Sentencia Penal 73/2024 Audiencia Provincial Penal de Cantabria nº 3, Rec. 409/2023 de 16 de febrero del 2024

PRIMERO.-PLANTEAMIENTO Y OBJETO DEL RECURSO. DON Enrique formula recurso de apelación contra la Sentencia de instancia que le condena como autor de un delito de estafa del artículo 248.1 y 249 del Código Penal alegando como motivos de impugnación:

1.º) Nulidad del juicio por vulneración del derecho de defensa ya que a los 3º segundos la juzgadora le llamó la atención y le retiró la palabra en un minuto con varias interrupciones.

2.º) Por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado recogido en el artículo 24 de la CE por no haberse practicado una actividad probatoria con aptitud suficiente para enervar dicha presunción de inocencia.

3.º) Error en la valoración de la prueba al haber valorado la juzgadora equivocadamente las pruebas practicadas en el acto del juicio por las razones que se expondrá en el momento de su resolución (falta de razonabilidad de las conclusiones de la juzgadora al incluir hechos que no han quedado probados, no hay constancia que el acusado no tuviera intención de entregar la cosa), considerando en definitiva que no ha habido prueba de cargo suficiente para llegar al pronunciamiento condenatorio que ahora se recurre.

4.º) Inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

5.º) Se postula también por la parte recurrente una reducción en la extensión de la pena de prisión invocando expresamente infracción del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena y falta de motivación de la misma.

El Ministerio Fiscal se opuso e impugnó el recurso.

SEGUNDO.- SOBRE LA SUPUESTA NULIDAD DEL JUICIO POR VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA AL LIMITAR EL TIEMPO DEL INFORME FINAL CON REITERADAS INTERRUPCIONES. Alega el recurrente DON Enrique como primer motivo de impugnación vulneración del artículo 24 de la CE en relación con el derecho de defensa ya que la juzgadora en menos de un minuto entendió que el juicio había terminado, limitándole el tiempo del informe final de forma inmotivada y absolutamente injustificada e interrumpiéndole en reiteradas ocasiones, la primera a apenas treinta segundos de comenzar.

El motivo de impugnación no puede prosperar por cuanto vista la grabación del juicio no consta que a los treinta segundos la juez interrumpiera al letrado de la defensa en su informe final ni tampoco que solamente pudiera informar durante menos de un minuto como se afirma en el escrito de recurso. El letrado comenzó su informe final al minuto 13,57 de la grabación audiovisual y lo terminó al minuto 18,30 de la misma tras informar lo que tuvo por conveniente. En ese tiempo solo se oye una palabra de la juez que no se distingue al minuto 15,21 y dos interpelaciones de la juzgadora recordando al Letrado que está reiterando lo ya dicho.

En estas circunstancias es lo cierto que no puede afirmarse que exista vulneración del derecho de defensa por cuanto si bien no es mucho el tiempo empleado en el informe final también lo es que la juez se limitó a recordarle que estaba reiterando lo ya afirmado con anterioridad.

TERCERO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA PRACTICADA Y CONSTATACIÓN DE LA COMISIÓN DEL DELITO OBJETO DE CONDENA. Tras efectuar un minucioso estudio de las actuaciones y proceder al visionado del DVD en que consta la grabación audiovisual donde se recoge el desarrollo del acto del juicio oral, la Sala ha comprobado cómo la Juez a quo ha valorado libremente las pruebas practicadas en el juicio oral, explicando el hilo de su razonamiento en los Fundamentos jurídicos de su Sentencia y ha llegado a su conclusión mediante la emisión de un fallo, que debe ser respetado en apelación, porque no se ha aportado por el recurrente dato alguno que desvirtúe o acredite que se ha cometido error en la valoración de la prueba practicada, ya que el recurrente se ha limitado a ofrecer una versión subjetiva e interesada de los hechos que carece de la capacidad suficiente para desvirtuar la realidad judicial de que los hechos se hayan desarrollado en el tiempo, forma y circunstancias expuestos en el relato de hechos probados de la Sentencia recurrida.

A tal efecto, tras un detenido análisis de las pruebas practicadas en el procedimiento no podemos sino concluir que la juzgadora de instancia razona coherente y fundadamente los motivos que le han llevado a la convicción de que el ahora apelante DON Enrique es autor de los hechos declarados probados en su Sentencia como constitutivos de un delito de estafa del artículo 248.1 y 249 del Código Penal .

En este sentido, en el Fundamento jurídico Primero de su Sentencia razona como ha llegado a su convicción mediante la prueba de declaración testifical de DON Eloy, de la documental aportada consistente esencialmente en resguardo de la transferencia emitida con fecha 1 de octubre de 2020 por importe de 600 euros (folio 12 vuelto de las actuaciones), conversaciones de WhatsApp referentes a la compra del vehículo Peugeot 206 (folios 13 a 24), testifical del Agente de la Guardia Civil con TIP número NUM002, declaración del acusado y que han sido practicadas en el acto del juicio oral.

La declaración de DON Eloy en el acto del juicio es clara, detallada y contundente narrando desde el inicio idénticos hechos sin contradicciones ni ambigüedades y, por tanto, coincidente con la prestada en sus anteriores manifestaciones.

En concreto DON Eloy manifestó en el acto del juicio que contactó con el acusado al haber visto una oferta de un vehículo en Milanuncios, que se puso en contacto con el vendedor ( minuto 9:04 de la grabación audiovisual del juicio), que le hizo una transferencia de 600 euros, que pasado el tiempo no recibió el coche ni le devolvió el dinero ( minuto 9:14 de la grabación audiovisual del juicio).

El Agente de la Guardia Civil con TIP número NUM002 manifestó en el acto del juicio que investigaron los hechos y la cuenta a la que se hizo la transferencia pertenecía al acusado, que era el titular único de la cuenta, que el móvil era por los apellidos del padre del acusado, que se cotejó las conversaciones de WhatsApp.

La versión del denunciante DON Eloy ha quedado corroborada por la documental aportada antes citada que acredita que el dinero fue ingresado en una cuenta de titularidad exclusiva del acusado.

El acusado DON Enrique se limitó a contestar únicamente a las preguntas de su abogado defensor, reconociendo que el Peugeot 206 era suyo y lo puso a la venta, que le hicieron varias transferencias y el vehículo lo llegó a entregar, que le embargaron las cuentas por multas.

Es decir, existe prueba suficiente de los hechos declarados probados constituida por la declaración testifical de DON Eloy y la documental aportada consistente esencialmente en resguardo de la transferencia emitida con fecha 1 de octubre de 2020 por importe de 600 euros (folio 12 vuelto de las actuaciones), conversaciones de WhatsApp referentes a la compra del vehículo Peugeot 206 (folios 13 a 24), testifical del Agente de la Guardia Civil con TIP número NUM002, declaración del acusado y que han sido practicadas en el acto del juicio oral con el resultado que acabamos de exponer .

Lo que es innegable es que desde la cuenta de DON Eloy se efectuó una transferencia de 600 euros a una cuenta titularidad exclusiva del acusado DON Enrique por la compra de un vehículo Peugeot 206 anunciado y con el que el acusado mantuvo conversaciones de WhatsApp sobre la venta y el acusado ni ha entregado el vehículo ni ha devuelto el dinero recibido pese al tiempo transcurrido. Hecho incuestionable a la vista de la contundente prueba documental aportada y antes detallada. Cuenta bancaria que fue la utilizada para desarrollar la maquinación fraudulenta que culminó con el desplazamiento patrimonial en perjuicio del denunciante.

En definitiva, estas conclusiones del juzgador no pueden decirse que obedezcan a un razonamiento ilógico, incoherente o irrazonable que justificaría la pretensión impugnatoria del recurrente DON Enrique por una errónea valoración de la prueba practicada sino que se encuentra debidamente sustentada en la citada prueba practicada de forma racional y coherente.

Ya hemos dicho que el canon de razonabilidad exige que desde la lógica y las reglas de la experiencia, los medios de prueba valorados justifiquen como objetivamente aceptable la veracidad del relato en el que se fundamenta la acusación formulada, así como la inexistencia de alternativas fácticas verosímiles y razonables que se acomoden al resultado de la prueba practicada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado y en el presente caso esa razonabilidad se ha respectado escrupulosamente conforme a los hechos y razonamientos antes indicados.

Es decir que, en el presente caso, no se aprecia que el Juez a quo haya errado en la valoración de las pruebas practicadas como alega el recurrente DON Enrique . Por el contrario, puede afirmarse que la juez sentenciadora ha efectuado un razonamiento lógico, coherente, razonado, razonable y debidamente sustentado, en el minucioso, contundente y verosímil testimonio prestado por la denunciante DON Eloy así como por la prueba documental practicada, conforme a lo anteriormente razonado.

Con estos hechos es evidente que la conducta del acusado DON Enrique constituye un delito de estafa del artículo 248.1 y 249 del Código Penal al reunir todos los requisitos que configuran este delito y que no es preciso analizar ahora al no haberse discutido su concurrencia.

Por todo ello, como ya adelantábamos al comienzo, tras efectuar un minucioso estudio de las actuaciones y proceder al visionado del DVD donde se recoge el desarrollo del acto del juicio oral, la Sala tras examinar la detallada y motivada argumentación y fundamentación jurídica de la Sentencia apelada, así como el resultado de las pruebas practicadas, no puede tachar de erróneos, incorrectos, ilógicos o incoherentes los razonamientos que expresa la juzgadora de instancia para obtener su convicción de que el ahora apelante DON Enrique es autor de los hechos declarados probados en su Sentencia como constitutivos de un delito de estafa del artículo 248.1 y 249 del Código Penal .

Por tanto, en el presente procedimiento, existe prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y racionalmente valorada de los hechos declarados probados en la Sentencia impugnada.

CUARTO.- NO CONCURRENCIA DE LA ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS. Se alega la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21-6ª del Código Penal.

Es sabido cómo la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, por ejemplo, Sentencias números 585/2016, de 1 de julio y 317/2016, de 15 de abril, exige que se especifiquen por el que la alega los plazos de paralización que considera injustificados o las diligencias que entiende inútiles, aunque no exija que el acusado promueva la agilidad del proceso, es decir, no se exige que haya actuado para evitar la existencia o permanencia de las dilaciones, pero sí exige que la paralización o retraso no le sea imputable.

A tal efecto, no es suficiente invocar de manera genérica la existencia de dilaciones con la sola indicación de las fechas que marcan el comienzo y la conclusión del proceso. El acusado tiene la obligación de especificar dónde se encuentran los períodos de inactividad judicial, señalando los datos oportunos en las actuaciones a fin de que se pueda verificar si las concretas demoras denunciadas existen realmente, si son relevantes hasta el punto de quebrantar el derecho constitucional invocado, y si tales dilaciones son injustificadas e imputables a los órganos judiciales o, por el contrario, tienen su razón de ser en causas ajenas a la actividad jurisdiccional o, incluso, imputables al mismo acusado. La falta de datos concretos que permitan a esta Sala comprobar la realidad de las supuestas injustificadas dilaciones, es motivo suficiente para rechazar el reproche [ STS 1185/03, 17-9; 163/05, 10-2; 1445/05, 2-12; 1589/05, 20-12; 22/06, 23-1, 14-2; 702/06, 3-7; 705/06, 28-6; 1051/06, 30-10 (; 28/07, 23-1; 79/07, 7-2; 95/07, 15-2; 740/08, 18-11; 892/08, 26-12; 40/09, 28-1; 883/09, 10-9; 1057/09, 23-10; 1256/09, 3-12; 1394/09, 25-1]. Es decir, que, quien reivindica la apreciación de esa atenuante ha de precisar en qué momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas [ STS 627/13, 18-7].

La "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta: a) prestacional, como derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable, y, b) reaccional, traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el reclamante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SsTC Nº s 237/2001, 177/2004 y 153/2005; y SsTS de 26-12-2008, 28-1-2009, 3-3-2009 y 7-3-2010, por citar algunas). Como recuerda el reciente Auto del Tribunal Supremo de fecha 9 de abril de 2015, con cita de la STS 32/2004 de 22 de enero, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en torno al artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el " derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable", los factores que han de tenerse en cuenta son los siguientes: a) la complejidad del proceso, b) los márgenes ordinarios de duración de los autos de la misma naturaleza en igual período temporal, c) el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, d) su conducta procesal, y, e) la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

En este sentido, en la reciente STS núm. 400/2016, de 11 mayo, se reitera cómo "En la STS 446/2015, 6 de julio, con cita de la STC 54/2014, 10 de abril, decíamos que para determinar si nos encontramos o no ante una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ( art. 24.2 CE) hemos de acudir a las pautas que nos ofrece nuestra doctrina, conforme a la cual este derecho está configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto "no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental que estamos comentando" ( STC 153/2005, de 6 de junio, FJ 2). En la STC 178/2007, de 23 de julio, FJ 2, recogiendo jurisprudencia anterior, subrayábamos que la prohibición de retrasos injustificados en la marcha de los procesos judiciales impone a Jueces y Tribunales el deber de obrar con la celeridad que les permita la duración normal o acostumbrada de litigios de la misma naturaleza y con la diligencia debida en el impulso de las distintas fases por las que atraviesa el proceso. Asimismo, en coincidencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6.1 del Convenio de Roma (derecho a que la causa sea oída en "un tiempo razonable"), que ha sido tomada como el estándar mínimo garantizado en el artículo 24.2 CE, afirmábamos que el juicio sobre el contenido concreto de las dilaciones, y sobre si son o no indebidas, debe ser el resultado de la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los criterios objetivos que a lo largo de nuestra jurisprudencia se han ido precisando, y que son la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades (en los mismos términos, las SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 2; 93/2008, FJ 2; 94/2008, FJ 2, y 142/2010, FJ 3, entre otras)".

Todo esto obliga al examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, y las que en ellas se citan). En definitiva, se precisa algo más que la medición de la duración total del proceso, como las paralizaciones o inactividades injustificadas, si es que existieron, sobre las cuales es posible valorar lo indebido de la dilación para concederle efecto atenuatorio [ STS 1367/09, 28-12].

En el presente caso no consta dilación alguna toda vez que el procedimiento se inició por Auto de fecha 27 de enero de 2021 y se ha dictado Sentencia con fecha 3 de marzo de 2023. Entre esos periodos y, sin ánimo de exhaustividad, se han practicado actos o diligencias judiciales útiles, entre otras, en fechas no distantes más de dos o tres meses. En cuanto al periodo de inactividad mencionado por el recurrente del 27 de enero de 2021 al 19 de enero de 2022 es lo cierto que no hay tal inactividad por cuanto el 21 de julio de 2021 (folio 63) se tomó declaración en concepto de investigado al padre del acusado que se encontraba justificado al ser el titular del teléfono desde el que contrató la venta del vehículo, el 1 de diciembre de 2021 se dictó Auto de llamamiento, búsqueda y personación del recurrente al encontrarse en ignorado paradero (folio 82). Además, ninguno de esos actos o diligencias pueden considerarse objetivamente inútiles al haberse practicado en un plazo que no puede considerarse excesivo, extraordinario o indebido.

QUINTO.- SOBRE LA SUPUESTA INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN EN CUANTO A SU EXTENSIÓN Y FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA MISMA. Se postula también por la parte recurrente una reducción en la extensión de la pena de prisión invocando expresamente infracción del principio de proporcionalidad en la imposición de la pena y falta de motivación de la misma.

Alega que la pena de prisión impuesta resulta desproporcionada y excesiva para los hechos enjuiciados y en consideración a la escasa gravedad de la conducta enjuiciada.

El artículo 72 del Código Penal al establecer que " Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este Capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta", ha introducido la necesidad de motivación. Se trata de un ejercicio de discrecionalidad reglada que debe ser fundamentada en la propia resolución judicial ( STS 12/2017, de 19 de enero). El legislador permite al juez recorrer toda la banda punitiva, pero argumentando las consideraciones subjetivas y objetivas tenidas en consideración para justificar el reproche concreto que la ley concede al supuesto enjuiciado ( STS 12/2017, de 19 de enero).

Ante la ausencia de motivación suficiente, el Tribunal debe examinar la proporcionalidad de la pena en función de los hechos declarados probados, así como la alegación de elementos de hecho relevantes, favorables al acusado, cuya valoración haya sido indebidamente omitida en la sentencia, y en caso de que no exista justificación implícita de la pena impuesta, proceder a imponer la pertinente, o la mínima legalmente procedente en caso de ausencia total de datos que justifiquen la exasperación punitiva. Dicho de otra forma, la ausencia de motivación expresa no conlleva una sanción consistente en la imposición de la pena mínima, sino simplemente la comprobación de cuál es la procedente ( STS núm. 229/2016, de 17 de marzo).

Ha reiterado la jurisprudencia que cuando los datos básicos del proceso de individualización de la pena puedan inferirse de los hechos probados, no resultan constitucionalmente exigibles ulteriores razonamientos que los traduzcan en una cuantificación de pena exacta, dada la imposibilidad de sentar un criterio que mida lo que, de suyo, no es susceptible de medición ( STS núm. 501/2018, de 24 de octubre).

Por ello, no debe revisarse salvo cuando se haya infringido el principio de legalidad aplicando una pena distinta o cuando la impuesta sea improcedente por exceder en el máximo o en el mínimo de la extensión legalmente establecida en el tipo penal.

Dicho esto, la cuantificación de la pena impuesta es la que resulta más adecuada a los hechos cometidos atendiendo a la forma en que se cometieron y que consta detallada en el relato de Hechos probados y fundamentada en los Fundamentos jurídicos, por lo que no debe estimarse irrazonable la extensión de la pena impuesta.

Por todo ello han de confirmarse la pena de un año de prisión impuesta al no existir razones objetivas que autoricen a cuestionar el uso que se ha hecho por el juez de instancia de la discrecionalidad reglada que le corresponde.

En consecuencia, el motivo no puede prosperar y ha de ser desestimado.

SEXTO.- COSTAS. Las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 901 de la misma Ley, en criterio conforme establecido por todas las Secciones de esta Audiencia Provincial de Cantabria tras el Pleno de Magistrados de fecha 3 de abril de 1998, habrán de serle impuestas a la parte apelante condenada cuya petición fuere totalmente desestimada.

Por cuanto antecede, VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,