Sentencia Penal Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 5308/98 de 09 de Junio de 1998

El baremo que se recoge en el Anexo de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Suspensión de los Seguros Privados, es actualmente vinculante para los órganos judiciales, pues el artículo 1_2 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en la redacción que le ha dado la Disposición adicional 8a de aquella norma de 1995, establece que los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se derivan del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el Anexo de la citada ley. Y, concretamente el contenido en la ley, llamada de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos de Motor" de 8 de noviembre de 1995, cuyo ambicioso título ya está pregonando un designio de regir, de manera general, la materia de la responsabilidad civil en los daños personales derivados de accidentes de tráfico. En cuantas ocasiones las partes pacten un seguro voluntario que se superpone sobre el obligatorio y que es desdeñado por el baremo, que a la hora de cuantificar no contempla la usual falta de limitación de la responsabilidad de los aseguradores del seguro voluntario, se atenta directamente contra el principio de libertad de pactos que informa nuestro Código civil y sobre el que se funda la teoría general de la contratación civil, provocando, además, un lucro en quienes, percibiendo una Parte la mayor que la debida por el seguro obligatorio, no van a responder sino por los límites que el baremo señala en atención al mismo.