Sentencia Penal 253/2022 del Audiencia Provincial Penal de Cádiz nº 3, Rec. 26/2022 de 26 de septiembre del 2022

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada de los artículos 237 en relación al artículo 238.1 y 241.1 pfo 2º del Código Penal, y 74 del Código Penal, que castiga a los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas en este caso con fractura de puerta para acceder a casas habitadas, considerada como todo albergue que constituye la morada de una o más personas, que ha sido objeto de acusación en su modalidad de continuidad delictiva por tratarse de varios hechos cometidos por el mismo sujeto en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. La consideración de delito continuado engloba obviamente los consumados y los que son en tentativa.

No obstante, del escrito de acusación debemos apartar los hechos sucedidos los días 2 de julio de 2021 en los que se atribuye dos robos consumados, uno en AVENIDA002 y otro en DIRECCION004 y los que sucedieron entre los días 13 y 15 de julio de 2021 en AVENIDA001 nº NUM008, en este caso en tentativa y el consumado denunciado en DIRECCION005, nº NUM005 por lo que luego señalaremos respecto del material probatorio indiciario obrante en autos.

Antes de continuar debemos de señalar que no se ha puesto en duda la realidad de los robos sucedidos entre el 1 de julio y el 5 de agosto en la ciudad de Cádiz. La defensa pone en duda la autoría de los mismos y en alguno de ellos, la preexistencia de los objetos sustraídos y su valoración.

Por último no podemos olvidar que el motivo por el cual esta Sala ha conocido de esta causa es por la acusación por el apartado 4º del art 241 del Código Penal, lo que eleva las penas del tope de cinco años. Sin embargo ni durante el juicio ni en conclusiones ni en informe, el Ministerio Fiscal ha señalado nada de que estos hechos enjuiciados revistieran especial gravedad, ni por la forma de comisión del delito, ni por los perjuicios ocasionados y ni siquiera se ha citado alguna circunstancia afectada del art. 235 del Código Penal. Y ello porque la única que podría aplicarse a este caso es el de la cuantía de especial gravedad del art 235 nº 5 del Código Penal que se asimila al apartado 5º del art 250 del Código Penal que es la cuantía de 50.000 euros y que en caso de continuidad delictiva, (Acuerdo de Pleno del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2007) debe tenerse en cuenta el perjuicio total causado, sin que la aplicación de la continuidad impida apreciar también la agravante siempre que uno de los hechos objeto de enjuiciamiento conlleve un perjuicio de más de dicha cantidad. ( Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2021). Pues bien, el Sr. Jose Pablo, que denunció que le habían sustraído 97.000 euros no ha comparecido a juicio para justificar o dar alguna explicación que permita a este Tribunal valorar la preexistencia de la inusual cantidad en un domicilio sustraído. El resto de afectados han reclamado por la sustracción de metálico y efectos que sumados asciende a unos 41.700 euros aproximadamente. Por lo tanto solo aplicaremos el tipo básico de robo con fuerza en casa habitada del apartado 1º del art 241 del Código Penal y no el muy agravado del 241.4º del Código Penal.

SEGUNDO.- De dicho delito continuado es responsable criminalmente en concepto de autora la acusada Caridad por su participación directa, dolosa y material en los hechos de conformidad, con los artículos 27 y 28 del Código Penal. Para llegar a tal conclusión debe entenderse que se ha practicado abundante prueba de cargo en todo caso más que suficiente y válida para enervar la presunción de inocencia que acoge a la citada, prueba que debe ser analizada.

En realidad, como prueba de descargo solo figura la propia declaración de la acusada que no ha contestado al Ministerio Fiscal y que solo ha contestado de forma lacónica a la propia defensa negando todos los hechos objeto de acusación, cualquier relación con robo en Cádiz y destacando que no se le ocupó ningún efecto.

El resto de la prueba personal practicada en juicio ha sido prueba de cargo. Ninguno de los perjudicados pudo presenciar alguna circunstancia que condujera a determinar la autoría de la acusada por lo que han sido las investigaciones policiales las que han determinado la detención y posterior acusación de Caridad. Los perjudicados han relatado como s encontraron su vivienda en el caso de robos consumados o las vestigios en las puertas cuando fueron tentativas de robo.

Según el funcionario de la Policía Nacional nº NUM024 Inspector jefe de la UDEV que ha ratificado el atestado que obra en las actuaciones, durante el mes de julio de 2021 recibieron un número inusual de denuncias por robos en pisos de Cádiz capital con métodos de forzamiento de la puerta de entrada. Se procedió a revisar cámaras de vigilancia de establecimientos cercanos a portales de viviendas donde se habían producido robos o intentos de robos. Así consiguieron unas imágenes de la Farmacia/Optica DIRECCION006 sita en C/ DIRECCION007 del día 7 de julio de 2021 sobre las 19 h de dos jóvenes saliendo del portal sito en DIRECCION002 nº NUM005 de Cádiz donde se produjo el intento de robo en la vivienda del NUM006, propiedad de Josefa, donde no consiguieron entrar. Instantes antes se les observa en actitud sospechosa al lado del telefonillo del portal. Con dichas imágenes que fueron difundidas entre otras comisarias de España, se consiguió a una identificación positiva por la Comisaría de la Policía Nacional de DIRECCION008 de las jóvenes por su implicación en hechos similares en dicha ciudad y a su vinculación con un vehículo, Opel Corsa de color blanco y matrícula ....-MWW.

El inspector ha declarado ratificando el atestado, que a través de dicha matrícula y de las cámaras de la DGT se apreció su entrada en la ciudad de Cádiz en fechas coincidentes con las denuncias (folios 56 a 58 de las actuaciones). Tras varias fechas buscando a jóvenes similares consiguieron detectar el día 5 de agosto de 2021 sobre las 17:30 horas a Caridad y su acompañante en actitud sospechosa entrando en el portal del nº NUM003 de la PLAZA000 donde resultaron detenidas, tras encontrarse los funcionarios actuantes a Caridad que hacía funciones de vigilancia, mientras su acompañante que resultó ser menor de edad estaba intentando forzar la puerta de la vivienda del NUM017, propiedad de Celsa. Las jóvenes detenidas llevaban en sus bolsos efectos inusuales claramente dedicados al forzamiento de cerraduras como dos destornilladores de pala, una llave inglesa, un trozo de plástico duro para realizar la denominada técnica del resbalón y ocho calcetines de color negro, para evitar dejar huellas y guardar los sustraídos así como unas tijeras de 12 cm con las puntas dobladas. (esta última a la acusada).

También ha señalado que el vehículo fue encontrado días después, el 11 de agosto de 2021, estacionado en C/ DIRECCION009, a pocos metros de la PLAZA000 donde fueron detenidas. Ha señalado que además de otros efectos encontraron una mascarilla, que al examinarse y cotejar el ADN encontrado con el de la acusada dio positivo, esto es, pertenecía a Caridad. También encontraron en el vehículo un teléfono móvil, que al ser investigado permitió geolocalizar el mismo por triangulación con las antenas de telefonía móvil en las mismas zonas y fechas donde se produjeron los robos. Además por las actuaciones de los vigilantes municipales de aparcamiento se pudo observar que el vehículo se estacionaba en los días donde se produjeron los robos, en las inmediaciones de los domicilios donde se denunciaron robos o intentos de robo.

También resaltó que la acusada fue vista y captada por las cámaras de una gasolinera de DIRECCION010 (folios 248 y 249) justo el 4 de agosto de 2021, usando el vehículo investigado y en compañía de la menor llamada Diana, con la que fue detenida al día siguiente. Dicha localización fue posible por encontrar dentro del vehículo un resguardo de recarga del teléfono móvil NUM025 de la compañía Lycamobile que estaba en el interior vehículo, Opel Corsa de color blanco y matrícula ....-MWW. También ha admitido que no se encontraron las joyas y efectos sustraídos, mas que unas pequeñas joyas no coincidentes con las denunciadas y que en las imágenes de las cámaras antes reseñadas se puede identificar sin duda alguna a la menor referida y con alta probabilidad a la ahora acusada ,sin que llegue al 100%.

Por otra parte también declaró el funcionario de la Policía Nacional nº NUM026 que precisamente detuvo a las sospechosas y que ha manifestado que las llevaban buscando por Cádiz con las fotografías de la Óptica DIRECCION006 y que vio a dos jóvenes en actitud sospechosa en PLAZA000 que coincidía plenamente con las que estaban buscando. Que vieron como se introdujeron en el portal y señaló que tenían la fotografía. Cuando las sorprendió, Caridad hacía funciones de vigilancia mientras su acompañante que resultó ser menor de edad estaba intentando forzar la puerta de la vivienda del NUM017, propiedad de Celsa. En definitiva fueron sorprendidas in fraganti.

El funcionario de la Policía Nacional nº NUM027 también participó en el operativo de detención ratificando lo señalado por su compañero y por otra parte el funcionario de la Policía Nacional con nº NUM028 del mismo cuerpo policial participó en el registro del vehículo y ha señalado que encontraron el teléfono móvil aludido, una mascarilla y una peculiar diadema marrón claro como la que llevaba una de las chicas en las imágenes de las cámaras (folio 80 y 81).

El informe pericial de ADN del funcionario de la Policía Nacional nº NUM029 ha ratificado el informe de 14 de julio de 2022 remitido a este tribunal de forma directa, señalando que el ADN extraído en la mascarilla encontrada en el vehículo antes citado corresponde a dos personas y una de ellas es, con una probabilidad que numéricamente se asemeja a la certeza, de Caridad. El perito ha respondido con claridad y hasta con indignación a las preguntas de la defensa sobre la cadena de custodia y por la tardanza en remitir el informe y ha aclarado todas las dudas al respecto sobre el origen de la muestra.

A lo anterior debe añadirse el informe pericial de muestras de ADN recibido y que obra unido al rollo de esta Sala; el atestado, el informe de EMASA sobre el estacionamiento del vehículo mencionado y el informe de las distintas compañía telefónica Lycamovil sobre ubicación del teléfono citado (folios 309 y siguientes); así como el atestado con informe final de unidad actuante.

TERCERO.- Analizada la anterior prueba en conciencia y de conformidad con el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a esta Sala no le queda duda alguna del pronunciamiento condenatorio, aunque debe aclararse que determinados robos o tentativas de robo no cuentan con el mismo bagaje probatorio que otros. Para ello debemos de tener en cuenta que en este caso nos encontramos con numerosos indicios que corroboran esa conclusión, salvo en el supuesto del segundo intento de robo del día 5 de agosto, donde la acusada y su compañera fueron sorprendidas in fraganti por la Policía, en cuyo caso existe prueba directa.

La prueba de indicios para considerarla suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado, requiere una serie de requisitos que se analizan en Sentencias del Tribunal Supremo como la de 4 de noviembre de 2019 o la de 28 de julio de 2020. Así esta última resolución destaca que " Desde el punto de vista formal, deben constar los indicios o hechos-base plenamente acreditados que permitan acceder mediante un juicio de inferencia al hecho- consecuencia; el razonamiento de inferencia también ha de ser debidamente explicitado en la sentencia. Desde una perspectiva material, el control casacional se contrae en la verificación de que existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2022, destaca como requisitos de la prueba indiciaria para su validez, consistirá en la expresión de los indicios y del razonamiento que se alcanza y sobre los primeros, que estén acreditados, que sean plurales, concomitantes al hecho que se trata de probar e interrelacionados. Y sobre la inferencia que se razonable, no arbitraria y sometida a las reglas de la lógica y la experiencia citando la Sentencia del Tribunal Constitucional 175/2012 de 15 de octubre sobre la suficiencia de la prueba indiciaria para sustentar un pronunciamiento condenatorio. Y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2022 cualquier hecho indiciario, siempre deja abierta en su valoración cierta holgura propiciatoria de alguna contra-hipótesis alternativa favorable a la defensa. Lo relevante y decisivo es que esa holgura no presente una plausibilidad ni un grado de verificabilidad que ponga en cuestión la elevada probabilidad que apuntan los hechos indiciarios a favor de la hipótesis acusatoria. Y es que todo juicio de inferencia deja un espacio de apertura hacia alguna otra hipótesis, espacio que desde luego no tiene por qué desbaratar necesariamente la consistencia sustancial del razonamiento incriminatorio inferencial convirtiéndolo en inconsistente o poco probable. Lo relevante es que esa posibilidad alternativa sea nimia en comparación con el grado de probabilidad incriminatoria que traslucen los datos indiciarios.

En este caso constan varios indicios incriminatorios:

a) La acusada fue sorprendida in fraganti en compañía de otra joven, menor de edad intentando abrir la puerta de una vivienda el 5 de agosto de 2021 en la la PLAZA000 NUM003, NUM017. No cabe duda del concierto de ambas.

b) A ambas les ocuparon en ese momento, instrumentos aptos para forzar puertas de viviendas, como destornilladores, tijeras y una placa de plástico, lo que no es normal en unas jóvenes extranjeras en época veraniega en Cádiz.

c) La acusada está relacionada con dicha menor y con el vehículo Opel Corsa de color blanco y matrícula ....-MWW, estacionado a escasos metros del lugar donde fueron detenidas. En el propio vehículo se encontró una mascarilla con ADN de la acusada y existe una grabación del vehículo en una gasolinera en DIRECCION010 donde se identifica a la acusada y a su acompañante Diana. En esa gasolinera se recargó el teléfono móvil con número NUM025 de la compañía Lycamobile que luego apareció en el vehículo.

d) Consta igualmente en las actuaciones, que fue solicitado por el grupo policial a la empresa municipal EMASA, la cual gestiona para el Ayuntamiento de Cádiz las zonas de estacionamiento regulado de la ciudad, informe detallado de las fechas, horas y lugares donde haya estacionado el vehículo Opel Corsa con placa de matrícula ....-MWW, así como las multas por exceso del tiempo máximo autorizado para estacionar en dichas zonas. Del resultado dicha información (folios 73 y ss), se puede concluir que entre el 1 de julio de 2021 y 4 de agosto de 2021, el vehículo estaciona en la localidad de Cádiz en diferentes ocasiones, coincidiendo además en varias de ellas con la franja horaria donde suceden los hechos imputados, y en las proximidades de las viviendas violentadas.

e) Lo mismo sucede respecto a las sanciones impuestas al referido vehículo, entre el 6 de julio (primera que se le impone) y el 25 de julio de 2021 (última que se le impone). Del tránsito del vehículo y la información suministrada por la empresa EMASA, se infiere que el vehículo ha estado en la ciudad de Cádiz los días 1, 2, 5, 6, 7, 11, 14, 23, 24, 25 de julio, y 4 y 5 de agosto, como así se recoge en el atestado policial (folios 15 y ss del atestado NUM030). Todo ello relaciona al vehículo referido con las fechas y franjas horarias en las que suceden todos los robos objeto de autos, y relaciona la presencia de la acusada en Cádiz cuando sucedieron los hechos objeto de investigación.

f) Además el inspector jefe de la unidad actuante ha asegurado que la joven que aparece en las fotografías obtenidas en la Optica DIRECCION006 ha reconocido a la acusada como la joven que acompaña a la menor Diana con casi absoluta seguridad. Esta Sala ha podido comprobar en Sala el parecido físico, aunque en las fotografías aparece con mascarilla lo que dificulta la plena identificación. La Unidad actuante se ha mostrado segura de que ambas, por lo que se observa de la grabación participaron en la tentativa de robo que tuvo lugar, en la vivienda sita en DIRECCION002, NUM005 NUM006, propiedad de Josefa. De hecho justo antes de su detención se las identificó de forma segura, como las jóvenes captadas por la cámara de dicho establecimiento y la actuación policial posterior corroboró la identificación.

g) Igualmente existen datos objetivos (folios 246 y ss.) que posicionan al número de teléfono NUM025 los días 6 y 7 de julio y 24 y 25 del mismo mes, en las zonas geográficas que coinciden con las calles en las que se cometieron varios delitos de robo con fuerza en viviendas habitadas, coincidiendo dichos posicionamientos con la franja horaria en la que se cometieron cinco robos con fuerza en viviendas habitadas de esta ciudad, viviendas violentadas sitas en DIRECCION000 nº NUM001, DIRECCION001 nº NUM003, DIRECCION002 nº NUM005, y AVENIDA001 nº NUM010 y NUM013. Es decir, se relaciona dicho teléfono con los robos referidos.

h) La acusada no ha justificado su presencia en Cádiz los mencionados días, ni a que se dedica en nuestro país, si viajó por turismo, donde se alojó, en fin, cualquier explicación sobre lo sucedido.

i) La acusada usa varias identidades (folio 261) algo no usual.

j) Tiene antecedentes policiales por hechos similares en DIRECCION008 y en Italia.

k) Su acompañante, la entonces menor Diana también tiene antecedentes policiales similares y en los hechos similares denunciados en Vigo, se les ha identificado también juntas. La mencionada menor condenada por estos mismos hechos por sentencia del Juzgado de Menores de Cádiz de 29 de marzo de 2022, resolución parcialmente confirmada por otra de la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial de Cádiz de 5 de mayo de 2022.

l) Todos los robos con fuerza y las tentativas de robo denunciados, se ejecutaron con instrumentos como los que portaban la acusada y a la menor. Y el modus operandi fue idéntico, descartando empleo de llaves falsas, escalamientos y otras posibilidades que pueden emplearse y que constan previstas en el Código Penal .

m) Uno de los agentes policiales ha aseverado que tras la detención de la acusada y de Diana, los robos con fuerza en casa habitada cesaron en Cádiz.

Por todo lo anterior, no cabe duda alguna de que procede dictar un pronunciamiento condenatorio contra la acusada Caridad por el delito continuado de robo con fuerza en casa habitada objeto de acusación.

Sin embargo y como hemos avanzado, no de todos los robos que figuran en el escrito del Ministerio Fiscal. En los sucedidos entre los días 1 de julio y del 2 de julio de 2021, en AVENIDA002 nº NUM018, NUM019, y en la DIRECCION004, nº NUM003, NUM020, NUM016, no consta datos que ubiquen al mencionado teléfono en la zona y el vehículo estaba estacionado lejos de donde sucedieron, en concreto en PLAZA001. En los que fueron investigados del día 13 de julio en una vivienda sita en AVENIDA001 NUM008, NUM021 y 14 de julio de 2021, en la vivienda de Jose Pablo, sita en DIRECCION005, nº NUM005, NUM003 no constan datos de enlaces telefónicos en zonas cercanas y el vehículo consta estacionado en la zona de DIRECCION011, lejos de dicha área. Y lo mismo sucede con el del día 5 antes de la detención, sobre el que no consta datos del vehículo ni del teléfono en los alrededores. Por lo tanto por estos cinco hechos debe ser absuelta la acusada, ya que el simple dato del modus operandi, huérfano de circunstancias corroboradoras adicionales nos parece insuficiente a efectos de enervar la presunción de inocencia de la citada.

CUARTO.- No concurre en este caso, ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, en concreto la atenuante de dilaciones indebidas del art 21.6º del Código Penal ni la de reparación del daño del art. 21.5 del Código Penal.

Respecto de la primera, en una causa de cierta complejidad como la presente donde nos encontramos con una instrucción de unos 16 hechos delictivos acumulados, con tasaciones periciales, análisis biológicos, informes de geolocalización de las llamadas de un teléfono, estudios de grabaciones videográficas, de informes de localización de un vehículo a través de la empresa encargada del control de estacionamiento. Que se haya celebrado en un año es motivo más de elogio tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como a los órganos judiciales implicados, incluidos el Juzgado de Menores y el Juzgado de Instrucción que de crítica. Y aún más con la cantidad de recursos interpuestos por la defensa. Los trámites judiciales han sido razonablemente rápidos y debemos de desestimar dicha petición.

Otro tanto sucede con la otra petición cuyo fundamento no acertamos a entender puesto que no consta ni un mínimo intento de satisfacer cantidad alguna, ni compromiso de pago ni nada parecido. Debe correr la misma suerte desestimatoria.

QUINTO.- En este caso debe aplicarse a los efectos penológicos el apartado 1º de art. 241 del Código Penal, que castiga los hechos antes señalados con penas de prisión de dos a cinco años de prisión y por la aplicación del art. 74 del Código Penal el lapso penológico es de tres años y seis meses a cinco años de prisión. Teniendo en cuenta el lapso mencionado, de forma conjunta con el art. 66.1. nº 6 del Código Penal, debemos imponer a la acusada por el delito continuado de robo la pena de cuatro años de prisión.

Para ello debe tenerse en cuenta que esta Sala reserva la imposición de las penas mínimas o cercanas al mínimo para aquellos supuestos en que concurren atenuantes, por un elemental principio de igualdad y proporcionalidad, y la pena en la mitad superior cuando concurren circunstancias agravantes. En este caso al no concurrir ninguna, se impone la pena inferior a la mitad, que sería de tres años y seis meses a cuatro años y tres meses pero no podemos imponer la mínima, dado que el número de hechos por los que se le ha condenado excede de diez, existiendo indicios de que la acusada pertenece a una estructura delictiva organizada. Por eso fijamos la pena en cuatro años de prisión. Además debe añadirse la condena por la correspondiente accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo conforme al art. 56.2 del Código Penal.

SEXTO. - El artículo 116.1 del Código Penal señala que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Y el Ministerio Fiscal adicionó en tiempo y forma (folio 521) las reclamaciones de responsabilidad civil que había delegado para ejecución de sentencia.

En el presente caso se ha puesto en duda la realidad de lo sustraído, es decir ha puesto en duda la preexistencia de los objetos y dinero sustraídos. Sin embargo no debe colocarse a las víctimas de los hechos en la tesitura de tener que acreditar de forma fehaciente la preexistencia de joyas o de dinero que se suelen guardar en casa y que por tratarse de un regalo, de una herencia o por el tiempo trascurrido se carece de soporte documental acreditativo como facturas, tickets u otro documento. De hecho varios d ellos perjudicados han aportado fotografías en las que se evidencia que llevan joyas como las que describieron en su denuncia.

Y respecto del dinero en metálico hay ciertas cantidades que pueden considerarse normales, como ahorro o que por cualquier otro motivo como pagos en metálico, trabajos lícitos en régimen de economía sumergida. Lo que excede de esas cantidades normales, que pueden rondar los 2.500 euros como tope legal de pago en efectivo, exigiría alguna justificación adicional, lo que no implica que no sea factible acreditar unas cantidades superiores si se explica de forma adecuada las circunstancias que conllevaron a la acumulación dineraria, como ha hecho en juicio la Sra. Inmaculada.

Y sobre la valoración de los efectos, debemos tener en cuenta la razonable explicación del perito Sr. Maximo, que teniendo en cuenta los objetos y joyas cuya sustracción se ha denunciado, en algunos caos ha dispuesto de fotografías, y descripciones de los atestados y que ha hecho un cálculo promediado del valor de las joyas, descartando los valores máximos o mínimos de joyas del tipo de las descritas. Las objeciones alegadas por la defensa no son justificables puesto que no ofrece un argumento alternativo válido al criterio expuesto por el perito tasador ni aporta ningún peritaje alternativo. Por eso debemos adoptar los valores expuestos en el peritaje sometido a contradicción (folios 511 a 513 y anexo a los folios 516 y 517).

De todo lo anterior se desprende que Caridad deberá abonar a Filomena la cantidad de 6.820 euros por el dinero y joyas sustraídas; a Paulina la suma de 5.370 euros por los objetos sustraídos y desperfectos ocasionados menos 1200 euros que ha recibido ésta de la aseguradora; a María Esther 4.045 euros y a Beatriz, por el metálico y el valor de las joyas sustraídas menos 1.500 euros que recibió de la aseguradora 7.370 euros. A las anteriores cantidades deberá aplicarse el interés legal del dinero desde la fecha de los hechos.

El resto de perjudicados ha renunciado o no sufrió desperfectos o se encuentra entre los que no se ha acreditado la participación de la acusada.

SEPTIMO. - Las costas se entienden impuestas por ministerio de la ley a todo culpable de un delito o falta conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al acusarse de quince delitos y absolverse de cinco de ellos se declaran oficio 1/3 parte de las costas. Y se le condena a la acusada al resto.

OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en el art. 504.2 pfo 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dada la situación de prisión provisional de la acusada, su demostrada movilidad, el empleo de nombres e identidades supuestas, la falta de arraigo en España y la entidad de los hechos, consideramos que se mantiene un elevado riesgo de fuga por lo que debemos prorrogar la misma hasta la mitad de la pena impuesta, dos años. En este caso la acusada fue detenida el 5 de agosto de 2021, por lo que se prorroga su situación hasta el 5 de agosto de 2023, lo que coincide con la mitad de la pena impuesta. En caso de que no se reciba orden en contra, deberá ser puesta en libertad provisional en dicha fecha.

.Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,