Tampoco en relación con si el incidente se produjo en el interior del bar o el portal, cuando lo cierto es que la pelea pudo discurrir a lo largo de los dos espacios contiguos.

Es irrelevante y no evidencia error alguno el que el "otro interviniente" no fuera trabajador del bar y sí un cliente.

Igualmente lo es el que la Sra. Ana entrara o no en el local cuando lo cierto es que se ha probado, sin duda, que la misma sufrió lesiones en el mismo contexto espacio temporal y que las mismas, desde luego, no se las produjo ni su marido ni su hijastro.

Da igual cuál de las partes avisara al servicio de emergencias puesto que todos los involucrados en el incidente y enjuiciados sufrieron lesiones.

En cuanto al motivo de la agresión, y la previa buena o mala relación entre las partes, de la prueba practicada se desprende, sin duda, que el motivo de la pelea fue el incidente ocurrido entre el Sr. Juan Pablo y la Sra. Ana y su hijo el día anterior en el bar.

En relación a la lesión sufrida por el Sr. Alberto, que la sentencia no imputa al ahora recurrente sino a otro de los intervinientes, y su localización, no compartimos la conclusión a la que llega la parte en el sentido de que deba suponer que era él quien estaba encima del Sr. Juan Pablo. Resulta insostenible ante la dinámica propia de una pelea como la enjuiciada, diferente, desde luego, a la de una foto fija.

El hecho de que las demás partes, en el marco de sus respectivas y legítimas estrategias procesales, no propusieran a las otras personas concurrentes en el bar como medios de prueba testificales en el acto de juicio no significa que la juzgadora se haya equivocado al dar por probado los hechos que han conducido a la condena a partir de las pruebas de cargo que sí se propusieron y practicaron y que resultan suficientes.

Finalmente, y en cuanto a las cámaras de seguridad que, según el recurso, el Sr. Juan Pablo manifestó que existían a sus agresores, y lo que ello debe significar, lo cierto es que se ha dado por probado que el Sr. Juan Pablo fue también agredido y así se ha dado por probado con la consecuente condena del Sr. Alberto y Luis Angel.

Desestimamos el motivo de impugnación. La prueba practicada ha sido valorada en la instancia razonablemente y, además, resulta suficiente para despejar cualquier duda razonable sobre la autoría del recurrente.

2.- En segundo lugar, la parte impugna la responsabilidad civil derivada del delito. Sostiene que los hechos que la fundamentan en la sentencia han sido valorados erróneamente por la juzgadora.

Vamos a desestimar, asimismo, el motivo de impugnación, salvo en cuanto al aspecto parcial que veremos.

Ninguna consideración merece el hecho destacado en el escrito de recurso en cuanto al "afán" de las otras partes de conseguir una indemnizacióna su favor y de las "numerosas" visitas médicas que hicieron informando de un empeoramiento de sus respectivas lesiones iniciales.

En cuanto a la fractura sufrida por el Sr. Luis Angel, su realidad, alcance, tratamiento seguido y secuela aparecen, razonada y razonablemente, fundamentados en la sentencia recurrida, sin equivocación alguna a partir de la prueba médico forense practicada y documental, con todas las garantías, en el acto de juicio. La Defensa del Sr. Juan Pablo, en todo caso, no ha propuesto ninguna otra, ni documental ni pericial, alternativa o que pudiera contradecir aquélla.

A partir de esa prueba, en especial parte de urgencias del hospital Vall d'Hebron y correspondiente pericia forense, ratificada con todas las garantías en juicio, ninguna duda existe de que dicha fractura sufrida por el Sr. Luis Angel fue consecuencia directa de la agresión llevada a cabo por el Sr. Juan Pablo.

No es cierto que el médico forense sostuviera en su informe o en juicio que la misma se produjera por sobrecarga. Al contrario, concluyó que la misma, más bien, suele producirse por mecanismo contusivo.

En cuanto a la secuela dejada por dicha fractura, limitación funcional a la movilidad, el médico forense Sr. Juan María concluyó en juicio, en ratificación de su informe, que la misma concurría sobrevenidamente, apreciada una vez se le retiró al lesionado su escayola, aunque en grado de leve, tal y como se ha valorado correctamente en la sentencia recurrida, concediéndole solo un punto, sin que el hecho de que no la puntuara se debiera a su no existencia. Aclaro, además, que la limitación no se debió a una mala consolidación de la fractura sino a una desviación por problema del callo óseo.

Igualmente han sido suficientemente acreditadas las lesiones, su alcance y secuela sufridas por la Sra. Ana, y que impugna ahora la parte recurrente.

Se desprende así, sin error, de la documentación aportada y de las dos pericias médico forenses practicadas, sin que la parte que ahora las cuestiona haya propuesta prueba alternativa y contradictoria.

Dicha pericia, a la que solo podemos estar, no vincula la secuela dejada, valorada en un solo punto, consistente en trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión, a situaciones precedentes o concurrentes de la afectada y, por el contrario, la vincula directamente al hecho enjuiciado y por el que ha sido condenado el Sr. Juan Pablo.

Sin embargo, la Sala observa, como destaca la parte recurrente, a la que hay que dar la razón en este punto, que el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales solo solicitaba, en concepto de responsabilidad civil a cargo del recurrente y en favor de la lesionada Sra. Ana, el pago de 1.350 euros por los 30 días, 15 de ellos impeditivos, en que tardó en curar de sus lesiones. No incluía formalmente en su petición provisional la secuela psicológica que hemos visto y tampoco la recogía en su conclusión primera. Ello se debió a que el informe médico forense ampliatorio que recogía dicha secuela y su alcance se practicó ya ante el Juzgado de lo Penal, con posterioridad a la deducción del escrito de conclusiones provisionales.

A pesar de ello, el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, y aun en el supuesto flexible en que se pudiera entender que la Sra. Ana asumió dicha condición procesal extemporáneamente, limitada estrictamente, y en todo caso, a su adhesión a los términos acusatorios formulados por el Ministerio Fiscal, ni al comienzo del acto de juicio, ni tampoco en el trámite posterior de conclusiones definitivas, tras la práctica de la prueba, introdujo ninguna modificación a su escrito provisional, ni en su conclusión 1ª a la hora de describir las lesiones y secuelas de la lesionada ni en el apartado correspondiente a la responsabilidad civil, manteniendo, por tanto, lo ya pedido provisionalmente en relación, al menos, a la lesionada.

Y ello, incluso, después de que, en dicho último trámite procesal de conclusiones definitivas, la juzgadora de la instancia que presidía el acto, seguramente habiendo advertido la probable omisión, preguntara expresamente a la Sra.Fiscal si añadía petición alguna en orden a las secuelas, en concreto, de la Sra. Ana, respondiendo aquélla negativamente, con mantenimiento de su pretensiones iniciales y provisionales en este punto.

Tanto el principio acusatorio, como el principio dispositivo y de rogación aplicable a la cuestión de la responsabilidad civil aun planteada en el proceso penal, obligaba a la juzgadora de la instancia a que su pronunciamiento en dicha materia se ciñera, particularmente en sus máximos indemnizatorios, y de modo congruente, con las peticiones y sus términos formalizados por las partes que ejercitaron la acción civil derivada del delito. Por todas, entre las más recientes, podemos citar la STS 220/21 de 11 de marzo.

Por ello, al haber dado por probada la sentencia recurrida la secuela referida y, sobre todo, al haber condenado por este concepto civil al Sr. Juan Pablo por una cantidad notoriamente superior a la única pedida por la parte acusadora en ejercicio de la acción civil, la misma ha infringido claramente los principios ineludibles que hemos visto.

Dicha circunstancia, a pesar de la acreditación suficiente de la secuela psicológica, nos obliga, en esta segunda instancia, a revocar parcialmente la sentencia recurrida y rebajar la indemnización concedida a la lesionada Sra. Ana a la suma peticionada de 1.350 euros.

SEXTO.- Se declaran de oficio las costas devengadas en esta segunda instancia procesal ( art.240 LECrim.).