Sentencia Penal 61/2023 Audiencia Provincial Penal de Cantabria nº 3, Rec. 753/2021 de 30 de enero del 2023

PRIMERO: Frente a la sentencia de instancia, que condena al acusado como autor de un delito de estafa concurriendo la agravante de reincidencia, a pena de tres años y seis meses de prisión, accesorias, costas y responsabilidades civiles, se alza aquél en apelación, alegando que no existió ningún plan engañoso previamente proyectado, ni la voluntad previa de incumplir lo pactado, y por tanto al no existir prueba de cargo que permita acreditar ese plan engañoso, hay vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Dice que no fue él quien contactó con APYMECO o con la Sra. Casilda, sino que fue un intermediario, Epifanio, quien puso en contacto a APYMECO con el acusado: por tanto, no pudo pergeñar el acusado el engaño previo necesario para fundamentar el delito de estafa. Además, el Sr. Epifanio sabía y conocía que el acusado había estado en Colindres dando una conferencia sobre construcción de embarcaciones navales en 2018 y había estado presente durante la exposición y visitas que se llevaron a cabo ese mismo 2018 en una réplica de la nao " DIRECCION000". Si el contrato concertado con APYMECO no llegó a buen término ello se debió al ingreso en prisión del acusado por otros delitos de estafa por él cometidos.

Por otro lado, alega error en la valoración de la prueba, señalando que el incumplimiento del compromiso adquirido de llevar a cabo una exposición de maquetas navales y de cordonería y cabos marineros se acordó tuviera lugar in situ cuando se produjera la llegada de la réplica de la carabela " DIRECCION001" a Colindres, no antes.

Alega el recurrente que nos encontramos ante un incumplimiento contractual civil, no ante un delito de estafa o un negocio jurídico criminalizado, porque ni se da el engaño antecedente, ni se persigue una finalidad lucrativa, ni se tiene la voluntad incumplidora desde el principio.

Alega también vulneración del principio in dubio pro reo, porque el acusado no contrató el día 12/5/2019 con el conocimiento de que iba a incumplir el contrato debido a su ingreso en prisión.

Alega también, ya de forma subsidiaria, falta de proporcionalidad en la pena impuesta, que le parece excesiva.

Finalmente, alega vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular se opusieron al recurso, lo impugnaron y solicitaron la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO: Estudiaremos los distintos alegatos uno por uno y por orden.

A) VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Lo primero que salta a la vista es, pese a la profusión de citas jurisprudenciales, la confusión que se plantea el recurrente entre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y el error en la valoración de la prueba, pues se mencionan conjuntamente, olvidando que, tratando, básicamente, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, en la condena de un acusado sin pruebas, si se alega al mismo tiempo error en la valoración de la prueba es que se está reconociendo que sí ha habido pruebas, solo que han sido erróneamente valoradas. Se alega por tanto una contradictio in terminis.

Y es que es jurisprudencia reiterada la que recuerda que, como recuerdan las SsTS de 12-2-2016 y 22-12-2022, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que la sentencia condenatoria se fundamente en una prueba de contenido incriminatorio que cumpla con las exigencias de ser: 1º) Suficiente, es decir, referida a todos los elementos esenciales del delito; 2º) Constitucionalmente obtenida, es decir, advenida al acervo probatorio a través de medios de prueba válidos, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; 3º) Legalmente practicada, es decir, advenida al referido acervo con respeto a los principios básicos de imparcialidad, contradicción y publicidad, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y 4º) Racionalmente valorada, lo cual constituye el canon de razonabilidad que exige que desde la lógica y las reglas de la experiencia, los medios de prueba valorados justifiquen como objetivamente aceptable la veracidad del relato en el que se fundamenta la acusación formulada, así como la inexistencia de alternativas fácticas verosímiles y razonables que se acomoden al resultado de la prueba practicada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

En el presente caso la juzgadora de instancia ha contado con pruebas que reúnen todas esas características: 1) Documental, consistente en el contrato para traslado, exposición y visitas a bordo de la carabela " DIRECCION001", de fecha 12/5/2019 (folios 8 y 9), firmado por el acusado y APYMECO; y los presupuestos elaborados por la sociedad del acusado y remitidos a APYMECO en fechas 6/3/2019 y 13/4/2019 (folios 12 y 14). 2) Declaraciones de la denunciante Sra. Casilda y del testigo Sr. Plácido en el plenario. 3) Testifical del Sr. Epifanio en el plenario. 4) Declaración del propio acusado en el acto del juicio oral, de la que se obtienen conclusiones a las que aludiremos ut infra, ítem más en tanto en cuanto el acusado se acogió a su derecho a no declarar en fase instructoria (folio 45). 5) Documental consistente en los antecedentes penales del acusado por delitos de estafa, del que se puede afirmar es reo habitual en su comisión. Pruebas más que suficientes. Lo que supone el decaimiento absoluto de la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

B) ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y CONSIDERACIÓN DE LOS HECHOS COMO UN MERO INCUMPLIMIENTO CIVIL.

Como segundo motivo, y aunque ciertamente mezclados los conceptos de una forma un tanto abigarrada, se alega error en la valoración de la prueba, y se dice que estaríamos no ante un delito de estafa como contrato civil criminalizado, sino ante un mero incumplimiento obligacional de naturaleza privada, y ello en base a que: 1º) No fue el acusado quien buscó contratar con APYMECO, sino esta sociedad la que contactó con él a través de un conocido común, el Sr. Epifanio; 2º) Si no fue él la persona de la que partió la idea de contratar con APYMECO, no pudo pergeñar el acusado el engaño previo necesario para fundamentar el delito de estafa; 3º) El acusado había estado en Colindres dando una conferencia sobre construcción de embarcaciones navales en 2018 y había estado presente durante la exposición y visitas que se llevaron a cabo ese mismo 2018 en una réplica de la nao " DIRECCION000", ergo había concertado contratos similares con anterioridad con APYMECO, que se habían cumplido a satisfacción de las partes. 4º) Si el contrato concertado con APYMECO no llegó a buen término ello se debió al ingreso en prisión del acusado, circunstancia posterior a la fecha del contrato, que le impidió tanto llevar a buen fin la singladura de la réplica de la carabela " DIRECCION001" al puerto de Colindres, como el cumplimiento del compromiso verbal adquirido con APYMECO de llevar a cabo una exposición de maquetas navales y de cordonería y cabos marineros, contrato verbal éste que se acordó tuviera lugar in situ cuando se produjera la llegada de la réplica de la carabela " DIRECCION001" a Colindres, no antes.

Cree el recurrente que la juzgadora de instancia ha errado al valorar la prueba, pues ésta conduce a colegir que nos hallamos ante un mero incumplimiento civil.

Lo primero que ha de recordarse al recurrente es que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24.2 de la Constitución Española). Esto es así por cuanto, es el juzgador de instancia y no el órgano de apelación, quien desde su privilegiada y exclusiva posición puede intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse de las personas que en el declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos. Dar más credibilidad a un testigo que a otro, por ejemplo, forma parte de la esencia misma de la función de juzgar y no supone, desde luego, violación del principio de igualdad, como tiene ya declarado el Tribunal Supremo en SsTS de 19-11-1990 y 14-3-1991, entre otras muchas. Por tal razón, y para hacer compatible la libre valoración judicial y el principio de presunción de inocencia es preciso que el Juez motive su decisión ( SsTC de 17-12-1985, 23-6- 1986, 13-5-1987 y 2-7-1990, y SsTS de 26-2-2003 y 29-1-2004 entre otras muchas), de modo que, siempre que el proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, la misma sólo podrá ser rectificada cuando concurran alguno de los supuestos siguientes: A) Que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba de tal magnitud que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia; B) Que se observe que la decisión se ha basado en pruebas ilícitas o manifiestamente insuficientes; C) Que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio; o, D) Cuando el mismo haya sido claramente desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

En el presente caso la Sala no aprecia el error que dice el recurrente ha sufrido la juzgadora a quo.

Y lo primero que llama la atención es la total ausencia de acreditación de los hechos que sustentan los argumentos defensivos. Está acreditado y probado que el acusado contrató con APYMECO el traslado para exposición y visitas de una réplica de la carabela " DIRECCION001" a Colindres los días 12, 13 y 14 de julio de 2019 (contrato de fecha 12/5/2019, obrante a los folios 8 y 9, ratificado tanto por la representante de APYMECO, Sra. Casilda, minuto 30:25 de la grabación del juicio oral, como por el propio acusado, minuto 14:26, así como presupuesto previo de fecha 13/4/2019, obrante al folio 14). Y está acreditado y probado que el acusado concertó con APYMECO la llevanza para una exposición en Colindres de maquetas de naos del siglo XVI, demostración de cordonería y cabos de los siglos XVI y XVII y dioramas y trabajos varios (presupuesto de fecha 6/3/2019 obrante al folio 12, ratificado tanto por la Sra. Casilda como por el testigo Sr. Epifanio, minuto 53:54 de la grabación).

Dice el acusado que no pudo llevar a buen fin el traslado de la carabela porque le metieron en prisión, y que tampoco pudo ejecutar el contrato verbal relativo a las maquetas, cordonería y dioramas porque no se había documentado y tenía que tener lugar una vez estuviera la carabela en Colindres, habiendo comprado madera para efectuar los preparativos de dicha exposición.

No hay ninguna prueba de: 1º) La realidad del ingreso en prisión del acusado y sobre todo de las fechas de arresto e ingreso material en la cárcel. Todo lo que hay son palabras del acusado y su referencia a los Srs. Epifanio y Casilda. Podría perfectamente la defensa del acusado haber aportado una certificación de la prisión en la que se supone que estuvo, dando fe de la fecha de ingreso. 2º) La realización de "preparativos" para el cumplimiento y ejecución de ambos contratos, el escrito y el verbal, pese a que el acusado dijo en el juicio haberlos hecho (minuto 15:14 de su declaración): no se sabe absolutamente nada de las gestiones por él realizadas para llevar la réplica de la carabela " DIRECCION001" a Colindres, carabela de la que el acusado no era propietario. Qué menos que haber aportado comunicaciones escritas entre la propiedad de la carabela y el acusado, o haber traído a juicio a dicho propietario para testificar cómo efectivamente se habían efectuado gestiones para tal traslado. Si es cierto que la carabela estaba fondeada en Portugal, y que tenía que singlar hasta Colindres, lo mínimo era haber aportado a APYMECO la documentación administrativa necesaria para justificar la entrada y atraque en el puerto de la carabela (obsérvese, folio 32, cómo desde APYMECO se requería al acusado para que remitiera dicha documentación: nombre de la empresa propietaria de la nave, seguro de navegación, certificado de navegabilidad y seguro marítimo de responsabilidad civil; documentación que el acusado no disponía ni cuando concertó el traslado, ni a posteriori, pues de haber dispuesto de ella la habría aportado al plenario como prueba de descargo). De hecho, el acusado dijo haber comunicado a APYMECO (e-mail obrante al folio 22) que la carabela iba camino de Colindres (minuto 9:04 de la grabación del juicio, ratificado por la Sra. Casilda, que dijo que les había mandado una foto supuestamente de la carabela viajando hacia Colindres, minuto 33:10, cuando la fotografía que envió a APYMECO ni siquiera era de " DIRECCION001", como constató el testigo Sr. Epifanio, minutos 55:06 a 56:30), lo cual no era cierto. A lo largo de todo el procedimiento la defensa del acusado no se ha molestado en justificar esos preparativos que éste dice haber realizado. Y no es acreditación de ello el hecho de que el año anterior el acusado diera alguna conferencia en Colindres sobre estos temas, pues lo que se juzga aquí no son hechos pasados, sino si los contratos incumplidos se concertaron sabiendo el acusado que no iba a cumplirlos. Tampoco se ha acreditado que el acusado estuviera "preparando" el contrato verbal relativo a la exposición de maquetas de naos del siglo XVI, cordonería y cabos y dioramas, cuyo presupuesto se confeccionó el 6/3/2019. Dijo el acusado en juicio que había empezado a hacer "la maqueta" y que la madera comprada era para hacer ésta (minutos 14:26 a 16:45), y que si no cumplió fue porque le encarcelaron. Las fotocopias de los recibos aportados con el escrito de defensa (folios 165 a 169) no prueban nada, pues los recibos se refieren a dinero abonado a terceros por "trabajos de carpintería" o facturas por compra de madera cuyo destino se desconoce. Qué menos que haber traído a juicio a esos terceros, para constatar el destino de la madera o en qué consistían los "trabajos de carpintería" hechos por éstos para el acusado. 3º) Su voluntad de devolver el dinero recibido por los contratos incumplidos. Dijo el acusado que ofreció a APYMECO la devolución del dinero (minuto 19:57 del juicio), y con su escrito de defensa aportó una fotocopia sin fecha -en la que nada se decía del supuesto ingreso en prisión, sino que se aludía a "fuerza mayor" y "acontecimientos graves", para justificar los incumplimientos- en la que se ofrecía devolver los "pagos a cuenta" (folio 162). Por un lado, si ese documento se envió a través de la carta certificada cuya copia obra al folio 163, de la lectura del justificante se desprende que la misma se envió el 18/7/2019 desde Isla Cristina, y no desde ningún Centro Penitenciario. Por otro lado, nunca más se supo de ese ofrecimiento.

De todo lo expuesto se colige claramente que nos hallamos ante un delito de estafa tipificado en los artículos 248.1 y 249 del Código Penal.

El delito de estafa tiene como elemento esencial el engaño, que la doctrina y la Jurisprudencia exigen que sea antecedente y causante, de forma tal que la falacia, la maquinación o la mendacidad sean los elementos determinantes o generadores del perjuicio patrimonial, detectándose un nexo causal entre el engaño y el perjuicio, engaño que tiene ser bastante para provocar el desplazamiento patrimonial y consiguiente perjuicio de tercero.

Como recuerda la STS de 27-7-2016, en muchos supuestos es difusa la línea de separación entre el contrato criminalizado y el mero incumplimiento civil. Las SsTS de 22-3-2007 ó la de 25-1-2013 recuerdan que el engaño típico en el delito de estafa es aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo para provocar el error determinante del desplazamiento patrimonial que se persigue por el autor del delito. Las relaciones comerciales y en general, los negocios jurídicos, se rigen por el principio general de confianza, no por el contrario (principio de desconfianza), de manera que no puede desplazarse sobre el sujeto pasivo del delito de estafa la falta de resortes protectores autodefensivos, cuando el engaño es suficiente para provocar un error determinante en aquél. Además, el engaño no tiene solamente una significación positiva, sino igualmente omisiva, de forma que el deber de proporcionar toda la información que sea debida al caso, en orden a la valoración de los riesgos de las operaciones mercantiles, pertenece a quien posee tal información.

Ordinariamente, en el delito de estafa, el engaño es antecedente a la celebración del contrato, y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá cumplir con su prestación, y simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su prestación, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento ( STS de 25-5- 2004). Para llegar a trazar la línea de separación de ambas conductas, se han manejado diversas teorías, como el elemento subyacente a referido dolo antecedente, frente a lo imprevisible de la frustración civil que produce un incumplimiento contractual; también se ha tomado en consideración la teoría de la tipicidad, en tanto que el segundo comportamiento se corresponde con la descripción típica que se aloja en el artículo 248 del Código Penal; y también se puede explicar la diferencia en lo que se denomina la teoría de la viabilidad de la operación ofrecida a la parte que va a prestar el capital o la suma entregada al artífice del instrumento mediante el cual se construye su captación: si la viabilidad desde el principio es ilusoria por no hallarse construida bajo cimientos sólidos de manera que el dinero invertido no tiene el más mínimo soporte para poder ser devuelto, nos encontraremos con la comisión de un delito de estafa. En caso contrario, aun podríamos hallarnos en sede de un simple incumplimiento contractual.

En el presente caso, tanto para la juzgadora a quo como para esta Sala ad quem, resulta evidente que el acusado, cuando envió los presupuestos de los dos futuros contratos (uno por exposición de maquetas de naos, cordonería y cabos y dioramas, y otro por el traslado de la carabela " DIRECCION001" al puerto de Colindres, ofrecidos en fechas 6/3/2019 y 13/4/2019), ya sabía que no iba a poder cumplirlos. Si hubiera sido así, no habría tenido problema alguno en acreditar las gestiones por él efectuadas para concertar la presencia de la carabela con su propietario en el puerto de Colindres en las fechas señaladas, o en aportar alguna prueba -por ejemplo, algo tan simple como fotografías- de la existencia de las maquetas, cordonería, cabos y dioramas a exponer. Por el contrario, si lo que se pretende con la aportación de las facturas de compra de madera es hacer creer al juzgador que estaba destinada esa madera a construir las maquetas de naos y dioramas a exponer en un plazo tan breve como un mes, tal pretensión está abocada al fracaso, al pretender hacer creer algo imposible de ejecutar. Añádanse a ello las falacias que se desprenden de las comunicaciones remitidas por el acusado a APYMECO, como el e-mail diciendo que la carabela estaba camino de Colindres, o como la comunicación ofreciéndose a devolver el dinero ("pagos a cuenta") a APYMECO, remitida días después de las fechas en las que debieron haberse cumplido los contratos.

El acusado engañó a su amigo Sr. Epifanio, haciéndole creer que estaba en disposición de cumplir aquello que había presupuestado, y por ende a APYMECO, al contratar en persona con la representante de ésta, cuando ni se ha acreditado que hubiera efectuado gestión alguna con la propiedad de la carabela, ni que tuviera en su poder las maquetas y dioramas que dijo iba a exponer en Colindres. Que diera conferencias un año antes sobre temas náuticos o históricos o que tuviera relación de conocimiento con los marineros de la nao " DIRECCION000", como dijo el Sr. Epifanio, no significa que ello supusiera preparativo alguno de las obligaciones a las que se comprometió, bien por escrito, bien verbalmente.

Por otro lado, que a acciones como la que aquí nos ocupa el acusado estaba acostumbrado lo refleja certeramente su hoja histórico-penal, con siete sentencias condenatorias firmes por estafa, cinco de ellas computables.

C) VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.

Como recuerda la reciente STS de 27-5-2021 , "el principio "in dubio pro reo" se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal de instancia a quien compete su valoración la conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos ( artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El principio informador del sistema probatorio que se acuña bajo la fórmula del "in dubio pro reo" es una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria; presupone, por tanto, la existencia de actividad probatoria válida con signo incriminador, pero cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado.

El principio in dubio pro reo se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el ánimo del Juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado ( STS de 16-1-1997 ).

Desde la perspectiva constitucional la diferencia entre presunción de inocencia y la regla in dubio pro reo resulta necesaria en la medida que la presunción de inocencia ha sido configurada por el art. 24.2 como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano protegido por la vía de amparo, lo que no ocurre con la regla in dubio pro reo, condición o exigencia "subjetiva" del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Este principio sólo entra en juego, cuando efectivamente, practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia, pertenece a las facultades valorativas del juzgador de instancia, no constituye precepto constitucional y su excepcional invocación casacional solo es admisible cuando resulta vulnerado su aspecto normativo, es decir "en la medida en la que esté acreditado que el Tribunal ha condenado a pesar de la duda" ( SsTS de 26- 1-1998 y 12-4-2000 )".

Sobre la base de estos parámetros jurisprudenciales, es evidente que en el caso de autos no se ha vulnerado el principio in dubio pro reo: ni la juzgadora de instancia, ni la Sala de alzada, albergan duda alguna sobre la culpabilidad del acusado.

D) FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN LA PENA IMPUESTA.

Se dice en el recurso que la pena impuesta es desproporcionada, por excesiva.

No comparte esa opinión esta Sala.

La sentencia, en cumplimiento de los principios acusatorio y de congruencia, ha condenado por delito de estafa de los artículos 248 y 249, con la agravante de multirreincidencia del artículo 66.1-5ª, todos ellos del Código Penal. Ha optado por aplicar la pena superior en grado a la prevista en el artículo 249, es decir, la pena de prisión de entre tres años y un día a cuatro años y seis meses. De esa pena, ha optado por aplicar la pena en su mitad inferior (mitad inferior que iría de tres años y un día a tres años y nueve meses de prisión). No ha impuesto la mínima absoluta porque ha valorado el número de antecedentes penales computables (cinco, pues el antecedente de 2012 no sería cancelable, al cumplirse la pena en junio de 2014 y enlazar con las condenas de 2016 y 2017). Ello convierte en justa y proporcionada la pena impuesta.

E) VULNERACIÓN DEL DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS.

Se dice que se ha vulnerado ese derecho, y en el escrito de defensa se postula la aplicación subsidiaria de la atenuante de dilaciones indebidas.

Como recuerda la reciente STS de 19/12/2022 , el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. El carácter razonable de la duración de un procedimiento se aprecia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y en función de los criterios consagrados por su jurisprudencia, en particular, la complejidad del asunto, el comportamiento de los demandantes y el de las autoridades competentes, así como lo que está en juego en el litigio para los interesados ( STEDH de 21 de noviembre de 2019, Caso Papargyriou vs Grecia). En la regulación expresa que de esta causa de atenuación aparece en el artículo 21.6ª del Código Penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, se exige para su aplicación con efectos de atenuante simple que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que excluye los retrasos que no merezcan estas calificaciones; y, además, que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. Por lo tanto, no solo el transcurso del tiempo es un elemento relevante para la apreciación de la atenuante, ya que es preciso examinar aquellos otros a los que se refiere el precepto, entre ellos la complejidad de la causa.

En el presente caso, cometido el delito en mayo de 2019 y juzgado el mismo en junio de 2021, ese lapso de dos años en modo alguno constituye dilación indebida. Por otro lado, no señala el recurrente qué períodos han de considerarse como dilaciones indebidas. Ha de tenerse en cuenta que el acusado recurrió primero en reforma y luego en apelación el auto de prosecución, lo que retrasó la apertura del juicio oral en casi un año, y que posteriormente el retraso en el nombramiento del abogado defensor no es imputable a la Administración de Justicia, sino a la renuncia de la Letrada inicialmente designada.

No hay, por consiguiente, dilación alguna, y mucho menos indebida.

Consecuentemente, no prosperando ninguno de los motivos, procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia.

TERCERO: Las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han de serle impuestas al recurrente, al desestimarse íntegramente su recurso.

Por cuanto antecede, VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida por la Soberanía Popular y en nombre de Su Majestad El Rey,