Sentencia Penal 111/2024 Audiencia Provincial Penal de A Coruña nº 1, Rec. 138/2024 de 05 de marzo del 2024

PRIMERO. - Postula ante esta alzada la Defensa de Candido un amplio catálogo de pretensiones: su absolución de los delitos de quebrantamiento de condena, delito de lesiones leves sobre la mujer y delito de amenazas leves sobre la mujer por los que ha sido condenado; subsidiariamente, se aplique la eximente de estado de necesidad y las atenuantes del artículo 21. 2 del Código Penal como consumidor habitual de drogas y alcohol, de no estimarse la anterior, se aplique la atenuante analógica del art 21. 7; subsidiariamente, con respecto al delito de lesiones leves sobre la mujer, se imponga la pena de trabajos en beneficio de la comunidad; subsidiariamente, con respecto al delito leve de daños, se fije la cuota día multa en 2 euros. El Fiscal compensa esa profusión de pedimentos con una escueta impugnación. La representación de Natalia impugnó también el recurso.

Examinaremos así el recurso, dando cumplida a las pretensiones jurídicas de la parte, que no son lo mismo que sus alegaciones fácticas o sus argumentos sobre valoración probatoria ( STS de 20 de abril de 2022, 44/2016, de 3 de febrero, 113/2016, de 19 de febrero).

El primer motivo de recurso es la infracción de precepto legal por indebida aplicación del artículo 468.2 del Código penal y por existir error en la valoración de la prueba por parte de la Juzgadora de instancia. Sobre el motivo de recurso, como resume la sentencia del Tribunal Supremo de 26-03-2019, la Sala de apelación debe comprobar varias cuestiones que desgajamos en las siguientes:

1.- Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real).

2.- Si estas pruebas son de contenido incriminatorio.

3.- Si la prueba ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si accedió lícitamente al juicio oral.

4.- Si ha sido practicada con regularidad procesal.

5.- Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y finalmente

6.- Si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador.

Las cinco primeras exigencias en orden a la obtención y práctica de la prueba deben ser tenidas en cuenta por el juez o tribunal penal para luego proceder éste al juego de la valoración de la prueba consistente en la debida motivación de la sentencia, que es la sede en donde radica la función del juez para explicitar de forma razonada por qué opta por una determinada conclusión y cuál es la base probatoria sobre la que descansa esta elección. Además, en la resolución debe dejarse patente una suficiente motivación que evidencie que esta no es arbitraria o adoptada sin las exigencias de explicación suficiente acerca de por qué se llega a una determinada conclusión.

Porque la función revisora del recurso de apelación no consiste en una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia sino en la valoración de la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal de instancia.

Revisada la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, observamos el trazo de un panorama delictivo bastante claro. No puede cuestionarse la declaración de hechos probados, porque es una conclusión asentada correctamente en la prueba; de hecho, la parte no discute que el día de autos se aproximó a la víctima. Su impugnación se centra en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, que es netamente doloso, incluso a título de eventual.

Al respecto, la STTS de Pleno de 2-06-2022 recuerda que "la Sala quiere dejar constancia de que el delito de quebrantamiento de medida cautelar castigado en el art. 468.2 del CP no incorpora en el tipo subjetivo una voluntad encaminada a erosionar la intimidad de la persona para cuya defensa ha sido dictada la prohibición de comunicarse con su agresor. Así lo hemos proclamado en numerosos precedentes: "... el tipo objetivo de este delito, como dice la STS 778/2010, 1 de diciembre, sólo requiere que el autor sepa que era el destinatario de un mandato judicial por el que le es impuesta la prohibición de acercarse a la víctima. Otra interpretación del tipo objetivo contenido en el artículo 468.2 del Código Penal sería claramente contraria a la finalidad de la norma, cuya función es proteger a la víctima del peligro que el posible autor representa para su integridad física y su vida. El tipo subjetivo implica el conocimiento del mandato judicial que le incumbe y que el autor sepa que con su conducta lo incumple" ( STS 675/2013, 21 de junio)".

Pues bien, la alegación del recurso es baladí. La conducta enjuiciada le está terminantemente prohibida al apelante por un mandato judicial claro y distinto. El pretexto de un error sobre la vigencia de ese mandato provocado por no constar en autos que se le hubiese notificado la liquidación de condena efectuada en la ejecutoria nº 89/2023, dimanante de la sentencia dictada por el mismo Juzgado el día 28 de marzo de 2023, en la que se le impuso la pena de prohibición de aproximación y comunicación no obsta a la conclusión anterior. Dos meses antes de los hechos de autos, en la misma fecha de dictado de esa sentencia, le fue notificada la pena accesoria, que tenía una duración de tres años, y se le requirió, expresa y formalmente, para que iniciase su cumplimiento, bajo apercibimiento de incurrir en delito de quebrantamiento. Luego no podía hacerse ilusiones a este respecto, y sabía de su vigencia, y que las resoluciones judiciales sólo pueden quedar sin efecto por otras, también de naturaleza jurisdiccional, que las alcen o las modifiquen. En definitiva, el apelante no respetó la prohibición de aproximación y comunicación, y el hecho es típico, culpable y punible.

Subsidiariamente, se aduce la eximente de estado de necesidad del art 20.5 del Código Penal, porque el apelante esgrime que "vivía en la calle, sin recursos económicos y careciendo de lo más indispensable, por lo que necesitaba ropa y objetos de uso personal que habían quedado en el domicilio de Natalia". Como señaló esta Sección de la Audiencia Provincial en su sentencia de 20 de marzo de 2018, "La figura es jurisprudencialmente incompatible con esta clase de delitos, al no existir una situación de conflicto inmediato entre bienes jurídicos que impondrían la obligación de tomar una decisión radical y rápida para salvaguardar uno de ellos al que el sujeto otorga prevalencia. La jurisprudencia es extraordinariamente restrictiva en la aplicación del estado de necesidad en cualquiera de sus variedades de eximente completa o incompleta o de atenuante analógica respectivamente de los arts. 20.5º y 21.1ª y . 7ª CP, en la medida en que se trata de ponderar la solución a una colisión entre bienes jurídicos cuya entidad y premura exigen el sacrificio total o parcial de uno para conseguir la protección de otro, por lo que en ningún caso puede dar lugar a proteger actuaciones unilaterales claramente innecesarias o manifiestamente desproporcionadas basadas tan solo en el arbitrio de la parte. ( SSTS de 14-03- 2014, recurso número 10454-2013; de 14-07-2016, recurso número 67-2016; de 05-04-2017, recurso número 1087-2016; y de 27-10- 2017, recurso número 2411-2016)." Incluso si, a efectos sólo dialécticos, aceptásemos el argumento, no estaríamos ante un peligro actual e ineludible, sino ante un estado permanente en el tiempo y de difusa potencialidad perjudicial para el bien jurídico superior. Es decir, un hipotético riesgo genérico que, para ser evitado, no exige el sacrificio de otro bien jurídico, porque el ordenamiento establece mecanismos legales para ello ( vgr: solicitando del Juzgado autorización para retirar sus enseres). Concluimos así que el acusado no tuvo necesidad de actuar como lo hizo, de ahí que su culpabilidad sea plena. El motivo de recurso se desestima.

SEGUNDO. - El segundo motivo de recurso mezcla la indebida aplicación del artículo 153.1 y 3 del Código penal, vulneración de la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, error en la valoración de la prueba y, subsidiariamente falta de motivación y proporcionalidad de la pena impuesta.

Examinado lo actuado, debemos manifestar que, en el caso, se practicó suficiente prueba de cargo en el acto del juicio oral, y capaz de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.

Es cierto que éste negó haber golpeado a su pareja. Pero no hay duda de que la declaración de la víctima constituye prueba suficiente para fundamentar un pronunciamiento condenatorio, siempre que esté adornada de la persistencia en la incriminación, la credibilidad subjetiva, y la corroboración objetiva que la doctrina clásica exige (triple filtro), como recuerda la STS de 12 de enero de 2022.

Visto ese respaldo de la jurisprudencia a la eficacia como prueba de cargo de la declaración de la víctima (vgr: SSTS de 24-06-2022, de 05-07-2022 y de 30-11-2022), y atendiendo a estos parámetros, el testimonio de la víctima, Natalia, supera cualquier crítica al efecto. Ella ha sido persistente en los hechos nucleares que motivan la condena. Cualquier posible matiz o inconcreción, se refiere a cuestiones de detalle, sin enturbiar la línea del relato; cosa que la instancia reconoció explícitamente.

En cuanto a la credibilidad subjetiva de la denunciante, si la Juez de instancia no apreció motivación espuria, difícilmente podremos hacerlo nosotros, ya que sobre la credibilidad del testimonio, pende una regla consolidada, recordada en la STS de 11 de noviembre de 2022: "De ahí que no quepa aplicar soluciones estandarizadas que obliguen a excluir la información testifical por la simple identificación de impersistencias o incoherencias actitudinales o tachas de credibilidad subjetiva en el testigo que la aporta. Algunas de estas tachas, en efecto, pueden ser de tanta entidad que neutralicen todo atisbo de credibilidad comprometiendo, también, la fiabilidad de la información transmitida hasta límites irreductibles. Otras, por contra, aun afectándola no neutralizan los rendimientos reconstructivos si al tiempo puede identificarse, y justificarse, un grado de compatibilidad corroborativa razonable con los resultados que arroja el cuadro de prueba observado y valorado en su conjunto."

En este sentido, la valoración de la testifical hecha en la instancia justifica de forma adecuada que la información suministrada por la víctima es fiable ( vid. SSTS 487/2022, de 18 de mayo; 422/2022, de 28 de abril).

Porque hay un vector de corroboración, pues contamos con un informe médico de asistencia de urgencias (folios 22 vuelto y ss.), y con un informe forense de sanidad, que reflejan lesiones en la víctima, claramente fruto de una agresión. La doctrina constitucional refleja que solo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia "cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada" ( STC 229/2003, de 18 de diciembre FJ 4 y 23), debiendo rechazarse las conclusiones que se obtengan a partir de un análisis fraccionado y desagregado de los diversos hechos base y de la fuerza de convicción que proporciona su análisis conjunto y relacional, advirtiendo el Tribunal Constitucional (por todas, STC 126/2011, de 18 de julio, FJ 22) que, "cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado...".

Diga lo que diga el apelante, la motivación de la sentencia es muy clara, asaz razonable, y con un sentido unívoco.

Respecto de la penalidad, como la pena que se impuso es la mínima legalmente posible, es difícil saber dónde radica la falta de proporcionalidad. Por otra parte, se explicitan en la sentencia las circunstancias que llevan al Juzgado a escoger, motivadamente, la imposición de la pena más aflictiva dentro de la alternativa que el precepto prevé. Obviamente, no se puede eliminar ese carácter aflictivo, sin afectar a la finalidad de prevención espacial de la pena. El motivo de recurso se desestima.

TERCERO. - El tercer motivo de recurso mixtura, en un totum revolutum, la infracción de ley por indebida aplicación del artículo 171.4 y 5, último párrafo, del Código Penal, el error en la valoración de la prueba y la vulneración de la presunción de inocencia que ampara al apelante.

Cumple señalar que, como recuerda esta Sección de la Audiencia Provincial en su sentencia de fecha de 20-06-2022, "la vía por la que se encauza el motivo de apelación, error iuris, no tolera una versión de los hechos en abierta discordancia e incongruencia con lo afirmado en los mismos, ya sea modificándolos radicalmente en su integridad, alterando su contenido parcialmente, condicionándolo o desviándolo de su recto sentido con hermenéutica subjetiva e interesada, o interpolando frases, alterando, modificando, sumando o restando a la narración fáctica extremos que no contiene o expresan intenciones inexistentes o deduciendo consecuencias que de consuno tratan de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes."

Si confrontamos la declaración de hechos probados con las normas aplicadas, se observa que la sentencia no incurrió en ningún error iuris, porque el relato fáctico es perfectamente subsumible en el tipo penal en cuestión ("Seguidamente, cogió un cuchillo de cocina y dijo, en referencia al que en esa fecha era la nueva pareja de Natalia, que iba a ir a buscarlo"), de tal modo que no cabe duda jurídica alguna sobre la labor de subsunción, como conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo ( STS de 18 de noviembre de 2021, STS 49/2019 de 4 Feb. 2019, SSTS 268/1999, de 26.2; 1875/2002, de 14.2.2003; 938/2004, de 12.7), aunque verse sobre un tercero con el que ese sujeto pasivo tiene lazos de afectividad. Otra cosa es que el apelante discuta ese relato, pero eso no se incardina en el motivo esgrimido, sino en una impugnación de la valoración probatoria efectuada en la instancia, en relación con su queja por infracción de su presunción de inocencia. Pero no hay ninguna duda tampoco a este respecto, porque a la declaración de la víctima, que pasa el triple filtro arriba aludido, se unen la de los testigos referenciales. Obsérvese asimismo la fotografía del cuchillo intervenido por la Guardia Civil (folio 14), y se disipará cualquier duda razonable al respecto.

CUARTO. - El cuarto motivo de recurso invoca la atenuante del artículo 21.2 del Código Penal, al ser el apelante consumidor habitual de drogas y alcohol y, subsidiariamente, la atenuante analógica del artículo 21.7 del Código Penal. Debemos recordar que las circunstancias modificativas de la responsabilidad deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo ( SS.TS 19-9-2007, 24-06-2009, 11-5-2010, 14-7-2010, 19-11-2011, 4-7-2014, 14-7-2016, 26-9-2016), y que la carga de su prueba, como circunstancias obstativas u obstaculizadoras de la pretensión penal acusatoria que son, corresponde al acusado en quien presumiblemente concurren ( SSTS. 13-11-2012, 16-12-2013, 13-11-2014, 27-5-2015, 18-2-2016, entre otras). Los déficits probatorios no deben resolverse a favor del reo, sino a favor de la plena responsabilidad penal ( STS. 29-12-2003 y 18-2-2016). En definitiva, para las eximentes o atenuantes no rige la presunción de inocencia ni el principio in dubio pro reo, pues la deficiencia de datos para valorar si concurre o no la eximente o atenuante pretendida no determina su apreciación ( SSTS 29-10-2008, 20-07-2015).

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que el consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuación; no se puede, pues, solicitar la modificación de la responsabilidad criminal por el simple hábito de consumo de drogas, ni basta con ser drogadicto en una u otra escala, de uno u otro orden, para pretender la aplicación de circunstancias atenuantes, porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos toxicómanos, ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la evidencia de la influencia de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del Sujeto. En consecuencia, los supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como menos graves o leves no constituyen atenuación, ya que la adición grave es el supuesto límite para la atenuación de la pena por la dependencia de drogas. Es decir, para poder apreciarse la drogadicción sea como una circunstancia atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la adición a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes como al periodo de dependencia y singularizada alteración en el momento de los hechos y la influencia que de ello pueda declararse, sobre las facultades intelectivas y volitivas, sin que la simple y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto a las drogas, sin mayores especificaciones y detalles pueda autorizar o configurar circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas manifestaciones ( STS 200/2017, de 27 de marzo; STS 165/2017, de 14 de marzo; STS 912/2016, de 1 de diciembre).

No discutimos la condición de toxicómano del apelante, ni sus consumos alcohólicos. Pero las conclusiones del informe médico forense de fecha 7-08-2023 son las que son: no se objetivan datos clínicos de descompensación psicopatológica aguda o de intoxicación aguda constatable por el consumo de alcohol o drogas el día o los días cercanos a los hechos investigados, concluyéndose que sus capacidades cognitivas (entender) y sus capacidades volitivas (actuar) se encontrarían conservadas durante los hechos. No contradicho este informe por otra prueba del mismo jaez, la atenuación de responsabilidad resulta inviable.

QUINTO. - El quinto motivo de recurso es la infracción de precepto legal por indebida aplicación del artículo 50.5 del Código Penal, al imponerse una pena de multa, por el delito de daños, con una cuota diaria de 5 euros, sin tener en cuenta las circunstancias personales del apelante. No discutimos que la situación acreditada del apelante es rayana con la indigencia, pero es que la cuota de multa también lo es, y se sitúa por debajo de los 6 euros. El motivo de recurso se desestima.

SEXTO. - Por lo expuesto, el recurso se desestima íntegramente, declarando de oficio las costas procesales en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación,